Los problemas de la dinámica económica de América Latina y la incapacidad de los gobiernos de generar, en alianza con otros sectores sociales, sobre todo de la industria y el comercio, empleos suficientes y estables, generó toda una forma de comercio informal de bienes de consumo (hoy en día también ofrecen servicios diversos) definida como buhonería o comercio callejero, informal o ambulante.
Debido a su calidad de informal, urbana y su considerable expansión en distintos lugares públicos de la ciudad, la buhonería es vista por ciertos sectores de la sociedad como problemática y molesta. Sin embargo, los bajos precios y el fácil acceso a distintos productos que ofrece el buhonero hacen de él una alternativa rentable y eficiente para gran parte del mercado consumidor.
Pero es también un fenómeno que implica toda una problemática social compleja ante el empobrecimiento dramático y acelerado de nuestras poblaciones. Para Isabel Pereira (CEDICE) “esta población es débil legalmente y muy vulnerable”: los buhoneros sobreviven sin créditos, no cuentan con la protección de las leyes laborales, no tienen seguro social, vacaciones, aguinaldo o prestaciones y no se ha implementado ninguna política pública dirigida a organizarlos o atender su situación que sea exitosa”.
Los ambulantes o informales, en mucha ocasiones, son víctimas de las mafias y criminales y de comerciantes formales que trafican con la necesidad de trabajo de las personas sin perfil laboral o necesidades de ingresos.
En la última cumbre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se habló de hacer un uso productivo del lugar público sin dañar el urbanismo o volver fea la ciudad, ni obstruir la movilidad.
En este sentido, OIT, en su recomendación 204, exige a los gobiernos facilitar la formalización de la economía, al considerar que 40% de los trabajadores del mundo se concentra en el sector informal. Algunas de esas propuestas se dirigían a facilitar los trámites de registro y el acceso a políticas crediticias y de formación que permitan mayores emprendimientos.
Todo esto parece que no lo conoce el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, o se hace el de los oídos sordos. Recientemente, Ángela Robledo, en Bogotá y desde el Congreso de la República de Colombia publicó en su blog un planteamiento importante para la situación de estos trabajadores, en el contexto de las medidas tomadas por el Alcalde Mayor, de recuperar, desde su óptica, los espacios públicos.
Cifras oficiales del DANE señalan que entre septiembre y noviembre de 2015, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 48,8%. El mismo IPES reporta, en un censo realizado hace cuatros años, que en Bogotá hay 48 mil vendedores informales.
Espacio público y pobreza
En este sentido, la congresista Robledo ha expresado que: “Enrique Peñalosa viola la Constitución Nacional y desconoce las sentencias y obligaciones del país de proteger a ciudadanos que buscan sus sustento mediante la venta informal”.
“Este dilema entre ciudadanos y ciudadanas que sufren la invasión del espacio público y una ciudadanía en pobreza y falta de oportunidades laborales y de vida, plantea un reto enorme de construcción de política pública y de resolución de conflictos entre derechos por una vía democrática, que ya ha sido revisado por la Corte Constitucional en distintas sentencias, y que en el marco de un Estado Social de Derechos, ordena definir y desarrollar alternativas para este colectivo de personas que necesitan como todos unos mínimos vitales para subsistir”, afirmó Ángela Robledo.
El 3/2/2016 se realizó una audiencia y los congresistas Ángela Robledo, Inti Asprilla, Alirio Uribe y el Concejal Hollman Morris, plantearon al Alcalde Peñalosa crear una mesa de concertación para armonizar la política de recuperación del espacio público, con el derecho al trabajo de los vendedores informales.
“No estamos en contra de una recuperación del espacio público, sino que debe haber como lo ha dicho la Corte Constitucional, una armonización como tal del derecho al trabajo de personas que en situación de precariedad que se ven obligadas a salir a la calle a buscar su sustento, y el derecho a hacer un goce efectivo de todo el espacio público”, explicaron.
Los representantes lograron convencer a los vendedores para hacer una especie de tregua y establecer la mesa de concertación con la que esperan crear un plan de reubicación y de oportunidades laborales. Pese a ello, se hará una movilización pacífica.
Luego de una audiencia programada para el 3 de los corrientes, tanto la congresista Ángela Robledo como el representante Inti Asprilla, anunciaron que se declararán en oposición deliberativa al Gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá.
Se espera que pueda haber una negociación ganar- ganar entre los vendedores informales, que requieren trabajar y el gobierno de Bogotá, que tiene la obligación de garantizar la calidad de vida, no sólo desde la perspectiva paisajista y estética de los urbanismos, sino desde la dimensión humana para que sobrevivan sus habitantes más desprotegidos.
