Opinión

Ojalá no se esté pensando en resucitar la figura de la reelección.

Por: José G. Hernández*. -A propósito del anuncio gubernamental sobre la convocatoria de una asamblea constituyente -que, según algunos, buscaría la reelección del presidente Gustavo Petro-, en reciente entrevista concedida a la revista Semana, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre expresó:

“Esa figura está prohibida en Colombia para la reelección inmediata. El actual presidente no puede hacerse reelegir inmediatamente, pero Petro podría ser candidato presidencial en 2030 sin necesidad de una constituyente. ¿Quiénes no pueden ser reelegidos? Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes tuvieron dos periodos seguidos. A mí me parece que la figura de la reelección presidencial es buena, inclusive con periodos inmediatos. Lo que la Corte prohibió y dijo que era totalmente contrario a nuestro marco constitucional son reelecciones indefinidas, como las que pretendía Uribe".

Una respetuosa discrepancia: a la luz de las normas constitucionales vigentes, lo afirmado es inexacto, en cuanto atañe a la posibilidad de reelección del actual presidente de la República.

Es verdad que la Corte Constitucional, aunque en 2004 había declarado exequible el Acto Legislativo 2 de 2004 -que hizo posible la reelección del expresidente Uribe-, en 2010, mediante Sentencia C-141, declaró inexequible la Ley 1354 de 2009, la cual contemplaba un referendo para una segunda reelección del mismo exmandatario. Es decir, la Corte avaló la reelección presidencial por una vez, pero rechazó la reelección indefinida.

Pero eso no significa que hoy pueda afirmarse la posibilidad de reelección del actual presidente en 2030. El artículo 9 del Acto Legislativo 2 de 2015, que está vigente, modificó el artículo 197 de la Constitución en los siguientes términos: “No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

Como puede verse, la norma es terminante. Para plasmar de nuevo la reelección presidencial se requiere reformar la Constitución, bien sea por una asamblea constituyente o por medio de un referendo de iniciativa popular. Ni siquiera por un acto legislativo expedido por el Congreso.

El Gobierno había expresado que ese no era el propósito de la reiterada propuesta de una asamblea constituyente, pues el presidente Petro dijo no buscar su reelección. Es posible que haya cambiado de parecer y así se proponga, pero, mientras permanezca inmodificado el actual texto constitucional, el presidente no puede ser reelegido, ni ahora, ni en 2030.

Como se sabe, quien esto escribe ha sido contrario a la figura misma de la reelección presidencial, sea de quien sea -y con mayor razón si se permite para el período inmediato-, pues concentra el poder, rompe un elemental principio de igualdad entre los candidatos, otorga ventaja injustificada al presidente en ejercicio, cercena las posibilidades de las nuevas generaciones y da paso a actuaciones corruptas, como ya aconteció en el caso colombiano.

Ojalá no se esté pensando en resucitar la figura de la reelección. En cuanto a otras reformas constitucionales, ya llevamos sesenta y cuatro, muchas de ellas contradictorias, como las de la reelección.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Durante décadas las elecciones presidenciales las definía el conflicto armado interno. Hoy lo que definirá el futuro de la democracia colombiana es la agenda internacional, y los efectos de la política de Petro en Gaza, y el desenlace en Venezuela.

Por: Hubert Ariza*. - El genocidio del pueblo palestino en Gaza, perpetrado ante los ojos del mundo por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, se ha convertido en el nuevo ingrediente de polarización de la política colombiana, y en columna vertebral de la estrategia de posicionamiento internacional del presidente Gustavo Petro como un líder decidido a romper el cerco político intimidatorio impuesto por Israel y el Gobierno de Estados Unidos, para silenciar, desacreditar y castigar a quienes desafíen su poder y denuncien ese crimen contra la humanidad.

Desde el inicio de su mandato, era claro que la voluntad del Petro no era pasar desapercibido en la arena internacional y ser un presidente intrascendente, alineado y sumiso a la agenda de los Estados Unidos, ni condescendiente con los grupos económicos dominantes. Tampoco sería un mandatario vergonzante de su ideología y su trayectoria revolucionaria, como militante del M-19 y posterior firmante de los acuerdos de paz de 1990.

Petro siempre buscó una oportunidad para destellar y dejar huella en el escenario internacional. Su oportunidad llegó con la tragedia de Gaza, que el mandatario ha convertido en el eje de su acción política antiimperialista, en desencadenante de una estrategia de poder nacionalista, y en cohesionador de su base política, precisamente cuando la campaña presidencial de 2026 comienza a tomar forma y se van perfilando los nombres de quienes tendrán opciones reales de poder.

Petro ha dejado atrás décadas de alineamiento total de Colombia con Estados Unidos, desafiando de manera permanente al presidente Trump, de quien ha dicho que debería ir a la cárcel por su papel en el genocidio del pueblo gazatí. La cumbre de su narrativa antifascista e internacionalista, en defensa del pueblo palestino, se dio en la 80a. Asamblea General de las Naciones Unidas, que convocó la semana pasada, en Nueva York, a 130 líderes que intervinieron para decirle al mundo su visión del nuevo orden internacional en construcción. Multilateralismo, la paz global, el desarrollo sostenible y el diálogo de los pueblos, fueron objetivos escuchados.

Ante Naciones Unidas, Petro pronunció su última intervención como mandatario de los colombianos, y no dudó un instante en convocar al mundo a rechazar el crimen contra la humanidad en Gaza. Su máxima expresión del desafío a Trump fue su discurso en la céntrica zona de Time Square, en Manhattan, donde megáfono en mano pidió a las tropas estadounidenses desobedecer las órdenes de su presidente contra los pueblos inermes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, que buscaba de tiempo atrás una excusa para intentar castigar a Petro, a quien había descertificado apenas unas semanas en su lucha contra el narcotráfico, aprovechó la oportunidad y le retiró la visa, repitiendo los acontecimientos ya vividos en 1996 contra el presidente liberal Ernesto Samper, envuelto entonces en el llamado proceso 8000.

Lo que ha seguido es la mayor radicalización de Petro en su cruzada en defensa del pueblo gazatí. Sin visa y descertificado, se siente más empoderado, más libre para ser Petro, el internacionalista revolucionario. En este nuevo estadio de su gobierno, ha enfilado baterías para reorganizar el cuerpo diplomático, sacudir nuevamente su gabinete, acelerar su iniciativa de una Constituyente, meterle el acelerador a las reformas bloqueadas por el Congreso, inaugurar obras, entregar tierras a los campesinos, mantener un diálogo fluido con las bases sociales, dar línea sobre la escogencia del candidato de izquierda que se enfrente a la derecha en 2026, y ordenar la coordinación de las fuerzas militares con sus pares venezolanas, negando la existencia del llamado Cartel de los Soles. Ayer en Ibagué, donde no necesita visa, lanzó su campaña por la dignidad, para ratificar que va por el poder, el despertar del nacionalismo y la reelección de su proyecto político.

La mirada humanitaria en Gaza ha hecho de Petro un referente internacional, lo que enardece a la derecha colombiana, que trata sin éxito de silenciar o desvirtuar la narrativa del mandatario, presentándolo como un loco desaforado, que habla bajo los efectos de narcóticos, y repite incoherencias, como parar un genocidio, armar un ejército internacional que detenga a Netanyahu e incluso alistarse para irse a combatir por la vida en Gaza. El 35 % de colombianos que apoyan a Petro, y le aseguran un puesto en la segunda vuelta a un candidato de izquierda, por el contrario, creen en su narrativa. Por ello, lo escuchan con atención cuando habla de Gaza y Venezuela, donde el sobrevuelo de los caza F-35 da forma a la intervención militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, un fenómeno que tendría graves consecuencias para Colombia. No en vano se ha dicho que los dos países son hermanos siameses, y que lo que le ocurra a uno, impactará al otro.

En Venezuela la temperatura no deja de subir. El termómetro estalla con cada declaración de Trump. La última lleva implícita la suerte de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, el campeón mundial de cultivos de uso ilícito, que ataca el fenómeno de manera independiente a los dictámenes de Washington. Trump ha declarado al Congreso que su país está oficialmente en guerra formal contra los carteles de las drogas. Ese nuevo estado significa, ni más ni menos, que Colombia, por deducción, también está en el radar de esa nueva visión de supremacía geoestratégica de la superpotencia.

Gaza y Venezuela muestran el poder que los asuntos internacionales tienen hoy en la agenda política colombiana. Durante décadas las elecciones presidenciales las definía el conflicto armado interno. Hoy lo que definirá el futuro de la democracia colombiana es la agenda internacional, y los efectos de la política de Petro en Gaza, y el desenlace en Venezuela. La Cancillería vive tiempos de enorme presión y responsabilidad para impulsar el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la paz mundial. La Canciller lidera esa estrategia sin visa, con una mirada ampliada del mundo.

Es evidente que una eventual intervención militar en Venezuela será un elemento demasiado poderoso en el devenir de la política colombiana, donde la derecha, alineada con sus pares de Miami, que dirigen el departamento de Estado, piden de tiempo atrás una acción militar similar contra el Gobierno de Petro. Muchas preguntas surgen al respecto. ¿Cuánto tiempo tardarán en convertirse en objetivo militar de la superpotencia los carteles colombianos de la droga? ¿Amenazarán los cazas F-35 con bombardear el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN? ¿A través de una política antidrogas militarizada e intervencionista se buscará impedir qué Colombia elija a un presidente de izquierda que mantenga la senda de Petro? No son exageraciones. La característica del nuevo orden internacional no es la razón, sino la imposición. Y quien tiene el garrote, manda. Contra esa visión es que actúa Petro y tiene alineada la Cancillería.

Mientras en Estados Unidos los narcos disfrutan de sus inmensas fortunas, el consumo de alucinógenos no baja y el fentanilo desplaza a la cocaína, Estados Unidos estrena una nueva forma de intervención en la América de Bolívar. Ello mientras en el debate político en Colombia la lucha contra las drogas ocupará un papel central y se narcotizarán aún más las relaciones exteriores con Estados Unidos. La lucha contra las drogas es hoy el fantasma que recorre América, mientras Trump sentencia en sus redes sociales, en tono amenazante: “y ni siquiera hemos empezado”. Gaza y Venezuela marcan el futuro de Petro.

Bogotá, D. C, 5 de octubre 2025.-

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Digamos que es una institución en crisis. Y se puede añadir que es la expresión de la crisis del multilateralismo.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - La Organización de Naciones Unidas ha sido objeto de muchas críticas a lo largo de las últimas décadas, así como de informes bien elaborados con propuestas para su modernización .Lo que ha ocurrido en el Debate General realizado ahora en septiembre es revelador de una inconformidad de muchos y por diversas razones con respecto a la operatividad de los organismos de Naciones Unidas, a tal punto que hoy se encuentran opiniones muy diversas sobre lo que se debe hacer, algunas de ellas llegan a plantear su irrelevancia y otras a sugerir un cambio de su sede principal en Nueva York.

Digamos que es una institución en crisis. Y se puede añadir que es la expresión de la crisis del multilateralismo. Y sin duda, ahora, una consecuencia de la manera como el presidente Donald Trump ha asumido un liderazgo global, sin contar con la organización que ha sido creada, precisamente, para realizar principalmente trabajos relacionados con la promoción y el mantenimiento de la paz.

Y el presidente Trump no lo niega. En su discurso durante el Debate General, no sólo se quejó de las dificultades de la escalera eléctrica que le permitía ingresar al edificio de Naciones Unidas, sino a los defectos del teleprompter, pero la alusión más significativa fue la que tuvo que ver con la ausencia total de Naciones Unidas en siete procesos de paz en los cuales él había intervenido en los últimos siete meses. Sin matices dijo: es que no recibí ni siquiera una llamada telefónica... o sea puso en evidencia la ausencia de Naciones Unidas en temas tan importantes que habían comprometido su atención, lo cual era equivalente a hablar de la irrelevancia de las Naciones Unidas, como algunos están escribiendo ahora con respecto a ella.

Pero la ausencia más notoria de Naciones Unidas estuvo en la presentación que tanto el presidente Trump como el primer ministro de Israel hicieron el lunes pasado sobre un plan de 20 puntos para resolver la grave crisis entre Israel y Palestina en la franja de Gaza. Lo mínimo que se podía esperar es que el Secretario General de la ONU estuviera presente o que sus gestiones o documentos hubieran sido objeto de alguna alusión. Pero un tema de tan enorme importancia y que es de la esencia de la razón de ser de las Naciones Unidas, se tramita sin contar con ella y, al parecer, ojalá no haya sido así, sin que ella se haya interesado por participar en el proceso.

Lo que sí se sabe es que tres personas, completamente ajenas a las Naciones Unidas, fueron claves en la preparación de los 20 puntos, y es apenas natural que nos preguntemos, ¡y en dónde estaba, entonces, la ONU?

No son pocas las propuestas que se han presentado en las últimas tres décadas sobre la reforma o modernización de las Naciones Unidas. Inclusive, con el liderazgo de Colombia, el Grupo de Río presentó un conjunto de propuestas por allá en el año 1991, que fueron oportunamente entregadas al entonces Secretario General Javier Pérez de Cuéllar. Lo importante no son tanto estas propuestas concretas, sino el espíritu que ahora anima para lograr un aggiornamento de esta institución y de sus múltiples agencias que le devuelva la confianza que se depositó en ella para realizar una tarea fundamental: la paz. Por eso asombra que en circunstancias como la que están viviendo en el Medio Oriente, no sea la protagonista principal. Entonces abundan las críticas que giran principalmente en torno de un diagnóstico que la descalifica como una entidad burocrática.

Bogotá, D. E, 5 de octubre 2025

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

No se ha discutido lo fundamental, es decir ¿cómo está financiado el presupuesto?

Por: Juan Camilo Restrepo Salazar*. - La ley de rentas y apropiaciones es la más importante que aprueba cada año el Congreso.

No deja de ser sorprendente entonces la banalización en que ha caído su discusión en los últimos dos años.

No se ha discutido lo fundamental, es decir ¿cómo está financiado el presupuesto? ¿es alarmante o no que el déficit fiscal estará bordeando el 8% del PIB este año o no lo es? ¿es inquietante que como consecuencia de la suspensión de la regla fiscal vayamos a tener un nivel de endeudamiento superior al 65% del PIB, o no lo es?

Estas deberían ser las discusiones profundas en torno al presupuesto. Sin embargo, ellas se han reducido a discutir cual debe ser el monto del presupuesto para el año entrante. O sea, ¿si el recaudo esperado de la nueva reforma tributaria debe aparecer ex– ante en el monto del presupuesto o no?

El gobierno creyó equivocadamente el año pasado y aún lo cree en éste, que inflando el monto del presupuesto en cierta manera se tuerce el brazo del Congreso para que apruebe la nueva reforma tributaria.

Esta es una apreciación equivocada por supuesto: en la ley de gastos y apropiaciones solo deben aparecer como tales los ingresos ciertos. Mientras que los provenientes hipotéticos de una ley de financiamiento son inciertos. Y confundirlos en una misma coctelera con los demás ingresos fiscales es un disparate similar al que se cometería si en el balance de una empresa se revolviera ingresos ciertos con los de las cuentas de orden.

Desde la Constitución del 91 se permite que, si el presupuesto básico está en desequilibrio, o sea, si el cálculo de sus ingresos es inferior al programa de gastos, se debe presentar por aparte una reforma tributaria cuyos ingresos solo podrán incorporarse a las disponibilidades presupuestales cuando ella es aprobada por las cámaras.

Mientras esta aprobación no se dé los ingresos ciertos del presupuesto deben quedar aislados y diferenciados de los contingentes, que pueden provenir de la ley de financiamiento solamente si ella es aprobada.

Por eso dice con toda claridad el artículo 55 del Estatuto Orgánico del Presupuesto lo siguiente: “si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el art 347 de la Constitución Política, el gobierno suspenderá mediante decreto las apropiaciones que no cuenten con financiación hasta tanto se produzca una decisión final del Congreso”.

Lo anterior significa que, así el producido de la ley de financiación se incorpore al “monto” del presupuesto, es indispensable que los gastos que vayan a ser atendidos con el producido de la ley de financiamiento se especifiquen y se identifiquen de antemano para que, en el evento de que dicha ley no sea aprobada (como es lo más probable que suceda en esta ocasión), el gobierno pueda proceder a eliminar dichos gastos del presupuesto definitivo.

Este es en el fondo la polémica central que hoy se está dando. Polémica sin sentido. Puesto que como lo ordena el Estatuto Orgánico del Presupuesto es indispensable identificar los gastos a financiar con la reforma tributaria (cosa que no se ha hecho), para que, si finalmente no lo es, se proceda a recortar los gastos específicos que iban a atenderse con la reforma tributaria.

El asunto central no es pues cuál es el monto del presupuesto, sino qué partidas del gasto se pretenden atender con la ley de financiamiento para que si esta no es aprobada se proceda al recorte correspondiente.

Y lo anterior no se sanea por el hecho de que el ministro de Hacienda haya dicho que reduce el ámbito normativo de la nueva reforma de $26 a $16 billones. Aun así, los gastos a financiar por $16 billones deben identificarse con suma precisión al momento de aprobar el presupuesto básico.

Todo lo anterior lo digo para destacar la importancia del documento “Análisis del sistema presupuestal colombiano y oportunidades de mejora” que ha elaborado el grupo de destacados profesionales de la Contraloría dirigidos por el Dr. Alejandro José Ovalle, cuyo análisis nos convoca en el día de hoy.

Lo que ha venido sucediendo con la discusión del presupuesto muestra cuán pobre y deficiente es el basamento conceptual sobre el que se apoyan trascendentales decisiones presupuestales en el país.

Este estudio de la Contraloría que merece un gran elogio es, justamente, un paso en la dirección correcta para mejorar el buen entendimiento de las normas presupuestales del país.

El Estatuto Orgánico del Presupuesto “decreto 111 de 1996” cumple el año entrante 30 años. En el entretanto se han dictado muchísimas leyes, varias de las cuales modifican o adicionan el Estatuto Orgánico original. La jurisprudencia constitucional en materia presupuestal ha sido también abundante. Razón por la cual el país debe irse preparando para compendiar todo lo concerniente a las normas orgánicas del presupuesto en un solo Estatuto que reúna y modernice al aparataje normativo de todo lo presupuestal en el país.

El tema es muy delicado, pero también muy importante pues, recordémoslo, las normas orgánicas tienen carácter cuasi constitucional toda vez que parten de la expresa mención que a ellas hace la Carta Política.

El estudio de la Contraloría que hoy nos reúne es justamente un aporte que habrá de tenerse en cuenta cuando, más pronto que tarde, el país emprenda la tarea ingente de modernizar su Estatuto presupuestal.

Quiero destacar algo que me parece un gran logro del estudio, a saber: que se parte de lo concreto a lo teórico. Y no a la inversa. Los autores del estudio se han tomado el trabajo de destilar de todos los estudios de auditoría de la Contraloría que tocan con los temas presupuestales lo que podríamos llamar el inventario de errores más frecuentes en el manejo presupuestal, llegando a las siguientes conclusiones. “entre 2019 y 2023, la Contraloría General de la República (CGR) realizó auditorías financieras al Presupuesto General de la Nación (PGN) de acuerdo con las Normas ISSAI, identificando incorrecciones por un valor de $23 billones, lo que representó entre el 0.9% y el 2% del PGN. Las principales debilidades encontradas estuvieron relacionadas con la contravención del principio de anualidad (48,1%) y de planificación (36.5%). Además, se encontraron fallas en los gastos (54,3%) y las reservas presupuestales (39,3%).

Felicitaciones pues a la Contraloría por este invaluable aporte para entender mejor cómo está funcionando el presupuesto colombiano y cuáles son las principales mejoras que deben hacérsele en el futuro.

(Mis palabras en el acto de presentación del estudio de la Contraloría: “Análisis del sistema Presupuestal Colombiano y oportunidades de mejora”, septiembre 26 de 2025),

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2025

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

El sueño de sostenibilidad o sistemas silvopastoriles intensivos dejó de ser una utopía y se volvió realidad.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Se sorprendería el gran colonizador, Rodrigo de Bastidas, con la subasta de ganado bovino realizada por Fedegán, frente al mar en Santa Marta, como cierre de la XIX gira técnica al Cesar y Magdalena, que permitió a miles de productores de todas las regiones del país, comprar animales de alta y selectiva genética.

El remate orgullece al gremio en el sentido que los 450 asistentes que venían de la gira técnica y los miles de conectados a través de la plataforma tecnológica, acudieron a la comercialización de alta selectividad genética. Sobresalió un asistente virtual que adquirió desde el departamento del Putumayo un ejemplar de raza Gyr que se encontraba físicamente en la subasta frente al mar.

La alta tecnología fue el núcleo de la subasta donde hace cinco siglos arribó el colonizador, Rodrigo de Bastidas con ganado bovino y, puso la semilla para que esta actividad, se implementara como un factor clave de dinamismo de la economía del país.

Luego de su arribo, pasaron cerca de 300 años para que hubiera ganadería en las diferentes regiones y el método de compra y venta era tradicional, de persona a persona, en la plaza de mercado de su región.

 Ahora en el siglo XXI, se acude a la alta tecnología a la que se vinculan miles de personas y en la que la negociación es sencilla, fácil y práctica, porque el propietario ofrece un mayor conocimiento de lo ofertado y, la venta, es presencial o virtual.

Rodrigo de Bastidas estaría orgulloso de este desarrollo. Vería con satisfacción que las 200 vacas que bajaron de sus barcos en Santa Marta, hace 500 años, se multiplicaron a tal nivel que hoy conforman un inventario de 30 millones de ejemplares y que su propósito en materia económica se hizo realidad.

En esa proporción la oferta carnicera para el mundo sale de Colombia y de América Latina. El país se perfila como un gran jugador que colocará en la próxima década un millón de toneladas de este super nutritivo alimento con lo que generará un comercio de exportación de algo más de US$ 5.000 millones.

Se sorprendería Rodrigo de Bastidas, al ver la manera como la ganadería se enfrenta, vence y supera los paradigmas y acude al desarrollo. La subasta, proporcionó igualdad de participación en la selectiva genética prime ofertada para la producción de carne.

La unión de las plataformas tecnológicas de las casas de subastas -TVgan, Sugaberrío, Cencogán, Cogasucre, Suganar, Comercializadora Asocebú y Subagan- deja el legado del liderazgo, el beneficio común y el trabajo en equipo en el que prima el gana-gana. Fue un gran ejemplo que hace honor al pensamiento de Peter Drucker, el gurú y padre de la administración del siglo XX quien creo y promulgó su exitosa teoría de que la tecnología, la información y el conocimiento, transforman los mercados y la economía.

Así como miles de ganaderos se llevaron el conocimiento y el ejemplo de la unidad de esfuerzos para lograr un objetivo común, asimismo, vieron en la gira que el sueño de sostenibilidad o sistemas silvopastoriles intensivos dejó de ser una utopía y se volvió realidad. 

El remate fue inédito, así como la simultánea celebración del Día Nacional del Ganadero -creado en honor y en memoria de José Raimundo Sojo Zambrano, exdirigente de Fedegán, asesinado por las Farc en 1995-. 

Es la primera vez que tiene lugar un evento de grandes magnitudes en los que vinculó a miles de ganaderos de todas las regiones del país y es un ejercicio que el gremio repetirá, en algún lugar del país, para estimular y hacer crecer a la ganadería colombiana. 

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2025 

*Presidente de FEDEGAN 

@jflafaurie

Un país donde ser mujer y hacer política aún es un acto de valentía

Por Clara Daniela Velasco*. - En Colombia, la participación política de las mujeres sigue siendo, más que un derecho, un desafío. A pesar de las leyes, las cuotas y los discursos oficiales, abrirse espacio en un país atravesado por el machismo estructural implica nadar contra la corriente: enfrentar prejuicios, amenazas, exclusiones y violencias que buscan silenciar nuestras voces.

Pero aquí estamos, y aquí seguimos. Porque la democracia sin nosotras está incompleta.

Entre los avances y la dura realidad.

No podemos desconocer los logros: para finales de 2024, el 48,26 % de los cargos directivos en el sector público fueron ocupados por mujeres. En cargos del Máximo Nivel Decisorio alcanzamos un 46,62 %, y en otros niveles decisorios un 49,92 %.

En 2025, el gobierno expidió el Decreto 0859, que obliga a garantizar un 50 % de representación femenina en cargos directivos de la Rama Ejecutiva. Un paso que, sin duda, marca un hito en la historia administrativa del país.

Pero cuando hablamos de cargos de elección popular —gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales— el panorama cambia: en muchos casos, la representación femenina no supera el 20 %.

Y lo más doloroso: la violencia política de género sigue golpeando con fuerza. En 2024, la Misión de Observación Electoral (MOE) registró 98 agresiones contra mujeres lideresas, incluyendo 13 asesinatos y 9 secuestros. No son cifras, son vidas truncadas por atreverse a levantar la voz.

Mi experiencia: impulsar cambios desde adentro

Desde mi trabajo en el Ministerio del Interior, en la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, trabajé en 2024 en la promoción activa de la participación política de las mujeres.

Impulsamos procesos de formación, acompañamiento y empoderamiento para candidatas y lideresas. Además, brindamos apoyo a mujeres víctimas de violencia política, generando espacios de denuncia segura, protocolos de atención integral.

Adicional de promover la importancia de la comisión para la equidad en concejos y asambleas, donde se evidencio que los hombres excluían a las mujeres a participar solo de esa comisión o rechazaban participar, algunos por desconocimiento otros por el machismo.

Esa experiencia me enseñó que las leyes son fundamentales, pero insuficientes si no se transforman en acciones concretas. Proteger a las mujeres que hacen política es proteger la democracia.

Carolina Corcho: un símbolo de resistencia

Hoy, el liderazgo de la precandidata Carolina Corcho encarna lo que significa abrir brechas en un escenario donde la violencia y el machismo intentan cerrar puertas. Su presencia en la contienda política no solo visibiliza el poder de las mujeres en espacios de alta competencia, sino que también refleja un compromiso claro con mitigar la violencia política y construir un modelo más justo e inclusivo.

Su voz nos recuerda que el poder también puede ejercerse con empatía, valentía y compromiso social.

Gracias a su iniciativa de medidas cautelares, Carolina Corcho pudo asegurar su participación dentro del Pacto Histórico, obligando a que las reglas del juego se abrieran a la inclusión y la pluralidad. Eso significa que el movimiento político más importante del país no podrá decidir de espaldas a las mujeres, ni excluir sus liderazgos bajo acuerdos cerrados. La participación política de las mujeres en Colombia no es una concesión: es una conquista. Cada mujer que decide dar el paso, cada lideresa que no se deja callar, cada institución que protege su derecho suma a una transformación profunda que ya nadie puede detener.

El CNE, al concederlas, reconoció que limitar su inscripción como precandidata implicaría una vulneración directa a los derechos políticos de las mujeres, especialmente en un escenario donde la equidad de género sigue siendo una deuda histórica.

La democracia colombiana será verdaderamente fuerte solo cuando las mujeres podamos ejercer el poder sin miedo.

Por eso, este es mi compromiso y el de muchas: no aceptar un “no” como respuesta. Seguir avanzando, resistiendo, construyendo. Porque esta lucha no es solo por nosotras, sino por todas las que vendrán.

Con fuerza, con valentía y amor.

Por nosotras, por ellas, por todas.

Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025

* Profesional en Administración Pública de la ESAP, especialista en Contratación Estatal.

¡El signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza!

Por Amylkar D. Acosta M*. - Todos los países son observados por las firmas calificadoras del riesgo soberano de la deuda que ellos han contraído mediante la emisión de títulos con respaldo de la Tesorería General de la Nación y su concepto es de mucha relevancia, pues da cuenta tanto de la capacidad como de la voluntad de los gobiernos de turno de cumplir sus obligaciones de pago, sobre todo en tratándose de los países considerados como emergentes como Colombia.

Ello es determinante para el acceso a los recursos de financiamiento y también de la afluencia al país de la inversión extranjera directa (IED), de tal modo que una baja en la calificación se traduce en dificultades para el acceso al crédito y en el encarecimiento del mismo. En este orden de ideas lo peor que le puede pasar a un país en este frente es la pérdida del grado inversionista de su deuda soberana por que dicho mensaje denota riesgo y pérdida de confianza.

Recientemente el Ministro de Hacienda hizo alarde del supuesto “éxito” que se había anotado al colocar $15 billones en TES, que según él mostró el gran apetito  por ellos, cuando la realidad es otra, su afirmación es falaz. Prueba al canto: los intereses pactados fueron de 11,304% para los TES con vencimiento en 2029, 12,49% los de 2033, 13,120% los de 2040, 13,196 para los de 2046 y 13,060 para los de 2050, todos por encima de los niveles registrados al cierre de 2024. Como lo asegura el Director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía Colombia actualmente paga la segunda tasa de interés más alta en títulos de deuda a 10 años entre las 40 economías más importantes del mundo. Según él, “según la percepción del mercado, las tasas de interés que paga Colombia por su deuda son demasiado altas en comparación con la calificación crediticia que tiene el país. 

En otras palabras, el mercado considera que Colombia está pagando intereses más altos de lo que debería, dado su nivel actual de riesgo crediticio”. Huelga decir, que el desequilibrio fiscal, sumado a la reducción de la calificación, además de incrementar las tasas de los bonos de deuda pública, le resta espacio de maniobra al Banco emisor para mantener la senda de la baja de la tasa de interés de intervención, que tanto presiona el Gobierno.

Pues bien, como se recordará, en 2021, en simultánea,  las calificadoras de riesgo S&P y Fitch Ratings rebajaron la nota a la deuda soberana de la deuda de Colombia de BBB- a BB+, en enero de 2024 S&P, no obstante que mantuvo la calificación BB+, rebajó la perspectiva a negativa y en junio de 2024 la firma Moody´s, aunque mantuvo la nota en Baa2, cambió la perspectiva a negativa. Y más recientemente, a raíz del incumplimiento primero y luego del abandono de la Regla fiscal por parte del Gobierno al apelar a la Cláusula de escape de la misma llevaron a las calificadoras de riesgo, empezando por Fitch Ratings (BB+), a revisar y a degradar la calificación de la deuda con todas sus consecuencias.

En efecto, en junio 26 Moody´s, que es la única calificadora que le mantiene el grado de inversión éste bajó hasta el último escalón, Baa3, a un paso del grado especulativo. En concepto de Moody´s, “la decisión de suspender la Regla Fiscal “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”. Por su parte para Fitch Ratings “la suspensión de la Regla fiscal y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han afectado la credibilidad de la política fiscal”.

Además, plantea que “el plan de reducción del déficit se basa en medidas de ingresos inciertas, incluyendo una reforma tributaria no especificada y recortes de gastos atrasados que implementará la próxima administración tras las elecciones del próximo año…La falta de medidas de consolidación detalladas en el Marco fiscal y su calendario propuesto implican una gran incertidumbre en las perspectivas de implementación”. ¡Definitivamente, el signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza!

En estas circunstancias, tramitar y aprobar por parte del Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación (PGN) presentado a su consideración por parte del Congreso, no obstante estar desfinanciado, es una pésima señal, pues las firmas calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de ello y pueden deteriorar aún más la calificación, al tiempo que se le dificultará aún más el acceso al crédito a Colombia, amén del encarecimiento de su deuda. Huelga decir que con el aumento de la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB y el servicio de la misma le restan espacio en el PGN a la inversión, que es la única partida flexible del mismo.

Si bien el Ministro de Hacienda accedió a recortar $10 billones al monto del mismo, quedando en $546.9 billones, $16.9 siguen sin respaldo presupuestal, por lo que será menester aplazar o recortarlo, de no aprobarse por parte del Congreso el proyecto de ley de financiamiento para arbitrarlos, como ya sucedió con el presupuesto de la actual vigencia.

Cota, septiembre 27 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.                             

www.amylkaracosta.net

Poderosas organizaciones del crimen organizado están pendientes de las urgencias económicas de los 127,000 candidatos a la presidencia, al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos municipales.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Muy temprano el jueves 25 de septiembre, los noticieros informaban desde París que el expresidente Nicolás Sarkozy había sido condenado a cinco años de prisión en un asunto judicial relacionado con la financiación de su campaña presidencial exitosa del 2007.

El presidente Sarkozy ha venido siendo objeto de investigaciones judiciales, desde hace casi 15 años. Y ahora se produce una sentencia judicial que no tiene antecedentes en la historia política francesa, pero que encuentra ejemplos en otros países. Es una decisión que afecta no solamente el buen nombre de un vigoroso dirigente político, sino la de la propia Francia que, en este momento, está pasando por una coyuntura política, bastante precaria.

Desde hace mucho tiempo, vengo pregonando la necesidad de que el tema de la financiación de las campañas políticas, y, en ocasiones, de la vida de los propios políticos, esté regulada de tal manera que sus principales dirigentes, los aspirantes a la presidencia o los que la han ejercido no estén expuestos a acusaciones de violaciones de las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales. Es que no se puede exponer a ningún país a la suspicacia permanente sobre la honestidad o el buen comportamiento de sus más altas figuras políticas, sin causarle grave daño a la confianza que la ciudadanía debe tener con respecto a sus principales dirigentes y a la administración de justicia.

En Colombia existe una razón muchísimo más poderosa que la que pueda darse en otros países, y es la de la existencia de poderosas organizaciones del crimen organizado (narcotráfico, contrabando, corrupción, etc.) que desde hace un buen tiempo están pendientes de las urgencias económicas de los 127,000 y supongo que ahora más candidatos a la presidencia, al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos municipales. Nuestra situación es casi única en ese sentido, y por ello deberíamos tomar medidas también excepcionales, que no serían de buen recibo en otras partes del mundo, para asegurar que la democracia colombiana no está para la venta en ninguno de sus niveles.

La financiación indebida o ilícita de las campañas políticas distorsiona la formulación de las políticas públicas, el proceso de selección de los representantes del pueblo en las corporaciones públicas y su propio desempeño, como tales. No se trata simplemente de que hubo más o menos dinero, obtenido en forma irregular, sido del impacto enorme y gravísimo que esta situación tiene en el funcionamiento de nuestra democracia, que así se ve contaminada e interferida perversamente.

A la salida de la audiencia el expresidente Sarkozy declaró que el odio no tiene límites y que si quieren que él duerma en una prisión lo hará con la cabeza en alto. El 13 de octubre se fijará la modalidad de la ejecución de la sentencia, cuya implementación no podrá demorarse más de cuatro meses. Sarkozy tiene 70 años, y por esa razón podrá solicitar una libertad condicional.

Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

Las tarifas del gas seguirán subiendo. El porcentaje importado para atender la oferta nacional continuará creciendo.

Por Juan Camilo Restrepo*. - El gobierno Petro mantiene el mensaje permanentemente de que hay que bajar las tarifas. Tanto las del servicio domiciliario de gas natural como las de la energía eléctrica. Lo repite a diario. Pero infortunadamente los resultados no resultan acordes con las buenas intenciones del estribillo tarifario gubernamental.

Hay una asincronía entre lo que se anuncia y lo que resulta en la práctica. Olvida el gobierno que la gente no va a aplaudir porque se anuncie que van a bajar las tarifas, sino que lo hará cuando efectivamente bajen.

En esta semana, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos la expedición de un decreto por el cual el subsidio que hoy reciben los usuarios de energía de los estratos 1,2 y3 se empieza a cambiar por la instalación en los techos solares de los hogares de quienes están ubicados en los estratos señalados. Agrega jubiloso el ministro de Minas y Energía que estos compatriotas tendrán energía gratis.

Se cambia el subsidio por paneles solares. Anuncio por supuesto bien intencionado. Pero, ¿cuándo y cómo se llevará a la práctica?

Los cálculos que se han hecho con mucho esmero indican que si todo el subsidio -que hoy por lo demás no se está pagando oportunamente y tiene al borde del colapso a las empresas distribuidoras- se destinara a asumir los costos de los equipos familiares de paneles solares y su instalación en los hogares que habitan los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, se alcanzaría a cubrir solo el 2% al año de los hogares beneficiados.

Buena idea. Pero tardará 50 años para alcanzar una cobertura que pueda beneficiar al universo de todos los hogares de los consumidores de energía ubicados en los estratos uno, dos y tres.

Desde el punto de vista fiscal, el costo promedio de un sistema solar para un hogar tipo (4-5 personas) ronda los $30 millones. Si se destinaran los aproximadamente $6 billones que actualmente se invierten en subsidios anuales a la compra de paneles, solo podrían beneficiarse cerca de 200.000 hogares. Esto representaría menos del 2% de los aproximadamente trece millones de hogares que actualmente reciben subsidios en energía, dejando el 98% restante desprotegido frente a las tarifas del mercado que son, en promedio del doble del valor facturado (60% del subsidio en estrato 1 y 50% en estrato 2)

Mientras tanto se despierta tremenda expectativa. No hay congruencia entre los tremendos decibeles del anuncio gubernamental y la débil capacidad para llegar a los hogares de todos los compatriotas a los que se les quiere beneficiar con el cambio bien intencionado del subsidio.

Otro tanto sucede con las tarifas del gas domiciliario, que es tema predilecto de los anuncios gubernamentales.

Repiten hasta el cansancio que están a punto de bajar las tarifas, pero como van las cosas, no lo van a lograr en lo que queda de mandato al gobierno Petro. Por el contrario: las cosas tienden a gravarse.

Las cifras son verdaderamente inquietantes:

-Los proyectos de nuevos pozos de gas natural no darán frutos hasta después de 2030. Tal cosa acontece con el pozo Sirius -en más importante- que entre otras linduras requerirá para que la primera molécula llegue del mar adentro donde está ubicado a tierra firme de 116 consultas previas. Un absurdo total.

-Las reservas de gas natural han caído 64% en trece años y hoy solo alcanzan para 6 años.

-Ya se está teniendo que importar gas, no solo para las térmicas sino para las industrias y los hogares en cantidades que alcanzan el 17,6% del consumo total nacional, y a un costo tres veces mayor que el producido domésticamente.

-Un déficit combinado con El Niño podría llevar al racionamiento del gas y la electricidad, toda vez que la demanda está creciendo a un ritmo mucho mayor que la oferta.

-Han salido del país importantes empresas desanimadas por el mal trato y la tributación extorsiva que les viene imponiendo el gobierno.

Mientras tanto, el gobierno, animado con el plausible deseo de evitar que las tarifas sigan subiendo, como indefectiblemente sucederá a medida que se acentúe el déficit en la producción doméstica, se limita a insultar al sector privado, a anunciar inciertas importaciones de Venezuela y lejanas plataformas de Ecopetrol para importar gas del mercado internacional que a la fecha ni siquiera cuentas con el llamado cierre financiero.

Las tarifas del gas seguirán subiendo. El porcentaje importado para atender la oferta nacional continuará creciendo. Y las excusas gubernamentales de por qué no se hicieron a tiempo las inversiones requeridas para producir más gas seguirán oyéndose todos los días.

Infortunadamente los insultos ni el infaltable espejo retrovisor hacen aumentar la oferta del gas. Que es lo que se requiere para que las buenas intenciones de que no sigan subiendo las tarifas, se hagan realidad.

Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Se pusieron de moda las asonadas -que son delitos-, y los secuestros de miembros de la Fuerza Pública. No ha sido un caso solamente. Se está volviendo costumbre.

Por José G. Hernández*. - Si algo caracteriza el Estado Social de Derecho es la efectiva sujeción de todos -funcionarios y particulares- a las normas constitucionales, legales y administrativas. Eso garantiza la real vigencia de la normatividad, el respeto a los derechos, el cumplimiento de los deberes y la pacífica convivencia.

En ese sistema, las vías de hecho -definidas por la Corte Constitucional como actuaciones judiciales o de otra índole que, de manera flagrante y evidente, se apartan del ordenamiento jurídico y vulneran el orden social y derechos fundamentales, colectivos o sociales. Son inaceptables conductas, claramente contrarias a lo dispuesto en las reglas básicas y al interés general. Una vía de hecho no puede ser sustento de derechos, especialmente si lesiona derechos ajenos o perturba el orden jurídico. Por eso, dice el artículo 16 de la Constitución que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, pero con las limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El 95 establece que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y que son deberes de la persona y del ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

La Constitución se refiere, en general, a todas las autoridades -judiciales, administrativas, disciplinarias, militares, policiales-, cada cual, en su ámbito de competencia, que tienen la función de preservar y hacer valer la normatividad en sus distintos niveles. Están instituidas, como estipula el artículo 2, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Sin embargo, son muchos los casos en que, en abierta vulneración de las disposiciones, quedan éstas sin ninguna aplicación, con graves perjuicios para el Estado y la colectividad. Hay delitos e infracciones, impunidad, víctimas desprotegidas y un orden jurídico burlado.

Se pusieron de moda las asonadas -que son delitos-, y los secuestros de miembros de la Fuerza Pública. No ha sido un caso solamente. Se está volviendo costumbre.

Se ha llegado, inclusive, a luchas físicas, como la que ocurrió en La Plata (Huila), entre militares y particulares, en cuanto a la captura de un reconocido delincuente. Es inconcebible que haya prevalecido la vía de hecho, se haya derrotado a las autoridades y se haya producido la huida del reclamado por la ley, quedando impunes quienes lo ayudaron.

Estipula el artículo 469 del Código Penal: “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.

También hemos visto recientes providencias judiciales que conceden la libertad a personas contra las cuales existen sólidos elementos probatorios brindados por la Fiscalía y otras autoridades. Ello contraría el derecho sustancial, al que alude el artículo 228 de la Constitución.

Las normas no se pueden quedar escritas. Si la autoridad es dominada por vías de hecho, se desacredita, pierde eficacia -esencial a su función-, inutiliza al Estado y desconoce un postulado básico del sistema democrático: el orden, con prevalencia del Derecho.

Bogotá, D. C, 25 de septiembre 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional.