Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Por qué después de casi 5 meses de encerramiento, el contagio y las muertes por el COVID-19 siguen aumentando? Colombia es uno de los países donde más ha durado el cerramiento de la economía y la cuarentena para combatir el coronavirus: 35 días de cuarentena total y después 4 meses de aperturas parciales con cada vez más excepciones a nivel nacional, pero también nuevas medidas de restricción en varias ciudades. Y a pesar de eso, es uno de los focos mundiales de expansión del virus. ¿Qué hemos hecho mal?

El empeoramiento de la situación en materia de contagios es evidente. En las estadísticas que publican páginas especializadas que hacen seguimiento a la propagación del virus como la del hospital John Hopkins, o Worldometers, Colombia ha venido subiendo en la lista de los países más contagiados.

A finales de mayo pasado, Colombia ocupaba el puesto 30 en número total de contagios y muertes; dos meses después, subió al puesto 12. En relación al tamaño de la población (casos por millón de habitantes) el deterioro es aún peor. En mayo ocupábamos el puesto 81 en total de contagios, y el 72 en número de muertos. Al terminar julio habíamos subido al 30 y el 29 respectivamente. En el número de casos activos pasamos del puesto 22 al sexto.

La velocidad del contagio, medida por el número de casos diarios, explica esta tendencia: hoy somos el quinto país del mundo en nuevos contagios y muertos, superados tan solo por EE.UU. Brasil, India y Suráfrica. Países que fueron muy afectados al principio como todos los europeos, o en la región Ecuador, Chile o México, hoy tienen más controlada la situación.

Varios son los factores que según los epidemiólogos contribuyen a la aceleración de los contagios y las muertes, en contraste con otros países que lograron controlarlo: el primero la falta de más test o pruebas diagnósticas.

En efecto, a pesar del gran esfuerzo oficial realizado por aumentar el número de pruebas, en Colombia solo se han realizado 1.5 millones, es decir unas 30.000 por cada millón de habitantes, lo que nos ubica en el puesto 99 del mundo. En Suramérica estamos muy lejos de Chile o Perú, con 85.000 y 70.000 pruebas por millón respectivamente.

Por esta falta de capacidad diagnóstica ha sido débil la recomendada estrategia de “cerco epidemiológico”, es decir la identificación de los contactos de las personas contagiadas para controlar la propagación.

Es cierto que Colombia fue uno de los países que más rápido decretó un “aislamiento preventivo obligatorio” total, apenas a los 18 días de detectado el primer contagio, mientras que, por ejemplo, Italia solo lo hizo a nivel nacional a los 44 días. Así en Colombia se logró aplanar la curva, lo que permitió el fortalecimiento de clínicas y hospitales y evitó el colapso del sistema de salud, pero solo difirió el aumento de los contagios y no lo evitó.

Por eso cuando la presión económica obligó a iniciar la reapertura de la economía, apenas 35 días después de iniciada la cuarentena, solo teníamos 220 casos diarios y empezaba la fase ascendente de la epidemia que ha llegado a 10.000 casos. En Italia la reapertura inició 45 días después del cierre nacional, y solo cuando el número de casos diarios había bajado del pico de 6.500 a 1.600 diarios. ¿Será que nos apresuramos?

Cali 2 de agosto de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Desde cuando se conocieron las características del Covid-19, se supo que todos los países enfrentarían graves problemas, dificilísimos de manejar y con enormes pérdidas en salud, vidas y condiciones económicas y sociales. Porque no existía ni existe vacuna ni medicamento específico contra el virus, logros difíciles de conseguir con rapidez. Porque es un bicho muy contagioso, que en porcentajes notables exige hospitalizarse y provoca la muerte, aun con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Y porque, por las condiciones del mundo de hoy, rápido se volvió pandemia y exige fuertes cuarentenas.

También desde el principio se supo que todos los países sufrirían, unos más que otros, dependiendo de su preparación para enfrentar el mal y del acierto en las decisiones para enfrentarlo. Era evidente que Colombia estaría entre los que le iría mal –aunque a otros les fuera peor–, porque estaba mal preparada por el desenfoque de la Ley 100 de 1993 y la mediocridad de su sistema de salud y porque el desempleo y la pobreza creaban trabas estructurales para evitar contagiarse. Hoy está demostrado que hay más enfermos y muertos entre aquellos a quienes la pobreza obliga a salir a la calle a rebuscarse la comida.

A lo anterior súmese un Estado bastante débil para atender la crisis, en razón de que Colombia tiene en la base de todos sus problemas una economía de mercado raquítica –de 6.500 dólares por habitante al año–, la cual explica “el insoportable atraso del casi 80% de nuestro territorio”, al decir del exdirector de la Dian de Juan Ricardo Ortega (Semana, Jul.04.20).

Completaba la pésima preparación para abordar zipote lío el estar en manos de #DuqueYCarrasquilla y de sus soportes políticos, por lo que no era dable esperar que cambiaran sus dogmas socioeconómicos y políticos ni las querencias por las que los gratifican. Así lo confirmaron ellos en Colombia y lo ratificaron sus instructores a escala global, quienes, por un dólar más de ganancias para los mayores linces de las finanzas del mundo son capaces hasta de provocar una guerra mundial.

La primera prueba de la incapacidad de Duque en lo que tocaba hacer en el momento para acertar consistió en demostrar que no utilizaría un decreto de la emergencia para modificar en algo de importancia el régimen de salud diseñado a favor de la EPS, ni para garantizarles los derechos laborales a los trabajadores del sector ni pagarles las deudas a las IPS públicas y privadas.

Sus medidas económicas han brillado por su tardanza y cicatería. Así lo sienten en sus estómagos los más pobres a los que algo les dan y muy mal les ha ido también a los que perdieron sus empleos y a la clase media que se ganaba la vida con trabajos por cuenta propia. Y sufren numerosas empresas –endeudas y sin cómo pagar las nóminas–, en especial las micro, pequeñas y medianas. Retrata a este gobierno que haya en el mundo 76 Estados gastando más que Colombia en la atención de la crisis –menos del tres por ciento del PIB–, mientras que Duque, con pueril viveza, echa la mentira de que cuadruplica ese porcentaje.

Pero como todo lo errado puede empeorarse, ya #DuqueYCarrasquilla y sus protegidos advirtieron que seguirán con lo mismo que hacían antes de abril, como si para esa fecha Colombia no fuera un desastre económico y social sino el más exitoso de los países. Su gran astucia consiste en insistir en la misma receta que, según se ha probado, no le sirve a Colombia pero a la que, eso sí, sin temor al ridículo, la llaman Plan Marshall. Y agregan que se inspiran en Keynes, otro cañazo.

Porque ocultan que emplear el mayor gasto público –el keinesianismo– como estartazo, como empujón, para enfrentar la crisis, exige dos condiciones para que produzca el efecto positivo que se supone debe producir. Que el empleo y el ingreso que se aumenten no se conviertan en más bienes extranjeros importados, como sucede con lo que nos imponen los TLC. Y que el estartazo al carro de la economía sea a un vehículo con verdaderas posibilidades de avanzar, es decir, diferentes a las de antes de la pandemia para que pueda moverse de verdad. Otra prueba de que Colombia necesita un Gran Pacto Nacional que gobierne con ideas diferentes a las del duquismo.

Coletilla: Duque debe renunciar al acuerdo secreto que hizo con la trasnacional Pfizer sobre las vacunas del Coronavirus. Hay demasiado en juego en salud y vidas, y hay también en juego demasiada plata como para actuar de esta manera.

Bogotá, 31 de julio de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERoledo

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Amylkar D Acosta M

Amylkar D. Acosta M*.-La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID – 19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros.  De allí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, acentuado por la guerra comercial que desató el Presidente de EEUU Donald Trump, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.

Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE la economía global registrará este año una recesión sin precedentes, de - 6% si la pandemia “permanece bajo control” y de -  7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para el 2021. Su Economista Jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la OMC, el comercio global se reducirá en un 32%, mucho peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.

Todo indica que Latinoamérica será el epicentro de la recesión económica global, será la que llevará la peor parte, de hecho antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de la economía regional venía rezagado con respecto a la media mundial. Según las proyecciones del Banco Mundial la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del - 7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de - 1.9% y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de - 2.5%. Según la CEPAL la economía de la región podría caer este año entre - 5.3% y - 7% y “quizá lleguemos al - 8%”, algo nunca visto.

Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en el Director del Centro para el Desarrollo Internacional Ricardo Hausmann. Según él dicha recuperación tomará la forma del logotipo de la marca Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.

En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de una caída del crecimiento de – 5.5% para este año y un repunte inusitado del crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%”  e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente. La recuperación de la economía colombiana, en barrena, estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en el mes de abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%, la cual subiría, según FEDESARROLLO, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.

En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamiento inveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo. Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica, en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el Ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.

De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos. Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región...En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. A pensar, entonces, fuera de la caja!

Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país. A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos 5 años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial. A este ritmo Colombia tardará muchos años para revertir la tendencia del desempleo y volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad.

Cota, agosto 1 de 2020

*Expresidente de Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-La ganadería de leche es una actividad protegida y de peso en países como Uruguay, Nueva Zelanda, USA y también la UE, mientras en Colombia, además de las difíciles condiciones del campo y de la posición dominante de la industria frente a sus proveedores naturales, ha debido soportar, entre otros, el estigma de ser “ineficiente”.

La estigmatización ganadera con orígenes ideológicos y políticos, deriva en que los ojos estén puestos en sus ineficiencias, que las tiene, principalmente por estar soportada en el esfuerzo de más de 300 mil pequeños y muy pequeños productores, pero nadie mira las de los eslabones siguientes de la cadena, particularmente las de la industria.

Qué pasa, entonces, en ese entorno empresarial.

Estancamiento: En el año 2.000 Colombia produjo 5.300 millones de litros de leche; veinte años después, esa ganadería “ineficiente” produce 7.300 millones. Comenzando el siglo, la industria procesaba el 57 % de la producción, mientras que, en 2019, esa eficiente industria acopió apenas el 42 %, dejando a más de la mitad de los ganaderos, los más vulnerables, en manos de la informalidad.

El transporte: En general es realizado por la industria, pero no pagado por ella ni su costo compartido siquiera, sino descontado al ganadero. En Colombia está entre 6 % y 8 % del precio al productor, afectado por el acopio minifundista y la pésima red vial terciaria.

Pulverización: El costo de pulverizar una tonelada de leche en Oceanía es de USD 490; en Colombia de USD 630. Esa diferencia, superior al 25 %, deja a nuestro país por fuera del mercado internacional del principal commodity lácteo: la leche en polvo, y limitado al de los derivados, compitiendo con la tradición milenaria de los quesos madurados europeos y con la mantequilla de USA, entre otros.

Concentración: Solo seis empresas, las mismas del año 2000, acaparan el 60 % del bajo acopio formal y, desde su posición dominante y sus menores costos por sus altas escalas de producción, no solo marcan el precio al ganadero sino, hacia delante, el precio de mercado al eslabón comercial, lo cual arrastra al resto de la industria, que termina protegiendo sus utilidades de la única manera que puede hacerlo: bajando precio al ganadero, que paga siempre los platos rotos y hasta lo acusan de romperlos.

Poca diferenciación social de producto: La industria se especializó en estratos altos. Primero: En lo que representa una tendencia extraña en el mundo, desacostumbró al mercado a tomar leche pasteurizada, hoy casi inexistente, y lo acostumbró a la UHT, de precio muy superior. La diferencia, sin embargo, está más en empaque que en proceso, pero la industria, después de ahorrarse enormes costos en distribución, le cobra caro al consumidor ese empaque y una “larga vida” que no utiliza, porque la consume al día siguiente de comprarla.

Segundo: La industria disminuiría costos si aumentara su escala de producción con productos diferenciados para los estratos 1,2 y 3. Pero prefiere la zona de confort de los altos, con leches de todas las variedades, derivados “delikatessen”, empaque y millonaria publicidad; una posición algo miope frente al auge de productos de buena calidad y maquilados masivamente para tiendas de bajo costo con marca blanca.

El precio al ganadero: La industria aboga por liberación total; el Gobierno, consciente de su posición dominante, establece un precio base que, si bien es “de referencia”, algo contiene los unilaterales “ajustes” al ganadero para cuadrar balances y cubrir las ineficiencias de la industria.

Una conclusión: La actual industria láctea es un vestido pequeño para una ganadería de leche que, a pesar de sus enormes limitaciones, sigue creciendo orgullosamente.

Bogotá, D. C, 1 de julio de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Debieron pasar 27 años y un Covid, para abrir los ojos y, con espanto, observar el desastre que conlleva el monstruo creado en el 93. En ese entonces, como ahora, el engaño y el lucro se impusieron sobre la razón. Se afinó así, el más productivo negocio de nuestra historia.

La débil, pero generosa seguridad social de entonces, no era productiva para los dueños del poder y la riqueza. Surgió así el más engañoso engendro que arrasó con un sistema de medicina familiar y preventiva, que prolongaba vidas y remuneraba con justicia al cuerpo médico. Esa que impedía facultades de “garaje”, y médicos taxistas y desempleados.

El pingüe negocio se montó y arrojó los frutos esperados: ricos inversionistas, población agonizante y médicos arruinados.

Cada campaña política usó como bandera la “modificación”, del sistema. La esperanza de la gente, llevó a las urnas a los electores que anhelaban una reforma, una innovación. La corrupción, “madrina” del sistema, compró votos, engañó y malogró las ilusiones de una sociedad, de un país, de una patria.

La entronizada seguridad social, no resiste una mínima emergencia; los dineros se esfuman, las EPS de garaje no pagan y arruinan hospitales y centros de salud. Las prepagadas, mitigan las fallas del sistema público, a unos costos insostenibles. Y no hay dolientes.

El covid-19, puso en jaque a Colombia y a sistema de salud. Hay un despiste total exacerbado por los interminables 60 minutos de todas las tardes que diezman las esperanzas. Los televidentes esperan el “pico” de Duque, los nuevos encierros y demás normas sin la firma de la Minciencias, porque buscan a Mabel Lara para que lo haga. El país está al vaivén de las encuestas que determinan cada protocolo.

Las camas, los respiradores, los médicos no alcanzan y surgen los profetas del desastre que satanizan la importación galenos para salvar vidas. Le engarzan política a la muerte. ¿Alcanzarían los días a un infortunado médico cubano, para responder por la vida de una víctima de covid-19, que muera en sus manos?

Habitamos en un país que fabrica sin pudor víctimas, si se requieren para salvar a uno de sus “prohombres”. Un país que nunca alcanzará una justa seguridad social, porque son muchas las bolsas que deben llenarse para satisfacer la insaciable voracidad de unos pocos. Nuestra seguridad social reclama una reforma que la convierta en vida para todos.

BLANCO: Felicitaciones a Julio E. Sánchez por sus 90 productivos años. Engrandece la TV colombiana.

NEGRO: Continúan asesinatos de líderes sociales.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020 

*Periodista. Director de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper. 

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Lorena Rubiano Fajardo

El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria: Winston Churchill

Por Lorena Rubiano.- Tenemos que ser realistas y aceptar las cosas como están y como vienen hacia futuro. No ser apocalípticos, pero tampoco hacer lo del avestruz, para no ver la situación.

La pandemia de la miseria está muy cerca de nosotros. El 50% del aparato productivo del país está colapsado y en su derrumbe nos deja desempleo, no pago de impuestos, no salarios, no pago de servicios públicos o sea que la bancarrota es inminente.

Lo grave de todos esto es que no se ve ni el interés, ni la pujanza, ni el perrenque en el Gobierno y menos en su nefasto ministro de Hacienda el señor Alberto Carrasquilla, para proponer o jalonar un gran proyecto de unidad nacional para reorganizar la economía nacional. Y obviamente lo que menos les importa es ayudar a nuestros campesinos, pero para bien del país y gracias a su tenacidad y su creencia en Dios, son los que más van a sobrevivir a esta pandemia, para seguir ofreciéndonos a los colombianos sus productos de pan coger, comida para llevar a nuestras mesas diariamente.

No hay tiempo para mirar atrás, debemos restablecer el optimismo y la esperanza, saldremos de esta difícil situación. Así los zánganos del poder, no tengan compasión por los cerca de cinco millones de desempleados, que nos dejara esta crisis.

Si el Congreso se sacude puede jalonar esa gran reconstrucción de nuestra economía, hacer una profunda y urgente reforma agraria, no para favorecer a los grandes terratenientes, sino para incentivar el regreso a la parcela campesina.  Tiene que volver a ser atractivo el campo. No se puede seguir ahorcando a la clase media y baja como quiere el señor de los bonos de agua, tenemos que ser nuevamente autosuficientes en alimentación y regresar a las grandes exportaciones de productos agrícolas.

A veces y en mis noches de desvelo mirando las estrellas y la luna de mi Togui del alma, se me viene al pensamiento la idea de que a los gobernantes y a nuestros dirigentes políticos les conviene la miseria, para poder ofrecer milagros y jugar con la esperanza del ser humano.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que la pandemia podría causar que la pobreza regresara a los mismos niveles en los que se encontraba hace 10 o incluso 20 años, la pandemia “no es nada en comparación con lo que la humanidad puede sufrir” si no se toman decisiones drásticas con respecto a la sostenibilidad, y en América Latina específicamente, la “desigualdad, por mala distribución de la riqueza y la tierra”.

No es el momento de guerras personales ni partidistas, ni polarizar más al país. Todos hablan de reconciliación, pero al mismo tiempo tiran dardos mordaces contra sus opositores, agregándole un ingrediente más a la incertidumbre de nuestros compatriotas. Bondad, sensatez y amor es lo que necesita Colombia señores dirigentes.

Dios quiera no se nos agote la paciencia.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- La Constitución de 1991 consagra las libertades de conciencia y de cultos. No señala una determinada religión como la verdadera y oficial, lo que significa que nuestro Estado es laico. Eso implica una total separación entre el Estado y las iglesias o confesiones religiosas, todas las cuales merecen el mismo respeto. El Estado no tiene religión propia y a toda persona se le garantiza que, en materia religiosa, puede creer lo que le parezca, o no creer en nada, o preferir el agnosticismo, y difundir sus creencias, sin que le pueda ser prohibido u obligatorio hacerlo; y practicar libremente los cultos, ritos y ceremonias propios de su confesión. 

Es lo que establecen también los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que según el artículo 93 de la Constitución, prevalecen en el orden interno, y hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica) subraya la libertad de toda persona “conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. De acuerdo con ese texto, “nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”. Nadie.

Estatuye, además, “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.  

Pero, precisamente por ello, si lo que la Constitución proclama y garantiza es la libertad, no se la puede aplicar, como algunos quisieran, para perseguir a una determinada religión -concretamente la Católica-, ni para cercenar la libertad de quienes la profesan. 

Al tenor del artículo 18 constitucional, “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. Nadie.

Y de acuerdo con el 19, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. Toda persona.

Ante recientes decisiones judiciales exageradas y discriminatorias, surgen necesariamente inquietudes: ¿Que no haya en Colombia una religión oficial quiere decir que el presidente de la República, magistrados, ministros o congresistas, gobernadores o alcaldes no puedan ejercer sus propios derechos a las libertades de conciencia y de cultos? ¿Que, si son católicos, no puedan persignarse, acudir a misa o invocar en un medio de comunicación o en una red social -a título personal- su devoción? ¿Que, sin son judíos, musulmanes o protestantes, les esté prohibido acudir a los lugares de culto o profesar sus creencias? 

Responder afirmativamente sería inconstitucional porque discriminaría y significaría excluir a ciertas personas, solo por razón de sus cargos, del ejercicio de derechos fundamentales. Otra cosa es que no deban asumir oficialmente, a nombre del Estado, actitudes o posiciones propias de una determinada fe, ni adoptar decisiones o expedir normas que lesionen u ofendan a quienes profesen credos o religiones diferentes.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Cada día que pasa aumenta más el número de personas contagiadas de Covid-19 y ya sobrepasamos los 8.000 contagios diarios. Por fortuna, el aumento no se refleja de la misma manera en el porcentaje de hospitalizados, pues ya estaríamos en una situación muy grave al coparse la capacidad hospitalaria del país, en especial las camas de cuidados intensivos y los respiradores necesarios para atender los pacientes más críticos.

Según algunos estudios, el denominado pico del coronavirus llegará para la mayoría del país hacia principios o mediados del mes de septiembre y en algunos casos -como sucede en la zona de Antioquia- este pico llegará un mes después.

Todo esto lleva a la reflexión que la ciudadanía debe tener conciencia y disciplina social en el uso de tapabocas, distanciamiento, teletrabajo y aislamiento. Lo anterior, con el fin de evitar el contagio masivo. Pues de seguir estas pautas, el nivel de contagio podría verse reducido al 1,5%. Estas acciones de prevención no las debemos tomar como exigencia de los gobiernos, sino como defensa de nuestras vidas y las de los demás.

Si uno hiciera un ejercicio matemático del crecimiento del virus, llegaría a la conclusión que mientras alcanzamos el pico la cantidad de contagiados podría llegar a ser 600.000, lo que hace indispensable tomar en serio las medidas de auto protección. Solamente si nosotros mismos tomamos las medidas recomendadas, podremos evitar que el virus se promulgue más.

Las experiencias que vivieron países como Italia y España en Europa o en América lo que se está viviendo tanto el Brasil como en los Estados Unidos nos enseñan que no podemos despreciar toda clase de medidas de auto protección. Insisto en que no es por cumplir unas normas expedidas por las distintas autoridades sino por salvar nuestras propias vidas.

Se ha anunciado que en Oxford ya descubrieron una vacuna que están en la etapa final de pruebas. Así mismo se ha anunciado que a la China como en otros lugares del mundo ya están muy cerca de anunciar también el descubrimiento de vacunas. Lo que es cierto es que éstas no estarán en los mercados sino después de que nos llegue el pico y por tanto no debe ser motivo de relajamiento en los cuidados que debemos tener.

Solamente en nuestras manos está la posibilidad de cuidar de nuestras propias vidas.

El Gobierno debe continuar tomando las medidas económicas que ayuden a las familias desprotegidas y que ha perdido su empleo, como también aquellas que ayuden a los empresarios a salvar sus negocios y por tanto proteger los empleos que estas producen.

Los distintos sectores de la economía están muy afectados y eso hace que sea más preocupante la situación.

El sector del turismo (hoteles, restaurantes, aerolíneas, compañías de transporte terrestre, aérea y marítima), es el más afectado. Pero eso no implica que el resto esté bien.

Sólo muy pocos sectores no se han visto afectados.

Todo esto hace que pongamos lo mejor de nuestra inteligencia para adoptar medidas extraordinarias que permitan que la crisis no sea más profunda. Debo decir que el Gobierno lo ha venido haciendo, pero debe continuar para que la situación social y económica no sea más grave.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- La fuerza de las armas criminales continúa pisoteando la débil democracia colombiana. Esa violencia, que no cesa, le sigue dando resultados  a los enemigos de la paz a través del asesinato sistemático de líderes sociales: ya son 971 desde que se firmó el acuerdo en 2016 y más 223 excombatientes de FARC que firmaron el Acuerdo.

Iván Duque se posesionó el 7 de agosto de 2018 y desde entonces, según Indepaz, han sido asesinados 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, indígenas, afro descendientes y campesinos ambientalistas y comunales.    

Para el gobierno Duque este genocidio, como bien lo calificó Monseñor Monsalve, no pasa de ser una cifra más y poco o nada hace para evitarlo. Su premeditada indiferencia da pie para que el poder de las pistolas imponga un régimen de terror a través de la limpieza de líderes sociales, indígenas, campesinos, negros y exguerrilleros en los departamentos sometidos al capricho de los terratenientes, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales, incluidas las llamadas disidencias de FARC y el E.L.N.

“Frente al sostenido número de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, la CIDH exhorta al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de quienes defienden derechos humanos” dijo a través de un trino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras condenar “enérgicamente” el asesinato del líder social y miembro de la guardia campesina de Corinto, Cauca, José Gustavo Arcila Rivera.

Aunque no hay reacción alguna del gobierno al categórico pronunciamiento de la CIDH, supongo que esta será la respuesta. La encontré en el discurso del pasado 20 de julio en la instalación de las sesiones del Congreso. Esto dijo Duque: “Así como rechazamos la corrupción, repudiamos los asesinatos de los líderes sociales. Cuando tomé posesión denuncié esta situación que ya estamos enfrentando desde el Plan de Acción Oportuna (PAO). Hemos reducido el 35 por ciento de las muertes de líderes en el gobierno en comparación con el periodo anterior”.

Sin embargo, en un informe que se titula “¿Quién le da las cifras al presidente Duque? Indepaz lo corrige y asegura que no se puede decir que hay una reducción del 35 por ciento de las muertes de líderes en lo corrido de éste período en comparación con igual etapa del gobierno Santos, sino, por el contrario, hubo un aumento del 30.5%. “Asesinato de líderes y lideresas sociales del 7 de agosto de 2018 al 20 de julio de 2020, Gobierno Iván Duque Márquez: 573 asesinatos”, concluye el informe. 

Es un pobre balance para Duque próximo a cumplir dos años en el poder. No es este presidente, ausente de formación política y filosófica, quien nos pueda guiar por senderos de progreso y reconciliación, menos cuando, camuflado en la crisis viral, está haciendo trizas el Acuerdo de Paz en las barbas del país y de la comunidad internacional; que además se propuso desprestigiar la JEP exigiéndole resultados para presionar reformas a la Justicia Transicional en el Congreso; y que, para ocultar otro hecho real y contundente, ignora deliberadamente el asesinato -otro genocidio sistemático- de 223 desmovilizados de FARC firmantes del Acuerdo de Paz, 192 de ellos en la mitad de su período.

Firmado el Acuerdo de Paz, los colombianos creímos haber superado una etapa atroz que regó de sangre la llamada Colombia profunda que sigue siendo para este gobierno una carga económica y no una necesidad estratégica para consolidar la paz; por ello la abandonó a su suerte y la dejó en manos de los pistoleros.

Bogotá, D. C, 29 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.     

@jairotevi

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*- Las noticias no pudieron ser más contrastantes: mientras el Dane anunciaba que al cierre del 2019 (es decir, antes de que comenzara la pandemia) el índice de pobreza multifactorial había descendido en Colombia 1,6 puntos porcentuales, pasando de 19,1% en 2018 a 17,5% al cierre del año pasado, lo que permitió que 615.000 compatriotas salieran de las garras de la pobreza, Fedesarrollo divulgaba desazonadoras proyecciones sobre dónde estarán las cifras de pobreza al terminar el 2020, el primer año de la pandemia.

En efecto, según Fedesarrollo, una de las más graves consecuencias del coronavirus -acaso la peor- es que la pandemia disparará los indicadores de pobreza. El llamado índice de pobreza monetaria retrocederá 10 años, pasando de 26,9% al cierre del 2018 al 37,9% en 2020. Y para el caso de la denominada “pobreza extrema” el retroceso será aún mayor: echaremos atrás casi 16 años, pues el índice de pobreza extrema- que está muy cerca de lo que se conoce como indigencia- prácticamente se duplicará con la crisis del coronavirus. Pasando del 7.4% antes de la crisis casi al doble al cierre del 2020.

El Dane divulgó también algunos hallazgos no menos preocupantes para Bogotá: la pobreza multidimensional para la capital pasó del 4,1% al 7,1% entre 2018 y 2019 (o sea, antes de que comenzara la pandemia); lo que significa que este proceso de empobrecimiento social bogotano se va a acentuar aún más en el 2020.

La FAO por su parte estima que la pandemia deja a 2,8 millones de la población colombiana en condición de extrema vulnerabilidad, por la recaída de la pobreza, a las puertas de la inseguridad alimentaria.

Hemos comenzado pues una especie de peligrosa contradanza social: vamos vertiginosamente para atrás. Esta será acaso la más dura consecuencia que nos deja la crisis del coronavirus. No solo será la caída estrepitosa del PIB en el 2020 sino la pauperización de grandes segmentos de la población.

Aunque esto ya se presentía, los recientes pronósticos de entidades creíbles como las citadas dibujan el rostro de tragedia humanitaria que dejará la grave calamidad del coronavirus.

De allí que todos los esfuerzos, toda la imaginación, las mejores voluntades de país, el diseño de las nuevas políticas que tendrán que ponerse en marcha, el tipo de gasto público que se implemente, y, en fin, los consensos políticos que se construyan, deben tener todos una meta preeminente: recuperar para Colombia mejores índices en la lucha contra pobreza. Hacia los cuales estábamos caminando antes de la pandemia, pero que nos ha arrebatado despiadadamente la crisis del coronavirus.

No bastará con recuperar, como se espera, un buen ritmo de crecimiento económico a partir del 2021. No bastará el anhelado “rebote” del PIB. Esto es necesario por supuesto. Pero no será suficiente. Las políticas públicas que se pongan en marcha a partir del 2021 deberán tener como objetivo explícito recuperar el tiempo perdido en términos de mejores indicadores de pobreza.  Ojalá el presupuesto nacional para la vigencia 2021 que debe llegar al congreso para su estudio la semana entrante tome nota de esto.

Hasta ahora, recordémoslo bien, sólo se han tomado medidas de “primeros auxilios”: transferencias monetarias no condicionadas, devolución del IVA, giros de urgencia al sistema de salud para que no colapse, garantías a los créditos que obtengan del sistema financiero las empresas para ayudar a mantener el oxígeno de su situación de caja, subsidios para el sector empresarial que acredite haber tenido caídas en su facturación mayores al 20% en el último año a fin de salvaguardar el empleo, apoyos para el pago de primas, repartición de mercados a los sectores más desvalidos, alivios transitorios en el pago de algunos servicios públicos y diferimiento en la cancelación de ciertos impuestos nacionales o locales, entre otros.

Pero todas estas ayudas han sido de corto plazo (la mayoría de ellas tienen vigencia por tres o cuatro meses), son asistencialistas, y la situación fiscal no permite darles una aplicación indefinida.

Por eso, la nueva oleada de medidas tiene que ser de carácter estructural. No puede ser de naturaleza asistencialista. El paciente ha sido recogido en la camilla de los “primeros auxilios” y va camino al hospital. Allá comenzará la gran tarea de rehabilitarlo: para recuperar el crecimiento, el empleo y los índices de pobreza que nos deja la pandemia.

Bogotá, D. C, 27 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Por qué después de casi 5 meses de encerramiento, el contagio y las muertes por el COVID-19 siguen aumentando? Colombia es uno de los países donde más ha durado el cerramiento de la economía y la cuarentena para combatir el coronavirus: 35 días de cuarentena total y después 4 meses de aperturas parciales con cada vez más excepciones a nivel nacional, pero también nuevas medidas de restricción en varias ciudades. Y a pesar de eso, es uno de los focos mundiales de expansión del virus. ¿Qué hemos hecho mal?

El empeoramiento de la situación en materia de contagios es evidente. En las estadísticas que publican páginas especializadas que hacen seguimiento a la propagación del virus como la del hospital John Hopkins, o Worldometers, Colombia ha venido subiendo en la lista de los países más contagiados.

A finales de mayo pasado, Colombia ocupaba el puesto 30 en número total de contagios y muertes; dos meses después, subió al puesto 12. En relación al tamaño de la población (casos por millón de habitantes) el deterioro es aún peor. En mayo ocupábamos el puesto 81 en total de contagios, y el 72 en número de muertos. Al terminar julio habíamos subido al 30 y el 29 respectivamente. En el número de casos activos pasamos del puesto 22 al sexto.

La velocidad del contagio, medida por el número de casos diarios, explica esta tendencia: hoy somos el quinto país del mundo en nuevos contagios y muertos, superados tan solo por EE.UU. Brasil, India y Suráfrica. Países que fueron muy afectados al principio como todos los europeos, o en la región Ecuador, Chile o México, hoy tienen más controlada la situación.

Varios son los factores que según los epidemiólogos contribuyen a la aceleración de los contagios y las muertes, en contraste con otros países que lograron controlarlo: el primero la falta de más test o pruebas diagnósticas.

En efecto, a pesar del gran esfuerzo oficial realizado por aumentar el número de pruebas, en Colombia solo se han realizado 1.5 millones, es decir unas 30.000 por cada millón de habitantes, lo que nos ubica en el puesto 99 del mundo. En Suramérica estamos muy lejos de Chile o Perú, con 85.000 y 70.000 pruebas por millón respectivamente.

Por esta falta de capacidad diagnóstica ha sido débil la recomendada estrategia de “cerco epidemiológico”, es decir la identificación de los contactos de las personas contagiadas para controlar la propagación.

Es cierto que Colombia fue uno de los países que más rápido decretó un “aislamiento preventivo obligatorio” total, apenas a los 18 días de detectado el primer contagio, mientras que, por ejemplo, Italia solo lo hizo a nivel nacional a los 44 días. Así en Colombia se logró aplanar la curva, lo que permitió el fortalecimiento de clínicas y hospitales y evitó el colapso del sistema de salud, pero solo difirió el aumento de los contagios y no lo evitó.

Por eso cuando la presión económica obligó a iniciar la reapertura de la economía, apenas 35 días después de iniciada la cuarentena, solo teníamos 220 casos diarios y empezaba la fase ascendente de la epidemia que ha llegado a 10.000 casos. En Italia la reapertura inició 45 días después del cierre nacional, y solo cuando el número de casos diarios había bajado del pico de 6.500 a 1.600 diarios. ¿Será que nos apresuramos?

Cali 2 de agosto de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Desde cuando se conocieron las características del Covid-19, se supo que todos los países enfrentarían graves problemas, dificilísimos de manejar y con enormes pérdidas en salud, vidas y condiciones económicas y sociales. Porque no existía ni existe vacuna ni medicamento específico contra el virus, logros difíciles de conseguir con rapidez. Porque es un bicho muy contagioso, que en porcentajes notables exige hospitalizarse y provoca la muerte, aun con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Y porque, por las condiciones del mundo de hoy, rápido se volvió pandemia y exige fuertes cuarentenas.

También desde el principio se supo que todos los países sufrirían, unos más que otros, dependiendo de su preparación para enfrentar el mal y del acierto en las decisiones para enfrentarlo. Era evidente que Colombia estaría entre los que le iría mal –aunque a otros les fuera peor–, porque estaba mal preparada por el desenfoque de la Ley 100 de 1993 y la mediocridad de su sistema de salud y porque el desempleo y la pobreza creaban trabas estructurales para evitar contagiarse. Hoy está demostrado que hay más enfermos y muertos entre aquellos a quienes la pobreza obliga a salir a la calle a rebuscarse la comida.

A lo anterior súmese un Estado bastante débil para atender la crisis, en razón de que Colombia tiene en la base de todos sus problemas una economía de mercado raquítica –de 6.500 dólares por habitante al año–, la cual explica “el insoportable atraso del casi 80% de nuestro territorio”, al decir del exdirector de la Dian de Juan Ricardo Ortega (Semana, Jul.04.20).

Completaba la pésima preparación para abordar zipote lío el estar en manos de #DuqueYCarrasquilla y de sus soportes políticos, por lo que no era dable esperar que cambiaran sus dogmas socioeconómicos y políticos ni las querencias por las que los gratifican. Así lo confirmaron ellos en Colombia y lo ratificaron sus instructores a escala global, quienes, por un dólar más de ganancias para los mayores linces de las finanzas del mundo son capaces hasta de provocar una guerra mundial.

La primera prueba de la incapacidad de Duque en lo que tocaba hacer en el momento para acertar consistió en demostrar que no utilizaría un decreto de la emergencia para modificar en algo de importancia el régimen de salud diseñado a favor de la EPS, ni para garantizarles los derechos laborales a los trabajadores del sector ni pagarles las deudas a las IPS públicas y privadas.

Sus medidas económicas han brillado por su tardanza y cicatería. Así lo sienten en sus estómagos los más pobres a los que algo les dan y muy mal les ha ido también a los que perdieron sus empleos y a la clase media que se ganaba la vida con trabajos por cuenta propia. Y sufren numerosas empresas –endeudas y sin cómo pagar las nóminas–, en especial las micro, pequeñas y medianas. Retrata a este gobierno que haya en el mundo 76 Estados gastando más que Colombia en la atención de la crisis –menos del tres por ciento del PIB–, mientras que Duque, con pueril viveza, echa la mentira de que cuadruplica ese porcentaje.

Pero como todo lo errado puede empeorarse, ya #DuqueYCarrasquilla y sus protegidos advirtieron que seguirán con lo mismo que hacían antes de abril, como si para esa fecha Colombia no fuera un desastre económico y social sino el más exitoso de los países. Su gran astucia consiste en insistir en la misma receta que, según se ha probado, no le sirve a Colombia pero a la que, eso sí, sin temor al ridículo, la llaman Plan Marshall. Y agregan que se inspiran en Keynes, otro cañazo.

Porque ocultan que emplear el mayor gasto público –el keinesianismo– como estartazo, como empujón, para enfrentar la crisis, exige dos condiciones para que produzca el efecto positivo que se supone debe producir. Que el empleo y el ingreso que se aumenten no se conviertan en más bienes extranjeros importados, como sucede con lo que nos imponen los TLC. Y que el estartazo al carro de la economía sea a un vehículo con verdaderas posibilidades de avanzar, es decir, diferentes a las de antes de la pandemia para que pueda moverse de verdad. Otra prueba de que Colombia necesita un Gran Pacto Nacional que gobierne con ideas diferentes a las del duquismo.

Coletilla: Duque debe renunciar al acuerdo secreto que hizo con la trasnacional Pfizer sobre las vacunas del Coronavirus. Hay demasiado en juego en salud y vidas, y hay también en juego demasiada plata como para actuar de esta manera.

Bogotá, 31 de julio de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERoledo

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Amylkar D Acosta M

Amylkar D. Acosta M*.-La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID – 19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros.  De allí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, acentuado por la guerra comercial que desató el Presidente de EEUU Donald Trump, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.

Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE la economía global registrará este año una recesión sin precedentes, de - 6% si la pandemia “permanece bajo control” y de -  7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para el 2021. Su Economista Jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la OMC, el comercio global se reducirá en un 32%, mucho peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.

Todo indica que Latinoamérica será el epicentro de la recesión económica global, será la que llevará la peor parte, de hecho antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de la economía regional venía rezagado con respecto a la media mundial. Según las proyecciones del Banco Mundial la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del - 7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de - 1.9% y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de - 2.5%. Según la CEPAL la economía de la región podría caer este año entre - 5.3% y - 7% y “quizá lleguemos al - 8%”, algo nunca visto.

Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en el Director del Centro para el Desarrollo Internacional Ricardo Hausmann. Según él dicha recuperación tomará la forma del logotipo de la marca Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.

En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de una caída del crecimiento de – 5.5% para este año y un repunte inusitado del crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%”  e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente. La recuperación de la economía colombiana, en barrena, estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en el mes de abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%, la cual subiría, según FEDESARROLLO, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.

En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamiento inveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo. Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica, en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el Ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.

De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos. Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región...En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. A pensar, entonces, fuera de la caja!

Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país. A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos 5 años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial. A este ritmo Colombia tardará muchos años para revertir la tendencia del desempleo y volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad.

Cota, agosto 1 de 2020

*Expresidente de Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-La ganadería de leche es una actividad protegida y de peso en países como Uruguay, Nueva Zelanda, USA y también la UE, mientras en Colombia, además de las difíciles condiciones del campo y de la posición dominante de la industria frente a sus proveedores naturales, ha debido soportar, entre otros, el estigma de ser “ineficiente”.

La estigmatización ganadera con orígenes ideológicos y políticos, deriva en que los ojos estén puestos en sus ineficiencias, que las tiene, principalmente por estar soportada en el esfuerzo de más de 300 mil pequeños y muy pequeños productores, pero nadie mira las de los eslabones siguientes de la cadena, particularmente las de la industria.

Qué pasa, entonces, en ese entorno empresarial.

Estancamiento: En el año 2.000 Colombia produjo 5.300 millones de litros de leche; veinte años después, esa ganadería “ineficiente” produce 7.300 millones. Comenzando el siglo, la industria procesaba el 57 % de la producción, mientras que, en 2019, esa eficiente industria acopió apenas el 42 %, dejando a más de la mitad de los ganaderos, los más vulnerables, en manos de la informalidad.

El transporte: En general es realizado por la industria, pero no pagado por ella ni su costo compartido siquiera, sino descontado al ganadero. En Colombia está entre 6 % y 8 % del precio al productor, afectado por el acopio minifundista y la pésima red vial terciaria.

Pulverización: El costo de pulverizar una tonelada de leche en Oceanía es de USD 490; en Colombia de USD 630. Esa diferencia, superior al 25 %, deja a nuestro país por fuera del mercado internacional del principal commodity lácteo: la leche en polvo, y limitado al de los derivados, compitiendo con la tradición milenaria de los quesos madurados europeos y con la mantequilla de USA, entre otros.

Concentración: Solo seis empresas, las mismas del año 2000, acaparan el 60 % del bajo acopio formal y, desde su posición dominante y sus menores costos por sus altas escalas de producción, no solo marcan el precio al ganadero sino, hacia delante, el precio de mercado al eslabón comercial, lo cual arrastra al resto de la industria, que termina protegiendo sus utilidades de la única manera que puede hacerlo: bajando precio al ganadero, que paga siempre los platos rotos y hasta lo acusan de romperlos.

Poca diferenciación social de producto: La industria se especializó en estratos altos. Primero: En lo que representa una tendencia extraña en el mundo, desacostumbró al mercado a tomar leche pasteurizada, hoy casi inexistente, y lo acostumbró a la UHT, de precio muy superior. La diferencia, sin embargo, está más en empaque que en proceso, pero la industria, después de ahorrarse enormes costos en distribución, le cobra caro al consumidor ese empaque y una “larga vida” que no utiliza, porque la consume al día siguiente de comprarla.

Segundo: La industria disminuiría costos si aumentara su escala de producción con productos diferenciados para los estratos 1,2 y 3. Pero prefiere la zona de confort de los altos, con leches de todas las variedades, derivados “delikatessen”, empaque y millonaria publicidad; una posición algo miope frente al auge de productos de buena calidad y maquilados masivamente para tiendas de bajo costo con marca blanca.

El precio al ganadero: La industria aboga por liberación total; el Gobierno, consciente de su posición dominante, establece un precio base que, si bien es “de referencia”, algo contiene los unilaterales “ajustes” al ganadero para cuadrar balances y cubrir las ineficiencias de la industria.

Una conclusión: La actual industria láctea es un vestido pequeño para una ganadería de leche que, a pesar de sus enormes limitaciones, sigue creciendo orgullosamente.

Bogotá, D. C, 1 de julio de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Debieron pasar 27 años y un Covid, para abrir los ojos y, con espanto, observar el desastre que conlleva el monstruo creado en el 93. En ese entonces, como ahora, el engaño y el lucro se impusieron sobre la razón. Se afinó así, el más productivo negocio de nuestra historia.

La débil, pero generosa seguridad social de entonces, no era productiva para los dueños del poder y la riqueza. Surgió así el más engañoso engendro que arrasó con un sistema de medicina familiar y preventiva, que prolongaba vidas y remuneraba con justicia al cuerpo médico. Esa que impedía facultades de “garaje”, y médicos taxistas y desempleados.

El pingüe negocio se montó y arrojó los frutos esperados: ricos inversionistas, población agonizante y médicos arruinados.

Cada campaña política usó como bandera la “modificación”, del sistema. La esperanza de la gente, llevó a las urnas a los electores que anhelaban una reforma, una innovación. La corrupción, “madrina” del sistema, compró votos, engañó y malogró las ilusiones de una sociedad, de un país, de una patria.

La entronizada seguridad social, no resiste una mínima emergencia; los dineros se esfuman, las EPS de garaje no pagan y arruinan hospitales y centros de salud. Las prepagadas, mitigan las fallas del sistema público, a unos costos insostenibles. Y no hay dolientes.

El covid-19, puso en jaque a Colombia y a sistema de salud. Hay un despiste total exacerbado por los interminables 60 minutos de todas las tardes que diezman las esperanzas. Los televidentes esperan el “pico” de Duque, los nuevos encierros y demás normas sin la firma de la Minciencias, porque buscan a Mabel Lara para que lo haga. El país está al vaivén de las encuestas que determinan cada protocolo.

Las camas, los respiradores, los médicos no alcanzan y surgen los profetas del desastre que satanizan la importación galenos para salvar vidas. Le engarzan política a la muerte. ¿Alcanzarían los días a un infortunado médico cubano, para responder por la vida de una víctima de covid-19, que muera en sus manos?

Habitamos en un país que fabrica sin pudor víctimas, si se requieren para salvar a uno de sus “prohombres”. Un país que nunca alcanzará una justa seguridad social, porque son muchas las bolsas que deben llenarse para satisfacer la insaciable voracidad de unos pocos. Nuestra seguridad social reclama una reforma que la convierta en vida para todos.

BLANCO: Felicitaciones a Julio E. Sánchez por sus 90 productivos años. Engrandece la TV colombiana.

NEGRO: Continúan asesinatos de líderes sociales.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020 

*Periodista. Director de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper. 

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Lorena Rubiano Fajardo

El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria: Winston Churchill

Por Lorena Rubiano.- Tenemos que ser realistas y aceptar las cosas como están y como vienen hacia futuro. No ser apocalípticos, pero tampoco hacer lo del avestruz, para no ver la situación.

La pandemia de la miseria está muy cerca de nosotros. El 50% del aparato productivo del país está colapsado y en su derrumbe nos deja desempleo, no pago de impuestos, no salarios, no pago de servicios públicos o sea que la bancarrota es inminente.

Lo grave de todos esto es que no se ve ni el interés, ni la pujanza, ni el perrenque en el Gobierno y menos en su nefasto ministro de Hacienda el señor Alberto Carrasquilla, para proponer o jalonar un gran proyecto de unidad nacional para reorganizar la economía nacional. Y obviamente lo que menos les importa es ayudar a nuestros campesinos, pero para bien del país y gracias a su tenacidad y su creencia en Dios, son los que más van a sobrevivir a esta pandemia, para seguir ofreciéndonos a los colombianos sus productos de pan coger, comida para llevar a nuestras mesas diariamente.

No hay tiempo para mirar atrás, debemos restablecer el optimismo y la esperanza, saldremos de esta difícil situación. Así los zánganos del poder, no tengan compasión por los cerca de cinco millones de desempleados, que nos dejara esta crisis.

Si el Congreso se sacude puede jalonar esa gran reconstrucción de nuestra economía, hacer una profunda y urgente reforma agraria, no para favorecer a los grandes terratenientes, sino para incentivar el regreso a la parcela campesina.  Tiene que volver a ser atractivo el campo. No se puede seguir ahorcando a la clase media y baja como quiere el señor de los bonos de agua, tenemos que ser nuevamente autosuficientes en alimentación y regresar a las grandes exportaciones de productos agrícolas.

A veces y en mis noches de desvelo mirando las estrellas y la luna de mi Togui del alma, se me viene al pensamiento la idea de que a los gobernantes y a nuestros dirigentes políticos les conviene la miseria, para poder ofrecer milagros y jugar con la esperanza del ser humano.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que la pandemia podría causar que la pobreza regresara a los mismos niveles en los que se encontraba hace 10 o incluso 20 años, la pandemia “no es nada en comparación con lo que la humanidad puede sufrir” si no se toman decisiones drásticas con respecto a la sostenibilidad, y en América Latina específicamente, la “desigualdad, por mala distribución de la riqueza y la tierra”.

No es el momento de guerras personales ni partidistas, ni polarizar más al país. Todos hablan de reconciliación, pero al mismo tiempo tiran dardos mordaces contra sus opositores, agregándole un ingrediente más a la incertidumbre de nuestros compatriotas. Bondad, sensatez y amor es lo que necesita Colombia señores dirigentes.

Dios quiera no se nos agote la paciencia.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- La Constitución de 1991 consagra las libertades de conciencia y de cultos. No señala una determinada religión como la verdadera y oficial, lo que significa que nuestro Estado es laico. Eso implica una total separación entre el Estado y las iglesias o confesiones religiosas, todas las cuales merecen el mismo respeto. El Estado no tiene religión propia y a toda persona se le garantiza que, en materia religiosa, puede creer lo que le parezca, o no creer en nada, o preferir el agnosticismo, y difundir sus creencias, sin que le pueda ser prohibido u obligatorio hacerlo; y practicar libremente los cultos, ritos y ceremonias propios de su confesión. 

Es lo que establecen también los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que según el artículo 93 de la Constitución, prevalecen en el orden interno, y hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica) subraya la libertad de toda persona “conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. De acuerdo con ese texto, “nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”. Nadie.

Estatuye, además, “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.  

Pero, precisamente por ello, si lo que la Constitución proclama y garantiza es la libertad, no se la puede aplicar, como algunos quisieran, para perseguir a una determinada religión -concretamente la Católica-, ni para cercenar la libertad de quienes la profesan. 

Al tenor del artículo 18 constitucional, “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. Nadie.

Y de acuerdo con el 19, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. Toda persona.

Ante recientes decisiones judiciales exageradas y discriminatorias, surgen necesariamente inquietudes: ¿Que no haya en Colombia una religión oficial quiere decir que el presidente de la República, magistrados, ministros o congresistas, gobernadores o alcaldes no puedan ejercer sus propios derechos a las libertades de conciencia y de cultos? ¿Que, si son católicos, no puedan persignarse, acudir a misa o invocar en un medio de comunicación o en una red social -a título personal- su devoción? ¿Que, sin son judíos, musulmanes o protestantes, les esté prohibido acudir a los lugares de culto o profesar sus creencias? 

Responder afirmativamente sería inconstitucional porque discriminaría y significaría excluir a ciertas personas, solo por razón de sus cargos, del ejercicio de derechos fundamentales. Otra cosa es que no deban asumir oficialmente, a nombre del Estado, actitudes o posiciones propias de una determinada fe, ni adoptar decisiones o expedir normas que lesionen u ofendan a quienes profesen credos o religiones diferentes.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Cada día que pasa aumenta más el número de personas contagiadas de Covid-19 y ya sobrepasamos los 8.000 contagios diarios. Por fortuna, el aumento no se refleja de la misma manera en el porcentaje de hospitalizados, pues ya estaríamos en una situación muy grave al coparse la capacidad hospitalaria del país, en especial las camas de cuidados intensivos y los respiradores necesarios para atender los pacientes más críticos.

Según algunos estudios, el denominado pico del coronavirus llegará para la mayoría del país hacia principios o mediados del mes de septiembre y en algunos casos -como sucede en la zona de Antioquia- este pico llegará un mes después.

Todo esto lleva a la reflexión que la ciudadanía debe tener conciencia y disciplina social en el uso de tapabocas, distanciamiento, teletrabajo y aislamiento. Lo anterior, con el fin de evitar el contagio masivo. Pues de seguir estas pautas, el nivel de contagio podría verse reducido al 1,5%. Estas acciones de prevención no las debemos tomar como exigencia de los gobiernos, sino como defensa de nuestras vidas y las de los demás.

Si uno hiciera un ejercicio matemático del crecimiento del virus, llegaría a la conclusión que mientras alcanzamos el pico la cantidad de contagiados podría llegar a ser 600.000, lo que hace indispensable tomar en serio las medidas de auto protección. Solamente si nosotros mismos tomamos las medidas recomendadas, podremos evitar que el virus se promulgue más.

Las experiencias que vivieron países como Italia y España en Europa o en América lo que se está viviendo tanto el Brasil como en los Estados Unidos nos enseñan que no podemos despreciar toda clase de medidas de auto protección. Insisto en que no es por cumplir unas normas expedidas por las distintas autoridades sino por salvar nuestras propias vidas.

Se ha anunciado que en Oxford ya descubrieron una vacuna que están en la etapa final de pruebas. Así mismo se ha anunciado que a la China como en otros lugares del mundo ya están muy cerca de anunciar también el descubrimiento de vacunas. Lo que es cierto es que éstas no estarán en los mercados sino después de que nos llegue el pico y por tanto no debe ser motivo de relajamiento en los cuidados que debemos tener.

Solamente en nuestras manos está la posibilidad de cuidar de nuestras propias vidas.

El Gobierno debe continuar tomando las medidas económicas que ayuden a las familias desprotegidas y que ha perdido su empleo, como también aquellas que ayuden a los empresarios a salvar sus negocios y por tanto proteger los empleos que estas producen.

Los distintos sectores de la economía están muy afectados y eso hace que sea más preocupante la situación.

El sector del turismo (hoteles, restaurantes, aerolíneas, compañías de transporte terrestre, aérea y marítima), es el más afectado. Pero eso no implica que el resto esté bien.

Sólo muy pocos sectores no se han visto afectados.

Todo esto hace que pongamos lo mejor de nuestra inteligencia para adoptar medidas extraordinarias que permitan que la crisis no sea más profunda. Debo decir que el Gobierno lo ha venido haciendo, pero debe continuar para que la situación social y económica no sea más grave.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- La fuerza de las armas criminales continúa pisoteando la débil democracia colombiana. Esa violencia, que no cesa, le sigue dando resultados  a los enemigos de la paz a través del asesinato sistemático de líderes sociales: ya son 971 desde que se firmó el acuerdo en 2016 y más 223 excombatientes de FARC que firmaron el Acuerdo.

Iván Duque se posesionó el 7 de agosto de 2018 y desde entonces, según Indepaz, han sido asesinados 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, indígenas, afro descendientes y campesinos ambientalistas y comunales.    

Para el gobierno Duque este genocidio, como bien lo calificó Monseñor Monsalve, no pasa de ser una cifra más y poco o nada hace para evitarlo. Su premeditada indiferencia da pie para que el poder de las pistolas imponga un régimen de terror a través de la limpieza de líderes sociales, indígenas, campesinos, negros y exguerrilleros en los departamentos sometidos al capricho de los terratenientes, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales, incluidas las llamadas disidencias de FARC y el E.L.N.

“Frente al sostenido número de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, la CIDH exhorta al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de quienes defienden derechos humanos” dijo a través de un trino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras condenar “enérgicamente” el asesinato del líder social y miembro de la guardia campesina de Corinto, Cauca, José Gustavo Arcila Rivera.

Aunque no hay reacción alguna del gobierno al categórico pronunciamiento de la CIDH, supongo que esta será la respuesta. La encontré en el discurso del pasado 20 de julio en la instalación de las sesiones del Congreso. Esto dijo Duque: “Así como rechazamos la corrupción, repudiamos los asesinatos de los líderes sociales. Cuando tomé posesión denuncié esta situación que ya estamos enfrentando desde el Plan de Acción Oportuna (PAO). Hemos reducido el 35 por ciento de las muertes de líderes en el gobierno en comparación con el periodo anterior”.

Sin embargo, en un informe que se titula “¿Quién le da las cifras al presidente Duque? Indepaz lo corrige y asegura que no se puede decir que hay una reducción del 35 por ciento de las muertes de líderes en lo corrido de éste período en comparación con igual etapa del gobierno Santos, sino, por el contrario, hubo un aumento del 30.5%. “Asesinato de líderes y lideresas sociales del 7 de agosto de 2018 al 20 de julio de 2020, Gobierno Iván Duque Márquez: 573 asesinatos”, concluye el informe. 

Es un pobre balance para Duque próximo a cumplir dos años en el poder. No es este presidente, ausente de formación política y filosófica, quien nos pueda guiar por senderos de progreso y reconciliación, menos cuando, camuflado en la crisis viral, está haciendo trizas el Acuerdo de Paz en las barbas del país y de la comunidad internacional; que además se propuso desprestigiar la JEP exigiéndole resultados para presionar reformas a la Justicia Transicional en el Congreso; y que, para ocultar otro hecho real y contundente, ignora deliberadamente el asesinato -otro genocidio sistemático- de 223 desmovilizados de FARC firmantes del Acuerdo de Paz, 192 de ellos en la mitad de su período.

Firmado el Acuerdo de Paz, los colombianos creímos haber superado una etapa atroz que regó de sangre la llamada Colombia profunda que sigue siendo para este gobierno una carga económica y no una necesidad estratégica para consolidar la paz; por ello la abandonó a su suerte y la dejó en manos de los pistoleros.

Bogotá, D. C, 29 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.     

@jairotevi

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*- Las noticias no pudieron ser más contrastantes: mientras el Dane anunciaba que al cierre del 2019 (es decir, antes de que comenzara la pandemia) el índice de pobreza multifactorial había descendido en Colombia 1,6 puntos porcentuales, pasando de 19,1% en 2018 a 17,5% al cierre del año pasado, lo que permitió que 615.000 compatriotas salieran de las garras de la pobreza, Fedesarrollo divulgaba desazonadoras proyecciones sobre dónde estarán las cifras de pobreza al terminar el 2020, el primer año de la pandemia.

En efecto, según Fedesarrollo, una de las más graves consecuencias del coronavirus -acaso la peor- es que la pandemia disparará los indicadores de pobreza. El llamado índice de pobreza monetaria retrocederá 10 años, pasando de 26,9% al cierre del 2018 al 37,9% en 2020. Y para el caso de la denominada “pobreza extrema” el retroceso será aún mayor: echaremos atrás casi 16 años, pues el índice de pobreza extrema- que está muy cerca de lo que se conoce como indigencia- prácticamente se duplicará con la crisis del coronavirus. Pasando del 7.4% antes de la crisis casi al doble al cierre del 2020.

El Dane divulgó también algunos hallazgos no menos preocupantes para Bogotá: la pobreza multidimensional para la capital pasó del 4,1% al 7,1% entre 2018 y 2019 (o sea, antes de que comenzara la pandemia); lo que significa que este proceso de empobrecimiento social bogotano se va a acentuar aún más en el 2020.

La FAO por su parte estima que la pandemia deja a 2,8 millones de la población colombiana en condición de extrema vulnerabilidad, por la recaída de la pobreza, a las puertas de la inseguridad alimentaria.

Hemos comenzado pues una especie de peligrosa contradanza social: vamos vertiginosamente para atrás. Esta será acaso la más dura consecuencia que nos deja la crisis del coronavirus. No solo será la caída estrepitosa del PIB en el 2020 sino la pauperización de grandes segmentos de la población.

Aunque esto ya se presentía, los recientes pronósticos de entidades creíbles como las citadas dibujan el rostro de tragedia humanitaria que dejará la grave calamidad del coronavirus.

De allí que todos los esfuerzos, toda la imaginación, las mejores voluntades de país, el diseño de las nuevas políticas que tendrán que ponerse en marcha, el tipo de gasto público que se implemente, y, en fin, los consensos políticos que se construyan, deben tener todos una meta preeminente: recuperar para Colombia mejores índices en la lucha contra pobreza. Hacia los cuales estábamos caminando antes de la pandemia, pero que nos ha arrebatado despiadadamente la crisis del coronavirus.

No bastará con recuperar, como se espera, un buen ritmo de crecimiento económico a partir del 2021. No bastará el anhelado “rebote” del PIB. Esto es necesario por supuesto. Pero no será suficiente. Las políticas públicas que se pongan en marcha a partir del 2021 deberán tener como objetivo explícito recuperar el tiempo perdido en términos de mejores indicadores de pobreza.  Ojalá el presupuesto nacional para la vigencia 2021 que debe llegar al congreso para su estudio la semana entrante tome nota de esto.

Hasta ahora, recordémoslo bien, sólo se han tomado medidas de “primeros auxilios”: transferencias monetarias no condicionadas, devolución del IVA, giros de urgencia al sistema de salud para que no colapse, garantías a los créditos que obtengan del sistema financiero las empresas para ayudar a mantener el oxígeno de su situación de caja, subsidios para el sector empresarial que acredite haber tenido caídas en su facturación mayores al 20% en el último año a fin de salvaguardar el empleo, apoyos para el pago de primas, repartición de mercados a los sectores más desvalidos, alivios transitorios en el pago de algunos servicios públicos y diferimiento en la cancelación de ciertos impuestos nacionales o locales, entre otros.

Pero todas estas ayudas han sido de corto plazo (la mayoría de ellas tienen vigencia por tres o cuatro meses), son asistencialistas, y la situación fiscal no permite darles una aplicación indefinida.

Por eso, la nueva oleada de medidas tiene que ser de carácter estructural. No puede ser de naturaleza asistencialista. El paciente ha sido recogido en la camilla de los “primeros auxilios” y va camino al hospital. Allá comenzará la gran tarea de rehabilitarlo: para recuperar el crecimiento, el empleo y los índices de pobreza que nos deja la pandemia.

Bogotá, D. C, 27 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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