Opinión
El Banco Mundial dice que la crisis de basuras es global. Cierto. Pero eso no es excusa para quedarnos quietos.
Por: Manolito Salazar*. - En 1994 llegué a cubrir Bogotá. Gobernaba Jaime Castro y la ciudad, como hoy, vivía una crisis de basuras. No hablemos de movilidad ni seguridad. Solo basuras. Treinta y dos años después, seguimos en lo mismo.
La historia es cíclica y huele mal. En 1958 nació la EDIS para recoger lo que botamos. En 1988 Andrés Pastrana privatizó el 40% porque la empresa pública estaba quebrada: de 75 camiones pasó a tener 20 o 30 andando. En 1994 Castro la liquidó. La Contraloría dijo lo obvio: tenía quiebra técnica, perdía 20 millones diarios. El sindicato paró, apoyado por la Alianza Democrática M-19. Entre ellos marchaba el representante Gustavo Petro. Llevaban basura a la Plaza de Bolívar para protestar.
Sin EDIS, Bogotá se entregó a los privados. Seis zonas, contratos a 7 y 8 años, pago por tonelada. Funcionó hasta que en diciembre de 2012 Petro, ya alcalde, quiso volver al manejo público. El 18 de diciembre no dejaron entrar a los privados a Doña Juana. Aguas de Bogotá asumió. La ciudad colapsó en 48 horas. Tocó llamar de urgencia a los mismos que habían sacado. Después llegaron los famosos compactadores: 25 camiones oxidados, con basura y matas adentro. Otros se vararon en el camino. Eran siniestrados.
En febrero de 2018, con Peñalosa, regresaron los privados con fuerza. Contenedores, canecas, 5 operadores. Lo lideró Beatriz Cárdenas en la UAESP. Los contenedores duraron limpios tres meses. Luego se volvieron botaderos y hubo que quitarlos.
Y aquí estamos. Marzo de 2024. Galán lleva tres meses de alcalde y el concejal Leandro Castellanos, de la Alianza Verde, prende las alarmas: la UAESP de Consuelo Ordóñez pelea con todos menos con la basura. La ciudad cada día más sucia. Galán se demora en reaccionar. Lo salva un fallo de la Corte Constitucional a favor de los recicladores. Gracias a eso, la CRA autoriza un régimen transitorio y prorroga los contratos. Sin ese salvavidas, hoy estaríamos en libre competencia y sin empresas listas.
En agosto de 2025 la CRA le niega a la UAESP la nueva licitación con zonas exclusivas. Galán cambia a Ordóñez y posesiona a Armando Ojeda. Mientras tanto los números no mienten: 623 puntos críticos en 2024, 476 en 2026. Kennedy, Engativá, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar ahogadas. Recogemos 6.660 toneladas diarias. Mil se quedan en la calle.
Las multas hoy son de $900.000. Un habitante de calle no las paga. Un restaurante las paga vendiendo tres almuerzos. No hay cárcel por botar basura. La cultura ciudadana es un recuerdo. Tenemos cuadrillas caza-regueros: 368 mil regueros atendidos en dos años. Y la ciudad sigue sucia. El propio Galán lo acepta.
El Banco Mundial dice que la crisis de basuras es global. Cierto. Pero eso no es excusa para quedarnos quietos. La Personería hace foros. La Contraloría monta mesas. El Concejo anuncia debates. La Alcaldía hace pedagogía. Y nada cambia si el ciudadano no pone de su parte.
Mockus nos enseñó el “Todos ponemos”. Hoy toca repetirlo. Porque si no, no llegaremos a “Basura Cero”. Seguiremos en cero. Y con Bogotá más sucia que en 1994.
Bogotá, D. C, 20 de abril 2026
Periodista reconocido en el medio por sus chivas y noticias de análisis y contexto del diario acontecer de la capital de Colombia. Fue reportero en Caracol Radio.
Un sistema que no expulse a los propietarios, sino que incentive la producción.
Por: Paloma Valencia*. - Las recientes movilizaciones y el paro en protesta por el aumento astronómico del impuesto predial en distintas regiones del país reflejan un problema: ciudadanos y productores que no pueden asumir el impacto de la actualización de avalúos por cuenta del “catastro multipropósito” sobre el impuesto predial. Familias que ven cómo su propiedad se convierte, de un año a otro, en una carga imposible de sostener.
Frente a esto, hemos presentado una propuesta de reforma al sistema de catastro multipropósito. Una reforma que parte de una realidad evidente: la metodología actual no está reflejando la capacidad real de producción de los predios ni la situación económica de sus propietarios.
El catastro multipropósito nunca debió convertirse en una máquina de recaudo. Su propósito era claro: ordenar el territorio, mejorar la información y cerrar brechas históricas. Pero el Gobierno decidió usarlo para otra cosa: subir impuestos por la puerta de atrás.
En 2023 lo advertí. Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo di la pelea contra el nefasto Artículo 49, que le entregó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) un cheque en blanco para actualizar los avalúos catastrales en todo el país, sin criterios claros y sin garantizar la participación de los ciudadanos.
No era una discusión menor. Era el corazón del problema. Ese artículo abría la puerta para disparar los avalúos y, con ellos, los impuestos prediales. El Gobierno impuso sus mayorías. Hoy los colombianos están pagando las consecuencias.
Lo que actualmente estamos viendo no es una actualización técnica, es un choque tributario sin precedentes. Con la Resolución 2057 de 2025, el IGAC terminó validando incrementos de avalúo rural que, en algunos casos, llegan a 422.532%, 518.438%, 1.528.855% e incluso el 2.505.119%, una desproporción total. Asimismo, como resultado de esta actualización, 78.967 personas naturales nuevas deberán declarar impuesto de renta y 1.393 impuesto al patrimonio para la vigencia 2026. Estos son datos del propio IGAC.
Sin embargo, el problema no fue actualizar el catastro, el problema consistió en cómo se hizo. Cuando la prioridad deja de ser el ordenamiento del territorio y pasa a ser el recaudo, el catastro pierde su esencia pues se convierte en una herramienta fiscalista.
El avalúo no es lo mismo que el predial, es su base. El Gobierno pretende culpar a los concejos municipales, pero el problema de fondo no lo crearon los municipios. Los concejos son quienes definen la tarifa. Pero la base gravable — es decir, el avalúo catastral— fue alterada por el Artículo 49 del Plan de Desarrollo y por la metodología que aplicó el IGAC. Sin un avalúo desbordado, ninguna tarifa produce este nivel de impacto.
Este efecto es perverso, pues a los propietarios les cambian de un año a otro la carga financiera sobre un activo que no necesariamente genera ingresos. Y en el campo, esto es más grave: la tierra no produce flujos constantes, pero sí empieza a pagar impuestos como si los generara. Se afecta la propiedad, se distorsiona el mercado rural y se desincentiva la producción de alimentos.
Además, los municipios quedan atrapados en una ilusión fiscal: ingresos inflados en el papel que difícilmente se van a recaudar en la realidad. Porque cuando el impuesto se vuelve impagable, deja de ser una fuente sostenible de ingresos.
La propuesta que presentamos consiste en lo siguiente: la valoración de la tierra no puede basarse únicamente en criterios de mercado. Tiene que incorporar la productividad efectiva del predio. Se trata de avanzar hacia un sistema más justo y sostenible. Un sistema que no expulse a los propietarios, sino que incentive la producción. Un catastro productivo: menos castigo tributario al que trabaja y alivios reales para quienes generan empleo, conservan y producen.
Hoy los colombianos están condenados a pagar prediales confiscatorios por el capricho del Gobierno Petro. Por eso demandé estos incrementos desproporcionados y daremos la pelea en la Corte.
Esto no se quedará en los tribunales. En mi Gobierno vamos a frenar el abuso, desmontar el modelo fiscalista y devolverles a los colombianos el derecho a permanecer en su propia tierra. Porque ningún colombiano puede ser expulsado por cuenta de impuestos impagables.
El 7 de agosto comienza ese cambio.
*Bogotá, D. C, 21 de abril 2026
*Senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.
Por: Hubert Ariza* - La campaña presidencial de 2026 podría ser recordada como una de las más aburridas de las últimas décadas. Después de una explosión de precandidatos con cero posibilidades, la renuncia de la mayoría de cuyos nombres nadie se acuerda y varias consultas que pusieron en el tarjetón de primera vuelta a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, la disputa electoral pareciera seguir un rumbo lánguido, sin debates presidenciales, cero propuestas trascendentales y campañas mediáticas que sacudan a los electores. Ha sido una campaña supeditada al enfrentamiento de Álvaro Uribe, el jefe de la extrema derecha, y Gustavo Petro, el presidente de izquierda, que se siente representado en el liderazgo del senador Iván Cepeda Castro.
Lo más extraordinario han sido las eventuales amenazas de muerte a los candidatos de la derecha, Valencia y Abelardo de la Espriella, a quienes les llegaron mensajes intimidatorios que el Gobierno de Petro se ha tomado en serio y han provocado, además, la airada reacción del Gobierno de los Estados Unidos. En un debate en el Congreso de ese país, Michael Kozak, del Departamento de Estado para América Latina, advirtió de las “terribles consecuencias” a quienes se atrevan a tocar a los aspirantes presidenciales.
La denuncia de amenazas más grave la hizo, sin embargo, el propio presidente Petro, a través de un trino en X, donde señaló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, ya tenía la información concreta sobre un plan para asesinar al candidato Cepeda, quien puntea las encuestas para la primera vuelta.
Esta situación de seguridad no sería tan grave si no se tuviera el antecedente del asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, del Centro Democrático, por orden aparente de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las desaparecidas Farc. La mayoría de los responsables materiales ya están en la cárcel, pero los autores intelectuales siguen libres.
Colombia ha sido tierra fértil para los magnicidios. Al final de la década de los 80, vio desaparecer a balazos a cuatro de sus líderes nacionales: Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leon-Gómez y Bernardo Jaramillo. El primero de ellos, eventual presidente a nombre del Partido Liberal, quien se enfrentó a Pablo Escobar y fue acribillado en Soacha, en agosto de 1989, por petición a las mafias de su copartidario, el liberal Alberto Santofimio Botero. Todos ellos fueron eliminados por sicarios con ayuda de sectores descompuestos del Estado.
Lo de ahora es un campanazo que el país escucha, sumido en el recuerdo de esa década perdida en la que Colombia vio morir a muchos de sus mejores líderes, en una cacería humana que incluyó a más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica, UP, a manos de la extrema derecha y el paramilitarismo, incluido Manuel Cepeda, el papá del candidato hoy puntero en las encuestas y víctima también de la violencia.
Estas nubes negras de violencia sobre la democracia evidencian, una vez más, el delgado hilo que separa a Colombia de la barbarie. Y opaca el hecho de que los debates presidenciales permanezcan hoy desaparecidos de la campaña presidencial. Hay que recordar que esos escenarios mediáticos contribuyen a definir el rumbo de la democracia, aclaran el panorama, e inclinan la decisión de amplias franjas de electores. Especialmente, los indecisos.
Así lo entendió Petro en los comicios de 2022 cuando concurrió a los medios a confrontar las tesis de sus contradictores de entonces: Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, quien, en su papel de millonario outsider, a la postre pasó a la segunda vuelta y perdió por cerca de un millón de votos. Los debates fueron entonces decisivos para mostrar a un Petro mucho más brillante en sus respuestas, capaz de romper los mitos que la derecha había construido en su contra, y sintonizarse con los más de once millones de colombianos que lo hicieron presidente.
En 2026 los enfrentamientos de los candidatos más opcionados no se han hecho ante las cámaras de televisión, con reglas pactadas y mediadores escogidos, sino en el Senado de la República, donde Iván Cepeda y Paloma Valencia ejercen como senadores. No han sido debates a profundidad, que permitan vislumbrar su plataforma programática, sino sobre temas de coyuntura. Que, por supuesto, han servido para que los medios registren dos modelos opuestos de ver y entender el país, en temas como la corrupción. Uno de los últimos detonantes de ese enfrentamiento fue la presencia en el recinto del senador del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, Ciro Ramírez, quien fue condenado, en primera instancia a 23 años de cárcel, por la Corte Suprema de Justicia e insiste en asistir al Senado como si fuera un hombre impoluto.
No se trató de una anécdota, sino de un hecho trascendental porque refleja la enorme sensibilidad e hipocresía frente a la corrupción, un tema central del debate político que ha marcado la lucha de la izquierda por el poder. “Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país. Usted es una vergüenza para este Congreso”, le espetó Cepeda a Ramírez, quien fue defendido por Paloma Valencia.
El tema de la corrupción ha querido ser explotado esta vez por la derecha debido a los escándalos de actores descompuestos del Gobierno Petro, en especial por el caso de la UNGRD, que denunció el propio presidente y tiene en la cárcel a varios de sus aliados iniciales.
La pregunta es ¿para cuándo los debates televisivos y radiales de los candidatos más opcionados? El país político extraña la confrontación de ideas. Hay la percepción generalizada de que la campaña avanza en cámara lenta, despojada de pasión, como si los protagonistas reservaran toda su artillería y recursos para la segunda vuelta. Los debates son una enorme oportunidad que se está desperdiciando, vulnerando, además, el derecho de los electores a conocer lo que piensan los candidatos.
De la Espriella ha señalado que solo asistirá a los debates si está Cepeda; Paloma los necesita para posicionarse más allá de la sombra de su “papá” ideológico. Pero Cepeda se ha concentrado en las convocatorias a la plaza pública, dejando a un lado, por ahora, la confrontación con sus contendores. Sus asesores políticos parecieran atrincherados en la idea de que en la plaza pública tendrían más réditos electorales y mayores posibilidades de ganar en primera vuelta. Las encuestas, sin embargo, no muestran hoy esa posibilidad.
Si Cepeda no abre la puerta a los debates ahora, quizá en 45 días el escenario sea otro. En política cada día es diferente. Cepeda no tiene nada que perder y sí mucho por ganar. Va de primero en los estudios de opinión, tiene solidez ideológica, experiencia parlamentaria, sangre fría para soportar los ataques y pasión para defender sus propuestas. Ir al frente de batalla mediático significa abrir las compuertas para que lo conozcan millones de electores que solo han oído hablar de él, pero quizá no lo han escuchado, ni observado en un escenario de ese tipo. Es una oportunidad, además, de amplificar sus ideas, aumentar su electorado y consolidar su narrativa de que tiene la autenticidad necesaria para seducir a quienes hoy se mantienen indecisos. Y ante todo, que no solo es el candidato de Petro, sino que es capaz de mantener su legado.
El país necesita escuchar de los candidatos, más allá del petrismo o el antipetrismo, sus propuestas sobre el nuevo orden mundial, la profundización de las reformas sociales, la consolidación de la democracia, la superación del conflicto armado y la lucha contra la corrupción, entre muchos temas.
Los debates son una urgencia, con reglas de juego claras, sin agravios ni insultos, reducido a los nombres más fuertes, lo que le daría vida a la campaña, le pondría emoción y mostraría al país las capacidades reales de los contendores. Y, por supuesto, también sacaría la campaña de la laguna de los therian, los tigres y las palomas, los hipopótamos y los delfines rosados, poniendo las cosas en su punto para que millones de votantes tomen partido y Colombia elija en paz.
Bogotá, D. C, 20 de abril 2026
*Hubert Ariza.
Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
Un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.
Por: José Félix Lafaurie Rivera* - En un post de X, red convertida en canal oficial del Gobierno, Petro insiste en su cantaleta de que el objetivo de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales es “que los ricos paguen impuestos” y también “ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”.
Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos catastrales, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, que se vencieron en 2023, se debía concretar “la formación y actualización del catastro rural…”. Sin embargo, ningún gobierno, por las razones que sea, ha logrado cumplir esa obligación legal.
Así que, frente a problemas que se evidencian estructurales, malas son las soluciones atropelladas, que no surgen de un análisis objetivo de la realidad, sino de percepciones ideologizadas y calenturientas. Cuando esa es la guía de la política pública, cuando el presidente reduce el problema a que, según él, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada y el caos… Y en esas estamos.
Primero fue el artículo 49 de la Ley del Plan, un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y, quizás por ello, no alarmó a nadie, porque se esperaba que el Gobierno aplicara la gradualidad que él mismo recomienda en el parágrafo tercero, que ordena al Ministerio de Hacienda y al DNP elaborar un Proyecto de Ley para establecer “límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad…”. Sin embargo, ni se revisaron los actuales límites al crecimiento del predial, ni se aplicó gradualidad alguna, que es la gran chambonada, pues un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.
Vino luego la Resolución 1912/24, que estableció la metodología, un galimatías técnico que solo puedo juzgar por sus resultados, que se conocieron en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, publicada de afán en el Diario Oficial antes de que terminara el año, con el listado de porcentajes de incremento para casi 9.000 zonas homogéneas en 527 municipios; incrementos exorbitantes y que, en algunos casos, rayan en el absurdo.
El presidente sostiene que la medida no es para los pobres, pero, según información del IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, de los cuales el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que hablamos de una medida que arrasará con la mediana producción agropecuaria y de la cual no escapará el campesino minifundista, convertido en rico en el papel, como expresó una manifestante en La Calera, Cundinamarca.
Como era de esperarse, no los ricos que Petro persigue, sino esos campesinos y medianos productores salieron a protestar y se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador; acuerdo que bien podría replicarse en otras regiones, pero una vez más la sensatez no fue invitada y el ministro del Interior dejó claro que eso no era posible, un mensaje “chambón” del que se infiere que para tener derecho a negociación y acuerdo hay que protestar primero.
La cosa se enreda aún más, porque, en lo que representa una confesión de la chambonada inicial y una “desmontada por las orejas”, la Dirección General del IGAC les trasladó “el chicarrón” de las soluciones para el apaciguamiento de las protestas a sus directores regionales, algo inaudito, pues lo que debería tener una solución centralizada, comenzando por la suspensión de la Resolución 2057, ahora dependerá de más protestas y tantas negociaciones como directores regionales tenga el IGAC.
Así pues, seguimos de chambonada en chambonada. Ya basta… ¡No más!
Bogotá, D. C, 20 de abril 2026
*Presidente Federación Nacional de Ganaderos. FEDEGAN.
@jflafaurie
Luego de 500 años de historia, hoy más que nunca y para la salvación integral de este pueblo, Santa Marta necesita ineludiblemente ser gerenciada, no hay otro camino.
Por: Nelson Vives Calle*. - Pocas veces acudo a la conceptualización absolutista para definir los asuntos que vinculan a la gente y a quienes ejercitan el servicio público y un poco la gobernanza; sin embargo, y pese a que esta columna inicia con determinación revisando cómo va Santa Marta, que es lo que muestra la vida diaria presente, y poco más ambicioso, cómo esa gobernanza cimenta desde ahora su futuro cercano; avisa mi análisis y su responsable examinación del Plan de Desarrollo, que los cambios necesarios y las consabidas necesidades primarias; como tampoco el controlado salto hacia el modernismo y a la planeación, están ausentes y lo que es peor, casi catastrófico: está muriendo la esperanza.
El soporte del diagnóstico y sus fuentes naturales están al alcance de todos: en Santa Marta no se conoce un dato concreto que permita señalar la creación de industrialización o del mercado empresarial a gran escala o asociado al turismo en el último tiempo. Y es que cerca del 61% de la población apta para laborar no lo logra desde el formalismo. Esta población migra hacia la informalidad que individualiza la economía diaria y que en la mayoría de casos es violatoria de los principios y ambientes ciudadanos comunes.
Solo por citar la ocupación del espacio público que es descontrolado e invasivo en muchos sectores de la ciudad, se observa desorden y tristemente hay espacios limitados donde la gente puede caminar. Luego abordaré otros temas relacionados con la ciudad más antigua de Colombia, que celebró sus 500 años de fundación en 2025 y es conocida como la “Perla de América”.
La falta de un modelo concreto para afianzar la gobernanza y decidir el camino específico de la relación con el gobierno nacional para la búsqueda definitiva y estructural a la solución a la falta de agua potable y a todo el saneamiento básico, nos hunden en aguas negras, en una dolorosa, olorosa y cotidiana crisis ambiental que es per se una emergencia que nos hace estáticos nos arruina y donde la ciudadanía pide con urgencia una solución definitiva a tan grave problemática.
Una sustancial anotación: pese a que somos una ciudad de vocación turística, enfrentamos una problemática ambiental que parte de un grado de contaminación de playas que pudiera sustentarse en protocolos equivocados en atención al vertimiento de las aguas residuales. Es una realidad que nos descontrola y que nos distancia de los avances que pudieran darse si fuésemos una industria de turismo asociada a comercio controlado.
Lo que pudiera entenderse como un componente básico ha resultado ser todo un desafío: luego de 500 años de historia, hoy más que nunca y para la salvación integral de este pueblo, Santa Marta necesita ineludiblemente ser gerenciada, no hay otro camino.
Resulta inocente aún, definir lo que significa en los tiempos modernos, gerenciar; aquí lo elemental y seguramente para muchos, un proceso sencillo termina siendo el único camino y el reto, corresponde apartarse de la politización y de todas las variables existentes de esta; las que generaron divorcio entre quienes debían estar armonizados según los preceptos de la gobernanza.
Promete esta columna avanzar en el diagnóstico de nuestros problemas comunes, gerenciar para entender que la potencialización de los recursos naturales, la armonización de la Santa Marta rural y su expresión turística en sintonía con el mundo urbano, la historia y su cultura, serían entonces los elementos fundamentales que nos salvarían de la descomposición social y la ausencia de una variedad técnica de políticas públicas que acompañen a quienes contra viento y marea se la jugaron desde los capitales privados y le siguen apostando a la ciudad con mucho esfuerzo para desarrollarnos. Definitivamente: poner orden, dar ejemplo y gerenciar, es el camino y el reto.
Bogotá, D. C, 15 de abril 2026.
Nuestro propósito es acompañar a Colombia en su avance hacia un futuro más eficiente y conectado, reafirmando nuestro rol como aliados permanentes del crecimiento sostenible del país.
Por: Carlos Saad Llinás*. En Findeter creemos que el desarrollo regional solo es posible cuando la sostenibilidad se convierte en acciones reales. Por eso impulsamos proyectos que mejoran la calidad de vida y reducen los impactos ambientales en los territorios. Hoy vemos con orgullo cómo ese compromiso avanza con paso firme.
Con este propósito nació la línea de crédito “Compromiso eficiencia energética y conectividad virtual”, diseñada para financiar proyectos que impulsan la eficiencia, generación, distribución y almacenamiento de energía, así como iniciativas que contribuyen a mitigar los gases de efecto invernadero. Se trata de una línea mixta —de redescuento y directa— que, gracias a la tasa compensada del Gobierno nacional, ha permitido que más sectores encuentren condiciones favorables para invertir en transformación energética.
Lanzada a comienzos de 2024, la línea tuvo una acogida tan notable que a finales de 2025 recibió una adición de recursos por $1 billón, una muestra contundente de confianza en su efectividad. Y los resultados hablan por sí solos: entre el 1° de enero y el 16 de marzo de 2026 se desembolsaron $920.562 millones, es decir, el 92% del total disponible. Un desempeño excepcional alcanzado en apenas dos meses y medio, que da cuenta de la gestión institucional, pero también de las grandes necesidades en el territorio.
Estos recursos se han distribuido en 161 operaciones de crédito, beneficiando a 128 entidades y llegando a 414 municipios en 27 departamentos, incluida Bogotá. Detrás de cada número hay una historia única: un territorio que optimiza su alumbrado público, una empresa que eleva su eficiencia energética y una comunidad que apuesta por la instalación de paneles solares y sistemas fotovoltaicos para construir un futuro más próspero y sostenible.
Los resultados evidencian el compromiso de Findeter con un desarrollo sostenible y regional. Cada desembolso fortalece a las comunidades y mejora su capacidad para enfrentar los retos climáticos y económicos con mayor resiliencia. Continuaremos trabajando para llevar bienestar y soluciones donde más se necesitan. Nuestro propósito es acompañar a Colombia en su avance hacia un futuro más eficiente y conectado, reafirmando nuestro rol como aliados permanentes del crecimiento sostenible del país.
Bogotá, D. C, 13 de abril 2026.
*Presidente Findeter
En materia de mejorar la movilidad los fracasos son constantes, no se ha encontrado la fórmula, nos llenamos de técnicos que pueden conocer mucho del tema, pero les falta calle que es donde el ciudadano vive el problema.
Por Manolito Salazar*. - Los bogotanos siempre soñamos con tener una mejor movilidad, y cada alcalde trae su fórmula.
Mockus y su cultura ciudadana, Peñalosa, el pico y placa, el día sin carro, ciclovías y ciclorutas, medidas que sostuvieron sus sucesores. Personas encargadas de controlar los problemas de vías arterias, (Gerencia en Vía) la han tenido varias administraciones son más burocracia que ejecución y buenos resultados, cada día es más lenta la ciudad, agravada en esta administración por el deseo de empezar, continuar y terminar obras, y un divorcio entre el conductor y la autoridad.
En 2004, la capital tenía por lo menos 4 mil motos en circulación, y hoy son más de 520 mil motociclistas que se han convertido además en un riesgo en la seguridad vial, en los primeros 3 meses las muertes en accidentes de tránsito se han disparado, 18 más que en 2025, con 162 muertes, el 44 por ciento de esos decesos son de motociclistas, el 38 por ciento peatones y el 14 por ciento ciclistas, no parece que las cámaras salvavidas estén cumpliendo ese objetivo y si se ha convertido en un recaudo de recursos por violar los excesos de velocidad, que es hoy por hoy una de las consecuencias de accidentes con fatalidades en un 71 por ciento.
En la capital hay más de 2 millones de vehículos en las vías, y aunque existe el pico y placa para particulares y taxis, las administraciones encontraron otro negocio que permite recaudar más de 500 mil millones de pesos anuales con el llamado pico y placa solidario que permite a los conductores pagar para transitar sin restricción el día que le toca dejar el carro en su casa, y los trancones siguen al orden del día, y no me pregunten porque pero el día martes la velocidad puede ser de 7 a 10 kms por hora en las mañanas cuando salen los ciudadanos al trabajo y en la tarde cuando retornan a su hogar en las mal llamadas autopistas de Norte y Sur.
El transporte público a pesar de las bondades de Transmilenio y el uso exclusivo de las troncales se ha convertido en otro dolor de cabeza para los bogotanos, las constantes manifestaciones en las calles que paralizan el sistema especialmente en el Dorado afectando a los pasajeros, este año según cifras de la Secretaría de Gobierno, van 322 protestas, su gran mayoría pacíficas, pero con afectaciones al transporte.
Actualmente la vigilancia y control del tráfico en las calles está en manos de 700 policías y 577 agentes civiles de tránsito, al parecer sin decirlo, la administración vuelve lentamente al sistema del control en las calles de civiles que salieron hace más de 30 años cuando Antanas Mockus decidió acabar con los entonces conocidos “Chupas” y darle el manejo del tránsito a la policía, es una solución o es simplemente un maquillaje al inmanejable caos de las vías de nuestra ciudad.
No hay respeto a la autoridad y ese es uno de los más graves problemas que tiene Bogotá, las calles se han convertido en una selva donde el que se cree más guapo incumple normas de tránsito en contra de aquellos que si las acatan, la gran mayoría, pero esa minoría afecta e incluso irrespeta a los uniformados, por ejemplo, los llamados pecaminosos grupo de motociclistas que agreden a la autoridad muchas veces sin razón y se oponen a sanciones y multas impuestas por la autoridad.
Casi siempre una administración pone su sello en temas como la seguridad, la lucha contra el hambre, la cultura ciudadana, el desarrollo urbano, el transporte, la sostenibilidad ambiental, entre otros, pero en materia de mejorar la movilidad los fracasos son constantes, no se ha encontrado la fórmula, nos llenamos de técnicos que pueden conocer mucho del tema, pero les falta calle que es donde el ciudadano vive el problema, será que esta administración contribuye a una solución, o seguirá en la confusión, amparado en la disculpa de que estamos terminando obras que mejorarán la movilidad, o será que después de 2 años de administración no han encontrado la forma para ejecutar lo que prometieron en campaña.
Bogotá, D. C, 12 de abril de 2026
*Periodista reconocido en el medio por sus chivas y noticias de análisis y contexto del diario acontecer de la capital de Colombia. Fue reportero en Caracol Radio.
Una sequía prolongada nos apaga. Así de sencillo.
Por: Amylkar D. Acosta M.*. - Una vez más se asoma amenazante el fenómeno de El Niño, con su consabida temporada de sequía. Este es uno de los dos fenómenos extremos que caracteriza la variabilidad climática, el otro es el de La Niña, la cual se asocia con altas precipitaciones y una ola invernal. Dichos fenómenos extremos no guardan ninguna periodicidad, sus ciclos son imprevisibles, pero sí son recurrentes, cada vez son más frecuentes que enantes, al tiempo que su intensidad y duración son cada vez mayores.
En primer lugar, como pocas veces, en esta ocasión la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de EEUU y el Centro europeo de previsión meteorológicas a plazo medio (ECMWF) de la UE coinciden en su pronóstico de una probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño de un 80% en el segundo semestre de este año. Ello, de acuerdo con sus modelos climáticos, los cuales les permite hacer estas predicciones con cierta antelación a su consolidación.
Preocupa sobre manera lo que advierte el profesor de Ciencias atmosféricas de la universidad estatal de Nueva York en Albany, citado por The Washington Post, que en esta oportunidad se trataría de un Super Niño, “el evento de El Niño más fuerte en 140 años”. Lo más grave para Colombia es que, de cumplirse este pronóstico, el país no está preparado para enfrentarlo, particularmente el sector energético atraviesa por su peor crisis.
Por fortuna en esta oportunidad el actual ministro Edwin Palma, a diferencia del negacionismo de su antecesor Andrés Camacho, quien estuvo a punto de llevar al país a un apagón por su imprevisión en el pasado Niño en abril de 2024, ha asumido una actitud proactiva. Ha dicho con toda claridad que “toca anticipar y prepararnos…tenemos la responsabilidad de garantizar la energía y el gas para los hogares colombianos y la industria. Eso está muy bien!
Veamos: actualmente el Sistema interconectado nacional (SIN) tiene un déficit del 2% en 2026 y se proyecta 3.5% para 2027 de oferta de energía en firme (OEF), debido al atraso en la ejecución y entrada de proyectos claves tanto de generación (se necesitan hasta 2.500 MW adicionales) como de transmisión, para evitar el entrampamiento de la generación.
Además, la demanda de energía viene creciendo a un ritmo de 2.62%, de tal suerte que el SIN no cuenta con margen de maniobra. Con un agravante, con fenómeno de El Niño, en condiciones de hidrología crítica y ante el bajo nivel de los embalses, toca apelar al parque térmico de generación que le sirve de respaldo a las hídricas y para poder operar se requeriría importar más gas al país en momentos en los que la capacidad de importación (a falta de una mayor capacidad regasificadora) es limitada. Su provisión, así como los precios del gas licuado, a nivel internacional se está complicando por el conflicto en el Medio Oriente.
Al déficit de Oferta de energía firme (OEF) y a las dificultades que se afronta para el abastecimiento de combustibles a las térmicas se viene a sumar la crisis financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, por el impago por parte del Gobierno Nacional de la deuda por los subsidios al consumo de energía que ya supera los $3.6 billones, que amenaza con extenderse a las empresas comercializadoras, a las que la intervenida Air e les debe más de $2 billones.
Tanto más dada la baja resiliencia del SIN, habida cuenta que la generación hídrica, que es la que se verá más impactada por El Niño, participa en más del 60% de la capacidad instalada y de contera de los 23 embalses con los que cuenta el país, que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos, el del Peñol en Antioquia, que sirve a la hidroeléctrica de Guatapé, tiene una capacidad de regulación mayor a un año, las demás no superan los 4 meses. De manera que una sequía prolongada nos apaga. Así de sencillo.
Tal situación no era inevitable, no se ha llegado a ella por generación espontánea, obedece a la imprevisión, a la improvisación y al chamboneo en este y en anteriores gobiernos, que han impedido que la expansión de la capacidad instalada de generación y de transmisión de energía se dé al mismo ritmo de crecimiento de la demanda. Sobre todo en tratándose del estancamiento de los proyectos de energía eólica atascados en La Guajira, que compromete 2.400 MW, los cuales vendrían a robustecer y a diversificar aún más nuestra matriz eléctrica, garantizando una mayor firmeza y confiabilidad del sistema y de contera la tornaría más resiliente frente al fenómeno de El Niño, toda vez que tanto la energía eólica como la solar tienen la propiedad de ser contra cíclicas. Ello, dado que cuanto más intensa es la sequía son más fuertes los vientos, se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.
Es urgente superar estos impasses, tanto más en cuanto que, como se prevé, la demanda por energía, va a seguir creciendo exponencialmente por cuenta de la inteligencia artificial y sus centros de datos, que demandan tanta energía, que ya proliferan por todo el mundo y si Colombia no se pone a tono con esta nueva realidad que ya está tocando a sus puertas se quedaría por fuera de su circuito. Estamos en presencia de lo que los expertos denominan la “tiranía del 24/7”, debido a que los algoritmos de la inteligencia artificial no descansan, no tienen horario ni calendario, requiriendo el suministro de energía eléctrica de manera continua, sin interrupciones, firme y lo que es más importante masiva, ya que, según Goldman Sach el consumo de energía hacia el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina crecerá el 175% (¡!).
Cota, abril 10 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía.
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La ONU…tiene un deber moral de alumbrar con sus resoluciones los episodios reprochables de las relaciones entre las naciones.
Por: Juan Camilo Restrepo*. - La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que la trata de gente negra que ensombreció al mundo con el comportamiento de las potencias colonialistas europeas del siglo XVI al XIX, y que significó el traslado forzado de cerca de 15 millones de seres humanos de su lugar de origen en el África a lo que entonces se llamaron las “indias occidentales de América” y a los territorios que hoy componen los Estados Unidos, constituyó el “crimen más grave contra la humanidad” que se ha cometido.
Algunos se preguntarán: ¿Para qué una resolución de la ONU a estas alturas cuando la trata de esclavos tuvo lugar hace ya varios siglos, y cuando oficialmente fue suprimida desde mediados del siglo XIX, siendo Cuba y Brasil Los últimos países en proscribir este trato inhumano para con las gentes de raza negra?
En primer lugar, porque la ONU tiene el deber no solo de manifestarse y actuar con relación a los conflictos entre países que ocurran inmediatamente, como es el caso de la guerra que se desarrolla en Irán, sino también porque tiene un deber moral de alumbrar con sus resoluciones los episodios reprochables de las relaciones entre las naciones. Y la trata negrera fue quizás el episodio más sórdido del mundo contemporáneo.
Y también para alertar que aún hoy, y de manera más encubierta que entonces, sigue habiendo en el mundo contemporáneo formas de esclavitud que deben ser denunciadas y desterradas también como se resolvió hacer con la trata negrera desde mediados del siglo XIX.
La resolución de la ONU habla también que aún quedan rezagos del colonialismo que todavía están esperando una compensación de los países esclavistas a los pueblos que sufrieron los efectos nocivos de la lacra esclavista.
El caso más estudiado es el de Haití. Cuando Francia finalmente declaró la prohibición de la esclavitud les impuso a los haitianos una compensación monetaria de tal magnitud, en favor de los amos franceses de las plantaciones azucareras y tabacaleras de Haití, que este país no ha logrado superar el peso de estas indemnizaciones. Y permanece sumido en la pobreza y en el subdesarrollo.
El asunto ha sido estudiado en profundidad por académicos destacados como Piketty, quienes han concluido que las raíces del terrible atraso de Haití hunden sus raíces en las descomunales indemnizaciones que Francia le impuso a la economía haitiana en provecho de los propietarios franceses de plantaciones que tuvieron que liberar a los esclavos a mediados del siglo XIX.
El proceso de liberación de esclavos en Colombia comienza, primero en el Estado de Antioquia inmediatamente después de la guerra de independencia, continúa en la constituyente de Cúcuta de 1823, y concluye en el gobierno de José Hilario López. Fuimos pioneros en esta reivindicación de humanidad. Y las constituciones colombianas desde mediados del siglo XIX para acá, hasta llegar al artículo 53 de la carta del 91, han refrendado la prohibición de cualquier forma de esclavitud en el suelo colombiano.
Lo que es triste constatar es que la resolución de las Naciones Unidas a la que nos estamos refiriendo fue votada por una abrumadora mayoría con solo tres votos negativos: Estados Unidos, Israel y Argentina.
¿Le dice algo a usted el nombre de estos tres países que votaron negativamente?
Bogotá, D. C, 12 de abril de 2026
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.
Por: José Félix Lafaurie Rivera - No se cansa Petro de las verdades a medias para descalificar e incitar a la lucha de clases, incitación que gana votos, votos que necesita para instalar al sucesor que tape los escándalos de su gobierno y dé continuidad a su agenda progresista.
En su última “alocución” la emprendió contra la exportación de carne y animales, no porque él mismo crea en sus argumentos, sino para atacar a un objetivo de su oratoria exaltada: los ganaderos, para él terratenientes improductivos que, además, no pagan impuestos. Qué ironía, con los exorbitantes avalúos catastrales con los que se despide.
Que “las exportaciones de carne no pueden seguir porque no tenemos excedentes”. Falso. Las exportaciones no afectan el abastecimiento. El consumo de todas las carnes se incrementó notoriamente por el desbordado gasto público, en especial en nómina oficial. Pero mientras el cerdo y el pollo complementan su oferta con importaciones superiores a 207 mil toneladas en 2025, las de carne de res son despreciables y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales no afectan la oferta local, pues contamos con un hato de 30 millones de animales, número 13 del mundo y cuarto de Latinoamérica.
Que “exportar a China hace subir los precios de la carne en el mercado local”. Falso. El aumento del precio en un 9.6% en 2025 es más una “recuperación”, pues en 2024 solo aumentó 0,68%. Es decir, no cubre la inflación de los dos periodos. Segundo: ese bajo incremento en 2024 se presentó con un volumen de exportaciones superior al de 2025, lo que demuestra que las exportaciones nada tuvieron que ver con el aumento del precio. Tercero: ese aumento de precio obedece a la recuperación de la demanda, reflejada en un incremento del sacrificio formal de 6,3%. Ante el crecimiento de la demanda el mercado reacciona y los precios suben: Economía básica.
Que con las exportaciones y, sobre todo, con las de hembras “estamos acabando nuestro hato ganadero”. Falso. Las exportaciones de carne equivalen solo al 4 % de la producción y las de animales al 4% del hato, y en 2025 solo se exportaron 6.217 hacia Venezuela cuando se creó la zona binacional de frontera, para ayudar a la recuperación de un hato que pasó de 18 a 7 millones de cabezas, gracias a la expropiación masiva de tierras ganaderas y al desastre económico del Socialismo del siglo XXI.
Que aun a costa de la balanza comercial, “es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos, y eso no se puede si se sigue permitiendo la exportación”. Como se nota que Petro no habla de política económica, sino que hace política electoral. Sin ánimo de insultar, solo traigo a cuento la famosa frase de campaña de Clinton en 1992 ¡Es la economía, estúpido!
Pero, además, la preocupación por el hato ganadero es inconsistente con su ataque reiterado a la ganadería, como es inconsistente el ataque a las exportaciones ganaderas con el discurso de que son las agropecuarias están llamadas a reemplazar la renta petrolera. Me quedo con la sensata respuesta de la ministra a los medios: "No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento".
Finalmente, si de ayudar a los más desfavorecidos se trata, en lugar de perseguir las exportaciones, más haría el presidente apoyando la salvaguarda a las importaciones de leche desde Estados Unidos, en la que hemos insistido para salvar de la ruina a más de 300.000 ganaderos dedicados a la producción lechera, la mayoría campesinos minifundistas.
A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.
Bogotá, D. C, 12 de abril 2026
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
