Opinión

Que nunca más el odio nos robe la palabra ni nos devuelva al miedo. Colombia merece algo mejor!!

Por José Manuel Restrepo Abondano*. - Colombia no puede volver a ser el país del miedo, ese que muchos vivimos y recordamos con horror entre las noticias de asesinatos de líderes y los sonidos de las bombas del terrorismo y el narcotráfico. Hoy, desde el gobierno, se alzan voces que en lugar de unir, dividen. Voces que no representan el ideal constitucional de ser “símbolos de la unidad nacional”. Nuestros gobernantes actuales no solo han recurrido a símbolos como la espada de Bolívar o el grito de “libertad o muerte”, sino que se han atrevido peligrosamente a señalar de “esclavistas”, “nazis” o “asesinos” a empresarios, dirigentes políticos y gremiales, opositores o magistrados. ¿Ese es el ejemplo de democracia que queremos? ¿Esa es la pedagogía constructiva desde el atril público?

Más grave aún: cuando los ánimos se desbordan o ya no encuentran justificación, quienes incitaron el odio se presentan como víctimas. Como si no tuvieran responsabilidad en el ambiente que contribuyeron a encender. Es un contrasentido denunciar amenazas mientras se envenena a diario el debate público. No se puede incendiar la pradera y luego llorar porque alguien se quema.

No podemos repetir esa historia. Y menos permitir que, desde el poder, se normalice la polarización y el desprecio al otro. Los viles ataques a la dignidad de personas que simplemente expresan contradicción política o ideológica. Gobernar no es insultar. No es dividir. No es usar la institucionalidad al antojo. Por ejemplo, el intento de convocar una consulta popular vía decreto, ignorando al Congreso y la misma Constitución Política, es una advertencia peligrosa: cuando se desconoce la independencia de poderes, se empieza a debilitar la democracia desde dentro y ella ha sido uno de los activos más poderosos de Colombia en América Latina.

A los llamados “influencers” de redes sociales les digo lo mismo: ustedes también ejercen una forma de liderazgo. El odio en X puede traducirse en violencia en la calle. Basta ya de alimentar la división y el irrespeto desde un teclado. No es libertad de expresión sembrar miedo o justificar la agresión.

Colombia necesita otro tipo de liderazgos. No gritones, no vengativos. Líderes empáticos, reposados, que entiendan que el poder es para servir, no para aplastar. Que inspiren, no que confronten. Que construyan, no que destruyan.

La historia ya nos enseñó lo que cuesta odiarnos. Y hoy estamos al borde de repetirlo. La violencia no empieza con una bala. Empieza con un insulto, con una estigmatización, con un “ellos contra nosotros” con “resentimiento social”.

Que el crimen contra Miguel Uribe sea un punto de inflexión. Que nunca más el odio nos robe la palabra ni nos devuelva al miedo. Colombia merece algo mejor!!

Bogotá, D. C, 13 de junio de 2025

Rector Universidad EIA

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No más violencias, ni en los hechos ni en las palabras, debe ser la consigna de todos los colombianos.

Por Jorge Robledo*. - Empiezo por reiterar mi opinión sobre el ataque a Miguel Uribe. “Sea lo primero expresar mi más enfático rechazo al bárbaro atentado contra el senador Miguel Uribe. Absolutamente nada puede justificar ese horror.

“Y agregar que este atentado nos recuerda que Colombia lleva 60 años padeciendo por violencias políticas de distinto tipo que, como ha dicho el padre Francisco de Roux, no han arreglado nada y lo han empeorado todo, violencias que todos los colombianos debemos esforzarnos en superar.

“Ante el atentado a Miguel Uribe, lo primero debe ser no usar ninguna expresión que justifique esa violencia, sino rechazarla de plano, en este y en cualquier otro caso anterior o posterior.

“No más violencias, ni en los hechos ni en las palabras, debe ser la consigna de todos los colombianos.

“La posición debe incluir el repudio a cualquier discurso que de cualquier manera pueda justificar o estimular la violencia, empezando porque no cometan ese error los funcionarios y quienes actuamos en política.

“Quienes gobiernan deben ser los primeros en dar ejemplo y, al mismo tiempo, deben tomar medidas prácticas para desarmar a los violentos y ofrecerles las mayores garantías a quienes tengan más riesgos de ser agredidos”.

Pero, en medio de su conocido bla, bla, bla, Petro mantiene la actitud que lo ha caracterizado en su presidencia.

De otra parte, Petro y sus ministros incurrieron en el delito de prevaricato para intentar imponer una Consulta que ya fue rechazada por el Senado, decisión que no ha sido declarada ilegal por ninguna autoridad del poder judicial. Con desvergüenza pretenden arrogarse el derecho a convertirse en una especie de organización promotora de esta ilegalidad. Tan mal han procedido, con la muy errada orientación del famoso Eduardo Montealegre, que La Procuraduría ya los llamó a descargos y así también debe proceder la Fiscalía.

Ojalá el Congreso apruebe la reforma laboral en trámite, con los aciertos y sin los desaciertos.

Además, hay verdades que Petro oculta. Si la Consulta ilegal del gobierno se realizara, seguramente fracasaría al no obtener 13,5 millones de votantes, una cifra dificilísima de alcanzar. Y si se aprobara, esos textos, después, tendrían que convertirse en leyes que podrían desvirtuarlos a profundidad.

En Cali, Petro volvió a engañar hablando, otra vez, de una Asamblea Nacional Constituyente que tendría que ocurrir después de él salir de la presidencia. Anuncio que repite el recordado cañazo de marzo de 2024, porque todo cambio de la Constitución requiere de la aprobación del Congreso y se sabe que Petro no tuvo ni tendrá allí las mayorías suficientes con ese fin.

Petro será recordado como el Presidente cañero, capaz de engatusar con un juego de cartas de menor valor.

Bogotá, 14 de junio de 2025

*Arquitecto, catedrático, político y exsenador.

La bala la dirigieron contra Miguel, pero nos pega a todos, debe pegarnos. Es un atentado contra la democracia, contra Colombia.

Por Palma Valencia Laserna*. - He tratado de hacer una pausa, guardar silencio. Tres amaneceres donde tengo la impresión de que los colores de nuestro país desaparecieron. Una punzada en el pecho. Un vacío. Un vacío inmenso, como si el abismo que como nación hemos venido esquivando, de pronto, dejara de estar a nuestro lado, para situarse al frente.

Estuve en Fontibón a las afueras de la clínica. Reinaba el silencio. Era la perplejidad con la que se contempla el abismo. Luego, esa misma noche, estuve en la Fundación Santa Fe y el silencio se convirtió en rabia. Mucha rabia. El abismo jalándonos con toda su fuerza.

Abracé a María Claudia, me habló de Alejandro –tan cerca de su quinto cumpleaños–. El parangón con Miguel es inevitable, a esa misma edad sufrió la pérdida de su mamá. Pensé en Amapola, a quien dejé llorando. Me dijo tocándose el pecho que sentía algo ahí. Era la bala, que también le pegó.

Éramos una generación que había visto las heridas sobre sus padres, tíos; uno que otro de nuestros hermanos –cuando éramos niños– fue secuestrado o asesinado. Pero confiábamos en que existía una posibilidad de dejar todo atrás. Nuestros hijos no tenían heridas.

Salíamos de un país en el cual para partes de la izquierda había violencias altruistas cuando buscaban justicia social, y para partes de la derecha había violencias que se justificaban en el derecho a defenderse. Estábamos, creía yo, transitando a una sociedad que rechazara toda al unísono la violencia. Donde, de un lado, pudiéramos estar todos los demócratas, y del otro, los violentos. Esa división debería ser definitiva, total. De manera que la derrota de la violencia sería no solo necesaria, sino una real.

La paz solo se construye cuando estamos claros en que de un lado estamos los demócratas de todas las fuerzas políticas, y del otro, los violentos. Los violentos sin filiaciones, sin justificación alguna.

Y entonces esta bala, esta herida. Las alas rotas. Todo lo que pudo ser y ya no será. Miguel, que aún no tiene cuarenta años; sus anhelos, su fuerza, sus ideas, sus sueños yacen en una cama, al borde de la muerte, y con ellos también las ilusiones de Colombia.

El presidente Petro desde el inicio de su gobierno ha venido acentuado esa división entre violentos y demócratas. Lo hace para muchos de nosotros, cada vez que reivindica al M-19, porque no lo hace reivindicando el cese de la violencia, sino la lucha; no el acuerdo, sino la conquista del poder. El Presidente quiere borrar la línea cuando les ofrece a los criminales subsidios por no matar, cuando les ofrece beneficios más allá del sometimiento negociado reconociéndoles un estatus que no tienen, que nunca debieron tener. No existe derecho a la rebeldía violenta contra la democracia. El fin no justifica los medios.

Petro desdibuja la línea cuando dice que los enemigos de Colombia no son los violentos, sino los adversarios políticos. Lo hace en sus discursos en los que anuncia que nos borrarán. Cuando sostiene que todos los expresidentes son esclavistas y oligarcas contra los que él lucha y el pueblo debe luchar para acabar con los gobiernos asesinos: Miguel es nieto de un presidente de esos, es un político de oposición decretado enemigo del pueblo. ¿Puede verlo?

Esa línea entre los violentos y los demócratas es la única manera de no caernos al abismo. No podemos dejarnos llevar por el odio, por la venganza. Exijamos justicia.

El petrismo mantuvo una fiesta para atenuar la tristeza nacional, que debería sentirse. Pasar por encima de lo que sucedió con Miguel no es resiliencia, es normalizar la violencia. Vivamos de frente este dolor, dejemos que el mundo se caiga, porque merece caerse por la vida de Miguel. El presidente Petro tiene que definir de qué lado de la línea está.

Ha pasado algo terrible. Miguel no se está muriendo, lo están matando. La muerte no es evitable, pero la violencia sí. Esa es nuestra misión. Oremos a Dios por un milagro para Miguel.

A mi familia uribista: en el dolor jamás el odio, ni la venganza ni la destrucción. Lo nuestro es la lucha democrática, la acción política valiente y decidida por un mejor país, arriba la bandera ondeante y en nuestro corazón, amor por Colombia. Unidos y firmes.

Bogotá, D. C, 13 de junio 2025

*Senadora del Centro Democrático.

El titular de la soberanía es el pueblo, pues Colombia ha adoptado un sistema democrático y ha establecido un Estado Social de Derecho. No retrocedamos.

Por José G. Hernández*. -Se ha venido informando en redes que asesores de alguna campaña presidencial proponen acabar con derechos básicos como el salario mínimo, el pago de las horas extras y la seguridad social. Parece una inocentada, pero no estamos en diciembre sino en junio.

Ojalá no sea cierto. Y, si lo fuera, la sensatez de los respectivos dirigentes políticos debería conducir a rechazar esas recomendaciones desde ahora. Semejantes propuestas encajarían en la disparatada política de Milei para Argentina, pero son incompatibles con los postulados de la Constitución colombiana de 1991.

Subrayamos que una reforma constitucional aprobada mediante acto legislativo, asamblea constituyente o referendo carecería de validez porque sustituiría elementos esenciales del Estado Social de Derecho y de nuestro sistema político fundamental. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “el poder constituido no puede arrogarse funciones propias del poder constituyente, y por ello no puede llevar a cabo una sustitución de la Constitución, no sólo por cuanto se estaría erigiendo en poder constituyente originario sino además porque estaría minando las bases de su propia competencia”. (Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003).

El trabajo -en condiciones dignas y justas- es uno de los valores primordiales de la Carta Política colombiana. Según su texto, debe lograrse -como todos los principios fundamentales- “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.

El artículo 53 de la Constitución ordenó al Congreso -que no lo ha cumplido- expedir el estatuto del trabajo. Dice que la ley correspondiente tendrá en cuenta, por lo menos, varios principios mínimos fundamentales, entre los cuales encontramos una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; la garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Añade ese precepto: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

Las aludidas propuestas no son otra cosa que un inadmisible retroceso, ante conquistas tan importantes como las que consagra el artículo 48 de la Constitución: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.  Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

Los dirigentes políticos deben reflexionar, antes de formular sus propuestas y promesas. Deben recordar que el titular de la soberanía es el pueblo, pues Colombia ha adoptado un sistema democrático y ha establecido un Estado Social de Derecho. No retrocedamos.

Bogotá, D. C, 4 de junio de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Primer coletazo de la pérdida de autonomía en el suministro doméstico de nuestro gas natural.

Por Juan Camilo Restrepo* - Los datos que acaban de publicarse sobre las reservas de gas natural en Colombia son alarmantes. Como bien lo dijo la presidenta de Naturgas, estas cifras deben leerse con sentido de urgencia.

Durante los últimos 10 años, salvo uno, todos los años han venido decayendo las reservas de gas natural que a la fecha apenas cubren 5.9 años de consumo.

Todo apunta entonces a que el déficit creciente tendremos que atenderlo con más importaciones. Las cuales, como es sabido, tienen un costo mucho mayor que el gas producido domésticamente.

Los nefastos resultados de la política del gobierno de Gustavo Petro, menospreciando esfuerzos para desarrollar yacimientos tanto en tierra firme como aguas afuera en el Mar Caribe, están empezando a mostrar sus nefastas consecuencias que habremos de pagar muy caro los colombianos en los años venideros.

La indolencia para modernizar la legislación sobre consultas previas está teniendo también su cuota de responsabilidad en el atraso de la autosuficiencia nacional. Se estima, por ejemplo, que la explotación del pozo Sirius (el más promisorio de la provincia gasífera del Caribe) requerirá de 116 consultas previas antes de que una sola molécula del gas de este yacimiento pueda llegar a tierra firme.

Se ha hablado de que con importaciones de Venezuela podríamos paliar los negros nubarrones que plantea el horizonte del gas natural en Colombia. Esto es ilusorio y, además, nos sometería a una malsana dependencia de Venezuela para atender las necesidades futuras de gas en Colombia.

Los últimos datos sobre el decrecimiento de las reservas de gas natural en Colombia que están en sus niveles más bajos históricos, y las lecciones que Alemania ha sacado de su alta dependencia del gas ruso deben hacernos reflexionar. Cuando se pierde soberanía nacional sobre algo tan importante como el gas natural y se recurre a crecientes importaciones de países extranjeros, el país que así actúa no solo termina pagando el gas mucho más caro - como ya nos está sucediendo en Colombia- sino que la pérdida de autonomía energética termina afectando toda la política toda del país, como le está sucediendo a Colombia.

Lo que está sucediendo en Alemania es muy aleccionador. Creyeron que no planteaba ningún problema aumentar la dependencia del gas ruso, cosa que se hizo en los años 70 y 80 del siglo pasado con el tendido de una gran red de gasoductos que traían el hidrocarburo desde los pozos siberianos hasta los centros de consumo alemán. Esto no resultó bien, y hoy en día hay coincidencia de que aquella política fue una profunda equivocación de quienes planificaron la energía alemana del siglo XXI. Hasta el punto de que a esta alta dependencia del gas ruso se le atribuye actualmente la gran vulnerabilidad económica que exhibe el principal motor del crecimiento económico en la Unión Europea como es Alemania.

Lo que fue inicialmente un voto de confianza ingenuo para con Rusia, se ha convertido en el talón de Aquiles de la política exterior de Alemania. Hasta el punto de que los lineamientos de su política de defensa se han tenido que modificar radicalmente con el nuevo canciller.

Una de las novedades quizás más importantes de lo que se ha escuchado en el escenario internacional reciente es el discurso inaugural ante el parlamento alemán del canciller Friedrich Merz en el que anunció un giro trascendental en la política y en la doctrina militar que se apresta a liderar.

Las fuerzas armadas (Bundeswehr) serán objeto de una profunda revisión en el gobierno de este canciller. Su propósito, dijo, es convertir las fuerzas militares en “el más poderoso ejército convencional de Europa en los años venideros”.

Atrás quedan pues las restricciones armamentistas que acompañaron a Alemania desde su derrota en la segunda guerra mundial. Atrás quedan las férreas limitaciones presupuestales que hacían las veces de una cadena inflexible que limitaba el crecimiento tanto de los contingentes de soldados de Alemania como de su equipamiento militar. Atrás quedan las restricciones que a partir de 1945 habían impuesto a Alemania los aliados vencedores de la segunda guerra mundial.

La explicación principal de este cambio radica en el temor creciente que despierta en la Unión Europea, y muy especialmente en Alemania, el agresivo neoimperialismo ruso.

Recordemos que Rusia ha sido siempre el dolor de cabeza de Alemania a través de la historia. Dolor de cabeza que se ha convertido en algo insufrible a partir de la invasión del régimen de Putin a Ucrania, y a la desconfianza creciente de la guerra sucia a la que parece ser tan aficionado Moscú.

Recordemos por ejemplo el reciente incidente -que luego se supo que no era más que un montaje de los servicios de inteligencia rusos- con el que quiso presentar la pantomima de que el presidente Macron, al nuevo canciller alemán y al primer ministro inglés, eran una banda de consumidores de cocaína en un tren que los conducía a una reunión en Kiev con el presidente de Ucrania. Pantomima que, según se vino a saber, después tenía por objeto desprestigiar los esfuerzos de paz de la Unión Europea en Ucrania.

Rusia es capaz de cualquier cosa como lo demuestra un brillante libro reciente de la prestigiosa historiadora Anne Aplebaum ganadora del premio Pulitzer titulado: “Autocracias, cuando las dictaduras se asocian para dirigir el mundo”.

Qué lejos están los fantasmas del nazismo y qué distantes los recelos franceses que llegaron a vetar en 1951 el ingreso de la Republica Federal a la OTAN.

Estamos frente a una “ruptura de época” como afirmó el canciller Merz ante el parlamento de su país en el discurso de investidura: los temores de hasta dónde puede llegar la Rusia de Putin han hecho olvidar los estragos a los que condujo Hitler a su pueblo.

En Colombia comenzaron las importaciones que serán naturalmente mayores y mucho más caras que el gas doméstico. No solo la infraestructura para recibir estar importaciones es insuficiente, sino que la reacción del gobierno Petro ha sido deplorable, haciendo de la Superintendencia de Servicios Públicos una especie de “policía política” con la que se busca ocultar con investigaciones arbitrarias, lo que no es otra cosa que el primer coletazo de la pérdida de autonomía en el suministro doméstico de nuestro gas natural.

Bogotá, D. C, 1 de mayo 2025.

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

La seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Se suele hablar de la Transición energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición. Me explico, la primera tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893). La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética disipando dicho riesgo, diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella. Por su parte las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y se dispusieron a diversificar el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto dos empresas petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS se asoció con ECOPETROL (mayo, 3 de 1974) para explorar y explotar el más gigante yacimiento de gas, con las mayores reservas, offshore (Chuchupa), Ballena y Riohacha y otra de ellas, la EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre, 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en el año 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas, las de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país. De no haber sido por ello las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le extiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo en momentos en los que Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dando cuenta del Balance reservas / producción de gas natural en el país, las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en los Llanos orientales. Y concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2.37 TPC a 2.06 TPC, ha venido cayendo también la producción. Mientras la relación R/P pasó de 6.1 a sólo 5.9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 1.707 MMPCD en 2024 y ya en 2025 vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural. Lo cierto es que desde el 4 de diciembre del año anterior, Colombia se ha visto en la penosa necesidad de importar gas, por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas natural comprimido (GNC) para los vehículos y las refinerías. Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mucho mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028. Y ello, en razón de que al tiempo que cae la producción crece la demanda de gas, cuanto más en cuanto que este es considerado como el combustible de la Transición energética. Ello desde luego ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en SIRIUS, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del Campo de Chuchupa cuando fue declarado comercial y duplican las actuales reservas remanentes.

 Riohacha, 1 de mayo 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

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Las imágenes de destrucción del país que esperaban los enemigos del Gobierno para acusar al presidente Petro de incendiar a Colombia no aparecieron. La calle fue una expresión de fortaleza de la sociedad civil

Por Hubert Ariza*. - Es la primera vez que un paro nacional de dos días convocado por las centrales obreras contó con el apoyo del Gobierno nacional. Es un hecho inédito que marca un antes y un después en la historia de la protesta social en Colombia. Fue un paro no contra el Gobierno, ni para exigirle al presidente reivindicaciones salariales, cumplimiento de acuerdos o garantías políticas, sino organizado como un mecanismo de presión al Congreso de la República, para que apruebe la reforma laboral presentada por el Ejecutivo o dé vía libre a una consulta popular que garantice los derechos de los trabajadores.

El paro ha sido una nueva expresión de la polarización política, una acción de la sociedad civil contra el bloqueo legislativo del Congreso al Gobierno, y un enorme llamado del presidente Petro a las organizaciones sociales, para medir su capacidad de movilización y compromiso con las banderas del cambio. Y, además, una invitación a los empresarios para negociar las reformas aplazadas, ampliar la democracia y consolidar el espíritu de la Constitución.

La jornada de paro nacional y el llamado a una consulta popular han sido descalificadas por la derecha que las ven como escenarios de campaña política del presidente Petro, en su objetivo de garantizar que la izquierda democrática mantenga el poder en las elecciones de 2026. Para el Ejecutivo ha sido una demostración de su capacidad de imponer la agenda política y conectarse con amplios sectores sociales, con una bandera que une a la izquierda democrática, a las bases del partido liberal y las demás organizaciones tradicionales, a los jóvenes, las mujeres, los campesinos e indígenas, alrededor de la defensa de los derechos laborales.

Los dos días de protesta social, en este mayo de ruptura con la violencia, estuvieron precedidos de una enorme sombra de miedo, en una sociedad traumada por las heridas del pasado, en especial, del estallido social del período 2019-2021, que amenazó los cimientos de la democracia, puso a prueba la institucionalidad, demostró las enormes fracturas sociales y la vulnerabilidad de amplias capas de la población afectadas por la desigualdad, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, y la invisibilización ante un Estado afectado por la corrupción y la descomposición de la clase política.

En un país golpeado durante más de 60 años por la confrontación armada interna y la teoría del enemigo interno, durante décadas la palabra paro fue demonizada por la extrema derecha y convertida en sinónimo de paralización de las ciudades, destrucción de la infraestructura y caos. En realidad, el paro estuvo asociado a la violación de los derechos humanos, detenciones ilegales de miles de personas, desfiguración corporal de los manifestantes por el uso de armas prohibidas, desapariciones y muertes. El paro fue, además, escenario de infiltración de la guerrilla, cierre de vías y bloqueos de amplias zonas del país, con los consiguientes daños a la economía nacional.

La sociedad civil fue debilitada y condenada por la estigmatización del Estado, que veía en toda movilización la mano siniestra de las FARC y el ELN. Durante más de 100 años, el país vivió bajo el Estado de sitio, la aplicación del artículo 120 de la Constitución de 1886, y la represión, que, precisamente, justificó el origen de las guerrillas en la década del sesenta del siglo pasado.

La Constitución de 1991, eliminó el nefasto artículo 120 de nuestra legislación, y en su artículo 37, convirtió la protesta pacífica en un derecho fundamental. Sin embargo, los rezagos del concepto del enemigo interno siguieron marcando la represión de la protesta social, dejando de lado el diálogo social como una forma de anticipar la detonación de esta. El estallido social, de 2019-2021, en el pasado Gobierno, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. El saldo de víctimas inocentes de esas jornadas son una herida que no sana y han merecido la condena de Colombia.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 junio de 2021, revela la magnitud de la situación de vulneración de derechos humanos durante la protesta social sucedida entre el 28 de abril hasta el 3 de junio de ese año. En ese período se recibieron “417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el marco de manifestaciones sociales. De esas, en 306 (73%) refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública: 300 (98%) a la Policía Nacional y 6 (2%) al Ejército Nacional”.

Esa protesta social afectó 320 municipios de los 32 departamentos del país. Un informe de Indepaz, de ese mismo año, revela que 80 personas perdieron la vida durante la protesta social, a manos del Esmad, la policía, civiles y sujetos sin identificar. Los mártires de esa época trágica de Colombia tuvieron nombre propio. La Defensoría del Pueblo coincidió con esa cifra, y señaló denuncias por desaparición de 466 personas. La Fiscalía señaló que solamente había comprobado 20 homicidios, de los ochenta, en el marco de la protesta social.

Todo esto parece ser parte del pasado. El Esmad ya no existe, los jóvenes ya no pierden los ojos por salir a la calle. El paro que acaba de pasar parece haber detenido la barbarie.

Por supuesto que, a un año de las elecciones presidenciales, la polarización política lleva a muchos a ver las cosas solo en el plano electoral. El mensaje al mundo es que en Colombia la gran ganadora es la democracia, que sale fortalecida. La protesta superó a los actores armados, que fueron aislados, porque no tienen nada que proponerle a la sociedad hastiada de la guerra. Las imágenes de destrucción del país que esperaban los enemigos del Gobierno, para acusar al presidente Petro de incendiar a Colombia, no aparecieron. La calle no fue escenario de muerte, sino una expresión de fortaleza de la sociedad civil.

Resulta apresurado, entonces, etiquetar de fracasado el paro porque fue pacífico. Quizá lo sensato es meditar sobre la madurez de la democracia, la mayoría de edad de los dirigentes sindicales, la capacidad de movilización de los trabajadores, la serenidad de los empresarios y el aislamiento de los actores armados ilegales.

También habría que pensar en la respuesta del Congreso de la República para revivir la reforma laboral y actuar en concordancia con los anhelos de los trabajadores, de los estudiantes del Sena, e incluso del propio Gobierno, que jugó a ganar en el Legislativo y en las calles. Colombia gana con esta protesta. En adelante, ningún otro Gobierno podrá ordenar a la Fuerza Pública atacar al pueblo, ni ninguna organización ilegal podrá suplantar los liderazgos sociales. El Congreso también hoy sabe que afuera del Capitolio hay un pueblo decidido a exigir sus derechos.

Los Gobernadores, alcaldes y personeros municipales cumplieron su papel. La Fuerza Pública acató la orden de su comandante en jefe. Los pocos hechos de orden público registrados dan fe de que la democracia en Colombia se consolida. Que protestar no pone en riesgo la vida, ni exigir los derechos es una condena de muerte. Hoy nadie está llorando muertos durante las protestas. Los únicos que están llorando son los enemigos de la democracia, que querían ver a Colombia en llamas para imponer una narrativa de odio.

Bogotá, D. C, 1 de junio 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Necesitamos apoyo del Estado a una realidad productiva en la cual Colombia, paradójicamente, es actor importante a nivel mundial: LA GANADERÍA SOSTENIBLE.

Por: José Félix Lafaurie Rivera *. - No dudo que 2026, que ya se asoma, vendrá con buenos tiempos para Colombia, cuando cese la “horrible noche” progresista; pero a los que hoy me referiré es a los que vienen para la ganadería, pese a las carencias del campo y la inseguridad que tampoco cesa.

Como ya lo hicimos en China, avicultores, porcicultores y ganaderos hicimos frente común en Arabia Saudita como oferentes de proteína animal al mercado mundial, y al regresar de otro viaje a la caza de mercados, la pregunta es la misma. ¿Por qué otros sí…, y nosotros no?

En 2004 la producción mundial de carne era de 63,1 millones de toneladas, y en 2024 de 77,2 millones, con un incremento del 22,3%; mientras que la población mundial pasó de 6.493 millones a 8.090 millones de personas, con un aumento apenas superior del 24,5%.

Se podría decir que nada cambió, pero si revisamos el comercio internacional de carne encontramos que se duplicó, ¡creció un 100%! entre 2004 y 2024, al pasar de 6,1 a 12,1 millones de toneladas, lo que en gran parte se explica por el aumento del consumo en Oriente y, principalmente, en China, país que, a partir de su pragmática mezcla de comunismo político y capitalismo económico, en 2021 logró acabar con la pobreza extrema y había sacado de la pobreza monetaria a 800 millones de personas; a lo que se suman los países de Oriente Medio, que no consumen cerdo por convicciones religiosas y, por ello, presentan una demanda creciente de carne bovina.

Compararse es el fundamento del benchmarking, para encontrar fortalezas y debilidades frente a las oportunidades y amenazas. Estados Unidos, con un hato de 87,2 millones de cabezas, produjo 11,9 millones de toneladas de carne en 2024, y aunque es también gran importador, exportó 1,29 millones de toneladas. China, con 95 millones de cabezas, produjo solo 7,7 millones de toneladas, no es autosuficiente y debe importar más de 3 millones de toneladas al año. ¡Ahí están las oportunidades!

Australia, con un hato similar al nuestro, de 29,2 millones de cabezas, produjo 2 millones de toneladas de carne en 2024 y es una estrella exportadora, mientras nosotros apenas ajustamos 750 mil. Ahí es donde debemos buscar las respuestas al por qué otros sí y nosotros no. ¡Ahí están los retos!

Sin embargo, como lo he reiterado en múltiples ocasiones, son retos que los ganaderos no podemos asumir sin el Estado; y eso limitándonos a lo técnico, es decir, sin tener en cuenta las enormes carencias de seguridad e infraestructura rural.

Necesitamos una estrategia diplomática para validar ante Estados Unidos y la Unión Europea el enorme esfuerzo de nuestros ganaderos para erradicar la fiebre aftosa y lograr acceso a esos mercados. Necesitamos trazabilidad, con realismo y progresividad, pero efectiva, para lo cual es importante el fortalecimiento del ICA, como quedó claro en un reciente debate de control político en la Comisión V del Senado.

Necesitamos apoyo del Estado a una realidad productiva en la cual Colombia, paradójicamente, es actor importante a nivel mundial: LA GANADERÍA SOSTENIBLE. Con Sistemas Silvopastoriles Intensivos doblaríamos el hato, de 30 a 60 millones de cabezas, en la misma tierra y sin impacto ambiental negativo, es decir, con una ganadería carbono neutral o, inclusive, positiva en captura de carbono.

Ahí están las oportunidades y los retos. ¿Cuáles son las metas? Otro factor de éxito es pensar en grande. ¿Por qué no alcanzar a Australia en 10 años? Producir 2 millones de toneladas y exportar un millón (¡5 mil millones de dólares!) a un mundo que, a pesar de modas y narrativas en contra, “no come cuento…, come carne”.

Bogotá, D. C, 1 de junio de 2025

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

Por:  José Félix Lafaurie Rivera*- Hace dos siglos, el pueblo amotinado en la Plaza Mayor de un caserío grande llamado Santafé, se desgañitaba gritando ¡Cabildo Abierto!, azuzado por un autoproclamado tribuno del pueblo que lo amenazaba con grillos y cadenas si perdía ese “momento de efervescencia y calor”. La verdad, lo perdió, pues la independencia se quedó en “Grito”, la primera patria fue “boba” y la reconquista un río de sangre, hasta la gesta libertadora de 1819.

Hoy el azuzador es el presidente de la República, el objetivo no es la independencia, sino desconocer a los legítimos representantes del pueblo y, con ello, a uno de los tres pilares de la democracia: el poder legislativo; y la amenaza en este caso no son las cadenas, sino la huelga general que el ministro del Interior confunde con “manifestación”; en fin, otro “estallido social”. Hoy no es el pueblo el que grita ¡Cabildo abierto! ..., es el Gobierno.

Lo que pretende el presidente, según pude entender en medio de las acusaciones, insultos y amenazas de su “alocución” tras el hundimiento de la consulta popular, es, primero, convocar otra vez al pueblo a la protesta callejera que empieza pacífica y termina violenta, garantizando de antemano que la Fuerza Pública no pueda ni tocar a los vándalos por orden de su comandante. En el mejor de los casos, este país todavía considera “pacífico” el bloqueo de vías, vulnerando los derechos al trabajo, la educación y la movilización.

Con la presión en las calles, la segunda pretensión es lograr que todos los municipios se declaren en Cabildo Abierto -él prometió asistir al de Barranquilla- y se pronuncien sobre la consulta popular y sobre cualquier propuesta “que el mismo movimiento popular debe lanzar” y que él, simplemente…, obedecerá.

Esa respuesta popular será tranquila, alegre y sin violencia, algo que difícilmente puede garantizar, porque lleva tres años sembrando odio entre los colombianos, en un ambiente sostenido de hostilidad presidencial que también hace imposible el Acuerdo Nacional que tanto pregona y, a la vez, tanto destruye.

Ahora bien, se equivoca el presidente en varias cosas. Se equivoca al pensar que “el pueblo” son solo las mingas, cabildos, sindicatos y todas las “organizaciones sociales” que son auditorio de sus discursos de odio y el objeto de su generosidad presupuestal. Olvida que hay más, mucho más pueblo, y que él es el presidente de todos los colombianos, simpatizantes y contradictores.

Se equivoca al creer que un tumulto cualquier día y en cualquier esquina se puede declarar en Cabildo Abierto. Hasta el de 1810 tuvo un trámite de aprobación por parte del virrey Amar y Borbón. Por el contrario, el Cabildo Abierto, como uno de los mecanismos de participación ciudadana, y el único en corporaciones públicas, está reglamentado en la Ley 1757 de 2015.

Se le olvida al presidente que la norma, entre otras cosas, establece que el Cabido Abierto debe ser solicitado previamente a la corporación respectiva (Asamblea, Concejo, JAL) por el 5 x mil del censo electoral y que los intervinientes deben inscribirse previamente.

Y lo más importante, al presidente y a su ministro del Interior se les olvida que en los cabildos abiertos se consideran asuntos que los residentes soliciten, “siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación”.

Es clarísimo que una Reforma Laboral que afecta a todos los colombianos no es competencia de una Asamblea, un Concejo o una JAL. Por lo tanto, la convocatoria presidencial a Cabildos Abiertos en todo el país “no tiene pies ni cabeza”.

Las leyes son para cumplirlas, pero… hay que leerlas primero, a menos que se pretenda encender la mecha de una confrontación violenta.

Bogotá, D. C, 16 de mayo 2025

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la última palabra no la tiene la política ni los medios, sino el Derecho.

Por: Humberto Rafael Méndez Rojas*. -En los últimos días, en medio del ruido político nacional, ha empezado a tomar fuerza una pregunta que no solo inquieta a la opinión pública, sino que abre un interesante debate jurídico en los círculos especializados: ¿pueden el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, postularse a la Presidencia de la República en 2026?

Desde la perspectiva constitucional, la respuesta parece afirmativa. El artículo 197 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, establece que no podrá ser elegido presidente quien, un año antes de la elección, haya ejercido como gobernador o alcalde. Por tanto, si renuncian con la debida anticipación —es decir, al menos un año antes de la primera vuelta presidencial (31 de mayo)—, quedarían habilitados.

Sin embargo, se presenta una tensión normativa relevante con La Ley 617 de 2000, la cual en su artículo 31 numeral 7, replicada por la Ley 2200 de 2022, en su artículo 113, (para el caso de los gobernadores) y el artículo 38-7 (para el caso de los alcaldes), consagra una incompatibilidad que se torna en inhabilidad, que prohíbe a los gobernadores y alcaldes inscribirse como candidatos a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos. Esta restricción legal fue interpretada de forma rigurosa por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia 0051 de 2016 (caso de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto), al considerar que los mandatarios locales no deben utilizar el poder otorgado en una elección para proyectarse políticamente hacia otros cargos, pues ello rompe el compromiso adquirido con los electores y afecta la equidad electoral.

A primera vista, habría una colisión normativa: por un lado, la Constitución permite la candidatura con la renuncia oportuna; por otro, la ley y la jurisprudencia la prohíbe durante todo el período. En estos casos, el artículo 4 superior es claro: la Constitución prevalece sobre la ley. Y dado que las inhabilidades deben ser expresas, taxativas y de interpretación restrictiva —según la jurisprudencia y doctrina reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado—, las inhabilidades para aspirar a la Presidencia deben tener rango constitucional, no legal.

En consecuencia, la restricción contenida en la ley 617 no podría extenderse al escenario presidencial, pues ello implicaría adicionar una inhabilidad no prevista expresamente en la Constitución, lo cual vulneraría el derecho político fundamental a ser elegido.

Así las cosas, si Carlos Amaya y Federico Gutiérrez presentan su renuncia al menos un año antes de la elección, es decir, antes del próximo 31 de mayo de 2025, estarían constitucionalmente habilitados para ser candidatos. Ahora bien, en caso de resultar elegidos, seguramente se interpondría una demanda de nulidad electoral que tendría que resolver la Sección Quinta del Consejo de Estado. Y será en ese momento cuando se conocerá si el máximo tribunal de lo electoral mantiene la línea jurisprudencial restrictiva de 2016 o si, por el contrario, la modula o varía, entendiendo que el escenario presidencial tiene un régimen de inhabilidades constitucionalmente autónomo y que el derecho a ser elegido debe prevalecer, en ausencia de una prohibición clara y expresa.

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la última palabra no la tiene la política ni los medios, sino el Derecho.

Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2024

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral