Opinión

Por: Guillermo García Realpe*.– Varios momentos y acciones del Gobierno nacional siguen atizando la hoguera de hacer trizas la Paz de Colombia, son reiterativos. Con mucha suspicacia, desde el partido de gobierno es clara la intención de bloquear los avances legislativos y de truncar los planes y programas para financiar el posconflicto y garantizar una paz estable y duradera, sobre todo en las regiones más apartadas, en las que más se vivió la violencia con la extinta guerrilla de las FARC.

Por ejemplo, recientemente éste Congreso aprobó el monto total  del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020, aforado en más de $271 billones  y con bastante preocupación vemos que los recursos para implementar el punto 1 del Acuerdo de Paz, relacionado con Desarrollo Agrario Integral han quedado sin plata para su financiamiento.

Esto es ¡muy grave!, esto sin duda, abre una enorme puerta para que miles de excombatientes que cumplieron con su palabra en el acuerdo de Paz entre Gobierno y FARC, piensen en retornar a la ilegalidad, a las disidencias y a seguir irradiando violencia a lo largo y ancho de la geografía nacional. La reforma rural, es uno de los puntos centrales del acuerdo de Paz, y los proyectos de vida de los excombatientes, sin ella, lucirán poco atractivos y sin una visión clara para su futuro y el de sus familias.

El hecho de que este Gobierno no tenga voluntad política para desarrollar el punto uno del acuerdo de La Habana, -ni otros fundamentales del acuerdo final- afecta de forma transversal otros aspectos desarrollados en el mismo acuerdo de Paz, como el mejoramiento de las vías terciarias en por lo menos 170 municipios clasificados como PDET, aquellas zonas donde con mayor rigor se vivió la violencia con las FARC a lo largo de cinco décadas.

Hoy, casi el 80% de esas vías terciarias de esos 170 municipios, están en precarias condiciones, la meta era alcanzar la cobertura de mantenimiento a más de TRES MIL 500 kilómetros, pero para el próximo año, según los estimativos del Gobierno, y con los recursos proyectados, sólo se intervendrían 16 kilómetros, eso es una verdadera vergüenza.

Los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-, 170 en total, además de haber sufrido la violencia directa e inclemente durante casi toda su historia, son también los municipios más pobres del país, su pobreza multidimensional es del 40%, mientras que el promedio nacional es del 19%, la pobreza monetaria en estos entes territoriales es casi del 30%, mientras que la cifra nacional es del 7,4%, una diferencia abismal y mezquina que no tiene presentación.

Cómo queremos hablar de Paz en Colombia, cuando no hay recursos para garantizar una Paz estable y duradera, donde los principales programas están desfinanciados, sin cobertura presupuestal  para garantizar el avance de los planes y programas del posconflicto. Hoy, sólo el 6% de los recursos para la Paz irán a los municipios PDET, la Agencia Nacional de Tierras tendrá una reducción del 20% en su presupuesto, siendo esta Agencia la que tiene a cargo la enorme responsabilidad de formalizar más de 10 millones de hectáreas.

Quienes hemos estado del lado de la Paz, del desarrollo de los acuerdos del proceso, sí nos preocupa mucho que por falta de recursos se trunque un proceso de Paz que el mundo entero reconoce como exitoso y modelo a desarrollar en otras latitudes, pero que aquí lamentablemente unos pocos sectores no lo valoran y por el contrario lo quieren hacer trizas como ya lo han advertido.

El presidente Iván Duque, cuando va al exterior se enorgullece del proceso de Paz, da discursos apropiándose del desarrollo de muchos puntos del acuerdo y que su Gobierno está dando las garantías suficientes, pero en la practica la realidad es otra, no es coherente el Gobierno con lo que promulga a nivel internacional y lo que hace en Colombia con la Paz,  porque aquí lo ataca frontalmente, le cercena recursos a los programas de implementación de la Paz, en el Plan nacional de Desarrollo la Paz tampoco es prioridad para la inversión y no brinda verdaderas garantías para la protección de la vida, por ejemplo, de los líderes sociales, que son los protagonistas fundamentales en la reconstrucción del tejido social desde las regiones.

Ojalá éste gobierno retome el rumbo, se dé cuenta que con paz podemos hacer mucho más, la guerra no es buena consejera, la guerra lo único que deja es muerte, violencia y desolación, la Paz por el contrario, es esperanza, es progreso, es armonía, es el mejor regalo que le podemos dejar a las nuevas generaciones. ¡No sigan haciendo trizas la Paz!

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2019

Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Yezmer Ramos García*.- El autor Giovanni Sartori sostiene que, cuando la opinión pública se informaba principalmente a través de los periódicos, el Equilibrio entre opinión autónoma y opiniones heterónomas estaba garantizado por la existencia de una prensa libre y múltiple. Fue la televisión la que modificó la naturaleza del proceso de formación de la opinión pública, la cascada ya no descansa en lagunas, sino que caía con su fuerza arrolladora, con todo el poder de la imagen sobre los individuos. Este medio de comunicación no permite la existencia de reequilibrio ni retroacciones ni la presencia de múltiples líderes de opinión que posibilitan evaluar mejor las percepciones.

Y en el terreno de la comunicación Política, ese ámbito de estudios interdisciplinarios que incluyen a los medios, los sondeos, la investigación política de mercados y la publicidad, muestra cómo se relacionan las ideologías con las relaciones cognitivas que subyacen en la producción y la comprensión de la noticia. Esto nos permite explicar al mismo tiempo la importante función de reproducción que desempeñan los medios informativos actuales. En parte autónomos en su forma de reproducción cultural, y en parte dependiente y controlado por estructuras e ideologías sociales más amplias, donde los medios informativos incorporan estas estructuras e ideologías a sus propias rutinas de fabricación de noticias y a las estructuras convencionales de sus informaciones, así como, proveedores principales de discursos públicos, los medios informativos proporcionan algo más que una agenda de temas y debates públicos. 

Pertinente traer a presente, la opinión pública para los romanos es entendida como apariencia, de ahí que el concepto se deriva de un concepto publicístico, en donde lo importante es la imagen que proyecta uno a los demás, a la buena o mala imagen (idea) que los demás tienen de uno. En escritores de Roma, como Cicerón se percibe a la opinión pública como “el apoyo del pueblo”, en Protágoras “creencia de opinión de las mayorías”, Demóstenes como “la voz pública de la patria”, Heródoto como “la opinión popular” y Tito Livio como “la opinión unánime”. Así mismo, tanto en Grecia, pero de una forma más matizada en Roma, se da la entrada a unos nuevos conceptos del derecho. Conceptos jurídicos: ius privatum, ius publicum, en donde la opinión nace como punto de unión entre la esfera de lo privado y la esfera de lo común, de lo público. 

De ahí el principio de Hobbes: “Es la verdad y no la autoridad la que hace la ley”

La opinión pública es el resultante de ese debate público y racional y por eso su concepto se sustantiviza de alguna manera pues del mismo modo que sólo hay una verdad, sobre una determinada cuestión o en un determinado momento sólo puede haber una posición racional, que suponga el afloramiento de esa armonía preestablecida y que se impondrá sobre cualquier otra posición que, por su adherencia al error ya no será ni racional ni, por tanto, verdadera.

Comprendamos, que los Colombianos nos encontramos en una situación de aguda tensión y cambio social que nos tiene que suscitar de nuevo temas como los de cuáles son, por ejemplo, las tareas concretas que debemos realizar para construir tejidos sociales y redes en comunicación  que permitan gestar experiencias compartidas y comunidades de intereses; cómo lograr aperturas en los campos de conflicto de modo que sea posible construir los mecanismos para su tramitación arbitrada y pacífica cómo desarrollar los espacios de convivencia que nos permitan llevar las controversias sobre la vida pública a los terrenos de la política, hoy pisoteada por la violencia y la insensibilidad social.

Por ello, quienes han adquirido nuevo poder, como son los medios de comunicación, los sindicatos, los intelectuales y los tecnócratas, deben ser inducidos a usar ese poder en una forma responsable. Aquéllos que han tenido la responsabilidad de la toma de decisiones en gabinetes, parlamentos y partidos políticos deben tener un poder proporcional a su responsabilidad. Las demandas constantemente crecientes sobre el gobierno por grupos de la sociedad y la necesidad del gobierno constantemente creciente de manejar las interrelaciones de una sociedad compleja, requieren de un incremento de los recursos materiales y de la autoridad política.

También, debemos incluir el rol que ocupa la generación del conocimiento y la expansión de las nuevas tecnologías e innovación en la conformación de las democracias actuales. Hemos sido testigos de un novedoso modelo de organización y desarrollo de las sociedades globalizadas, como producto de una nueva situación del capitalismo mundial. Se trata, en otras palabras, de una transformación global que tiene dimensiones equivalentes, en términos de importancia, con la Revolución Industrial, pero cimentada en el impulso de las tecnologías de información y en la socialización del conocimiento e innovación. De ahí, entonces, que los problemas de opinión pública y democracia estén hoy enmarcados por la reflexión en torno a las funciones y efectos de los medios masivos, que lejos de ser sistemas tecnológicos y organizacionales dedicados únicamente a la información y el esparcimiento, los medios de comunicación son actores políticos inmersos en estructuras de poder capaces de traducir y modelar el conflicto social.

Barranquilla 14 de octubre de 2019

Por Yezmer Ramos García

*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.

Por Amylkar D. Acosta M.*- Para Luis Eduardo Arango, ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la contabilidad creativa a la que viene recurriendo el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para maquillar las cuentas fiscales “se ve bastante mal y es poco ortodoxo, porque lo que hay es que hay que cuidar las cuentas fiscales (...). Se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit” sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”.

Por su parte Jorge Restrepo, catedrático de la Universidad Javeriana, dijo hace unos días que “preocupa es que se vaya a usar deuda para financiar gasto corriente; el Ministerio de Hacienda tiene que ser responsable, en el sentido de no emitir deuda para financiar gasto corriente de salud, a través de inyección directa en las EPS”. 

Estas operaciones que se realizan mediante la emisión de TES se reconocen “por debajo de la línea”, esto es, “por debajo de cuerda”, como financiación y no como gasto y así se evita que incidan en el déficit fiscal. Afirma el Director de investigaciones económicas de BTC Munir Jalil, que “el Gobierno dice que los pagos responden a algo transitorio y para que no les afecte el déficit, que es más estructural, se colocan de este lado. Así, el déficit nunca se verá afectado”. Como afirma Luis Fernando Mejía, Director de FEDESARROLLO, “hay que ver qué opinan organizaciones internacionales o el Comité Consultivo de la Regla fiscal con respecto al cambio”.

El Ministro de Hacienda asume que la emisión de TES es una operación de financiamiento y que, por lo tanto, no es un gasto al no implicar una operación presupuestal. Se jacta el Ministro Carrasquilla de que él cumple “reglas fiscales, los mandatos y los deseos”. Cabe preguntarse cómo lo hace, porque, como lo manifestó el profesor e investigador de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y, por tanto, sin que afecte el déficit es nuevo. Si tuviéramos dinero para pagar esas cuentas eso no sería necesario, pero no hay forma de hacer esos pagos y, al mismo tiempo, honrar la regla fiscal. Hacerlo vuelve inocua la Regla fiscal: si el Gobierno puede decidir qué se cuenta  y qué no como gasto y déficit, que un Comité le diga de qué tamaño puede tener el déficit es una pérdida de tiempo”, así de sencillo. En opinión de Hopkins, “si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido”. De acuerdo con ANIF, el déficit fiscal de este año estará alrededor de – 4.2% (¡!), muy por encima del 2.4%, que se ha convertido en Mantra del Ministro carrasquilla.

La emisión de TES para pagar deudas es lo que se conoce en el argot financiero roll – over, que consiste en cambiar una deuda por otra, refinanciándola, la misma fórmula que utilizó en Argentina en su momento la Presidenta Cristina Kirchner y que la condujo al default que terminó en el “corralito”. Es lo más parecido al “jineteo” al que recurren los desesperados cuentahabientes en los bancos cuando se ven a gatas para cubrir los sobregiros. Esta es una forma de “patear la deuda”, como si fuera un balón, al futuro y, como dice el adagio popular, quien venga atrás que arree, pues al fin y al cabo no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

Según Sergio Clavijo, Presidente de ANIF,  a este paso, “la deuda del Gobierno Nacional Central , como porcentaje del PIB, “estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación”, incluso sin contar las novedades del proyecto del Presupuesto del próximo año. Y, de contera, las vigencias futuras son del orden de los $102 billones, el 10% del PIB (¡!).

También se está contemplando, como afirma la revista Dinero, “echarle mano a unos dineros que hay sobre la mesa, un poco más de $5 billones del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), recursos provenientes de la venta de ISAGEN”. El truco consiste en que como el FONDES no hace parte del Gobierno Nacional, sino del sector descentralizado, esos recursos ya no irían  a financiar las concesiones de 4G, como se le prometió al país, sino que el Ministerio de Hacienda, en un pase de prestidigitación, los invertiría en empresas de servicios públicos estatales o mixtas, como las electrificadoras. Y, continúa la revista Dinero, “con esto el Gobierno intercambiaría acciones de las electrificadoras por bonos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Estos, si bien no son efectivo, entran a su portafolio como un ingreso que le permite cuadrar las cuentas. De esta manera se dispondría de los recursos de la venta de ISAGEN para financiar gasto corriente de la Nación”.

A juicio del ex ministro Perry,  quien acaba de fallecer, “el Gobierno juega con candela al maquillar las cuentas fiscales para ocultar la dura realidad. Si sigue por ese camino, en lugar de afrontar los problemas, nos dejaría sin recursos para la infraestructura pública que necesitamos” y reitera que ello “pondría en riesgo la calificación de riesgo del país”. Y este sería el peor escenario para la economía colombiana, que sigue en el atolladero y en medio de la turbulencia por la que está pasando la economía global por cuenta de los desvaríos de Trump.

Bogotá, octubre 12 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- No queremos “jornaleros digitales”, dijo ante los sindicatos alemanes nada menos que la canciller alemana Ángela Merkel, refiriéndose a las personas que trabajan a destajo en las plataformas digitales (PD) como Uber o Rappi. Y añadió que la proliferación de esos empleos informales nos está haciendo regresar a las condiciones laborales de los comienzos de la industrialización, que solo fueron superadas tras una larga lucha por los derechos de los trabajadores que permitió construir un modelo económico más justo.

Lo que la conservadora canciller Merkel reconoció ante los sindicatos, sin usar esas palabras, es que las luchas de los trabajadores permitieron aliviar las condiciones de explotación impuestas por el capitalismo salvaje del siglo XIX, y que vuelven a revivir en las PD y quieren ser generalizadas por las propuestas neoliberales que buscan la llamada “flexibilización” de los contratos laborales.

En realidad la situación de los “contratistas”, como llaman a los conductores de Uber o a los Rappitenderos, es peor que la de los jornaleros de los albores de la revolución industrial o de muchos trabajadores del campo, a quienes se les pagaba por jornada laboral sin contrato de trabajo. Son más bien trabajadores a destajo a los que se les paga por lo que producen, sin importar cuantas horas trabajan.

Lo que tienen en común jornaleros y trabajadores a destajo es que no tienen ingresos fijos, ni protección social, es decir que no tienen seguro de salud, ahorro para pensiones ni auxilio de desempleo. Si quieren tener esa protección deben pagarla ellos mismos, sacándolo de sus precarios ingresos que en Colombia pueden llegar a ser entre uno y dos salarios mínimos mensuales. En otras palabras no tienen un trabajo decente, y si aceptan las condiciones impuestas por las PD es por física necesidad y carencia de alternativas para sobrevivir.

La contrapartida de esas precarias condiciones de trabajo de las PD aparece en el asombroso incremento de valor de esos unicornios digitales que en unos pocos años llegan a valorarse en miles de millones de dólares. Se elogia tan rápida creación de riqueza (para los accionistas) porque es el resultado de la innovación y el emprendimiento que sabe sacar provecho de las nuevas tecnologías y la revolución digital.

Eso es cierto, pero cabe preguntarse, si sus contratistas tuvieran condiciones de empleo decente con contratos fijos, prestaciones y protección social, ¿cuál sería el valor de esos unicornios? De seguro menor, porque se modificaría la distribución del excedente generado por la empresa, los accionistas ganarían menos y los trabajadores un poco más. Puede no ser políticamente correcto decirlo, pero el enorme valor de los unicornios también se basa en las precarias condiciones laborales de sus trabajadores.

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Juan Camilo Restrepo*.- Tenemos que abrir los ojos con lo que está sucediendo en el Ecuador. Y, sobre todo, con lo que va a acontecer allí en los días venideros.

El ajuste en los precios de los combustibles, violento por lo demás (cerca del 80%) que ha decretado el gobierno de Lenin Moreno en desarrollo de los acuerdos con el FMI, ha despertado la furia ciudadana y de transportadores. Pero sobre todo la de la comunidad indígena que es mucho más fuerte y mejor organizada que la de Colombia.

No me sorprendería entonces que, por osmosis, veamos en las semanas venideras una conflictividad social exacerbada en Colombia, a imagen y semejanza de la que está despertándose en el Ecuador.

Así las cosas uno se pregunta si es prudente pretender reglamentar la protesta social en nuestro país - como algunos lo están proponiendo- a esta altura del paseo.

Pues de dos cosas una: ¿dicha reglamentación sería para reforzar y hacer más vigorosa la acción del Esmad, o para regularla y ponerle bozal a las fuerzas antimotines?

Si es lo primero, ¿Qué es lo que se buscaría? ¿Acaso las facultades que hoy tiene el Esmad no son suficientes si son bien comandadas? ¿Faltan normas para que su acción sea efectiva? ¿O falta comando y eficiencia?

Por ejemplo, se informó que cuando se dio el vandálico ataque a las oficinas del Icetex tardaron más de media hora en llegar los efectivos del Esmad. ¿Falta de normas? ¿O falta de comando eficaz? ¿Es con una nueva reglamentación de la protesta social como va a enmendarse este tipo de errores?

Y si lo segundo, ¿se piensa restringir y atar las manos del Esmad para reprimir motines e impedir el bloqueo de vías, cosa que ya está prohibido por la ley? Sería gravísimo.

En vez de reglamentar o cambiar el estatuto del Esmad, habría es que hacer cumplir con rigor sus reglamentos vigentes. Los colombianos somos muy dados a creer que cambiando leyes epilépticamente vamos a solucionar los problemas reales. Y no es así.

Si en un momento determinado el Esmad o alguno de sus agentes cometen excesos, las normas actuales permiten sancionar drásticamente a quienes actúan extralimitándose. Pero para eso no se requiere cambiar la ley ni el reglamento.

Antes que cambiar las normas que rigen la actuación del Esmad, habría más bien que reglamentar las consultas que tienen paralizadas las políticas públicas en Colombia. Y sobre esto no se ha hecho nada. El gobierno lleva patinando sobre este tema hace varios años.

Alguna vez le pregunté al Presidente Rafael Correa cómo manejaban el tema de las consultas internas en el Ecuador y al mismo tiempo habían logrado esa estupenda red de carreteras que existe en el vecino país. Y me dijo: “acá si existen las consultas, pero yo no me dejo paralizar la construcción de ninguna vía con una consulta. ¡Qué diferencia con lo que existe entre nosotros!

La reglamentación de la protesta social y del Esmad es asunto bien delicado. Recuerdo que cuando las negociaciones que tuvimos en el Ecuador con el Eln se dio el ataque contra el Esmad en el barrio de la Macarena que custodiaba la entrada a la plaza de toros en Bogotá. Hubo un muerto y varios heridos por la bomba asesina del Eln. De este episodio quedó muy claro que una de las metas principales de este grupo era acabar con el Esmad, comenzando por socavar su credibilidad.

Mucho ojo pues con lo que está pasando en Ecuador y, sobre todo, con lo que puede venirnos de allí en los días venideros.

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.-“Desde la cárcel o en libertad, tengo un designio de vida: quitarme la infamia de encima”:    Álvaro Uribe Vélez.

El mayor de los Goytisolo –José–, familia de grandes escritores españoles del siglo XX, escribió un hermoso poema corto, de fina ironía social, convertido en clásico de la literatura infantil y conocido como “El mundo al revés”, el de “un príncipe malo y un pirata honrado”, un mundo irreal y trastocado, como en el que parece inmersa Colombia; el mundo de “los pájaros tirándoles a las escopetas”.

Al asesino y terrorista, cínico irredento, a quien su media ceguera no le impidió fugarse, la Fiscalía lo había capturado con fines de extradición por narcotráfico después de la firma del Acuerdo, la Corte Suprema lo entregó a la JEP, la JEP lo dejó libre, la Fiscalía lo recapturó y la Corte lo volvió a dejar libre, hasta que… se les voló.

Al expresidente que persiguió con éxito a la banda narcoterrorista del medio ciego de marras, y a todas las bandas criminales; al mandatario que casi logra limpiar a Colombia de cultivos ilícitos, la misma Corte lo indaga hoy por “fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo”, algo que suena a que Álvaro Uribe no ha dedicado su vida a servirle a Colombia sino a burlar la justicia y sobornar.

¿Por qué el encausamiento al expresidente, inédito en nuestra historia republicana? Porque en 2012, un senador de la “izquierda democrática”, admirador embozado de la misma banda narcoterrorista y del sátrapa vecino que la protege, le orquestó un debate por vínculos con paramilitares, plagado de testimonios con la poca credibilidad que pueden tener la de unos criminales que Uribe mandó a la cárcel o extraditó después de una negociación sin impunidad.

El senador recorrió cárceles del país y del exterior, recogiendo dudosas versiones de estos criminales para meter a Uribe a la cárcel, como logro obsesivo y único de su vida pública. El expresidente lo demanda ante la Corte Suprema, pero, sorpresivamente, termina demandado. Es la estrategia de la izquierda de montar perversas narrativas -Uribe paramilitar- y llevarlas luego a causas judiciales, para convertir a la víctima en victimario y a las controvertidas narrativas en verdad judicial e historia formal.

Es el mundo al revés de un gobierno que inventa chuzadas para robarle la presidencia a su oponente sin que nada pase, y una Corte Suprema que cierra los ojos ante evidentes chuzadas ilegales para usarlas como prueba “legal” contra el expresidente.

El mundo al revés de un periodista, tan obsesionado contra Uribe como el Senador, a quien la sociedad alelada le hace “vaca” y le perdona, no solo su sospechoso y privilegiado acceso a “filtraciones” de información judicial, sino el atrevimiento de distorsionarla sustancialmente, entregarla a sus lectores y bañarse las manos, como si nada.

El mundo en que la Corte Suprema de 2011 inválida como prueba la información contundente de los computadores de Reyes; la misma del señor Barceló, que acepta como prueba interceptaciones ilegales y testimonios de unos criminales, con la credibilidad de quienes hoy dicen y mañana se desdicen al vaivén de beneficios y venganzas.

País desmemoriado y al revés, que olvidó la barbarie de las Farc y su propia indignación multitudinaria de febrero de 2008; que hoy se embriaga con el Nobel de una paz vestida de impunidad y narcotráfico, mientras mira indiferente, con banalidad de noticiero prime time, la tragedia judicial de quien ayer lo libró de terror y hoy lucha por quitarse la infamia de encima, por defender con dignidad su bien más preciado: su honra.

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2919.

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Jorge Enrique Robledo*.- Cada candidato puede resaltar lo que quiera de su personalidad, ejecutorias y programa. Pero la ciudadanía tiene derecho a evaluar si son verdaderas esas afirmaciones. Qué decir entonces de que Carlos Fernando Galán se autoproclame como “independiente”, y más en un país en el que se debate si los mismos con las mismas – ¡como los llamara Gaitán ya en 1940!– existen o no y si han impedido el desarrollo nacional. En beneficio del voto ilustrado y libre, en el que cada uno decide según sus convicciones, hay que denunciar que estamos ante disfraz para aumentar su votación.

Es notorio que Galán no ha sido independiente de Peñalosa, porque fue decisivo en su elección –lo dice el mismo Alcalde– y porque un primo hermano y cuadro de Galán fue clave para que los bogotanos no pudieran votar, violándoles sus derechos, la revocatoria del peor alcalde de estos cuatro años en Colombia. Es tan nula su independencia de Peñalosa, que en nada cuestionó que la Alcaldía despilfarrara 11 mil millones de pesos en el famoso contrato con la Corporación Escuela Galán, diseñado, no para arreglar el pésimo servicio de Transmilenio que padecen los bogotanos, sino para engañarlos, cambiándoles “la percepción”, la idea, que tienen sobre él. Y se sabe que su programa de gobierno continúa con todas las malas políticas del alcalde vendedor de buses.

Cómo creerle la “independencia” que pregona Galán si 11 de sus 12 años de carrera política han sido bajo la protección y mando de Vargas Lleras, que lo hizo concejal de Bogotá, funcionario de Juan Manuel Santos, senador y presidente de Cambio Radical. ¿No fue Galán uno de los jefes de las dos campañas presidenciales de Vargas, con quien además apoyó los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos? Y Cambio Radical, el partido del que Galán harto se benefició, ha sido tan clientelista como el que más y para rematar, a 2014, aparece con 18 congresistas condenados por parapolítica (!!!), de lejos más que ningún otro partido en Colombia. Que Galán se quedara en Cambio hasta junio de 2018 habla muy mal de su independencia política a pesar de que su partido fallara en algo tan grave como esto.

Galán respaldó a su copartidario en Cambio Radical, Néstor Humberto Martínez, a quien además alabó como Fiscal un año después de que estallara el escándalo de corrupción Odebrecht-Grupo Aval. También fue funcionario de la OEA en Washington durante la secretaría de Cesar Gaviria. Y no ha sido siquiera un tris independiente frente a las políticas de libre comercio que tanto daño le han hecho a Bogotá y a Colombia, destrozándole su agro y su industria, disparando las privatizaciones, la corrupción, el desempleo, la desigualdad social, la deuda externa y el dólar, así como desnacionalizándole su economía. El cuadro de su falta de independencia lo certifica –esa es la palabra– el respaldo que le dio a Galán el periódico de Sarmiento Angulo, no sea que gane Claudia López, quien sí puede gobernar a Bogotá sin la tutela de los mismos con las mismas (bit.ly/2OF7B8g).

Y todo dice que la renuncia de Galán a Cambio Radical no obedeció a una posición de real independencia sobre los asuntos claves de Bogotá y el país. Las razones y el juego de su voltereta, de fervoroso vargasllerista a “independiente”, son fáciles de entender:

1. Galán no se inscribió para el Senado en 2017 porque Vargas Lleras, a quien daba él como seguro Presidente, le tenía reservado un cargo con más poder. 2. Ante el desastre de su jefe, se quedó sin empleo desde el 20 de julio de 2018, por lo que decidió volver a su ambición de ser alcalde de Bogotá. 3. ¿Pero qué hacer con el pesadísimo lastre de presentarse como candidato de Vargas Lleras y Cambio Radical? Simple. No pararse en escrúpulos y apartárseles, pero, eso sí, con el cuidado de unas formas tan suaves que les permitan gobernar juntos a Bogotá si Galán se sale con la suya. 4. Y ya entrado en gastos, tiene la frescura de autoproclamarse como candidato “independiente”, porque eso le facilita engatusar a más bogotanos, ciudad donde tantos no quieren el continuismo de Peñalosa y Vargas Lleras.

Son muchos los hechos que demuestran que es mentira que la candidatura de Claudia López sea peñalosista. Pero esos ataques sectarios sí pueden llevar a reelegir a Peñalosa a través de Galán, experto en acomodarse a todos los grandes poderes de Colombia. Quienes siguen con la candidatura sin ninguna posibilidad de Hollman Morris deben reflexionar, poniendo primero el interés de Bogotá y el de Colombia, y respaldar a Claudia López, la mejor candidatura y la única capaz de ganarles a los mismos con las mismas.

Coletilla. Los mismos que eligieron a Duque y respaldaron a Carrasquilla y al Fiscal Martínez en el Senado, sostuvieron en el puesto a la ministra del Transporte que intentó regalarles 600 mil millones de pesos a los bancos del Grupo Aval y que, al igual que Marta Lucía Ramírez, tampoco se declaró legalmente impedida para hacerlo (bit.ly/314Qhw0).

Bogotá, 11 de octubre de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Gabriel Ortiz*.- La nueva dosis de polarización que se administró a Colombia esta semana, puede llevarnos a límites insospechados de violencia y escapismo a la justicia.

Como le dijeron a Trump, considerado el hombre más poderoso del mundo: nadie puede estar por encima de la justicia. Nosotros debemos reiterar ese mismo principio a nuestros dirigentes, así ellos se consideren por encima de lo divino y lo humano. Son ya muchos los años de abuso que no se pueden tolerar. Nos han contaminado con ese odio que estilan para destruir las mentes y las costumbres sanas de un pueblo que tras décadas viene luchando por una paz estable y duradera. Que no descansa en su afán para poner freno a los desplazamientos y usurpación de terruños, a las masacres, a los asesinatos de líderes sociales y a todas esas plagas que nos invaden.

Nuestra justicia merece una oportunidad. A diario trabaja y lucha por impedir que las calumnias la debiliten, extenúen y matoneen. Los hombres de bien, los líderes, los dirigentes y especialmente este sufrido y mancillado pueblo, deberían formar un frente común para salvarla y dejarla actuar, para impedir, que: nadie esté por encima de ella. Los líderes y paladines, deben orientar a sus seguidores y conducirlos con persistencia por los senderos de la honorabilidad, decencia, tesón y perseverancia. Deben asumir sus culpas y errores, ir a los estrados y esperar que sea la justicia la que actúe. Abstenerse de impedir y censurar cualquier manifestación de sus seguidores para torcer los juicios.

Por ello, el martes 8 aumentó la polarización y hasta el propio gobierno, olvidando la división de poderes, ejerció presiones para impedir que el investigado se defendiera abiertamente utilizando las garantías que lo ampararon y rodearon. Se quiso romper la institucionalidad de un país que quiere salir adelante.

La ley es la ley, sin calificativo alguno y como tal, debe guardarse para que todos podamos ser iguales y para que todos asumamos las responsabilidades que nos exigen la Constitución, las normas y la decencia. Un pueblo que reclame equidad, no puede salir a las calles a condenar o absolver. Para ello existe una autoridad superior consagrada por en la Carta Magna. Lo demás, es cohonestar con el delito, la transgresión y la fechoría. El criminal, debe ser tratado como tal y el inocente ensalzado y aplaudido.

Así se puede edificar una sociedad virtuosa, ejemplar y equitativa que convierta a sus líderes en verdaderos conductores ejemplares que nos lleven por los caminos de la felicidad, la ética, la rectitud y la justicia.

BLANCO: El periodismo, la ética y la patria que perseguimos, ha sufrido un duro golpe, con la desaparición del gran maestro y mejor amigo, Javier Darío Restrepo. Paz en su sepultura.

NEGRO: La increíble filtración de un juicio. Ahora el propio sindicado da ruedas de prensa para violar la confidencialidad.

Bogotá, D. C, 11 de octubre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por: Alfredo Benavides Castillejo*.-Imaginen viajar turísticamente por nuestro mágico río Magdalena en un barco catamarán de dos pisos. En el primero; aire acondicionado, sillas muy cómodas, mesas de lujo, y total vista para divisar las maravillas magdalenenses, poder refrescarse con jugos naturales de la región ribereña, escuchando canciones en vivo de un rey vallenato, ver danzas folclóricas Colombianas, disfrutar de una obra de teatro, y justo antes de llegar al primer puerto divisarlo desde el segundo piso, con techo,  pero abierto por todos lados, sintiendo el calor y la brisa magdalénica, mientras  se baila en  una pista.

Al llegar a los puertos de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Gamarra, La Gloria, El Banco, Magangue, Mompox, Barranquilla o Cartagena, ser recibido en  tierra con muestras  naturales de folclor autentico, pescados de rio en la mesa u otros manjares tropicales. Continuar en plan con visita a ciénagas en donde los manatíes son tan grandes como la chalupa o canoa que los lleva y se pueden alimentar con la mano.

Te saludarán aves de todo tipo, garzas “antediluvianas”, una llamada chavarri, podrás visitar haciendas cacaoteras, palmeras u otras, vivirás la historia petrolera, recorrerás senderos en ecoturismo y turismo de aventura, para después regresar a un cómodo hotel y prepararse,  si lo desea, a pasar la noche enfiestado dejándose llevar por el realismo mágico como en la novela el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.

Al siguiente día volver a subirse en otro catamarán igual para continuar al siguiente puerto o regresarse con suvenires de recuerdos. Que tal ir por Rio al festival mundial de Jazz de Mompox  o simplemente pasear un domingo por el rio magdalena en Barrancabermeja en compañía de su familia.

Todo eso, para presentarles el sueño del Leonidas Gómez candidato a la Gobernación de Santander y que se denomina ACUAPETROL. Agua y petróleo pueden convivir cuando de turismo se trata. Cuatro barcos  con capacidad de más de 80 personas cada uno, navegaran en ida vuelta con precios asequibles, desde Barrancabermeja hasta la costa atlántica y viceversa, diseñados para bogar en aguas poco profundas sin inconveniente ante sequias y bancos de arenas.

La operación y eje será en Barrancabermeja, el ir y venir de turistas nacionales e internacionales generará miles de empleos. Lo sorprendente es que  pueden ser construidos en Colombia en donde astilleros los exportan para otros países con precios muy competitivos.

De ganar el próximo 27 de Octubre Leonidas Gómez la Gobernación de Santander, Acuapetrol estaría garantizado porque es  en esencia un empresario exitoso del turismo y está acostumbrado a volver realidad sus sueños, la Gobernación colocaría mínima inversión y tendrá en cuenta mayoritariamente la participación privada en especial la comunidad ribereña que vive del Rio en un turismo social e incluyente, incluso otros municipios y Departamentos podrían participar según la nueva ley de regiones.

Este maravilloso proyecto logrará hasta lo impensado, construcción, reparación y modernización de muelles y lo más fundamental: que Colombia deje de darle la espalda a nuestro Rio más importante y procure, por fin concretar y asegurar su navegabilidad. Un sueño que será una realidad. Nos veremos en el viaje inaugural.

Bucaramanga, 10 de octubre de 2019

*Ingeniero.

Por José G. Hernández*.-    A la Corte Constitucional ha sido confiada la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Se trata de una función esencial para la existencia de un auténtico Estado Democrático de Derecho. Su existencia y respetabilidad se justifican no solamente en cuanto ha sido concebida para garantizar que los principios y normas fundamentales tengan efectiva realización y con miras a que no resulten burlados por las otras ramas del poder público mediante la expedición de disposiciones contrarias a aquélla, bien por vulnerarla de fondo, ya por desconocer los trámites y requisitos de orden formal exigidos por el Constituyente.

Como resulta del concepto mismo del control de constitucionalidad, se trata de una función jurisdiccional orientada a resguardar la supra legalidad y el imperio del máximo estatuto normativo en el Estado de Derecho. La Carta Política no puede quedar inaplicada por la vigencia de normas inferiores que le son opuestas, toda vez que, si así ocurriera, predominaría el precepto inferior y quedaría escrito el de máxima jerarquía, lo cual desvirtuaría el carácter supremo de la Constitución y llevaría a la inutilidad de las funciones de defensa constitucional y de la propia Corte.

De allí la trascendencia de la actividad que cumple el tribunal encargado de preservar el ordenamiento básico -en nuestro caso, la Corte Constitucional-, en cuanto sus decisiones -las de mayor nivel y jerarquía en el ámbito jurisdiccional- hacen que sean respetados los valores y postulados en que se funda el sistema jurídico y determinan la validez de las disposiciones inferiores. Por ello, en virtud del control abstracto de constitucionalidad, ese tribunal no propone, sino que resuelve, con fuerza de cosa juzgada, si las normas o estatutos que apruebe el legislador -ordinario o extraordinario-  deben permanecer en vigor y seguir obligando, o si han de ser retirados del orden jurídico, perdiendo vigencia por contradecir la normatividad fundamental.

Ante algunas propuestas -de ahora (como las relativas a la ley de financiamiento) y de antes (recordemos las diatribas contra decisiones como la que declaró la inconstitucionalidad del sistema Upac o contra las que han defendido un mínimo que mantenga el poder adquisitivo de los salarios)-, propuestas que invitan al prevaricato y que, con gran ignorancia de los aludidos principios,  pretenden forzar a la Corte Constitucional a consultar  los efectos económicos de sus sentencias, para que resuelva según ellos y no de conformidad con el Estatuto Fundamental que está obligada a defender, debemos recordar que los magistrados de esa corporación han jurado defender las normas supremas, no los intereses partidistas, gremiales, individuales o de otro tipo, de suerte que los intentos de manipular sus sentencias,  por cualquier medio,  resulta inadmisible.

No se olvide que un fundamento esencial de la democracia es el respeto a los jueces -con mayor razón si se trata de los de máxima jerarquía- y que la presión sobre ellos, con el propósito de desviar sus decisiones para que no resuelvan en Derecho, o con el fin de culparlos de catástrofes si sus fallos son en determinado sentido, no solamente constituye falta de respeto sino ataque muy grave a la vigencia del Estado de Derecho.

Desde luego, siempre con respeto, cabe la crítica posterior, en la Academia y la doctrina, sobre los fallos y la jurisprudencia. Nadie desconoce que fallos equivocados que deben ser corregidos, pero ese es otro asunto.

La Corte Constitucional, como los demás altos tribunales, debe obrar con independencia, sin atender ataques ni lisonjas, y fallar exclusivamente en Derecho y con arreglo a la Constitución.

Bogotá, D. C, 9 de octubre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional