Opinión

Las funciones de los gobernantes, en un Estado Social de Derecho -como se supone que es Colombia- van mucho más allá del mero espectáculo mediático.

Por José G Hernández*. - Nos toca recordar a nuestros funcionarios públicos y a muchos medios de comunicación que Colombia es una democracia, que desde hace más de dos siglos no dependemos de monarcas y que, como lo proclama el artículo 2 de la Constitución, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El poder que se otorga a quienes desempeñan los cargos públicos está delimitado por normas constitucionales y legales y debe ser ejercido únicamente en los términos que esas normas establecen.

Por otra parte, Colombia es un Estado Social de Derecho. Las ramas y órganos del poder público tienen que actuar “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”, como también lo expresa la Constitución. Las autoridades -dice su artículo 2- están instituidas para proteger a todas las personas aquí residentes, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. No se les confiere el poder para satisfacer sus deseos y caprichos personales sino para servir a la colectividad. Por eso hablamos de servidores públicos, no de príncipes.

En el caso del presidente de la República, es un servidor público elegido por el pueblo, al que se confiere un mandato. Ejerce poder, en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, pero -claro está- ese poder dista mucho de ser absoluto. Lo debe ejercer con arreglo estricto a las disposiciones establecidas en la Constitución y en las leyes -las colombianas- que, al posesionarse, jura acatar y respetar.

Por eso, el presidente de la República no puede desconocer el artículo 93 de la Constitución, a cuyo tenor Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Colombia -como los convenios de Ginebra de 1949 o el Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional-, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Debe respetar la dignidad de toda persona -uno de los fundamentos de nuestro sistema jurídico-, dar ejemplo de función pública ejercida con sentido humanitario. Por eso, no está bien que haga de la muerte un espectáculo, exhibiéndose públicamente entre cadáveres para hacer alarde de triunfo.

Tampoco es correcto que haga burla de las órdenes judiciales. Si los jueces le han ordenado presentar disculpas por haber convertido un acto civil en ceremonia religiosa -desconociendo el carácter laico del Estado colombiano-, es indebido que culmine las disculpas con una proclama religiosa, para ridiculizar la orden judicial.

Se equivoca el gobierno cuando implanta modalidades de censura, desconociendo la libertad de expresión, eliminando emisoras comunitarias u ordenando que en las ruedas de prensa ofrecidas por altos funcionarios solamente participen los medios y periodistas “amigos” y que no sea posible formular preguntas o inquietudes. También cuando prohíbe usar la palabra “campesinos”.

Las funciones de los gobernantes, en un Estado Social de Derecho -como se supone que es Colombia- van mucho más allá del mero espectáculo mediático. Ellos están llamados a prestar un servicio, para bien de la sociedad, no para satisfacer su propio ego.

Bogotá, D. E, 9 de septiembre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional.

La minería moderna debe ser ambientalmente responsable, socialmente sostenible y rigurosamente regulada.

Por: Amylkar D. Acosta M*. - La minería atraviesa una profunda transformación en el mundo. Paradójicamente, cuando los minerales se han convertido en insumos indispensables para la transición energética, la digitalización y las nuevas tecnologías, hay quienes pretenden remar en dirección contraria, a contracorriente, con la radicación por segunda vez del proyecto de la “Nueva ley minera”, que más bien puede catalogarse como ley anti-minera. Se aduce que uno de sus ejes centrales es el “fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo”, que está amparada en el artículo 332 de la Carta, como si ella estuviera en entredicho por la actividad minera y no por el copamiento y el control territorial en muchas regiones del país por parte de los grupos armados organizados (GAO).

Llama poderosamente la atención que en la exposición de motivos se menciona 27 veces la palabra “reconversión productiva” y 22 veces la “diversificación”. Ambas expresiones tienen como carga de profundidad el marchitamiento prematuro de la actividad extractiva con la monserga del “extractivismo”, como estigma de la misma.

Se propone también “consolidar el conocimiento geológico como un bien público”, cuando siempre lo ha sido. Como es bien sabido la minería está declarada de utilidad pública e interés social en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas vigente), de lo cual se sigue que el Estado reconoce la minería como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país, sin que ello signifique una prevalencia absoluta sobre otros derechos, bienes e intereses consagrados en la Constitución Política, como lo son la autonomía territorial, la protección del medioambiente, así como los derechos fundamentales y colectivos. De aprobarse este proyecto la minería dejaría de serlo con todas sus consecuencias.

La actividad minera en Colombia enfrenta una verdadera carrera de obstáculos, que se tornarán mayores si se llega a aprobar este proyecto. A los riesgos propios de una industria intensiva en capital, sometida a la incertidumbre geológica y que requiere inversiones de largo plazo, se viene a sumar una creciente maraña de restricciones regulatorias, ambientales, tributarias, territoriales y administrativas que termina comprometiendo su competitividad. Se destacan entre ellas el Decreto 044 de 2024, expedido por el presidente Gustavo Petro “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales” hasta por cinco años prorrogables, excluyendo en ellas de manera discrecional la actividad minera por parte del Gobierno nacional, sin contar para ello con las entidades territoriales, lo cual transgrede el principio de la autonomía territorial consagrado en los artículos 1º y 287 de la Constitución Política.

Es el caso también de la creación a su antojo por parte del Gobierno Nacional, a través de resoluciones del Ministerio de Agricultura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), amparado en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (PND). En ellas, como es obvio se excluye toda actividad extractiva, llevándose de calle los derechos adquiridos con arreglo a la ley, que deben ser protegidos.

Y de contera, la Agencia Nacional de Minería (ANM) podría definir por sí y ante sí, con amplia discrecionalidad, cuáles serían las zonas “aptas” para la actividad minera. Tanto esta facultad, como el Decreto presidencial y la resolución ministerial de marras, van en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual, después de muchas idas y venidas, muchas vueltas y revueltas, emitió una sentencia de unificación (SU-095 de 2018) determinando que las autoridades territoriales no pueden prohibir la explotación del subsuelo, pero tampoco pueden las autoridades nacionales, unilateralmente, autorizar proyectos mineros ignorando las competencias municipales sobre el ordenamiento territorial, los usos del suelo y la protección ambiental. Se impone, entonces, la necesaria concertación y el acuerdo entre unas y otras, dentro del espíritu de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en la Constitución Política (artículo 288).

Otra talanquera que se le impuso a la actividad minera fue el establecimiento de un remedo de “distritos mineros”, con fundamento en el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 (PND), delimitados, al igual que las APPA y las ZPPA unilateralmente por parte del Gobierno central. Este esperpento jurídico en lugar de ordenar y estimular una minería responsable terminó convirtiéndose en una fuente más de incertidumbre e inseguridad jurídica, superponiéndose  a títulos y solicitudes en curso de los mismos. Por fortuna, la decisión del Gobierno De la Espriella es de suprimirlos y con tal fin ya ha sido publicada la Resolución para comentarios que se propone su derogatoria.

Mientras otros países revisan sus legislaciones para atraer capital, estimular la exploración, ofrecer seguridad jurídica y explotar sus recursos minerales, este proyecto presentado por el Gobierno parece orientado justamente hacia lo contrario: ahuyentar la inversión y provocar el marchitamiento prematuro de una actividad que Colombia necesita, so pretexto de defender el medioambiente.

Y digo so pretexto de defender el medioambiente y un supuesto “cambio de modelo”, porque plantear la discusión, con una gran carga ideológica, como una disyuntiva entre minería y medioambiente es un falso dilema. Colombia necesita proteger sus ecosistemas, desde luego, pero también necesita producir. La minería moderna debe ser ambientalmente responsable, socialmente sostenible y rigurosamente regulada. Una cosa es exigir que la actividad minera cumpla los más altos estándares y otra muy distinta hacerla prácticamente inviable. Tal como está planteado es un verdadero despropósito.

El riesgo de este proyecto consiste precisamente en profundizar una paradoja: mientras el mundo compite por atraer capital para explorar y producir los minerales indispensables para la transición energética, Colombia estaría levantando nuevas barreras para aprovechar los suyos.

Bogotá, 5 de septiembre de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Para Abelardo de la Espriella, Colombia estuvo arrodillada ante el crimen durante los últimos años. Ahora comienza una nueva fase de la guerra interminable que el país vive desde hace más de seis décadas.

Por Hubert Ariza*. - La política en Colombia se vive con vértigo. Los acontecimientos suceden a una velocidad tal que quien parpadee puede perderse entre el mar de desinformación de las redes sociales, los titulares de los medios tradicionales, la batalla por imponer una narrativa entre la derecha y la izquierda, la disputa cultural y los egos de los protagonistas de una agenda política que cambia permanentemente.

Hace tan solo 20 días, el país se despertó con un terremoto de 7,4 que golpeó con fuerza a cinco departamentos y dejó más de 153.000 familias damnificadas, 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 31.461 viviendas destruidas, además de cientos de edificios en lista para ser demolidos. Después de la tragedia, las réplicas ya suman 332.

A pesar de la magnitud de la catástrofe y de la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional con las víctimas, la atención de la opinión pública pareciera haberse desplazado nuevamente hacia el acontecer político.

El dolor de las víctimas, el heroísmo de los sobrevivientes, la respuesta inmediata de los empresarios, la solidaridad de los colombianos, la cooperación extranjera y la gestión del Gobierno han quedado relegados en la agenda mediática por un tema que domina el interés nacional desde hace más de seis décadas: el conflicto armado interno.

A este escenario se suma el debate en el Congreso sobre el proyecto de reforma económica que impulsa el ministro de Hacienda, una iniciativa que ha despertado la atención de los expertos por el inusitado incremento de las cifras del Presupuesto General de la Nación.

En la Patria Milagro está cerrada la puerta de la paz negociada y la Paz Total quedó sepultada. Después del fracaso de esa política implementada durante la administración de Gustavo Petro, la narrativa que busca imponerse es la de la victoria militar sobre los grupos armados ilegales, ahora calificados como terroristas.

“La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, señaló el mandatario en Riohacha. Una tesis que ha repetido en varias ocasiones y que, para el jefe de Estado, constituye el camino para establecer una paz “verdadera y duradera”.

Los golpes a los cabecillas de las estructuras armadas ilegales le han dado más alas al Ejecutivo para consolidar una estética de poder militar que pasó de los anuncios a los hechos. El jefe de Estado se esfuerza en mostrarse como un hombre cercano a la tropa, un comandante que conduce a las Fuerzas Militares hacia una hipotética victoria, cuyo ideal sería el sometimiento de los actores armados ilegales sin mayores concesiones por parte del Estado.

Con su nueva vestimenta de tropero, el mandatario construye la puesta en escena de los grandes anuncios: bombardeos a campamentos guerrilleros y bajas de integrantes de organizaciones armadas ilegales. Ese presidente tropero, en un país que continúa en guerra, parece dispuesto a imponer la narrativa de que la única salida es militar y a desechar los caminos exitosos de negociaciones de paz anteriores.

El país tendrá que acostumbrarse a un presidente que alienta la ofensiva militar en los territorios, presenta resultados de operaciones y busca apoyarse en Estados Unidos para escalar la confrontación contra las organizaciones armadas ilegales. Un mandatario que, además, tampoco pareciera dispuesto a ceder ante la protesta social que se anuncia y que podría manifestarse con fuerza en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Colombia parece repetir algunos elementos de los años del gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática y mano dura, aunque esta vez sin el lema del “corazón grande”, cuando el entonces presidente era recibido en el rancho de su homólogo estadounidense, George W. Bush.

Durante esos ocho años de gobierno, el incremento de las acciones bélicas, los bombardeos y los ataques produjo una presión permanente por mostrar resultados militares. La degradación de la guerra contra las Farc terminó degradando también la democracia hasta desembocar en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente: los llamados falsos positivos.

La política del body count se impuso y algunos miembros de la Fuerza Pública recibieron incentivos para producir “positivos”, es decir, resultados operacionales medidos en bajas de integrantes de grupos armados. Las cifras de guerrilleros muertos terminaron convirtiéndose, en numerosos casos, en un engaño a la opinión pública y en una vergüenza para la Fuerza Pública.

En la Jurisdicción Especial para la Paz, una instancia de justicia transicional que sectores de la derecha han planteado cerrar o reformar profundamente, se han conocido testimonios de altos oficiales y soldados procesados por ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos continúan siendo una herida abierta en Colombia y un episodio que algunos sectores se empeñan en negar o minimizar, mientras arremeten contra la JEP y buscan desprestigiarla.

Lo que ha visto el país durante este primer mes del mandato del presidente Abelardo no son falsos positivos, sino combatientes de organizaciones ilegales muertos en operaciones militares que el Gobierno presenta como legítimas. Sin embargo, la imagen del mandatario mostrando los cadáveres de guerrilleros muertos tras un bombardeo, introducidos en bolsas blancas, desató una tormenta política y mediática y le dio la vuelta al mundo.

Los sectores más belicistas aplauden los bombardeos contra los campamentos guerrilleros y celebran la muerte de los jefes de esas organizaciones. Pero que mueran menores de edad en esos operativos no puede ser motivo de celebración. Precisamente porque la guerra tiene límites y esos límites están establecidos, entre otras normas, por el derecho internacional humanitario.

Esos bombardeos, que podrían multiplicarse con el paso de los días, pueden marcar el comienzo de una nueva espiral de guerra que acompañará los cuatro años del Gobierno, con el respaldo de Estados Unidos. Colombia mantiene un papel estratégico en la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales en la región.

La ilegalidad, por su parte, está respondiendo a la ofensiva del Estado. El ataque con un carro bomba contra una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander, ocurrido el pasado 31 de agosto, constituye una muestra de esa respuesta violenta. Cada acción genera una reacción y el Estado tendrá que estar preparado para las consecuencias de una nueva escalada del conflicto.

La nueva estrategia de seguridad —mano dura, cero negociación, sometimiento y control territorial— parece haberse sellado con el cierre de tres mesas de negociación que habían sido abiertas durante el Gobierno Petro: con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

A los integrantes de esas organizaciones ya no se les ofrece una mesa para negociar, sino la posibilidad de una desmovilización bajo presión militar. La fórmula parece simple: sometimiento o muerte.

Ese mensaje quedó ilustrado con la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su esposa, Rosa Angélica Tarazona. Naín, de 26 años, era señalado como máximo cabecilla de un frente de las ACSN. La muerte lo sorprendió durante un operativo de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, en Riohacha, La Guajira, en la madrugada del pasado viernes.

El resultado de esa operación constituye un triunfo político y militar para el nuevo Gobierno, que busca demostrar que va en serio en su ofensiva contra los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales. La noticia fue presentada en el Batallón Cartagena de Riohacha, acompañada del ritual de los cuerpos introducidos en bolsas blancas y del jefe de Estado vestido con uniforme militar.

Es un protocolo que ya había generado enorme rechazo cuando el mandatario recorrió la fila de 23 bolsas blancas que contenían los cuerpos de los integrantes de las disidencias de las FARC muertos durante un bombardeo en el Guaviare.

“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, señaló el pasado viernes el presidente en Riohacha, quien no pierde oportunidad para atacar los procesos de paz desarrollados durante el Gobierno Petro.

Para él, durante los últimos años Colombia estuvo arrodillada ante el crimen. Ahora comienza una nueva fase de la guerra interminable que el país vive desde hace más de seis décadas.

El Tigre está de cacería. Pero los lobos de la guerra saben que este nuevo capítulo apenas comienza.

Bogotá, D. E, 6 de septiembre 2026.

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

No es aceptable la complacencia o la complicidad o el silencio frente a comportamientos que impiden la armonía social, la convivencia y el buen trato

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - En estos días, los medios de comunicación han registrado doctrinas, tanto de la Corte Suprema de justicia como del Consejo de Estado, que ponen en su lugar el legítimo derecho de la protesta social y reiteran la obligación por parte de los protestantes de respetar los derechos de los demás ciudadanos.

Es que resulta muy contradictorio que el ejercicio de un legítimo derecho, como el de la protesta social, esté fundamentado en la violación flagrante del derecho de los demás ciudadanos. Así no puede funcionar un estado social de derecho; el uso legítimo de la protesta social si se desborda, si no respeta el derecho a la propiedad, el respeto a la libertad de movimiento y otros más es una invitación clara y contundente a la violencia. Precisamente el ejercicio de la protesta social pacífica es la negación de la violencia. Es una conquista que busca superar otros mecanismos para hacerse escuchar o para hacer llegar una voz de desacuerdo frente a decisiones de las autoridades legítimas.

Y se comete una gran equivocación por parte de las autoridades, cuando al tiempo que respetan un derecho legítimo permiten que se irrespeten otros derechos que son igualmente legítimos. Como la advierten las sentencias que comentamos, no existen derechos absolutos, o sea derechos que no reconocen limitaciones y que se ejercen con la idea de que se puede atropellar al resto de la ciudadanía o al vecino o al patrono o al dueño de una empresa. Lo que permite que una sociedad civilizada funcione apropiadamente es, ni más ni menos, el reconocimiento de que todos los derechos tienen límites y es esa condición la que nos permite convivir, la que nos permite vivir en santa paz, en armonía. El no respetar esos límites es el ejercicio de la ley del más fuerte, o sea la ley de la selva qué es la que hace que el salvajismo sea lo que caracteriza el comportamiento de la ciudadanía.

El comportamiento civilizado y no el salvaje es el que ejerce sus derechos legítimos con el debido respeto a los derechos legítimos del prójimo, de los demás, de toda la ciudadanía. Si las autoridades no son capaces de preservar el respeto mutuo de los derechos están propiciando, entonces, el surgimiento de la violencia y del salvajismo y, así, la vida se hace imposible. Practicar ese salvajismo es el que lleva muchos a anunciar que van a hacer invivible la República. Pues eso no se puede permitir de ninguna manera. Ya estamos viendo, y no es la primera vez, ese comportamiento salvaje en los estadios. Igual puede producirse en los eventos musicales o de otra naturaleza. Y en la vida universitaria sí que son inaceptables totalmente porque la universidad es, afortunadamente, el templo sagrado del desacuerdo, de las opiniones diferentes que se tramitan, con el mayor respeto y, en ocasiones, con enorme admiración.

No es aceptable la complacencia o la complicidad o el silencio frente a comportamientos que impiden la armonía social, la convivencia y el buen trato entre los ciudadanos aún en circunstancias de protestas propias de una democracia plena. Propiciar o tolerar esos comportamientos es contribuir al debilitamiento de esa democracia.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Si al agricultor se le garantiza mercado, puede sembrar hoy el alimento que la ganadería necesitará mañana.

Por: José Félix Lafaurie Rivera* - Entre ondas tropicales, como la que afectó severamente a Córdoba, y la amenaza de El Niño, que apenas empezando ya ha causado estragos y se anuncia como el más fuerte en décadas, el país ha sufrido este año inundaciones catastróficas, incendios, sequías… y un devastador terremoto.

Cuando escribo estas líneas la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha confirmado oficialmente el inicio del Fenómeno de El Niño y advierte sobre su intensidad, que será máxima hacia finales de año y con 100% de posibilidad, es decir, con total certeza de que se extenderá hacia febrero de 2007.

Al margen de la tragedia humana detrás de estos embates de la naturaleza, siempre prioritaria, el daño a la tierra y a los animales no es un problema menor, por su importancia para la seguridad alimentaria y la subsistencia económica de millones de personas.

Entre el 1º de junio y el 25 de agosto de 2026, FEDEGÁN registra 15.125 bovinos muertos, 392.614 desplazados y más de 2,8 millones de hectáreas afectadas. Las pérdidas rondan ya los $75.000 millones.

Lo grave es que El Niño apenas comienza y ya sabemos en qué puede terminar. En el de 2009–2010 murieron 73.927 bovinos, 1.388.878 fueron desplazados y más de 8,1 millones de hectáreas resultaron afectadas, con pérdidas que alcanzaron los $6,1 billones.

Así que las señales obligan a tomar en serio ese antecedente, pues sería irresponsable pensar que es solo un pronóstico y esperar a comprobarlo para empezar a actuar.

En 1939, Ortega y Gasset, exiliado en Argentina, lanzó una proclama en La Plata que se volvió universal: ¡Argentinos…, a las cosas, a las cosas! Mi padre, mi sabio de cabecera, me decía: “No se preocupe… ¡ocúpese!”. Pues bien, frente a la amenaza advertida… a ocuparnos de ella…, ¡a las cosas!

Con esa intención le escribí tres cartas al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, con sendas propuestas concretas que esperan voluntad política:

La primera es la convocatoria de una Mesa Nacional de abastecimiento para la alimentación ganadera, liderada por el Ministerio, con FEDEGÁN y los principales sectores agroindustriales.

Los ingenios tienen melaza; el sector palmicultor, palmiste; el arrocero y el algodonero diferentes subproductos; y otras cadenas agroindustriales disponen de materias primas utilizables para la alimentación bovina. La tarea es saber qué hay, dónde, en qué cantidades y a qué precio, para conectar esa oferta con las regiones que la necesitan.

Pero no basta con distribuir lo que existe. Por ello la segunda apunta a la necesidad de producir hoy lo que se necesitará en los próximos meses. El Gobierno puede convocar agricultores de ciclo corto para sembrar maíz, sorgo y otros cultivos forrajeros para ensilaje y henificación, mediante contratos de producción o compromisos de compra. Si al agricultor se le garantiza mercado, puede sembrar hoy el alimento que la ganadería necesitará mañana.

La tercera tiene que ver con un cuello de botella logístico: el transporte. Puede haber palmiste, melaza o forraje disponibles, pero si llevarlos a las zonas afectadas hace inviable su adquisición, para el ganadero ese alimento no existe. Se requiere un mecanismo temporal de cofinanciación del transporte y el bodegaje local.

Igualmente, deben habilitarse líneas de crédito de contingencia para compra de alimento, suplementación y movilización de ganado, con tasas y plazos acordes con la emergencia.

FEDEGÁN pone a disposición del Gobierno su capacidad institucional, técnica y territorial para identificar zonas críticas y productores afectados, cuantificar necesidades, articular oferta y demanda y apoyar la ejecución verificable de estas medidas.

Todavía estamos a tiempo. En 2009 aprendimos cuánto cuesta llegar tarde. Hoy, sencillamente, debemos ocuparnos de enfrentar un riesgo conocido. ¡A las cosas! 

Bogotá, D. C, 5 de septiembre de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

No se puede confundir la situación irregular de un migrante con la comisión de delitos.

Por José G. Hernández*- Uno de los fundamentos esenciales de nuestras instituciones es el respeto a la dignidad de la persona humana. Así lo declara expresamente el artículo 1 de la Carta Política.

Las autoridades de la República, de conformidad con el artículo 2, “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Subrayo: deben proteger a todas las personas residentes en Colombia, no solamente a los nacionales colombianos.

En nuestro territorio habitan miles de migrantes, de distintas nacionalidades, pero especialmente venezolanos, quienes han salido de su país por causa de la situación política y económica, que ha venido siendo afectada en los últimos años. Y, por supuesto, hay millones de colombianos migrantes en países como la misma Venezuela, Estados Unidos, España, Canadá, Perú, Argentina y Ecuador.

Así como exigimos respeto a los derechos y libertades de los colombianos migrantes -que ha faltado en muchos casos, como se ha visto en Estados Unidos por causa de la actividad represiva del denominado ICE-, debemos preservar los que corresponden a personas extranjeras que habitan en nuestro suelo.

Claro está, esos extranjeros migrantes están sometidos al ordenamiento jurídico colombiano, deben cumplir las exigencias señaladas en las leyes para la migración y han de responder ante nuestras autoridades judiciales si incurren en conductas delictivas.

Rechazar o expulsar a los migrantes que quieren permanecer en Colombia, por el solo hecho de no ser colombianos, es arbitrario. Al tenor del artículo 100 de la Constitución “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos”, aunque, por razones de orden público, se podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de ciertos derechos civiles.

En principio, todo extranjero requiere autorización y el cumplimiento de requisitos para ingresar y permanecer en Colombia. El ingreso o permanencia en el territorio nacional de ciudadanos extranjeros no autorizados o que no cumplen las exigencias respectivas es lo que se denomina “migración irregular”, que puede llevar a  la deportación, aunque el artículo 14 de la Ley 2136 de 2021 previó que, cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia podrán definir mecanismos temporales o especiales de flexibilización migratoria y emitir los documentos o permisos de permanencia temporal y autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

El Decreto 1067 de 2015 establece que se otorgará un salvoconducto “al extranjero que, pudiendo solicitar visa en el territorio nacional, haya incurrido en permanencia irregular, previa la cancelación de la sanción a la que hubiere lugar". Según el caso, se fijará el término de duración del salvoconducto, que -se repite- es puramente transitorio.

En el contexto de esas disposiciones constitucionales y legales y sobre la base del respeto a los derechos esenciales, no se puede confundir la situación irregular de un migrante con la comisión de delitos, ni se ajusta a nuestro orden jurídico proceder, sin las consideraciones sobre cada caso, a capturas y expulsiones masivas, con el argumento de la irregularidad.

Bogotá, D. C, 3 de septiembre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional

Esta desafortunada tragedia debe servir para iniciar la construcción de una ciudad moderna, segura e incluyente.

Por Humberto Tobón*. - No es posible ni será comprensible y tampoco una decisión responsable emprender la reconstrucción de Pereira manteniendo el mismo modelo que todos los gobiernos pasados han adoptado, que se traduce en que se siga reparando, reforzando o ignorando las recomendaciones técnicas, en los mismos sitios que se han caído una y otra vez, causando muerte y destrucción.

La presión social está manifestándose hoy, exigiendo, por ejemplo, que sobre el colector de Egoyá y sus alrededores no se vuelva a construir y que ese espacio se convierta en un gran bulevar, lo que le cambiaría para siempre la fisonomía a Pereira y abriría nuevos escenarios de desarrollo urbano.

Una decisión de esta dimensión requiere un plan de ordenamiento territorial visionario e innovador, además de un cambio de paradigma para las próximas tres o cuatro décadas. También la necesidad de prohibir la ejecución de proyectos habitacionales, comerciales e industriales en una porción muy importante del territorio y destinar apreciables sumas de dinero para comprar las propiedades actuales y/o reubicar a los residentes.

Pero no puede ser solo Egoyá el que se intervenga. También se debe incluir la zona céntrica, los deprimidos sectores de la antigua galería y la comuna Villavicencio y el desastroso territorio paralelo a la avenida 30 de agosto desde la calle 21. ¿Será que tendremos una autoridad capaz de medírsele a semejante reto?

Esta desafortunada tragedia debe servir para iniciar la construcción de una ciudad moderna, segura e incluyente. Pereira merece avanzar en un profundo proceso de renovación urbana. Con una inversión de 10 billones es posible hacerlo y hacerlo muy bien.

Las autoridades y los planificadores deben ser conscientes que levantar la ciudad sobre las mismas ruinas será condenar a cerca de 120 mil personas a vivir en condiciones especialmente indignas y peligrosas. No se puede olvidar que volverá a temblar dentro de poco o de mucho tiempo. Y el propósito debe ser que ese fenómeno telúrico nos coja mejor preparados y no tengamos que lamentar tantas muertes, sumar tantas pérdidas materiales y multiplicar las afectaciones económicas

Así mismo, el ordenamiento territorial debe contemplar la posibilidad de consolidar una ciudad que se acerque al óptimo donde sus habitantes puedan encontrar servicios de salud, educación, comercio, ocio, transporte alternativo y trabajo en un tiempo no mayor de 15 minutos.

Una Pereira competitiva y atractiva es posible si entendemos que debemos pensar en grande, con títulos en mayúsculas, como lo hicieron muchos de quienes forjaron una historia de éxito en estos 163 años de nuestra ciudad.

Pereira, 31 de agosto 2026

*Economista y Periodista

Los costos económicos de este desgobierno son apabullantes.

Por Juan C. Restrepo Salazar*.  -  Se dice que durante la colonia a los virreyes los recibían por entre arcos festivos y los despedían con agresivas flechas al final de sus mandatos.

Lo que sucedió la semana pasada frente a la embajada de los Estados Unidos no difiere mucho de lo que acontecía en la colonia. Los guardianes de la embajada fueron agredidos a flechazos por el llamado “congreso de los pueblos” y despedidos con una lluvia de piedras.

¿Quiénes conforman el congreso de los pueblos, el mismo grupo que tomó a la brava la universidad nacional, varios edificios públicos y ha estropeado el mobiliario urbano?

No se sabe con certeza. El ministro del interior, Armando Benedetti, dijo que sin duda alguna obedecían a instrucciones de grupos criminales; otras informaciones dan cuenta de los estrechos vínculos que parece tener con grupos allegados a los parlamentarios más beligerantes de la Colombia humana.

Sería bueno que el propio gobierno aclarara cuál es el ADN de este agresivo “congreso de los pueblos” que dirigió una carta a Gustavo Petro declarándose en “beligerancia pacífica”, que se hacen fotografiar con miembros de las unidades legislativas de los congresistas de la Colombia Humana, y a quienes Benedetti señala como cercanos a grupos criminales.

Lo cierto es que se trata de una organización que busca desesperadamente prender de nuevo la mecha del estallido social del 2021 obedeciendo a claras consignas políticas.

La situación de las carreteras del país no es mejor. Según Colfecar, ajustamos este año más de 600 bloqueos en las vías nacionales. Este tipo de cerramientos está prohibido por la ley. Pero las autoridades no hacen cumplir la ley. O porque están desbordados o porque no les importa a sus comandantes que se viole la ley en sus narices.

Cualquiera de las dos hipótesis es inaceptable. La protesta social está amparada por la constitución, pero desde las bermas de las carreteras: no en la mitad de las calzadas interrumpiendo el tráfico de pasajeros y mercancías.

Cuando se reclama autoridad no se hace otra cosa que recordarles a las autoridades que su deber es hacer cumplir la ley imperiosamente. No más, pero tampoco menos.

Al momento de escribir estas notas la vía Cali-Buenaventura (el principal puerto de Colombia) lleva cerca de seis días cerrada. Ningún país del mundo toleraría que la carretera que une al principal puerto marítimo con su centro económico permanezca cerrada por cerca de una semana. La indolencia del gobierno central, que es a la postre el responsable del mantenimiento del orden público, es pasmosa.

Los costos económicos de este desgobierno son apabullantes. Según datos divulgados por la cámara de comercio de Cali ésta sola interrupción en la vía al puerto de Buenaventura le está costando a la economía nacional $ 10.000 millones diarios. Por la vía terrestre que une al puerto del pacífico con el interior del país circulan 3.090 vehículos de carga y 2.200 de pasajeros por día. La interrupción arbitraria de esta vía neurálgica está generando pérdidas de 25% en productos perecederos. Y el bloqueo, por último, está causando grave perjuicio a cerca de 8.000 empleos en la cadena logística del puerto.

Los bloqueos sobre la vía Panamericana no son menos inquietantes y repetidos. Según el general Hernando Africano (comandante de la tercera división del ejército) “integrantes del Eln estarían presionando a las comunidades para que participen en las protestas”. Según la cámara de comercio de Pasto este bloqueo de la Panamericana tiene un costo sobre la golpeada economía nariñense de $ 50.000 millones diarios.

Estamos pues, tanto en lo urbano como en la conectividad a través de las vías nacionales, cayendo en manos de los que quieren sembrar el desorden y el caos.

Y lo más grave: ante la impasible reacción de las autoridades que, así tengan buena voluntad para actuar, están tolerando en sus narices actitudes inaceptables y devastadoras contra la economía nacional.

Bogotá, D.C, 31 de agosto 2027

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - Éste es un tema que debería dar lugar a alguna reflexión seria por tratarse de asuntos de gran importancia y que en las últimas semanas han estado en la mesa de discusión.

El primero de ellos tiene que ver con el de las renuncias que cuando se acerca un nuevo gobierno, ciertos altos funcionarios están en la obligación de presentar por razones protocolarias y para facilitar la tarea de la administración entrante.

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar. Me explico. En mis recuerdos, la Cancillería tres meses antes de la inauguración de un nuevo presidente le recuerda por medio de una circular a los embajadores que deben presentar su renuncia, protocolaria o definitiva, para que el gobierno disponga de esos cargos que son de representación, no sólo del gobierno, sino del propio presidente. Y es su tarea obtenerlas.

Sorprendió que al parecer eso no ocurrió en esta ocasión, o que la Cancillería no hizo bien la tarea, y por eso se supo de algunas renuncias que aparecieron por una decisión individual y no colectiva y, al final, pues el nuevo gobierno se vio enfrentado a una situación muy incómoda, como es la de tomar la decisión de destituir cinco embajadores. Algo desagradable para todos.

El gobierno de Petro fue abiertamente sectario en esta materia y abusó del poder notoriamente al hacer designaciones los últimos días de su mandato, en cargos en los cuales, si ello fuera indispensable, era de rigor consultar con el nuevo gobierno. Eso es lo que aconsejan las buenas maneras. Los cambios de gobierno en países con un servicio civil, es decir, con una burocracia profesional escogida sobre la base del concurso y el mérito, la casi totalidad de los funcionarios, igual prestan su servicio a un gobierno laborista o a uno conservador en el Reino Unido, por ejemplo. Ello garantiza seriedad, rigor y, en muchos casos, la continuidad de políticas de Estado que son muy necesarias.

Creo que la vieja época del sectarismo partidista en Colombia quedó superada con el Frente Nacional y con las prácticas que caracterizaron el comportamiento de los gobiernos que siguieron. Aún en el caso del esquema gobierno -oposición que se implantó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, varias instituciones continuaron siendo regidas por conservadores, no obstante, la orden que ese partido dio para que todos se retiraran del gobierno y, sobra decirlo, el gobierno de Barco no tenía ningún interés de naturaleza partidista para prescindir de esas personalidades entre las que recuerdo, por ejemplo, a Pedro Javier Soto o a Mariano Ospina. Y, por ejemplo, en el servicio diplomático, se consideró que era muy aconsejable continuar con la tradición de participación de ambos partidos políticos, hoy diría de todas las fuerzas políticas existentes, como una expresión del consenso que debe existir en torno de la política internacional, y así en otros casos.

De manera que está bien que un gobierno en algunos institutos o agencias, por supuesto en su gabinete, busque mantener una línea de la orientación gubernamental, pero no se aprecia que ocurra así en otras agencias. Es que no solamente se gobierna para todos sino, también, con todos. Precisamente uno de los factores muy positivos de la elección popular de alcaldes y gobernadores, es precisamente la de que fuerzas políticas que no han logrado el control del gobierno central puedan participar en alguna forma en el gobierno de la nación. Es lo más civilizado. Es lo que contribuye a la convivencia y a la paz pública. La exclusión en la vida política no lleva a buenos resultados.

Sé que eso es difícil de entender y como ministro de gobierno del presidente Barco fracasé en tratar de implementar una forma de gobierno con esas características. Recibimos con mucha complacencia que el alcalde elegido de Bogotá, en 1988, fuera Andrés Pastrana Arango. Es que esa es la esencia de un gobierno democrático y con frecuencia así no se entiende.

Bogotá, D. C, 30 de agosto 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

La crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

Por Amylkar D. Acosta M*. - La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una verdadera bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El llamado “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29.9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575.6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6.5 billones), la educación superior (($0.7 billones), los subsidios de energía ($5.8 billones) y el Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (9.6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62 % se destinará a funcionamiento ($392.5 billones), el 24 % al servicio de la deuda ($155.4 billones) y apenas el 14 % a inversión ($86.9 billones). Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315.1 billones (49.6%), recursos de capital (préstamos) $287.7 billones (45.3%), fondos especiales $20.7 billones (3.3%) y contribuciones parafiscales (11.4 billones (1.8%).

Estas cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado, por aquello de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas en el pasado. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana. Así de claro! Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro, recurriendo a la figura del “jineteo” bancario cebando la bomba.

Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Entonces se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, los que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas del presupuesto representan alrededor del 90% del total de su aforo, convirtiéndose en una camisa de fuerza para cuerdos.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública suele convertirse en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar sus programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

Cota, agosto 29 de 2026

*Economista. Ex-presidente del Congreso, ex-ministro de Minas y Energía.

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