Opinión
Si la nueva situación da lugar a un resurgimiento del bipartidismo… es algo que está por verse.
Por: Fernando Cepeda Ulloa*. Si no existiera la segunda vuelta para la elección de presidente de la República, pues ya habría quedado establecido que Abelardo de la Espriella ganó esa elección y es un nuevo presidente. Pero la Constitución de 1991 se propuso reforzar la legitimidad de todo el sistema político, y para ello estableció que no era conveniente que el presidente de la República fuera elegido con un voto que no sobrepasaba la mitad +1 de los votantes.
El sistema de dos vueltas no se aplica en Colombia para la elección de miembros del Congreso o diputados o concejales municipales y no me sorprendería que en algún momento ese tema se considere en Francia, el parlamento llamado Asamblea Nacional, se elige por el sistema de dos vueltas y el periodo para la realización de la segunda es casi inmediato, se hace el domingo siguiente. Una manera también de revestir de mayor legitimidad a cada uno de los miembros de la Asamblea y así del principal órgano legislativo y se recuerda que se trata de un de un sistema multiparty vista que hace necesario que el sistema de dos vueltas se aplique tanto para la Presidencia como para la elección del cuerpo colegiado más importante.
En esta ocasión hubo dos candidatos que se propusieron ganar en primera vuelta y no solamente obtener el primero y el segundo lugar para entonces decidir la elección presidencial en la segunda vuelta no. Se propusieron convertir la primera vuelta en la etapa decisoria de este proceso electoral. Y casi lo logra. Y la gran sorpresa fue el porcentaje de votos que obtuvo el candidato. Abelardo de la Espriella, que sobrepasó en casi 3% a Cepeda de una votación con amplia participación de los ciudadanos, quizás la más grande después del Frente Nacional. Digamos que casi se decidió quien era el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.
Es que el sistema de dos vueltas, de alguna manera, busca propiciar el bipartidismo. Lo tolera y lo reconoce en la primera vuelta y en la segunda o abriga que el proceso electoral gire en torno de dos candidaturas, o sea de dos movimientos políticos o dos partidos políticos, una manera de rescatar el bipartidismo para así otorgarle mayor legitimidad a la tarea gobernar.
En efecto, Abelardo de la Espriella está representando casi medio país, tras rechazar el apoyo de todos los partidos políticos, grandes medianos y pequeños. A los que no simpatizaban con la candidatura de izquierda o la que se proclamaba como la continuación del gobierno del presidente Petro y que representaba una amplia coalición de partidos, grupos y movimientos políticos de izquierdo.
Si la nueva situación da lugar aún resurgimiento del bipartidismo, claro, flexible con matices, o como el IVA equivalente de dos coaliciones que van a operar a lo largo de la vida política cotidiana, es algo que está por verse.
Es un proceso electoral que está definiendo asuntos tan importantes o más, como el de la escogencia de un ciudadano para presidir la nación durante cuatro años.
Bogotá, D. C, 7 de junio 2026
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
La encíclica está llena de críticas muy fuertes a quienes creen que la única razón válida en el mundo contemporáneo es la del más fuerte.
Por: Juan Camilo Restrepo*. - La primera encíclica de León XIV “Magnifica Humanitas” es una pieza mayor de la doctrina social de la iglesia. Recordando la carta “Rerum Novarum” de su antecesor León XIII que se refirió a las “cosas nuevas” del mundo hace 135 años: sindicalismo, la huelga, las relaciones entre el capital y el trabajo, la modernización de los instrumentos económicos en el mundo capitalista, León XIV nos habla en esta ocasión de las “cosas nuevas” en el momento actual: siendo la inteligencia artificial la principal de ellas.
Obviamente, la posición del Vaticano no es adversa a la inteligencia artificial. Reconoce que abre caminos promisorios para la humanidad. Pero nos pone en guardia de que si no está bien regulada por los responsables mundiales puede conducir a una nueva modalidad de esclavitud. O a una plutocracia de la IA sin sentido social ninguno.
“No es mi intención, dice el Papa, ofrecer aquí un tratamiento sobre la inteligencia artificial, ni recorrer una bibliografía que ya es muy amplia; existen actualmente contribuciones también en el ámbito eclesial. A las que es posible hacer referencia. Me limito a recordar algunos elementos esenciales para un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona, con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, sea la que guie las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites”.
He encontrado también -aunque por supuesto no lo menciona- una réplica tácita a lo que representa Donald Trump actualmente. La encíclica está llena de críticas muy fuertes a quienes creen que la única razón válida en el mundo contemporáneo es la del más fuerte. Llama injusta a la guerra que simplemente se apoya en la fuerza de las armas. Que, en el fondo, es la lógica que informa el pensamiento rupestre y primitivo del mandatario de los Estados Unidos.
Condena también el Pontífice a quienes están destruyendo el multilateralismo, las normas jurídicas que hasta no hace mucho regían las relaciones entre los países; en síntesis, las relaciones civilizadas entre los países. No hace falta recordar que el liderazgo de esta nueva visión de las relaciones internacionales se llama Donald Trump.
Así como nos pone en guardia el Papa sobre las nuevas esclavitudes que pueden desencadenarse si se desboca un instrumento como la inteligencia artificial, aprovecha el papa para pedir disculpas por el silencio que guardó la Iglesia católica en condenar rotundamente -como debió hacerlo- la trata inhumana de esclavos entre el siglo 16 y el 19.
Esta condena retrospectiva de la esclavitud se enmarca en la línea de la reciente resolución que adoptaron no hace mucho las Naciones Unidas del esclavismo practicado por las potencias europeas en los cuatro siglos mencionados; condena que se abstuvieron de acompañar favorablemente por cierto dos países: Estados Unidos e Israel.
También coincide esta condena papal con el acto simbólico que tuvo la semana pasada en el parlamento francés al derogar el llamado “código negro”, conformado por el conjunto de normas para regulaban el esclavismo, dictado por Luis XVI a comienzos del siglo 17. Y que por alguna curiosa razón se había quedado sin derogar desde entonces. A pesar de que la esclavitud fue abolida en el siglo XIX por todos los países que practicaron la vergonzosa trata negrera.
Qué bueno sería que los partidos políticos y los candidatos a la presidencia se leyeran con cuidado esta importante encíclica. Ayudaría mucho a elevar la altura al debate político en Colombia que ha caído a tan menesteroso nivel.
Y qué bueno sería igualmente que este texto del Papa lo leyera el Eln, que se dice seguidor de las enseñanzas pontificias pero que tan poca atención les presta.
Bogotá, D. E, 7 de junio 2026
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente y sobre el entorno de donde de utilice.
Por Amylkar D. Acosta M*. - El gobierno Petro y el Pacto Histórico se descuelgan por las orejas cuando se les responsabiliza por la escasez de gas que obligó a importarlo para satisfacer la demanda esencial desde diciembre de 2024. Tienen razón cuando afirman que las reservas probadas de gas han caído el 50% en los últimos 15 años. ¿Pero cuál es la responsabilidad que les cabe a ellos?
Lo primero es que, a sabiendas de que las reservas probadas de hidrocarburos (petróleo y gas) vienen cayendo, resulta insensato descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.
Se procedió, además, a apagar los pilotos que estaban llamados a establecer, con criterio técnico y científico, la viabilidad de la implementación de la técnica del fracking en Colombia para explotar los yacimientos no convencionales, los cuales gozan de una gran prospectividad. Y lo hicieron por razones eminentemente ideológicas, al tiempo que promovieron y avalaron la presentación de un proyecto, con mensaje de urgencia para su prohibición. Así fue cómo nos quedamos sin saberlo.
De haberse determinado su viabilidad a partir de los pilotos, con su utilización Colombia habría revertido la tendencia a la declinación de las reservas de hidrocarburos y el país contaría con mayores producciones de petróleo y gas, consolidando su seguridad y la soberanía energética. Al impedirlo, es responsabilidad de este gobierno la pérdida de una y otra.
Es de anotar que todas las críticas y reparos que se le hacen por parte de los anti fracking a esta tecnología está referida a la técnica del fracking 1.0, pero la misma ha evolucionado mucho y ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente y sobre el entorno de donde de utilice.
Esta nueva técnica incorporó el uso de la inteligencia artificial y monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación, tornándola de alta precisión y reducir el número de pozos, utilizando plataformas multipropósito, al tiempo que reduce la huella superficial, como también la reutilización y reciclaje de aguas de producción, que no compite con los acuíferos, disminuyendo el consumo de agua dulce. Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos.
Muy en línea con la transición energética, que conlleva la electrificación de los procesos productivos, ahora los equipos que se utilizan han reemplazado el consumo del diésel por la electricidad, en lo posible proveniente de fuentes renovables y limpias, bajando de esta manera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se ha mejorado, además, el sellamiento y encamisado de los pozos perforados para minimizar el riesgo de filtraciones. Un aspecto clave de la misma es la captura y control de las emisiones fugitivas de metano.
En términos técnicos, el fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias. Hoy, algoritmos de inteligencia artificial analizan en tiempo real variables como presión, micro-sismicidad y comportamiento del fluido, ajustando la operación para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. Esto se traduce en menos consumo de agua por barril producido y una menor huella superficial.
Ello fue lo que llevó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a dar un viraje a su posición de enantes de 180 grados con respecto al uso de esta técnica en México. Ella defendió en una rueda de prensa el pasado 9 de abril su apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, pese a haberse pronunciado en contra antes y aseguró que es una forma de “fortalecer” la soberanía nacional con técnicas de “bajo impacto ambiental. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional…Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas…De las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande”, dijo la mandataria.
Ello explica, a guisa de ejemplo, el contraste de las emisiones de CO2 en el Permian, en el Estado de Texas (EE.UU), YNC en el cual ECOPETROL está asociado con la OXY en la explotación del mismo utilizando la técnica del fracking. Mientras en el Permian se emiten 8 kilogramos de CO2 por cada barril que se extrae, en Colombia, en los campos de yacimientos convencionales, en desarrollo de su actividad extractiva, en la que no se utiliza la técnica del fracking, las emisiones de CO2 atribuibles a la extracción de cada barril de crudo es de 64 kilogramos, 8 veces las del Permian (¡!).
Es más, en algunos desarrollos avanzados, la misma infraestructura utilizada para la fracturación hidráulica puede adaptarse, al final de la vida útil del yacimiento, para inyectar CO₂ en formaciones geológicas profundas. Esto abre la puerta a modelos híbridos en los que la explotación de hidrocarburos no convencionales se combine con estrategias de descarbonización, reduciendo parcialmente su impacto climático. La lección que nos deja la Presidente Sheinbaum es que los principios hay que modularlos con el pragmatismo!
Bogotá, junio 5 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra.
Por: José Félix Lafaurie Rivera. - Es mi pregunta de cada cuatro años desde hace más de veinte, junto con una convicción convertida en frase –“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”–, quizás buscando convencer a candidatos y votantes de algo que, para mí, es obvio.
Para mí es obvio que la paz del silencio de los fusiles, la que se negocia o se impone, es apenas una condición para apagar el incendio de la violencia. De ahí que resulte obvio garantizar la seguridad rural como derecho fundamental y política de Estado, pues la paz verdadera, la del bienestar, no será posible en un campo infestado de ilegalidad y violencia, en vez de ser la locomotora del desarrollo muchas veces prometida y nunca cumplida.
Para mí es obvio que la causa de la pobreza rural, del narcotráfico y la violencia no es la tierra, como pretenden las narrativas de la izquierda para captar votos, alebrestar el odio entre colombianos y justificar la expropiación. La causa es el abandono estatal de la Colombia rural…, la Colombia de segunda.
Sin desconocer el derecho del campesino a la tierra, es obvio que una parcela no saca a nadie de la pobreza, sin los factores que la hacen rentable, además de su condición agrológica: vías, riego, crédito, asociatividad competitiva y proyectos productivos con asistencia técnica, que siempre han faltado, incluso en el convenio para compra de tierras ganaderas firmado entre el Gobierno y FEDEGÁN, al cual no le faltó presupuesto, pero si voluntad política, mientras se insistía en la expropiación administrativa sin recursos de defensa para los propietarios.
Por ello no entiendo las declaraciones de Iván Cepeda contra la ganadería extensiva, “ganadería verde” en pastoreo y hoy en franca transformación hacia la sostenibilidad ambiental, que hizo parte de los proyectos productivos elegibles en el Acuerdo que él mismo propició. Otra cosa es la ganadería en grandes extensiones y baja carga animal, improductiva sí, mas no siempre por negligencia ganadera, sino por la pobreza de los suelos, al punto que el gobierno mismo no quiso comprar tierras en buena parte de la Orinoquía de suelos ácidos; una región que podría ser despensa alimentaria, pero con un gigantesco programa estatal de adecuación de tierras, también muchas veces prometido y nunca cumplido.
Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra. De ahí que las candidaturas deben pasar de las promesas y los lugares comunes a las propuestas concretas, factibles y realistas frente a un abandono centenario; propuestas que abran caminos y demuestren que “sí se puede”; con recursos que no se desvíen y voluntad política que se anuncia en campaña y desaparece en el gobierno.
Para mí es obvio que la recuperación del campo empieza por una red vial terciaria digna, no para pobres, como todo lo rural, no de retazos de placa-huella y barrizales donde se entierran los vehículos… y la esperanza. No se trata de prometer kilómetros, sino de generar condiciones, de articular recursos nacionales, departamentales y locales; de contratar con eficiencia y vigilancia efectiva contra la corrupción.
Ante tantas y tan profundas carencias, también en educación, salud, vivienda, servicios básicos y mil cosas más, la urgencia en las soluciones es para mí una obviedad, aunque no parece serlo para algunos candidatos, a juzgar por el poco peso específico del campo en sus propuestas.
Por ello, mi voto será por la seguridad como bien público y condición de futuro, y guiado por mi convicción de que la paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo. Mi voto será por Abelardo de la Espriella.
Bogotá, D. C, 7 de junio 2026
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Este fraude estadístico, está en la selección quirúrgica de los municipios.
Por Giovanni Décola* Las encuestas en este país ya no se diseñan; se cocinan en el microondas de la posverdad. Lo de Atlas Intel ya ni califica como estadística, es una vulgaridad de imprenta; y las piruetas de Guarumo para abollar la carrocería del Gobierno Petro son tan burdas que hasta un ciego vería el sesgo. Pero lo de INVAMER este 21 de mayo de 2026 es alta costura del engaño. Un traje a la medida de la oposición, confeccionado con hilos de trampa.
Para nadie es un secreto que la derecha quiere convertir la próxima elección presidencial en un funeral anticipado del Pacto Histórico. La intención de voto por el candidato oficialista es el termómetro directo de la gestión de Gustavo Petro. Es un plebiscito puro y duro. Y ahí radica el pánico de los cocineros de datos: a pesar de meterle toda la mano a la masa, Iván Cepeda les cabalga cómodamente con un 44.6% en primera vuelta, dejando rezagados a Abelardo de la Espriella con el 31.6% y a Paloma Valencia con un lánguido 14%. El triunfo en segunda vuelta es un fantasma que desvela a los de siempre, porque tal vez, no habrá segunda vuelta.
¿Cómo camuflar que el candidato del Gobierno sigue barriendo? Fácil: activando el modo "ritual técnico". La ficha técnica de INVAMER es un jeroglífico diseñado para que nadie entienda dónde encuestaron a quién. Escondieron la polimetría de los estratos socioeconómicos con la misma astucia con la que un mago esconde el conejo. Sospechosamente, se les "olvidó" mostrar cuántas encuestas hicieron en los estratos o barrios populares donde el Gobierno es fuerte, mientras sobrepoblaron el muestreo en los clubes y condominios donde el progresismo produce urticaria.
La trampa no se detiene en las billeteras, se extiende a los mapas. En lugar de discriminar los datos por ciudades y respetar el peso poblacional, nos empaquetaron todo en macroregiones. El truco es de escuela primaria: minimizar el fervor popular de los municipios históricamente petristas metiéndolos en la misma bolsa de los centros urbanos más recalcitrantes. Así, silencian la voz de las mayorías invisibles bajo una avalancha de respuestas de las capitales del descontento.
Este fraude estadístico, está en la selección quirúrgica de los municipios. Escogieron con pinzas aquellos territorios gobernados por alcaldes que desayunan, almuerzan y cenan con odio antigobiernista. Todos sabemos cómo operan estos señores feudales en la sombra: movilizan su maquinaria sin pudor, presionando a su nómina estatal y activando a su ejército de contratistas y funcionarios subordinados para infundir miedo de dejarlos sin chamba, y direccionar los votos a favor de sus candidatos. No son encuestas de opinión; son censos para activar los miedos y emociones y así manipular la voluntad popular.
Por empezar, en la región caribe encuestó a 864 ciudadanos, y escogió 39 municipios, todos ellos gobernadas por alcaldes de la oposición y abiertamente antigobiernistas, con la excepción del pequeño pueblo de San Antero en Córdoba, cuyo alcalde sí es de la Colombia Humana. Los demás son mayoritariamente de los opositores partidos Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, la U, y Liberal, entre otros.
Del Centro y oriente del país, encuestaron a 1224 personas de 34 ciudades, y solo escogieron un municipio, cuyo alcalde es realmente alternativo, el de Barrancabermeja; todos los demás, son de oposición al Gobierno Petro.
Del pacifico, encuestaron a 608 y escogieron 24 ciudades cuyos alcaldes son casi todos de la U, con excepción de tres de ellos que son amigos del Gobierno, por cierto muy pequeños y desconocidos, como Yacuanquer en Nariño.
Del Llano encuestaron a 160 de las ciudades de Arauca y Aguazul con alcaldes de la Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana, Yopal de Cambio Radical, Villavicencio de Salvación Nacional, entre otros alcaldes opositores, con la sola excepción del alcalde de Cumaribo, que es el municipio más grande de Colombia, pero tan solo votan 15.000 personas, cuyo alcalde es del Pacto Histórico.
Del Eje Cafetero encuestaron a 688 de 28 ciudades, y léase bien, solo tres alcaldes no son opositores, pues la firma escogió ciudades como Medellín, La Tebaida, Chinchiná, Caldas, Copacabana, Rionegro, del antipetrista partido Creemos del Alcalde FICO, y otras ciudades regentadas por Conservadores, Centro Democrático y uno que otro Liberal o de la U, también de oposición.
Del sur y la Amazonía encuestaron a 256 de 14 ciudades, y 13 de ellas con alcaldes opositores.
Para que se den una idea de la farsa de la encuesta, el Pacto Histórico logró elegir 82 alcaldes, en el país, y solo encuestaron en 3 de esas ciudades.
La prisa con que la encuestadora le subió 10 puntos porcentuales en un mes, al decantado candidato de la derecha Abelardo de la Espriella, lo cual le había costado más de un año subir esos mismos puntos, es una clara muestra del desespero que tiene la élite dominante, o es un despiste para el monstruoso fraude electoral que podría estar cocinándose en la Organización Electoral, abiertamente enemiga del Gobierno Petro y del candidato Iván Cepeda, a quien con marrullería marginaron de la consulta de fuerzas alternativas. Será por ello, que en la manifestación convocada por el candidato De La Espriella en Valledupar, feriaron los recursos de los contribuyentes, con presentación de Silvestre y ron gratis según muchas denuncias, y con buses fletados desde el Magdalena, La Guajira, el mismo Cesar, y sobre todo del Atlántico, por los políticos de siempre y que en público dicen aborrecer. Eran distancias de más de 6 horas, lo cual no es un dato menor.
También llama la atención de la encuesta, que una vez Sergio Fajardo y Claudia López manifestaran que en una eventual segunda vuelta, jamás votarían por Abelardo de La Espriella; la intención de voto de Fajardo bajara de 6.6% al 2.4% y Claudia del11.7% bajara al 2.2%, en solo un mes, increíble…
El otro propósito de las firmas encuestadoras, al mantener artificiosamente a Paloma con cifras cercanas al 15%, es la de conservar viva la llama de sus electores, quienes, en caso de no pasar a la segunda vuelta, como parece suceder, se desplazarían en su gran mayoría hacia Abelardo, que al fin y al cabo, es el candidato de las empresas encuestadoras, que valga coincidencia, todos sus dueños son uribistas o de derecha.
Alguien dijo: “Solo creo en las encuestas que yo mismo pago”. Con sutilezas revestidas de tecnicismos se quiere manipular la voluntad popular. Dijo Gaitán: “Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos”-
Lo que pretenden con estas encuestas de pacotilla, es crear un clima de polarización, como si el país estuviera dividido en dos, para crear confusión y forzar con otras artimañas una segunda vuelta, que le costará a los colombianos más de un billón de pesos que pueden usarse en escuelas u hospitales. Y ya sabremos que pasará en esas 3 semanas, si no hacemos un último esfuerzo por Cepeda y cuidamos sus votos: autoatentados, masacres y escándalos ficticios para que los medios le hagan la campaña a un tigre de papel. Yo confió en que Colombia no llegue tan bajo.
Bogotá, D. C, 22 de mayo 2026
*Abogado especialista en derecho administrativo y electoral.
“Hay necesidad de retomar la hoja de ruta de la transición energética definida en el Documento Conpes 4075 de 2022...”.
Por: Amylkar D. Acosta M.- Empezando por la Transición Energética: Colombia, como lo está haciendo el resto del mundo, debe concebir la transición energética como la integración de las FNCER a la matriz eléctrica, diversificándola aún más de lo que está, no como reemplazo o sustitución de las energías convencionales, sino como complemento, de tal modo que las unas les sirvan de respaldo a las otras.
Hay necesidad de retomar la hoja de ruta de la transición energética definida en el Documento Conpes 4075 de 2022. El actual gobierno en lugar de construir sobre lo construido, se propuso, sin lograrlo, darse la hoja de ruta de la transición energética justamente prevista en la Ley 2294 de 2023 del PND. A pesar de que la exministra Irene Vélez anunció en la COP 27 en noviembre de 2022, que para mayo de 2023 se tendría esa hoja de ruta, hasta la fecha no se cuenta con ella.
Y hablando de transición energética, Colombia debe sintonizarse con el resto del mundo que prioriza la seguridad energética sobre la transición. Esta no debe poner en riesgo a aquella, como tampoco debe poner en riesgo la soberanía energética. En este orden, Colombia no puede precipitarse a marchitar prematuramente la industria del carbón y de los hidrocarburos, sus dos principales renglones de exportación, principales fuentes de divisas y de financiación del Estado.
Politizar la historia: Sheinbaum vs. Ayuso. Con fundamento en lo anterior, sin desmedro de la transición energética, el próximo gobierno deberá poner término a la moratoria de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como del uso en Colombia de la técnica del Fracking 6.0, la cual mitiga su impacto ambiental, única manera de espantar el fantasma de la importación de petróleo y recuperar la autosuficiencia perdida de gas natural.
El sector eléctrico enfrenta alto riesgo de un apagón financiero, como lo han advertido reiteradamente los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), que puede derivar en un efecto dominó que, como lo ha anticipado la firma XM, puede causar un efecto dominó que comprometería la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio.
Al gobierno entrante le corresponderá implementar un plan de choque que desactive esta bomba de tiempo que tiene al sector eléctrico, sumido en una crisis inducida por parte del mismo Gobierno. Se debe proceder pronto al pago de la deuda contraída por la Nación con las empresas comercializadoras, por concepto de subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 ($3,6 billones). Colombia hoy tiene un déficit en oferta de energía firme (OEF) para 2026, de 2.2%, que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada.
En relación a los biocombustibles, es la propia AIE la que dice que “son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”. Decimos esto, a propósito de la desprotección por parte del actual Gobierno, propiciando la invasión de etanol subsidiado desde EEUU.
Quien quiera que sea que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026, debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela.
Bogotá, D. C, 10 de mayo 2026.
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Colombia no solo está fracturada políticamente. También está fracturada físicamente. Por eso necesitamos una visión de infraestructura que vuelva a unir al país.
Por Paloma Valencia*. - En Colombia llevamos años hablando de infraestructura como si fuera un asunto técnico reservado para ingenieros y contratistas. Pero la infraestructura no es solamente cemento, acero o kilómetros de carretera. La infraestructura define cuánto cuesta transportar un alimento, cuánto tarda un campesino en sacar su cosecha, cuánto tiempo pierde una familia atrapada en un trancón o si una región entera puede conectarse con oportunidades y progreso.
Un país sin infraestructura es un país más caro, más pobre y más desigual.
Cada vía abandonada es un impuesto oculto sobre el plato de comida de los colombianos.
Cuando una carretera está destruida, cuando un puerto no funciona, cuando una región permanece aislada o cuando mover carga por Colombia cuesta mucho más que en otros países, el resultado termina reflejándose en el precio de los alimentos, en el costo del transporte, en la inflación y en la dificultad de millones de familias para salir adelante.
Por eso la infraestructura también es seguridad alimentaria.
No puede haber alimentos baratos si sacar una cosecha del campo cuesta una fortuna. No puede haber estabilidad para las familias si transportar productos entre regiones toma días adicionales por falta de vías, puertos o conectividad. No puede haber oportunidades para los campesinos si el país les da la espalda y los condena al aislamiento.
Pero la infraestructura también es una apuesta por el turismo, por el empleo y por el orgullo de mostrarle Colombia al mundo.
Colombia tiene una riqueza natural, cultural e histórica extraordinaria, pero demasiados destinos siguen desconectados, con vías precarias, aeropuertos insuficientes o trayectos que desincentivan la llegada de visitantes. Mientras otros países entienden el turismo como una gran fuente de empleo y desarrollo regional, aquí seguimos dejando regiones enteras aisladas del potencial que tienen.
Cada carretera que conecta un municipio turístico, cada aeropuerto modernizado, cada corredor seguro y cada sistema de transporte eficiente puede convertirse en oportunidades para hoteles, restaurantes, pequeños negocios, artesanos, transportadores y miles de familias que viven del turismo.
Y tampoco puede haber seguridad.
En demasiados territorios de Colombia, los grupos ilegales ocupan precisamente los espacios donde el Estado nunca llegó con carreteras, conectividad, inversión o presencia institucional. Las economías ilegales prosperan donde las regiones quedan desconectadas y abandonadas.
Colombia no solo está fracturada políticamente. También está fracturada físicamente. Por eso necesitamos una visión de infraestructura que vuelva a unir al país.
En el Caribe, por ejemplo, necesitamos recuperar la navegabilidad del Río Magdalena y modernizar el Canal del Dique para convertirlos nuevamente en motores de comercio y desarrollo. El Tren del Caribe puede conectar Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con el interior del país, reducir costos logísticos y potenciar uno de los corredores turísticos más importantes de América Latina.
En Antioquia y el Eje Cafetero debemos terminar obras estratégicas como el Túnel del Toyo, fortalecer el Aeropuerto del Café y mejorar la conectividad que permite que esta región exportadora siga generando empleo, crecimiento y turismo alrededor de uno de los paisajes culturales más valiosos del país.
En el Pacífico tenemos una deuda histórica. Destrabar Mulaló–Loboguerrero, completar la doble calzada Pasto–Popayán y mejorar las vías hacia Chocó no son simples proyectos de infraestructura: son decisiones que pueden sacar del aislamiento a regiones enteras y convertir a Buenaventura y Cali en plataformas de desarrollo para Colombia sobre el Pacífico latinoamericano.
En los Santanderes, conectar mejor al Catatumbo y fortalecer los corredores hacia el Magdalena Medio también significa disputarle el territorio al narcotráfico y devolverle oportunidades a la gente.
Y en Bogotá-Región, avanzar en accesos viales, RegioTram y nuevas soluciones de movilidad no es solamente mejorar el tráfico: es devolver tiempo, productividad y calidad de vida a millones de ciudadanos.
La infraestructura no puede seguir siendo vista como una colección de obras inconexas. Tiene que convertirse en una estrategia nacional para integrar mercados, abaratar alimentos, atraer inversión, impulsar el turismo, recuperar territorios y unir a Colombia.
Porque un país conectado es un país más competitivo. Pero también un país más justo.
Y porque gobernar bien también significa lograr que una madre pueda pagar menos por la comida, que un joven tenga oportunidades en su región, que un campesino pueda sacar adelante su producción y que el mundo pueda descubrir la grandeza de Colombia.
Colombia necesita volver a construir. Pero sobre todo necesita volver a conectarse consigo misma.
Bogotá, D. C, 11 de mayo 2026.
*Senadora del Centro Democrático y candidata a la presidencia de Colombia.
La derecha busca el caos para derrotar a Cepeda, quien no ha perdido la calma y ha aceptado ir a los debates presidenciales para enfrentar a sus adversarios con reglas claras y abordar los grandes temas.
Por: Hubert Ariza*. - Las encuestas muestran que Iván Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro, continúa creciendo y está a siete puntos de ganar la presidencia en primera vuelta. Esa posibilidad, aunque remota, ha causado un verdadero terremoto político en la derecha, que no anda en una pelea de gatos y perros, sino de tigres y palomas, con Álvaro Uribe, el poderoso dueño del Ubérrimo, tratando de apagar el incendio para evitar que en la segunda vuelta sea imposible recomponer los vasos rotos y la izquierda les gane.
Los estudios de opinión revelan, además, de no ganar en primera vuelta, Cepeda podría perder en la segunda, con cualquier candidato de derecha que lo confronte. Lo que supone una bandera roja para una aspiración que ha liderado la campaña y cuya militancia ha tenido que bajarse del bus del triunfalismo.
A menos de un mes para que los colombianos acudan a las urnas, los atentados terroristas de los últimos días en Cajibío (Cauca) y otros lugares han conmocionado a la opinión pública, lo que da alas a la derecha para promocionar su estrategia de vender miedo e invisibilizar los logros del Gobierno. El jefe de las disidencias de las FARC, Iván Mordisco, le ayuda a la derecha a posicionar la narrativa de que Colombia necesita una segunda dosis de seguridad democrática.
Después del proceso de paz de La Habana, la Comisión de la Verdad demostró la tragedia humanitaria que significó esa política, que fue ante todo una estrategia propagandística para eternizar a Uribe en el poder, pero fracasó porque no derrotó a las Farc ni al ELN, y degeneró en el fenómeno de los falsos positivos.
En los últimos días, precisamente, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha retomado el tema, demostrando la magnitud del fenómeno. En un histórico pronunciamiento, aumentó el número de víctimas, que pasaron de 6.402 a 7.837. Un número que resume el dolor de un país que vio morir a los jóvenes campesinos y trabajadores a manos de militares corrompidos en alianza con el paramilitarismo.
En la JEP han desfilado decenas de oficiales y suboficiales que han revelado los horrores de esa política y han pedido perdón a las víctimas. Ofrecer la seguridad democrática como antídoto para los males de Colombia es ignorar el impacto del proceso de paz, la justicia transicional y su enfoque restaurativo, y echar sal en la herida de una sociedad que no ha superado los estragos del referendo por la paz, ni sanado tantos años de horror paramilitar y violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado.
Paloma, quien pregona que Uribe es su “papá”, lo promete como ministro de Defensa, para que le aplique al país una nueva dosis de seguridad democrática. Más que un cañazo electoral, es una afrenta a las víctimas de los falsos positivos y un incentivo a la narrativa de la izquierda de que Paloma sería un enorme retroceso. La propuesta sirvió, además, para que Juan Daniel Oviedo evidenciara la implosión ideológica de esa fórmula sometida al periodicazo corrector de Uribe.
Con el paso de los días, la caída en las encuestas ha empujado a Paloma a abandonar una aparente centro-derecha y correr los linderos para enfatizar que es un halcón antipaz y antiPetro, y enemiga de toda política social del Gobierno, como el aumento del salario mínimo vital y las reformas laboral y agraria, entre muchos temas. Lo grave para ella es que los hechos muestran que vive hoy un evidente retroceso, que la ubica de tercera en las encuestas.
Tal vez por esos indicadores, el Tigre, su enemigo en la derecha, crece en las encuestas pateando el uribismo. El ascenso del therian de la política, se debe en parte a que está jugando póker sangriento, sin pedirle permiso al dueño del Ubérrimo, atacando a Paloma, como si quisiera desplumarla, y no la necesitara en segunda vuelta. En el espectáculo de una derecha que se destroza, los hijos de Uribe sacan la espuela y atacan al Tigre como al peor enemigo. Así es difícil vaticinar cuántos uribistas pura-sangre apoyarían al Tigre en segunda vuelta y, viceversa, cuántos abelardistas apoyarían a Paloma.
Al mismo tiempo, la derecha insiste en destripar a Petro pidiendo ayuda de sus aliados internacionales. Primero lo hicieron con el ala más radical de la derecha de Estados Unidos, suplicando la intervención militar en Colombia para sacar del poder al presidente constitucional. Como fracasaron y Petro pasó de enemigo a admirado por Trump, están acudiendo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para que interfiera en las elecciones colombianas. Noboa sigue el guion dictado desde Miami.
Noboa lleva años boicoteando las relaciones con Colombia, negando cualquier posibilidad a la diplomacia, cerrando los pasos fronterizos, aumentando los aranceles al cien por ciento a los productos colombianos, militarizando y bombardeando la frontera para hacer demostraciones de fuerza, e inventando que Petro lidera una supuesta agresión guerrillera contra su país. Uribe, igual a como hizo con Marco Rubio, ha acudido al ultraderechista ecuatoriano para que agreda a Colombia para ganar votos en medio del caos. Noboa busca, a su vez, crear un escenario bélico que justifique la intervención militar de Estados Unidos en Colombia.
La derecha pretende que el factor internacional los ayude a generar rechazo a Petro y Cepeda. Con Ecuador buscan, asimismo, afianzar la narrativa de que Petro es el jefe de la guerrilla y una amenaza regional que necesita mano dura de Trump. Pero en la frontera con Ecuador es, precisamente, donde el proceso de paz total con las disidencias parece estar funcionando. Esa estrategia de la derecha explica, además, por qué Uribe ahora ha involucrado, mediante un supuesto anónimo, al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, elegido por la izquierda democrática, en el complot para asesinar a Miguel Uribe. Cepeda es el preferido en el sur del país. El papá de Miguel Uribe desmintió la veracidad del anónimo.
El gobernador ha denunciado que Uribe le ha puesto una lápida en la cabeza. Frase que recuerda a Diego Montaña Cuéllar, antiguo dirigente de la UP, quien la pronunció en 1990, después de una declaración del exministro de Gobierno de Barco, Carlos Lemos, quien señaló a la UP de ser el brazo político de las FARC. Días después, fue asesinado Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial de la UP.
La derecha busca el caos para derrotar a Cepeda, quien no ha perdido la calma y ha aceptado ir a los debates presidenciales para enfrentar a sus adversarios con reglas claras y abordar los grandes temas. A la par, el presidente Petro ha acelerado su estrategia de rendición de cuentas, para mostrar sus 100 logros de gobierno. Quiere que el electorado vote informado y establezca la dimensión de su mandato, dejando sin sustento la narrativa de la oposición de que no se ha hecho nada.
Petro no se va a quedar con los brazos cruzados mientras Uribe, la derecha y Noboa lo atacan. No será pasivo en este debate. No lo ha sido ni un solo momento de su mandato. Tiene la iniciativa y está jugando duro. Ahora, impulsa su idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Quiere al pueblo en la calle recogiendo firmas y movilizado, pensando en las grandes reformas, retando a la derecha, en una apuesta de todo por el todo.
En conclusión, la campaña arde, la derecha se destroza, la paloma se desploma, el tigre le muestra los colmillos a Uribe, Cepeda reta a debates, Petro agita el tablero y llama a su base a salir a la calle a mover la Constituyente. En esta fase final, las elecciones 2026 toman forma de reality.
Bogotá, D. E, 3 de mayo 2026
*Hubert Ariza.
Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
Es realmente sorprendente que esta confrontación tan sólo se presente en un gobierno que dura 48 meses, en el mes 45.
Por Fernando Cepeda Ulloa*- Estamos en presencia de una confrontación inusitada entre el gobierno, ello quiere decir el presidente de la República y su ministro de Hacienda y los miembros de la junta directiva del Banco de la República, o sea, el gerente del Banco, Leonardo Villar, exdirector de Fedesarrollo y antiguo miembro de la junta directiva del banco y los miembros que integran la junta, nombrados por el gobierno.
Nadie espera que entre la junta directiva del Banco y el gobierno haya siempre una visión común sobre las decisiones que debe tomar la junta, o los así llamados codirectores del Banco. La junta es quizás la más poderosa que existe en Colombia y es necesario recordar que en la Asamblea Constituyente, el M-19, entonces representado por Antonio Navarro y otros miembros como que obtuvo la segunda mayoría para formar parte de esta asamblea fue uno de los principales promotores de la nueva concepción del Banco Central, que se adoptó en 1991 y defendieron con vehemencia su autonomía y la noción de qué ellos representaban "exclusivamente", esa palabra es la que usa la Constitución, "el interés de la Nación".
Se trata de una prohibición absoluta. Los miembros no pueden representar ningún interés partidista, gremial, sectorial, financiero ni regional. Su deber es el de pensar en los más altos términos en el bien común de la nación colombiana.
Por supuesto, hay una contradicción enorme en la disposición constitucional, porque al haber incorporado a la junta al ministro de Hacienda está designando a una persona que representa el interés del presidente de la República que, normalmente, y en particular en periodo electorales como el que estamos viviendo, tiene un interés partidista como quedó en evidencia al anunciar un nuevo incremento del salario mínimo, si la junta tomaba una decisión de adoptar una vez más un alza en las tasa de interés. Y también en el nombre que el ministro de Hacienda le dio al foro que convocó con la participación de tres de los economistas más importantes del mundo, que no vinieron, el cual calificó como progresista, o sea el nombre que ha adoptado el partido político del gobierno. Con buenas razones, el gerente Villar manifestó que no podía asistir.
El ministro representa los intereses del gobierno de turno, que no siempre coinciden con el bien común, como lo podría concebir una junta directiva que no pertenece al partido de gobierno. Es realmente sorprendente que esta confrontación tan sólo se presente en un gobierno que dura 48 meses, en el mes 45. Y no se espera que haya una coincidencia en la visión del gobierno y de la totalidad de los miembros de la junta.
Por eso, la propia Constitución contempla un mandato de coordinación y de armonía que debe cumplirse por parte de gobierno y junta. Sin duda es un tema de enorme complejidad, de muy difícil realización en la práctica, pero la junta ya lleva 35 años funcionando y no conocíamos una confrontación semejante. Y sin duda, los desacuerdos han sido frecuentes y hasta sustantivos, inclusive con respecto a la primera junta designada en su totalidad por el presidente Gaviria.
Muchos creen que hay un propósito electoral en esta confrontación. Y no son poco los que se preguntan qué ocurriría si hay un gobierno continuista. El asunto es de una enorme importancia y no puede ser mirado con la aparente indiferencia que hemos constatado en las últimas semanas. Está en juego el manejo sensato y respetable de la macroeconomía colombiana, que ha gozado de respeto y admiración nacional e internacionalmente. Derivar en situaciones como la de Venezuela hace poco tiempo o la de Argentina que empobrecieron millones de personas y crearon una situación económica insostenible, sería un acto demencial. El precio que todos pagaríamos sería enorme, descomunal.
Cómo durante 35 años se pudo mantener una coordinación o armonía no obstante los desacuerdos que con seguridad se presentaron es algo que debería llevar a una reflexión seria para que esa situación de armonía en la diferencia se prolongue de verdad y no entremos en un ambiente de confrontación pública de costos incalculables para el bienestar de los colombianos.
Bogotá, D. C, 26 de abril 2026.
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Las exportaciones de carne en 2025 representaron apenas el 4% de la producción y las de animales el 0,7% del hato, lo que no le hace rasguños al abastecimiento.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Esta alusión a la obra más conocida de Kundera, con un título que siempre he considerado magistral en la literatura, aplica muy bien a la también insoportable superficialidad de ese mal necesario que son las redes sociales, a propósito de un video en el que dos hermanos vinculados a la cadena cárnica, pues su familia es ganadera y tiene un expendio de carnes en Ibagué, terminan replicando los argumentos espurios del presidente Petro contra las exportaciones cárnicas, que pretendió inclusive prohibir.
La protagonista, Alba Lucía García, es una joven tolimense muy preparada, exdirectora de la seccional de Fenalco y exsecretaria de Desarrollo de Ibagué, con aspiraciones políticas y gran actividad en redes, dos ámbitos en los cuales, infortunadamente, la verdad suele patinar en el piso resbaloso de los votos y los likes. No le adjudico siquiera mala intención, pero cuando el sensacionalismo riñe con la verdad y se suma, aún sin querer, a los ataques a FEDEGÁN y a la ganadería, salgo en defensa, como me corresponde, de la reputación del gremio y de los 700.000 ganaderos que ya tienen suficiente con ser víctimas del abandono rural, de la violencia y de la estigmatización desde el gobierno mismo.
“Las exportaciones de carne no pueden seguir”, dijo Petro. “Los extranjeros nos están dejado sin carne”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Las exportaciones de carne en 2025 representaron apenas el 4% de la producción y las de animales el 0,7% del hato, lo que no le hace rasguños al abastecimiento.
Sin embargo, el hermano se atrevió a más: Refiriéndose al presunto crecimiento de las exportaciones, afirmó que “Estamos hablando del 300%, 400%”, lo cual no solo es mentira, pues en los últimos años las exportaciones han caído y hoy son casi imposibles con dólar a $3.500, sino que se sustenta en una gráfica con el logo de FEDEGAN, que no es oficial de la Federación. Sobre esta situación en particular no solicito, sino que exijo una disculpa y una rectificación.
“Estamos acabando nuestro hato ganadero”, dijo Petro…, “Se está acabando el ganado”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Nuestro hato ha crecido consistentemente y hoy, con 30,5 millones de cabezas, es el cuarto de Latinoamérica y el número 13 del mundo.
“No tenemos excedentes de carne”, dijo Petro. “En Colombia no hay carne…”, dijo Alba Lucia. No es cierto. Con 812.000 toneladas, la producción formal de carne en 2025 aumentó un 7,8% frente al año anterior, porque el sacrificio formal también creció un 6,3% para un total de 3.486.000 cabezas.
La producción de carne y el sacrificio formal crecieron porque también creció la demanda, pues el consumo per cápita pasó de 17,6 a 18,4 kilos, y cuando eso sucede los precios suben, una tendencia del ciclo económico a la que se sumó el alza en costos de producción y mano de obra. Ellos generan empleo y saben que el aumento del mínimo tocó cargárselo al precio del kilo de carne para conservar la rentabilidad del negocio familiar.
Así que, antes de acudir al inmediatismo en redes, a Alba Lucía, reconocida por su activismo en pro de un Tolima que “merece más” –algo encomiable–, le aconsejaría investigar el sacrificio clandestino en su departamento, un problema estimado en más de 1.100.000 reses a nivel nacional; como también la supervisión de las secretarias de salud al expendio de carnes y la afectación a la comercialización por el cierre de plantas municipales por el INVIMA, sin alternativas para el sacrificio formal.
Quizás allí encuentre respuestas ajustadas a la realidad, sin afectar a la cadena de valor de la que su propia familia hace parte.
Bogotá, D, C, 26 de abril de 2026
*Presidente FEDEGAN.
@jflafaurie
