Opinión

Por Robinson Castillo*.-Es tan contundente el poder de las palabras, que crean realidad. Tienen la potestad de mover el mundo. Así ha sido siempre, desde la historia de la humanidad, ésta no existiría sin las palabras.

La palabra construye y también destruye. Muchas de ellas han producido desacuerdos, malos entendidos y hasta guerras. Su eficacia es para cualquier escenario o situación.

A continuación, les presento las palabras que más influencia, impacto y poder generan en ámbitos de la política, las ventas y en general, la vida cotidiana.

Compromiso Es una de las más usadas en campañas electorales, activan la relación más cercana con el ciudadano. Dependiendo de su buen uso y complemento, se ganan o pierden elecciones.

Rebajas Esta única palabra se ha convertido en la estrategia de ventas más contundente de una cadena de ropa, en sus tiendas la exponen en grandes letras rojas dos veces al año y triplican sus ingresos.

Imaginar Contiene un infinito potencial de interpretaciones, aplicable a la política, el comercio, pues tiene una estrecha relación con los deseos y sueños de las personas.

Porqué Es incuestionable su poder de interrogación o justificación para cualquier tema. Anteponerla para una petición, damos a entender que siempre hay un motivo.

Gratis Es otra de las que más activa a la gente a acudir en masa, especialmente en asuntos comerciales. Es de gran impacto sin duda alguna.

Prosperidad Ojalá sea en la que más se concentren las personas que ostenten poder, para darle certeza a la gente con su futuro, luego de los estragos de la pandemia. Encierra el concepto de mejorar la economía, más empleo y oportunidades.

Tú Aquí me refiero al nombre de cada uno de nosotros, por ejemplo, un político que memorice los nombres de las personas con las que se relaciona, tendrán más posibilidades de conexión, igual aplica al campo comercial. Ver nuestro nombre, activa una mayor empatía.

Nuevo Inmediatamente su efecto es la curiosidad, llama la atención, además guarda relación cercana con la innovación. Incorporar novedades o elementos inéditos en tus mensajes, es la ruta adecuada.

Rápido En épocas con pocas posibilidades de captar la atención, esta palabra atrapa, para permitirle a la gente hacer las cosas más sencillas y de inmediato. Por algo Google te ahorra tanto tiempo, Amazon y muchas aplicaciones para todo tipo de servicios.

Sí Es monosílabo es tan poderoso, es motivo de aceptación, apertura, posibilidades.

Fe Es la que mueve montañas, ligada siempre a las posibilidades de lograr hasta lo imposible.

Amor tiene un poder único, potente y emocional, que vincula a las personas de manera muchas veces irresistible.

Las 12 palabras recopiladas en este artículo, hacen parte del trabajo de expertos como Frank Luntz y Robert Cialdini. Mi invitación es a seguir buscando las palabras con más influencia y poder.

Bogotá, D. C, 18 de septiembre de 2021

*Comunicador Social Periodista.

Por Paloma Valencia*.- Nunca se termina de entender y de valorar la importancia de la seguridad. Tiene la peculiaridad de que cuando estamos seguros parece lo adecuado, se siente sin sentirse. Solo en la medida que nos hace falta es cuando volvemos a evidenciar que es fundamental. Sin seguridad los demás derechos quedan suspendidos en un limbo de incertidumbre. La inseguridad amenaza la vida y nos llena de miedo, y este sentimiento se convierte en una limitante para todo.

Lo que estamos viviendo es alarmante. Los colombianos vivimos varias décadas encadenados por el temor. A veces pareciera que esa inseguridad retorna y sobre todo irrumpe en nuestras ciudades. Los métodos de atraco se han vuelto en exceso violentos y mortales. Asesinan a un ciudadano para quitarle un celular. Y esa zozobra de tener constantemente la vida en peligro está transformando la manera como nos relacionamos con nuestros vecinos y nuestro entorno.

Debemos agregar la falta de respeto que vemos por nuestra fuerza pública. Empezó primero como un discurso de estigmatización que dañó la imagen de nuestros hombres. Pasó después a agresiones físicas, insultos y maltrato durante el paro. Los discursos incendiarios -como los de Petro- contra los soldados y policías son responsables de esa pérdida de respeto y debilitamiento de la autoridad en el país.

A todo ello hay que sumarle el plan pistola que se viene desarrollando en varios lugares de Colombia. Las redes reproducen asesinatos a sangre fría de nuestros policías sin ninguna razón aparente excepto estar uniformados. Las estadísticas hablan del asesinato de dos hombres de nuestras fuerzas armadas cada día en promedio.

Puedo imaginarme el desaliento de muchos de nuestros policías y soldados al verse enfrentados a una sociedad donde muchos solo los critican y los señalan; mientras su trabajo les exige vivir con la amenaza de muerte que suponen los violentos, y los abusos de algunos ciudadanos que se consideran con derecho a golpearlos y maltratarlos. ¿Y cómo puede haber seguridad sin fuerza pública?

Si Colombia no empieza a valorar la seguridad y a entender la importancia de las fuerzas armadas para procurarla, será difícil recuperarla. Las fuerzas sólo son capaces de operar de manera adecuada cuando gozan de la confianza de la comunidad a la que protegen. Es la unión de la autoridad y la sociedad la que logra derrotar a los violentos. Necesitamos que nuestras fuerzas recuperen facultades y programas como aquellos que tuvimos, que encargaban al Ejército de la consolidación territorial con los programas sociales. Hoy se requieren programas similares para los policías.

Así mismo, requerimos aumentar el pie de fuerza en las ciudades, para lo cual nos hace falta una carrera adicional para los suboficiales que hoy se retiran teniendo aún muchos años en los que podrían desarrollarse y aportar a la seguridad. Hay que reformar el escalafón de la policía. Urge la creación de una policía rural que nos ayude a consolidar el campo y que también tenga ascendencia en la comunidad que protegen. Encargada de su cuidado, pero también de llevar bienestar social.

La seguridad es el resultado de una armonía entre la fuerza pública y la ciudadanía. Esa dupla es invencible. Hoy cuando muchos alcaldes parecen respaldar más a los vándalos que a los policías, cuando algunos políticos irrespetan el buen nombre de nuestras instituciones, es cuando los violentos más crecen y toman ventaja.

Bogotá, D. C, 17 de septiembre de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- La Atenas Suramericana cambia su nombre por capital del hampa. Una de las ciudades más inseguras del planeta. Fue invadida por criminales que siembran el terror a lo largo y ancho de sus calles, barriadas, comercios y hogares.

La criminalidad y la inseguridad, cambió los horarios, costumbres, hábitos, rutinas. Ahora todo es anormal. Hasta las entidades encargadas de la protección, son víctimas del robo de sus vehículos.

La alcaldesa, junto con la policía, los funcionarios y demás autoridades, han sido incapaces de derrotar el ejército de maleantes que se apropiaron del Distrito Capital. El Presidente Duque y su ministro de Defensa han ofrecido apoyo a Claudia López, para salir de semejante despropósito, sin lograrlo.

El hampa de a pié y la que se utiliza motos con parrilleros, gobiernan a Bogotá, ciudades intermedias y en general a Colombia. Utilizar cajeros electrónicos o bancos, se ha constituido en la cuota inicial de un atraco con puñalada, o balazo. Salir a un restaurante, es caminar hacia el cadalso. Salir a comprar el pan, la leche o el periódico en una tienda de barrio es una temeridad.

El placer que tenían los bogotanos amantes de la declinación del sol en las tardes veraniegas, se ha convertido en “la hora del terror”. Cuando las sombras de la noche empiezan a ocultar al hampa, el pánico y el espanto se apodera de quienes aún deambulan por las calles rumbo a sus hogares. Sacar el perro significa “puñalada fija”. Un celular o una bicicleta, son cuota inicial para la muerte. Dinero, objetos de valor y prendas de marca, son asesinato seguro.

A esta situación hemos llegado, desde que nuestro querido, pero novato Presidente Duque, abrió las puertas a la hez, mafia y chusma venezolana. Esa que nos tiene en vilo, como sucedió cuando los “marielitos” cubanos invadieron La Florida. Llegaron con la misma “tecnología” que utilizaban en Caracas.

Espero no me acribillen, ni me amenacen por xenófobo o chauvinista, que no lo soy, por llamar las cosas por su nombre. Venezolanos de bien hay por millares, pero los que merodean nuestras calles, son otra cosa, aunque Duque ordene calificarlos como “ciudadanos extranjeros”, para eludir su responsabilidad.

Esas mafias, esas cuadrillas, son industrias del crimen, que llegaron con sus jefes y reducidores, para unirse a los nuestros. Hoy hay un comercio del delito, que alquila armas y,  expende sin control las que denominan traumáticas, disque porque estas últimas, son deportivas.

La Bogotá sin Dios ni Ley, debe cambiar; las autoridades tienen que controlarla, los jueces cerrar la puerta giratoria, que deja libres a los asesinos en un dos por tres, porque de lo contrario, todos seguiremos siendo carne de cañón en La Atenas del Terror.

BLANCO: Los pasos para salvar a Avianca.

NEGRO: Si Santos fue “masacrado” por regalar unas almendras, qué podemos decir de Duque, que compro para regalar 1.400 medallas con su firma, bañadas en oro, en estos momentos de crisis.

Bogotá, D. C, 17 de septiembre de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.   

Por Eduardo Verano*.- La democracia contemporánea es fundamentalmente representativa, lo que indica que, el gobierno democrático se ejerce mediante representantes que deben ser seleccionados en un proceso electoral regulado por leyes que garanticen la participación política - activa y pasiva- en el poder político de todo ciudadano con derechos políticos vigentes. En otras palabras, la democracia contemporánea debe tener un sistema electoral con reglas garantistas de la igualdad a todos del derecho de acceso al poder político y a la participación.

En el derecho humano a la participación política, elegir y ser elegido, debe primar la idea que, todos tenemos el mismo derecho a participar eligiendo y tener la posibilidad de ser elegidos, en condiciones formales, jurídicas, políticas y materiales. El sistema electoral debe ser democrático desde la base a la cúspide, por lo tanto, se le debe garantizar a todo aspirante el derecho a ser elegido en una contienda política y que su nombre sea considerado.

El trato discriminatorio y la exclusión de ciudadanos en el sistema electoral choca contra la esencia de la equidad política, por ir en contravía a la idea de igualdad de todas las personas en su aspiración a formar parte del proceso de conformación del poder político democrático.  Y, los partidos políticos, en una democracia contemporánea son piezas básicas para que el proceso de selección sea transparente, igualitario y accesible a los ciudadanos.

Juan Pabón en su libro “La democracia en América Latina: un modelo en crisis” dice: “…la democracia necesita los partidos políticos como los árboles al sol para adquirir la energía que los fortalece y embellece. Los partidos políticos, son el eje de la deliberación y de la construcción del cuerpo político de la sociedad civil y son la esencia de la democracia de cierre “.

 También lo trata el gran Hans Kelsen en su libro “Esencia y valor de la democracia””. En el valora el rol de los partidos político, al decir: “La democracia moderna descansa, puede decirse, sobre los partidos políticos”.

El principio democrático es la guía de la vida interna de los partidos y las decisiones que se adopten en la selección de sus candidatos a los cargos políticos deben ser resultados de la deliberación, y la competencia electoral. Caso contrario no existe igualdad.

Insisto, en una democracia contemporánea, las decisiones de los partidos en la escogencia de candidaturas deben ser el resultado de la deliberación plural, transparente y amplia de sus bases en condiciones de simetría, y, en el alma de la democracia, no es pertinente la escogencia sin oportunidades, que merma su vida democrática y los condena a su desaparición.

Y, si no los condena a la desaparición, lo hace perder su naturaleza. El asunto de la selección de una candidatura, en particular, de un candidato presidencial es un asunto de mucha importancia, en ese proceso se juega la vida de la democracia misma. Garantizar las reglas democráticas es responsabilidad de todos.

Termino con una reflexión del pensador Maurice Duverger, que en su obra “Los partidos políticos” nos enseña: “Oficialmente, los dirigentes de los partidos son elegidos, casi siempre, por los miembros y provistos de un mandato bastante breve, de acuerdo con sus reglas. Solo los partidos fascistas repudian ese procedimiento y lo sustituyen por la nominación desde arriba: los dirigentes subordinados son escogidos por el jefe supremo del partido…”. Dirigentes y candidatos deben oír estas prudentes reflexiones. En particular, mi Partido Liberal, el partido del pueblo.

Barranquilla 16 de septiembre de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

Por José G. Hernández*.- Si la Constitución asigna a las ramas y órganos del poder público determinadas funciones -para lo cual les confiere atribuciones y cierto margen de poder-, no lo hace con el superficial propósito de adornar el texto, pues ello de nada serviría, sino para que esas funciones sean ejercidas con miras al logro de los objetivos institucionales. Cuando, requiriéndose, aquéllas no se desempeñan en las oportunidades y con los efectos que la Constitución establece, los funcionarios a quienes han sido confiadas demuestran su ineptitud y frustran el cometido querido por el Constituyente.

Eso es mucho más evidente cuando se trata de funciones de control, bien sea jurídico o político, ya que, al no operar los mecanismos estatuidos, las responsabilidades no son asumidas, lo que perjudica a la colectividad, sienta precedentes negativos y estimula futuras modalidades de transgresión del ordenamiento jurídico.

Como sabemos, al Congreso de la República la Constitución de 1991 -artículo 114- le señala tres funciones esenciales: reformar la Constitución, expedir las leyes y ejercer el control político sobre el Gobierno y la administración. Será el propio Congreso el que resuelva, con la independencia que debería caracterizarlo, si debe aprobar o no un acto legislativo reformatorio de la Carta o una ley de la República. Sus integrantes no están obligados a votar en sentido favorable o desfavorable sobre los distintos proyectos presentados. Previo debate, en las diferentes instancias legislativas, cada uno -mediante su voto- verá si aprueba o niega las iniciativas, o si lo hace respecto a las modificaciones propuestas, teniendo en cuenta -eso sí- el régimen de impedimentos y conflictos de intereses en que puedan hallarse incursos. Lo que no pueden hacer es optar por el permanente ausentismo para evadir su participación o para descompletar o desbaratar el quórum o las mayorías. Hallándose presentes en la respectiva sesión -hoy, inclusive, de manera virtual- deben consignar su voto.

En cuanto al control político, resulta trascendental, y por eso la Constitución dedica varias normas a asegurar que tenga lugar, mediante debates, citaciones y requerimientos a los funcionarios, emplazamientos a personas naturales o jurídicas, examen de conveniencia y oportunidad de decretos legislativos en estados de excepción, solicitudes de pérdida de investidura, entre otros varios instrumentos.

Por todo lo cual, el artículo 123-4 de la Ley 5 de 1992 -Reglamento del Congreso- ordena que, en toda votación, el número de votos sea “igual al número de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar”. Agrega que, “si el resultado no coincide, la elección se anula por el presidente y se ordena su repetición”.  

Y el artículo 183 de la Constitución enuncia como causal de pérdida de investidura la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. Una interpretación sistemática permite afirmar que, si se asiste y no se vota -estando habilitado para hacerlo-, se está incurriendo en falta.

Por eso, resulta irregular y en verdad deplorable que muchos de los actuales congresistas sigan eludiendo sus funciones, tanto en materia legislativa como las de control político. Como acaba de ocurrir.

Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Guillermo García Realpe*.- Desde nuestro punto de vista de independencia, la reforma tributaria ni es tan buena como dice el gobierno y sus más cercanos aliados, pero tampoco es tan mala como lo dice la oposición, ni tan vacía en materia de determinaciones.

Trae algunas cosas positivas, como la derogatoria de la Ley 2010 de 2019 que, concedía enormes beneficios tributarios y descuentos a los ricos de Colombia y al gran empresariado nacional e internacional y, por esa cuenta el país había perdido doce billones de ingresos.

Entonces, ahora deroga esa ley y se redireccionan esos millonarios recursos para dedicarlos a planes y programas sociales, especialmente los que existían antes de la pandemia y que se agudizaron durante la misma, como el ingreso solidario que esta vez va a beneficiar a 4,1 millones de hogares con una renta mensual de $160 mil hasta el 2022, la extensión hasta diciembre de éste año del subsidio a la nómina, mejor conocido como programa de apoyo al empleo formal, y los anteriores como el del programa al adulto mayor, familias en acción, y el programa de Matrícula Cero que le permitirá a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 acceder gratuitamente a la educación superior pública, entre otros. Se requería eso y me parece positivo y por consiguiente lo apoyamos.

Se hace justicia también con los deudores del Estado a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que siempre tuvieron el mismo tratamiento tratándose de amnistías, plazos o renegociación de impuestos de los deudores tributarios, lo tenían los deudores de la UGPP, que también tienen derecho a acceder a esos beneficios. Que deben incluso multas superiores a sus patrimonios.

Pero en otros aspectos, le restó mucha regulación, por ejemplo, que se cree el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a la riqueza para los colombianos que tengan más de cinco mil millones de pesos en patrimonio líquido que son cinco mil colombianos no más, para financiar programas sociales importantes como la Renta Básica Mensual, le faltó eso a la reforma tributaria. Hubiera sido una buena oportunidad el impuesto a la riqueza que, lo utilizó el gobierno de Uribe para la seguridad democrática y Santos para atender la emergencia invernal de los años 2013 y 2014.

Serán 15,2 billones la meta de recaudo. Recursos que hoy requiere el país de forma urgente para atender la grave crisis generada por la pandemia y que afectó de manera contundente al aparato productivo y por ende la empleabilidad nacional.

Esta versión 2.0 de la reforma tributaria recogió en gran parte las inquietudes que causó las manifestaciones del paro nacional de abril pasado. Por lo menos, tuvo un mayor consenso entre las diversas bancadas y no fue un texto impuesto por el gobierno como sí lo hizo en su momento el entonces, no tan celebre ministro de Hacienda de la época, Alberto Carrasquilla.

Esta reforma por ejemplo no tocó la canasta familiar, no aumentó la base gravable del IVA para algunos productos básicos de primera necesidad y tampoco a las personas naturales, las declaraciones de renta no tuvieron modificaciones, que era la gran preocupación de empleados y quienes devengan salarios no tan altos, aspectos que sí estaban priorizados en el anterior texto.

Lo que podemos concluir entonces, es que las movilizaciones sociales y la protesta pacífica que generan presión a las decisiones del gobierno, sí sirven, en la medida en que la ciudadanía se una y se haga fuerte se hace también invencible, porque como bien dice el adagio popular ¡el pueblo unido, jamás será vencido! Y el resultado de esta reforma es una victoria de las justas reclamaciones sociales, aún queda mucho para lograr las grandes transformaciones que requiere el país, pero por algo se inicia, así que no hay que desfallecer.

Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Simón Gaviria*.- Durante septiembre finalizará la vacunación de más del 35% de colombianos, también serán 5 millones de casos de Covid-19. Aunque hay avances, la negativa a vacunarse de 30% del país y la pérdida de eficacia de vacunas desde el sexto mes, hace inviable la inmunidad de rebaño. Entre tanto, un tratamiento colombiano de nebulizaciones espera aprobación en el Invima tras cerrar fase 2. En paralelo, el Regeneron, un milagroso tratamiento de anticuerpos monoclonales, cambio el manejo de la pandemia. La prioridad debe seguir siendo la vacunación, pero se debe empezar a garantizar tratamientos, no solo prevención. Así esto requiera diplomacia, no se puede esperar.

El tratamiento Covid-19 – URS000 en más de 3.750 usos tiene más de 97% de efectividad previniendo hospitalizaciones. Ya cerrando su fase 2, este esquema de nebulizaciones en el hogar, disminuyó la carga viral en 100% de los casos. Liderado por el Doctor colombiano Carlos Riveros, no tiene complejidad de suministro, se aplica en casa. También ha tomado popularidad en la Florida, en los trámites del Invima se debe priorizar estas soluciones.

Cuando a Trump le dio Covid-19 recibió un coctel de anticuerpos monoclonales: Regeneron. Administrado en los primeros 10 días, se reduce en 70% las hospitalizaciones, si es en los primeros 4 más del 90%. Pero no solo Trump, personas importantes o vulnerables, en EEUU, se le da Regeneron. El Gobernador de Texas tres veces vacunado con Pfizer, cuando se infectó, Regeneron. Los testimonios son de mejoras totales entre 18 y 36 horas, con narrativas anecdóticas de efectos anti-envejecimiento. En el estudio de 2.000 adultos mayores de la Clínica Mayo, no hubo ninguna muerte.

Estos cocteles de anticuerpos monoclonales son los primeros tratamientos diseñados contra el Covid-19. Se trata de réplicas sintéticas de anticuerpos como las de sobrevivientes del virus. El Regeneron simula un sistema auto-inmune eficaz, pero aumentando los anticuerpos más capaces de bloquear el “spike” que usa el virus para propagarse. El reto es que deben ser administrados de manera intravenosa. Su costo de US$2.000 por tratamiento, aunque elevado, es un ahorro sustancial frente a días de hospitalización.

Con aprobación de emergencia en EEUU, el incremento de casos en agosto por la variante Delta, aumentó en 1.200% los despachos de Regeneron. En la equivocada decisión de Florida de no fomentar la vacunación o el uso de máscaras, Regeneron es su principal estrategia. Si bien el Regeneron ofrece una protección de 93% frente al Covid-19, según la empresa, sus efectos solo duran unas semanas. No son un sustituto de las vacunas, pero críticos para la población hostil a la vacunación y a los vacunados que les da Covid-19.

En agosto de 2021 el Reino Unido dio luz verde al Regeneron en su sistema de salud. Colombia debería ser pro-activo, no esperar el consenso de entidades multilaterales para garantizar suministros. No hay que esperar que Covax negocie precios bajos mientras quedamos de últimos en la lista de entrega. Si hay que pagar un poco más ello se justifica en dinero y vidas. Tan exitoso como es Min Salud, esto requiere de Washington, Cancillería y Presidencia para lograrlo. Por lo menos, darle prioridad a la posible salvación que espera en el Invima.

Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2021

*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia.

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Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los medios están colmados de noticias y artículos sobre los 20 años del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Con razón, porque ese atentado marcó la historia del siglo XXI, que en su eterno retorno vuelve ahora con la retirada del ejército estadounidense de Afganistán, después de 20 años de una guerra inútil que solo sirvió para reemplazar al gobierno represivo de los talibán con un gobierno represivo de... los talibán.

Tanta difusión mediática sobre este aniversario opaca el recuerdo y la conmemoración de otro 11 de septiembre luctuoso, el de 1973. Ese día aciago se produjo uno de los más sangrientos golpes de estado de la historia latinoamericana, cuando el traidor general Pinochet derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido por el voto popular.

Los Estados Unidos fueron actor principal de ambos hechos: en el de 2001 como víctima del terrorismo, y en el de 1973 como victimario terrorista, pues ya se conoce el papel protagónico de la CIA y Nixon, el “sanguinolento presidente, el genocida de la Casa Blanca”, como lo llamó Pablo Neruda, que financiaron y organizaron los cacerolazos y entrenaron a los militares golpistas.

Están vivas en la memoria las imágenes del día del golpe, con el ejército tomándose las calles disparando contra civiles desarmados, y el bombardeo del Palacio presidencial por la aviación chilena. Después, la noticias dolorosas de la represión contra los opositores a la dictadura, la violencia, los asesinatos y la tortura cometidos en nombre de la civilización cristiana para conjurar el peligro comunista. Luego, las reformas económicas neoliberales de los Chicago Boys que hicieron de Chile una de los países con mayor desigualdad en la región.

Pero también resuenan la proféticas palabras del presidente sacrificado, en su última alocución al pueblo chileno bajo el estruendo de las bombas de los traidores: “Trabajadores de mi Patria, sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”

Pasaron 17 largos años para que el pueblo chileno tumbara en las urnas la corrupta dictadura y se abrieran las grandes alamedas. Volvieron la libertad y la democracia, aunque restringida porque siguió vigente la Constitución de Pinochet. El modelo neoliberal se suavizó un poco con reformas sociales que disminuyeron la pobreza, pero continuó la enorme concentración de la riqueza.

Las tensiones sociales producidas por la inequidad explotaron a finales de 2019, cuando el baile de los que sobran condujo a una inédita Asamblea Constituyente, en la que la mayoría no la tienen los partidos tradicionales, ni de izquierda ni de derecha sino nuevos movimientos, ambientalistas, de izquierda o independientes. Este otro 11 de septiembre es un aniversario trágico, pero lleno de esperanza porque se vislumbra que abiertas las grandes alamedas se podrá construir una sociedad mejor.

Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Ha sido elogiado el retorno de López Obrador, en su política exterior, a la que se conoce como doctrina Estrada que reafirma la autodeterminación de los pueblos como guía de las relaciones externas del país azteca. Sus antecesores pretendieron imponer de malas maneras los derroteros de la política internacional mejicana en especial con Venezuela.

Este giro le ha permitido a Méjico ser anfitrión aplaudido de las conversaciones entre el gobierno de Maduro y el frente opositor venezolano. Conversaciones que se han reanudado en suelo mejicano con el acompañamiento de Noruega, Rusia y Países Bajos. No hay que hacerse exageradas ilusiones sobre estos diálogos. Pero tampoco subestimarlos. Pueden ser la puerta de salida de lo que sin duda es el mayor impasse de la democracia latinoamericana en estos momentos.

Por eso sonaron chocantes las declaraciones de nuestra canciller-vicepresidente en Ecuador diciendo que dichas negociaciones tenían que circunscribirse exclusivamente al punto de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Y a nada más. Declaración similar hizo el presidente Duque. Tuvieron la apariencia de un diktat inoportuno. Tanto más cuando el gobierno de Maduro y el frente opositor han definido ya una nutrida agenda de temas que van a ser objeto de los diálogos. De hecho, ya llegaron a dos acuerdos tempranos: uno sobre el Esequibo y otro sobre los activos congelados que tiene Venezuela en el exterior.

El tono que debe utilizar la diplomacia colombiana para manejar las relaciones con Venezuela debería estar presidido por la sindéresis y orientado por el pragmatismo que aconseja la realpolitik. No es con las estridencias del fracasado grupo de Lima ni con altisonantes conciertos en la frontera como vamos a derrocar el régimen de Maduro. Hay que ser realistas.

Después del fiasco de Afganistán es muy improbable que los Estados Unidos vayan a endurecer las sanciones contra el régimen de Caracas. Por el contrario: van a suavizarlas cautelosamente. Hace pocos días, por ejemplo, la Casa Blanca autorizó las exportaciones de gas venezolano para permitir la financiación parcial de los inmensos requerimientos de la economía venezolana. Las agencias de las Naciones Unidas van por el mismo camino. La oficina mundial de alimentos inició un ambicioso programa de nutrición infantil en Venezuela. El tema mismo de Guaidó hay que tratarlo con cuidado: en el último año ha disminuido notablemente el número de países que lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela. Hasta la Unión Europea ya escurrió el bulto a Guaidó retirándole el título de presidente constitucional.

La buena diplomacia siempre ha desaconsejado que los países antagónicos ideológicamente (como evidentemente lo somos Colombia y Venezuela en estos momentos) se tiren diariamente los trastos a la cara. Pueden y deben conversar en términos firmes, pero pragmáticos. Y mucho más tratándose de países que comparten una frontera común de más de 2.000 kilómetros llena de problemas cuya solución impone un dialogo cooperativo y permanente.

Lo que está sucediendo con Monómeros es otra muestra de la facilidad como se escalan las cosas. Es evidente que esta empresa domiciliada en Colombia está sometida -como cualquiera otra de dueños nacionales o extranjeros- a la supervisión de la SuperSociedades. Ahora sale Maduro, ante legítimas medidas de control que le ha dictado la superintendencia colombiana, con el cuento de que como Monómeros es de capital venezolano hay que devolverla a Venezuela; y que este contencioso debe ocupar el primer lugar en la agenda de las negociaciones de Méjico. Naturalmente un disparate. Así, un mero asunto comercial se tornó ahora en problema diplomático mayúsculo.

Deben reestablecerse las comisiones de amistad colombo venezolanas que en el pasado dieron buenos resultados para solucionar problemas comunes. Como un ejemplo plausible hay que mencionar el reciente acuerdo al que llegaron las autoridades de Norte de Santander y del Táchira para permitir el tránsito de estudiantes venezolanos hacia Cúcuta.

No es con los ya repetitivos y desgastados insultos semanales entre Maduro y Duque como vamos a avanzar hacia el fértil camino de la realpolitik. Hay que establecer con apremio discretos canales entre Bogotá y Caracas y relaciones consulares entre los dos países. No es descalificando las negociaciones que se adelantan en suelo Mejicano como van a mejorar las relaciones binacionales. Con eso solo vamos a agriarlas más. Sin provecho para nadie.

Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Juan Manuel Galán*.- La extrema derecha en Colombia y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no desisten de su intento por acomodar la justicia y la democracia colombianas a su imagen y semejanza. La nefasta propuesta de amnistía general lanzada a la opinión pública por el exsenador y su partido, el Centro Democrático, sólo busca generar un marco institucional proclive a sus intenciones de abrir la puerta a la elección y nombramiento de personas, probablemente de la misma afinidad política, que hayan sido condenadas o procesadas por delitos tan graves como la violación, la corrupción o el paramilitarismo.

Como colombianos debemos enfrentar la amenaza a nuestra institucionalidad que representa el Acto Legislativo para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública. Debemos entender que, de avanzar en el Congreso y materializarse como reforma constitucional, será el marco normativo para legitimar la actuación política de miles de condenados o procesados, en condiciones de franca impunidad, que suspenderá los mecanismos de justicia ordinaria o transicional. Se eliminarían todas las restricciones que hoy mantienen fuera de las instituciones públicas a parapolíticos, exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados, o personas inhabilitadas por la Procuraduría General de la Nación.

Además de lo anterior, no queda claro a partir de lo que conocemos del proyecto, si hasta individuos como Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el desfalco de Agro Ingreso Seguro, podrían volver a la política bajo el amparo de la “amnistía”.

Lo más peligroso de esta iniciativa es que crearía una segunda versión de la ley de Justicia y Paz que permitiría a los paramilitares que no se acogieron a esta, o que fueron expulsados y siguieron delinquiendo, ser “amnistiados” y utilizar su dominio territorial para ser elegidos o nombrados. Sin mediar ningún proceso de justicia transicional, pasarían de la ilegalidad al control legítimo de las instituciones. Incluso, este proyecto pondría a Colombia en contravía de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y su competencia respecto a casos de promoción de grupos paramilitares, al permitir que retornen a la vida política posibles financiadores e impulsores de estos grupos, como Luis Alfredo Ramos, quien hoy es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su posible participación en actos de este tipo.

No podemos permitir que esta amnistía secuestre la democracia y deslegitime la institucionalidad. Trabajaré políticamente para que esta perversa iniciativa nunca se materialice.

Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2021

*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.