Opinión

Por Oscar Villamizar Meneses*.- El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez elevó una solicitud a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz - Canel,  para que extradite a Nicolás Rodríguez, ‘Alias Gabino’, jefe máximo del ELN, condenado por terrorismo a 15 años de prisión, según sentencia de un juzgado del departamento de Antioquia.

Colombia tiene el legítimo derecho de solicitar la extradición de “Alias Gabino” porque el primer paso para alcanzar la justicia es combatir la impunidad.

No hay duda que el comandante del terrorismo en Colombia, ‘Alias Gabino’, se encuentra en esa isla caribeña, donde se iniciaron los diálogos entre la administración Santos y esa insurgencia narcoterrorista; conversaciones que fueron suspendidas por el Presidente Duque después que el ELN cometiera el vil atentado contra la Escuela General Santander en enero del 2019, donde 22 cadetes  perdieron la vida.

Los atentados por parte del ELN no han cesado, lo que pone de presente que no han querido, ni quieren y tampoco están interesados en un diálogo. Al contrario, son continuas sus acciones delincuenciales y terroristas contra los civiles y militares para debilitar unas instituciones que están fortalecidas por la democracia y la defensa de la institución militar.

El Presidente Díaz-Canel no debe dilatar más el tema y responder a la solicitud de Colombia  extraditando al sujeto ‘Alias Gabino’, porque ningún terrorista es intocable. La justicia colombiana lo requiere.

La petición del jefe de Estado de Colombia Iván Duque Márquez, al Gobierno cubano, para extraditarlo,  tiene un fundamento jurídico basado en el derecho internacional: la  firma de un tratado de extradición firmado entre Colombia y Cuba en 1932.

Ningún protocolo, ningún acuerdo es superior al derecho que le asiste al Estado colombiano a someter a los criminales del ELN a los jueces legítimos. No podemos aceptar que los protocolos para unos diálogos frustrados estén por encima de la lucha contra el terrorismo y la impunidad.

Como Representante a la Cámara y Primer Vicepresidente de la Corporación, siento la obligación moral y ética de prender las alarmas sobre este tema.

Gabino es un vil criminal, un trasgresor de la ley y un terrorista que merece todo el peso de la ley.

Bucaramanga 28 de enero de 2020

*Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes

Por Guillermo García Realpe*.- Empezó un nuevo año y con él regresaron las manifestaciones sociales, cacerolazos, marchas, y masivas movilizaciones en muchas regiones del territorio nacional, todas con un mismo fin: protestar por las malas políticas del Gobierno, pero también para pedir garantías de protección a la vida de los ciudadanos y especialmente de los líderes y lideresas sociales para que pare el exterminio sistemático al que vienen siendo sometidos desde varios años atrás. 

La manifestación ciudadana del 21 de enero, no será la única del 2020, seguramente vendrán más, y en la medida que el Gobierno Nacional no atienda el clamor de la gente que pide a gritos cambios en muchos ámbitos y que con el correr de los días no hay voluntad de transformación que envíe un mensaje claro a la opinión pública nacional de una auto reforma desde las entidades del Estado, será muy difícil que el pueblo deje de manifestarse en las calles de Colombia. 

No obstante, estas jornadas generan traumatismos en la economía nacional, porque se afecta el comercio, se afecta la movilidad, la productividad empresarial, en fin, muchas cosas de nuestra cotidianidad se alteran y esa no es la idea, se requiere protestar de manera pacífica y respetuosa, pero como bien es sabido el vandalismo de unos pocos hace de las suyas y empaña la gran movilización que reclama por sus derechos, no podemos entonces permitir que se deslegitíme la protesta social por unos cuantos encapuchados. 

Ahora bien, todas son justas reclamaciones, no se sale a protestar por caprichos individuales, sino por buscar el bienestar colectivo de los ciudadanos colombianos en temas tan importantes como por ejemplo la empleabilidad, la continuidad del proceso de paz y los programas del posconflicto, que cese la violencia en las regiones, que hayan políticas agrarias efectivas que permitan el renacer del campo colombiano, de frenar la corrupción que hace agua los recursos públicos, también se reclama por mejoras en el precario modelo de salud, la justicia que no opera a cabalidad, la ausencia de educación de calidad, la bomba pensional que está por explotar, la impunidad que se busca para los amigos del gobierno, en fin, son múltiples y la lista de reclamaciones es bastante larga. 

Mientras tanto vemos que el gobierno sigue en una posición cómoda, indiferente con el ciudadano del común, y por el contrario imponiendo nuevas reformas tributarias que van en detrimento del bolsillo de la gente, afectando desde luego la economía familiar de los más vulnerables, insistiendo en la guerra, y reafirmándose en prácticas tan nocivas como el regreso de las fumigaciones, la vía libre para adelantar pilotos de fracking, todo esto en contravía de los postulados de cuidado y preservación de nuestro medio ambiente, de los ecosistemas, de las fuentes hídricas y la naturaleza, porque aquí lo que prima es el favorecimiento a las multinacionales y al gran empresariado colombiano que son los que se lucran y obtienen millonarios dividendos. 

El caso colombiano es bastante preocupante, criticamos al vecino, pero en nuestro propio patío estamos igual o peor, en las zonas de periferia de nuestro país la gente vive sumida en la extrema pobreza y la miseria en niveles absolutamente críticos, los colombianos que habitan esas zonas no tienen ninguna clase de oportunidad ni ayuda estatal que les permita sacar la cabeza y avizorar panoramas distintos y eso es bastante triste. 

Quienes conocemos y recorremos permanentemente la otra Colombia somos testigos directos de esas situaciones, y por eso clamamos por ayudas urgentes que les permitan a estos compatriotas mejorar su calidad de vida, pero los gobiernos hacen oídos sordos y en la mayoría de los casos solo con pañitos de agua  tratan de remediar la grave crisis social que hoy padecen muchos colombianos que habitan ese otro país que los noticieros no nos muestran. 

Ojalá toda esta presión social sirva para que el gobierno nacional replantee sus políticas, para que se sintonice con el pueblo y atienda sus justas reclamaciones, de lo contrario los cacerolazos, la protesta social y la movilización ciudadana será la constante en las ciudades y regiones colombianas.

Bogotá, D. C, 27 de enero de 2020

*Senador Liberal de Colombia.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Quién se debe beneficiar con los bienes de narcotraficantes a los que se les ha aplicado la extinción de dominio? La pregunta es relevante ante la disputa entre el Alcalde de Cali y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por el destino que se le debe dar al lote del antiguo Club San Fernando, sitio emblemático de esta ciudad, que cuando se liquidó el Club el fue adquirido con dineros de origen ilícito, por lo cual le fue aplicada la extinción de dominio y pasó a manos del Estado.

La SAE, como administradora de esos bienes, quiere venderlo a un particular que desarrollaría un proyecto inmobiliario privado, mientras que el Alcalde quiere convertir el terreno en un espacio público, un parque interactivo que pueda ser disfrutado por toda la comunidad. La venta estaba a punto de ser culminada cuando el alcalde hizo una “toma de posesión” que obligó a la SAE a aplazarla por un mes.

La posición de la SAE es que si no vende el lote al mejor precio incurriría en un delito de detrimento patrimonial y si el Alcalde lo quiere para un espacio público tiene que participar en la subasta y ofrecer más plata que el comprador privado. El Municipio ha aceptado esta premisa y desde la anterior administración han buscado, sin encontrarlos, recursos para comprarlo.

Ambos están equivocados. La SAE no tiene la obligación de vender el lote y el Municipio no tiene porqué dedicar parte de sus escasos recursos para transferirlos al presupuesto del Gobierno Central donde se irían para otras regiones, como hoy está sucediendo con los peajes de la malla vial del Valle que se está apropiando el Invias en lugar de invertirlos en las carreteas del departamento.

Ante todo por una razón de carácter ético. Los primeros beneficiados con los bienes que se incauten a narcotraficantes deben ser las ciudades y regiones que sufrieron las consecuencias de esos delincuentes. Así sucedió con el edificio Mónaco de Pablo Escobar, hoy convertido en un parque público de Medellín, y así lo establece la ley para el caso de los bienes expropiados en San Andrés y Providencia.

Además por razones legales. En efecto, el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 definió así el destino de los bienes con extinción de dominio: 25% para la Rama Judicial, 25% para la Fiscalía General, 10% para la Policía Nacional y 40% para el Gobierno Nacional. Sin embargo en el artículo 92 estableció que uno de los mecanismos para la administración de esos bienes, es la DONACIÓN entre entidades públicas.

En otras palabras, lo mejor para la ciudad es que el emblemático lote se convierta en un espacio público, pero el Municipio no tiene porqué salir a buscar recursos para comprarlo. Si el Gobierno quiere, la SAE puede suspender el proceso de venta a un particular sin incurrir en detrimento patrimonial, y entregarlo como donación al Municipio. La bancada parlamentaria y los líderes de la ciudad deben presionar para que se tome esta decisión.

COROLARIO: Del 25% de los bienes destinados a la Fiscalía Nacional se deberían sacar los recursos para la sede de la Fiscalía en Cali, destruida por una bomba hace 12 años, para la cual el Municipio ya aportó el lote, pero no ha sido posible que la Fiscalía cumpla su promesa de reconstruirla.

Cali 26 de enero de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*.- El 27 de febrero será una fecha que quedará en la historia de nuestro país. Ese día termina el periodo del doctor Ariel Salazar Ramírez, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Durante esta semana el magistrado dirigió una carta al presidente de la corporación, en la que se refiere a la presión que la elección del fiscal general ha generado y a la dificultad para elegir a los magistrados para los cargos vacantes. Indicó además, que la eventual desintegración del quórum luego de su salida, no será su responsabilidad.

En ese orden de ideas, una de las consecuencias inmediatas de la crisis en la Corte -además de la pérdida de credibilidad en las instituciones- es que la justicia de nuestro país quedaría acéfala, lo que para un sector político podría interpretarse como la justificación de la conmoción interior. Lo anterior significa que, ante la imposibilidad de que la Corte se autorregule, el Presidente de la República podría decretar la conmoción y de esta manera expedir normas que “vuelvan a la normalidad” la justicia y el país.

El efecto de esto será devastador para la democracia. Otorgarle estas facultades a un Presidente elegido por un partido que ha abogado por una constituyente en la que sabemos cómo se empieza pero nunca cómo se termina. Por ejemplo, podría permitirse nuevamente la reelección presidencial, crearse una corte única y un congreso unicameral.

Se trata de una seria amenaza para Colombia y para su ordenamiento jurídico. Es una forma de constitucionalizar un dogma que destruye la institucionalidad democrática legítima, atropella a las minorías y vulnera gravemente el estado de derecho para sustituirlo por el estado de opinión o comunitario. Nada distinto al proyecto político que ha tenido desde hace décadas en el país el narcotráfico.

Es hora de que la Corte, históricamente reconocida como una “reserva moral” del país, se reivindique con el estado de derecho democrático del cual es custodia. Honorables magistrados, procedan a elegir fiscal y a suplir las vacantes. No permitan que esa corporación se convierta en un instrumento para quienes apuestan por una ruptura en nuestro sistema democrático. Es la hora de actuar con grandeza por el país.

Bogotá, D. C, 26 de enero de 2020

*Exsenador de Colombia

Por Amylkar D. Acosta M*.- De buenas a primeras se le ha venido encima a los usuarios un alud de alzas en la prestación del servicio de energía eléctrica, sin ton ni son, las cuales se reflejan en una tarifa más alta y por consiguiente en un mayor valor de la factura, a partir del pasado mes de noviembre, con retroactividad y todo desde junio. Como es bien sabido la compra – venta de la energía eléctrica se transa ya sea a través del mercado mayorista o mediante contratos bilaterales entre generadores y comercializadores. Y las variaciones en los precios de energía terminan reflejándose en variaciones en las tarifas al usuario final.

A guisa de ejemplo, el precio promedio en Bolsa de la energía eléctrica pasó de $116 kW/h en el mes de junio hasta los $390 kW/h en el mes de octubre pasado, para un incremento de más de 300% (¡!). Supuestamente dicho aumento del precio se debió a una presión sobre el mismo atribuible a la disminución del nivel de los embalses de las hidroeléctricas, situación esta que habría obligado a apelar a las centrales térmicas, cuyo costo de generación es mucho más elevado. Mientras tanto el precio promedio de la energía transada mediante contratos bilaterales fue de $200 el KW/H.

Ahora bien, el impacto sobre la tarifa al usuario final, que pesa entre el 35% y 40% de la misma, dependerá de la gestión comercial del Operador de red o sea el prestador del servicio. Cuanto más expuesto esté en Bolsa mayor será la incidencia de la variabilidad y las oscilaciones de los precios en el mercado mayorista en la tarifa. Según el Presidente de ASOCODIS José Camilo Manzur, en promedio, “solamente el 12% está sujeto a la variación en Bolsa”, de lo cual se sigue que el 88% restante de la energía comprada se obtiene mediante contratos de mediano y largo plazo. Claro está que, como lo afirma Manzur, refiriéndose a los usuarios finales, “quienes verán los impactos son aquellos comercializadores que no tengan contratos de largo plazo y que no se hayan cubierto”.

Este es el caso de ELECTRICARIBE, operador este que históricamente se ha caracterizado por tener una alta exposición en Bolsa y por ello mismo sus usuarios se ven más afectados que el promedio, ya que el porcentaje del alza en Bolsa que se les traslada es mucho mayor. El contraste entre EPM de Medellín, con una exposición del 12.4% y ELECTRICARIBE, con el 23.2% es muy notorio. De allí que los más afectados con las alzas desmesuradas debido a la gran volatilidad de los precios de la energía en Bolsa son los 2.5 millones de suscriptores de ELECTRICARIBE.

En cuanto a los costos de restricción, estos están disparados y el cuello de botella que da lugar a ellos radica fundamentalmente en la región Caribe, debido al rezago histórico en las inversiones en las redes de transmisión regional y local. Allí se presenta un corto circuito que impide que la energía fluya desde los centros de despacho hasta el mercado al cual se presta el servicio, con el agravante de no contar tampoco con las subestaciones necesarias para la transformación de voltaje.

En concepto de XM, “el retraso en la entrada en operación de los proyectos de expansión es una condición recurrente, lo que hace que estas obras pierdan efectividad e impacto en el sistema al momento de su entrada en operación”. Ello ha provocado exorbitantes costos de restricción por cuenta de la generación por seguridad, los cuales terminan pagando los usuarios a través de sus facturas.

Los costos de restricción que acarrea este atrapamiento de la energía, han crecido en promedio el 70% anual, pasando, según ASOENERGÍA, desde los $4 KW/H a $29.4 KW/H. Ello le significó a los usuarios del servicio de energía en 2018 costos de restricción del orden de los US $700 millones, equivalentes, aproximadamente, a los $30 KW/H, prácticamente el mismo cargo que se paga al Sistema de Transmisión Nacional (STN). Según cifras oficiales, entre enero y junio de 2019 los costos de restricción le costaron al usuario $15 por kilovatio, para un acumulado de $431.825 millones.

Compartimos el planteamiento del Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda cuando sostiene que “el verdadero problema es que no existe una relación de causalidad entre quien genera el problema en el sistema y quién asume las consecuencias. Y va más lejos cuando afirma, con toda la razón que “si el problema esta en las redes, la regulación debe corregirse y quien cause el problema debe asumir los costos”. Coincido con él en su aseveración en el sentido que “teniendo en cuenta este panorama, se requiere en el corto plazo, que el costo de la generación por restricción en el país se asigne a quien la cause, esto unido a una mejora en los tiempos de planeación y  ejecución de los proyectos de transmisión, y una mayor inversión en el desarrollo y mantenimiento de las redes”. El usuario no puede seguir siendo el paganini, quien pague los platos rotos por otros.

Y, para rematar, además de las alzas atribuibles al precio de la energía y a los exorbitantes costos de restricción se vienen a añadir el pago por parte de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de la sobretasa nacional de $4 por kW/h consumido con destino al Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el “pago de las obligaciones financieras en las que incurra…para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional” (léase ELECTRICARIBE). Adicionalmente, las empresas vigiladas por la SSPD deberán pagar una contribución del 1% adicional a la que ya pagan a favor del mismo Fondo empresarial, la cual terminarán pagando los usuarios vía tarifa por hacer parte de sus costos. 

Riohacha, enero 25 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Desconcertante la lectura de la alcaldesa de Bogotá sobre las marchas. Aunque dejó atrás a la candidata vociferante y pendenciera, me recordó un dicho de mi madre: “El que ha sido no deja de ser”, como demostró en la entrevista en que instaló el retrovisor y dejó colar, como quien no quiere la cosa, afirmaciones que no permitían distinguir si quien hablaba era la alcaldesa, un líder del paro o un opositor declarado del Gobierno.

Con su arrogancia mal escondida, insistió en que “Necesitamos que el Gobierno pase de la conversadera a las soluciones…”, y a renglón seguido la amenaza al estilo comité de paro: “… porque de lo contrario la tensión va a seguir”. Veremos si la alcaldesa le soluciona a Bogotá todos sus problemas en cuatro años, como demandan los marchantes que culpan a este gobierno de todos los problemas históricos del país y le exigen soluciones “de fondo”, bajo la amenaza de la protesta permanente.

Indignantes sus reiterativas acusaciones contra su antecesor y el Gobierno Nacional: Que el año pasado hubo estigmatización de las marchas, militarización de la ciudad, toque de queda y un muerto, mientras que las recientes, salvo cuatro excepciones, fueron pacíficas y “creativas”. Ya vimos los estragos de esas excepciones, y no le queda bien a la alcaldesa desconocer la violencia de las marchas de 2019 y cuestionar las decisiones adoptadas.

Otra afirmación no menos sorprendente: que “los asesinatos son por los incumplimientos de los acuerdos de paz”, desconociendo los esfuerzos del gobierno y la realidad del narcotráfico como causa de la violencia. Y la tapa, que ameritaría investigación disciplinaria, cuando menos, y es inconsistente con su “afectuoso” apoyo a la Policía: En esta ocasión –dijo–, “No se vio al ESMAD asesinando jóvenes y agrediendo al ciudadano”; tremenda acusación, proviniendo de la actual jefe de la policía bogotana.

Eso sí, tuvo que reconocer que los vándalos son infiltrados, organizados para generar violencia y, lo más grave, que hay alguien detrás de ellos. ¿De dónde vienen?, se pregunta. ¿Será que la alcaldesa no lo sabe?

Yo marché en 2008 contra las Farc, la más multitudinaria manifestación de nuestra historia, y lo haría nuevamente, pero en una que repita, con tonito golpeado de protesta callejera: No-más-marchas/no-más-marchas/no-más-marchas.

Millones de colombianos que quieren y necesitan trabajar, que quieren estudiar, que necesitan algo de tranquilidad en el azaroso ajetreo de las grandes ciudades, están hastiados de las marchas y de su violencia, literalmente “mamados”, si se me permite el colombianismo, y eso no quiere decir que no estén inconformes con los asesinatos de líderes, el desempleo, la inequidad, la corrupción y tantas cosas por las que se debe protestar, es cierto, pero a la vez proponer soluciones, más que hacer exigencias con la amenaza expresa del paro, y la soterrada de la violencia y el caos.

No creo en la protesta como arma vindicativa de enemigos políticos derrotados; no creo en la protesta como chantaje extorsivo a las autoridades, ni como alternativa de cabildo abierto para imponer condiciones y decisiones al gobernante, elegido “para gobernar” a través de la institución democrática del sufragio. ¿Cuántos marchantes que hoy reivindican el derecho a la protesta callejera habrán hecho uso de su derecho al voto?

Finalizo con una protesta pacífica desde estas líneas. Basta ya de permitir la agresión impune a la Fuerza Pública. En lo personal, esos policías que vimos acorralados por vándalos, son colombianos humildes y con derechos. En lo institucional, la Fuerza Pública es el baluarte de la democracia y no merece el escarnio, sino el respeto de la sociedad.

Bogotá, D. C, 26 de enero de 2020

*Presidente de FEDEGAN  

Por Gabriel Ortiz*.- Colombia está enredada con dos palabras que distancian a las partes en el conflicto que nos mantiene entre cacerolazos, paros, actos vandálicos y crecimiento de la polarización.

El 21N disparó las alertas entre una sociedad que reclama acciones gubernamentales, y los áulicos del régimen que consideran que las cosas “van muy bien”.

El Presidente Duque y muy seguramente sus consejeros, se encontraron con preocupantes nudos que podrían ocasionar peligrosas rupturas entre las clases populares representadas por los jóvenes que no “tragan entero” y que demandan cambios fundamentales resumidos en unos 130 puntos que sus detractores consideran exagerados y difíciles de cumplir, o acordar, porque algunos dependen de orbitas diferentes a las del ejecutivo.

Muy hábilmente, el Jefe del Estado atendió sospechosas sugerencias de sus allegados que tras dos o tres días de análisis le dieron otro significado a las tradicionales negociaciones entre gobierno y súbditos. Para restarle importancia y trascendencia a los tradicionales diálogos, los bautizó como “conversación nacional”. Es decir como si se tratada de hablar, hablar y más hablar entre las personas.

Desde entonces, eso es lo que se ha hecho: hablar y solamente hablar. Los líderes del paro, asisten a las conversaciones que no conllevan a nada y esa la razón, para que se exasperen y pierdan la paciencia.

Durante la campaña electoral, el hoy presidente, prometió lo divino y lo humano a los estudiantes, a los gremios y a cuanto mitin hubo para conocer las ofertas de los candidatos. La generalidad de los puntos contenidos en el pliego de peticiones de los jóvenes y los marchantes, fueron atendidos por Duque-candidato, que los encontraba válidos y atendibles si llegaba a Casa de Nariño.

Nadie puede entender las razones por las cuales, ahora se convierten en simples temas de conversación.

¡Diálogo no ha existido! este permite discutir puntos de vista para llegar a acuerdos, cosa no vista.

Esa falta de encuentros, debates y discusiones llevan a la juventud 2020, a enconarse, desquiciarse, crisparse. La paciencia no es eterna y puede agriar la situación, hasta límites insostenibles.

El gobierno tiene la obligación de atender las solicitudes de una población que ve cada vez más lejos el buen manejo de las cosas, en una nación catalogada como la más corrupta del mundo, con alarmante desempleo, con galopante inseguridad, con centenares de líderes sociales asesinados; una Colombia en la que hemos echado hacia atrás, con el renacer de las chuzadas, la reaparición de Andrágora y la persecución a magistrados, políticos, periodistas y contradictores.

Un simple paso al frente que permita llamar las cosas por su nombre, puede oxigenar al Presidente y a su gobierno, para salir del atolladero y ganar senderos directos y acertados, con diálogos constructivos y edificantes para que en verdad, las cosas “vayan muy bien”, como es el deseo de 48 millones de habitantes.

BLANCO: Los 180 millones de árboles que promete sembrar el Presidente Duque en la zona amazónica.

NEGRO: La propuesta de Anif para eliminar los intereses a las cesantías.

Bogotá, D. C, 24 de enero de 2020

Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Clara López Obregón*.- Las autoridades siguen sosteniendo que las Águilas Negras no existen, pero en la negación está el quid del asunto. Llegó el momento de que miren hacia adentro, especialmente en la fuerza pública.

En 2008, las Águilas Negras decretaron un toque de queda para todos los jóvenes del país. Fue particularmente severo en Bogotá, donde dos días después de haber aparecido el primer panfleto en Caucasia, Antioquia, estaba esparcido por veinte departamentos y pegado en prácticamente todas las fotocopiadoras de barrio de Bogotá, para ser reproducido por padres y madres de familia, administradores de conjuntos residenciales, maestros, comerciantes y demás ciudadanos. El miedo cundió en Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén y Suba, de manera simultánea. Pero la Policía decía que las Águilas Negras no existían. Que era una razón social apropiada por quienes querían asustar a los jóvenes para proteger sus negocios, conjuntos y viviendas.

El Gobierno de la ciudad resistió, junto con las comunidades, esa ola de amedrentamiento. Hicimos lunadas, iluminamos canchas para que con protección policial los jóvenes las utilizaran de noche, llevamos la institucionalidad a las comunidades más afectadas, acompañadas de la Orquesta Filarmónica que hizo un memorable concierto arriba en Bella Vista. Y pasó el toque de queda, pero no el patrullaje de hombres armados que denunciaban las comunidades en la parte alta de Ciudad Bolívar y Usme, que ahora nuevamente se vuelve a registrar.

De entonces para acá, las Águilas Negras surgen y se desvanecen. Aparecen en todas partes firmando panfletos de amenazas a líderes sociales y políticos alternativos y a sus respectivas organizaciones. Hace poco más de un año, El Espectador informó que el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO) dictaminó que “no existe un grupo armado denominado “Comando Central de las Águilas Negras de Colombia” y, de manera contraevidente, que el análisis de los panfletos, “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas” (EE 12/09/2018).

No obstante, entre 2006 y 2018, circularon 282 panfletos con amenazas a cerca de un millar de personas -todas defensoras de derechos humanos y de la paz, reclamantes de tierras, activistas de la izquierda, periodistas que denuncian corrupción- lo que ubica a sus autores en la ultraderecha violenta. Todos los panfletos tienen el mismo formato del que circuló esta semana en el que aparecen la alcaldesa Claudia López y otros connotados dirigentes nacionales y locales.

Las autoridades siguen sosteniendo que las Águilas Negras no existen, pero en la negación está el quid del asunto. Llegó el momento de que miren hacia adentro, especialmente en la fuerza pública. Son muchos los indicios que apuntan a que puede existir en su interior una estructura que funge como ese grupo ilegal o que le colabora a quienes se amparan en esa marca para su accionar delictivo.

El principal indicio consiste en que las autoridades han sido totalmente ineficaces, durante 13 años completos, en identificar de dónde provienen las amenazas. Ya completan más de tres centenares de panfletos y no han develado a uno solo de los autores. Tampoco han podido parar el desangre de los líderes y liderezas sociales. Se ha avanzado en capturar a algunos de los perpetradores, pero no a quienes los pagan. Muchos de los crímenes han sido precedidos de cuidadosa inteligencia y seguidos de impunidad en materia de autoría intelectual, otro indicio para mirar hacia adentro. 

Pero tal vez el indicio más preocupante viene de la seguidilla de escándalos en el seno del Ejército que han descubierto los periodistas sobre corrupción, chuzadas, cacería de quienes filtran las denuncias a la prensa e intimidación a la propia prensa. Las revelaciones de SEMANA muestran no solo la inoperancia de la contrainteligencia diseñada para mantener la disciplina al interior de la fuerza pública, sino su posible desviación para impedir que se denuncien las anomalías que van desde el desvío de recursos reservados al encubrimiento de presuntas complicidades con grupos armados ilegales. Si las Águilas Negras no están afuera, como reiteran las autoridades, entonces llegó el momento de buscarlas adentro.

Adenda: Hecatombe humanitaria. En los 18 primeros días de enero han sido asesinado 23 líderes sociales y 3 excombatientes, 1,4 por día, en 25 de los 32 departamentos de Colombia. Cualquier semejanza con el exterminio de la UP no es coincidencia.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

Por José G. Hernández*.- El Congreso expidió la Ley 2009 de 2019, "POR MEDIO DE LA CUAL SE INCLUYEN SIN COSTO ADICIONAL UN PAQUETE DE PRODUCTOS Y/O  SERVICIOS FINANCIEROS POR EL PAGO DE LA CUOTA DE MANEJO DE LAS TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO".

Los usuarios de los bancos se alegraron con el anuncio, pero bien pronto se desilusionaron, al conocer el texto de la norma.

Anuncia el artículo 1 de la misma que "las entidades autorizadas para captar recursos del público que cobren cuotas de manejo por las cuentas de ahorros, las tarjetas débito y las tarjetas crédito, deberán garantizar mensualmente a sus usuarios el acceso a un paquete mínimo de productos y/o servicios sin costo adicional".

Las normas mencionan 6 servicios o productos para cuentas de ahorro (Talonario o libreta, consignación nacional, retiro por ventanilla en  oficina diferente a la de radicación de la cuenta, copia de extracto en papel, certificación bancaria, expedición de cheque de gerencia); 5 para tarjetas débito (retiros red propia, consultas red propia, certificación bancaria, consignación nacional a través de oficinas o de cajeros); y 4 para tarjetas de crédito (avance en cajero de la misma entidad, avance en oficina, consulta de saldo en cajero de la misma entidad y reposición por deterioro).

De cada grupo de servicios o productos mencionados, el usuario tendrá derecho a tres -solamente tres- gratuitos, pero en primer lugar, no es el usuario el que escoge esos tres productos o servicios gratuitos. Lo hace el Banco. Los otros tienen costo.

Pero, además, el carácter gratuito solamente tiene vigencia por un mes. Según el artículo 2 de la Ley, las entidades deben comunicar a los usuarios "la composición del paquete mínimo de productos y/o servicios al que tendrán acceso sin costo adicional en el respectivo mes". Es decir, lo que es gratuito este mes, puede ser costoso al mes siguiente, y a la inversa. Un caos, y un engaño a los usuarios. Muy similar a los tres días al año sin IVA.

Cabe recordar que, según el artículo 335 de la Constitución, las actividades financiera, bursátil y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados de las personas, “son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”. No es propiamente lo que ha hecho el Congreso en este caso, aunque anunció la expedición de la Ley “con bombos y platillos”. Y consagró cláusulas potestativas a favor de las entidades financieras, beneficiándolas y confundiendo a los usuarios.

Pudiendo establecer las reglas de manera más sencilla, clara y terminante a favor de los usuarios -como, por ejemplo, prohibiendo todo cobro adicional por los enunciados servicios-, pues goza de plenas facultades para ello, el Congreso prefiere ceder ante los bancos, como si les tuviera miedo. Esa no es la intervención que proclama la Carta Política, ni la democratización del crédito.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.- La pregunta que salta a la vista de los colombianos hoy es ¿qué justificó la realización de un Foro Internacional Contra el Terrorismo con más de una veintena de países invitados en medio de esta masacre de líderes, lideresas sociales e indígenas, amenazas e interceptaciones ilegales contra políticos de la oposición, periodistas y jueces de la República?

Sentar, cual burócratas, a más de 25 delegaciones internacionales para discutir un tema de grueso calibre como la batalla contra el terrorismo en medio de esta vorágine de sangre es impresentable si se pretende decir que la lucha de Colombia contra ese flagelo es auténtica. No se puede vender esa idea cuando, por un lado, se recibe un político extranjero que acudió a un grupo terrorista como los Rastrojos para poder ingresar ilegalmente al país y, por el otro, el llamado terrorismo de Estado, que denuncian organizaciones de Derechos Humanos, no ha desaparecido y, al contrario, se practica obedeciendo a una doctrina militar de vieja data, ya en desuso. 

Es una bofetada a cada colombiano pretender discutir una agenda de esta naturaleza que, como decía, amenaza a buena parte del planeta y no tener una respuesta a los más de 20 asesinatos de líderes, lideresas sociales e indígenas, incluidas dos masacres, en estos primeros 20 días del año 2020; por ello, en este contexto de foros internacionales la tesis del terrorismo de Estado cobra vigencia, como acertadamente lo recordó el Senador Iván Cepeda: “Pregunta pertinente: ¿los participantes en la cumbre internacional contra el terrorismo que tiene lugar en Bogotá, debatirán también sobre el terrorismo de Estado que se practica en países como Colombia? ¿O ese tema está excluido de la agenda?”.

Ejemplos cunden en la realidad nacional que debieron llamar la atención de los foristas. Cómo es posible que se denuncie que agentes del Estado -uniformados- estuvieron averiguando en el bajo mundo la contratación de sicarios para asesinar a un periodista y la sociedad colombiana y la comunidad internacional  no se estremezcan ante semejante temeridad; Más allá de ese desafío, otra pregunta que surge es cómo Colombia, un país que pregona a los cuatro vientos los postulados de la democracia occidental sobre el respeto a la libertad de expresión y sus instituciones, lo consiente. Temas pertinentes para una cumbre antiterrorista que buscaba precisamente delinear políticas para que estas prácticas sean erradicadas.

Si por algo se caracterizan las potencias occidentales y en particular Estados Unidos, representado en el foro por su Secretario de estado Mike Pompeo, es por su fervoroso respaldo a la libertad de expresión y a la prensa libre. Washington, por ejemplo, desde su trinchera tutora del respeto a los Derechos Humanos, como ocurrió en otras ocasiones, ha condicionado cooperación y convenios a cambio de que se ponderen estos derechos; cómo, y cito otro ejemplo, la Comunidad Europea permite que una democracia (gobierno de Colombia) espíe la oposición política, a los jueces y le intervenga las comunicaciones a los periodistas a través de sus cuerpos de seguridad, en este caso el Ejército, sin que haya por lo menos una manifestación expresa de rechazo a estas prácticas como justificadamente lo hicieron contra el régimen de Maduro en Venezuela. Ese silencio de los adalides de la democracia occidental frente al caso colombiano desconcierta.

Ese fue el paradójico escenario en que se desarrolló esta cumbre; cumbre en la que a Duque, para seguir con las paradojas, le preocupó más la presencia de células de Hezbollah en Venezuela que el asesinato de un líder, lideresa social o indígena con la subyacente historia de que fueron sacados de sus moradas o resguardos, torturados y después inmolados. Es decir, el presidente tiene registro de “la organización terrorista islámica” en el vecino país, pero en Colombia no tiene ni idea quién o quiénes están detrás de esta masacre.

Mientras instalaba el Foro de marras cerca de cuatro mil campesinos habitantes de la ribera del río Atrato tuvieron que abandonar sus parcelas tras amenazas de un grupo paramilitar (¿las Águilas Negras?) que actúan en connivencia con agentes del Estado, como lo denunció el Líder comunitario Leyner Palacios. ¿Habrá sido ésta penosa realidad motivo de discusión en la Cumbre hemisférica contra el terrorismo? Lo dudo.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Periodista y Analista Político.