Opinión

La promesa de la guerra total y el pospetrismo

Petro tendrá una presencia permanente en la política y será mucho más que un felino opositor al Gobierno, pues movilizará en las calles a su electorado, copará la agenda mediática y las redes sociales, y defenderá su legado.

Por: Hubert Ariza*. - En Colombia la política no se vive, se sufre, y los protagonistas viven atrincherados en aparatos políticos, narrativas e ideologías. La polarización es el sello de un país en el que el odio y la desinformación dominan las redes sociales y la Inteligencia Artificial es el gran dominador de la voluntad de la mayoría de los votantes.

En un país en permanente ebullición social, presencia de organizaciones armadas ilegales y narcotráfico, el péndulo se ha movido, históricamente, entre la guerra y la paz. Hoy, como hace unas décadas, regresa la promesa de la victoria militar al enemigo interno. Ese es el futuro que se ofrece como medicina a los males que aquejan a la nación.

La narrativa de hoy, del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es su liderazgo para lograr el triunfo militar sobre las guerrillas comunistas. La puerta del diálogo está cerrada, la vigencia de los acuerdos de paz está amenazada, mientras se anuncia el fin de la Justicia Especial para la Paz y el cierre de las Consejerías de Paz, Derechos Humanos y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, desmontar los acuerdos parece un imposible, gracias al blindaje constitucional de lo pactado. Se necesita mucho más que voluntarismo, aplausos y saludos a la bandera. Sobre todo, teniendo minoría parlamentaria y la presión de la comunidad internacional. Los acuerdos de paz están firmes en la Carta y se firmaron para cumplirse.

La guerra total es la receta que ofrecieron presidentes como Guillermo León Valencia y Julio César Turbay, en el siglo pasado; y Álvaro Uribe, durante dos mandatos consecutivos, en el período 2002-2010. Todos fracasaron. Aunque perdieron la batalla política desde su surgimiento en la década de los sesenta, las FARC se hicieron más fuertes en la Colombia profunda con cada bombardeo. La represión estatal y violación sistemática de los derechos humanos alimentó la pretendida narrativa revolucionaria, que buscó apropiarse de los liderazgos sociales y opacar a la sociedad civil.

Ya antes, en 1998, el conservador Andrés Pastrana había pactado con las Farc, que lo traicionaron y dieron vida a la leyenda revanchista de Álvaro Uribe. Durante ese período, las FARC resultaron debilitadas, pero no derrotadas en el campo militar.

Luego llegó al poder Juan Manuel Santos, heredero de Uribe, quien lo traicionó y sacó las llaves de la paz del fondo del mar para negociar y hacer posible lo que nadie pudo en sesenta años: desmovilizar a las FARC en una mesa de negociaciones. Los acuerdos de 2016, sin embargo, no trajeron paz en la sociedad, sino que agudizaron la polarización. El plebiscito por la paz partió a Colombia en dos partes casi idénticas. Una división que aún subsiste y se agudiza sin que nadie encuentre la fórmula para reconciliar al país. Ya ni el fútbol nos une. Hasta la camiseta de la Selección Nacional se volvió tema de discordia.

Después de ocho años de Santos, llegó Iván Duque, apadrinado por Uribe. En ese cuatrienio, el estallido social y el manejo de la pandemia consolidaron la candidatura de Gustavo Petro, quien, como presidente, intentó sin éxito un proceso de paz total. La traición del ELN y las disidencias a la oferta estatal de negociación dio fuerza a una oposición de extrema derecha que logró, con la ayuda de la Inteligencia Artificial y la desinformación, revivir el odio a las FARC, posicionar la narrativa de que el país se le había entregado a esa organización criminal y que Iván Cepeda era el candidato de la guerrilla y la corrupción.

Los casi 13 millones de colombianos que hicieron presidente a Abelardo de la Espriella votaron contra las FARC y contra Petro. Estamos, otra vez, en 2002, en una cruzada estadounidense contra el comunismo, tal y como ordena la Nueva Estrategia de Seguridad, justo cuando la nación se halla ad portas de asumir una subordinación total a Estados Unidos, con una Fuerza Pública que tendrá prelación en las decisiones del Ejecutivo, comenzando con la posesión presidencial en una guarnición militar.

En estos tiempos de efervescencia es bueno recordar el discurso del presidente Alberto Lleras Camargo, en el Teatro Patria, del 9 de mayo de 1958, que fijó límites a los militares, como la no deliberación política, ni injerencia en los asuntos civiles, para garantizar la democracia y la unidad nacional, y fortalecer las instituciones.

Entre la aguda polarización, la entronización de una nueva derecha más radical, el marchitamiento del uribismo y el retorno a la militarización de la agenda política, con el apoyo de Trump, surge la pregunta de qué sigue para Petro, quien entregará el poder pacíficamente el 7 de agosto, sin reconocer a su sucesor, con una popularidad cercana al 50% y con 12.708.712 votos en el bolsillo.

Es prematuro hablar del pospetrismo, porque el petrismo encarna una fuerza política con hondas raíces en amplios sectores de la población, que avalan su liderazgo e ideología.

La aguda polarización encuentra, además, a Uribe defendiéndose como un gato en una piscina, para no ahogarse en medio de los ataques de la militancia de la patria milagro. Con 17 senadores no es un jugador al que la ultraderecha pueda arrinconar, ni mandar a cuidar caballos. Sigue vivo y actuando con absoluto pragmatismo. Su alianza con el Pacto Histórico, para la elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez, demostró que en política todo es posible. Y que viejos enemigos pueden unirse para frenar un adversario común, aplicando el viejo adagio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo.

A diferencia de otros mandatos, el fin del Gobierno no es el fin del petrismo, sino una transformación hacia la oposición, en cuyo proceso le resulta vital consolidar el Pacto Histórico como una fuerza moderna, democrática y popular, capaz de canalizar el electorado hacia la reconquista del poder en 2030.

La oposición en el Congreso, en alianza con el Centro Democrático y otras fuerzas, como el Partido Verde, será un escenario de revitalización de la democracia y equilibrio de poderes. El Gobierno entrante tendrá, a su vez, que jugársela a fondo para lidiar, con tan solo tres parlamentarios propios y una sumatoria de senadores de partidos tradicionales ansiosos de burocracia, con el bloque mayoritario del petrismo y el uribismo, que serán mucho más que abejas y jaguares picando y mordiendo al Ejecutivo en la selva del Legislativo. Saltarse el Congreso no parece una buena idea.

Petro tendrá una presencia permanente en la política y será mucho más que un felino opositor al Gobierno, pues movilizará en las calles a su electorado, copará la agenda mediática y las redes sociales, y defenderá su legado. Uribe, a su vez, está obligado a hacer oposición para garantizar su supervivencia y la de su partido, que se ha convertido en un suculento plato para la ultraderecha.

La ecuación ahí es sencilla: el éxito de la ultraderecha es la derrota de Uribe, quien perdió el liderazgo en ese escenario. La exsenadora Paloma Valencia por ello dice que su partido no es de derecha, tratando de seguir pescando en el centro político.

El tigre comenzará a rugir el 7 de agosto; Petro y Uribe ya demostraron que los felinos no los atemorizan. La patria milagro comienza a escribir su historia y los nunca sabrán que los de siempre también rugen y saben jugar a ser avispas venenosas. Zumbidos y rugidos marcan hoy la selva en que se ha convertido la débil democracia colombiana. Pronto comenzará a escucharse, también, con fuerza el ruido de la guerra.

Bogotá, D. C, julio 25 de 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Si el Gobierno quiere asumir funciones legislativas, mediante la declaratoria de estados de excepción, estará sometido al control político del Congreso y jurídico de la Corte Constitucional.

Por José G. Hernández*. - El pasado 20 de julio celebramos los doscientos diez y seis años desde la proclamación de nuestra independencia. El 7 de agosto celebraremos los doscientos siete años desde la batalla de Boyacá, que -tras la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y otros patriotas- derrotó a las fuerzas de la reconquista española.

Se ha posesionado el nuevo Congreso. El 7 de agosto lo debe hacer, ante el Congreso, el presidente electo, aunque sin haber adelantado el empalme -dispuesto por la ley- con el gobierno saliente. Lo tramitaron en los Estados Unidos, con funcionarios y ministros de ese país.

Pero debemos insistir en que, contra los deseos de algunos, Colombia es -y debe seguir siendo- un Estado soberano, democrático, participativo, libre e independiente. Un Estado Social de Derecho, como lo proclama la Constitución de 1991, promulgada hace treinta y cinco años por la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por el pueblo, titular de la soberanía.

Voceros del próximo presidente han anunciado que el 7 de agosto, tras su posesión, firmará 90 decretos sobre distintos asuntos, como salud, economía y educación. Y han manifestado que, mediante algunos de esos decretos, De la Espriella buscará eliminar instituciones vigentes que entraron a regir en virtud del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el expresidente Santos y la guerrilla de las Farc. Además, se ha prometido suprimir cargos y entidades, con la finalidad reducir el tamaño del Estado, según promesas de campaña.

Como no conocemos el contenido de los actos administrativos anunciados, no es el momento de pronunciarnos a favor o en contra, pero consideramos necesario formular algunas advertencias, desde la perspectiva jurídica.

Ante todo, recordemos que no se posesiona un monarca sino un funcionario que, si bien ejercerá como jefe del Estado y de gobierno, está sometido a la Constitución y a las leyes. Sus atribuciones y facultades están delimitadas por el ordenamiento jurídico, que le es superior. No todo se puede hacer por decreto. Así lo han expuesto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en recientes providencias recaídas sobre actos del gobierno actual.

Hay instituciones creadas por la Constitución, que -con independencia de si le agradan o no al presidente electo- no se pueden desmontar por un simple decreto y ni siquiera por una ley. Tal es el caso de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP- y las disposiciones sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Otras normas e instituciones han sido establecidas por leyes, cuya modificación o derogación deben estar contenidas en disposiciones del mismo nivel, el legislativo.

Los actos administrativos deben sujetarse a reglas. Según el artículo 189 de la Constitución, al presidente compete sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento y ejercer la potestad reglamentaria, sometido siempre al contenido y mandatos de la normatividad reglamentada, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Pueden ser demandados ante el Consejo de Estado.

Ahora bien, si el Gobierno quiere asumir funciones legislativas, mediante la declaratoria de estados de excepción, estará sometido al control político del Congreso y jurídico de la Corte Constitucional.

Bogotá. D. C, julio 21 de 22026

*Expresidente de la Corte Constitucional.

El Presidente electo debería liberarse del juramento de obediencia y acatamiento a USA renunciando a esa ciudadanía, pudiendo actuar “LIBREMENTE” y sin ningún impedimento.

Por Carlos Ibáñez Muñoz*. - De todos es conocida la injerencia del gobierno de usa en la campaña que eligió a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Ahora la inquietud es determinar si esa influencia incidirá en la gobernanza y si el presidente electo tiene la autonomía y capacidad para gobernar alejado de la intromisión de usa.

Esa inquietud ronda en la cabeza de millones de colombianos ya que además de la nacionalidad colombiana el Presidente electo es ciudadano norteamericano.

Sus primeros anuncios, la intromisión de Marcos Rubio Secretario de Estado Norteamericano en la campaña presidencial, la orden de deportación, con firma y todo, contra un influencer antagonista del gobierno electo quien tramitaba asilo, su reunión con el vice presidente electo José Manuel Restrepo, las manifestaciones y amenazas verbales del Presidente electo de enviar al departamento de Estado documentos que comprometen al gobierno que entrega, dejan un rastro de que el país será manejado bajo la órbita e influencia política de USA.

Antecedente importante fue la alabanza de Trump al presidente electo cuando fue elegido al expresar que era : “INTELIGENTE, FUERTE Y DECIDIDO” .

Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia se ha expresado en retribución al elogio de usa con un tono de alineación y cooperación.

Los temas centrales en que intervendrá USA fueron SEGURIDAD, EMIGRACIÓN Y ECONOMÍA.

De destacar esos tres temas fundamentales para los dos países, pero ¿será que el gobierno entrante tendrá la autonomía suficiente para gestionar esos aspectos trascendentales del gobierno de la Nación, o el poder económico, militar y la política de intimidación y presión del país del norte se impone como suele suceder con muchos países en el mundo?

No desconozcamos así mismo que en términos de geopolítica a los EEUU les interesa tener control sobre Latinoamérica y Colombia está en una esquina estratégica, así mismo desean aniquilar el progresismo o la izquierda, y neutralizar la influencia de China y Rusia en la América hispana. De por sí, los países limítrofes con Colombia con excepción de Brasil, están cooperando con EEUU y hacen parte de su línea política.

Con un hipotético ejemplo saquemos la deducción: El gobierno de USA solicita al presidente de Colombia quien además es ciudadano norteamericano, que es importante instalar una base militar de USA en la península de la guajira frente al tema de seguridad y persecución del narcotráfico.

¿Cuál sería la respuesta del Presidente de Colombia? ¿Se declararía impedido o sería recusado por la oposición ya que al tener doble nacionalidad como ciudadano norteamericano juró obediencia y fidelidad al Estado Norte Americano al entregársele su ciudadanía?

¿Si no le obedece a su país de naturalización que implicaciones legales tendría con ellos? ¿Si el presidente electo acata la imposición del gobierno de USA estaría cometiendo el delito de Traición a la Patria?

En fin, el Presidente electo debería liberarse del juramento de obediencia y acatamiento a USA renunciando a esa ciudadanía, pudiendo actuar “LIBREMENTE” y sin ningún impedimento.

Escribiendo este artículo me entero de las desavenencias de la derecha por la conformación de los cuadros de dirección del Congreso de la República entre aliados, el Centro Democrático y el movimiento Firmes Por la Patria que eligieron al presidente De la Espriella.

Confrontación de balcón imperdibles que vaticina un gobierno tormentoso.

Bucaramanga, julio 21 de 2026  

*Abogado. Exalcalde de Bucaramanga.

Así ocurrió el fin de semana con los colombianos que cayeron en poder del presidente Petro, cuyos últimos días le quedan enanos para confiscar las libertades de una nación.

Por: Gabriel Ortíz*. - Cuatro disparatados e irregulares años, sometidos a sustancias, climas y cercanías, conducen a graves pérdidas de memoria, a juicios y actuaciones anómalas, que desvían a los seres humanos. Muchos tratan de eludir los destrozos cerebrales con medicamentos y terapias profesionales, que quienes las burlan, profundizan la enfermedad.

Un caso crítico hemos venido soportando los colombianos durante esta cuarta parte del siglo XXI, cuando un ejemplar muy conocido, se involucró en esta sociedad, vendiéndose como salvador y único líder con certeras capacidades para eliminar los traumas de una nación.

Pero existen tiempos durante los cuales el engaño y la falacia se apoderan de la imaginación de estos seres, a los que rapan su voluntad, ad libintum y libertades.

Así ocurrió el fin de semana con los colombianos que cayeron en poder del presidente Petro, cuyos últimos días le quedan enanos para confiscar las libertades de una nación. Tenía que reportarse ante el Congreso, como la ley lo dispone, para inaugurar la legislatura y relatar su obra de gobierno, si la hubiere.

Esa tarde gris inició una perorata de más de dos horas, durante las cuales se inventó acciones que nunca realizó y que nadie conocía, pero que tal vez, reposan en el interior de ese emblema de la última letra del alfabeto Arameo, que cuelga de su mano derecha.

Su narrativa impresionó a los presentes y los televidentes con sus ejecuciones desde la Casa de Nariño. Ha acabado con la pobreza, ya nadie roba o asalta, incautó la totalidad de los cultivos de coca, hizo brillar la economía que hoy está en ruinas, ya no hay hambre, solo deja hoy a unos cuantos ricos, porque los demás colombianos pertenecen a una clase media muy pudiente. Calificó de servicio eficiente y muy profesional a la salud, que dejó de existir en Colombia, como se advierte en las interminables colas para alcanzar un médico o unos medicamentos. Mostró sí un barco que el Estado negoció con la esposa del ministro Jaramillo por una millonada, para atender zonas marítimas o fluviales.

Nada se diga de la fracasada paz total, ni de los 27 mil guerrilleros que asesinan y desplazan a los campesinos y habitantes de 850 municipios, expertos también en los votos fusil de las pasadas elecciones. Ni una palabra del “congelamiento” y destitución de calificados miembros del Ejército.

Como todas las mentiras que surgen cuando nada hay que mostrar, sacó de la manga la cruz del Arameo, un falso o desconocido “desarrollo empresarial de altísima tecnología, que nos coloca hoy en el primer mundo” con la fabricación, producción y exportación de carros eléctricos. No supo la ubicación de la fábrica, ni clase de vehículos. Pura imaginación. Le falló la memoria.

Así transcurrieron tres horas de mentiras en cadena, apoyadas con descompuestas imágenes y cuadros de televisión para sorprender y engañar a un congreso que esperaba conocer algo del mandatario que por fin deja el gobierno para fortuna de Colombia.

Petro olvidó la cortesía, porque abandonó furtivamente la reunión de inauguración del Congreso, sin siquiera despedirse, ni escuchar, como lo ordena la ley, a los senadores Julio Cesar Triana y Andrés Forero, quienes replicaron los engaños y falacias de Petro. Ellos sí dejaron en claro la farsa “petruna”, que infortunadamente desapareció de las pantallas de televisión.

BLANCO: Siguen las celebraciones en Colombia: solo faltan 13 días para que la hecatombe termine. Pero, pero: ya anuncian protestas y desmanes de ciertos enmascarados.

NEGRO: Petro no se va sin su acostumbrado acoso y agresiones contra la prensa durante el desfile del 20 de julio. Su integración estuvo en riesgo. El CPB, elevó su protesta por este hecho violento contra los medios.

Bogotá, D. C, julio 22 de 2026.

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

La moderación es una característica esencial de la vida democrática, y las buenas maneras son una principalísima expresión de esa virtud.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Quizás el acto solemne más rutinario en nuestra vida política es el de la transmisión del mando, cuando un nuevo presidente accede al ejercicio del poder. Existen ritos mayores y menores a este respecto en diferentes partes del mundo. Entre nosotros ha sido un proceso tranquilo, sencillo, y hasta se podría decir que elegante. Y se entiende que no siempre el nuevo presidente goza de la admiración y el aprecio del saliente.

Pero parte de esos ritos buscan superar ese tipo de situaciones y mostrarle a la ciudadanía que, el más alto nivel, aún de antipatía por decir lo menos, no implica una entrega del poder a un adversario rodeada de malas maneras. Se busca exactamente lo contrario, dar un ejemplo a la ciudadanía de elegancia, de buen trato, civilidad, de respeto a la Majestad de la presidencia, en este caso encarnada en el presidente saliente y en el presidente entrante. Una lección importantísima que contribuye a civilizar las costumbres, a fortalecer la convivencia y a exaltar las buenas maneras y el buen trato y esto al más alto nivel y aún en las circunstancias más difíciles.

Es por ello muy deplorable que no esté ocurriendo así en Colombia en este momento. No recuerdo otra situación similar. Que no haya un gesto de simpatía entre el presidente que termina su periodo y el que lo va a iniciar es una pésima lección qué desborda hasta los principios más elementales de la urbanidad de Carreño ("compendio ilustrado del manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño, editado en PARIS en 1895 y ahora en Colombia por Cuéllar editores")

Es que la vida política está plagada de ese tipo de situaciones, siendo, por supuesto, la de la transmisión del poder presidencial, una muy notoria. Pero en la vida de los partidos políticos, en el funcionamiento del Congreso, de las asambleas y los concejos y en las transferencias de poder que ocurren con el cambio de ministros y de gerentes, de gobernadores y alcaldes, es una circunstancia que siempre da lugar, en el peor de los casos, a gestos mínimos de cordialidad.

Que no exista, no hablemos de un empalme entre el presidente en ejercicio y su reemplazo, sino simplemente la entrega de unas oficinas y de una residencia, un intercambio precario entre dos personalidades, ofrece una pésima lección de descortesía y me atrevería decir que de ausencia de convivencia a los ciudadanos de una República.

Nada se pierde con un gesto de esta naturaleza, y si mucho daño se hace al omitir el más fugaz de los ritos, en una transmisión del más alto poder en una democracia. Es que ese mínimo gesto le dice mucho a cada ciudadano que en muy diversas circunstancias se ve colocado en situaciones similares, así sean de poca monta y no de tanta significación como la de la presidencia de la República.

Son muy diversas las prácticas en los diferentes países. En algunos se realiza por ejemplo un almuerzo familiar. Y, en otros, las señoras hacen un recorrido de la residencia para así llamar la atención sobre sus ventajas y sus problemas. Y cuando situaciones de este estilo no ocurren, lo mínimo es el saludo en la puerta del palacio presidencial o de la residencia de los primeros ministros. Nadie pide ni exige que se abracen o que haya una extensa conversación o que haya una presentación de la señora y de la familia, pero el saludo que no se le niega a nadie, a no ser a un enemigo feroz.

Se transmite un sentimiento de respeto y de buenas maneras, y además es una expresión que alimenta el civismo en toda la ciudadanía.

No hay indicios de que algo parecido, así sea muy precario, vaya a ocurrir en la próxima transmisión del mando. Deplorable. En un país donde es tan grande la desconfianza en las relaciones humanas ayuda mucho ver que dos contradictores, en el más alto nivel, no son ajenos a los gestos más elementales de la convivencia ciudadana.

Muy estimulante en una sociedad donde el desacuerdo puede llevar a la intolerancia, la intolerancia a la violencia y ésta a una inseguridad que, en ocasiones, ha hecho invivible la República. No es para tanto... No es tan imposible realizar un gesto de esa naturaleza, y si son muy positivos los impactos de actitudes semejantes. Hace mucha falta entre nosotros.

Lo cortés no quita lo valiente. La moderación es una característica esencial de la vida democrática, y las buenas maneras son una principalísima expresión de esa virtud.

Bogotá, D. C, julio 21 de 2026

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país.

Por: Amylkar Acosta M*. - El riesgo de un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia es real, no es alarmismo y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos, especialmente desde el Gobierno Nacional. Su materialización dependerá de las condiciones hidrológicas, de la disponibilidad de combustibles para la generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia.

El cuadro actual es patético: la demanda de energía crece a un ritmo endiablado del 5.75%, alcanzando una demanda máxima histórica de 261.86 GWHD y con tendencia a seguir creciendo debido al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1971 GWH/año la Oferta de energía firme. Es más, según XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN) y administra el mercado mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.

El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida, que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento en la prestación del servicio.

De hecho, en un Comunicado reciente de XM se informó que 5.69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR y debilidad es en la configuración de la red, que hoy dificultan una operación segura”. A ello se viene a añadir la crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En efecto, de los $4 billones que adeuda $1.5 billones corresponde a la energía que le despachan las térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la Procuraduría, está en ciernes hace rato.

En cuanto al gas natural, la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación de los mismos. El porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% (¡!) y se estima que para el año entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%, por lo menos. Huelga decir que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con la demanda residencial e industrial. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.

Bogotá, D. C, julio 22 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exminisrtro de Minas y Energía.

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La posesión presidencial no es un acto de espectáculo ni un juego mediático.

Por José G. Hernández*. - Ante algunas propuestas que sugieren una posible posesión del presidente de la República electo ante un batallón militar y no ante el Congreso, caben algunas reflexiones, desde el punto de vista constitucional.

Digamos en primer lugar que, en nuestra democracia, el poder no está concentrado en cabeza del presidente, quien está sometido, como todas las ramas y órganos del poder público, a la Constitución y a las leyes.

Recordemos también que, en el sistema político que nos rige existe lo que se ha conocido como la separación de poderes, que en realidad significa equilibrio entre quienes ejercen el poder público. Como escribió Montesquieu, es necesario que el poder detenga al poder. Según el artículo 113 de la Constitución, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. La legislativa es el Congreso -compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes-, cuyos integrantes son elegidos por el pueblo.

El Congreso tiene, entre sus funciones más importantes, el control político sobre el presidente de la República, al cual puede juzgar en los casos y por las razones que la Carta Política contempla. La Cámara lo puede investigar y acusar ante el Senado y el Senado lo puede condenar políticamente y lo puede destituir. La Corte Suprema de Justicia lo puede juzgar desde el punto de vista penal y lo puede condenar.

De modo que es apenas natural que sea ante el Congreso, que lo controla, el órgano ante el cual debe tomar posesión de su cargo y prestar solemne juramento.

Dice el artículo 192 de la Constitución: “El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia". Si por cualquier motivo el presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos”.

Desde luego, no se trata de que el presidente escoja o seleccione -según su gusto- ante quién debe tomar posesión. La Constitución le ordena hacerlo ante el Congreso. La posible posesión ante la Corte Suprema de Justicia tiene lugar únicamente cuando se presenten circunstancias o situaciones extraordinarias que impidan la posesión ante el Congreso. Si, también por causas extraordinarias, no puede posesionarse ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente puede tomar posesión ante dos testigos. Tiene que haber un motivo, como dice la norma superior. No es válido que, en tiempo de normalidad, pase por encima de las reglas y prefiera, según su parecer, posesionarse ante dos testigos o ante órganos diferentes. Si el Congreso está dispuesto a darle posesión y se reúne para ello, debe posesionarse ante el Congreso.

La posesión presidencial no es un acto de espectáculo ni un juego mediático. Implica un compromiso serio y solemne, nada menos que por parte de quien habrá de ejercer, a lo largo de cuatro años, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Ha de jurar, ante Dios y ante el pueblo, frente al Congreso de la República, cumplir la Constitución y leyes de Colombia.

Bogotá, D. C, julio 20 de 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva.

Por: Amylkar Acosta*. - Fueron múltiples los intentos del actual gobierno de promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de superar el supuesto “bloqueo institucional”, atribuido al Congreso de la República y a las altas cortes por el hecho de ser deliberantes y ejercer a plenitud sus funciones y competencias.  Bien dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, cuando en respuesta al alegato del Gobierno afirmó que “eso que llaman bloqueo institucional es el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes”, esto es al sistema de frenos y contrapesos, evitando la concentración de poder en el ejecutivo.

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido y sigue siendo la bandera del Partido de gobierno El pacto histórico y desde luego de su candidato a la Presidencia Iván Cepeda, así este, tácticamente la condicionara al Acuerdo Nacional que le sirve de señuelo para atraer a otros sectores del centro de la política, como ya lo hizo el Presidente Gustavo Petro hace cuatro años cuando pasó a la segunda vuelta gracias a este as que sacó de la manga, para después ponerles conejo.

El fantasma de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente persiste, como nos lo recordó el 1º de mayo el candidato Cepeda cuando afirmó en la Plaza de Bolívar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente…ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”. A última hora, después del revés de la candidatura de Cepeda en primera vuelta añagaza con desistir de su cometido de convocarla, más que como estrategia como estratagema electoral para embaucar incautos y atraer al esquivo centro político para la segunda vuelta. Lo dijo el Presidente Petro, dicha convocatoria se “suspende”, no se descarta.

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia resulta a todas luces inconveniente en las actuales circunstancias políticas, económicas e institucionales del país. La Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso nacional, dotó a Colombia de un robusto Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, amplió los derechos fundamentales y creó mecanismos de participación ciudadana que aún conservan plena vigencia.

Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva. La inseguridad, la crisis fiscal, la pobreza, la informalidad laboral, la corrupción y la debilidad institucional no se solucionan cambiando las reglas de juego, sino garantizando su aplicación y fortaleciendo las instituciones existentes. No podemos caer en lo que el ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez no duda en catalogar como fetichismo constitucional, un espejismo que lleva a crear la ilusión de que los problemas del país pueden resolverse mágicamente mediante cambios de la Constitución o de Constitución, como ahora se pretende.

Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente desborde sus competencias iniciales, como ya sucedió en el pasado. Ello puede terminar concentrando excesivo poder en el Ejecutivo, alterando el equilibrio entre los poderes públicos y debilitando los controles democráticos. La Constitución de 1991 estableció precisamente un sistema de pesos y contrapesos justamente para evitar la concentración del poder y preservar las libertades ciudadanas. De prosperar la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ello puede dar pábulo para pasar del régimen presidencialista actual a otro de absolutismo presidencial.

Bogotá, D. C, 15 de junio 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.  

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La paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo.

Por:  José Félix Lafaurie Rivera*. - Es mi pregunta de cada cuatro años desde hace más de veinte, junto con una convicción convertida en frase –“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”–, quizás buscando convencer a candidatos y votantes de algo que, para mí, es obvio.

Para mí es obvio que la paz del silencio de los fusiles, la que se negocia o se impone, es apenas una condición para apagar el incendio de la violencia. De ahí que resulte obvio garantizar la seguridad rural como derecho fundamental y política de Estado, pues la paz verdadera, la del bienestar, no será posible en un campo infestado de ilegalidad y violencia, en vez de ser la locomotora del desarrollo muchas veces prometida y nunca cumplida.

Para mí es obvio que la causa de la pobreza rural, del narcotráfico y la violencia no es la tierra, como pretenden las narrativas de la izquierda para captar votos, alebrestar el odio entre colombianos y justificar la expropiación. La causa es el abandono estatal de la Colombia rural…, la Colombia de segunda.

Sin desconocer el derecho del campesino a la tierra, es obvio que una parcela no saca a nadie de la pobreza, sin los factores que la hacen rentable, además de su condición agrológica: vías, riego, crédito, asociatividad competitiva y proyectos productivos con asistencia técnica, que siempre han faltado, incluso en el convenio para compra de tierras ganaderas firmado entre el Gobierno y FEDEGÁN, al cual no le faltó presupuesto, pero si voluntad política, mientras se insistía en la expropiación administrativa sin recursos de defensa para los propietarios.

Por ello no entiendo las declaraciones de Iván Cepeda contra la ganadería extensiva, “ganadería verde” en pastoreo y hoy en franca transformación hacia la sostenibilidad ambiental, que hizo parte de los proyectos productivos elegibles en el Acuerdo que él mismo propició. Otra cosa es la ganadería en grandes extensiones y baja carga animal, improductiva sí, mas no siempre por negligencia ganadera, sino por la pobreza de los suelos, al punto que el gobierno mismo no quiso comprar tierras en buena parte de la Orinoquía de suelos ácidos; una región que podría ser despensa alimentaria, pero con un gigantesco programa estatal de adecuación de tierras, también muchas veces prometido y nunca cumplido.

Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra. De ahí que las candidaturas deben pasar de las promesas y los lugares comunes a las propuestas concretas, factibles y realistas frente a un abandono centenario; propuestas que abran caminos y demuestren que “sí se puede”; con recursos que no se desvíen y voluntad política que se anuncia en campaña y desaparece en el gobierno.

Para mí es obvio que la recuperación del campo empieza por una red vial terciaria digna, no para pobres, como todo lo rural, no de retazos de placa-huella y barrizales donde se entierran los vehículos… y la esperanza. No se trata de prometer kilómetros, sino de generar condiciones, de articular recursos nacionales, departamentales y locales; de contratar con eficiencia y vigilancia efectiva contra la corrupción.

Ante tantas y tan profundas carencias, también en educación, salud, vivienda, servicios básicos y mil cosas más, la urgencia en las soluciones es para mí una obviedad, aunque no parece serlo para algunos candidatos, a juzgar por el poco peso específico del campo en sus propuestas.

Por ello, mi voto será por la seguridad como bien público y condición de futuro, y guiado por mi convicción de que la paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo. Mi voto será por Abelardo de la Espriella.

Bogotá, D. C, 14 de junio 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

En una clara injerencia en las elecciones, Estados Unidos demuestra que la nueva versión de la Doctrina Monroe encarna una guerra anticomunista en América Latina

Por Hubert Ariza*. - Como si fuera una profecía que se cumple en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado tiempo de su apretada agenda en la guerra con Irán, para meterle la mano al proceso democrático en Colombia y tratar de imponer a Abelardo de la Espriella, el candidato de la extrema derecha, como el próximo presidente, blanqueando su historial de abogado de los más peligrosos delincuentes relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

En una clara injerencia en las elecciones, Estados Unidos está demostrando que la Estrategia de Seguridad Nacional se redactó para cumplirse, y que el Donroismo, la nueva versión de la Doctrina Monroe, encarna una guerra anticomunista en América Latina y la intervención de la superpotencia en los asuntos internos de su patio trasero. Venezuela, Cuba, Brasil, Colombia y México forman parte de las naciones donde Trump y su jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, libran una batalla a fondo para diseñar un modelo de democracia y economía, Made in USA, en el que no importa el pasado de los gobernantes, sino su compromiso con la agenda trumpista.

Una nueva demostración de esa injerencia estadounidense se dio mientras el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, asumía como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, uno de los máximos honores de la diplomacia colombiana en décadas. Trump, en respuesta a la denuncia de Petro, de la mencionada injerencia, ratificó, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, su apoyo a De la Espriella.

Antes, tras la primera vuelta presidencial, del pasado 31 de mayo, Trump había expresado su apoyo irrestricto al Tigre y su desprecio por Cepeda. Desde el día en que se presentó en sociedad la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, quedó sellada la suerte de las aspiraciones presidenciales del eventual sucesor de izquierda del presidente Petro. Por ello, que Cepeda haya conseguido cerca de diez millones de votos en la primera vuelta ratifica el rechazo de casi la mitad de los colombianos a las políticas de Trump para el continente.

Estados Unidos quiere fuera de la región a Rusia y China. Por tanto, ningún mandatario cercano a esas potencias será bienvenido. Y De la Espriella se ha esforzado en demostrar que su juramento a la bandera de Estados Unidos, país del que es ciudadano, no será en vano. Por ello, cuando el candidato grita con furia “Firmes con la patria”, la pregunta que se hacen desde la izquierda y el centro político es ¿cuál patria?

Hay que recordar que el candidato en mención es ciudadano norteamericano e italiano. Será la primera vez en Colombia que un aspirante al primer cargo de la nación exhibe abiertamente tres pasaportes, se enorgullece de su ciudadanía norteamericana, muestra la foto del día del otorgamiento de su nacionalidad norteamericana, y declara en los medios que es militante del Partido Republicano, al que financia, y cuya lealtad con esa superpotencia no está en duda.

E investido de esa nacionalidad amenaza con llevar a las cortes de Estados Unidos a sus rivales políticos, a quienes señala de comprar votos para Iván Cepeda. Pero desde la campaña de Cepeda le recuerdan que hay ríos de dinero comprando votos para el Tigre, y que con él está la poderosa familia Char, de Barranquilla, uno de cuyos líderes, Arturo, está acusado por la Corte Suprema de Justicia por compra de votos.

La ciudadanía norteamericana de De la Espriella se ha convertido en el tema central de la campaña en la antesala de la segunda vuelta presidencial. El primero en revelar esa situación fue el destacado periodista Gonzalo Guillen, y luego le han seguido una serie de líderes de opinión, exmagistrados y juristas, que han subrayado la eventual inhabilidad en podría estar el candidato. La última noticia, al respecto, fue la demanda del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, quien pidió anular, por esa situación, la inscripción de la mencionada candidatura.

La campaña que está a punto de culminar ha sido la más atípica en décadas, en medio de la aguda polarización, el delirio populista de De la Espriella, el sudor de la camiseta de La Selección Colombiana de Fútbol como insignia de la extrema derecha, la ausencia de debates televisivos, el uso desmedido de la Inteligencia Artificial como un arma política para desacreditar al adversario, y un lenguaje de guerra verbal sin precedentes en la política, que opaca cualquier horizonte de reconciliación.

En la recta final de la campaña, las noticias electorales que se registran suceden en los tribunales y no en las plazas públicas. Iván Cepeda denunció ante la Corte Penal Internacional, CPI, y la Fiscalía a su adversario, a quien acusó por delitos de lesa humanidad relacionados con el paramilitarismo.

Cepeda señaló, en rueda de prensa, que las fuentes de sus graves denuncias están en las declaraciones, investigaciones y demás documentos existentes en las comisiones de la verdad, órganos de justicia, y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Con estas graves denuncias, a 10 días de la segunda vuelta, Cepeda pareciera tratar de movilizar el voto consciente de los indecisos y de quienes han apoyado los diferentes procesos de paz. Y recuerda, por lo demás, una denuncia similar presentada en 2002 por el entonces candidato Horacio Serpa Uribe contra su rival Álvaro Uribe, a quien acusó de ser el candidato del paramilitarismo.

El Fiscal General de la Nación de la época, Luis Camilo Osorio, aparte de tomarse un café con el candidato liberal, no tuvo interés en ahondar en las investigaciones y el caso fue archivado. Luego se acusó a ese fiscal de estar al servicio de los paramilitares. Y la historia se encargó de comprobar la enorme incidencia de los paramilitares, que pusieron cerca de dos millones de votos, a favor de Uribe y eligieron al 35% del Congreso de la época. Muchos de esos congresistas terminaron en la cárcel.

¿Qué efectos tendrá esa denuncia en la definición del voto a favor de Abelardo? Nadie lo sabe. Lo que sí parece seguro es que esa demanda, en caso de ganar De la Espriella no terminará en nada. En un régimen presidencialista como el de Colombia, ningún fiscal ha tumbado un presidente.

A nueve días de las elecciones presidenciales, la injerencia del presidente Trump, el presidente de Ecuador, y la extrema derecha internacional, cobijada bajo el Escudo de las Américas, dejó de ser un bulo político. De la Espriella ruge con fuerza en las encuestas, mientras Cepeda contiene la avalancha de propaganda negra y la injerencia de Trump en el proceso. Con casi diez millones de votos en la primera vuelta necesita tres millones para ganar. Una tarea titánica que muchos ven imposible. Los resultados en Perú, parecieran abrir una puerta de esperanza de que en Colombia la remontada también sea posible.

Mientras tanto, De la Espriella y su vicepresidente dan espectáculo de ciencia ficción: luego de que el candidato mete la pata, el vicepresidente interviene para minorizar los daños colaterales, negando o matizando lo que dice su jefe. En medio de un mar de contradicciones de la extrema derecha, que respira un intenso triunfalismo y la injerencia de Trump, las elecciones mantienen a los colombianos sumidos en la más profunda polarización y crispación. Como en los años del proceso 8000, la política rompe amistades y destroza familias. El odio se respira donde el debate electoral llega.

Por ello, sin importar quién sea el ganador, el país quedará profundamente dividido, no habrá espacio para la unidad nacional, el Congreso de la República será el muro de contención del perdedor, y será la calle el escenario donde la política tendrá un nuevo sentido para la izquierda. Si ganara De La Espriella, nacería con fuerza Petro como Jefe de la Oposición y el antiimperialismo. Si ocurriera lo contrario, Estados Unidos le declararía la guerra política a Cepeda y Colombia vería con mayor ímpetu el rugir del imperio.

Bogotá, D. C, 15 de junio 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.