Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero cada día que pasa veo al Centro Democrático (CD) y a su líder Álvaro Uribe Vélez, muy cercanos al discurso que profesaba el Nacional Socialismo de Alemania en la década de los treinta del siglo pasado, hace casi cien años.

Enfrascados en la retórica antimarxista y antisemita, el líder y sus aliados, vivían obsesionados con aniquilar cualquier vestigio de izquierda en el parlamento alemán y aniquilar cualquier presencia judía; y, embebidos de odio, hicieron de la propaganda el mejor instrumento para difundir el miedo, estigmatizar y perseguir a quien reivindicase esas ideas en un ambiente que demonizaba cualquier intento de oposición.

Esa estrategia, como la del Nacional Socialismo, es la que viene aplicando el CD bajo la égida de su caudillo, el expresidente Uribe Vélez. Tras recuperar la libertad aprovechó la incondicional vitrina de algunos medios de comunicación para despacharse contra sus enemigos políticos y contraatacó, con la intención de lanzarle un misil, a la MINGA indígena a través de un manifiesto político de seis puntos para acusarla de querer implantar “el socialismo” en tierras colombianas.  

En ese ampuloso manifiesto, Uribe Vélez, revela, sin duda, el proyecto electoral de cara al 2022; se trata de una proclamación de la derecha extrema que no dará juego a matices de ninguna índole: “o están conmigo o están contra mí”. Es una declaración que no ofrece nada en concreto, salvo una lucha frontal contra el socialismo (curioso, no habla del manido castrochavismo).

Para justificar sus temores sobre la MINGA, Uribe Vélez, señala a los indígenas de querer implantar una “cultura, ideología y política del socialismo a través de una presentación torcida de la historia”. Vea pues, él (Uribe Vélez) que la borró de la academia (la historia) para ocultar las infinitas fechorías de la clase dirigente de este país y las propias también,     acusa a los indígenas de querer torcer la historia, cuando ellos, por esencia ancestral, son la historia misma; existen, incluso, antes de que existiese el socialismo. ¡Por favor!

Ahora, pretender acusarlos de utilizar, óigase bien, de” utilizar la democracia, DDHH, derechos a la protesta, libertad de expresión para defender sus acciones violentas y (de) negar esos derechos a quienes señalaron como sus enemigos”, es la perversa y malévola interpretación que hace cualquier caudillo cuando considera que aún domina los  pensamientos y sentimientos de la mayoría de los colombianos. Si esto nos delirar, entonces ¿qué es?

Continúa la diatriba contra la MINGA y dice: “Ojo con la minga: debemos fortalecer nuestro ideario de un país seguro, democrático, con gran vigor de empresa privada, emprendimiento, y cohesión social”. Según él (Uribe Vélez) a los indígenas hay que excluirlos: ni son empresarios, ni dignifican la actividad privada y, mucho menos, son poblaciones que socialmente cohesionen el proyecto político que su facción partidista propone; es decir, hay que desaparecerlos. Esto si es la tapa.

E insiste: “Ojo con la Minga: al odio de clases, motor socialista, al propósito de destruir empresa privada y libertades, cuyo resultado impide avances en el tejido social, opongamos la economía fraterna y la creatividad del emprendimiento individual, garantes de la armonía social”. Esto es cinismo en su máxima expresión. Según él (Uribe Vélez) los indígenas son la enfermedad colombiana, el tumor que ha envenenado e infectado a lo largo de la historia la sangre de sus hermanos menores; es decir, la MINGA, es el enemigo mortal de Colombia.

“Ojo con la Minga: cuando el diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo y avanzar hacia la implantación totalitaria, el estado democrático tiene que anticiparse con ejercicio de autoridad”. Este señor (Uribe Vélez), como buen caudillo que es, recurre al miedo, al terror, al pánico, estigmatiza al adversario, lo persigue, busca reducirlo para promover la violencia oficial, la represión y el castigo. Acorralado quiere implantar lo que le endosa a la MINGA, una dictadura.   

No lo quería mencionar pero lo voy a hacer con todas sus letras: ese era Hitler y así actuó cuando quiso, por todos los medios, desaparecer a los marxistas y judíos; LoG mismo hace  Uribe Vélez a través de su ampuloso manifiesto, si fuera por él (Uribe Vélez) desaparecería de la faz de la tierra a nuestros millones de indígenas, una comunidad ancestral que se le opone a su proyecto feudal, señorial, terrateniente, excluyente y paramilitar.

Se lee este manifiesto, que diría yo, es casi una sentencia contra la movilización indígena, y se entiende por qué el estómago agradecido del Presidente Duque, no quiere reunirse con la MINGA.

Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2020

*Periodista y Analista Político

@jairotevi   

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Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*.- En abril de 2019 durante 27 días el país vio cómo se paralizó el suroccidente colombiano por cuenta de la minga indígena que masivamente se movilizó para exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías a la preservación de la vida en sus territorios.

Durante largas semanas departamentos como el Cauca, Nariño, Valle y en general todo el pacífico colombiano vieron como la economía regional y la productividad se paralizaba por la falta de un consenso oportuno entre el gobierno nacional y los líderes indígenas.

Año y medio después, la situación se repite, no precisamente por los puntos de la agenda que finalmente en buena parte fue concertada en aquella oportunidad, hoy la minga nuevamente se moviliza exigiendo, en primer lugar, que el presidente de la República los escuche, pues en esa oportunidad y a finales de 2019 también los dejó plantados.

Temas como el respeto a la vida, a su autonomía territorial, que cese el asedio por parte de grupos armados ilegales, que se implementen los acuerdos de Paz, entre otros, son parte de la agenda que esta vez los indígenas buscan sea escuchada por Iván Duque.

En principio, se buscó un acercamiento en Cali, pero nuevamente el presidente no acudió a la cita, situación que obligó a la minga a desplazarse a la ciudad de Bogotá en donde esperan que esta vez sí sean escuchados por el Jefe de Estado.

Hay que señalar que esta es una minga pacífica, propositiva, sin vías de hecho, lo que demuestra el ánimo conciliador de los pueblos indígenas, ojalá la soberbia, el dogma y el sectarismo político de algunos sectores del partido de gobierno no se impongan en las decisiones del ejecutivo y echen al traste las buenas intenciones de los marchantes.

Pues ya hemos visto como desde diversos sectores quieren deslegitimar el derecho a la protesta, a estigmatizar a los indígenas de guerrilleros, de aliados del narcotráfico, de obstaculizar las políticas del gobierno, en fin, toda una serie de sindicaciones y apelativos que indirectamente hacen daño a las comunidades que lo único que quieren y buscan es vivir en paz y que no sigan siendo exterminados.

Señores, la minga no está infiltrada como lo quieren hacer ver, los marchantes provienen de la gran provincia colombiana y no hacen parte de ningún grupo armado ilegal, también quieren hacerle creer a la opinión pública nacional que la minga va incrementar los casos de covid. Entonces pregunto, ¿las aglomeraciones de los días sin IVA cuando salieron 500 mil o más colombianos no son dañinas y la de siete mil indígenas que exigen reclamaciones sociales sí? buscan excusas y pretextos en el más mínimo detalle para evadir responsabilidades.

Esa estigmatización de la cual es víctima los pueblos indígenas sí que es dañina. Bien es sabido que el Cauca, también Nariño y otras regiones han sido escenario de muerte y barbarie en los últimos meses, en donde los violentos siguen imponiendo terror y zozobra sin que haya poder alguno desde las instancias oficiales para frenar el baño de sangre que se vive en el sur occidente colombiano. Es por eso que marcha la minga, exigiendo garantías para la vida, respeto por sus líderes y que cese el exterminio en sus territorios.

De acuerdo a Indepaz, desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas en Colombia, de los cuales 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque (al 8 de junio de 2020) y durante lo corrido del 2020 ya son 47 los líderes indígenas exterminados en diferentes zonas del país. Un baño de sangre de enormes proporciones sin lugar a dudas. Y además están documentadas en Colombia más de 65 masacres en los diferentes territorios.

Bienvenida la protesta pacífica, bienvenida la minga a Bogotá, somos más los que queremos un país con garantías para la vida, donde cese el odio y la violencia y donde renazca la paz, la reconciliación nacional, el respeto por la diferencia y donde la guerra sea cosa del pasado.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

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Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo*.- A medida que pasa el tiempo de la pandemia se va viendo una dosis alta de entusiasmo gubernamental acompañado de una protuberante oscuridad en la presentación de las cifras.

Todos los días se anuncian ayudas para tal o cual sector, pero nadie está consolidándolas. Hay como una especie de frenesí informativo, pero no existe una presentación global de dichas ayudas. El programa presidencial de las 6 de la tarde es especialmente rico en anuncios de ayudas sectoriales pero pobre en información consolidada.

Esto explica que empiecen a salir cifras discordantes: por ejemplo, mientras el presidente Duque insiste en que está invirtiendo 11% del PIB en los apoyos a las empresas o a las personas naturales que han resultado afectadas por el coronavirus, entidades como la Cepal informan que uno de los países de la región que menos está invirtiendo en esta emergencia es Colombia, que apenas está destinando a este propósito 2,5% del PIB. Últimamente el ministro de hacienda dijo en entrevista al Tiempo que eran 3,5%. No son diferencias menores.

Una primera recomendación al Gobierno sería entonces que organizara cuanto antes una página web como tienen en Nueva Zelandia para que, en tiempo real, y con acceso de todo el mundo, se pudiera constatar exactamente cuánto se está invirtiendo realmente en el programa contra cíclico del gasto público.

Las contradicciones gubernamentales, por la carencia de esta información agregada y consolidada, abundan. Por ejemplo: el Presidente Duque informó en su discurso ante las cámaras del veinte de julio sobre un programa que denominó “los cuatro compromisos por la recuperación económica” sobre un programa a dos años cuyo costo ascendería a 100 billones de pesos. Pocos días después el viceministro de Hacienda Zarate le informó a la revista Dinero que el costo del mismo programa no sería de $ 100 billones sino de $170 billones. ¿Qué tal la discrepancia, 70%?

Una segunda recomendación sería: la próxima reforma tributaria que ya se ha anunciado pero que no se sabe cuánndo se presentará, forzosamente tendrá que ocuparse de cómo podar el frondoso árbol de las exenciones, gabelas, minoraciones y regímenes de privilegio tributario. Más aún: este será probablemente el objeto central del que tendrá que ocuparse dicha reforma. El costo de los privilegios tributarios asciende en la fecha a $ 92, 4 billones, de los cuales la rama más frondosa es la del IVA cuyas gabelas montan a la pasmosa cifra anual de $74, 9 billones. Así las cosas, el gobierno ha convocado una misión de expertos internacionales cuyas recomendaciones se espera estén listas en el primer semestre del año entrante. No se necesita ser un zahorí para anticipar que buena parte de las recomendaciones de esta misión versará sobre la urgencia imperiosa de podar la frondosa rama de las gabelas del IVA. Si esto es así, ¿cómo se explica que todos los días sigan saliendo anuncios que reducen o eliminan el IVA para nuevos sectores? Esto no va a hacer nada fácil la implementación de las recomendaciones de los expertos extranjeros convocados y, por el contrario, va a crear más hechos cumplidos en el campo ya minado y costoso en que se ha convertido el IVA.

Tercera recomendación: que el Gobierno diga con claridad cuando presentará las reformas estructurales que tanto necesita el país: tributaria, pensional, laboral, justicia, etc. Hasta el momento solo se han tomado medidas de “primeros auxilios” pero las reformas de fondo se han postergado. Y como van las cosas, se van a quedar para el próximo gobierno. En menos de un año estaremos en plena campaña electoral. Y prácticamente ninguna de estas reformas estructurales se ha comenzado a estudiar. No hay tampoco el menor asomo de que se esté trabajando en un gran acuerdo político como el que requerirían tan delicadas reformas.

A veces da la impresión de que el gobierno Duque se ha conformado con ser el diligente enfermero de los primeros auxilios, pero que la delicada cirugía de las reformas estructurales se la quiere dejar a los médicos del próximo gobierno.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras estábamos preocupados porque la crisis económica generada por la pandemia nos iba a hacer retroceder y perder los avances de varios años en la lucha contra la pobreza, nos cayó como una baldado de agua fría la noticia del DANE de que antes del COVID-19 en Colombia ya estaba aumentando la pobreza y la indigencia, a pesar del crecimiento económico.

En efecto, según el DANE el porcentaje de colombianos que viven en situación de pobreza subió de 46% a 47.5%; parece poco, solo 1.5%, pero en la vida real es una tragedia pues son 661.899 personas que pasaron a ser pobres. También aumentó en 728.955 el número de personas viviendo en pobreza extrema, con lo cual este índice pasó de 8.2% a 9.6%.

Una nota técnica para entender estos índices. Una persona está en situación de pobreza cuando su ingreso mensual es menor a $327.674, o sea que un hogar de 4 personas es pobre si su ingreso mensual es menor de $1.3 millones, es decir 1.5 salarios mínimos. Para la pobreza extrema el ingreso per cápita debe ser menor a $137.350, y el de una familia de cuatro personas menor a $549.400. Eso es sobrevivir en la miseria.

La explicación aritmética del aumento de los pobres e indigentes es simple: esos miles de hogares sufrieron una disminución de sus ingresos que ahora no les alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas. La explicación económica y política es más compleja: ¿Por qué disminuyen los ingresos de tantas familias en un año en que la economía creció 3.4%, el PIB per cápita 1%, y nos enorgullecíamos de ser el país latinoamericano con mejor desempeño?

La respuesta a este interrogante es bien conocida y la comprueban las mismas cifras del DANE: No basta el crecimiento total sino que es necesario ver como se distribuye. El año pasado solo el 20% más rico de la población tuvo un aumento en sus ingresos, mientras que para el resto de los hogares disminuyeron. Dramático el caso del 20% más pobre que sufrió una pérdida del 6.2%, mientras que en los dos siguientes quintiles la disminución fue de 2.3% y 1.3% respectivamente.

Preocupa sobremanera la situación del campo colombiano, donde los más pobres perdieron el 8.7% de sus ingresos, y los siguientes quintiles el 6.7% y el 3.0%

Cuando los frutos del crecimiento no se reparten entre todos los ciudadanos, la consecuencia inmediata es que aumenta la desigualdad. En el reporte del DANE se muestra que índice Gini pasó de 0.508 en 2017 a 0.526 el año pasado, con lo cual Colombia volverá al podio de los países más desiguales del mundo.

Estos resultados, anteriores a la pandemia, muestran que algo no está funcionando bien en el Pacto por la Equidad planteado por el gobierno como su plan de desarrollo, y que no se va a lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El futuro no será de todos si el presente es de unos pocos.* * *

ADENDA. Nos siguen matando. 231 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este aciago 2020; también 51 excombatientes que le apostaron a la Paz y entregaron sus armas; 63 masacres indiscriminadas con 268 víctimas inocentes. Se anuncian investigaciones exhaustivas, se identifican unos cuantos autores materiales, pero sigue corriendo la sangre. ¿Hasta cuándo?

Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Enhorabuena el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicarlas e identificarlas “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”.

En este país abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el Contralor General su número supera los 1.400 proyectos, en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de otros municipios y departamentos del país.

Esta Ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte  en su jurisdicción, pero en su cruzada el Contralor General les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el cual ha sido prolongado un mes más. Según lo ha anunciado su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la Ley el Presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.

Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica, la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando estas sean de tardío rendimiento.

Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, no alcanzarían a cortar la cinta en su inauguración y a abandonar aquellos que sus predecesores dejaron iniciados. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.   

Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolivar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relievancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La linea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.

Si se la pone a la Represa del Ranchería en el Departamento de La guajira se van a llevar muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento.

Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998 cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe se revive el proyecto, se construye la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y desde entonces allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.

Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco.

Razón tuvo el ex contralor Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”. Así de claro!

Bogotá, octubre 17 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Felix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera * .- Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Para allá vamos desde la Constitución del 91, que le dio poder a los jueces, que hoy eligen y cogobiernan, y a las “comunidades”, que hoy exigen y cogobiernan, pretendiendo decirle al presidente lo que puede y no puede hacer; lo que debe y no debe hacer.

El nuestro es, cada vez más, un país “comunitarista”, condición que suena previa a uno “comunista” y que inspiró la “constituyente de 2017”, pues no otra cosa fue el Acuerdo con las Farc: una constituyente ilegítima y a espaldas del país, con la bendición –vaya paradoja– de la Corte Constitucional.

Esas comunidades que son protagonistas del acuerdo fariano; con derecho a participar en las instancias decisorias del gobierno, es decir, a “cogobernar”, son las mismas controladas por las Farc y el ELN en inmensas zonas rurales desde hace décadas, y las absorbidas ideológicamente por la izquierda en las ciudades, a través del movimiento sindical (FECODE, CUT, USO, FENALTRASE, ASONAL JUDICIAL, etc.) y de una diversidad de ONG y de movimientos “progresistas”, que les sonríen “de ladito”, y otros “de frente”, al Foro de Sao Paulo y al socialismo bolivariano.

Una de ellas es la minga, una unión de “comunidades” detrás de la cual está el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y, valga la redundancia, detrás del cual estuvieron siempre las Farc –sexto frente y Columna Móvil Jacobo Arenas–, con pactos de convivencia y de “formación ideológica” firmados desde los ochenta, los cuales –claro–, niega el senador Feliciano Valencia, el mismo que pretende chantajear al presidente, “citándolo” a Cali a “rendir cuentas”.

“El debate es con Duque… y punto”, sentenció arrogante, después de despreciar el diálogo con los ministros. No se trata en esta ocasión, de pedir plata, que el CRIC ya ha recibido mucha y está siendo investigado por la Contraloría. No se trata de pedir tierras, porque en 2019, después del chantaje violento en la Panamericana durante casi un mes, recibieron 90.000 millones para compra de tierras y ya no hay en Cauca más tierra que comprarles, pues ya son dueños del ¡40%! del departamento.

¿De qué se trata entonces? El asesinato de líderes sociales es apenas la bandera mediática, pues ellos saben que el victimario es el narcotráfico, a cuya erradicación se oponen hasta con violencia contra la Fuerza Pública. El mismo Valencia confiesa que se trata de un “debate político” sobre “temas estructurales”: glifosato, “fracking”, Acuerdo de Escazú, reforma laboral, modelo económico, cumplimiento del acuerdo, etc.

Y ni siquiera se trata de eso, sino de un montaje, una verdadera opereta. El CRIC de Valencia contaba con la negativa del presidente, después de lo sucedido en 2019, cuando Duque aceptó la “invitación”, pero no accedió a un debate imposible frente a una muchedumbre vociferante e infiltrada, que lo que quería era matoneo presidencial en vivo y en directo.

De eso se trata. La minga lo chantajea; el presidente se niega; la minga lo acusa de los asesinatos y de indiferencia frente a los “autopobreteados” indígenas; la marcha prosigue con su irresponsable amenaza contra la salud de los colombianos y, vaya casualidad, coincide en Bogotá con el paro de FECODE y con el también irresponsable Paro Nacional de la CUT para el 21, en plena pandemia y cuando el país clama por reactivación. Aparecerán, como siempre, los vándalos; la arrogante alcaldesa culpará al presidente por no arrodillarse con “humildad”, todo ello mientras… Petro sonríe satisfecho tras bambalinas.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz *.- “Dios los cría…” suele decirse de quienes luego se juntan para el bien o para el mal. Esos que sigilosamente van tras lo divino o lo humano para lucrarse. Los hay por todas partes. Son maestros en el arte de lo venal.

Todo esto lleva a la gente a tratar de entender cómo los acusados de cometer delitos contra la sociedad, la patria, o las más sagradas normas, solo reciben castigos severos o veniales, según el clan, organismo, gueto, casta o tribu a los que pertenezcan. Todo depende de la dignidad, función o fuero.

En este país las cosas se amañan, se disfrazan o se orientan, según el personaje involucrado y su preeminencia. Y lo más curioso es que los culpables de los delitos pueden cambiar de la noche a la mañana de figuración para evadir la ley. Así, pueden pasar de culpables a inocentes. Una repentina transmutación de estatus, convierte el delito en virtud y los barrotes de una celda en sitios de recreación.

Los desmanes se convierten en ascetismo, vivezas o genialidades que merecen perdón. La ley es dura, pero es la ley, reza el derecho. Pero en estos casos, la ley es blanda, benéfica y a la medida. Es la falsa ley.

Tal vez esa es nuestra condición y todos comulgamos con esta manera de actuar, de exculpar. Leguleyos o encopetados juristas se pasean como reyes por los medios de comunicación, haciendo alarde de sabiduría, malicia o destreza para desviar leyes y normas. Embrutecen a la gente citando leyes que modifican leyes; parágrafos que anulan literales y enmiendas que reglamentan todo.

La “sabiduría” de los flamantes bufetes enreda las leyes y convierten en culpables a los inocentes.

Esa es la dinámica de la corrupción imperante en Colombia. Nadie le teme a la justicia, porque la maraña en la que se mueve, permite inclusive que, hasta los reos o bandidos se burlen de ella y propongan eliminarla de tajo, o fijar mecanismos que garanticen su manejo.

Los congresos, instaurados por constituciones de países democráticos, también son fruto de “orientaciones” muy bien estructuradas para beneficio de los corruptos. Se logra, mediante elecciones de mesas directivas dóciles que los gobiernos, grupos de presión o gremios, puedan dirigirlos hacia orillas nefastas. Dádivas, ofertas pecaminosas (mermeladas) o permanencias aseguradas de sus miembros, tuercen sus designios. En épocas como la actual, se vuelven virtuales para asegurar la pereza y el manejo.

Dios los cría y ellos se juntan para señalarnos lo que se nos viene encima, como ocurre con un Centro Democrático amenazante, que pregona abiertamente que permanecerá por siempre en el poder. Reformas de extrema derecha, propias de regímenes de opinión. Por fortuna no todos los colombianos pertenecen a esas teorías políticas y nos salvarán del “ojo 2022”.

BLANCO: El golazo de Falcao, que nadie se explica por qué está en la banca.

NEGRO: Nuestros indígenas, no podrán conocer los dorados esplendores de la Casa de Nari.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Alonso Ojeda Awad

Por Alonso Ojeda Awad * .- Guardo un profundo respeto y solidaridad por los pueblos indígenas, no solo de Colombia sino del mundo entero. No podemos aceptar que el capitalismo salvaje, agresivo y mortal, ponga en el ojo de su ataque a las sufridas comunidades indígenas, cuyo único pecado es el de desarrollar unas formas de vida y de cultura que garanticen la supervivencia de todo el contexto biológico y ecológico en este único planeta azul hasta ahora conocido y que llamamos Tierra.

La brutal agresión contra los pueblos indígenas comenzó desde el trágico momento en que a América arribaron las fuerzas invasoras de España, dando inició a la larga masacre indígena que no termina aún. El reconocido escritor Antonio Caballero en su famosa obra “Historia de Colombia y sus oligarquías” refiere así textualmente esta pavorosa situación: “Se calcula que el noventa y cinco por ciento de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros cien años después de la llegada de los invasores encabezados por Cristóbal Colon, reduciéndose de cien millones a solo tres millones, por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y sobre todo, las pestes que trajeron”.

Esta sistemática aniquilación no ha parado, y se ha reactivado peligrosamente en el último año, presentándose múltiples asesinatos y masacres de miembros de las comunidades indígenas sin que medie ninguna reacción clara de defensa por parte del gobierno de Iván Duque. Por esta razón se ha proclamado la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la Paz.

Su primer planteamiento es: “Por la Vida”. Impactados hemos visto como la mano asesina penetra sigilosamente las comunidades indígenas para producir la muerte en forma de masacres de líderes y sus familiares, sin que la justicia colombiana responda ante este genocidio.

El segundo planteamiento es: El Territorio. Las multinacionales mineras junto con los consorcios económicos están destruyendo los recursos naturales como selvas y bosques, envenenando los ríos, despojándolos del agua cristalina de las montañas, produciendo el desplazamiento criminal de comunidades enteras a las grandes ciudades para que se mueran de hambre, y continuar arrebatándoles sus tierras milenarias, destruyendo su cultura.

El tercer planteamiento: Por la Democracia. La Minga cuestiona al gobierno de Iván Duque por no respetar el ordenamiento jurídico de la nación y pretender desviar las decisiones centrales de la Corte Suprema de Justicia, para favorecer sus oscuros intereses. Además, orienta su política apoderándose de todos los órganos de control, para arremeter con su vocación neoliberal contra los sectores más empobrecidos de la sociedad. Hay en este gobierno un desconocimiento sistemático de los Derechos Humanos y de los derechos de las mayorías de los colombianos.

La Minga expresa su profundo compromiso con los Acuerdos de Paz firmados en La Habana Cuba, y rechaza la actitud de este gobierno en querer hacer trizas los esfuerzos de Paz, poniendo en vilo la estabilidad democrática de la nación. Exige garantizar el Derecho de las víctimas y expresa su profunda preocupación por el avance del paramilitarismo en los territorios de las comunidades indígenas y a nivel nacional.

El gobierno debe respetar la convocatoria de los pueblos indígenas, acoger sus sabias recomendaciones y su profunda razón de ser. Debe garantizarles el derecho a sus tierras, las que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Ellos son los portadores de los verdaderos saberes ancestrales que nacieron en estas tierras hace más de 20.000 años y ante esta debacle mundial deben ser escuchados con profundo respeto, reconocimiento, serenidad y acatamiento.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Exembajador de Colombia

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Robinson Castillo

Por Robinson Castillo*.- En Colombia aparecen candidatos presidenciales hasta donde no se creía que estaban. Pero para llegar a la Casa de Nariño se requiere más que la simple intención. En esta ocasión les relato la historia contraria, aquellos que estuvieron a punto de gobernar a nuestro país, pero se quedaron en el club de los presidenciables fallidos.

Y no son pocos. Las razones que les impidieron lograr su sueño político no solo pasa por la matemática electoral, la violencia también influyó. La insobornable realidad es que nunca lo lograron. Empecemos.

En 1950 debió ser presidente Jorge Eliécer Gaitán, pero, dos años antes fue asesinado y ese hecho inatajable puso fin a lo probable. El líder liberal había sido alcalde de Bogotá, dos veces ministro y congresista. El 9 de abril es fecha histórica y sangrienta de aquel medio día de 1948.

Otro liberal con la misma energía de Gaitán, también fue abruptamente separado del camino hacia la Casa de Nariño, se trata de Luis Carlos Galán, quien fue concejal de Bogotá, ministro y congresista. Es considerado uno de los grandes políticos del siglo XX. Y mataron al hombre, no las ideas.

Si hay un conservador que mereció ser presidente, ese fue Alvaro Gómez Hurtado, quien aspiró en tres oportunidades, pero nunca logró que el electorado conectara con el gran perfil de estadista que ostentaba. En 1995 fue asesinado. Fue el fin de lo fundamental.

Uno más que hizo tripleta de candidaturas fue Horacio Serpa. Muchos afirman y con razón, que ser escudero del expresidente Samper, le costó alcanzar su propósito. ¡La presidencia de la república le hizo mamola!

Una mujer casi logra un giro en la historia. Se trata de Noemi Sanín, quien en 1998 quedó de tercera en las elecciones presidenciales, posteriormente hizo otros dos intentos, pero el machismo consagrado se lo impidió. Nos perdimos de una gran presidenta.

Tal vez el ex guerrillero más moderado también brilló en las elecciones presidenciales de 1990, con más del 12 por ciento de los votos obtuvo el tercer lugar, tras reemplazar al asesinado candidato Carlos Pizarro. Ese fue Antonio Navarro, después lo intentó de nuevo pero no brilló. El hombre de “Palabra que sí” la presidencia le dijo no.

Un sindicalista como Lucho Garzón dejó las protestas y se metió en la política, alcanzó un tercer lugar en las presidenciales de 2002, que le sirvió para ganar la alcaldía de Bogotá un año después. El denominado “Lula da Silva” colombiano, quien intentó de nuevo la presidencia, pero el tiempo de luz propia se había apagado.

El singular protagonista en 2010 fue Antanas Mockus, por primera vez alguien por fuera de los partidos tradicionales, pasaba a la segunda vuelta presidencial, ganaba en las encuestas, pero en las urnas su propia zanahoria le dio garrote.

Un nieto de ex presidente de la república, como Germán Vargas Lleras, con dos candidaturas a sus espaldas, comienza a tocar las puertas del club de los presidenciables fallidos, pero en su actual posición como columnista e influencia activa en la política, no parece resignarse. En cualquier momento lo intentará, créanlo y no lo olviden.

Cierra esta lista otro ex guerrillero del M-19 , el actual senador Gustavo Petro, con dos intentos fallidos por lograr la presidencia, pero con el antecedente de ser el único hombre de izquierda en alcanzar un segundo puesto con más de 8 millones de votos en la pasada contienda. Va por una tercera candidatura en 2022.

Los golpes electorales, destierros políticos, coscorrones mediáticos, lenguajes incendiarios, posiciones tibias, hacen parte del largo inventario por ajustar de muchos candidatos. El ego presidencialista los separa de la realidad.

Los que buscan la presidencia creen tener la cura para las dolencias de la nación, pero en ocasiones la nación les causa dolencia a ellos.

La pregunta incómoda

¿Estaría de acuerdo con ampliar a cinco años el período presidencial?

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Comunicador Social-Periodista.

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- No tomo partido en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Como todas las personas, a la luz de la Constitución, goza de la presunción de inocencia, que solamente una sentencia judicial definitiva podrá desvirtuar.

Respecto a su libertad, las dos decisiones judiciales hasta ahora adoptadas provinieron de jueces competentes, estuvieron sustentadas y, aunque puedan verse como contradictorias -cual si la Juez de Garantías hubiese “corregido” a la Corte Suprema-, no es así. Si alguna contradicción existe, proviene del confuso sistema vigente.

En efecto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia gozaba de competencia, según lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2018, en cuanto Uribe gozaba de fuero ante ella como Senador de la República, y actuó dentro de las reglas dispuestas en la Ley 600 de 2000 -anterior Código de Procedimiento Penal-, aunque los hechos eran muy posteriores a su derogación y al cambio de sistema -de mixto a acusatorio (Acto Legislativo 3 de 2002)-, por cuanto el nuevo Código (Ley 906 de 2004) estableció en su artículo 533  que, si bien la nueva legislación entraba a regir para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005, “los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”. El numeral en mención, en concordancia con el 186, establecía en ese momento (hoy es el 4) el fuero para los miembros del Congreso, en cabeza exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

La Juez de Garantías 30 de Bogotá también actuó dentro de su competencia y obró dentro de las reglas aplicables. El expresidente renunció a su curul, y, por tanto, toda vez que los hechos punibles sobre los cuales recaía el proceso no guardaban relación con sus funciones (Art. 235, parágrafo, C.P.), perdió el fuero, y la Corte Suprema perdió competencia. Así que la Juez no entró en contradicción material con lo dispuesto por la Corte sobre privación de la libertad, sencillamente porque lo único que debía resolver era si, a la luz del nuevo sistema, podía una persona sin fuero permanecer privada de su libertad sin haber mediado una imputación de cargos, exigida en la Ley 906 como requisito previo para decidir si se impone o no tal medida de aseguramiento. Y la Juez consideró que, aunque el doctor Uribe había rendido indagatoria ante la Sala de Instrucción, esa diligencia no equivalía, en materia de garantías, a la de imputación, señalada en las disposiciones sobre sistema penal acusatorio. Lo dejó en libertad, y, en mi criterio, era lo que correspondía, si se aplicaban los principios pro homine y pro libertarte -a favor del derecho y de la libertad, aun en caso de duda-.

Es válida la segunda decisión judicial, como también, en su momento, lo había sido la primera.

Hacia el futuro se debería corregir el actual diseño del sistema jurídico, reconsiderar el complicado sistema de fueros, propiciar un principio de igualdad ante la justicia y evitar que las personas puedan escoger a sus jueces.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero cada día que pasa veo al Centro Democrático (CD) y a su líder Álvaro Uribe Vélez, muy cercanos al discurso que profesaba el Nacional Socialismo de Alemania en la década de los treinta del siglo pasado, hace casi cien años.

Enfrascados en la retórica antimarxista y antisemita, el líder y sus aliados, vivían obsesionados con aniquilar cualquier vestigio de izquierda en el parlamento alemán y aniquilar cualquier presencia judía; y, embebidos de odio, hicieron de la propaganda el mejor instrumento para difundir el miedo, estigmatizar y perseguir a quien reivindicase esas ideas en un ambiente que demonizaba cualquier intento de oposición.

Esa estrategia, como la del Nacional Socialismo, es la que viene aplicando el CD bajo la égida de su caudillo, el expresidente Uribe Vélez. Tras recuperar la libertad aprovechó la incondicional vitrina de algunos medios de comunicación para despacharse contra sus enemigos políticos y contraatacó, con la intención de lanzarle un misil, a la MINGA indígena a través de un manifiesto político de seis puntos para acusarla de querer implantar “el socialismo” en tierras colombianas.  

En ese ampuloso manifiesto, Uribe Vélez, revela, sin duda, el proyecto electoral de cara al 2022; se trata de una proclamación de la derecha extrema que no dará juego a matices de ninguna índole: “o están conmigo o están contra mí”. Es una declaración que no ofrece nada en concreto, salvo una lucha frontal contra el socialismo (curioso, no habla del manido castrochavismo).

Para justificar sus temores sobre la MINGA, Uribe Vélez, señala a los indígenas de querer implantar una “cultura, ideología y política del socialismo a través de una presentación torcida de la historia”. Vea pues, él (Uribe Vélez) que la borró de la academia (la historia) para ocultar las infinitas fechorías de la clase dirigente de este país y las propias también,     acusa a los indígenas de querer torcer la historia, cuando ellos, por esencia ancestral, son la historia misma; existen, incluso, antes de que existiese el socialismo. ¡Por favor!

Ahora, pretender acusarlos de utilizar, óigase bien, de” utilizar la democracia, DDHH, derechos a la protesta, libertad de expresión para defender sus acciones violentas y (de) negar esos derechos a quienes señalaron como sus enemigos”, es la perversa y malévola interpretación que hace cualquier caudillo cuando considera que aún domina los  pensamientos y sentimientos de la mayoría de los colombianos. Si esto nos delirar, entonces ¿qué es?

Continúa la diatriba contra la MINGA y dice: “Ojo con la minga: debemos fortalecer nuestro ideario de un país seguro, democrático, con gran vigor de empresa privada, emprendimiento, y cohesión social”. Según él (Uribe Vélez) a los indígenas hay que excluirlos: ni son empresarios, ni dignifican la actividad privada y, mucho menos, son poblaciones que socialmente cohesionen el proyecto político que su facción partidista propone; es decir, hay que desaparecerlos. Esto si es la tapa.

E insiste: “Ojo con la Minga: al odio de clases, motor socialista, al propósito de destruir empresa privada y libertades, cuyo resultado impide avances en el tejido social, opongamos la economía fraterna y la creatividad del emprendimiento individual, garantes de la armonía social”. Esto es cinismo en su máxima expresión. Según él (Uribe Vélez) los indígenas son la enfermedad colombiana, el tumor que ha envenenado e infectado a lo largo de la historia la sangre de sus hermanos menores; es decir, la MINGA, es el enemigo mortal de Colombia.

“Ojo con la Minga: cuando el diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo y avanzar hacia la implantación totalitaria, el estado democrático tiene que anticiparse con ejercicio de autoridad”. Este señor (Uribe Vélez), como buen caudillo que es, recurre al miedo, al terror, al pánico, estigmatiza al adversario, lo persigue, busca reducirlo para promover la violencia oficial, la represión y el castigo. Acorralado quiere implantar lo que le endosa a la MINGA, una dictadura.   

No lo quería mencionar pero lo voy a hacer con todas sus letras: ese era Hitler y así actuó cuando quiso, por todos los medios, desaparecer a los marxistas y judíos; LoG mismo hace  Uribe Vélez a través de su ampuloso manifiesto, si fuera por él (Uribe Vélez) desaparecería de la faz de la tierra a nuestros millones de indígenas, una comunidad ancestral que se le opone a su proyecto feudal, señorial, terrateniente, excluyente y paramilitar.

Se lee este manifiesto, que diría yo, es casi una sentencia contra la movilización indígena, y se entiende por qué el estómago agradecido del Presidente Duque, no quiere reunirse con la MINGA.

Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2020

*Periodista y Analista Político

@jairotevi   

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Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*.- En abril de 2019 durante 27 días el país vio cómo se paralizó el suroccidente colombiano por cuenta de la minga indígena que masivamente se movilizó para exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías a la preservación de la vida en sus territorios.

Durante largas semanas departamentos como el Cauca, Nariño, Valle y en general todo el pacífico colombiano vieron como la economía regional y la productividad se paralizaba por la falta de un consenso oportuno entre el gobierno nacional y los líderes indígenas.

Año y medio después, la situación se repite, no precisamente por los puntos de la agenda que finalmente en buena parte fue concertada en aquella oportunidad, hoy la minga nuevamente se moviliza exigiendo, en primer lugar, que el presidente de la República los escuche, pues en esa oportunidad y a finales de 2019 también los dejó plantados.

Temas como el respeto a la vida, a su autonomía territorial, que cese el asedio por parte de grupos armados ilegales, que se implementen los acuerdos de Paz, entre otros, son parte de la agenda que esta vez los indígenas buscan sea escuchada por Iván Duque.

En principio, se buscó un acercamiento en Cali, pero nuevamente el presidente no acudió a la cita, situación que obligó a la minga a desplazarse a la ciudad de Bogotá en donde esperan que esta vez sí sean escuchados por el Jefe de Estado.

Hay que señalar que esta es una minga pacífica, propositiva, sin vías de hecho, lo que demuestra el ánimo conciliador de los pueblos indígenas, ojalá la soberbia, el dogma y el sectarismo político de algunos sectores del partido de gobierno no se impongan en las decisiones del ejecutivo y echen al traste las buenas intenciones de los marchantes.

Pues ya hemos visto como desde diversos sectores quieren deslegitimar el derecho a la protesta, a estigmatizar a los indígenas de guerrilleros, de aliados del narcotráfico, de obstaculizar las políticas del gobierno, en fin, toda una serie de sindicaciones y apelativos que indirectamente hacen daño a las comunidades que lo único que quieren y buscan es vivir en paz y que no sigan siendo exterminados.

Señores, la minga no está infiltrada como lo quieren hacer ver, los marchantes provienen de la gran provincia colombiana y no hacen parte de ningún grupo armado ilegal, también quieren hacerle creer a la opinión pública nacional que la minga va incrementar los casos de covid. Entonces pregunto, ¿las aglomeraciones de los días sin IVA cuando salieron 500 mil o más colombianos no son dañinas y la de siete mil indígenas que exigen reclamaciones sociales sí? buscan excusas y pretextos en el más mínimo detalle para evadir responsabilidades.

Esa estigmatización de la cual es víctima los pueblos indígenas sí que es dañina. Bien es sabido que el Cauca, también Nariño y otras regiones han sido escenario de muerte y barbarie en los últimos meses, en donde los violentos siguen imponiendo terror y zozobra sin que haya poder alguno desde las instancias oficiales para frenar el baño de sangre que se vive en el sur occidente colombiano. Es por eso que marcha la minga, exigiendo garantías para la vida, respeto por sus líderes y que cese el exterminio en sus territorios.

De acuerdo a Indepaz, desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas en Colombia, de los cuales 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque (al 8 de junio de 2020) y durante lo corrido del 2020 ya son 47 los líderes indígenas exterminados en diferentes zonas del país. Un baño de sangre de enormes proporciones sin lugar a dudas. Y además están documentadas en Colombia más de 65 masacres en los diferentes territorios.

Bienvenida la protesta pacífica, bienvenida la minga a Bogotá, somos más los que queremos un país con garantías para la vida, donde cese el odio y la violencia y donde renazca la paz, la reconciliación nacional, el respeto por la diferencia y donde la guerra sea cosa del pasado.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

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Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo*.- A medida que pasa el tiempo de la pandemia se va viendo una dosis alta de entusiasmo gubernamental acompañado de una protuberante oscuridad en la presentación de las cifras.

Todos los días se anuncian ayudas para tal o cual sector, pero nadie está consolidándolas. Hay como una especie de frenesí informativo, pero no existe una presentación global de dichas ayudas. El programa presidencial de las 6 de la tarde es especialmente rico en anuncios de ayudas sectoriales pero pobre en información consolidada.

Esto explica que empiecen a salir cifras discordantes: por ejemplo, mientras el presidente Duque insiste en que está invirtiendo 11% del PIB en los apoyos a las empresas o a las personas naturales que han resultado afectadas por el coronavirus, entidades como la Cepal informan que uno de los países de la región que menos está invirtiendo en esta emergencia es Colombia, que apenas está destinando a este propósito 2,5% del PIB. Últimamente el ministro de hacienda dijo en entrevista al Tiempo que eran 3,5%. No son diferencias menores.

Una primera recomendación al Gobierno sería entonces que organizara cuanto antes una página web como tienen en Nueva Zelandia para que, en tiempo real, y con acceso de todo el mundo, se pudiera constatar exactamente cuánto se está invirtiendo realmente en el programa contra cíclico del gasto público.

Las contradicciones gubernamentales, por la carencia de esta información agregada y consolidada, abundan. Por ejemplo: el Presidente Duque informó en su discurso ante las cámaras del veinte de julio sobre un programa que denominó “los cuatro compromisos por la recuperación económica” sobre un programa a dos años cuyo costo ascendería a 100 billones de pesos. Pocos días después el viceministro de Hacienda Zarate le informó a la revista Dinero que el costo del mismo programa no sería de $ 100 billones sino de $170 billones. ¿Qué tal la discrepancia, 70%?

Una segunda recomendación sería: la próxima reforma tributaria que ya se ha anunciado pero que no se sabe cuánndo se presentará, forzosamente tendrá que ocuparse de cómo podar el frondoso árbol de las exenciones, gabelas, minoraciones y regímenes de privilegio tributario. Más aún: este será probablemente el objeto central del que tendrá que ocuparse dicha reforma. El costo de los privilegios tributarios asciende en la fecha a $ 92, 4 billones, de los cuales la rama más frondosa es la del IVA cuyas gabelas montan a la pasmosa cifra anual de $74, 9 billones. Así las cosas, el gobierno ha convocado una misión de expertos internacionales cuyas recomendaciones se espera estén listas en el primer semestre del año entrante. No se necesita ser un zahorí para anticipar que buena parte de las recomendaciones de esta misión versará sobre la urgencia imperiosa de podar la frondosa rama de las gabelas del IVA. Si esto es así, ¿cómo se explica que todos los días sigan saliendo anuncios que reducen o eliminan el IVA para nuevos sectores? Esto no va a hacer nada fácil la implementación de las recomendaciones de los expertos extranjeros convocados y, por el contrario, va a crear más hechos cumplidos en el campo ya minado y costoso en que se ha convertido el IVA.

Tercera recomendación: que el Gobierno diga con claridad cuando presentará las reformas estructurales que tanto necesita el país: tributaria, pensional, laboral, justicia, etc. Hasta el momento solo se han tomado medidas de “primeros auxilios” pero las reformas de fondo se han postergado. Y como van las cosas, se van a quedar para el próximo gobierno. En menos de un año estaremos en plena campaña electoral. Y prácticamente ninguna de estas reformas estructurales se ha comenzado a estudiar. No hay tampoco el menor asomo de que se esté trabajando en un gran acuerdo político como el que requerirían tan delicadas reformas.

A veces da la impresión de que el gobierno Duque se ha conformado con ser el diligente enfermero de los primeros auxilios, pero que la delicada cirugía de las reformas estructurales se la quiere dejar a los médicos del próximo gobierno.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras estábamos preocupados porque la crisis económica generada por la pandemia nos iba a hacer retroceder y perder los avances de varios años en la lucha contra la pobreza, nos cayó como una baldado de agua fría la noticia del DANE de que antes del COVID-19 en Colombia ya estaba aumentando la pobreza y la indigencia, a pesar del crecimiento económico.

En efecto, según el DANE el porcentaje de colombianos que viven en situación de pobreza subió de 46% a 47.5%; parece poco, solo 1.5%, pero en la vida real es una tragedia pues son 661.899 personas que pasaron a ser pobres. También aumentó en 728.955 el número de personas viviendo en pobreza extrema, con lo cual este índice pasó de 8.2% a 9.6%.

Una nota técnica para entender estos índices. Una persona está en situación de pobreza cuando su ingreso mensual es menor a $327.674, o sea que un hogar de 4 personas es pobre si su ingreso mensual es menor de $1.3 millones, es decir 1.5 salarios mínimos. Para la pobreza extrema el ingreso per cápita debe ser menor a $137.350, y el de una familia de cuatro personas menor a $549.400. Eso es sobrevivir en la miseria.

La explicación aritmética del aumento de los pobres e indigentes es simple: esos miles de hogares sufrieron una disminución de sus ingresos que ahora no les alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas. La explicación económica y política es más compleja: ¿Por qué disminuyen los ingresos de tantas familias en un año en que la economía creció 3.4%, el PIB per cápita 1%, y nos enorgullecíamos de ser el país latinoamericano con mejor desempeño?

La respuesta a este interrogante es bien conocida y la comprueban las mismas cifras del DANE: No basta el crecimiento total sino que es necesario ver como se distribuye. El año pasado solo el 20% más rico de la población tuvo un aumento en sus ingresos, mientras que para el resto de los hogares disminuyeron. Dramático el caso del 20% más pobre que sufrió una pérdida del 6.2%, mientras que en los dos siguientes quintiles la disminución fue de 2.3% y 1.3% respectivamente.

Preocupa sobremanera la situación del campo colombiano, donde los más pobres perdieron el 8.7% de sus ingresos, y los siguientes quintiles el 6.7% y el 3.0%

Cuando los frutos del crecimiento no se reparten entre todos los ciudadanos, la consecuencia inmediata es que aumenta la desigualdad. En el reporte del DANE se muestra que índice Gini pasó de 0.508 en 2017 a 0.526 el año pasado, con lo cual Colombia volverá al podio de los países más desiguales del mundo.

Estos resultados, anteriores a la pandemia, muestran que algo no está funcionando bien en el Pacto por la Equidad planteado por el gobierno como su plan de desarrollo, y que no se va a lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El futuro no será de todos si el presente es de unos pocos.* * *

ADENDA. Nos siguen matando. 231 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este aciago 2020; también 51 excombatientes que le apostaron a la Paz y entregaron sus armas; 63 masacres indiscriminadas con 268 víctimas inocentes. Se anuncian investigaciones exhaustivas, se identifican unos cuantos autores materiales, pero sigue corriendo la sangre. ¿Hasta cuándo?

Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Enhorabuena el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicarlas e identificarlas “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”.

En este país abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el Contralor General su número supera los 1.400 proyectos, en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de otros municipios y departamentos del país.

Esta Ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte  en su jurisdicción, pero en su cruzada el Contralor General les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el cual ha sido prolongado un mes más. Según lo ha anunciado su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la Ley el Presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.

Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica, la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando estas sean de tardío rendimiento.

Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, no alcanzarían a cortar la cinta en su inauguración y a abandonar aquellos que sus predecesores dejaron iniciados. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.   

Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolivar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relievancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La linea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.

Si se la pone a la Represa del Ranchería en el Departamento de La guajira se van a llevar muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento.

Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998 cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe se revive el proyecto, se construye la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y desde entonces allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.

Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco.

Razón tuvo el ex contralor Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”. Así de claro!

Bogotá, octubre 17 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Felix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera * .- Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Para allá vamos desde la Constitución del 91, que le dio poder a los jueces, que hoy eligen y cogobiernan, y a las “comunidades”, que hoy exigen y cogobiernan, pretendiendo decirle al presidente lo que puede y no puede hacer; lo que debe y no debe hacer.

El nuestro es, cada vez más, un país “comunitarista”, condición que suena previa a uno “comunista” y que inspiró la “constituyente de 2017”, pues no otra cosa fue el Acuerdo con las Farc: una constituyente ilegítima y a espaldas del país, con la bendición –vaya paradoja– de la Corte Constitucional.

Esas comunidades que son protagonistas del acuerdo fariano; con derecho a participar en las instancias decisorias del gobierno, es decir, a “cogobernar”, son las mismas controladas por las Farc y el ELN en inmensas zonas rurales desde hace décadas, y las absorbidas ideológicamente por la izquierda en las ciudades, a través del movimiento sindical (FECODE, CUT, USO, FENALTRASE, ASONAL JUDICIAL, etc.) y de una diversidad de ONG y de movimientos “progresistas”, que les sonríen “de ladito”, y otros “de frente”, al Foro de Sao Paulo y al socialismo bolivariano.

Una de ellas es la minga, una unión de “comunidades” detrás de la cual está el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y, valga la redundancia, detrás del cual estuvieron siempre las Farc –sexto frente y Columna Móvil Jacobo Arenas–, con pactos de convivencia y de “formación ideológica” firmados desde los ochenta, los cuales –claro–, niega el senador Feliciano Valencia, el mismo que pretende chantajear al presidente, “citándolo” a Cali a “rendir cuentas”.

“El debate es con Duque… y punto”, sentenció arrogante, después de despreciar el diálogo con los ministros. No se trata en esta ocasión, de pedir plata, que el CRIC ya ha recibido mucha y está siendo investigado por la Contraloría. No se trata de pedir tierras, porque en 2019, después del chantaje violento en la Panamericana durante casi un mes, recibieron 90.000 millones para compra de tierras y ya no hay en Cauca más tierra que comprarles, pues ya son dueños del ¡40%! del departamento.

¿De qué se trata entonces? El asesinato de líderes sociales es apenas la bandera mediática, pues ellos saben que el victimario es el narcotráfico, a cuya erradicación se oponen hasta con violencia contra la Fuerza Pública. El mismo Valencia confiesa que se trata de un “debate político” sobre “temas estructurales”: glifosato, “fracking”, Acuerdo de Escazú, reforma laboral, modelo económico, cumplimiento del acuerdo, etc.

Y ni siquiera se trata de eso, sino de un montaje, una verdadera opereta. El CRIC de Valencia contaba con la negativa del presidente, después de lo sucedido en 2019, cuando Duque aceptó la “invitación”, pero no accedió a un debate imposible frente a una muchedumbre vociferante e infiltrada, que lo que quería era matoneo presidencial en vivo y en directo.

De eso se trata. La minga lo chantajea; el presidente se niega; la minga lo acusa de los asesinatos y de indiferencia frente a los “autopobreteados” indígenas; la marcha prosigue con su irresponsable amenaza contra la salud de los colombianos y, vaya casualidad, coincide en Bogotá con el paro de FECODE y con el también irresponsable Paro Nacional de la CUT para el 21, en plena pandemia y cuando el país clama por reactivación. Aparecerán, como siempre, los vándalos; la arrogante alcaldesa culpará al presidente por no arrodillarse con “humildad”, todo ello mientras… Petro sonríe satisfecho tras bambalinas.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz *.- “Dios los cría…” suele decirse de quienes luego se juntan para el bien o para el mal. Esos que sigilosamente van tras lo divino o lo humano para lucrarse. Los hay por todas partes. Son maestros en el arte de lo venal.

Todo esto lleva a la gente a tratar de entender cómo los acusados de cometer delitos contra la sociedad, la patria, o las más sagradas normas, solo reciben castigos severos o veniales, según el clan, organismo, gueto, casta o tribu a los que pertenezcan. Todo depende de la dignidad, función o fuero.

En este país las cosas se amañan, se disfrazan o se orientan, según el personaje involucrado y su preeminencia. Y lo más curioso es que los culpables de los delitos pueden cambiar de la noche a la mañana de figuración para evadir la ley. Así, pueden pasar de culpables a inocentes. Una repentina transmutación de estatus, convierte el delito en virtud y los barrotes de una celda en sitios de recreación.

Los desmanes se convierten en ascetismo, vivezas o genialidades que merecen perdón. La ley es dura, pero es la ley, reza el derecho. Pero en estos casos, la ley es blanda, benéfica y a la medida. Es la falsa ley.

Tal vez esa es nuestra condición y todos comulgamos con esta manera de actuar, de exculpar. Leguleyos o encopetados juristas se pasean como reyes por los medios de comunicación, haciendo alarde de sabiduría, malicia o destreza para desviar leyes y normas. Embrutecen a la gente citando leyes que modifican leyes; parágrafos que anulan literales y enmiendas que reglamentan todo.

La “sabiduría” de los flamantes bufetes enreda las leyes y convierten en culpables a los inocentes.

Esa es la dinámica de la corrupción imperante en Colombia. Nadie le teme a la justicia, porque la maraña en la que se mueve, permite inclusive que, hasta los reos o bandidos se burlen de ella y propongan eliminarla de tajo, o fijar mecanismos que garanticen su manejo.

Los congresos, instaurados por constituciones de países democráticos, también son fruto de “orientaciones” muy bien estructuradas para beneficio de los corruptos. Se logra, mediante elecciones de mesas directivas dóciles que los gobiernos, grupos de presión o gremios, puedan dirigirlos hacia orillas nefastas. Dádivas, ofertas pecaminosas (mermeladas) o permanencias aseguradas de sus miembros, tuercen sus designios. En épocas como la actual, se vuelven virtuales para asegurar la pereza y el manejo.

Dios los cría y ellos se juntan para señalarnos lo que se nos viene encima, como ocurre con un Centro Democrático amenazante, que pregona abiertamente que permanecerá por siempre en el poder. Reformas de extrema derecha, propias de regímenes de opinión. Por fortuna no todos los colombianos pertenecen a esas teorías políticas y nos salvarán del “ojo 2022”.

BLANCO: El golazo de Falcao, que nadie se explica por qué está en la banca.

NEGRO: Nuestros indígenas, no podrán conocer los dorados esplendores de la Casa de Nari.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Alonso Ojeda Awad

Por Alonso Ojeda Awad * .- Guardo un profundo respeto y solidaridad por los pueblos indígenas, no solo de Colombia sino del mundo entero. No podemos aceptar que el capitalismo salvaje, agresivo y mortal, ponga en el ojo de su ataque a las sufridas comunidades indígenas, cuyo único pecado es el de desarrollar unas formas de vida y de cultura que garanticen la supervivencia de todo el contexto biológico y ecológico en este único planeta azul hasta ahora conocido y que llamamos Tierra.

La brutal agresión contra los pueblos indígenas comenzó desde el trágico momento en que a América arribaron las fuerzas invasoras de España, dando inició a la larga masacre indígena que no termina aún. El reconocido escritor Antonio Caballero en su famosa obra “Historia de Colombia y sus oligarquías” refiere así textualmente esta pavorosa situación: “Se calcula que el noventa y cinco por ciento de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros cien años después de la llegada de los invasores encabezados por Cristóbal Colon, reduciéndose de cien millones a solo tres millones, por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y sobre todo, las pestes que trajeron”.

Esta sistemática aniquilación no ha parado, y se ha reactivado peligrosamente en el último año, presentándose múltiples asesinatos y masacres de miembros de las comunidades indígenas sin que medie ninguna reacción clara de defensa por parte del gobierno de Iván Duque. Por esta razón se ha proclamado la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la Paz.

Su primer planteamiento es: “Por la Vida”. Impactados hemos visto como la mano asesina penetra sigilosamente las comunidades indígenas para producir la muerte en forma de masacres de líderes y sus familiares, sin que la justicia colombiana responda ante este genocidio.

El segundo planteamiento es: El Territorio. Las multinacionales mineras junto con los consorcios económicos están destruyendo los recursos naturales como selvas y bosques, envenenando los ríos, despojándolos del agua cristalina de las montañas, produciendo el desplazamiento criminal de comunidades enteras a las grandes ciudades para que se mueran de hambre, y continuar arrebatándoles sus tierras milenarias, destruyendo su cultura.

El tercer planteamiento: Por la Democracia. La Minga cuestiona al gobierno de Iván Duque por no respetar el ordenamiento jurídico de la nación y pretender desviar las decisiones centrales de la Corte Suprema de Justicia, para favorecer sus oscuros intereses. Además, orienta su política apoderándose de todos los órganos de control, para arremeter con su vocación neoliberal contra los sectores más empobrecidos de la sociedad. Hay en este gobierno un desconocimiento sistemático de los Derechos Humanos y de los derechos de las mayorías de los colombianos.

La Minga expresa su profundo compromiso con los Acuerdos de Paz firmados en La Habana Cuba, y rechaza la actitud de este gobierno en querer hacer trizas los esfuerzos de Paz, poniendo en vilo la estabilidad democrática de la nación. Exige garantizar el Derecho de las víctimas y expresa su profunda preocupación por el avance del paramilitarismo en los territorios de las comunidades indígenas y a nivel nacional.

El gobierno debe respetar la convocatoria de los pueblos indígenas, acoger sus sabias recomendaciones y su profunda razón de ser. Debe garantizarles el derecho a sus tierras, las que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Ellos son los portadores de los verdaderos saberes ancestrales que nacieron en estas tierras hace más de 20.000 años y ante esta debacle mundial deben ser escuchados con profundo respeto, reconocimiento, serenidad y acatamiento.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Exembajador de Colombia

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Robinson Castillo

Por Robinson Castillo*.- En Colombia aparecen candidatos presidenciales hasta donde no se creía que estaban. Pero para llegar a la Casa de Nariño se requiere más que la simple intención. En esta ocasión les relato la historia contraria, aquellos que estuvieron a punto de gobernar a nuestro país, pero se quedaron en el club de los presidenciables fallidos.

Y no son pocos. Las razones que les impidieron lograr su sueño político no solo pasa por la matemática electoral, la violencia también influyó. La insobornable realidad es que nunca lo lograron. Empecemos.

En 1950 debió ser presidente Jorge Eliécer Gaitán, pero, dos años antes fue asesinado y ese hecho inatajable puso fin a lo probable. El líder liberal había sido alcalde de Bogotá, dos veces ministro y congresista. El 9 de abril es fecha histórica y sangrienta de aquel medio día de 1948.

Otro liberal con la misma energía de Gaitán, también fue abruptamente separado del camino hacia la Casa de Nariño, se trata de Luis Carlos Galán, quien fue concejal de Bogotá, ministro y congresista. Es considerado uno de los grandes políticos del siglo XX. Y mataron al hombre, no las ideas.

Si hay un conservador que mereció ser presidente, ese fue Alvaro Gómez Hurtado, quien aspiró en tres oportunidades, pero nunca logró que el electorado conectara con el gran perfil de estadista que ostentaba. En 1995 fue asesinado. Fue el fin de lo fundamental.

Uno más que hizo tripleta de candidaturas fue Horacio Serpa. Muchos afirman y con razón, que ser escudero del expresidente Samper, le costó alcanzar su propósito. ¡La presidencia de la república le hizo mamola!

Una mujer casi logra un giro en la historia. Se trata de Noemi Sanín, quien en 1998 quedó de tercera en las elecciones presidenciales, posteriormente hizo otros dos intentos, pero el machismo consagrado se lo impidió. Nos perdimos de una gran presidenta.

Tal vez el ex guerrillero más moderado también brilló en las elecciones presidenciales de 1990, con más del 12 por ciento de los votos obtuvo el tercer lugar, tras reemplazar al asesinado candidato Carlos Pizarro. Ese fue Antonio Navarro, después lo intentó de nuevo pero no brilló. El hombre de “Palabra que sí” la presidencia le dijo no.

Un sindicalista como Lucho Garzón dejó las protestas y se metió en la política, alcanzó un tercer lugar en las presidenciales de 2002, que le sirvió para ganar la alcaldía de Bogotá un año después. El denominado “Lula da Silva” colombiano, quien intentó de nuevo la presidencia, pero el tiempo de luz propia se había apagado.

El singular protagonista en 2010 fue Antanas Mockus, por primera vez alguien por fuera de los partidos tradicionales, pasaba a la segunda vuelta presidencial, ganaba en las encuestas, pero en las urnas su propia zanahoria le dio garrote.

Un nieto de ex presidente de la república, como Germán Vargas Lleras, con dos candidaturas a sus espaldas, comienza a tocar las puertas del club de los presidenciables fallidos, pero en su actual posición como columnista e influencia activa en la política, no parece resignarse. En cualquier momento lo intentará, créanlo y no lo olviden.

Cierra esta lista otro ex guerrillero del M-19 , el actual senador Gustavo Petro, con dos intentos fallidos por lograr la presidencia, pero con el antecedente de ser el único hombre de izquierda en alcanzar un segundo puesto con más de 8 millones de votos en la pasada contienda. Va por una tercera candidatura en 2022.

Los golpes electorales, destierros políticos, coscorrones mediáticos, lenguajes incendiarios, posiciones tibias, hacen parte del largo inventario por ajustar de muchos candidatos. El ego presidencialista los separa de la realidad.

Los que buscan la presidencia creen tener la cura para las dolencias de la nación, pero en ocasiones la nación les causa dolencia a ellos.

La pregunta incómoda

¿Estaría de acuerdo con ampliar a cinco años el período presidencial?

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Comunicador Social-Periodista.

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- No tomo partido en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Como todas las personas, a la luz de la Constitución, goza de la presunción de inocencia, que solamente una sentencia judicial definitiva podrá desvirtuar.

Respecto a su libertad, las dos decisiones judiciales hasta ahora adoptadas provinieron de jueces competentes, estuvieron sustentadas y, aunque puedan verse como contradictorias -cual si la Juez de Garantías hubiese “corregido” a la Corte Suprema-, no es así. Si alguna contradicción existe, proviene del confuso sistema vigente.

En efecto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia gozaba de competencia, según lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2018, en cuanto Uribe gozaba de fuero ante ella como Senador de la República, y actuó dentro de las reglas dispuestas en la Ley 600 de 2000 -anterior Código de Procedimiento Penal-, aunque los hechos eran muy posteriores a su derogación y al cambio de sistema -de mixto a acusatorio (Acto Legislativo 3 de 2002)-, por cuanto el nuevo Código (Ley 906 de 2004) estableció en su artículo 533  que, si bien la nueva legislación entraba a regir para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005, “los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”. El numeral en mención, en concordancia con el 186, establecía en ese momento (hoy es el 4) el fuero para los miembros del Congreso, en cabeza exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

La Juez de Garantías 30 de Bogotá también actuó dentro de su competencia y obró dentro de las reglas aplicables. El expresidente renunció a su curul, y, por tanto, toda vez que los hechos punibles sobre los cuales recaía el proceso no guardaban relación con sus funciones (Art. 235, parágrafo, C.P.), perdió el fuero, y la Corte Suprema perdió competencia. Así que la Juez no entró en contradicción material con lo dispuesto por la Corte sobre privación de la libertad, sencillamente porque lo único que debía resolver era si, a la luz del nuevo sistema, podía una persona sin fuero permanecer privada de su libertad sin haber mediado una imputación de cargos, exigida en la Ley 906 como requisito previo para decidir si se impone o no tal medida de aseguramiento. Y la Juez consideró que, aunque el doctor Uribe había rendido indagatoria ante la Sala de Instrucción, esa diligencia no equivalía, en materia de garantías, a la de imputación, señalada en las disposiciones sobre sistema penal acusatorio. Lo dejó en libertad, y, en mi criterio, era lo que correspondía, si se aplicaban los principios pro homine y pro libertarte -a favor del derecho y de la libertad, aun en caso de duda-.

Es válida la segunda decisión judicial, como también, en su momento, lo había sido la primera.

Hacia el futuro se debería corregir el actual diseño del sistema jurídico, reconsiderar el complicado sistema de fueros, propiciar un principio de igualdad ante la justicia y evitar que las personas puedan escoger a sus jueces.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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