Opinión

Las energías renovables, pese a su enorme potencial siguen sin despegar

Bogotá, D. C, 25 de octubre 2026.

Por Amylkar David Acosta Medina* - Hay que partir de la premisa de que en medio de la Transición energética el mundo no sólo no está dejando de consumir carbón sino que la demanda por el mismo es creciente y venimos, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), de récord en récord: desde los 7.888  millones de toneladas en 2021 hasta los 8.845 toneladas en 2025. Y, según el reputado economista John Maynar Keynes, toda demanda crea su propia oferta, de modo que si no es Colombia quien lo extrae y exporta lo harán sus competidores.

La crecente demanda por carbón se explica en gran medida porque aunque la Transición energética propende por la electrificación de la economía en procura de su descarbonización no todos los procesos industriales son susceptibles de electrificar, como por ejemplo la fabricación de cemento o acero, ni será suficiente contar sólo con la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Es más, sin la disponibilidad de la capacidad instalada de generación térmica a carbón en Colombia (10% de la matriz eléctrica) hoy estaríamos en racionamiento del suministro del fluido eléctrico.

El ejemplo lo tenemos a la vista: desde el cierre de las dos minas que operaba PRODECO  en el Departamento del Cesar se han dejado de producir y exportar 15 millones de toneladas/año y como queda visto no por ello las han dejado de consumir en el resto del mundo. Definitivamente, antes de la reducción de la oferta deberá darse la de la demanda y no al revés, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia, en donde merced a las políticas del anterior gobierno se desalentó y desincentivó la actividad extractiva, menguando sus exportaciones y su participación en el PIB, pasando del 4% al 3.5%!

En segundo lugar, en los últimos años se ha venido replanteando el concepto de la Transición energética y ya no se concibe como el reemplazo o la sustitución de las energías no renovables por las renovables sino como complemento, debido a que merced a la Inteligencia artificial (IA) y a la proliferación de los data centers en el mundo, se disparó el consumo de energía y por ello la demanda crece exponencialmente. Y en esas circunstancias las energías renovables se tornan insuficientes, razón por la cual se requerirán todas las fuentes de energías, renovables y no renovables.

A guisa de ejemplo, aterrizando en La Guajira, mi respuesta a la pregunta es franca y categórica: en el corto plazo, La Guajira difícilmente podría prescindir del Cerrejón sin sufrir un severo choque económico, laboral y fiscal. En el mediano plazo sí podría reducir esa dependencia, pero únicamente mediante una transición planificada, gradual y financiada. No hay que perder de vista que no se puede llegar a la tarde sin pasar por el mediodía, que no es sensato derruir el puente antes de pasar por él. Hoy no existe una actividad capaz de sustituirlo de manera inmediata.

El Cerrejón no es solamente una mina. Es el centro de una cadena de valor, una extensa red de trabajadores, contratistas, proveedores, transportadores, comerciantes y servicios locales. Según su informe de 2025, tuvo una nómina de 12.434 empleos directos y contratistas, más del 61% ocupados por guajiros; pagó $673.000 millones en regalías, $79.000 millones en impuestos territoriales y realizó $350.000 millones en compras y contratos locales. Además, la minería continúa siendo una de las actividades dominantes del PIB departamental, superando el 50%. 

Un cierre abrupto, sin vísperas, produciría una reacción en cadena: pérdida de empleos formales y relativamente bien remunerados, contracción del comercio, caída de los ingresos de los municipios, menor inversión pública y deterioro de las condiciones sociales. Sus efectos serían especialmente graves en los municipios de Albania, Barrancas, Hato nuevo, Uribia y Maicao.

Esa película ya la vimos, se escenificó y se rodó en el Departamento del Cesar. En efecto, en el 2021 la empresa PRODECO, debido al desplome de los precios internacionales del carbón, hasta los US$50 la tonelada, restándole competitividad a su operación, procedió a la devolución de los títulos de las minas de Calenturitas y la Jagua en el Departamento del Cesar.

Las dos minas siguen cerradas, dejándose de extraer y exportar 15 millones de toneladas/año, con un impacto económico, fiscal y social enorme. Se están dejando de extraer y exportar 15 millones de toneladas, lo cual significa renunciar a ingresos de US$1.380 en divisas anualmente, afectando de paso la deficitaria Balanza comercial del país, entre regalías a la región, recaudo de impuestos por parte de la Nación, compras y contratos, se están dejando de percibir $500.000 millones. Y de contera se están sacrificando 1.200 empleos formales directos  más 6.200 empleos indirectos.

Entre tanto, la tímida respuesta por parte del gobierno a esta debacle, al tratar de “compensarla”, se ha limitado a crear el llamado con el nombre rimbombante de Distrito especial del Corredor de la vida”, al amparo de lo dispuesto en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) y el inane Decreto 977 de 2024, pero que en la práctica no es más que el corredor de la ruina de toda esta desolada región. ¡Razón tuvo el actual gobierno, presidido por Abelardo de la Espriella, para derogarlo, pues esta falacia no pasa de ser un espejismo!

Entre tanto, las energías renovables, pese a su enorme potencial siguen sin despegar y ellas además no van a reemplazar automáticamente al carbón: generan bastante empleo durante la construcción, pero mucho menos durante su operación y de contera no generan regalías ni encadenamientos locales equivalentes.

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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La transformación rural no consiste en administrar la pobreza, sino en crear las condiciones para generar riqueza, prosperidad y desarrollo.

Bogotá, D. C, 25 de octubre 2026

Por:  José Félix Lafaurie Rivera* - ¿Para qué sirve la asistencia técnica si no logra transformar una finca en una explotación más productiva y rentable? La pregunta merece respuesta ahora que el Gobierno formula su Plan Nacional de Desarrollo (PND)2026-2030. Es la oportunidad de cambiar la manera como utilizamos los instrumentos de política agropecuaria. Seguir haciendo lo mismo solo prolongará los mediocres resultados del desarrollo rural.

Colombia cuenta con más de 584.000 pequeños ganaderos, con inventarios promedio cercanos a 21 animales. Tienen tierra, experiencia y vocación, pero muchos carecen del capital y del acompañamiento necesarios para aprovechar mejor sus recursos. Antes de pensar en distribuir más hectáreas, deberíamos preguntarnos cuánto pueden producir los que ya las poseen.

Lo mismo sucede en la agricultura. Millones de familias de pequeños productores rurales trabajan parcelas de reducida escala, con bajos niveles de tecnificación, dificultades para acceder al crédito y una débil conexión con los mercados. No basta con entregar insumos o financiar una cosecha: también necesitan asistencia técnica para decidir qué producir, cómo hacerlo con mayor eficiencia, cómo reducir riesgos y cómo vender en mejores condiciones.

El Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 recuerda que apenas el 16,5 % de las unidades productivas recibía asistencia técnica. Es un dato histórico que ilustra una brecha estructural: sin conocimiento, tecnología y financiación, la tierra difícilmente se convierte en progreso y bienestar, tanto en la ganadería como en la agricultura.

Existe, además, una dimensión financiera que no podemos ignorar. Según los estados financieros auditados del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, en 2025 se pagaron 646.165 millones de pesos por siniestros. Sería equivocado atribuir todos esos pagos a créditos mal estructurados: intervienen el clima, los mercados y otros riesgos. Pero sería igualmente equivocado no preguntarse cuánto podría prevenirse mediante asistencia técnica y seguimiento efectivo.

El impacto también es fiscal. Una garantía pública no sustituye la viabilidad económica del negocio ni puede convertirse en excusa para prestar sin acompañar al productor. Si el Estado financia conocimiento junto con capital y vigila su utilización, gana el productor, gana el intermediario financiero y se protege mejor el patrimonio colectivo de los colombianos.

Nuestra propuesta es concreta. Cada intervención de asistencia técnica debería identificar las oportunidades de mejoramiento de la finca y, cuando exista viabilidad, traducirse en un proyecto productivo con crédito apropiado. El desembolso no puede ser el punto final: debe comenzar entonces el control de las inversiones y el acompañamiento técnico para que el proyecto produzca y el productor pueda pagar y mejorar sus condiciones de vida.

El Plan Nacional de Desarrollo debe tener una línea de base y metas verificables. En la ganadería pueden medirse la natalidad, la mortalidad, la producción de leche, la ganancia de peso, la carga animal, los costos, los ingresos y la capacidad de pago. En la agricultura deben evaluarse, entre otros aspectos, los rendimientos por hectárea, los costos de producción, la calidad, las pérdidas poscosecha, la comercialización, los ingresos y la capacidad de pago. No basta registrar visitas, talleres o créditos colocados. Importa saber cuánto mejoró realmente la vida del pequeño productor rural.

FEDEGÁN no improvisa esta iniciativa. ASISTEGÁN ha desarrollado experiencia de acompañamiento y trabajamos con el Banco Agrario en la articulación de asistencia técnica, proyectos y financiación. Desde 2020 hemos insistido ante Finagro en incorporar ese acompañamiento a los créditos para pequeños productores. En septiembre presenté la propuesta al ministro de Agricultura y en octubre la reiteré al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.

La ADR tiene hoy la oportunidad de pasar de administrar programas de extensión a convertirse en articuladora de proyectos productivos capaces de generar desarrollo rural. Junto con el Ministerio, Finagro, el Banco Agrario y los gremios, puede impulsar pilotos regionales para la ganadería y la agricultura, y llevar sus resultados a una política nacional, con responsabilidades, financiación e indicadores pertinentes.

Precisamente porque el PND 2026-30 está en construcción, estas ideas deberían quedar incluidas. No se necesita inventar otra burocracia, sino coordinar instrumentos existentes y evaluar su eficacia por resultados. Una política de esa naturaleza permitiría producir más con la misma tierra, mejorar los ingresos familiares y reducir riesgos para los fondos públicos y los bancos.

El desafío de fondo para el país es construir una clase media rural. Cuando el 82 % de los productores son pequeños y viven en pueblos y zonas rurales, la política agropecuaria no puede limitarse a atender carencias: debe crear las condiciones para que esas familias acumulen activos, aumenten sus ingresos y participen en una economía local más dinámica.

Eso exige pensar en el pequeño productor como empresario rural. Necesita crédito, pero también un proyecto productivo; asistencia técnica, pero orientada a resultados; mercados, infraestructura, conectividad y reglas que le permitan planear. Una finca ganadera o agrícola que produce más genera empleo, demanda bienes y servicios, fortalece el comercio de los municipios y ofrece a los jóvenes una alternativa distinta a abandonar el campo.

La transformación rural no consiste en administrar la pobreza, sino en crear las condiciones para generar riqueza, prosperidad y desarrollo.

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Se anuncian grandes manifestaciones para estos días. Ya ha habido ejemplos inusitados de saqueos de aquellos almacenes elegantes.

Bogotá, D. C, 25 de octubre 2026

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - De Francia siempre se habla bien. Su territorio es bello, su historia está marcada por actos heroicos y sus contribuciones a la civilización occidental son innegables. Su actividad intelectual es enorme, como lo demuestran, una y otra vez, la multiplicidad de sus revistas y publicaciones.

Enriquecida por muchos monumentos históricos, como que todo el mundo siente que algo de su propia historia tuvo lugar allí y se conmemora en uno de ellos.

Ha producido formidables poetas y escritores y, también pintores, escultores y músicos. Y así se consagra en muchas calles, avenidas, parques y edificios públicos. Con razón construyeron en París, en la colina de Santa Genoveva, un bellísimo panteón para exaltar tantas contribuciones intelectuales.

Con todo, la política francesa no ha sido históricamente un modelo digno de ser imitado por el resto de la humanidad. No sé cuántas revoluciones. Cuántos hombres y mujeres guillotinados, cuántos reyes sacrificados. Como que logró algo de estabilidad política en la Cuarta República y ya en la Quinta, de 1958, si ha servido de ejemplo institucional para muchos países.

Sus grandes hombres, y no hay para que remontarse muy lejos en la historia, basta con recordar a Napoleón, han sido por igual glorificados y rebajados. Y luego, constituidos en patrimonio histórico, no sólo de Francia sino de la humanidad.

Un ejemplo reciente es el del general Charles de Gaulle, quien ha representado el orgullo francés por su ambición por obtener la gloria y su capacidad de obrar en contravía, y así, con independencia y gran visión de futuro, prestarle contribuciones inigualables a la nación francesa.

Pero también, en su caso, llegó el momento de la denigración y eso fue para él la revolución estudiantil de 1968, en virtud de la cual los estudiantes, con un realismo utópico, resolvieron demandar lo imposible y entonces confrontaron su mandato presidencial, como nadie se había atrevido a hacerlo. Una especie de característica histórica francesa. Exaltación, denigración y luego eterna conmemoración.

Esto parece ser ahora el caso del presidente Emmanuel Macron. Su renuncia se pide en manifestaciones callejeras. No sobra recordar que llegó casi como producto de un gesto jupiterino a la Presidencia francesa. Y, mundialmente, políticos en formación o con ambiciones inmediatas buscaban estrechar su mano y obtener la oportunidad fotográfica. Hoy es difícil encontrar a alguien que hable con afecto o admiración sobre su Presidencia. Parece increíble.

Se anuncian grandes manifestaciones para estos días. Ya ha habido ejemplos inusitados de saqueos de aquellos almacenes elegantes. No es la lucha de clases. Pero sí la expresión dura del resentimiento producto de desigualdades notorias.

Los días de gloria siempre llegan... pero no duran mucho.

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

El problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué.

Bogotá, D. C, 24 de octubre 2026

Por Paloma Valencia Laserna*. - El presupuesto de 2027 se cayó por una primiparada: la Cámara aprobó de madrugada un artículo distinto del que había votado el Senado. El error fue de Hacienda, el paquete que traía una proposición retirada. Regirá por decreto el texto del primer debate y se pierden, por ahora, $3 billones para la salud, $3 billones de subsidios de energía y gas y la partida del terremoto. Una ley de adiciones puede recuperarlos. Lo grave no es eso. Lo grave es el presupuesto, en qué se gasta.

Son $634,9 billones, $88 billones más que el de 2026. El funcionamiento sube 9,3 %, a $392,6 billones. La inversión se queda en $86,9 billones y el servicio de la deuda salta de $102,4 a $155,4 billones: de cada cuatro pesos, uno es para pagar deuda. Es herencia del despilfarro petrista, pero equilibrar las cuentas es responsabilidad de este Gobierno. Faltan cerca de $45 billones, según el Gobierno. Sin embargo, el Comité de la Regla Fiscal calcula un déficit de 9,5 % del PIB: $201 billones. Y advierte que no hay espacio para más deuda, pues ya se acerca al límite legal del 71 %.

No se le pidió a cada entidad un recorte ni a cada rama del poder un aporte. La Rama Judicial, por ejemplo, pidió $17,5 billones y recibió $11,4. Su reclamo es legítimo, pero este es el momento de que todos, Congreso, cortes y órganos de control incluidos, hagamos conciencia de que la plata no alcanza. ANIF lo resume: "El problema fiscal de Colombia es, en esencia, un problema de gasto".

Y aquí está el fondo: conseguir la plata para superar el déficit sin reformar el gasto no cambia nada. Es hacer un esfuerzo enorme para pagar el mismo Estado caro que tenemos. El 90,7 % del gasto es inflexible: de cada diez pesos, nueve ya están comprometidos antes de que el Congreso vote. No se intervino de fondo en qué se gasta.

A Petro le exigimos varias veces un ambicioso plan de austeridad, y en campaña lo repetimos: primero se aprieta el Estado, no la gente. El Gobierno anunció un ajuste de 2,2 % del PIB, unos $45 billones. Es un inicio, pero ANIF habla de 3 puntos, Fedesarrollo de entre 4 y 6, y el Comité de más de 6 para volver a la regla en 2028. Lo que falta no es un recorte dramático este año: es una visión de cuatro años que cambie la manera como gasta el Estado, entidad por entidad, con nombre y cifra.

Porque el problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué. Recortar libera recursos para proponerles cosas nuevas a los colombianos. Colombia necesita una revolución educativa: los colegios en concesión de Bogotá les sacan entre 10 y 13 puntos a los oficiales en las pruebas Saber, y 22 de sus contratos vencen este año. ¿Se van a renovar? Hacen falta recursos y arrojo para llevarlos a más regiones y aprobar los bonos escolares, que hemos presentado al Congreso, para que los niños pobres puedan ir a colegios privados de más calidad pagados con recursos públicos.

Y necesita cosas que no cuestan plata sino decisión: desde 2022 no existe ningún contrato de estabilidad jurídica. Hay un proyecto radicado en la Cámara. Que lo tramiten pronto. Necesitamos infraestructura que atraiga inversión, que hoy apenas llega al 16 % del PIB, la más baja en dos décadas. Necesitamos impuestos más sencillos y menos costosos, para crecer y tener con qué pagar la deuda y transformar a Colombia. Y la seguridad es el presupuesto para todo esto.

Este no es un problema del Gobierno. Es de todos los colombianos: lo pagamos en impuestos hoy y en deuda mañana. Todos somos el Estado, y todos debemos estar dispuestos a contribuir.

Coletilla: Lamento la salida de Rodrigo Lara, inteligente y comprometido con Colombia, y le deseo éxitos al nuevo ministro, Alejandro Ordóñez.

*Abogada, filósofa y política. Exsenadora, excandidata presidencial del Centro Democrático.

A la luz de la Constitución, no cabe la censura, ni frente a las opiniones, ideas y criterios, ni sobre las expresiones artísticas o culturales.

Bogotá, D. C, 22 de octubre 2026

Por: José G. Hernández*. - En una democracia, el derecho fundamental a la información, en cabeza de toda persona, comprende tanto la posibilidad real y efectiva de difundir informaciones como la de recibirlas, con las características de su veracidad e imparcialidad.

En septiembre de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a los periodistas de tres medios acudir a sus intervenciones en la Casa Blanca por estimar que transmitían informaciones sesgadas. Ante ello, un juez federal amparó el derecho de los medios censurados, pues, a su juicio, la prohibición vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución y el debido proceso, garantizado en la Quinta Enmienda.

En Colombia, ante algunas instrucciones gubernamentales, debemos advertir que discriminar entre los periodistas, para excluir de las ruedas de prensa a quienes no sean “amigos” del Gobierno, impedir las preguntas o establecer una política de presentación oficial de informaciones puramente unilateral -sin lugar a interrogantes ni a inquietudes periodísticas- son modalidades de censura que vulneran abiertamente el artículo 20 de la Constitución Política, que la prohíbe.

Por el contrario, de acuerdo con el artículo 73, “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Acerca de la prohibición de la censura, dijo la Corte Constitucional (Sentencia T-505 de 2000): “La censura está prohibida en la Constitución, de tal manera que con el mandato superior es incompatible cualquier disposición de la ley que pueda facultar a la autoridad administrativa para impedir que se ejerza la libertad constitucionalmente garantizada”. Es decir, ni siquiera el legislador puede establecer esas restricciones, mucho menos el Gobierno.

Ahora bien, la preceptiva constitucional estipula que los medios de comunicación, si bien son libres, tienen responsabilidad social. Se les exige, como garantía para los receptores de la información, que ella sea veraz e imparcial, lo cual no siempre se ha respetado en Colombia. Así, por ejemplo, algunos medios han presentado noticias con inocultable inclinación política. Otros han señalado como delincuentes a personas no condenadas judicialmente, sin contrastar la información brindada en reportajes en que los entrevistados exponen hechos y antecedentes “de oídas” y testimonios anónimos sin fundamento probatorio alguno.

La Corte, mediante Sentencia T-066 de 1998, ha señalado: “El periodista debe guardar cierta distancia respecto de sus fuentes” (…) “En aras del principio de imparcialidad, lo que sí se le puede exigir a los informadores es que, cuando sus publicaciones contengan incriminaciones, demuestren su empeño en intentar establecer la veracidad de las afirmaciones. Para ello deberán, por lo menos, darle la oportunidad a los acusados de manifestarse sobre los cargos que se les imputan; y si ello no es posible, habrán de intentar obtener los conceptos u opiniones de personas conocedoras de la materia que permitan apreciar las inculpaciones desde una perspectiva diferente. Ello con el objeto de que el público pueda conocer las distintas versiones existentes sobre los hechos. No cumplir con este procedimiento constituye una imprudencia, una negligencia grave”.

En cuanto a la libertad de expresión, se garantiza a toda persona. A la luz de la Constitución, no cabe la censura, ni frente a las opiniones, ideas y criterios, ni sobre las expresiones artísticas o culturales, como las que se establecen en museos y sedes históricas.

*Expresidente de la Corte Constitucional

El potencial existe; corresponde crear las condiciones para aprovecharlo.

Por Amylkar D. Acosta M*. - La transición energética en Colombia no empezó ayer. El país dio un paso anticipatorio desde los años noventa del siglo pasado, cuando impulsó la masificación del gas natural con la política de Gas para el Cambio, promovida por el entonces ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio. Por sus menores emisiones de CO₂ durante la combustión frente al carbón y los combustibles líquidos, el gas se ha considerado un combustible puente de dicha transición.

Otro paso importante fue la expedición de la Ley 697 de 2001, de la cual fui ponente en el Senado de la República. Esta declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía —URE— como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Desde entonces quedó planteado un principio que hoy cobra mayor vigencia: la seguridad energética depende tanto de disponer de energía como de aprovecharla mejor.

A ello se sumaron la Ley 693 de 2001, de mi autoría, que abrió el camino a la incorporación de la mezcla del etanol en la gasolina, y la Ley 939 de 2004, que impulsó los biocombustibles para motores diésel. Se sentaron así las bases de una agroindustria que articula el campo con el abastecimiento energético y la reducción de emisiones.

Próximo a cumplir veintiún años desde el inicio de las mezclas de etanol, el 1.º de noviembre de 2005, este proceso ha contribuido a generar empleo formal e ingresos rurales y a diversificar la oferta de combustibles. Según las cifras sectoriales, los biocombustibles sustituyen alrededor de 18.400 barriles diarios de combustibles fósiles, equivalentes a unos 282 millones de galones anuales, reduciendo las necesidades de importación. Y, de contera, se les atribuye una reducción anual de 3,9 millones de toneladas de CO₂ y de 897 toneladas de material particulado.

No obstante, se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que hablar de fuentes no convencionales de energías renovables —FNCER— equivale a hablar únicamente de energía solar fotovoltaica y eólica. El espectro es mucho más amplio. Y en él la biomasa merece un lugar destacado.

Un estudio publicado en 2022 por investigadores de las universidades Nacional y de Antioquia estimó entre 1.700 y 2.100 MW el potencial de generación eléctrica mediante la gasificación de biomasa residual agrícola, agroindustrial y forestal. Es una estimación técnica para los recursos y la tecnología evaluados, cuya materialización depende de las condiciones de cada proyecto. Aun con esa precisión, la magnitud merece atención.

En este contexto, Colombia incurre en una paradoja difícil de justificar: mientras recurre a las importaciones de gas natural para asegurar su abastecimiento, que ya superan el 40% de la demanda interna, deja sin aprovechar una parte de sus propios recursos energéticos renovables disponibles, que están al alcance de la mano.

Los ingenios azucareros demostraron hace tiempo que los residuos agrícolas pueden convertirse en electricidad, en lugar de contaminar con la quema del bagazo. Según las cifras de Asocaña, cuentan con una capacidad instalada de generación de 372,1 MW, de los cuales 179,4 MW corresponden a capacidad excedentaria susceptible de aportar al Sistema Interconectado Nacional —SIN—. En 2025 generaron 1.929 GWh y vendieron al SIN 880 GWh. Para 2028 se proyecta alcanzar una capacidad instalada de 418,2 MW.

Se colige de lo anterior que la caña es mucho más que materia prima para producir azúcar y etanol. El bagazo constituye también un recurso estratégico para el abastecimiento energético nacional. Lo propio puede afirmarse de la palma de aceite, cuyo desarrollo ha encontrado en el biodiésel un importante impulso. Sus plantas de beneficio producen fibra, cuesco, racimos vacíos y efluentes que pueden aprovecharse para generar calor, electricidad y biogás. Las estimaciones sectoriales han situado su potencial eléctrico alrededor de los 340 MW. La lección está a la vista: una parte de la energía que necesitamos puede provenir de los subproductos de nuestras propias actividades productivas. Aprovecharla permite agregar valor en el campo y diversificar aún más la matriz eléctrica.

Hagamos un ejercicio ilustrativo. Si una capacidad de 340 MW operara con un factor de utilización del 40 %, produciría aproximadamente 1,2 TWh de electricidad al año. Si esa energía sustituyera generación térmica a gas, podría reemplazar el consumo de entre 23 y 33 millones de pies cúbicos diarios, dependiendo de la eficiencia de las plantas desplazadas.

Con todo, el ejercicio permite apreciar la dimensión de la oportunidad. Bajo un supuesto de precios de entre US$10 y US$15 por MMBTU, el valor del combustible potencialmente sustituido podría superar los cien millones de dólares anuales en algunos escenarios. Ese monto es un ahorro bruto de combustible, del cual habría que descontar los costos de inversión, recolección, transporte y operación de los proyectos.

La biomasa ofrece una ventaja relevante: puede almacenarse, con las condiciones y los costos que ello exige. Cuando se asegura un suministro sostenible de materia prima, permite programar la generación y complementar las fuentes variables. Colombia necesita del sol y del viento, pero también necesita energía cuando estos recursos escasean. La caña y la palma podrían fortalecer una red de cogeneración y generación renovable distribuida entre las regiones productoras. Su desarrollo puede generar nuevos ingresos, reducir problemas asociados al manejo de residuos, crear empleo rural y fortalecer las economías regionales.

Para convertir ese potencial en electricidad se requieren proyectos viables, acceso a las redes y condiciones de contratación que permitan financiar las inversiones. También es indispensable garantizar el abastecimiento de biomasa sin comprometer la fertilidad de los suelos ni desconocer sus otros usos productivos. El potencial existe; corresponde crear las condiciones para aprovecharlo.

Bogotá, octubre 17 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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La bibliografía francesa siempre me sorprende por su actualidad y originalidad.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. -La bibliografía francesa siempre me sorprende por su actualidad y originalidad. Una mirada desordenada en una librería no sólo es placentera, sino muy sugestiva.

Un ejercicio reciente lo pone a uno en contacto con libros que parecen superficiales, y con otros, que nos remontan a situaciones históricas que no se pueden olvidar. Me llamó mucho la atención uno muy apropiado para quienes hemos tenido el privilegio de ejercer alguna vez la diplomacia. Se titula "A la mesa con los diplomáticos" y el subtítulo dice muchísimo más de lo que uno podría esperar: "La historia de Francia, contada a través de sus grandes banquetes (1520-2015)"

Se inicia con una frase de alguien que tiene la autoridad para decirlo, Talleyrand: No se hace una buena diplomacia, sin una buena cena o un buen almuerzo o un buen banquete. Es una celebración de la gastronomía francesa. Que como sabemos es un arte y bien refinado.

Es normal encontrarse al lado con otro que suena muy trascendental, "El extraño enceguecimiento, como las grandes potencias fabrican un mundo donde el derecho no existe " o uno de alto significado histórico, "La guillotina revolucionaria, pena de muerte y sensibilidades, 1789-1799".

Y luego, para tomar algo de aire "Que es la política. Una guía definitiva para entender la política en nuestro tiempo tan polarizado ". Ojalá fuera cierto. Son varios autores que le ofrecen al lector perspectivas para alcanzar una visión diferente que permita así satisfacer los deseos de entender la política y su práctica de una manera más positiva. De una tarea tan difícil se encargan varios y muy distinguidos académicos.

Y uno bien esperado. "Donald Trump, el pasado como proyecto.

El retorno de la América conservadora acompañado de otro, con un título bien diciente "La potencia sin principios, el nuevo imperio americano", una visión que se extiende también a las otras dos superpotencias China y Rusia.

Este conjunto de libros le permite a un lector juicioso formarse una idea de lo que está pasando en el mundo y de la importancia que ha tenido la diplomacia así esta sea mirada en uno de sus aspectos menos académicos.

Tan solo una muestra mínima de los numerosos libros que se publican para ayudar a los ciudadanos a comprender un mundo cada vez más complejo. Y si se va más allá, pues nos encontramos con obras eruditas y que hacen aún más difícil el entendimiento de lo que está ocurriendo. Y es asombroso verificar que al respecto se hacen diccionarios que inclusive llegan a designarse como amorosos, tal vez para animar a su lectura.

Imprescindible hacer alusión al libro que recoge los discursos y homilías del Sumo Pontífice, León XIV, durante su viaje apostólico en Francia y que se titula "Para que el mundo tenga la vida", una edición de 173 páginas que se inicia con su gran discurso en el palacio del Eliseo y culmina con su homilía en la catedral de Metz. En total quince intervenciones entre las cuales vale la pena destacar las cinco que pronunció en la gruta de la aparición de la Virgen Santísima en Lourdes y otros lugares sagrados.

Un libro que ya estaba en manos de los feligreses en los primeros días de octubre, y que encuentra, a su lado, uno realmente descomunal y bellísimo que recoge impresionantes fotografías de lo que fue una exitosa visita que mostró, quien lo creyera, un enorme fervor en la juventud francesa.

Bogotá, D. C, 17 de octubre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Con las marchas de este miércoles, sin alteraciones, la democracia queda fortalecida. Se prueba que la calle es el nuevo ágora, el lugar de vigilancia al nuevo Gobierno y el punto de encuentro de la izquierda democrática

Por Hubert Ariza*. - El pasado miércoles 14 de octubre fue el primer round de la pelea entre la nueva derecha y la oposición de izquierda por el dominio de las calles, que es el escenario donde la sociedad civil, los sindicatos, las víctimas, los estudiantes, los indígenas, afros, campesinos y los partidos de oposición comenzaron a expresar, en todo el territorio, su descontento con un Gobierno que apenas lleva dos meses en el poder.

Un Gobierno que ha pateado el tablero político, con su embestida contra las reformas que impulsó su antecesor, al que culpa de todos los males que aquejan a la nación, especialmente la consolidación territorial de las guerrillas y paramilitares, el crecimiento del narcotráfico, la corrupción y el déficit fiscal.

Más allá del show mediático de los protagonistas de la política y el embrujo de las redes sociales, impregnadas de desinformación, odio y estigmatización, es la calle el lugar donde se evidencia, una vez más, la fractura social de un país marcado por la polarización y el deseo de revancha de una izquierda que perdió el poder, en las elecciones pasadas, por una diferencia de 250 mil votos.

La calle también es el lugar donde la democracia se pone a prueba, se mide la madurez política y los aprendizajes de sesenta años de conflicto armado interno, en los que los actores armados ilegales han buscado arrebatar y suplantar los liderazgos sociales, asesinando a dirigentes y opositores a sus métodos brutales. Que de manera pacífica hayan salido a protestar decenas de miles de ciudadanos, sin levantar banderas reivindicativas puntuales o corporativas, y sin que se presentaran graves casos de violencia, es un enorme éxito de la democracia.

El presidente Abelardo dijo que apenas 62 mil personas habían marchado. Las imágenes que mostraron los medios y las redes sociales mostraron una masiva participación en varias ciudades. Más allá de si se minimizó el tamaño de la protesta, o la oposición infló las cifras, lo verdaderamente importante es que el Gobierno reconoció que fue una protesta pacífica y que solo 6 personas, en todo el país, fueron detenidas por violar el recién expedido decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social.

Es importante reconocer, asimismo, que de la marcha no salieron titulares de jóvenes víctimas de brutalidad policial, como en los graves hechos que sacudieron a la opinión pública durante el estallido social, entre abril y julio de 2021. Las cifras de esas movilizaciones son traumáticas para cualquier democracia. Según los registros de Naciones Unidas, 63 personas murieron, de ellas 46 en medio de las manifestaciones. La imagen que sacudió a la opinión pública fue la de jóvenes que perdieron los ojos, o murieron por armas de fuego de uso oficial.

Que el nuevo decreto no haya significado un desbordamiento de la Fuerza Pública expresa madurez democrática de los uniformados y respeto de la vida por parte del Gobierno nacional.

Lo que muestran los acontecimientos es que es en la calle donde se juega el futuro de la democracia. Es allí donde se medirá, de manera reiterativa, qué tan hondo cala la cruzada ideológica y religiosa de una nueva derecha empoderada, ansiosa de expandirse, multiplicarse, consolidarse y perpetuarse, que pretende guiar el país, por largo tiempo, por el sendero de la lealtad al trumpismo y a Israel, izando la bandera de la seguridad.

El restablecimiento de las relaciones con ese país, la apertura de la sede de la embajada de Colombia en Jerusalén, la salida de Colombia del Grupo de la Haya, el retiro de la intervención de Colombia en el caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, el reinicio de venta de carbón a ese país, son giros que marcan el nuevo rumbo que el Gobierno ha dado en su politica exterior. Durante el cuatrienio del Tigre, Israel es, más que un aliado, un soporte vital de la nueva derecha colombiana. Palabras como genocidio o solidaridad con Gaza están desterradas del vocabulario oficial.

Y en la calle, ese giro ideológico se siente. Miles de marchantes del pasado 14 de octubre alzaron de manera retadora las banderas de Palestina, mientras Israel guía la acción de una Cancillería que borró la agenda internacional de Petro.

La calle es el lugar, además, donde la izquierda mantendrá activos a sus millones de votantes de 2026, pensando en las próximas elecciones de 2027, en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y se reconfigurará el poder territorial con la mirada puesta en las presidenciales de 2030.

Si la izquierda no pasa de la calle al poder territorial, retomando las riendas de la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, será incierta cualquier posibilidad de regreso al poder nacional. Lo que está en juego no es solo quién llena más calles, sino quién llena más urnas y pone más mandatarios en espacios de poder regional. Por ello, la opción de que Petro sea alcalde de Bogotá no suena a cuento chino. Con casi trece millones de votos obtenidos en la segunda vuelta, la izquierda tiene razones para soñar con construir escenarios de poder en alcaldías y gobernaciones.

Defensores de la Patria compite por ese mismo escenario, para pasar de un partido con cero credenciales regionales a una fuerza regional que consolide la doctrina de seguridad del presidente.

El gran reto que tiene la izquierda es superar la crisis de la derrota, construir una plataforma que movilice a sus electores y posicionar una narrativa que deje atrás el canibalismo y avizore un nuevo activismo, más propositivo y conectado con las necesidades de la gente, incluso la de impedir que el país se desbarate en medio del fanatismo y triunfe la batalla presidencial por blanquear la cultura y reescribir la historia.

Y es en la calle, asimismo, donde se sentirá el ímpetu de la oposición, que “no copea”, como gritaba la muchedumbre en la Plaza de Bolívar el 14 de octubre pasado, y tiene el liderazgo de un Petro decidido hoy, como siempre, a inmolarse y convertirse en mártir. Un exmandatario elegido por unanimidad jefe del Pacto Histórico, con el propósito de alinear a su fuerza parlamentaria y a sus bases populares en todo el país, para enfrentar a la nueva derecha, desafiar al presidente Abelardo y su guerra contra el comunismo y la cultura woke, un concepto que no le dice nada a la mayoría de los colombianos. Se trata de una teoría importada de la política norteamericana, del corazón de la narrativa trumpista contra el Partido Demócrata, que en Colombia solo entiende una minoría.

En conclusión, la calle es el nuevo ágora, el lugar de encuentro de la izquierda democrática, que deberá estar blindada contra la indebida intromisión de los actores armados ilegales. Y la liderará, desde la oposición, un Petro al que no lo frenan los truenos ni los aguaceros. Es la calle, además, el lugar donde se validará la agenda de seguridad y anticorrupción del Tigre y su discurso de respeto a la protesta social y repudio a la violencia, que justifica la expedición del decreto 1525.

La democracia sale fortalecida cuando los manifestantes regresan a casa sin un rasguño, y el Gobierno se fortalece cuando aplica la ley y respeta la protesta social.

Bogotá, D. C, 16 de octubre 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Siempre he sostenido que la paz de Colombia pasa por el desarrollo del campo.

Por:   José Félix Lafaurie Rivera* -La encrucijada fiscal de Colombia no se resolverá solamente con más impuestos o recortes del gasto. Sin crecimiento no habrá recaudo suficiente, empleo ni bienestar. Por eso celebro Misión Crecer, la iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo que propone llevar la economía a una senda de crecimiento del 6 %, mediante inversión privada, productividad y coordinación institucional.

Comparto esa visión, pero agregaría una reflexión que he sostenido durante años: Colombia ha construido buena parte de su desarrollo de espaldas a sus ventajas comparativas como país tropical, con dos océanos y enormes posibilidades agropecuarias.

El modelo de sustitución de importaciones, promovido por la CEPAL, orientó los incentivos hacia la industrialización urbana, mientras el campo quedaba rezagado en capitalización, infraestructura y tecnología. Pretendimos industrializarnos sin aprovechar suficientemente nuestra capacidad de producir alimentos para el mundo.

Las cifras históricas son reveladoras. En 2005, de cada cien pesos de formación bruta de capital fijo, la industria recibía 33,6 y el agro apenas dos. Sin embargo, en 2006 sus participaciones en el PIB eran del 15,3 % y 12,6 %, respectivamente. Esa desproporción exige revisar una política de inversión que no ha correspondido a nuestro potencial rural. En 2024 el agro creció 6,1 %. ¿Cuánto más podría aportar con una capitalización decidida?

La formación bruta de capital fijo no es una abstracción estadística. En el campo se traduce en infraestructura productiva, sistemas de riego, equipos, instalaciones, mejoramiento de praderas y capacidad para incorporar tecnología. Son inversiones cuyos frutos no aparecen, pero elevan la capacidad de producir. Por eso el crédito de corto plazo, pensado para financiar operaciones corrientes, difícilmente puede reemplazar la financiación de proyectos que maduran. Necesitamos instrumentos que acompañen los ciclos de la actividad rural y permitan a pequeños y medianos productores acceder a capital. El desafío no consiste en enfrentar agricultura e industria, sino en corregir una asignación de recursos que ha limitado el potencial de encadenamientos entre ambas. Cuando el campo se capitaliza, crecen el transporte, la transformación de alimentos, el comercio y los servicios.

La ganadería ilustra esa oportunidad. La OCDE y la FAO proyectan que el consumo mundial de carne bovina aumentará cerca del 13 % hacia 2034. Colombia, con un hato cercano a 30 millones de bovinos, tiene condiciones para responder a esa demanda creciente.

He sostenido que podemos duplicar el inventario hasta 60 millones de animales y, simultáneamente, reducir de 34 a 20 millones las hectáreas dedicadas a ganadería. Es decir, elevar la carga promedio de 0,88 a tres bovinos por hectárea y liberar 14 millones de hectáreas para usos compatibles con su vocación productiva y ambiental.

Esa transformación exige capital, mejoramiento genético, nutrición, pasturas, sanidad y sistemas silvopastoriles. Exige también crédito de largo plazo que mejore la FBCF, infraestructura, industrialización y acceso real a los mercados.

Ahí encuentro uno de los mayores aciertos de Misión Crecer: reconocer que el crecimiento económico requiere una acción coordinada de las instituciones públicas, capaz de generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo productivo. Desde FEDEGÁN queremos contribuir a ese propósito con una propuesta técnica que aporte los elementos necesarios para incorporar esta deseable transformación de la ganadería colombiana a los objetivos de Misión Crecer.

Y hay una razón adicional: muchos territorios ganaderos soportan todavía la violencia de los grupos armados. La seguridad exige presencia de la Fuerza Pública, pero su consolidación necesita oportunidades productivas y bienestar.

Siempre he sostenido que la paz de Colombia pasa por el desarrollo del campo. Misión Crecer tiene allí una oportunidad que el país no debería desperdiciar y los ganaderos la haremos propia.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

La CPI estima, con razón, que tales “sanciones” constituyen un ataque contra el Estado de Derecho

Por José G. Hernández*. - El Premio Nobel de la Paz 2026 fue conferido a la abogada sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera magistrada de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Desde 2021 hasta 2025, Pillay presidió la Comisión Especial de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo propósito esencial consistió en examinar las causas del conflicto existente entre Israel y Palestina.

A juicio de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, hay un hilo conductor común que va desde el trabajo inicial de Pillay en defensa de Nelson Mandela y de los opositores al apartheid hasta su labor como juez en algunos de los casos internacionales clave de nuestro tiempo. Destacó que ella, en su gestión judicial, ha trabajado para que los Estados y sus dirigentes respondan por sus actos y ha ofrecido esperanza a las víctimas de los crímenes cometidos.

En criterio de Frydnes, el Derecho Internacional está sometido a una enorme presión, pues cada vez gana más terreno una "política de poder". Ante ello, afirmó: "Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad".

Téngase en cuenta que, en torno a lo que acontece en la Franja de Gaza, Pillay ha sostenido: “Está claro que existe una intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

Las reacciones al mencionado reconocimiento han sido mayoritariamente favorables en el mundo, habida consideración de los grandes aportes de la jurista a la paz, a la justicia y a la eficaz defensa de los Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres expresó: “Navi Pillay ha demostrado que la fuerza de la ley debe prevalecer sobre la ley de la fuerza”.

Desde luego, Benjamín Netanyahu ha rechazado la decisión del Comité noruego, y Donald Trump -quien reclamaba el Nobel para sí, aunque, en vez de la paz, ha impulsado la guerra- expresó: "Esta es la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz sobre Estados Unidos y cuyo representante, yo, ha resuelto ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más! De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras”.

Dentro de ese equivocado criterio -contrario a la paz y a los derechos fundamentales-, el gobierno de Estados Unidos anunció “sanciones” contra la Corte Penal Internacional (CPI) y sus magistrados. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, buscan "defender la soberanía de Estados Unidos". Se propone -dijo-"desmantelar" a una institución que considera "rebelde".

Por su parte, la CPI estima, con razón, que tales “sanciones” constituyen un ataque contra el Estado de Derecho y contra el orden jurídico internacional. La magistrada Tomoko Akane, su presidenta, declaró: “La Corte Penal Internacional continuará con su labor, sin dejarse intimidar, con la firme determinación de que la justicia debe prevalecer”. Un acertado criterio.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional