Entrevistas

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advierte sobre el desfinanciamiento sistemático de la Defensoría y lidera una agenda legislativa con prioridades territoriales, paridad en las altas cortes, reforma rural, entre otros, para avanzar hacia la igualdad y construcción de paz.  

Por Luis Fernando García Forero. – Con un llamado directo a la responsabilidad legislativa y fiscal del país, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al Congreso de la República a trabajar de manera articulada con la entidad para garantizar que la agenda de derechos humanos no se quede únicamente en el papel.

Ante el inminente debate en el Congreso del Presupuesto General de la Nación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, a través de www.ecospoliticos lanzó una alerta crítica sobre el descenso sostenido en los recursos destinados a la Defensoría durante los últimos años, “una deficiencia presupuestal que afecta de manera directa el acompañamiento institucional a las comunidades en los territorios más vulnerables de Colombia”.

Para la jefe de la Defensoría del Pueblo, el fortalecimiento de la institucionalidad requiere un compromiso real de los congresistas que se traduzca en financiación suficiente y en el impulso de una ambiciosa batería de reformas, entre las que se destacan: la paridad en las altas cortes, el desarrollo de la jurisdicción agraria y la garantía del derecho al buen futuro para los jóvenes.

Presupuesto en rojo impacta regiones

Destaca Iris Marín que la reducción progresiva del presupuesto de la entidad no es solo un asunto de balance contable, sino un obstáculo operativo para la presencia del Estado en las regiones marginadas. La falta de recursos impacta directamente la capacidad de despliegue de los defensores comunitarios y las alertas tempranas que salvan vidas en el campo colombiano.

Temas impostergables en el Capitolio

Más allá de la discusión económica, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dejó claro que la entidad no busca limitarse a exigir recursos, sino que estará en el Congreso con propuestas concretas. Dentro de su hoja de ruta con la nueva legislatura y el Gobierno Nacional, se destacan:

 - Paridad en las Altas Cortes: Proyecto de ley para asegurar la equidad de género en las máximas instancias del poder judicial.

 - Fortalecimiento del campo: Apoyo a la Reforma Rural Integral y consolidación de la Jurisdicción Agraria.

 - Juventud y futuro: El reconocimiento legal y efectivo del derecho al buen futuro para las nuevas generaciones.

Ante los congresistas, en el curso de inducción coordinado por la Escuela Superior de Administración Pública, la defensora del Pueblo Iris Marín dejó un documento con puntos fundamentales clave y prioritarios en derechos humanos que la entidad considera de trámite urgente.  El documento abarca cuatro ejes temáticos:

• Desigualdad estructural y exclusión persistente.
• Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas.
• Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza.
• Reforma rural integral y derechos del campesinado y pueblos étnicos.

“Nuestro país es un país de leyes, pero hay temas donde aún se debe fortalecer la norma”, enfatizó la defensora Iris Marín quien le recordó a los legisladores que “la protección de la gente en el territorio requiere voluntad política, normas claras y, sobre todo, el respaldo financiero para ejecutarlas”.

Bogotá, D. C, julio 24 de 2026

El senador liberal y exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, plantea una revolución territorial basada en el artículo 307 de la Constitución de 1991: “Sin necesidad de una reforma constitucional ni mayores fondos, sino redistribuyendo los existentes (SGP y Regalías)", destaca el congresista, al proponer que debe ser inminente trasladar el poder político y económico a siete entidades regionales autónomas, proyectando un referendo en la región Caribe para octubre de 2027 como el detonante del cambio estructural del país”, señala el congresista sucreño. 

Por Luis Fernando García Forero. - Colombia carga con la histórica y dolorosa marca de ser una de las naciones más desiguales del continente y del mundo, una inequidad cuya raíz no es otra que la profunda brecha territorial generada por un centralismo asfixiante. A pesar que la Constitución Política de 1991 trazó de manera clara la ruta hacia la descentralización, el Congreso de la República ha incurrido en una omisión histórica al congelar el mandato de su artículo 307, dejando a las periferias supeditadas a la burocracia capitalina. Hoy, el senador Héctor Olimpo Espinosa nos responde sobre la iniciativa de Colombia país de regiones donde se compromete a asumir ese reto para romper ese yugo centralista.

¿Cuál es el reto más importante y fundamental ahora como senador de la República?

Tenemos una tarea prioritaria: Quitarle poder al gobierno central y entregarle poder a los gobiernos regionales. Esto no se logra únicamente fortaleciendo a los municipios y a los departamentos, sino dando el paso definitivo de crear el Estado regional, el nivel regional de gobierno, que es el mandato expreso de la Constitución del año 91 en su artículo 307. Mi propuesta es que creemos la región Caribe como entidad territorial, y luego avanzar con la región de Antioquia y el Eje Cafetero, la región Pacífico, Santanderes, la región Centro, la Orinoquía y la Amazonía.

¿Qué esas regiones sean autónomas, quitarle las competencias excesivas al centralismo dirigido desde la capital de la República?

Que esas competencias excesivas que hoy tiene Bogotá se trasladen a las regiones para que el gobierno central se concentre exclusivamente a lo que le corresponde: seguridad y defensa, asuntos macroeconómicos, relaciones internacionales, y en hacer supervisión, articulación y seguimiento a las metas regionales.

¿Piensa lo mismo que dicen muchos congresistas que semanalmente acompañan a alcaldes de su región para que funcionarios en entidades gubernamentales los atiendan y den soluciones a problemáticas de sus localidades?

Así es, no podemos seguir viendo a los alcaldes todas las semanas en Bogotá para tramitar un polideportivo, una cancha, un acueducto o la remodelación de un hospital; ¡eso es absurdo!, ningún Estado moderno y desarrollado, funciona de esa manera.

¿Usted plantea que la gran brecha de desigualdad social en Colombia, es en realidad, una brecha de equidad territorial?

Sin duda alguna. Donde se concentra el poder político, se concentra el poder económico. Colombia es una de las naciones más desiguales de este continente y la tercera del mundo precisamente porque la brecha es regional. Los departamentos de la periferia tienen indicadores socioeconómicos muy por debajo de los del centro del país, y estoy convencido, que esto responde a la cercanía con el poder. Si redistribuimos mejor el poder en el territorio, vamos a comenzar a cerrar la brecha de la pobreza.

¿Esta iniciativa requiere más recursos económicos?

Nada. Lo que exigimos es que se respete el mandato constitucional redistribuyendo los recursos que ya existen: el Sistema General de Participaciones (SGP), los recursos de las regalías y algunas rentas cedidas, punto.

¿Se toca la Constitución para esta iniciativa?

Es importante tener claridad: todo lo contrario, es el desarrollo del mandato constitucional. Lo que ha existido durante más de tres décadas es una omisión del Congreso de la República en conformar el Estado regional en Colombia.

¿Hablamos entonces de avanzar hacia un modelo federalista?

No. Esto es una especie de semi-federalismo; es un punto medio entre el federalismo y el centralismo. Se parece mucho al esquema español de comunidades autónomas o al esquema italiano de regiones autónomas, que tienen un éxito probado.

¿El mandato es certero: Colombia no debe seguir siendo una nación centralizada?

El mandato constitucional es que Colombia será un Estado de regiones. Seguimos siendo un Estado unitario, pero organizado en regiones autónomas.

¿Cuenta usted con el respaldo en el Senado para liderar esta iniciativa de gran calado?

Muchos senadores de la bancada del Caribe ya están absolutamente dispuestos a dar esta batalla. Pero no me quedaré ahí: voy a convencer no solo a los colegas parlamentarios del Caribe, sino a los congresistas de toda Colombia, porque este es un propósito de país.

En un sistema presidencialista, ¿Cómo lograr el aval del Ejecutivo para esta reforma?

He escuchado al Presidente electo convencido del tema de la descentralización y de la autonomía territorial, y a voceros del gobierno hablar con lógica consecuente sobre esto. Toda iniciativa con impacto en la gestión pública o fiscal, requiere el visto bueno del Gobierno Nacional, y estoy convencido de que contaremos con él porque coincide con la visión de desarrollo local.

Pongamos un ejemplo práctico: municipios que les toca asumir soluciones a problemas que trascienden sus fronteras ¿Cómo responder por contingencias que no les pertenece? ¿Cómo aplica allí el Estado de regiones?

Ese caso demuestra la urgencia de la propuesta. En el territorio hay hechos locales, hechos municipales, departamentales y hechos regionales. Hoy tenemos institucionalidad para administrar lo municipal y lo departamental, pero no tenemos quién administre lo regional. Hay un vacío institucional cuando los desafíos del desarrollo trascienden la frontera administrativa de un municipio o departamento. El Estado regional es la solución para gestionar esos hechos regionales y cerrar las brechas.

¿Cuál es la hoja de ruta concreta y los tiempos para materializar este proyecto?

En el caso de la Región Caribe, que es la abanderada y precursora, ya las asambleas departamentales aprobaron la iniciativa y la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Congreso, dio su aval al proyecto. Hay un proyecto de ley en la Comisión Primera que vamos a retomar para conformar legalmente la región como entidad territorial y asignarle sus competencias. Vamos a un referendo regional en octubre del año entrante, porque la norma exige que sea el pueblo el que apruebe en las urnas la creación de la entidad regional como instancia de gobierno.

¿Asumirá ese reto, arduo y complejo, para alcanzar esos objetivos?

Lo asumiremos porque totalmente vale la pena. Este país no cambia a punta de proyecticos, cambia, si modificamos el modelo con el que nos estamos organizando en el territorio. La distribución del poder en el territorio es determinante para la distribución de la riqueza.

Bogotá, D. C, 22 julio 22 de 2026.  

El expresidente de la Comisión Segunda del Senado advierte sobre el grave deterioro del orden público debido a la expansión de economías ilegales. Además, le pide al gobierno entrante, rectificar con urgencia la política exterior del país tras los incidentes diplomáticos con aliados históricos.

Por: Luis Fernando García Forero. - Al cierre del actual periodo del Gobierno, el balance en materia de orden público y relaciones internacionales enciende las alarmas en el Congreso. Para el senador José Luis Pérez, expresidente de la Comisión Segunda del Senado —célula legislativa encargada de la defensa nacional y la política exterior—, el país enfrenta un preocupante panorama de debilidad institucional en las regiones. Según el congresista, la falta de control operativo ha permitido que la criminalidad gane terreno, sentenciando que hoy "es más grande el territorio que el Estado". Ante la inminente posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, Pérez hace un llamado urgente a cambiar de estrategia para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos y reconstruir los puentes diplomáticos que resultaron lastimados en los últimos años.

¿Qué balance le deja el manejo de las relaciones internacionales del saliente gobierno del Cambio?

Desde el comienzo se adelantaron acciones de tipo diplomático que lastimaron y causaron incidentes con aliados históricos de Colombia. Se afectaron relaciones muy importantes, tanto diplomáticas como comerciales.

¿Cuáles fueron los casos más críticos en esa agenda internacional?

Países como Israel y el propio Reino de Marruecos. En el caso de Marruecos, el gobierno saliente le dio oficina diplomática a los saharauis del Frente Polisario, un grupo asentado entre Mauritania, Argelia y el desierto del Sahara. Esto generó un conflicto innecesario, desconociendo que con Marruecos siempre hemos tenido un vínculo diplomático y comercial estratégico.

Usted menciona el caso de Israel. ¿Por qué romper relaciones afecta directamente a Colombia?

Porque con Israel tenemos acuerdos vigentes y muy importantes en la compra de armas, mantenimiento y producción de la industria militar. Todo ese sector está siendo gravemente afectado por la posición política de romper los lazos con ese país.

¿Fue una falla que la diplomacia del Estado se manejara a través de las redes sociales?

Sí, eso lo cuestionó la opinión nacional e internacional. Las redes sociales provocaron relaciones accidentadas con los Estados Unidos de Norteamérica. El manejo a través de un tuit o de internet le causó una lesión a esa relación histórica. Recientemente, también tuvimos problemas bajo esa misma dinámica con el vecino país de Ecuador.

Ante este panorama, ¿cuál es su petición para el presidente electo Abelardo de la Espriella una vez se posesione?

Hay un balance de profunda preocupación en el manejo de las relaciones exteriores de Colombia con el resto del mundo. Por eso, le pido al presidente electo Abelardo de la Espriella que, una vez asuma como jefe de Estado, revise y rectifique de manera prioritaria las políticas internacionales que han sido fuertemente cuestionadas.

Pasando al tema de seguridad y defensa nacional, ¿cuál es su diagnóstico actual?

Nosotros hemos sufrido un deterioro muy grave en el territorio. La seguridad en Colombia hoy se traduce en una realidad lamentable: es más grande el territorio que el Estado.

¿A qué se refiere con que el territorio es más grande que el Estado?

A que hoy hay más presencia de grupos ilegales en ciertas partes del país. Allí confluye un cóctel peligroso de narcotráfico, cultivos ilegales y producción de cocaína. Pero también hay minería ilegal, tráfico de madera, trata de personas y tráfico de armas. Todo esto ha causado un deterioro evidente en la tranquilidad de las regiones.

¿Cuál debe ser la estrategia del nuevo gobierno para garantizar la seguridad ciudadana?

Se debe establecer otra estrategia que le garantice seguridad a los colombianos, principalmente en los territorios, pero sin descuidar las urbes. La Constitución y la ley son las herramientas que se deben aplicar con firmeza para devolverle la tranquilidad a miles de ciudadanos que padecen el sufrimiento por la inseguridad.

Desde la óptica legislativa en la Comisión Segunda, ¿qué herramientas crearon para enfrentar esta crisis?

Sacamos adelante leyes clave para atender al sector defensa. En el caso de la Policía, aprobamos una ley que la declara patrimonio de todos los colombianos y no de un gobierno de turno, dotándola de más herramientas y un nuevo Estatuto Disciplinario.

Tengo entendido que usted también lideró una iniciativa clave en seguridad hemisférica...

Así es. Aprobamos el tratado de Ameripol por iniciativa mía. Logramos un trabajo hemisférico que convierte a Colombia en la sede oficial de Ameripol. Esto sitúa al país en el mapa de la seguridad global, al mismo nivel que La Haya o Lyon en Francia, que son las sedes de Interpol y Europol.

El comercio internacional también es competencia de su comisión. ¿Se garantizó el libre comercio en estos años?

Nosotros siempre hemos apelado al principio universal del libre comercio de Colombia con el mundo. Sin embargo, en este periodo nos dejamos presionar por algunos países para decidir con quién tener o no relaciones comerciales.

¿Nos podría dar un ejemplo de esa presión comercial?

El caso de Taiwán. Independientemente del conflicto que viva Taiwán con la China continental, Colombia debió mantener el principio universal del libre comercio. Lamentablemente, en este gobierno no se generó esa posibilidad ni se brindaron las garantías necesarias para el intercambio libre.

Para cerrar, ¿qué destaca del balance final de su gestión en la Comisión Segunda?

Fue un balance muy importante y responsable para el avance de nuestra democracia. Ratificamos tratados internacionales vitales, como el de la no utilización de armas nucleares y el de cielos abiertos con los Emiratos Árabes Unidos. Además, cumplimos con la función constitucional de llevar a cabo los ascensos de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, asegurando el desarrollo institucional del país.

Bogotá, D. C, 14 de julio 2026

Fuente: Oficina de Información y Prensa Senado.

Tras 34 años de trayectoria legislativa el expresidente del Congreso y senador, Efraín Cepeda, hace un balance de su vida parlamentaria, recuerda los proyectos que marcaron su carrera, reflexiona sobre el respeto institucional y explica por qué considera cumplido su ciclo en el Congreso de la República.

Efraín Cepeda, el dirigente y presidente del Partido Conservador, deja una huella histórica en el Senado y la Cámara de representantes por su defensa del Congreso, la defensa de la instituciones y el desarrollo de la democracia colombiana. Sobre su vida como político y legislador nos hace un balance de su gestión, sus recuerdos más significativos al servicio del país y deja reflexiones sobre los retos que enfrenta Colombia para salir de la polarización, pero también de transformaciones para el mejor futuro de la Nación.

¿Senador Cepeda, después de 34 años en el Congreso, qué siente al cerrar este capítulo de su vida pública?

Hay una mezcla de satisfacción y nostalgia. Fueron nueve períodos consecutivos en el Senado, más de tres décadas dedicadas al servicio público. Extrañaré las plenarias, los debates, los compañeros y el contacto permanente con los ciudadanos. Pero también creo que en la vida se cumplen ciclos. Me voy tranquilo porque di lo mejor de mí defendiendo a los colombianos, ejerciendo control político y trabajando por las instituciones.

 ¿Se va definitivamente de la política?

No. Seguiré sirviendo desde otra orilla. Mi oficina en Barranquilla continuará abierta para escuchar a la gente y participar en los debates nacionales. No conozco excuras ni expolíticos. Seguiré aportando al país desde distintos escenarios.

¿Qué recuerda de su primer día como senador?

Fue una anécdota que nunca olvidé. Llegué puntual a una plenaria convocada para las tres de la tarde y encontré el recinto vacío. Un funcionario me dijo: “Se nota que usted es nuevo senador; aquí las tres no siempre son las tres”. Esa experiencia me marcó y por eso siempre promoví la puntualidad y el respeto por el tiempo de los demás.

Usted presidió el Congreso en dos ocasiones. ¿Le correspondió llamar al orden a los senadores?

Sí, pero la mejor manera de hacerlo era con el ejemplo. Llegaba antes de la hora citada y pedía abrir el registro puntualmente. Creo que la disciplina institucional comienza por respetar los horarios y el trabajo de quienes integran el Congreso.

¿Qué le enseñó la presidencia del Congreso?

Que el liderazgo se ejerce con firmeza, pero también con respeto. Un presidente del Congreso debe garantizar el debate democrático, escuchar a todas las posiciones y defender la autonomía de la institución.

Entre tantos proyectos de ley, ¿cuál recuerda con especial orgullo?

Uno de mis primeros proyectos fue garantizar mejores recursos para la Universidad del Atlántico. También impulsé iniciativas de carácter social, económico y de salud. Siempre he tenido una especial sensibilidad por los temas sociales y por la educación.

Hablemos de Familias en Acción. ¿Qué significó para usted ese programa?

Fue una política social muy importante. Permitió apoyar directamente a madres cabeza de familia y ayudó a miles de niños y jóvenes en nutrición, educación y permanencia escolar. Considero que tuvo un enorme impacto social y contribuyó a generar oportunidades para muchas familias colombianas.

 ¿Qué tan difícil fue legislar bajo gobiernos de diferentes corrientes políticas?

Me correspondió trabajar con gobiernos de distintos matices. En la mayoría hubo coincidencias programáticas porque eran administraciones de centro o centro-derecha. También ejercí oposición cuando consideré que era necesario, como ocurrió durante los gobiernos de Ernesto Samper y Gustavo Petro. Siempre actué con independencia y defendiendo mis convicciones.

¿Cuál considera que fue el principal desafío del Congreso en los últimos años?

Defender la institucionalidad y la separación de poderes. El Congreso debe ser un contrapeso democrático y garantizar que las decisiones se adopten dentro del marco constitucional.

¿Qué le preocupa del debate político actual?

La pérdida de las formas y del respeto. Cuando llegué al Congreso los debates eran fuertes, pero se desarrollaban con argumentos y altura. Hoy vemos demasiadas descalificaciones personales y confrontaciones que afectan la imagen de la institución.

¿Cómo le gustaría que lo recordaran sus colegas y los colombianos?

Como un congresista comprometido, serio y respetuoso de las instituciones. Como alguien que defendió el Congreso, la democracia y la libertad, y que trabajó con dedicación durante más de tres décadas al servicio del país.

Finalmente, senador, ¿se va satisfecho del Congreso de la República?

Sí. Me retiro con la tranquilidad de haber cumplido mi deber. Siempre actué con la convicción de defender los intereses de Colombia, fortalecer el Legislativo y preservar la democracia. Esa es la mayor satisfacción que me llevo después de 34 años y medio de servicio público.

Bogotá, D. C, 13 de junio 2026

Fuente: Oficina de Información y Prensa-Senado.  

Se refirió al proyecto de jurisdicción agraria que por estos días está en el orden del día de la plenaria del Senado, aclarando que, si la iniciativa no logra ser aprobada por el Congreso, será la Corte Constitucional la que lo reglamente vía sentencia. “Lo que sería lamentable”, enfatizó Ávila.

Por Luis Fernando García Forero. - En medio de la agitada actividad política electoral que por estos días centra la atención de la opinión nacional e internacional y la extensa agenda legislativa del Congreso, el senador Ariel Ávila, Alianza Verde, atendió preguntas sobre los proyectos a consideración del legislativo y su impacto en el desarrollo institucional de Colombia.

¿Qué ha pasado con el proyecto que reglamenta la jurisdicción agraria?

Hemos resuelto, digámoslo así, el 66% de la jurisdicción agraria. Hicimos una reforma constitucional hace dos años. Aprobamos una ley estatutaria y ahora estamos en medio de lo que se llama la reglamentación que es un proyecto de ley ordinario.

¿Por qué el proyecto no ha avanzado en la plenaria?

Estamos trabados por las elecciones presidenciales, hay muchos intereses cruzados, pero eso va a salir adelante, es decir, incluso en el escenario en que no se apruebe, seguramente la Corte Constitucional va a terminar reglamentándolo vía sentencia, que es lo que lamentablemente casi siempre pasa.

¿Los impedimentos han frenado el avance del proyecto?

Sí, pero no son los impedimentos como tal. Es la falta de quorum. Los senadores y las senadoras no están viniendo porque muchos están en campaña política, están esperando los resultados electorales y además se está acabando el cuatrienio, todo eso lleva, entre otras cosas, a que no haya quorum.

Entendemos que es un tema complejo porque tiene que ver con la tierra. ¿Qué opinión le merece?

Creo que la reforma agraria que estamos haciendo es entregar ya 800 mil hectáreas y eso sigue en estos meses que quedan, seguramente si ganamos con Iván Cepeda vamos a llegar a los 2 millones de hectáreas en este cuatrienio, sin expropiar a nadie, comprando tierra y entregando baldíos, esto no tiene ningún problema, es más, eso es propiedad privada, eso es capitalismo.

¿Cree que la reglamentación de la jurisdicción agraria se sale de las manos de este periodo legislativo?

Si no lo logramos, seguramente en el próximo cuatrienio aprobaremos la reglamentación de la jurisdicción agraria. Si por alguna razón no lo hacemos, vuelvo y repito, seguramente lo que vamos a tener es que la corte Constitucional y la Corte Suprema en sus dos salas, reglamenten la ley en sentencias.

¿Qué va a pasar con el tema de los baldíos?

Los baldíos son terrenos de la nación. Esa propiedad ha sido invadida por terceros: grandes terratenientes, pequeños campesinos, de todo, entonces el Estado desde 2016, pasando por el Gobierno de Santos, Duque, está haciendo un balance de los baldíos. La pregunta es si todo lo que tiene que ver con baldíos va a un tema jurisdiccional o jurídico, o si es administrativo y después jurídico. Desde el punto de vista nuestro, los baldíos los administra la nación, si hay un opositor, un contrincante, eso lo resuelve un tribunal. Pero si no hay opositor ni contrincante, pues eso es un tema administrativo, no jurídico.

¿Ese es el gran debate?

Sí ese es el debate. Desde el punto de vista político, que sea desde el Congreso. Pueda que salga la iniciativa, y si no, les toca a los tribunales para que se pueda reglamentar este tema. Sería lamentable, no debería pasar.

¿Qué balance hace de su labor como legislador?

Tenemos un balance muy positivo. Solo se me quedó una gran ley, de resto todo pasó. La reforma más importante en este congreso fue la reforma del Sistema General de Participaciones, más importante que la reforma pensional o laboral. La plata que le transfiere la nación a los territorios, eso lo logramos aprobar. La Ley Ángel contra el maltrato animal, la creación de una comisión legal de paz. La del estatuto juvenil. Me tocó la reforma laboral donde se destaca el contrato laboral de aprendizaje del Sena, entonces el balance es muy positivo. Estoy muy contento, por eso algunos medios dijeron que soy de los senadores más exitosos en temas de pasar leyes.

¿Cuál fue el proyecto que se le quedó sin aprobar?

Solo uno que era imposible de pasar por lo que significaba: reformar la organización electoral, que yo creo que es la madre de las reformas en la lucha contra la corrupción.

¿Sobre el tema de la descentralización política, administrativa, financiera que tanto se debate en la política, que piensa?

Es una deuda que tenemos en la Constitución del 91 y sobre todo por dos reformas que hubo. Entonces de aquí lo que volvemos en esas reformas es al espíritu inicial de la Constitución del 91. ¿Por qué no se ha hecho? Pues un país muy centralista y a nadie le gusta perder el poder. En el mundo capitalista regalan hasta plata, menos poder.

¿Los avances en girarle más recursos a las regiones, territorios, ha sido insuficiente por el centralismo?

Hacer una reforma de estas para darle más plata a las regiones para fortalecerlas es difícil, pero hemos logrado avanzar, ya se aprobó la reforma constitucional y lo que nos corresponde ahora en el nuevo Congreso va a ser discutir lo que se denomina la ley de competencias, es decir, cómo nos vamos a gastar esa plata.

¿Urge un nuevo ordenamiento territorial?

No creo, hay una discusión que es tal vez lo único que haría, crear un departamento: el Magdalena Medio que es parte del sur de Bolívar, sur del César, parte de norte de Santander, de Antioquía, todos muy olvidados.

¿Qué balance hace del Gobierno ante el Congreso de la República?

Esto es como una fiesta, uno entra y ve lo que quiere. El gobierno tuvo muy buen manejo macroeconómico, inflación del 5.1%, desempleo del 9% el más bajo en 30 años, pero en seguridad, no nos fue bien. El gobierno tuvo un muy buen manejo en   crecimiento económico agrario, pero en los escándalos de corrupción no nos fue bien. Entonces cada cual ve lo que quiere ver.

Bogotá, D. C, 10 de junio 2026

“La transición no puede poner en riesgo nuestra seguridad energética”, afirmó el senador Díaz, al referirse a las políticas del gobierno en materia minero-energética.

Por Luis Fernando García Forero. - El presidente de la Comisión Quinta del Sendo y que trata los temas minero-energéticos, entre otros, Edgar Díaz Contreras, exhortó al jefe de Estado, Gustavo Petro, para que le pida la renuncia, o al menos suspenda a Ricardo Roa Barragán, presidente de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, debido a las investigaciones que se adelantan por las autoridades judiciales en su contra.  

El senador Edgar Díaz Contreras, quien ha presidido varios debates en la Comisión Quinta de Senado, nos respondió no solo sobre su posición respecto a las políticas que viene llevando a cabo el gobierno en materia minero-energética, sino también con las investigaciones que se le adelantan a Ricardo Roa Barragán por los presuntos delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales. 

¿Cómo va el trabajo de la comisión quinta en materia de control político respecto a los temas minero-energéticos?

Creo que se ha hecho un trabajo articulado con los senadores de los partidos que hacen parte de esta comisión.  Una labor seria, sin tanto espectáculo, teniendo en cuenta los temas que tratamos, donde se incluyen los temas minero-energéticos.   

¿Qué opinión le merece lo que está pasando con Ecopetrol y su presidente, que son cada día más polémicos por las investigaciones judiciales que tiene?

Ecopetrol nunca se había sentido tan amenazada en su administración como hoy en día. Lamentamos que el presidente Roa no haya dado un paso a un costado para que responda ante las autoridades judiciales. El presidente Gustavo Petro está en mora de pedirle por lo menos que dé un paso a un costado o tratar, por lo menos, suspenderlo.

¿Cree que la junta directiva de Ecopetrol está en mora de pronunciarse sobre la permanencia del cargo de Roa en la estatal petrolera?

La Junta Directiva ha sido cómplice porque aquí está perdiendo el patrimonio de la mejor empresa que hemos tenido en el país durante mucho tiempo. Siguen las investigaciones, nuevos elementos que inducen a que su conducta no ha sido la mejor, sigue intacto, como si nada, como si fuera inmune a todas las investigaciones. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que agilice las investigaciones. El presidente Gustavo Petro no puede ser ciego, sordo, ni mudo, ante lo que está ocurriendo en Ecopetrol.

¿Ustedes lo tuvieron en la Comisión que preside en un debate de control político, que pasó y que ha pasado después de eso?

No solo una vez, lo hemos tenido varias veces y al parecer antes le salimos a deber, o que el país le debe. Hay muchas dudas que no ha podido superar y responder y el país ya lo sabe, la opinión pública ha crecido en su contra y no pasa nada.

¿Pero de todas maneras hay un proceso, una investigación?

Si y cada vez salen más temas que lo comprometen antes y después de ser el presidente de la Estatal. No lo decimos nosotros, lo dicen las investigaciones. Lo dicen los sectores periodísticos que incluso son afines a ellos, al sector del gobierno, sin embargo, el señor permanece ahí.

¿Definitivamente va de mal en peor la empresa?

Creo que en ningún momento se había sentido tanto la desvalorización de la empresa como la estamos sintiendo ahora. No hay por lo menos un motor, un trabajo articulado de parte del actual presidente de Ecopetrol.  

¿Van para atrás las utilidades de la empresa?

Tratar que la empresa no siga perdiendo porque cada vez son menos las utilidades, eso repercute en menos plata para el gobierno, menos plata para las regiones, menos plata de regalías que inciden también en proyectos importantes del orden nacional y regional, en cada uno de los territorios.

En debates se ha cuestionado la propuesta gubernamental de vender las acciones que tiene la estatal en el campo de Texas, Estados Unidos. El presidente de Ecopetrol dijo que del tema no se ha decidido nada. ¿Qué piensa usted al respecto?

Siempre coincido con varios senadores y lo hemos dicho en la Comisión Quinta del Senado, que ese es un buen negocio de Ecopetrol porque a futuro va a ser una inversión importante, le va a traer buenos ingresos a la empresa y a Colombia.

¿Está perdiendo plata no solo la empresa sino los que compraron acciones en Ecopetrol?

Los que invertimos hace más de veinticuatro años y creyeron en esa época en la empresa, ahora no han visto ni siquiera el queso para la tostada. Aquí están muy incrédulos y ven que el señor con su habladito, no ha enredado sólo a las autoridades, sino al señor presidente Gustavo Petro, quien también le falta tomar una decisión respecto a este tema.

¿Desde su óptica como presidente de la Comisión Quinta, cómo ve el presente y futuro energético de Colombia?

El gobierno que llegue tiene que tomar una medida coexistente sobre el futuro energético del país. Creemos en la transición, pero programada, planeada, planificada. Insisto, creemos que debe haber una transición, sin embargo, tenemos que aprovechar lo que tenemos, no depender de países vecinos. Debemos establecer políticas exploratorias en materia de hidrocarburos que garanticen en los próximos años la estabilidad energética y que nos lleve a una autosuficiencia no sólo en combustible, sino también en el gas y en la energía.

¿Definitivamente no se debe cortar de una con las políticas de exploración y explotación de hidrocarburos?

La transición energética no debe ser de un golpazo o de una imposición porque podemos llegar a una grave crisis energética. Debe ser planeada y programada. La transición no puede poner en riesgo nuestra seguridad energética.

Bogotá, D. C, 31 de marzo 2026

La congresista del Pacto Histórico destacó que “el país está saludable desde el punto de vista económico”

Por: Luis Fernando García Forero. -Los proyectos legislativos en materia económica del Gobierno están a prueba en el último periodo de sesiones del legislativo.

Para hablar sobre el tema, la senadora Clara López, con vastos conocimientos y preparación académica en materia económica, aceptó una entrevista en momentos donde los legisladores calientan motores para hacerle frente a las iniciativas radicadas por el Ejecutivo a consideración de las cámaras y donde precisamente las más controvertidas giran alrededor de los proyectos económicos.

¿Cómo ve la agenda gubernamental en materia económica presentada al Congreso?

Tiene como primer punto y el más importante para esta legislatura: el Presupuesto General de la Nación, que está ante las comisiones económicas del Senado y Cámara. Es un presupuesto por 557 billones de pesos que es austero. No significa una exageración respecto al año anterior, lo básico para suplir los aumentos de salarios y demás necesidades básicas del Estado colombiano.

¿Un presupuesto desfinanciado en $26 billones, qué opinión le merece?

Exactamente, es uno de los grandes cuestionamientos al interior del Congreso y del Gobierno que ya lo reconoce.

¿Cómo observa el trámite de esa iniciativa, conseguir $26 billones sin consenso?

Son 26 billones, una cifra sustancial superior a la reforma tributaria del primer año de gobierno, pero claro, con inflación es más o menos el mismo porcentaje en términos reales, descontando la inflación.

¿Cómo conseguir los $26 billones?

Sí, una necesidad que viene en un mal momento, entramos en la recta final del gobierno, en el proceso electoral donde los senadores y representantes se cuidan mucho de aprobar medidas impopulares.Lo que se pretende es lograr, a través de una ley de financiamiento o una reforma tributaria, que no toque de ninguna manera a los sectores populares.

¿A qué sectores afectaría?

Por ejemplo, el tema de las apuestas internacionales para generar un impuesto sobre actividades que no son productivas, que no pagan un solo centavo y son millones de dólares mensuales, especialmente cuando hay campeonatos mundiales como en el de fútbol. En ese aspecto, hay unos espacios para una tributación importante, pero desde luego, sí se tendrá que poner mayor impuesto a las actividades productivas.

¿No cree que la oposición es muy fuerte en ese tema y en un momento donde están los congresistas preparándose para el proceso electoral?

Sin lugar a dudas. Aquí los senadores y representantes tendremos que escoger si vamos a hacerle oposición al país en aras de una reelección en el Congreso. Me parece un mal negocio, porque la ciudadanía ya es más y más consciente de las necesidades y de las afujías financieras del Estado colombiano y tiene que entender que si no financiamos el presupuesto, perdemos todos. Un tema muy complejo.

¿Otro PGN por decreto?

Es posible que se llegue a ese camino. Yo invitaría a los colegas a ser responsables.

¿Esperaría que se abriera el debate?

Es siempre mejor que tenga el análisis y la discusión del Congreso de la República. El del año pasado ni siquiera lo quisieron discutir. Lo mismo que inicialmente pasó con la reforma laboral y que solamente el llamado a una consulta popular los hizo entrar en razón y discutir el tema. Es nuestra responsabilidad, no podemos ser inferiores a las necesidades del Estado colombiano.

¿Tienen las mayorías en las comisiones económicas?

En la comisión económica del Senado se centra el núcleo de la oposición sistemática al Gobierno. El presidente de la Comisión ya lo ha anunciado y otros senadores han expresado que no van a aprobar nuevos impuestos, no darle curso a la financiación real que requiere el presupuesto nacional y eso es muy significativo. Están poniendo en peligro un equilibrio macroeconómico en un país cuya economía va bien, a pesar de los anuncios catastróficos de la oposición.

¿En qué aspectos resalta que la economía va bien?

El país está creciendo al 2%, el desempleo está en su nivel más bajo en 20 años con el 8,7%, la inflación se va disminuyendo del 13% que recibimos y ahora apenas el 4%. Estos son los indicadores básicos macroeconómicos que muestran la estabilidad económica y que el país está saludable desde el punto de vista económico.

¿Con problemas fiscales?

Un déficit fiscal grande, una exigencia que desde luego viene arrastrada desde la pandemia. La pandemia no la pagó el gobierno anterior, la está pagando este gobierno y en eso tenemos que ser conscientes. El subsidio de gasolina no lo pagó el gobierno anterior, lo está pagando este gobierno; entonces, el tema que seamos un mismo Estado con cambio de la orientación política del gobierno, no puede significar esta oposición sistemática, porque a fin de cuentas al que le hace daño es a la persona de a pie. Insisto, la persona de a pie no es la que va a pagar estos impuestos, van a ser los grandes capitales, aquellas actividades como las apuestas que no son un valor agregado productivo a la sociedad.

¿Cómo hacer para buscar la unidad nacional?

Ojalá el Congreso sea fundamental para buscarla que es la misma que tiene que hacer el Gobierno.

¿Lo logrará el Congreso?

Bueno, en eso estamos, no va a ser fácil, hay demasiados puntos de diferencia, pero nos debería unir Colombia, creo que ese es el llamado que vamos a hacer en todo este proceso.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2025

Fuente: Oficina de Información y Prensa Senado. 

Por Luis Fernando García Forero. El Congreso de la república no ha dejado de ser protagonista desde el ámbito legislativo y político en mecanismos que permitan lograr una paz verdadera.

La Comisión de Paz del Senado, en desarrollo de su trabajo en el tercer periodo legislativo del gobierno Petro, innovó y decidió descentralizar sus sesiones y audiencias frente a las comunidades de las diferentes regiones y localidades de Colombia, principalmente en las zonas de conflicto.

Sobre ese tema y otros que rodean la búsqueda de la paz en el país, interrogamos a la senadora indígena y presidente de la Comisión de Paz Aida Quilcué.     

¿Qué balance presenta como presidente de la Comisión de Paz en este periodo?

Ha sido un periodo importante por las reformas aprobadas como aporte a la construcción de paz. Estuvimos presentes en el Catatumbo escuchando a las comunidades, realizamos audiencia pública en el Cauca donde se constituyó una comisión de impulso al diálogo. También una audiencia pública en Nariño, porque es indudable, e insisto, la paz comienza desde las regiones.

¿Si bien es cierto,  es importante la presencia de la comisión en las regiones, que más se debe llevar a cabo o implementar para disminuir el conflicto?

Es fundamental implementar la inversión social en el territorio.  De acuerdo a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en el marco de los pactos a que se lleguen y establecer cómo lograr unas rutas jurídicas que nos permita avanzar en este proceso de paz territorial.

¿Qué opinión le merece el anuncio presidencial de crear Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) como estrategia de avanzar en la paz total?

Con la Comisión de Paz tenemos la experiencia de Nariño donde el Gobernador y comunidades étnicas, grupos sociales que viven en la zona rural y urbana afectadas por la violencia, han avanzado y la paz total, no ha sido tan fallida. Desde que se construya con la participación de las comunidades y actores importantes de dicha región, esto funciona. Lo de Nariño tendrá vacíos, pero es importante destacar el avance que ha tenido.

¿Y en las demás regiones de conflicto?

Termina siendo positivo si las comunidades y organizaciones exponen directamente las preocupaciones de lo que sería esa zona temporal. Hay que generar confianza, la paz no se logra solo con avanzar en la seguridad desde la fuerza pública, que es fundamental. Los diálogos son necesarios e importantes, para avanzar en esa paz territorial.

¿Qué hacer con el ELN?

El Congreso cumplió con legislar en el marco de la ley de la paz total y puso a disposición en este marco la iniciativa y todas las condiciones para los diálogos. Lamentablemente ha fallado. No hubo esa seriedad del diálogo, sobre todo con este grupo, porque una cosa se hablaba en la mesa y otra cosa pasaba en las regiones. Por eso toma importancia ese diálogo desde las regiones, porque no se habla solamente con los que están en la cabeza de estas organizaciones, sino con los que afectan directamente el territorio. Eso es fundamental.

Están suspendidos los diálogos con el ELN. ¿Van de mal en peor?

Es necesario reactivar diálogos con el ELN en condiciones serias para disminuir la guerra en los territorios.

¿No hay duda que el ELN cayó en el narcotráfico?

Para nadie es un secreto en el país que las mafias se tomaron estos grupos, sin embargo, el presidente Petro de manera reiterada ha llamado a estas organizaciones que se separen un poco de ese negocio y puedan dialogar y desescalar el tema del conflicto. Desde esta comisión lo que más queremos y sobre todo más allá de ser presidenta, vengo de una región como el Cauca que lo que pasa en el Cauca pasa en el Catatumbo, también en el Chocó. Queremos que la gente no siga sufriendo estos flagelos de la guerra, de verdad, ha sido muy, muy terrible lo que vivimos porque el reclutamiento y los asesinatos han sido muy fuertes. En ese sentido me parece fundamental avanzar en estos temas tan importantes de la paz desde los territorios.

¿Definitivamente el fenómeno del narcotráfico impide que haya paz en Colombia?

Claro, la forma como lo han utilizado pues termina siendo el combustible también de la guerra de manera ilícita. Desde el territorio tenemos que buscar una paz integral, no es solamente el diálogo, es también definir cómo va a hacer esa sustitución. Muchas comunidades ya han hecho propuestas y nos parece importante ponerlas en marcha desde el gobierno nacional.

¿Cree todavía que es posible alcanzar la paz con el narcotráfico en pleno furor?

Creo que se puede. Es importante que las distintas carteras del gobierno y sobre todo responsables de este tema, puedan y podamos avanzar con el control de los cultivos ilícitos. Muchas comunidades han manifestado que quieren sustituir, pero necesitamos un programa que sustituya esos cultivos y que se miren otros mecanismos. Todo en Colombia es posible, el lío es que quienes viven de la guerra y también del combustible del narcotráfico, tampoco dejan. No es un secreto para el país, son grandes mafias, para ellos es el negocio y no van a dejar que esto se sustituya. Si se trabaja entre las comunidades sería importante y fundamental para lograr la paz.

¿Ve un ambiente que garantice un proceso electoral en paz?

Si este tema del cual estamos intentando desarrollar en el Cauca y ojalá en otras regiones del país avanza, sería importante para lograrlo. No deja de ser difícil la situación, sobre todo en una coyuntura como esta donde está empezando la época electoral. No es solo un tema de inseguridad o de guerra en los territorios, sino que también en las ciudades se volvió inseguro. Tenemos que avanzar y seguir apostando en medio de esta situación, al tema de la paz.

¿Está fracasando el gobierno en el tema de la paz total?

Diría que no es el gobierno, porque no olvidemos que la guerra viene desde hace más de 50 años y para los pueblos indígenas en un proceso milenario.

¿El Congreso ha sido inferior a la implementación del acuerdo de paz con la FARC?

Creo que hay muchos temas encontrados. En la bancada del cambio hemos estado comprometidos con cumplir esa causa.

¿Seguir al frente de dicha comisión es insistir en que la paz comienza en las regiones?

Así es.

Bogotá D.C 07 de Julio 2025

Fuente: Prensa Senado

Un tema que ronda a los legisladores desde que la Asamblea Nacional Constituyente no le alcanzó el tiempo en sus deliberaciones para definir lo de una división política y administrativa de Colombia. Por eso, dejó la misión al Congreso para que estableciera una ley orgánica de reordenamiento territorial. Es una tarea aún pendiente. ¿Por qué?

Por Luis Fernando García Forero. El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, Guido Echeverri Piedrahita, fue certero en afirmar que después de la promulgación de la Constitución de 1991, “el Congreso no ha tocado aspectos fundamentales para un nuevo orden territorial en Colombia, solo unos pocos avances legislativos sobre el tema”.

El senador Guido Echeverri Piedrahita, con gran experiencia como congresista, en la academia, toda vez que fue rector de la Escuela de Administración Pública -ESAP- y, exgobernador de Caldas, fue vehemente en señalar que la centralización sigue siendo una constante en Colombia, sin embargo, dijo que poco a poco se ha ido legislando para disminuirla.

Destacó que “La aprobación recientemente del Acto Legislativo que reforma el sistema general de participaciones para aumentar las transferencias del Estado Central a las entidades territoriales, es un ejemplo de avance para el fortalecimiento de los territorios, pero no lo es todo”.

Enfatizó que esa iniciativa se convirtió en un instrumento que revive la necesidad de una nueva relación entre el Estado Central y las Entidades Territoriales.

Echeverri Piedrahita resalta que una de las grandes dificultades para cumplir el desarrollo de un proyecto de ley orgánico de ordenamiento territorial, es el tema de las circunscripciones electorales.

Fue directo en señalar: “Es muy difícil remover normas que han permitido que quienes deciden en esa materia, estén hoy en día ocupando ese escenario, donde se toman esas decisiones”.

Echeverri Piedrahita fue vehemente en defender a los departamentos y dijo no estar de acuerdo en que desaparezcan.

Argumentó que “La institución departamental ha ganado mucha legitimidad en Colombia y la gente tiene un sentimiento muy especial con su departamento, de tal manera, me parece, que hablar de regiones y pretender cambiar los límites geográficos de los departamentos, intoxica un poco el tema”.

El congresista caldense Echeverri Piedrahita quien además de presidir la COT, forma parte de la Comisión Sexta del Senado, dijo que “cuando se logren procesos asociativos territoriales, se superen las fronteras departamentales consultando más los aspectos regionales, se podrá reordenar el territorio, fundamentalmente en términos de competencias para las entidades territoriales, insisto, sin tocar los departamentos".

No dejo por fuera en las preguntas y su análisis sobre el tema, a las Regiones Administrativas y de Planificación-RAP- y dijo que han permitido un avance para los territorios, “pero muy tímido”.

Enfatizó que las RAP “representan un proceso asociativo que fortalece el peso político de varios departamentos que se unifican para reclamar del Estado central decisiones que lo favorezcan, sin embargo, no tiene los dientes que les permitan efectivamente constituirse en un verdadero instrumento de descentralización”.

Al preguntarle sobre un Estado Federal, Echeverri Piedrahita respondió: “Los departamentos deberían tener un nivel de autonomía que los hiciera casi autónomos en materia tributaria, en sus planes de desarrollo, en tener sus propias normas. Allá debemos llegar, sin embargo, siendo este tema tan sensible, mejor ir despacio y primero profundizar sobre la descentralización, antes de llegar a una Colombia auténticamente federal”.

Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2025.

Fuente: Oficina de Información y Prensa-Senado de Colombia.