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En total en el país hay 317.651 casos, 10.650 muertes y 167.239 recuperados, según informó el Ministerio de Salud, al señalar que hay 139.097 personas con el virus activo.

Según el reporte oficial para este domingo 2 de agosto hay 6.531 personas recuperadas y 37.666 muestras procesadas, para un total de 167.239.

Después de haber advertido que mediante el decreto 811 de 2020 el Gobierno se auto habilita para privatizar las empresas estatales sin ningún tipo de control, el Senador Luis Fernando Velasco, junto con un grupo de congresistas de distintas bancadas, radicó un proyecto de ley que busca derogar dicho decreto legislativo.

Según los congresistas, el decreto es una amenaza al patrimonio de todos los colombianos, pues sin que haya un mínimo debate o control, de manera unilateral establece un procedimiento exprés para que el Gobierno venda activos estratégicos de la Nación como Ecopetrol o su filial Cenit, importante empresa que controla el transporte de crudo y sus derivados.

“Nos preocupa un día despertar y que sin darnos cuenta hayan vendido empresas como Cenit. Dígannos qué tiburón está detrás de Ecopetrol y de sus filiales. Cómo se les ocurre pretender vender el patrimonio de los colombianos sin por lo menos propiciar un debate público”, con estas palabras confrontó el Senador Velasco al Gobierno Nacional en una Plenaria del Senado el pasado 19 de junio.

Los congresistas firmantes del proyecto son los senadores Luis Fernando Velasco, Jaime Durán, Andrés Cristo, Julián Bedoya, Guillermo García Realpe y Rodrigo Villalba, del Partido Liberal; Maritza Martínez, de la U, Antonio Sanguino, de Alianza Verde; Gustavo Bolívar, Colombia Humana   y Jorge Robledo del Polo Democrático.

Los firmantes también aseguran que el decreto 811 de 2020 va en contra del artículo 60 de la Constitución, referido a la obligatoriedad de democratizar las acciones que el Estado venda. El decreto establece que la enajenación de las acciones estatales se realizará en operaciones de martillo en bolsa de valores, por lo cual los trabajadores de las empresas y los colombianos de a pie no podrían participar, como establece la constitución, de una eventual venta accionaria.

Por otro lado, en la iniciativa se argumenta que las leyes de autorizaciones deben ser según la Constitución, de iniciativa legislativa. Es decir que el Gobierno al modificar el procedimiento que el Congreso ya había establecido para los procesos de venta de los activos estatales y que estaba contenido en la Ley 226 de 1995, está excediendo sus competencias e invadiendo una atribución que es del legislativo, razón por la cual también consideran que es inconstitucional.

Cabe recordar que en días pasados, el Senado de la República aprobó con la unanimidad de todas las bancadas una proposición solicitándole al Presidente Duque que derogue el Decreto Legislativo 811 de 2020.

Según afirman los autores de la iniciativa, “a pesar que la proposición no tiene un carácter legal vinculante, no es menos cierto que esta corresponde a un pronunciamiento formal de la Rama Legislativa que debe ser atendido con el debido decoro. Lamentablemente, a la fecha no se conoce respuesta o pronunciamiento por parte del Ejecutivo”.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

Redacción Ecos Nacional

Frente a la decisión tomada por la alcaldesa de Bogotá de prohibir la circulación por las calles de la capital de aquellas personas que sufren obesidad, la Fundación Gorditos de Corazón considera que es una medida a todas luces discriminatoria y que va en contra de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos.

Con esta decisión son miles las familias bogotanas que se quedarán sin cómo percibir un ingreso para satisfacer sus necesidades básicas.

La siguiente es la declaración de la Fundación Gorditos de Corazón:

Para Gorditos de Corazón, el bienestar y la salud en general de todos los colombianos siempre ha sido además de un pilar en su misión, su razón de ser y el objeto de trabajo durante todos estos años; especialmente quienes afrontan obesidad sobrepeso y hábitos alimenticios inadecuados. Nuestra institución se ha sumado al esfuerzo mundial por contener la obesidad, considerada la epidemia del siglo XXI y la cual ha cobrado más víctimas que cualquier otra enfermedad. Hay que resaltar que las comorbilidades de la obesidad son múltiples y que el covid-19 es un factor de riesgo que se suma a pacientes con esta condición.

Tenemos que informar que, para nuestra gran preocupación, los llamados de auxilio de personas con obesidad y sobrepeso se han duplicado durante esta pandemia, así mismo las alteraciones emocionales se han agudizado, convirtiéndose en una constante la ansiedad, la depresión, la angustia, irritabilidad, deterioro de la autoestima, entre otros factores emocionales que desencadenan incluso pensamientos suicidas o de autolesión. Lo más preocupante, es que el fenómeno no es exclusivo de Colombia, ya que estamos recibiendo permanentemente mensajes de varios países del mundo, en donde al parecer a la población con obesidad no se le está brindando la atención adecuada durante la pandemia.

Por otro lado y tras la propuesta de aislamiento para personas con obesidad nos permitimos aclarar lo siguiente:

1. La población en situación de obesidad debe acoger los protocolos de bioseguridad y aislamiento preventivo que sean propuestos para la población en general.
2. Socialmente nos parece sumamente inconveniente, proponer un régimen de aislamiento particular para personas con obesidad, ya que esto es un claro hecho de discriminación y violación del derecho a la igualdad.
3. Este tipo de políticas, puede contribuir sustancialmente en el aumento del fenómeno de discriminación que actualmente padecen los obesos del país.
4. Aunque médicamente la obesidad podría incidir como factor de riesgo para sufrir complicaciones por covid-19, esta condición no hace más contagiosos a los obesos, lo cual es un riesgo de estigmatización.
5. La comunidad a la que representamos y por la cual trabajamos, se ha sentido violentada con este tipo de propuestas y así nos lo han manifestado a través de nuestros canales de comunicación.
6. Las personas con obesidad o sobrepeso, también integran la fuerza productiva del país, muchos desempeñan labores fundamentales en el sector salud, empresarial y social. También tienen familias que mantener, por lo que negarles la oportunidad de salir a trabajar como al resto de los ciudadanos, además de ser un acto de discriminación, contribuiría en deterioro de la economía de muchos hogares; sin contar con el aumento de afectaciones emocionales.
7. Es urgente que el Gobierno Nacional y las administraciones municipales, implementen aspectos que permitan una atención integral a la población con obesidad, durante y después de la pandemia. Desde la nuestra Institución hemos venido desarrollando programas de apoyo y acompañamiento con muy buenos resultados; los cuales se pueden integrar a planes municipales e incluso nacionales.
8. La prevención y la promoción son los mejores instrumentos para un sistema de salud; el acompañamiento, las campañas pedagógicas y la información de pertinencia, son las mejores herramientas para proteger a los obesos del país.
9. Si el país va a tomar medidas con respecto a la obesidad como factor de riesgo primordial en casos de covid-19, es necesario tener en cuenta los índices de obesidad y sobrepeso del país en los cuales se evidencia que más de la mitad de los colombianos está por encima de su peso saludable y aproximadamente el 20% en situación de obesidad mórbida; sin contar que la pandemia en sí misma, contribuye con el aumento de dichos índices por factores antes mencionados.
10. La población escolar (niños y jóvenes) se están viendo afectados por el confinamiento debido a factores emocionales, económicos y el incremento de hábitos inadecuados, que aumentan los riesgos de obesidad, por lo cual políticas que puedan generar discriminación o rechazo hacia los obesos, afectaría a esta población, especialmente vulnerable emocionalmente.

Para terminar, hacemos un llamado urgente al país en general y principalmente a las autoridades de salud, para tomar medidas pertinentes con respecto a la obesidad frente a la pandemia. Desde Gorditos de Corazón ponemos a disposición del país y cualquier ciudad que así lo requiera nuestra experiencia y protocolos de intervención para la atención de pacientes; así como campañas de promoción y prevención para disminuir el impacto de la obesidad en el país. Todos podemos sumar para salir adelante, gobierno, empresa privada, grupos de voluntarios. Es momento de unirnos para que todos los colombianos superemos esta compleja situación.

Es de suma importancia, que el contexto de la pandemia no se convierta en otro factor de discriminación para las personas con obesidad, las cuales han venido siendo objeto de censura y burla por redes sociales a raíz de las propuestas de aislamiento. Nuestra Institución ha luchado durante muchos años por defender el derecho a la salud y vida digna; por reivindicar sus capacidades e integración social sin discriminación de ningún tipo. La solidaridad, el amor y la compresión, son valores que tenemos que alimentar en la pandemia.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

Fuente: Fundación Gorditos de Corazón.

El presidente de la república, Iván Duque Márquez, anunció que el Aislamiento Preventivo, por la pandemia del coronavirus, se extenderá hasta el lunes 30 de agosto.

El anuncio del jefe de estado colombiano se produce cuando el país ha registrado la más alta cifra de contagios en 24 horas: 10.284 personas se han infectado del COVID 19 llegando a la fecha a un total de 267.032 y 121.032 casos activos, donde la capital de la república registró este martes 4.552, el más alto, sobrepasando los 91.000 hasta el momento.

Pese a las cifras de contagio, el presidente Duque pidió a los colombianos seguir con el autocuidado siguiendo los protocolos preventivos para darle luz verde a la reactivación de otros sectores de la economía.  

En el informe oficial se destaca que han fallecido por el coronavirus 9.074 personas y se han recuperado 136.190

Bogotá, D. C, 28 de julio de 2020

Redacción Ecos Nacional.

El presidente de la república, Iván Duque Márquez, sancionó la ley de amnistía a deudores de multas de tránsito, con descuentos del 100 % de los intereses y 50 % de capital.

Con esta ley se beneficiarán más de 4 millones de Colombianos, gracias a la iniciativa de congresistas del Partido Liberal y apoyada por el Gobierno Nacional.

Hasta el 31 de diciembre del 2020 y por única vez, todos los infractores que tengan pendiente el pago de multas, están pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones a las normas de tránsito impuestas hasta el 31 de mayo de 2020, podrán acogerse, sin necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito.

De otra parte quienes suscriban acuerdos de pago dentro del término previsto, contarán con un plazo de hasta un (1) año contado a part1r de la fecha de suscripción del acuerdo para pagar lo que esté debiendo, y para lo cual, las autoridades de tránsito territoriales aplicarán lo dispuesto en sus manuales de cartera.

Quienes incumplan con una sola de las cuotas pactadas, perderán el beneficio de la amnistía y la autoridad de tránsito iniciará la ejecución por la totalidad de lo adeudado, procediendo a reportar la novedad sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito al Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - SIMIT.

Ojo, si usted lo multaron por embriaguez o por sustancias psicoactivas, no pierda el tiempo acercándose a buscar el beneficio.   

Bogotá, D. C, 24 de julio de 2020

-Además tumbó el traslado de cerca de 25.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones.-

Se trata del decreto 558 de 2020 que autorizaba por el mes de abril y mayo del 2020, de una manera voluntaria, para que las empresas no hicieran la cotización completa de pensiones de sus trabajadores y de la misma manera el alto tribunal desautoriza el traslado de cerca de 25.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones.

La iniciativa gubernamental, dictada mediante decreto, pretendía en su primera parte, sostener el empleo de las empresas en Colombia reduciendo los aportes para pensión de un 16 % al 3 % durante dos meses, para mantener un mejor flujo de caja, ante la crisis del coronavirus.

La segunda parte del fallo declara inconstitucional el traslado de cerca de 25 mil pensionados, bajo la modalidad de retiro programado, de los fondos privados de pensión a Colpensiones. En este aspecto, el decreto contemplaba un plazo de cuatro meses para ejecutar esta medida, con el argumento de la descapitalización de los fondos.

Advertencia Procuraduría

El fallo le da razón a la Procuraduría General de la Nación que se había pronunciado sobre el tema señalando que la reducción de los aportes supondría menores ingresos al fondo común de vejez para los pensionados.  

“Si bien esta medida busca mantener el empleo y ayudar a las empresas en la crisis, en realidad afecta el núcleo esencial del derecho a la pensión al no contabilizar las semanas trabajadas”, advirtió el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo.

Había señalado el jefe del Ministerio Público que “no se entiende por qué esta medida se aplica para el sector público cuando el presupuesto del año 2020 está planificado y reservado desde el año 2019, lo que implica que los recursos para los aportes ya están reservados. No se justificaría la aplicación de la medida, la cual -muy por el contrario- sí tendría afectaciones para los afiliados. Igualmente, implica un desconocimiento de los principios de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, pues establece una renuncia tácita para efectos de pensión de vejez de las semanas de abril y mayo de 2020”.

La votación

La primera parte del Decreto Legislativo fue declarada inexequible con una votación de  6 contra 3, salvaron el voto los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares.

La otra parte del fallo, que niega el traslado de los fondos privados a Colpensiones, tuvo una votación de 7 contra dos. Salvaron voto los magistrados Luís Guillermo y Alejandro Linares.

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2020

Redacción Ecos Tribunales.

El Representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, autor de la iniciativa, aseguró que la cédula para la identificación de animales de compañía, será una herramienta valiosa que permitirá la búsqueda y ubicación expedita de las mascotas en casos de extravío, abandono, o robo.

Según Rodríguez, los dueños de animales de compañía podrán a través de la implantación del  microchip y el acceso al apoyo de la RED Identificación Animal y la Línea Única Nacional, podrán tener la información básica de cada animal, su procedencia, raza, descendencia, serial de identificación, registros de vacunación y tipificación del animal si hace parte de una raza potencialmente peligrosa y el nombre del responsable o cuidador.

La Línea Única nacional permitirá que en caso de pérdida y/o hurto podamos rápidamente llamar y poner en conocimiento a las autoridades competentes para la rápida y oportuna búsqueda de las mascotas.

En Colombia se estima que hay cerca de 900.000 animales domésticos en situación de abandono de los cuales 120.000 estarían en Bogotá, por eso la importancia del microchip de identificación o “cédula animal”.  Según cifras de la Consultora Radar, a finales del 2018 en el país existía una población de al menos 5 millones de mascotas y por lo menos en el 30% de los hogares se tenía una.

Lo que buscamos es alcanzar una regulación para la movilización, sostenimiento, cuidado e identificación plena de los animales de compañía dentro del territorio nacional, donde se inscriben gatos, perros y equinos. Hoy muchas de las mascotas son abandonadas, se pierden y por la falta de una plataforma de información centralizada es muy difícil poder recuperar el animalito, subrayó Rodríguez en su exposición de motivos.

Una vez la ley sea aprobada, todas las veterinarias a nivel nacional que cumplan con los requisitos de funcionamiento estarán habilitadas para llevar a cabo el proceso de implantación del microchip de identificación animal y la expedición de la cédula animal, Concluyó Rodríguez. 

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2020

Oficina de Prensa representante Edward Rodríguez. 3103050759

El total de muertos por el COVID 19 llegó a 6.288, mientras que 182.140 se contagiaron, según reporte oficial de las autoridades en materia de salud de Colombia, cuando la Nación se prepara para festejar en pleno confinamiento, la fiesta de independencia el lunes 20 de julio.

El senador liberal Jaime Durán Barrera anunció un debate en el Congreso por el tema de la liquidación de la planta de Bioenergy, tras señalar que es un detrimento al Estado e irresponsabilidad de Ecopetrol cuando anunció que la construcción ascendería a 140 millones de dólares y terminó costando 750 “y no funcionó, siendo un total fracaso”.

“Promoveré debate en el senado para dar con los responsables de es fraudulento negocio”, afirmó el congresista liberal santandereano quien instó a los organismos de control para que investiguen y se revelen los responsables.

“Cero y van dos, por malos negocios de Ecopetrol. Primero sobrecostos Reficar que llegó a 4.023 millones dólares según Contraloría. Ahora liquidación de Bionergy, destilera de Etanol, por inviabilidad económica. ¿Fracasos por  defender intereses privados? Lupa en organismos de control”, destacó en un twitter el senador Durán Barrera.

Bogotá, D. C, 134 de julio de 2020

Redacción Ecos Nacional.

Se estima que entre 83 y 132 millones de personas pasarán hambre en el mundo al punto de morir por inanición.

Así lo destaca un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde se destaca que la desnutrición a nivel mundial es un problema que crece día a día tras la recesión económica derivada por la pandemia del COVID 19.

El informe, titulado «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo», alerta de que la crisis sanitaria «está intensificando la vulnerabilidad y la desigualdad de los sistemas alimentarios mundiales», desde la producción, a la distribución y el consumo.

La previsión, hasta el cierre del 2020,  se basa en las estimaciones que indican un desplome del producto interior bruto mundial de entre el 4,9 % y el 10 %, lo que permite establecer que dicha circunstancia que vive el mundo por la pandemia pone aún más en riesgo la posibilidad de alcanzar la meta del Hambre Cero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Bogotá, D. C, 13 de julio de 2020

Redacción Ecos Internacional