Noticias

Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado juega un papel crucial en la resolución de conflictos limítrofes porque contribuye a concesos y soluciones. En ese sentido el senador Jaime Durán dio pleno respaldo a alcaldes de Santander y está convencido que “ambos departamentos llegarán a conceso en el mediano plazo”.

Por: Luisa María Llano

Los 75 kilómetros cuadrados de territorio que son reclamados por el departamento del Norte de Santander tienen en un conflicto a los alcaldes y habitantes de los municipios de Guaca y Santa Barbara. Ante el no acuerdo, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado adelantó una audiencia pública con el fin de escuchar el informe emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que le permita a la corporación tomar una decisión.

El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, explicó que el proceso inició en 2018 cuando él también fungía como mandatario de esa zona y quien entonces solicitó la revisión de los límites entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, toda vez que considera que punto le corresponde a su departamento.

Por su parte, el gobernador de Santander, el Mayor General Juvenal Díaz, explicó ante la audiencia pública que su departamento ha sido el mayor aportante de estos dos municipios comprometidos “al punto que las Juntas de Acción Comunal también están adscritas a Santander y el departamento hace una gran inversión en programas de salud, vivienda, educación y seguridad a través de la instalación de los CAI (Comando de Atención Inmediata), entre otros aspectos”.

En la exposición del informe, el ingeniero Martín Hernando González, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mencionó que, desde que inició el proceso, “hemos actuado como ley lo exige, los tiempos se han cumplido y la participación de la ciudadanía ha sido activa”.

Añadió que si bien distintos aspectos como salud, educación, pavimentación de vías, cartas catastrales y otros lo ha liderado la Gobernación de Santander, el análisis cartográfico indica que la zona le pertenecería al Gobernación del Norte de Santander.

“De acuerdo al material cartográfico analizado, se evidencia que el límite se ha mantenido en un periodo de tiempo de 75 años. Como entidad notamos comportamiento histórico que se ha mantenido en el tiempo”, dijo el ingeniero del IGAC.

La audiencia contó con la participación del senador Jaime Durán Barrera, por el partido Liberal, quien luego de escuchar las versiones de alcaldes, líderes de juntas comunales, habitantes y campesinos de ambas de ambas zonas, indicó que “Las preocupaciones que hacen los habitantes de Guaca y Santa Bárbara son válidas. Se sienten del departamento de Santander y el desarrollo se lo atribuyen a este departamento”.

Expresó, además, que como senador de la República que conoce el territorio, está convencido que “ambos departamentos llegarán a un conceso en el mediano plazo”.

Finalmente, la senadora Laura Fortich, por el partido Liberal, y quien moderaba la audiencia pública argumentó que con “este espacio importante de deliberación donde convergen las voces técnicas y sociales le permitirá tanto a la COT, como a la plenaria del Senado, tomar una decisión ante este conflicto limítrofe”.

Señaló que para eso era necesario que se adelantaran mesas técnicas entre funcionarios del IGAC y las entidades territoriales comprometidas. El informe de esas socializaciones deberá ser remitido nuevamente al reciento de la corporación.

Bogotá, D. C 11 de mayo de 2025

Prensa Senado.

Por Luis Fernando García Forero. El Presidente del Congreso, Senador Efraín Cepeda, planteó la posibilidad de que algunas preguntas de la consulta popular de la reforma laboral se consensuen e incorporen en proyectos de ley en el Legislativo, “y nos evitamos la plata y la polarización nacional” que produciría esa votación.

El líder del Legislativo se pronunció horas después de que se conocieran las doce preguntas que estarían en ese mecanismo de participación popular, impulsado por el Gobierno Nacional.

El propósito de esta votación es que la ciudadanía avale algunas de las propuestas que estaban en el proyecto de ley que la Comisión Séptima del Senado archivó hace algunas semanas.

Precisamente este martes, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, dieron a conocer estas doce preguntas de la consulta popular, la cual debe tener un concepto favorable del Senado de la República para poder ser convocada.

Para el Presidente Cepeda, “hay que poner el oído en la gente, en la comunidad, en los trabajadores, en los empresarios. La decisión de los partidos también es muy importante”.

“Debo decir que hay algunos temas a los que les he puesto un asterisco, que pueden ser un boomerang, es decir peor el remedio que la enfermedad, y eso hay que discutirlo de fondo con laboralistas”, afirmó el Presidente Cepeda.

El congresista reveló que hay cinco proyectos de ley transitando por el Legislativo en los que se podrían consensuar e incorporar algunas de las inquietudes que el Gobierno Nacional busca someter a consulta de los ciudadanos.

“Me pregunto, ¿no es más expedito que abramos un debate también en el Congreso sobre estas preguntas y vemos cuáles no están contenidas en esos proyectos, cuáles desecharía el Senado y cuáles podemos adicionarlas como proposiciones?”, se preguntó el Senador Cepeda.

Para el líder del Legislativo “ese ese es un camino más corto, más expedito, más económico. Recordemos que la consulta vale 700.000 millones de pesos que hoy no están en las arcas, que la salud tambalea porque no tiene esos recursos y porque se quejan -la misma Registraduría también- por la falta de esos recursos varias entidades”. 

Sobre la discusión de la convocatoria a la consulta popular, la cual debe desarrollar la Plenaria del Senado, el Presidente Cepeda afirmó que la corporación podría “aprobar la consulta”, pero que “sacar 13 millones y medio de votos, eso es casi que un imposible”.

“Siempre he dicho ‘el Congreso es el camino’ y el Congreso estará en el lado de la concertación”, afirmó.

Bogotá, D. C, 22 de abril 2025

Fuente Prensa Senado.

El director de la Agencia Nacional de Tierrras, Felipe Harman, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas de Conflicto Armado, anunció que el gobierno ya formalizó más de 1.200.000 hectáreas a las víctimas del conflicto, es decir, hoy son dueños legítimos de sus predios.

“Hemos convertido la entrega y legalización de tierras en instrumento de paz, reparación, dignidad y justicia social para las víctimas, porque en Colombia la paz se hace con tierras, se hace con la Reforma Agraria para promover la reconciliación y la convivencia”, señaló Harman.

En un acto de reparación sin precedentes en la historia del país, el gobierno presentó balance de las tierras que ha entregado a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Mientras durante el gobierno Santos se entregaron 7.083 hectáreas a las víctimas, y en el de Duque 19.910, en lo corrido de la administración del presidente Gustavo Petro ya se ha triplicado lo de su antecesor al haber llegado a las 60.000 hectáreas de tierras.

La ANT ha asignado $174.000 millones a través de un convenio para comprar tierras al Fondo de Reparación de Víctimas que, a su vez, garantiza los recursos para que la Unidad de Víctimas repare directamente a las víctimas.

“Durante más de 18 años, la tierra del Fondo de Reparación estuvo en manos de testaferros y clanes regionales. Las recuperamos como lo hacemos con más de 100.000 hectáreas que estaban en manos de un cartel de tierras y las estamos entregando a familias campesinas y víctimas del conflicto”, puntualizó Harman.

Los mayores casos de reparación van desde las tristemente recordadas masacres de El Aro, en Antioquia; Mapiripán, en Meta; La Mejor Esquina, en Córdoba; hasta la reparación a las víctimas de la antigua Hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar; Las Pavas, en Bolívar; o La América, en Chimichagua, Cesar; y la atención a las víctimas de la crisis humanitaria del Catatumbo, en Norte de Santander, que son solo algunas de las grandes tragedias nacionales.

Masacre de Mejor Esquina es reparada

“Hace 37 años, familias campesinas de Córdoba, fueron víctimas de una de las primeras masacres paramilitares en el corregimiento de Mejor Esquina en la costa Caribe del país. Hoy, junto a la Policía y desde la Agenrecuperamos el predio San Luis de 866 hectáreas, que le perteneció al ex jefe paramilitar alias Macaco y que estaba siendo ocupado indebidamente, para entregárselo a esas familias que vivieron los duros golpes de la violencia. Esta Reforma Agraria no solo entrega tierras, repara y hace justicia social”, dijo, en su red social X, el director de la ANT, Felipe Harman.

Como si se tratase de un lamento, en el que mezclan la tristeza del dolor con la alegría de la llegada del cambio porque, al fin, luego de tantas décadas, son escuchados y atendidos por un gobierno, las víctimas reconstruyeron el momento imborrable: “Cuando veníamos para acá, yo miraba al cielo y decía: Ay Señor gracias, gracias porque vamos a recibir tierra, Padre, nosotros, la gente de Mejor Esquina”, dijo una de ellas, llorando al recibir las tierras por parte de Agencia.

El Aro, otro acto de justicia social

El 20 de agosto de 2024, por primera vez un presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, acompañado del director de la ANT Felipe Harman, llegaron a El Aro, Antioquia, y se ubicaron en una mesa ubicada en la calle, en el sitio donde 27 años atrás, desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en una acción de terror, con lista en mano acusaron y sentenciaron a muerte a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Torturaron y asesinaron en público a 12 habitantes del lugar, desplazaron a otras 1.472 personas y quemaron 42 de las 60 casas del pueblo.

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “al Estado colombiano por omisión y participación en la masacre de El Aro”. La sentencia le ordenó proveer justicia, “reparar a las víctimas” y “garantizar su seguro retorno al corregimiento si así lo desean”. Dieciocho años después, el Gobierno Petro fue el único que cumplió con la sentencia.

El Gobierno entregó 52 títulos de propiedad que corresponden a 608 hectáreas, con lo cual podrán acceder a créditos, proyectos productivos y, sobre todo, un retorno seguro a sus territorios. Un mes antes, 35 familias víctimas recibieron 809 hectáreas. A finales de marzo de 2025, y a lomo de mula, les llegaron los títulos de propiedad a otras 43 familias víctimas de la masacre de El Aro.

Víctimas de Bellacruz ahora viven en paz

El pasado 6 de marzo, el Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras, reparó a 49 familias que fueron víctimas de tortura y despojo en la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, y que habían sido torturadas y expulsadas de allí por paramilitares. Ahora, recibieron 628 hectáreas de tierras fértiles en el departamento de Casanare, para sembrar en ellas yuca, plátano y frutales que les garanticen seguridad alimentaria, con lo cual mejorarán su economía rural. 

Hasta el centro del Cesar, en el municipio de Chimichagua, llegó el jefe de Estado con el director de la Agencia de Tierras, el 26 de noviembre de 2024, donde entregaron más de 7.500 hectáreas a organizaciones campesinas y rindieron un sentido homenaje a la inmensa cantidad de víctimas de la guerra en este departamento.

Allí mismo, entregaron la finca ‘La América’, de unas 1.500 hectáreas, que fue propiedad del ‘Ñeñe’ Hernández y que ahora pasó a manos de 147 familias. Entre las asociaciones beneficiadas se encuentran la Federación de campesinos de Chimichagua (Fedecamchi), la Comisión de Interlocución, la Asociación de víctimas Agrovicmar, que representa a víctimas del paramilitar Jorge 40; Asocadar, Asocavid y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Costa Azul, de Mancuso, ahora es propiedad de mujeres víctimas del conflicto

En Córdoba, la ANT entregó 114 hectáreas del predio Costa Azul, que perteneció al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a familias campesinas y a 19 mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto de la vereda Las Lomas, en Montería.

La agencia compró el predio al Fondo de Víctimas, y ahora campesinos y víctimas celebran y viven con dignidad en estos territorios de paz. La finca se está transformando en una granja avícola

Las Pavas avanza en el camino de la reparación

Después de 21 años de resistencia contra el desplazamiento y el despojo, la Agencia ha entregado 50 títulos que corresponden a 958 hectáreas a familias que hace parte de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), devolviéndoles las tierras que les fueron arrebatas por paramilitares del emblemático caso de las Pavas en el municipio de El Peñón, del departamento de Bolívar, en 2003.

Durante la jornada, también se realizó la entrega de títulos de propiedad de los predios Chipre 1, Chipre 2 y la Hacienda El Porvenir, beneficiando a 43 familias del municipio de Rio Viejo, en el Sur de Bolívar.

Fincas para la Paz, ante crisis humanitaria en El Catatumbo

El programa Fincas para La Paz de la Agencia Nacional de Tierras, que nació en medio de la conmoción interior decretado por el Gobierno nacional, ha entregado cinco predios a familias víctimas de desplazamiento en la región del Catatumbo.

El director de la ANT, Felipe Harman, ha entregado más de 500 hectáreas que benefician a 82 familias, de la Asociación para la Unidad Campesina del Catatumbo – ASUNCAT y provenientes de otros municipios.

El pasado 26 de febrero, se entregaron 100 títulos por 1.282 hectáreas a familias campesinas de Ábrego, San Calixto, La Playa de Belén, Hacarí, Ocaña, La Esperanza y Cáchira (Norte de Santander). El 7 de marzo, se entregaron títulos a 14 familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que representan 596 hectáreas para la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio.

El 8 de marzo en Cúcuta, la Agencia Nacional de Tierras entregó seis títulos, en 71 hectáreas, a igual número de familias de los municipios nortesantadereanos de Gramalote, Bucarasica y Toledo. Una semana después, entregó 20 títulos de propiedad de Entidades de Derecho Público en Sardinata, que corresponden a 17 instituciones educativas, 3 centros de salud y 2 escenarios deportivos de las veredas Cascarillales, Santa Cruz, Andalucía, Filipinas, Miraflores, Paramillo, Las Mercedes, La Pailona, San Martín de La Loba, Planadas, Gallinetas, Bellavista, El Riecito y Luis Vero, del municipio de Sardinata, en el departamento de Norte de Santander.

Focus Economics le acaba de otorgar el premio en la Categoría Tasas de interés en el sector monetario.

El Banco Agrario, a través de su área de Investigaciones Económicas, recibió un nuevo reconocimiento internacional gracias a sus acertadas proyecciones en materia macroeconómica: se trata del premio al primer lugar en la Categoría “Tasas de Interés” en el sector monetario, que entrega anualmente Focus Economics.

El presidente del Banco, Hernando Chica Zuccardi, se mostró complacido con esta distinción, y manifestó que constituye “una demostración del compromiso y profesionalismo de nuestros colaboradores en todas las áreas de la entidad”.

Por su parte, al hacer públicos los premios 2025, Focus Economics -proveedor líder de análisis y proyecciones macroeconómicas, con cobertura en más de 120 países- agradeció al área de Investigaciones Económicas del Banco Agrario “por su constante e inquebrantable participación en nuestras encuestas de Pronósticos de Consenso Financiero. Sus contribuciones han mejorado significativamente la precisión de nuestros pronósticos, y su dedicación y excelencia lo han distinguido como uno de los economistas líderes de nuestra red”.

Vale recordar que el Banco Agrario obtuvo en 2024 otros dos reconocimientos por parte de Focus Economics: el Segundo lugar en “Proyecciones de Inflación”, y Tercer lugar en “Proyecciones de Tasas de Intervención”.

Bogotá, D. C, 8 de abril 2025

Fuente @BancoAgrario

Se implementan medidas compensatorias, cumplimiento de las aerolíneas, estándares de calidad, más control en la prestación de esos servicios de las aerolíneas en los vuelos dentro del territorio nacional.

Por Luis Fernando García Forero.- La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que establece nuevas normas que protegen a los usuarios del servicio del transporte aéreo en los vuelos del territorio nacional.

La iniciativa de origen parlamentario nace de las más de 80 mil quejas anuales de los usuarios del transporte aéreo que se sienten afectados por las irregularidades de las empresas aéreas.

La ponente del proyecto, Ana María Castañeda, destacó que hubo acuerdo para avalar el tema de la sobreventas de los pasajes, pero en lo que tiene que ver con las tarifas, liderada por el senador Alexander Flórez, se sometió a votación y no quedó incluido en el articulado, ya que 38 senadores votaron no, mientras que 30 si estaban de acuerdo.

El senador Flórez dijo que fue una decisión favorable que se haya aprobado lo de la sobreventa, es decir, cuando el ciudadano se acerca a la empresa en el aeropuerto y le dicen que le vendieron el vuelo. “Celebramos que se haya incluido un 5 % del pasaje y que además se incluye que las empresas aéreas deben notificarle, antes al pasajero, que su tiquete se sobrevendió”.

La iniciativa aprobada fue una tarea que se venía librando desde el Congreso desde hace más de 6 años con el objeto de proteger a los usuarios del transporte aéreo.

“Se trata de meter en cintura a las empresas aéreas en el país”, acentuó el senador Armando Zabaraín, mientras que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, exaltó la importancia de la aprobación del proyecto “porque va a favorecer a mucha gente en el país”.

Aspectos aprobados

Cuando hay demoras en la salida del vuelo “por causas internas imputables a la aerolínea y no se cumpla con el horario programado para la salida, se compensará, a través de bonos redimibles, única y exclusivamente al usuario”.

La iniciativa incluye corregir el espacio entre silla y silla. Deben ser cómodas y estar dentro de las normas establecidas internacionalmente.

Incluye que cuando el pasajero registre el equipaje se entiende que desde ese momento la responsabilidad recae en la aerolínea y debe responder por los daños y los prejuicios ocasionados. En caso de pérdida o daño en el equipaje, el pasajero tendrá una compensación.

Se debe establecer en la ley la presencia en cada aeropuerto del país de un funcionario de la Aeronáutica para que esté controlando cualquier irregularidad en los servicios de las empresas aéreas en los respectivos vuelos, destacaron varios senadores de diferentes colectividades.

El proyecto sigue su trámite a la cámara para que surta sus dos últimos debates.

Bogotá, D. C, 7 de abril de 2025

Fuente: Prensa Senado.

En carta enviada al presidente Gustavo Petro, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, señaló que la entrega de armas y explosivos por parte del grupo “Comuneros del Sur”, este fin de semana en el departamento de Nariño, “es un gesto de paz sincero” y un "logro indiscutible de la política de paz total“.

En la misiva el jefe del Ministerio Público en enfático en destacar los esfuerzos del gobierno en lograr una paz total en el territorio patrio:“Señor Presidente: reconozco y respaldo su persistencia en ese propósito, a pesar de los obstáculos y barreras que desde tantos flancos intentan impedirlo. Trabajar por la paz debe ser un propósito de todos los colombianos hasta el último día de nuestra existencia. La búsqueda de la paz no tiene fecha de caducidad“, dice la carta que Eljach envió a Petro.

El procurador Eljach destaca en video los alcances de la misiva enviada al presidente Petro.

Bogotá, D. C, 6 de abril de 2025

Por Luis Fernando García Forero.- Por unanimidad la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que reconoce los deportes electrónicos (eSports) y las actividades Geek, como una categoría deportiva en la legislación colombiana, iniciativa que cumplió su trámite en el Congreso y pasa a sanción presidencial.

Los eSports y las actividades Geek son competiciones de videojuegos en línea donde los jugadores compiten a través de la virtualidad individualmente o en equipos.

De acuerdo a la exposición de motivos de dicha iniciativa, presentada por la congresista Erika Tatiana Sánchez Pinto y con ponencia de la senadora Norma Hurtado Sánchez (Coordinadora), Fabián Díaz Plata y Martha Isabel Peralta Epieyú, “los deportes electrónicos en el país se han fomentado desde aproximadamente 17 años logrando a la fecha que sean incluidos como una disciplina deportiva en Colombia”.

La senadora Norma Hurtado Sánchez al defender el proyecto dijo que “El desarrollo de actividades digitales, el diseño gráfico, análisis de datos para el mundo cada vez más digital, incluyendo la creación y producción de videojuegos, organización de torneos; genera posibilidades asequibles para una amplia oportunidad de personas, independientemente de su condición física, de su género, situación geográfica lo que permite promover la inclusión en el deporte”.

Al destacar el respaldo unánime y aprobación del proyecto, la senadora Hurtado enfatizó: ”Colombia es deporte, es inclusión, Colombia es tecnología y hoy es deporte electrónico”.

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2025

Fuente Oficina de prensa Senado de Colombia. 

En el foro “Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la transparencia”, el Procurador General fue contundente en advertir que la Consulta Popular anunciada por el gobierno para avalar las reformas sociales, se debe respetar “ya que representa la democracia colombiana, la soberanía popular".

Según el jefe del Ministerio Público, el contenido de este pronunciamiento "tiene un peso muy grande, que no se puede soslayar, ni pasar por encima de esta legitimidad".

Durante el espacio de diálogo, Eljach habló sobre la importancia de garantizar la legitimidad y transparencia del proceso electoral, asegurando que las instituciones están preparadas para velar por su correcto desarrollo, tal como se realizó en Putumayo y como se realizará en Apartadó (Antioquia).

“Los tres órganos (Procuraduría, Registraduría y Contraloría) queremos transmitir un mensaje de tranquilidad; llevar el mensaje de que tenemos un Estado Social de Derecho que todos debemos defender: ciudadanos, el sector privado y el público”.

Reiteró que la Procuraduría está lista para ejercer vigilancia sobre los próximos comicios, reafirmando su compromiso con la transparencia y brindando confianza a la ciudadanía.

“Aquí está la Procuraduría y la garantía de que vamos a hacer presencia en todos los procesos electorales, en todas las mesas de votación”, aseveró el jefe del Ministerio Público.

Recordó la importancia de crear la Delegada para Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, desde donde se coordinarán todas las actividades electorales de 2025 y 2026.

Bogotá, D. C, 28 de marzo 2025

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

Por iniciativa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, la construcción de la futura ley de competencias se iniciará con Mesas Regionales para que gobernadores, alcaldes, líderes comunitarios y ciudadanos, expresen sus necesidades y le aporten al Congreso una verdadera iniciativa en la legislación colombiana que contribuya a la descentralización para el desarrollo regional.  

En el marco del foro ‘Construcción regional de la ley de competencias’, donde se debatieron aspectos de la norma que debe elaborar el Congreso para que los alcaldes y los gobernadores puedan manejar más recursos económicos de manera autónoma, el presidente del senado, Efraín Cepeda, destacó el Acto Legislativo aprobado por el Congreso que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP) y dijo que la nueva norma constitucional representa un avance significativo para la autonomía de los territorios.

En el evento, organizado por la Presidencia del Senado y el periódico El Tiempo en la ciudad de Villavicencio, el alto dignatario de la rama legislativa del poder público, Efraín Cepeda, recordó que dicha enmienda constitucional entrará en vigor cuando el Congreso apruebe el proyecto de ley, que debe estar listo en un plazo máximo de 24 meses para su implementación, a partir del enero de 2027.

Enfatizó que “el Constituyente de 1991 estableció que el 46% de los recursos corrientes de la Nación debían ser administrados por los territorios. Sin embargo, hoy, décadas después, este principio sigue siendo una promesa incumplida, pues actualmente el SGP representa solo el 23.5%, una cifra absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de educación, salud e infraestructura de municipios y departamentos”.

Destaco Cepeda que con la reforma constitucional aprobada y que modifica el SGR se espera una corrección progresiva de ese desbalance en la medida que se elevará progresivamente el SGP al 39.5% en 2038, año tras año, a partir del 2027”.

Insistió en que “Si bien no vamos a llegar al 46.5% que ordenó la Constitución, estaremos llegando al 39,5%, lo cual constituye un paso importante. Esto no es solo una causa legislativa, sino un compromiso con la equidad, la justicia, el desarrollo territorial de Colombia y con nuestra gente, la gente de los territorios”.

El Presidente del Senado hizo un llamado a acelerar el proceso para avanzar en el trámite legislativo con las Mesas Regionales asegurando que las regiones no soportan más el atraso.

“Queremos que la descentralización no sea un discurso vacío, sino un instrumento real para el desarrollo de las regiones, permitiéndoles ejercer competencias con autonomía y con los recursos adecuados para mejorar la vida de sus habitantes”, concluyó Cepeda.

Bogotá, D. C, 27 de marzo 2025

Fuente: Oficina de Información y Prensa del Senado.

El Ministerio de Salud y la Protección Social pidió a la Fiscalía General de la Nación pidió investigar  al representante legal y directivos de la gestora farmacéutica Audifarma, a efectos de determinar el grado de autoría, responsabilidad y participación dentro del delito de acaparamiento.

La denuncia fue presentada por el director jurídico de esta cartera, Rodolfo Enrique Salas, atendiendo una instrucción del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Entre los antecedentes, la denuncia se refiere a la auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud, el 21 de marzo de 2025, en las bodegas Audifarma, donde se encontraron 6.116 unidades de medicamentos no entregadas, entre ellas la insulina para tratamiento de diabéticos.

“El acaparamiento de medicamentos, como en este caso, corresponde a la retención de productos de primera necesidad con el propósito de crear una escasez artificial, generando pánico entre los usuarios del sistema de salud”, se establece como argumento en la denuncia penal.

“En el contexto colombiano las desigualdades sociales son profundas, y el comportamiento de Audifarma, objeto de la presente denuncia, reviste una especial gravedad, pues afecta a todos los sectores de la población, incluidos los más vulnerables, aunado al hecho que se está presentando un impacto desproporcionado generado precisamente por ese acaparamiento que impide el acceso a bienes esenciales”, puntualiza la denuncia.

Cabe recordar que durante el Consejo de Ministros Público realizado el pasado martes, respecto a este caso, el presidente Gustavo Petro solicitó interponer las denuncias penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación, porque –dijo– “aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución ordena denunciarlos”.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2025

Fuente Ministerio de Salud.