Mientras la Minga indígena que llegó a Bogotá el fin de semana y desde el Palacio de los Deportes, donde se encuentra alojada, inició este lunes una marcha de protesta pacífica hasta la Plaza de Bolívar, donde le exigieron al presidente, Iván Duque, respuesta a sus demandas presencialmente, el jefe de Estado fue contundente en señalar que "nadie puede argumentar que se requieren aglomeraciones para ser escuchado", sin embargo, el alto comisionado para la paz,  Miguel Ceballos, anunció que este martes estará en el departamento del Cauca para reunirse con líderes de esa población.

Mientras la Minga indígena que llegó a Bogotá el fin de semana y desde el Palacio de los Deportes, donde se encuentra alojada, inició este lunes una marcha de protesta pacífica hasta la Plaza de Bolívar y le pidieron al presidente, Iván Duque, respuesta a sus demandas presencialmente, el jefe de Estado fue contundente en señalar que "nadie puede argumentar que se requieren aglomeraciones para ser escuchado", sin embargo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que este martes estará en el departamento del Cauca para reunirse con líderes de esa población.

La minga inició su marcha de protesta desde las horas de la mañana por las calles de la capital de Colombia, hasta concentrarse en la histórica plaza de Bolívar, donde se observó una manifestación llena de colorido y banderas representativas de los indígenas, mientras que los miembros de la Guardia sostenían en sus manos un bastón como representación de autoridad de mando.

Sobre la Minga el presidente Duque dijo además que las aglomeraciones pueden poner en riesgo la reactivación económica del país. "Incuban el camino a un rebrote (del covid-19). Un rebrote significa retrocesos, y aquí se trata de avanzar", destacó el jefe de Estado.

Agregó el presidente Duque que si bien los ciudadanos tienen frustraciones por los efectos de la pandemia, pidió a cambio marchar hacia la reactivación (económica) segura del país. “Hoy es cuando más debemos estar cohesionados como sociedad, a dejar las diferencias políticas", señaló.

Dijo que "No puede ser un momento para que sea la política, los intereses electorales o electoreros, o simplemente los antagonismos los que traten de fracturar el espíritu de recuperación" y anotó que su Gobierno está buscando la forma de "construir de manera legítima un diálogo concreto en un plan de desarrollo con un capítulo específico para las minorías, con inversiones que tengan un trazador presupuestal que supere las frustraciones de promesas incumplidas".

Alcaldesa pide al Presidente Duque escuchar Minga

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recibió a la Minga en la Plaza de Bolívar, le pidió al presidente Duque que los escuchara y dijo que "Bogotá desde ayer ha recibido a la Minga Indígena como se merece, con respeto. Agradecemos su organización para llegar hasta aquí como lo han hecho a lo largo de las calles de Colombia: con una organización ejemplar".

Finalmente la alcaldesa López dijo que "Todos en Colombia venimos de raíces indígenas. Gracias por cuidar nuestra tierra y el agua. Gracias por preservar la vida. Bienvenidos siempre a Bogotá", indicó López e hizo un llamado al presidente Iván Duque para que "escuche a la Minga y sus legítimas demandas".

Gobierno debe apoyar Alcaldía

Mientras llegaba el ocaso del primer día de la Minga indígena en la capital de Colombia, un juzgado administrativo rechazó la iniciativa de un grupo de dirigentes del centro democrático con el objeto de parar la manifestación, y al contrario, ordenó al Ministerio del Interior colaborar con la administración de Bogotá en la protección y desarrollo de la protesta pacífica de los indígenas.

“Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protección Social, que dentro de sus competencias constitucionales y legales, implementen las medidas administrativas tendientes a coadyuvar con el Gobierno del Distrito Capital, la atención a los integrantes de la Minga Indígena y la implementación de las medidas de Bioseguridad, entre estas, la entrega de tapabocas y disposición de lavamanos y gel antibacterial, en virtud del principio de coordinación del que trata el artículo 6 de la ley 486 de 1998”, destaca la orden del juzgado administrativo.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

Redacción Ecos Nacional.

Write comment (0 Comments)

La activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez es galardonada con el considerado Nobel Humanitario, el Premio Nansen para los Refugiados, que otorga Acnur, por su labor apoyando a víctimas de trata y explotación sexual. Muchas de ellas son refugiadas

La activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez es galardonada con el considerado Nobel Humanitario, el Premio Nansen para los Refugiados, que otorga Acnur, por su labor apoyando a víctimas de trata y explotación sexual. Muchas de ellas son refugiadas

Mayerlín Vergara Pérez lleva más de dos décadas trabajando en la Fundación Renacer contra la explotación sexual infantil.

El primer Premio Nansen se concedió a una mujer: Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y Primera Dama de Estados Unidos durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Eso sucedió en 1954, cuando la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) creo el galardón en honor de Fridjof Nansen, el que fuera primer Alto Comisionado para los Refugiados de la Liga de Naciones, entre 1920 y 1930, y Premio Nobel de la Paz en 1922. Él, que atravesó Groenlandia en esquís cuando nadie lo había hecho, en 1888, fue quien dijo aquello de "lo difícil es lo que toma algún tiempo; lo imposible, un poco más".

Algo une ahora a ambos personajes con Mayerlín Vergara Pérez (Sahagún, 1975). La activista colombiana ha sido distinguida con este reconocimiento, conocido como el Premio Nobel Humanitario, este 2020. Y erradicar la explotación sexual y ayudar a las víctimas en su país es una hazaña difícil pero menos imposible que hace dos décadas, cuando comenzó su trabajo para conseguirlo.

Con 18 años, Vergara comenzó a dar clases a niños de educación primaria en Cali. "Empecé a escuchar y conocer sus historias, que eran muy dolorosas. Muchos estaban en una situación muy vulnerable", rememora. "En una ocasión, les pedí que escribieran una carta de Navidad. Y un niño puso que pedía comida y una nevera porque en su casa no había". Aquello la marcó, pero fue dos años después cuando recibió el aldabonazo que empujó a la maestra al activismo. "Vivía ya en Cartagena y vi a dos críos de cuatro o cinco años consumiendo pegamento. Y le dije a Dios que me dedicaría a ayudarles". Por eso, cuando se trasladó a Barranquilla y vio que una ONG buscaba psicopedagoga en un anuncio en el periódico, no se lo pensó. "No tenía nada que ver conmigo. No sabía lo que era una ONG ni era psicóloga, pero sí era atrevida", ríe desde el despacho de ACNUR en La Guajira, donde hay buena conexión de Internet para mantener esta conversación por videoconferencia.

Mandó su currículo y al día siguiente se encontraba en una entrevista de trabajo en la que le explicaron que la organización trabajaba con niñas, y también chicos, víctimas de la explotación sexual. "Yo creo que necesitan una persona que los escuche", dijo ella. Aquella frase, asegura, le valió el puesto: 24 horas después, el 23 de julio de 1999, empezó como educadora nocturna en una de las casas de acogida de la Fundación Renacer, entidad en la que todavía trabaja. "Entraba a las seis de la tarde y salía a las ocho de la mañana. Ahí ves la cotidianeidad de los niños, también sus momentos de crisis porque sufren ansiedad por las drogas o por los recuerdos de la prostitución". Esa fue su tarea y su vida durante siete años.

"Me acuerdo hasta de sus nombres", reconoce a pesar del paso del tiempo. "Cuando llevaba dos meses, llegó una niña embarazada y tuvo a su hija. Hoy, 21 años después, aquel bebé estudia Sociología en la universidad", cuenta Vergara orgullosa, que también cursó la misma carrera. "No solo la salvamos a ella, sino a la siguiente generación, también a los otros tres hijos que ha tenido con su esposo", se emociona.

Tras ese período, se mudó a Cartagena, donde su labor fue distinta. Pasó de recomponer vidas rotas a tratar de prevenir el problema. Comenzó a diseñar programas de formación y sensibilización, para profesores y agentes del sector turístico. "Fue duro que los hoteleros se vieran como parte del problema, para poder ser parte de la solución", reconoce. De aquel esfuerzo nació la estrategia La muralla soy yo para luchar contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

Este trabajo de concienciación es muy importante, defiende la activista. "Los abusos los perpetran los padres, algún familiar. Y la gente está sensibilizada. Pero en el caso de la explotación y de la trata, se piensa que les gusta, que ganan mucha plata y que incluso el proxeneta las está ayudando", explica. Para acabar con este delito y vulneración de los derechos de las menores, es crucial que profesores, líderes comunitarios, empresarios, todos, aprendan a identificar a las víctimas. "Antes la encontrábamos en las calles, pero ahora están en las aulas", apunta. "Siempre que organizamos talleres en escuelas, encontramos casos de trata, explotación y abuso".

Ella ha aprendido a identificar a las víctimas con la experiencia de los años. Luego, viene todo lo demás. Un "duro proceso" de acercamiento y construcción de confianza. "Vamos a los sitios donde sabemos que se establecen contactos o se produce la propia explotación. Nos sentamos junto a las chicas y empezamos a conversar de cualquier cosa. Pero somos adultas desconocidas, y normalmente son adultos los que han vulnerado sus derechos", detalla Vergara. Después, les hablan del programa de la Fundación Renacer. Algunas se unen rápido y a otras les lleva semanas o meses dar el paso. "No es fácil para ellas ir al proceso terapéutico". Cuando lo hacen, empieza otro capítulo.

En el caso de la explotación y de la trata, se piensa que les gusta, que ganan mucha plata y que incluso el proxeneta las está ayudando.

Una vez son acogidas por la organización, "lo primero es que se sientan en casa". Después vendrá lo de hablar, las sesiones para expresar sus emociones y llorar para sanar. "Ellas son mis heroínas, ellas son las que se merecen este premio". El reconocimiento es mutuo. Las supervivientes escriben frecuentemente cartas de agradecimiento a Vergara. "En los momentos tristes pienso en que muchas de las niñas, sin nuestro trabajo, estarían muertas por suicidio o asesinadas por delincuentes".

Hace dos años, Vergara volvió a cambiar de rumbo, pero no de meta. En 2018 visitó La Guajira para redactar un informe de situación y evaluar si la Fundación debía abrir allí un programa.

“Lo que he visto allí es lo más duro que he visto en mi tiempo en la organización", afirma. En este departamento fronterizo con Venezuela, el cuarto más pobre de Colombia, reside la mayor concentración de refugiados y migrantes venezolanos en el país. Representan el 16% de la población total, según datos de ACNUR. "Encontramos niñas captadas para ser explotadas, niñas que atraviesan solas las trochas, pasos fronterizos informales, caminos peligrosos en los que sufren abusos, y acaban siendo prostituidas. Niñas conviviendo con señores que les triplican la edad a cambio de comida y vivienda. Niñas que con 12 o 13 años te dicen que no quieren vivir".

Motivos había. Pero, ¿quién iba a encargarse del programa? Vergara se ofreció y se mudó a Riohacha donde, en abril de 2019, abrió el Centro de Atención Internado de la Fundación Renacer. Era la primera vez que afrontaba un reto similar y temía no hacerlo bien. Pero consiguió una casa adecuada, con espacios amplios donde las niñas pudieran jugar y otros donde poder estar solas. "Tuvimos que construir una cocina, baños y una zona de lavandería porque antes era un colegio y no había". Para ello, recibió ayuda de Acnur, y también de Unicef y de la Organización Internacional de Migraciones.

En el Centro de Atención Internado de la Fundación Renacer en Riohacha, La Guajira, residen actualmente 31 niñas y un niño.

La primera inquilina fue una niña indígena wayú venezolana. "Había sido víctima de abuso sexual desde chiquita y después de explotación. Antes de que abriésemos la casa nos escribía mensajes diciendo que se quería morir", recuerda Vergara. "Es que es muy duro. Es tanto daño el que se les  hace a las niñas, y también a los niños", se emociona. Desde entonces, el centro ha atendido a 75 de ellas, de las que 18 eran víctimas de trata. "Las captan en Venezuela, las llevan a casas donde están tiradas en colchones en el suelo y son explotadas", describe. "Otras llegan solas y son captadas aquí", continúa.

Su trayectoria, pero especialmente esta última etapa en La Guajira, ha sido clave para ser reconocida con el Premio Nansen para los Refugiados, dotado con 150.000 dólares. Vergara ya sabe a qué los va a dedicar: "Voy a proponer comprar la casa en la que estamos de arriendo". Toda ayuda es bienvenida y, a la luz de los datos, necesaria. Entre 2015 y 2019, el número de víctimas de trata de personas identificadas en Colombia aumentó en un 23%. Y solo en los primeros cinco meses de 2020, las autoridades colombianas ya habían registrado un aumento del 20% entre las víctimas de trata de personas no colombianas con respecto al número total de víctimas de todo 2019.

Además del cheque, para Vergara, el premio tiene otro valor: el de la visibilidad de su causa. El Comité que decide quién es premiado, formado por representantes del Gobierno noruego, el suizo, el Consejo de Europa y el Presidente del Comité Ejecutivo de ACNUR, entre otros, ha decidido que este año, Vergara sea la protagonista en la ceremonia de entrega el próximo día 5 de octubre, virtual esta edición, que se transmitirá en español en el canal de YouTube del ACNUR. La gala contará con la participación del Ato Comisionado, Filippo Grandi, Isabel Allende, Angelina Jolie, el actor mexicano Alfonso Herrera como conductor del evento, así como el cantante colombiano Juanes.

Justo a Vergara, por primera vez en la historia del galardón, otras cuatro mujeres serán reconocidas con los Premios Nansen Regionales: Francoise Sabuni Chikunda, una maestra de escuela para refugiados de la República Democrática del Congo que vive en Uganda; Rozma Ghafouri, una refugiada afgana que vive en Irán, aspirante a futbolista que usa su amor por el deporte para sacar a los niños refugiados de las calles y llevarlos al aula; Tetiana Barantsova, una activista de Ucrania, cofundadora de AMI-Skhid, una ONG que aboga por el cambio y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las personas discapacitadas desplazadas internamente; y Rana Dajani, científica y madre de cuatro hijos que busca conseguir que la lectura y el aprendizaje sean accesibles para los niños refugiados.

Bogotá, D. E, 12 de octubre de 2020

Alejandra Agudo. El País.

Foto: ACNUR.

Write comment (0 Comments)

Ante organizaciones sociales y representantes de más de 124 cabildos que tienen asiento en el departamento del Cauca, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís,  fue contundente en señalar que “La Defensoría  no es un apéndice de ningún partido político, tenemos un carácter autónomo y estamos prestos a trabajar con los 50 millones de compatriotas. Esa será la política que defenderemos desde la dirección de nuestra administración”.

Ante organizaciones sociales y representantes de más de 124 cabildos que tienen asiento en el departamento del Cauca, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís, fue contundente en señalar que “La Defensoría no es un apéndice de ningún partido político, tenemos un carácter autónomo y estamos prestos a trabajar con los 50 millones de compatriotas. Esa será la política que defenderemos desde la dirección de nuestra administración”.

Agregó que “La Defensoría del Pueblo es articuladora, mediadora y un medio para que ustedes acudan en defensa de sus derechos porque es la casa de todos los colombianos”, le expresó Camargo a los cabildos indígenas del Cauca.

Camargo Asís, quien estuvo presente en territorio caucano, destacó que es defensor de la vida, los derechos de todos los colombianos y de la protesta social de manera pacífica.

Dijo que la Defensoría del Pueblo es una institución para que la relación con los ciudadanos “esté llena de verdades, de mucha claridad, entendimiento, de labor, donde establezcan relaciones respetuosas y llamemos a las cosas por su nombre".

Enfatizó Camargo Asís que “En el ejercicio las protestas pacíficas, la Defensoría brindará todas las garantías para su realización, pero insisto, pacíficamente y no por las vías de hecho”.

El Defensor del Pueblo mostró su preocupación por los asesinatos registrados en el país los últimos meses y expresó su solidaridad con las familias y la comunidad. “Toda mi solidaridad con las víctimas. Las estaremos acompañando en cada una de sus reclamaciones y en cada una de sus peticiones”, señaló.

Fue preciso en destacar que La Defensoría del Pueblo está para salvaguardar a los que no tiene voz, “Allí estaremos para cuando nos necesiten”, dijo, al expresar que “estoy presente en el departamento del Cauca para escucharlos, y saber de sus necesidades, preocupaciones y peticiones. Son temas que deben ir de la mano de la seguridad ciudadana”.

Indígenas del Cauca

Durante la visita al Cauca líderes sociales manifestaron que el Estado está desconociendo el tema de la fumigación aérea y las acciones de tutela. El tema de la fumigación está prohibida. Así lo dio a conocer el comité del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante reunión con el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.

“El ministro de defensa, miente y continúa mintiendo afirmo; José Gerardo, líder de los estudiantes “revictimizando a las víctimas”. Y le dijo al Defensor “Usted puede ser un aliado de las instituciones, de nosotros, de los Derechos Humanos, lo que queremos es pedir garantías para cada uno de los sectores que protestan, para todos los estudiantes. Necesitamos una Defensoría que esté en el terreno, necesitamos a la Defensoría en la interlocución” manifestó el líder indígena.

Movilizaciones a partir del 5 de octubre

Líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), anunciaron movilizaciones que empezarán el día 5 de octubre, las acciones son la toma de la vía panamericana, así lo dio a conocer uno de los líderes del CRIC.

“Preferimos morirnos en las vías, a seguir esperando que el Gobierno nos cumpla, el tema de las tierras, el tema de la educación, el tema de la salud. Cómo desde la Defensoría Nacional, nos ayuda a que el Gobierno no sea mentiroso. Cómo nos ayuda para que todas las movilizaciones no sean infiltradas por la fuerza pública, que no nos saboteen las marchas. La defensoría debe ser garante para que no nos pase eso” dijo.

Indígenas del Cauca

Agregaron que “sí el gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la república no hace presencia en el Cauca, nosotros estaremos marchando hasta Cali, luego recorremos los demás municipios hasta llegar a la ciudad de Bogotá, aquí salimos mil o dos mil o tres mil y en el camino hay comunicación con los demás compañeros que nos vamos a apoyar mutuamente en esta lucha y somos miles los que estamos reclamando la presencia del presidente, no más ministros afirmaron”.

Destacaron que “Aquí en el proceso de paz en el 2018 estaba llegando gente de todo el mundo a visitarnos, al tema turístico, al tema de conocer nuestras culturas, se estaba reactivando la economía del Cauca, abandonaron el proceso de paz y la reglamentación de los acuerdos y ya tenemos, toda clase de grupos al margen de la ley, disidencias, águilas negras, los tales gaitanistas, y muchos sectores amenazando a nuestros indígenas”.

El defensor del Pueblo Carlos Camargo Asis, afirmö que el sistema de alarmas tempranas lo estamos implementando, para que sea una realidad, es una prioridad de la defensoría, tenemos que actuar de manera anticipada, tenemos que fortalecer las comunicaciones de la defensoría con todos los ´pueblos indígenas y demás.

Dijo que “Nosotros no vamos a funcionar como convidados de piedra, vamos a convocar la mesa nacional de garantías, la mesa regional de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2020

Por William Acero Arango

Write comment (0 Comments)

En su primera reunión la Mesa de Urgencia, que debe entregar el informe al alto tribunal este 30 de septiembre, los integrantes destacaron la importancia de mantener las expresiones de protesta pacífica protegidas aunque garantizando que los cuerpos armados ni los ciudadanos no excedan los límites del uso de fuerza.

El Gobierno Nacional, la Policía, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá avanzan en el objetivo de crear un protocolo que permita garantizar el derecho a la protesta en Colombia y que responda a las instrucciones que pidió un auto del Tribunal de Cundinamarca.

“Las expresiones pacíficas y ordenadas de los ciudadanos deben ser siempre garantizadas y protegidas en el marco de nuestra Constitución. Pero también tenemos que ser claros en que, bajo ninguna circunstancia, podemos dejar que las expresiones de violencia, de vandalismo, de terrorismo, afecten los derechos de los ciudadanos”, sostuvo el presidente.

En su primera reunión la Mesa de Urgencia, que debe entregar el informe al alto tribunal este 30 de septiembre, los integrantes destacaron la importancia de mantener las expresiones de protesta pacífica protegidas aunque garantizando que los cuerpos armados ni los ciudadanos no excedan los límites del uso de fuerza.

Fundamentalmente los protocolos buscan crear nuevos procedimientos con respecto al uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades y vigilancia, temas que serán incluidos en el informe.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López fue una de las primeras funcionarias en señalar el acatamiento del fallo del dicho tribunal y dijo que dicho protocolo debe ser sancionado por el jefe de Estado.

Según la mandataria capitalina se pretende establecer “las garantías a la protesta social, la regulación del uso de la fuerza en las mismas y la prevención y sanción del abuso de la fuerza”.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2020

Redacción Ecos Nacional

Write comment (0 Comments)

La firma del Acuerdo Final de Paz  entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes en la historia de Colombia, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental en la búsqueda del camino de la paz, se ha truncado por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Por Luis Fernando García Forero.- La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia republicana, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental que dejó en el pasado una inmensa mancha de sangre, se está truncando por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Los diferentes foros de la democracia, empezando por el Congreso de la República, son a diario escenarios de altas controversias entre militantes de partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, que se refleja no solo en las sesiones virtuales de Senado y Cámara, sino en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los ciudadanos, en párrafos con videos y ofensas, en uno y otro sentido, alimentan aún más las posiciones extremas de nuestro Estado Social de Derecho.

Dicho Acuerdo de Paz, cuyas negociaciones se iniciaron en La Habana el 26 de agosto del 2012 y concluyeron el 26 de septiembre del 2016, giraron en torno a una reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades bilateral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los mecanismos de implementación y verificación.​ De estos temas, además de la firma del fin del conflicto, la participación política de los excombatientes, implementación de lo pactado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha tenido contradictores en la aplicación de sus objetivos, es lo que ha ha funcionado; el resto, aún está pendiente.

Pero la firma de ese fin del conflicto, que dejó 261.619 muertos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica y que llenó de optimismo a millones de colombianos con el aplauso de la comunidad internacional, empezó a flaquear por una decisión política, pero de una inmensa vocación democrática de Juan Manuel Santos que resultó inversamente proporcional a la paz: una consulta popular para refrendar lo pactado le resultó en contra: el 50,2% votó No al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que votó por el Sí, con una abstención de más del 60%.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, encabezó la campaña por el No al Acuerdo que resultó ganador en las urnas, con el argumento que no se podía aceptar esa negociación porque llevaba a la impunidad a exguerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad.

Génesis de la Polarización

La campaña entre los del Sí y los del No fue el génesis, desde el punto de vista político, de la polarización y que aún estamos viviendo en Colombia. El Gobierno de entonces encabezó la defensa del Acuerdo mientras que la oposición se limitó a buscar adeptos en las urnas para negar lo firmado en Cartagena de Indias como resultado de las negociaciones de La Habana.

"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, al señalar que la estrategia usada para ganar el plebiscito fue basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y con objetivos para cada estrato social.

La pregunta para responder ante las urnas era: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?​

La comunidad internacional se preguntaba ¿Cómo es posible que un país rechace un acuerdo que le puso fin a un conflicto armado con más de medio siglo y que la costó la vida a más de 200.000 personas en un pacto que fue negociado arduamente durante cuatro años?

Ante esas circunstancias el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo que "renegociar" el Acuerdo, considerando las objeciones de los opositores para poder viabilizar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones.

Santos decidió convocar a todas las fuerzas políticas, lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. Los protagonistas de los diálogos fueron las organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y otros actores que hicieron campaña por el NO, así como aquellos que promovieron el SÍ.

Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se realizó en el Teatro Colón en Bogotá la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño.

Implementación a medias

El desarrollo de la implementación del Acuerdo no ha sido el esperado porque no se ha aceptado, por parte de ciertos sectores adeptos al actual gobierno, que el desarrollo de la verdadera figura jurídica sostén del pacto firmado: la Justicia Transicional, avance, tema que es parte de la polarización.

El trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, está catalogado como el corazón y la razón no solo de la firma del fin del conflicto, sino de abanderar jurídicamente el camino de la reconciliación con base en la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. La JEP es la protagonista para aplicar justicia a los actores de esa guerra: excombatientes de las Farc, Militares y Policías, así como agentes del Estado y que tuvieron que ver con sus actos en el conflicto armado.

El afán para acabar con la JEP, desde sectores políticos adeptos al Gobierno, ha sido constante, pero no han podido. En medio de las críticas, es un tribunal que sigue empeñado en lograr sus objetivos y donde por estos meses ha estado recibiendo declaraciones de exdirigentes de la extinta guerrilla que han respondido a temas como el reclutamiento de menores y el secuestro, del cual reconocen que fue un error, por eso pidieron perdón.

Polarización y violencia

Cuando se cumplen 48 meses de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc hecho que dio inicio a una esperanza que le cambiaría el rumbo a la patria, lo que se observa es todo lo contrario: polarización política, masacres, decretos con fuerza de ley cuestionados porque se ha beneficiado a unos  sectores más que a otros, donde la pobreza aumenta en medio de muertes por el coronavirus y el abuso de la fuerza policial deja sin vida a ciudadanos inocentes, son más indicadores que señalan que el Acuerdo está ausente de Paz.

Desde el ámbito político, la administración del Gobierno Duque ha fortalecido aún más el sistema presidencialista, como se pudo observar con la designación de los jefes de los máximos organismos de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que giran en jurisdicción del Ejecutivo.

No hay control verdadero porque no hay consenso para el dialogo, por eso las protestas que se están generando en las calles de las principales urbes del país terminan en acciones vandálicas y en muertos inocentes, participen o no, de las manifestaciones. De otra a parte desde la firma del fin del conflicto han caído asesinados más de 200 exguerrilleros de las Far que entregaron las armas e ingresaron a la democracia, como producto del Acuerdo.

Los fallos de los altos tribunales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta “pacífica y no destructiva”, lleva a que la respuesta del Ejecutivo sea la de pedirle a la Corte Constitucional que revise dicha sentencia.

Vamos mal. Los líderes de las fuerzas políticas, de partidos de Gobierno y Oposición, dejan el eco del tome y dame verbal en las plataformas virtuales de las sesiones de Senado y Cámara, lo mismo en las corporaciones regionales y territoriales, advirtiendo que el presente político es un campanazo para la campaña electoral a iniciarse en el 2021, ya que no va a tener las garantías ni para los candidatos ni para los votantes. Las cifras lo dicen: en lo que va corrido del 2020, han ocurrido 248 actos violentos contra dirigentes políticos y sociales, destaca la Misión de Observación Electoral, MOE. Entre tanto desde la firma del Acuerdo, han asesinado a 220 excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas e ingresaron a la vida civil.

Dos artículos de la constitución dan las suficientes herramientas al Gobierno para un dialogo con todas las fuerzas políticas que permitan un consenso y enderecen el camino de la reconciliación en Colombia: Que el jefe de Estado es el símbolo de la Unidad Nacional y que la paz es un mandato constitucional. Eso se debe cumplir.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre del 2020

Write comment (0 Comments)

Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

El contralor general de la república Carlos Felipe Córdoba Larrarte, le abrió paso a la participación ciudadana para incentivar el cuidado y defensa de los recursos públicos, como mecanismo pedagógico en la lucha contra la corrupción a nivel local, regional y nacional.

Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

Según el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, “La Contraloría busca llegar con un lenguaje visual atractivo y moderno a los colombianos, en cualquier región del país, buscando que entiendan los mecanismos y herramientas con las que cuentan para cuidar de los recursos que son de todos”.

Expo Ciudadanía 5.0, funcionará entre nueve de la mañana y las siete de la noche, durante los 4 días, y tendrá como objeto promover el control social y participativo a través de una estrategia de pedagogía ciudadana.   

Durante los días del evento, donde estarán ocho stands de manera virtual, usted podrá interactuar con temas relacionados con la nueva función de control preventivo y concomitante que ejerce la CGR. También enterarse de las actividades de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia” y temas como Elefantes Blancos, la APP “ControlAPP”, veedurías y redes sociales, entre otros.

Chat con respuestas en tiempo real

Los ciudadanos que se conecten a esta Feria Virtual podrán conocer los resultados o logros obtenidos por la Contraloría, gracias a su participación activa, de manera individual o de forma organizada, en veedurías.

“Cada stand tendrá activado un chat con respuesta en tiempo real a todas las inquietudes de los ciudadanos e igualmente, podrán denunciar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, según lo anunció Rossana Payares, Directora de la Oficina de Comunicaciones del organismo de control.

Se espera una masiva asistencia de diversos públicos a Expo Ciudadanía 5.0, que van desde jóvenes de colegios y universidades, veedores, empleados del sector público y privado y ciudadanía en general.

Plataforma virtual y otras herramientas tecnológicas

La Contraloría General de la República es pionera en incursionar en el campo de las ferias virtuales con Expo Ciudadanía 5.0.

Para esta Feria se ha implementado un desarrollo tecnológico de primer nivel que incluye la plataforma de realidad virtual “Level Tech”, servidores cloud de Google, video llamadas, avatares e interacciones con contenido digital.

La Invitación

“Queremos que seas parte de este espacio participativo, creado para que conozcas a fondo la labor de la Contraloría General de la República y las diferentes herramientas con las que cuentas para vigilar los dineros que son de todos, de la mano de la Contraloría.

Una vez te registres tendrás acceso a los pabellones donde podrás conocer más de la Contraloría General de la República, los logros y resultados obtenidos de la mano de muchos colombianos que han participado en el Control Fiscal Participativo.

Haz clic aquí para inscribirte:

https://sistema.level-tech.co/forms/expociudadania/

Si requieres información adicional, comunícate con nuestra línea de atención 3213903375 y 3204338027”

Bogotá, D. C, 7 de agosto de septiembre de 2020

Fuente Contraloría General de la Nación

Write comment (0 Comments)

En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Por Luis Fernando García Forero.- En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Todo se desprende porque en materia de recursos para esos sectores, los rubros, dentro del articulado del proyecto en mención y tal como lo presentó el Ejecutivo, son insuficientes para atender esos aspectos en el desarrollo local, regional y nacional.

Invertir en Medicina Preventiva

Según la iniciativa gubernamental la inversión prevista para la salud es grave, solo serían $745.000 millones, cifra que no representa el costo necesario para seguir atendiendo la pandemia, no solo si se extiende el año entrante, sino por los costos de la vacuna para contener el coronavirus.

Sobre ese tema congresistas de diferentes bancadas insisten en señalar que Colombia no puede seguir cometiendo el error de dejar a un lado la inversión en materia de medicina preventiva, los recursos se deben ajustar a una verdadera reforma al sistema de salud en el territorio nacional.

Agradecidos con el campo

Otro de los sectores que se quiere llevar el primer puesto en recursos en el PGN y que es impulsado por las comisiones quintas de Senado y Cámara es el sector agropecuario, sin embargo  en la propuesta gubernamental los recursos bajan comparado con el 2020.

“Tenemos que estar agradecidos con el sector agropecuario en estos momentos de crisis, no nos faltó el alimento y desafortunadamente el Gobierno, mientras que este año el sector contó con $1,9 billones, para el 2021 lo bajan a $1,7 billones, es decir, una reducción del 10,5 %.”, sostuvo a instancia de www.ecospoliticos.com el presidente de la Comisión V del senado Guillermo García Realpe.

En las reuniones de dichas comisiones, para analizar el tema presupuestal del campo, los congresistas anunciaron que van a insistir para que se aumenten recursos a ese sector de la economía colombiana.

Deporte: Inversión

Otro de los aspectos que preocupa tanto a representantes como a senadores son los insuficientes recursos en un nuevo ministerio, el del deporte, cuyo monto a consideración de las cámaras asciende a $436.641 millones para el 2021, cuando en este año logró $863.451 millones.

En varias reuniones del ministro del deporte Ernesto Lucena y la viceministra Lina Barrera en las diferentes comisiones del Congreso, se ha destacado la preocupación por el bajonazo presupuestal en el deporte y recreación a nivel nacional.

El presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara, José Elvert Hernández, anunció un intenso trabajo legislativo para lograr aumentar los recursos suficientes que permitan tener la máxima cobertura en el territorio nacional con obras de infraestructura deportiva y estímulos con escuelas de formación deportiva a todos los niños y jóvenes del país.

“Injusto que en el Presupuesto 2021 disminuyan al deporte más del 50 %. Bajar de $863.451millones a $436.641 es un nocaut a niños y jóvenes que son el futuro de la patria. Asumo en el Senado la vocería para asignar los recursos suficientes a un sector que le ha dado triunfos y glorias a Colombia”, señaló el primer vicepresidente del senado Jaime Durán.

Entre tanto el ministro del deporte, Ernesto Lucena, destacó ante los congresistas que “el deporte es una inversión”.

Más recursos para cultura

Otra de las partidas que se analiza para que tenga un considerable aumento es el que tiene que ver con el sector cultura. Uno de los coordinadores ponentes de dicha iniciativa es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez,  quien dijo que los recursos previstos para ese sector y que ha sido bastante golpeado por la pandemia, baja de $365.000 millones a $349.000 millones. “Vamos a ver cómo aumentamos esa partida para el presupuesto del Ministerio de Cultura”, afirmó el congresista antioqueño.

Como siempre en todo trámite del proyecto del PGN, se empiezan a mover no solo los ministros para lograr el máximo de beneficios en cada uno de los sectores institucionales, sino también los congresistas que en esta oportunidad lo harán a través de la virtualidad, no sin antes teniendo en cuenta a Ciencia y Tecnología, que en cualquiera de los sectores es fundamental en el desarrollo de la nación, aún más en tiempos del covid19, para darle un nuevo aire a la vida de los colombianos.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020.

Write comment (0 Comments)

La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Por Luis Fernando García Forero.- La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Es inconcebible que 130 pensionados, que toda una vida se la dedicaron a la empresa, que en otrora, fue la productora de abonos nitrogenados para el agro colombiano, a la fecha tengan en mora el pago de 53 mesadas pensionales, las cuales ascienden aproximadamente a $3.000 millones.

A través de www.ecospoliticos.com, pensionados y trabajadores de la empresa, han anunciado instancias internacionales, "si la justicia colombiana no atiende sus reclamos,  que hasta el momento han quedado en el aire, porque aún no hay respuestas, ya que se ha denunciado ante todas las entidades del Estado, incluyendo a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta misivas al Presidente Iván Duque Márquez, y no ha habido respuestas, menos solución", señalaron los pensionados.

Lo peor del caso, “es que en Fiduagraria hay un patrimonio autónomo de $9.000 millones cuyo objetivo único es cumplir con la conmutación pensional total de los 130 pensionados, que figuran en el cálculo actuarial”.

Crónica de una tortura

Hagamos un breve recuento sobre el caso de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A., diciendo que debido a su mala situación financiera se acogió a ley 550 en el año 2.002; que ésta empresa es propiedad del departamento de Santander, pues la administración departamental posee más del 99% de sus acciones, y por tanto su máxima autoridad es el señor Gobernador del Departamento.

La empresa paraliza su operación productiva en febrero 27 de 2017, debido al no pago oportuno a su proveedor del gas natural que utiliza la empresa, tanto para la generación de energía, como para la producción de abonos nitrogenados, por tanto a partir de ese momento los trabajadores activos quedan a la deriva en su funciones operacionales, es bueno aclarar que la empresa tenía en vigencia un acuerdo de reestructuración el cual era monitoreado por un promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, el cual había sido nombrado desde sus inicios por la Superintendencia de Sociedades, el tiempo sigue trascurriendo y los dueños de la empresa no se dan por aludidos sobre el problema que tienen en sus manos y que necesita de pronta solución, pues esto puede ocasionar en un futuro un daño patrimonial al departamento.

El día 31 de diciembre de 2018, vence el plazo para el cumplimiento de lo pactado en el documento del acuerdo de reestructuración, el cual tenía como fecha definitiva de terminación el día 30 de junio de 2019. En este documento existía un compromiso de completar por la empresa los dineros faltantes para llevar a cabo la conmutación pensional total y el encargado de llevar a cabo dicha acción, era el señor Gerente Carmelo Reyes Herazo, quien debía antes del 31 de dic/2018 manifestarle al señor Fabián Rolando Méndez Cáceres que dineros se requerían para junto con los dineros existentes en Fiduagraria, se completara el patrimonio requerido para  llevar a cabo la tan anhelada y esperada conmutación pensional total. Vale resaltar que dichos aportes faltantes los debía el señor Fabián Rolando por saldo pendiente de pago a Ferticol por la compra del lote No. 2.

La Liquidación

El día 4 de abril de 2019, el promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, cita a asamblea general de acreedores y ese día los asambleístas deciden que FERTICOL debe ser liquidada por incumplimiento permanente en los compromisos que se pactaron en las sucesivas prórrogas del acuerdo de reestructuración, después de deliberar largamente se procede a la elaboración de la respectiva acta, en la cual constan las razones para la liquidación y cierre de la empresa, dicho documento se protocoliza en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y se envía a la Superintendencia de Sociedades para que allí se realice el trámite respectivo. Después de transcurridos algunos días dicha solicitud es estudiada por la Superintendencia, quienes conceptúan que por ser FERTICOL una empresa con mayoría de acciones del estado, es a la gobernación de Santander a quien le corresponde llevar a cabo su proceso de liquidación y nombramiento del liquidador.

En estas condiciones pasan la pelota al gobernador, Didier Tavera Amado, quien hace el intento en dos ocasiones de que la asamblea le apruebe el proyecto de ordenanza que lo autorice para llevar a cabo el cierre y liquidación de la empresa y le asigne recursos para llevar a cabo dicha actividad, pero recordemos que estamos en año electoral y todos los actores están enfrascados en lograr para cada bando la mejor conveniencia, Ferticol para ellos es un negocio de poca monta y no produce votos y nadie quiere cargar a hombros dicho muerto, por tanto termina el año 2019 sin pena ni gloria para trabajadores activos que están en la calle sin pago de salarios y pensionados que desde dic/2016, no les cancelan mesada pensional alguna, debiéndoles a la fecha más de 53 mesadas.

Pero para rematar el año 2019, el flamante gerente de la empresa Carmelo Reyes Herazo que debía haber cumplido unos compromisos pactados en el acuerdo de reestructuración que venció el 31 de dic/2018, como era el pago de salarios de trabajadores y completar el dinero faltante para llevar a cabo la conmutación pensional, no hace efectivas dichas acciones y en cambio para cerrar el año fiscal con broche de oro,  el día 23 de DICIEMBRE de 2019, mediante la firma del  “ACTA NUMERO 004-2019. COMITÉ FIDUCIARIO. FIDEICOMISO LOTES FERTICOL”, hace los siguientes movimientos:

  1. Firma actas de acuerdos de conciliación con 70 trabajadores por valor de $14.845.049.822

y a la EMPRESA INVERSORA SANTAMARIA por suministro de bienes y servicios por su convenio de cuentas en participación se le pagan $5.667.349.040, liberando de esta manera la deuda que tenía pendiente de pago el señor Fabián Rolando Méndez Cáceres y que tenía pendientes de pago laborales con anterioridad a esta fecha, como estaban acordados en el acuerdo de reestructuración que venció en dic 31/2018. 

Olla Raspada

  1. Nos preguntamos, qué interés tendrían los partícipes de este negociado para ejecutar estos pagos extemporáneos cuando la empresa estaba técnica y jurídicamente cerrada desde abril 4/2019 por decisión de su asamblea de acreedores?, y en cambio se hacen y ejecutan pagos en dic/2019, esto no huele bien.
  2. Esperamos que su nuevo gerente Juan Carlos Sierra Ayala, lleve a los entes de control la revisión de las anormalidades encontradas y causadas por los anteriores administradores, creemos que el famoso Comité Fiduciario en el cual no tuvieron cabida representantes de trabajadores y pensionados debe responder por lo sucedido.
  3. ¿Lo lamentable del cuento es que dejaron la olla raspada y ahora de donde saldrán los dineros requeridos para el pago de salarios y prestaciones de trabajadores y nómina de pensionados? El único activo de la empresa son las cuantiosas demandas que tiene pendientes de cumplir y cursan en los distintos juzgados y demás deudas con los distintos acreedores.

Iniciamos el año 2020, con  nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, quien en campaña electoral había ofrecido a sus posibles electores la reactivación de la empresa y posteriormente en visita a Barrancabermeja, manifestó que sencillamente cumplirá con el legado que le dejo su antecesor, esto es el cierre y liquidación de la empresa y a fecha de hoy, esto es hace 8 meses de su posesión, solamente tiene la intención pero nada se concreta en realidad, pues en la asamblea departamental no existe el proyecto de ordenanza para el cierre y liquidación definitiva de la empresa, recordemos el tiempo pasa y la Gobernación de Santander será el único responsable de pagar las obligaciones contraídas por dicha empresa.

Bogotá, D. C, 19 de 2020

Write comment (0 Comments)

Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, recoge en un informe, http://fecolper.com.co/wp-content/uploads/2020/08/Escudo-de-plumas.pdf varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa,  sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.

Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.

La reingeniería que realiza la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.

La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.

Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímilescondiciones logísticas y cotidianas particulares. “La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.

Preocupa, desde el punto de vista de DDHH, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.

En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta.

Bogotá, D.C, 18 de agosto de 2020

Fuente: Fecolper

Write comment (0 Comments)

Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar los recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no productoras de hidrocarburos.

Por Luis Fernando García Forero.- Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no, productoras de hidrocarburos.

Los senadores Richard Aguilar, Temistocles Ortega, de Cambio Radical; Jaime Durán Barrera y Guillermo García Realpe del Partido Liberal; José Berner Zambrano de la U, entre otros, alertaron ante la plenaria de la corporación, no aprobar dentro del articulado del proyecto en mención aspectos regresivos para los intereses de las regiones y municipios del país.  

“Preocupa que el Ejecutivo termine supliendo una obligación propia del Congreso, máxime cuando gran parte del articulado presentado por los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, no interpreta las necesidades de los departamentos, agudizadas por la crisis del coronavirus” destacó el senador Richard Aguilar quien a través de una carta que dejó como constancia en la corporación puso en alerta el peligro de dicha iniciativa contra los intereses de las regiones del país.

El senador Aguilar fue enfático en señalar que en el proyecto “El Gobierno propone la siguiente distribución del Fondo de Inversión Regional: 50% para distribución departamental y 50% para una bolsa concursable entre entidades territoriales de la región lo que va en contra de la descentralización y disminuye los recursos a los departamentos productores de hidrocarburos.

Puso como ejemplo que la Región Caribe dejaría de recibir el 57.8% de los recursos, por eso pidió ante la plenaria de la corporación la necesidad de insistir en que la distribución debe ser el 100% departamental.

$125.000 millones menos a Entes Territoriales

Dijo el senador Aguilar que la iniciativa gubernamental excluye a miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos, para otorgarles todo el poder a los ministerios sectoriales, los cuales, a pesar de desconocer las necesidades y realidades de los departamentos, terminarían tomando decisiones sobre iniciativas de importancia regional.

“La propuesta del Gobierno elimina las 6 secretarías técnicas de los Ocad regionales y traslada sus funciones al Departamento Nacional de Planeación” aseveró el senador Aguilar tras señalar que  la iniciativa centraliza los recursos que le pertenecen a las regiones “y como si fuera poco las entidades territoriales dejarían de recibir $125.000 de pesos”.

El senador liberal Jaime Durán Barrera instó a sus colegas a estar alerta ante la propuesta gubernamental, principalmente a los senadores de la Comisión Quinta de la corporación, para evitar que se le arrebaten los recursos que le pertenecen a los departamentos y municipios del país.

Gobierno sin facultades

El senador Temístocles Ortega fue contundente en señalar que el Ejecutivo hoy no tiene constitucionalmente facultades para dictar esa ley mediante decreto. “El Gobierno tenía plazo para presentar el proyecto hasta el 30 de marzo pasado, no lo hizo, por lo tanto las facultades vencieron” y agregó que el Congreso tiene todos los tiempos necesarios para dictar esa ley como si fuera un proyecto ordinario durante esta legislatura y la próxima.

Enfatizó que en el articulado “se rompe de tajo los recursos que le pertenecen a los entes territoriales”, por eso hizo un llamado al Gobierno para que “en un diálogo franco y sincero se mantenga la autonomía de las regiones y no se lleve a cabo una atentado contra los entes territoriales”.

El presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, dijo que se tendrán en cuenta todas las inquietudes que fueron expuestas no solo por los congresistas, sino por los mandatarios regionales y locales, a fin de ajustar el contenido del proyecto sin que se les quite recursos a las regiones y localidades del país.

Por último el senador Berner Zambrano pidió a la corporación pedirle formalmente al Gobierno que retire el proyecto.

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2020

Write comment (0 Comments)
Mientras la Minga indígena que llegó a Bogotá el fin de semana y desde el Palacio de los Deportes, donde se encuentra alojada, inició este lunes una marcha de protesta pacífica hasta la Plaza de Bolívar, donde le exigieron al presidente, Iván Duque, respuesta a sus demandas presencialmente, el jefe de Estado fue contundente en señalar que "nadie puede argumentar que se requieren aglomeraciones para ser escuchado", sin embargo, el alto comisionado para la paz,  Miguel Ceballos, anunció que este martes estará en el departamento del Cauca para reunirse con líderes de esa población.

Mientras la Minga indígena que llegó a Bogotá el fin de semana y desde el Palacio de los Deportes, donde se encuentra alojada, inició este lunes una marcha de protesta pacífica hasta la Plaza de Bolívar y le pidieron al presidente, Iván Duque, respuesta a sus demandas presencialmente, el jefe de Estado fue contundente en señalar que "nadie puede argumentar que se requieren aglomeraciones para ser escuchado", sin embargo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que este martes estará en el departamento del Cauca para reunirse con líderes de esa población.

La minga inició su marcha de protesta desde las horas de la mañana por las calles de la capital de Colombia, hasta concentrarse en la histórica plaza de Bolívar, donde se observó una manifestación llena de colorido y banderas representativas de los indígenas, mientras que los miembros de la Guardia sostenían en sus manos un bastón como representación de autoridad de mando.

Sobre la Minga el presidente Duque dijo además que las aglomeraciones pueden poner en riesgo la reactivación económica del país. "Incuban el camino a un rebrote (del covid-19). Un rebrote significa retrocesos, y aquí se trata de avanzar", destacó el jefe de Estado.

Agregó el presidente Duque que si bien los ciudadanos tienen frustraciones por los efectos de la pandemia, pidió a cambio marchar hacia la reactivación (económica) segura del país. “Hoy es cuando más debemos estar cohesionados como sociedad, a dejar las diferencias políticas", señaló.

Dijo que "No puede ser un momento para que sea la política, los intereses electorales o electoreros, o simplemente los antagonismos los que traten de fracturar el espíritu de recuperación" y anotó que su Gobierno está buscando la forma de "construir de manera legítima un diálogo concreto en un plan de desarrollo con un capítulo específico para las minorías, con inversiones que tengan un trazador presupuestal que supere las frustraciones de promesas incumplidas".

Alcaldesa pide al Presidente Duque escuchar Minga

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recibió a la Minga en la Plaza de Bolívar, le pidió al presidente Duque que los escuchara y dijo que "Bogotá desde ayer ha recibido a la Minga Indígena como se merece, con respeto. Agradecemos su organización para llegar hasta aquí como lo han hecho a lo largo de las calles de Colombia: con una organización ejemplar".

Finalmente la alcaldesa López dijo que "Todos en Colombia venimos de raíces indígenas. Gracias por cuidar nuestra tierra y el agua. Gracias por preservar la vida. Bienvenidos siempre a Bogotá", indicó López e hizo un llamado al presidente Iván Duque para que "escuche a la Minga y sus legítimas demandas".

Gobierno debe apoyar Alcaldía

Mientras llegaba el ocaso del primer día de la Minga indígena en la capital de Colombia, un juzgado administrativo rechazó la iniciativa de un grupo de dirigentes del centro democrático con el objeto de parar la manifestación, y al contrario, ordenó al Ministerio del Interior colaborar con la administración de Bogotá en la protección y desarrollo de la protesta pacífica de los indígenas.

“Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protección Social, que dentro de sus competencias constitucionales y legales, implementen las medidas administrativas tendientes a coadyuvar con el Gobierno del Distrito Capital, la atención a los integrantes de la Minga Indígena y la implementación de las medidas de Bioseguridad, entre estas, la entrega de tapabocas y disposición de lavamanos y gel antibacterial, en virtud del principio de coordinación del que trata el artículo 6 de la ley 486 de 1998”, destaca la orden del juzgado administrativo.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

Redacción Ecos Nacional.

Write comment (0 Comments)
La activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez es galardonada con el considerado Nobel Humanitario, el Premio Nansen para los Refugiados, que otorga Acnur, por su labor apoyando a víctimas de trata y explotación sexual. Muchas de ellas son refugiadas

La activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez es galardonada con el considerado Nobel Humanitario, el Premio Nansen para los Refugiados, que otorga Acnur, por su labor apoyando a víctimas de trata y explotación sexual. Muchas de ellas son refugiadas

Mayerlín Vergara Pérez lleva más de dos décadas trabajando en la Fundación Renacer contra la explotación sexual infantil.

El primer Premio Nansen se concedió a una mujer: Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y Primera Dama de Estados Unidos durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Eso sucedió en 1954, cuando la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) creo el galardón en honor de Fridjof Nansen, el que fuera primer Alto Comisionado para los Refugiados de la Liga de Naciones, entre 1920 y 1930, y Premio Nobel de la Paz en 1922. Él, que atravesó Groenlandia en esquís cuando nadie lo había hecho, en 1888, fue quien dijo aquello de "lo difícil es lo que toma algún tiempo; lo imposible, un poco más".

Algo une ahora a ambos personajes con Mayerlín Vergara Pérez (Sahagún, 1975). La activista colombiana ha sido distinguida con este reconocimiento, conocido como el Premio Nobel Humanitario, este 2020. Y erradicar la explotación sexual y ayudar a las víctimas en su país es una hazaña difícil pero menos imposible que hace dos décadas, cuando comenzó su trabajo para conseguirlo.

Con 18 años, Vergara comenzó a dar clases a niños de educación primaria en Cali. "Empecé a escuchar y conocer sus historias, que eran muy dolorosas. Muchos estaban en una situación muy vulnerable", rememora. "En una ocasión, les pedí que escribieran una carta de Navidad. Y un niño puso que pedía comida y una nevera porque en su casa no había". Aquello la marcó, pero fue dos años después cuando recibió el aldabonazo que empujó a la maestra al activismo. "Vivía ya en Cartagena y vi a dos críos de cuatro o cinco años consumiendo pegamento. Y le dije a Dios que me dedicaría a ayudarles". Por eso, cuando se trasladó a Barranquilla y vio que una ONG buscaba psicopedagoga en un anuncio en el periódico, no se lo pensó. "No tenía nada que ver conmigo. No sabía lo que era una ONG ni era psicóloga, pero sí era atrevida", ríe desde el despacho de ACNUR en La Guajira, donde hay buena conexión de Internet para mantener esta conversación por videoconferencia.

Mandó su currículo y al día siguiente se encontraba en una entrevista de trabajo en la que le explicaron que la organización trabajaba con niñas, y también chicos, víctimas de la explotación sexual. "Yo creo que necesitan una persona que los escuche", dijo ella. Aquella frase, asegura, le valió el puesto: 24 horas después, el 23 de julio de 1999, empezó como educadora nocturna en una de las casas de acogida de la Fundación Renacer, entidad en la que todavía trabaja. "Entraba a las seis de la tarde y salía a las ocho de la mañana. Ahí ves la cotidianeidad de los niños, también sus momentos de crisis porque sufren ansiedad por las drogas o por los recuerdos de la prostitución". Esa fue su tarea y su vida durante siete años.

"Me acuerdo hasta de sus nombres", reconoce a pesar del paso del tiempo. "Cuando llevaba dos meses, llegó una niña embarazada y tuvo a su hija. Hoy, 21 años después, aquel bebé estudia Sociología en la universidad", cuenta Vergara orgullosa, que también cursó la misma carrera. "No solo la salvamos a ella, sino a la siguiente generación, también a los otros tres hijos que ha tenido con su esposo", se emociona.

Tras ese período, se mudó a Cartagena, donde su labor fue distinta. Pasó de recomponer vidas rotas a tratar de prevenir el problema. Comenzó a diseñar programas de formación y sensibilización, para profesores y agentes del sector turístico. "Fue duro que los hoteleros se vieran como parte del problema, para poder ser parte de la solución", reconoce. De aquel esfuerzo nació la estrategia La muralla soy yo para luchar contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

Este trabajo de concienciación es muy importante, defiende la activista. "Los abusos los perpetran los padres, algún familiar. Y la gente está sensibilizada. Pero en el caso de la explotación y de la trata, se piensa que les gusta, que ganan mucha plata y que incluso el proxeneta las está ayudando", explica. Para acabar con este delito y vulneración de los derechos de las menores, es crucial que profesores, líderes comunitarios, empresarios, todos, aprendan a identificar a las víctimas. "Antes la encontrábamos en las calles, pero ahora están en las aulas", apunta. "Siempre que organizamos talleres en escuelas, encontramos casos de trata, explotación y abuso".

Ella ha aprendido a identificar a las víctimas con la experiencia de los años. Luego, viene todo lo demás. Un "duro proceso" de acercamiento y construcción de confianza. "Vamos a los sitios donde sabemos que se establecen contactos o se produce la propia explotación. Nos sentamos junto a las chicas y empezamos a conversar de cualquier cosa. Pero somos adultas desconocidas, y normalmente son adultos los que han vulnerado sus derechos", detalla Vergara. Después, les hablan del programa de la Fundación Renacer. Algunas se unen rápido y a otras les lleva semanas o meses dar el paso. "No es fácil para ellas ir al proceso terapéutico". Cuando lo hacen, empieza otro capítulo.

En el caso de la explotación y de la trata, se piensa que les gusta, que ganan mucha plata y que incluso el proxeneta las está ayudando.

Una vez son acogidas por la organización, "lo primero es que se sientan en casa". Después vendrá lo de hablar, las sesiones para expresar sus emociones y llorar para sanar. "Ellas son mis heroínas, ellas son las que se merecen este premio". El reconocimiento es mutuo. Las supervivientes escriben frecuentemente cartas de agradecimiento a Vergara. "En los momentos tristes pienso en que muchas de las niñas, sin nuestro trabajo, estarían muertas por suicidio o asesinadas por delincuentes".

Hace dos años, Vergara volvió a cambiar de rumbo, pero no de meta. En 2018 visitó La Guajira para redactar un informe de situación y evaluar si la Fundación debía abrir allí un programa.

“Lo que he visto allí es lo más duro que he visto en mi tiempo en la organización", afirma. En este departamento fronterizo con Venezuela, el cuarto más pobre de Colombia, reside la mayor concentración de refugiados y migrantes venezolanos en el país. Representan el 16% de la población total, según datos de ACNUR. "Encontramos niñas captadas para ser explotadas, niñas que atraviesan solas las trochas, pasos fronterizos informales, caminos peligrosos en los que sufren abusos, y acaban siendo prostituidas. Niñas conviviendo con señores que les triplican la edad a cambio de comida y vivienda. Niñas que con 12 o 13 años te dicen que no quieren vivir".

Motivos había. Pero, ¿quién iba a encargarse del programa? Vergara se ofreció y se mudó a Riohacha donde, en abril de 2019, abrió el Centro de Atención Internado de la Fundación Renacer. Era la primera vez que afrontaba un reto similar y temía no hacerlo bien. Pero consiguió una casa adecuada, con espacios amplios donde las niñas pudieran jugar y otros donde poder estar solas. "Tuvimos que construir una cocina, baños y una zona de lavandería porque antes era un colegio y no había". Para ello, recibió ayuda de Acnur, y también de Unicef y de la Organización Internacional de Migraciones.

En el Centro de Atención Internado de la Fundación Renacer en Riohacha, La Guajira, residen actualmente 31 niñas y un niño.

La primera inquilina fue una niña indígena wayú venezolana. "Había sido víctima de abuso sexual desde chiquita y después de explotación. Antes de que abriésemos la casa nos escribía mensajes diciendo que se quería morir", recuerda Vergara. "Es que es muy duro. Es tanto daño el que se les  hace a las niñas, y también a los niños", se emociona. Desde entonces, el centro ha atendido a 75 de ellas, de las que 18 eran víctimas de trata. "Las captan en Venezuela, las llevan a casas donde están tiradas en colchones en el suelo y son explotadas", describe. "Otras llegan solas y son captadas aquí", continúa.

Su trayectoria, pero especialmente esta última etapa en La Guajira, ha sido clave para ser reconocida con el Premio Nansen para los Refugiados, dotado con 150.000 dólares. Vergara ya sabe a qué los va a dedicar: "Voy a proponer comprar la casa en la que estamos de arriendo". Toda ayuda es bienvenida y, a la luz de los datos, necesaria. Entre 2015 y 2019, el número de víctimas de trata de personas identificadas en Colombia aumentó en un 23%. Y solo en los primeros cinco meses de 2020, las autoridades colombianas ya habían registrado un aumento del 20% entre las víctimas de trata de personas no colombianas con respecto al número total de víctimas de todo 2019.

Además del cheque, para Vergara, el premio tiene otro valor: el de la visibilidad de su causa. El Comité que decide quién es premiado, formado por representantes del Gobierno noruego, el suizo, el Consejo de Europa y el Presidente del Comité Ejecutivo de ACNUR, entre otros, ha decidido que este año, Vergara sea la protagonista en la ceremonia de entrega el próximo día 5 de octubre, virtual esta edición, que se transmitirá en español en el canal de YouTube del ACNUR. La gala contará con la participación del Ato Comisionado, Filippo Grandi, Isabel Allende, Angelina Jolie, el actor mexicano Alfonso Herrera como conductor del evento, así como el cantante colombiano Juanes.

Justo a Vergara, por primera vez en la historia del galardón, otras cuatro mujeres serán reconocidas con los Premios Nansen Regionales: Francoise Sabuni Chikunda, una maestra de escuela para refugiados de la República Democrática del Congo que vive en Uganda; Rozma Ghafouri, una refugiada afgana que vive en Irán, aspirante a futbolista que usa su amor por el deporte para sacar a los niños refugiados de las calles y llevarlos al aula; Tetiana Barantsova, una activista de Ucrania, cofundadora de AMI-Skhid, una ONG que aboga por el cambio y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las personas discapacitadas desplazadas internamente; y Rana Dajani, científica y madre de cuatro hijos que busca conseguir que la lectura y el aprendizaje sean accesibles para los niños refugiados.

Bogotá, D. E, 12 de octubre de 2020

Alejandra Agudo. El País.

Foto: ACNUR.

Write comment (0 Comments)
Ante organizaciones sociales y representantes de más de 124 cabildos que tienen asiento en el departamento del Cauca, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís,  fue contundente en señalar que “La Defensoría  no es un apéndice de ningún partido político, tenemos un carácter autónomo y estamos prestos a trabajar con los 50 millones de compatriotas. Esa será la política que defenderemos desde la dirección de nuestra administración”.

Ante organizaciones sociales y representantes de más de 124 cabildos que tienen asiento en el departamento del Cauca, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís, fue contundente en señalar que “La Defensoría no es un apéndice de ningún partido político, tenemos un carácter autónomo y estamos prestos a trabajar con los 50 millones de compatriotas. Esa será la política que defenderemos desde la dirección de nuestra administración”.

Agregó que “La Defensoría del Pueblo es articuladora, mediadora y un medio para que ustedes acudan en defensa de sus derechos porque es la casa de todos los colombianos”, le expresó Camargo a los cabildos indígenas del Cauca.

Camargo Asís, quien estuvo presente en territorio caucano, destacó que es defensor de la vida, los derechos de todos los colombianos y de la protesta social de manera pacífica.

Dijo que la Defensoría del Pueblo es una institución para que la relación con los ciudadanos “esté llena de verdades, de mucha claridad, entendimiento, de labor, donde establezcan relaciones respetuosas y llamemos a las cosas por su nombre".

Enfatizó Camargo Asís que “En el ejercicio las protestas pacíficas, la Defensoría brindará todas las garantías para su realización, pero insisto, pacíficamente y no por las vías de hecho”.

El Defensor del Pueblo mostró su preocupación por los asesinatos registrados en el país los últimos meses y expresó su solidaridad con las familias y la comunidad. “Toda mi solidaridad con las víctimas. Las estaremos acompañando en cada una de sus reclamaciones y en cada una de sus peticiones”, señaló.

Fue preciso en destacar que La Defensoría del Pueblo está para salvaguardar a los que no tiene voz, “Allí estaremos para cuando nos necesiten”, dijo, al expresar que “estoy presente en el departamento del Cauca para escucharlos, y saber de sus necesidades, preocupaciones y peticiones. Son temas que deben ir de la mano de la seguridad ciudadana”.

Indígenas del Cauca

Durante la visita al Cauca líderes sociales manifestaron que el Estado está desconociendo el tema de la fumigación aérea y las acciones de tutela. El tema de la fumigación está prohibida. Así lo dio a conocer el comité del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante reunión con el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.

“El ministro de defensa, miente y continúa mintiendo afirmo; José Gerardo, líder de los estudiantes “revictimizando a las víctimas”. Y le dijo al Defensor “Usted puede ser un aliado de las instituciones, de nosotros, de los Derechos Humanos, lo que queremos es pedir garantías para cada uno de los sectores que protestan, para todos los estudiantes. Necesitamos una Defensoría que esté en el terreno, necesitamos a la Defensoría en la interlocución” manifestó el líder indígena.

Movilizaciones a partir del 5 de octubre

Líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), anunciaron movilizaciones que empezarán el día 5 de octubre, las acciones son la toma de la vía panamericana, así lo dio a conocer uno de los líderes del CRIC.

“Preferimos morirnos en las vías, a seguir esperando que el Gobierno nos cumpla, el tema de las tierras, el tema de la educación, el tema de la salud. Cómo desde la Defensoría Nacional, nos ayuda a que el Gobierno no sea mentiroso. Cómo nos ayuda para que todas las movilizaciones no sean infiltradas por la fuerza pública, que no nos saboteen las marchas. La defensoría debe ser garante para que no nos pase eso” dijo.

Indígenas del Cauca

Agregaron que “sí el gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la república no hace presencia en el Cauca, nosotros estaremos marchando hasta Cali, luego recorremos los demás municipios hasta llegar a la ciudad de Bogotá, aquí salimos mil o dos mil o tres mil y en el camino hay comunicación con los demás compañeros que nos vamos a apoyar mutuamente en esta lucha y somos miles los que estamos reclamando la presencia del presidente, no más ministros afirmaron”.

Destacaron que “Aquí en el proceso de paz en el 2018 estaba llegando gente de todo el mundo a visitarnos, al tema turístico, al tema de conocer nuestras culturas, se estaba reactivando la economía del Cauca, abandonaron el proceso de paz y la reglamentación de los acuerdos y ya tenemos, toda clase de grupos al margen de la ley, disidencias, águilas negras, los tales gaitanistas, y muchos sectores amenazando a nuestros indígenas”.

El defensor del Pueblo Carlos Camargo Asis, afirmö que el sistema de alarmas tempranas lo estamos implementando, para que sea una realidad, es una prioridad de la defensoría, tenemos que actuar de manera anticipada, tenemos que fortalecer las comunicaciones de la defensoría con todos los ´pueblos indígenas y demás.

Dijo que “Nosotros no vamos a funcionar como convidados de piedra, vamos a convocar la mesa nacional de garantías, la mesa regional de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2020

Por William Acero Arango

Write comment (0 Comments)
En su primera reunión la Mesa de Urgencia, que debe entregar el informe al alto tribunal este 30 de septiembre, los integrantes destacaron la importancia de mantener las expresiones de protesta pacífica protegidas aunque garantizando que los cuerpos armados ni los ciudadanos no excedan los límites del uso de fuerza.

El Gobierno Nacional, la Policía, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá avanzan en el objetivo de crear un protocolo que permita garantizar el derecho a la protesta en Colombia y que responda a las instrucciones que pidió un auto del Tribunal de Cundinamarca.

“Las expresiones pacíficas y ordenadas de los ciudadanos deben ser siempre garantizadas y protegidas en el marco de nuestra Constitución. Pero también tenemos que ser claros en que, bajo ninguna circunstancia, podemos dejar que las expresiones de violencia, de vandalismo, de terrorismo, afecten los derechos de los ciudadanos”, sostuvo el presidente.

En su primera reunión la Mesa de Urgencia, que debe entregar el informe al alto tribunal este 30 de septiembre, los integrantes destacaron la importancia de mantener las expresiones de protesta pacífica protegidas aunque garantizando que los cuerpos armados ni los ciudadanos no excedan los límites del uso de fuerza.

Fundamentalmente los protocolos buscan crear nuevos procedimientos con respecto al uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades y vigilancia, temas que serán incluidos en el informe.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López fue una de las primeras funcionarias en señalar el acatamiento del fallo del dicho tribunal y dijo que dicho protocolo debe ser sancionado por el jefe de Estado.

Según la mandataria capitalina se pretende establecer “las garantías a la protesta social, la regulación del uso de la fuerza en las mismas y la prevención y sanción del abuso de la fuerza”.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2020

Redacción Ecos Nacional

Write comment (0 Comments)
La firma del Acuerdo Final de Paz  entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes en la historia de Colombia, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental en la búsqueda del camino de la paz, se ha truncado por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Por Luis Fernando García Forero.- La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia republicana, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental que dejó en el pasado una inmensa mancha de sangre, se está truncando por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Los diferentes foros de la democracia, empezando por el Congreso de la República, son a diario escenarios de altas controversias entre militantes de partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, que se refleja no solo en las sesiones virtuales de Senado y Cámara, sino en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los ciudadanos, en párrafos con videos y ofensas, en uno y otro sentido, alimentan aún más las posiciones extremas de nuestro Estado Social de Derecho.

Dicho Acuerdo de Paz, cuyas negociaciones se iniciaron en La Habana el 26 de agosto del 2012 y concluyeron el 26 de septiembre del 2016, giraron en torno a una reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades bilateral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los mecanismos de implementación y verificación.​ De estos temas, además de la firma del fin del conflicto, la participación política de los excombatientes, implementación de lo pactado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha tenido contradictores en la aplicación de sus objetivos, es lo que ha ha funcionado; el resto, aún está pendiente.

Pero la firma de ese fin del conflicto, que dejó 261.619 muertos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica y que llenó de optimismo a millones de colombianos con el aplauso de la comunidad internacional, empezó a flaquear por una decisión política, pero de una inmensa vocación democrática de Juan Manuel Santos que resultó inversamente proporcional a la paz: una consulta popular para refrendar lo pactado le resultó en contra: el 50,2% votó No al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que votó por el Sí, con una abstención de más del 60%.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, encabezó la campaña por el No al Acuerdo que resultó ganador en las urnas, con el argumento que no se podía aceptar esa negociación porque llevaba a la impunidad a exguerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad.

Génesis de la Polarización

La campaña entre los del Sí y los del No fue el génesis, desde el punto de vista político, de la polarización y que aún estamos viviendo en Colombia. El Gobierno de entonces encabezó la defensa del Acuerdo mientras que la oposición se limitó a buscar adeptos en las urnas para negar lo firmado en Cartagena de Indias como resultado de las negociaciones de La Habana.

"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, al señalar que la estrategia usada para ganar el plebiscito fue basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y con objetivos para cada estrato social.

La pregunta para responder ante las urnas era: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?​

La comunidad internacional se preguntaba ¿Cómo es posible que un país rechace un acuerdo que le puso fin a un conflicto armado con más de medio siglo y que la costó la vida a más de 200.000 personas en un pacto que fue negociado arduamente durante cuatro años?

Ante esas circunstancias el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo que "renegociar" el Acuerdo, considerando las objeciones de los opositores para poder viabilizar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones.

Santos decidió convocar a todas las fuerzas políticas, lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. Los protagonistas de los diálogos fueron las organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y otros actores que hicieron campaña por el NO, así como aquellos que promovieron el SÍ.

Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se realizó en el Teatro Colón en Bogotá la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño.

Implementación a medias

El desarrollo de la implementación del Acuerdo no ha sido el esperado porque no se ha aceptado, por parte de ciertos sectores adeptos al actual gobierno, que el desarrollo de la verdadera figura jurídica sostén del pacto firmado: la Justicia Transicional, avance, tema que es parte de la polarización.

El trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, está catalogado como el corazón y la razón no solo de la firma del fin del conflicto, sino de abanderar jurídicamente el camino de la reconciliación con base en la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. La JEP es la protagonista para aplicar justicia a los actores de esa guerra: excombatientes de las Farc, Militares y Policías, así como agentes del Estado y que tuvieron que ver con sus actos en el conflicto armado.

El afán para acabar con la JEP, desde sectores políticos adeptos al Gobierno, ha sido constante, pero no han podido. En medio de las críticas, es un tribunal que sigue empeñado en lograr sus objetivos y donde por estos meses ha estado recibiendo declaraciones de exdirigentes de la extinta guerrilla que han respondido a temas como el reclutamiento de menores y el secuestro, del cual reconocen que fue un error, por eso pidieron perdón.

Polarización y violencia

Cuando se cumplen 48 meses de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc hecho que dio inicio a una esperanza que le cambiaría el rumbo a la patria, lo que se observa es todo lo contrario: polarización política, masacres, decretos con fuerza de ley cuestionados porque se ha beneficiado a unos  sectores más que a otros, donde la pobreza aumenta en medio de muertes por el coronavirus y el abuso de la fuerza policial deja sin vida a ciudadanos inocentes, son más indicadores que señalan que el Acuerdo está ausente de Paz.

Desde el ámbito político, la administración del Gobierno Duque ha fortalecido aún más el sistema presidencialista, como se pudo observar con la designación de los jefes de los máximos organismos de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que giran en jurisdicción del Ejecutivo.

No hay control verdadero porque no hay consenso para el dialogo, por eso las protestas que se están generando en las calles de las principales urbes del país terminan en acciones vandálicas y en muertos inocentes, participen o no, de las manifestaciones. De otra a parte desde la firma del fin del conflicto han caído asesinados más de 200 exguerrilleros de las Far que entregaron las armas e ingresaron a la democracia, como producto del Acuerdo.

Los fallos de los altos tribunales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta “pacífica y no destructiva”, lleva a que la respuesta del Ejecutivo sea la de pedirle a la Corte Constitucional que revise dicha sentencia.

Vamos mal. Los líderes de las fuerzas políticas, de partidos de Gobierno y Oposición, dejan el eco del tome y dame verbal en las plataformas virtuales de las sesiones de Senado y Cámara, lo mismo en las corporaciones regionales y territoriales, advirtiendo que el presente político es un campanazo para la campaña electoral a iniciarse en el 2021, ya que no va a tener las garantías ni para los candidatos ni para los votantes. Las cifras lo dicen: en lo que va corrido del 2020, han ocurrido 248 actos violentos contra dirigentes políticos y sociales, destaca la Misión de Observación Electoral, MOE. Entre tanto desde la firma del Acuerdo, han asesinado a 220 excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas e ingresaron a la vida civil.

Dos artículos de la constitución dan las suficientes herramientas al Gobierno para un dialogo con todas las fuerzas políticas que permitan un consenso y enderecen el camino de la reconciliación en Colombia: Que el jefe de Estado es el símbolo de la Unidad Nacional y que la paz es un mandato constitucional. Eso se debe cumplir.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre del 2020

Write comment (0 Comments)
Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

El contralor general de la república Carlos Felipe Córdoba Larrarte, le abrió paso a la participación ciudadana para incentivar el cuidado y defensa de los recursos públicos, como mecanismo pedagógico en la lucha contra la corrupción a nivel local, regional y nacional.

Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

Según el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, “La Contraloría busca llegar con un lenguaje visual atractivo y moderno a los colombianos, en cualquier región del país, buscando que entiendan los mecanismos y herramientas con las que cuentan para cuidar de los recursos que son de todos”.

Expo Ciudadanía 5.0, funcionará entre nueve de la mañana y las siete de la noche, durante los 4 días, y tendrá como objeto promover el control social y participativo a través de una estrategia de pedagogía ciudadana.   

Durante los días del evento, donde estarán ocho stands de manera virtual, usted podrá interactuar con temas relacionados con la nueva función de control preventivo y concomitante que ejerce la CGR. También enterarse de las actividades de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia” y temas como Elefantes Blancos, la APP “ControlAPP”, veedurías y redes sociales, entre otros.

Chat con respuestas en tiempo real

Los ciudadanos que se conecten a esta Feria Virtual podrán conocer los resultados o logros obtenidos por la Contraloría, gracias a su participación activa, de manera individual o de forma organizada, en veedurías.

“Cada stand tendrá activado un chat con respuesta en tiempo real a todas las inquietudes de los ciudadanos e igualmente, podrán denunciar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, según lo anunció Rossana Payares, Directora de la Oficina de Comunicaciones del organismo de control.

Se espera una masiva asistencia de diversos públicos a Expo Ciudadanía 5.0, que van desde jóvenes de colegios y universidades, veedores, empleados del sector público y privado y ciudadanía en general.

Plataforma virtual y otras herramientas tecnológicas

La Contraloría General de la República es pionera en incursionar en el campo de las ferias virtuales con Expo Ciudadanía 5.0.

Para esta Feria se ha implementado un desarrollo tecnológico de primer nivel que incluye la plataforma de realidad virtual “Level Tech”, servidores cloud de Google, video llamadas, avatares e interacciones con contenido digital.

La Invitación

“Queremos que seas parte de este espacio participativo, creado para que conozcas a fondo la labor de la Contraloría General de la República y las diferentes herramientas con las que cuentas para vigilar los dineros que son de todos, de la mano de la Contraloría.

Una vez te registres tendrás acceso a los pabellones donde podrás conocer más de la Contraloría General de la República, los logros y resultados obtenidos de la mano de muchos colombianos que han participado en el Control Fiscal Participativo.

Haz clic aquí para inscribirte:

https://sistema.level-tech.co/forms/expociudadania/

Si requieres información adicional, comunícate con nuestra línea de atención 3213903375 y 3204338027”

Bogotá, D. C, 7 de agosto de septiembre de 2020

Fuente Contraloría General de la Nación

Write comment (0 Comments)
En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Por Luis Fernando García Forero.- En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Todo se desprende porque en materia de recursos para esos sectores, los rubros, dentro del articulado del proyecto en mención y tal como lo presentó el Ejecutivo, son insuficientes para atender esos aspectos en el desarrollo local, regional y nacional.

Invertir en Medicina Preventiva

Según la iniciativa gubernamental la inversión prevista para la salud es grave, solo serían $745.000 millones, cifra que no representa el costo necesario para seguir atendiendo la pandemia, no solo si se extiende el año entrante, sino por los costos de la vacuna para contener el coronavirus.

Sobre ese tema congresistas de diferentes bancadas insisten en señalar que Colombia no puede seguir cometiendo el error de dejar a un lado la inversión en materia de medicina preventiva, los recursos se deben ajustar a una verdadera reforma al sistema de salud en el territorio nacional.

Agradecidos con el campo

Otro de los sectores que se quiere llevar el primer puesto en recursos en el PGN y que es impulsado por las comisiones quintas de Senado y Cámara es el sector agropecuario, sin embargo  en la propuesta gubernamental los recursos bajan comparado con el 2020.

“Tenemos que estar agradecidos con el sector agropecuario en estos momentos de crisis, no nos faltó el alimento y desafortunadamente el Gobierno, mientras que este año el sector contó con $1,9 billones, para el 2021 lo bajan a $1,7 billones, es decir, una reducción del 10,5 %.”, sostuvo a instancia de www.ecospoliticos.com el presidente de la Comisión V del senado Guillermo García Realpe.

En las reuniones de dichas comisiones, para analizar el tema presupuestal del campo, los congresistas anunciaron que van a insistir para que se aumenten recursos a ese sector de la economía colombiana.

Deporte: Inversión

Otro de los aspectos que preocupa tanto a representantes como a senadores son los insuficientes recursos en un nuevo ministerio, el del deporte, cuyo monto a consideración de las cámaras asciende a $436.641 millones para el 2021, cuando en este año logró $863.451 millones.

En varias reuniones del ministro del deporte Ernesto Lucena y la viceministra Lina Barrera en las diferentes comisiones del Congreso, se ha destacado la preocupación por el bajonazo presupuestal en el deporte y recreación a nivel nacional.

El presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara, José Elvert Hernández, anunció un intenso trabajo legislativo para lograr aumentar los recursos suficientes que permitan tener la máxima cobertura en el territorio nacional con obras de infraestructura deportiva y estímulos con escuelas de formación deportiva a todos los niños y jóvenes del país.

“Injusto que en el Presupuesto 2021 disminuyan al deporte más del 50 %. Bajar de $863.451millones a $436.641 es un nocaut a niños y jóvenes que son el futuro de la patria. Asumo en el Senado la vocería para asignar los recursos suficientes a un sector que le ha dado triunfos y glorias a Colombia”, señaló el primer vicepresidente del senado Jaime Durán.

Entre tanto el ministro del deporte, Ernesto Lucena, destacó ante los congresistas que “el deporte es una inversión”.

Más recursos para cultura

Otra de las partidas que se analiza para que tenga un considerable aumento es el que tiene que ver con el sector cultura. Uno de los coordinadores ponentes de dicha iniciativa es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez,  quien dijo que los recursos previstos para ese sector y que ha sido bastante golpeado por la pandemia, baja de $365.000 millones a $349.000 millones. “Vamos a ver cómo aumentamos esa partida para el presupuesto del Ministerio de Cultura”, afirmó el congresista antioqueño.

Como siempre en todo trámite del proyecto del PGN, se empiezan a mover no solo los ministros para lograr el máximo de beneficios en cada uno de los sectores institucionales, sino también los congresistas que en esta oportunidad lo harán a través de la virtualidad, no sin antes teniendo en cuenta a Ciencia y Tecnología, que en cualquiera de los sectores es fundamental en el desarrollo de la nación, aún más en tiempos del covid19, para darle un nuevo aire a la vida de los colombianos.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020.

Write comment (0 Comments)
La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Por Luis Fernando García Forero.- La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Es inconcebible que 130 pensionados, que toda una vida se la dedicaron a la empresa, que en otrora, fue la productora de abonos nitrogenados para el agro colombiano, a la fecha tengan en mora el pago de 53 mesadas pensionales, las cuales ascienden aproximadamente a $3.000 millones.

A través de www.ecospoliticos.com, pensionados y trabajadores de la empresa, han anunciado instancias internacionales, "si la justicia colombiana no atiende sus reclamos,  que hasta el momento han quedado en el aire, porque aún no hay respuestas, ya que se ha denunciado ante todas las entidades del Estado, incluyendo a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta misivas al Presidente Iván Duque Márquez, y no ha habido respuestas, menos solución", señalaron los pensionados.

Lo peor del caso, “es que en Fiduagraria hay un patrimonio autónomo de $9.000 millones cuyo objetivo único es cumplir con la conmutación pensional total de los 130 pensionados, que figuran en el cálculo actuarial”.

Crónica de una tortura

Hagamos un breve recuento sobre el caso de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A., diciendo que debido a su mala situación financiera se acogió a ley 550 en el año 2.002; que ésta empresa es propiedad del departamento de Santander, pues la administración departamental posee más del 99% de sus acciones, y por tanto su máxima autoridad es el señor Gobernador del Departamento.

La empresa paraliza su operación productiva en febrero 27 de 2017, debido al no pago oportuno a su proveedor del gas natural que utiliza la empresa, tanto para la generación de energía, como para la producción de abonos nitrogenados, por tanto a partir de ese momento los trabajadores activos quedan a la deriva en su funciones operacionales, es bueno aclarar que la empresa tenía en vigencia un acuerdo de reestructuración el cual era monitoreado por un promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, el cual había sido nombrado desde sus inicios por la Superintendencia de Sociedades, el tiempo sigue trascurriendo y los dueños de la empresa no se dan por aludidos sobre el problema que tienen en sus manos y que necesita de pronta solución, pues esto puede ocasionar en un futuro un daño patrimonial al departamento.

El día 31 de diciembre de 2018, vence el plazo para el cumplimiento de lo pactado en el documento del acuerdo de reestructuración, el cual tenía como fecha definitiva de terminación el día 30 de junio de 2019. En este documento existía un compromiso de completar por la empresa los dineros faltantes para llevar a cabo la conmutación pensional total y el encargado de llevar a cabo dicha acción, era el señor Gerente Carmelo Reyes Herazo, quien debía antes del 31 de dic/2018 manifestarle al señor Fabián Rolando Méndez Cáceres que dineros se requerían para junto con los dineros existentes en Fiduagraria, se completara el patrimonio requerido para  llevar a cabo la tan anhelada y esperada conmutación pensional total. Vale resaltar que dichos aportes faltantes los debía el señor Fabián Rolando por saldo pendiente de pago a Ferticol por la compra del lote No. 2.

La Liquidación

El día 4 de abril de 2019, el promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, cita a asamblea general de acreedores y ese día los asambleístas deciden que FERTICOL debe ser liquidada por incumplimiento permanente en los compromisos que se pactaron en las sucesivas prórrogas del acuerdo de reestructuración, después de deliberar largamente se procede a la elaboración de la respectiva acta, en la cual constan las razones para la liquidación y cierre de la empresa, dicho documento se protocoliza en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y se envía a la Superintendencia de Sociedades para que allí se realice el trámite respectivo. Después de transcurridos algunos días dicha solicitud es estudiada por la Superintendencia, quienes conceptúan que por ser FERTICOL una empresa con mayoría de acciones del estado, es a la gobernación de Santander a quien le corresponde llevar a cabo su proceso de liquidación y nombramiento del liquidador.

En estas condiciones pasan la pelota al gobernador, Didier Tavera Amado, quien hace el intento en dos ocasiones de que la asamblea le apruebe el proyecto de ordenanza que lo autorice para llevar a cabo el cierre y liquidación de la empresa y le asigne recursos para llevar a cabo dicha actividad, pero recordemos que estamos en año electoral y todos los actores están enfrascados en lograr para cada bando la mejor conveniencia, Ferticol para ellos es un negocio de poca monta y no produce votos y nadie quiere cargar a hombros dicho muerto, por tanto termina el año 2019 sin pena ni gloria para trabajadores activos que están en la calle sin pago de salarios y pensionados que desde dic/2016, no les cancelan mesada pensional alguna, debiéndoles a la fecha más de 53 mesadas.

Pero para rematar el año 2019, el flamante gerente de la empresa Carmelo Reyes Herazo que debía haber cumplido unos compromisos pactados en el acuerdo de reestructuración que venció el 31 de dic/2018, como era el pago de salarios de trabajadores y completar el dinero faltante para llevar a cabo la conmutación pensional, no hace efectivas dichas acciones y en cambio para cerrar el año fiscal con broche de oro,  el día 23 de DICIEMBRE de 2019, mediante la firma del  “ACTA NUMERO 004-2019. COMITÉ FIDUCIARIO. FIDEICOMISO LOTES FERTICOL”, hace los siguientes movimientos:

  1. Firma actas de acuerdos de conciliación con 70 trabajadores por valor de $14.845.049.822

y a la EMPRESA INVERSORA SANTAMARIA por suministro de bienes y servicios por su convenio de cuentas en participación se le pagan $5.667.349.040, liberando de esta manera la deuda que tenía pendiente de pago el señor Fabián Rolando Méndez Cáceres y que tenía pendientes de pago laborales con anterioridad a esta fecha, como estaban acordados en el acuerdo de reestructuración que venció en dic 31/2018. 

Olla Raspada

  1. Nos preguntamos, qué interés tendrían los partícipes de este negociado para ejecutar estos pagos extemporáneos cuando la empresa estaba técnica y jurídicamente cerrada desde abril 4/2019 por decisión de su asamblea de acreedores?, y en cambio se hacen y ejecutan pagos en dic/2019, esto no huele bien.
  2. Esperamos que su nuevo gerente Juan Carlos Sierra Ayala, lleve a los entes de control la revisión de las anormalidades encontradas y causadas por los anteriores administradores, creemos que el famoso Comité Fiduciario en el cual no tuvieron cabida representantes de trabajadores y pensionados debe responder por lo sucedido.
  3. ¿Lo lamentable del cuento es que dejaron la olla raspada y ahora de donde saldrán los dineros requeridos para el pago de salarios y prestaciones de trabajadores y nómina de pensionados? El único activo de la empresa son las cuantiosas demandas que tiene pendientes de cumplir y cursan en los distintos juzgados y demás deudas con los distintos acreedores.

Iniciamos el año 2020, con  nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, quien en campaña electoral había ofrecido a sus posibles electores la reactivación de la empresa y posteriormente en visita a Barrancabermeja, manifestó que sencillamente cumplirá con el legado que le dejo su antecesor, esto es el cierre y liquidación de la empresa y a fecha de hoy, esto es hace 8 meses de su posesión, solamente tiene la intención pero nada se concreta en realidad, pues en la asamblea departamental no existe el proyecto de ordenanza para el cierre y liquidación definitiva de la empresa, recordemos el tiempo pasa y la Gobernación de Santander será el único responsable de pagar las obligaciones contraídas por dicha empresa.

Bogotá, D. C, 19 de 2020

Write comment (0 Comments)
Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, recoge en un informe, http://fecolper.com.co/wp-content/uploads/2020/08/Escudo-de-plumas.pdf varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa,  sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.

Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.

La reingeniería que realiza la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.

La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.

Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímilescondiciones logísticas y cotidianas particulares. “La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.

Preocupa, desde el punto de vista de DDHH, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.

En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta.

Bogotá, D.C, 18 de agosto de 2020

Fuente: Fecolper

Write comment (0 Comments)
Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar los recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no productoras de hidrocarburos.

Por Luis Fernando García Forero.- Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no, productoras de hidrocarburos.

Los senadores Richard Aguilar, Temistocles Ortega, de Cambio Radical; Jaime Durán Barrera y Guillermo García Realpe del Partido Liberal; José Berner Zambrano de la U, entre otros, alertaron ante la plenaria de la corporación, no aprobar dentro del articulado del proyecto en mención aspectos regresivos para los intereses de las regiones y municipios del país.  

“Preocupa que el Ejecutivo termine supliendo una obligación propia del Congreso, máxime cuando gran parte del articulado presentado por los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, no interpreta las necesidades de los departamentos, agudizadas por la crisis del coronavirus” destacó el senador Richard Aguilar quien a través de una carta que dejó como constancia en la corporación puso en alerta el peligro de dicha iniciativa contra los intereses de las regiones del país.

El senador Aguilar fue enfático en señalar que en el proyecto “El Gobierno propone la siguiente distribución del Fondo de Inversión Regional: 50% para distribución departamental y 50% para una bolsa concursable entre entidades territoriales de la región lo que va en contra de la descentralización y disminuye los recursos a los departamentos productores de hidrocarburos.

Puso como ejemplo que la Región Caribe dejaría de recibir el 57.8% de los recursos, por eso pidió ante la plenaria de la corporación la necesidad de insistir en que la distribución debe ser el 100% departamental.

$125.000 millones menos a Entes Territoriales

Dijo el senador Aguilar que la iniciativa gubernamental excluye a miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos, para otorgarles todo el poder a los ministerios sectoriales, los cuales, a pesar de desconocer las necesidades y realidades de los departamentos, terminarían tomando decisiones sobre iniciativas de importancia regional.

“La propuesta del Gobierno elimina las 6 secretarías técnicas de los Ocad regionales y traslada sus funciones al Departamento Nacional de Planeación” aseveró el senador Aguilar tras señalar que  la iniciativa centraliza los recursos que le pertenecen a las regiones “y como si fuera poco las entidades territoriales dejarían de recibir $125.000 de pesos”.

El senador liberal Jaime Durán Barrera instó a sus colegas a estar alerta ante la propuesta gubernamental, principalmente a los senadores de la Comisión Quinta de la corporación, para evitar que se le arrebaten los recursos que le pertenecen a los departamentos y municipios del país.

Gobierno sin facultades

El senador Temístocles Ortega fue contundente en señalar que el Ejecutivo hoy no tiene constitucionalmente facultades para dictar esa ley mediante decreto. “El Gobierno tenía plazo para presentar el proyecto hasta el 30 de marzo pasado, no lo hizo, por lo tanto las facultades vencieron” y agregó que el Congreso tiene todos los tiempos necesarios para dictar esa ley como si fuera un proyecto ordinario durante esta legislatura y la próxima.

Enfatizó que en el articulado “se rompe de tajo los recursos que le pertenecen a los entes territoriales”, por eso hizo un llamado al Gobierno para que “en un diálogo franco y sincero se mantenga la autonomía de las regiones y no se lleve a cabo una atentado contra los entes territoriales”.

El presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, dijo que se tendrán en cuenta todas las inquietudes que fueron expuestas no solo por los congresistas, sino por los mandatarios regionales y locales, a fin de ajustar el contenido del proyecto sin que se les quite recursos a las regiones y localidades del país.

Por último el senador Berner Zambrano pidió a la corporación pedirle formalmente al Gobierno que retire el proyecto.

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2020

Write comment (0 Comments)