Reportajes

Por Luis Fernando García Forero. - Se trata de establecer un nuevo modelo presupuestal a través de un proyecto de ley que aprobó el Senado para “mejorar el acceso, la calidad y la equidad” en las universidades públicas, a través de más recursos que suplan necesidades antiguas del sistema y abriendo la puerta a un financiamiento acorde a las demandas sociales y el crecimiento de la educación superior en Colombia.

Es verdaderamente una reforma a la educación superior con un nuevo modelo presupuestal cuyos máximos ganadores serán los miles de jóvenes bachilleres que están ávidos de verla sancionada como ley, para lograr sus sueños: ser profesionales.

Si aprueba la iniciativa la Cámara, las universidades, instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales, comenzarán a recibir recursos calculados en función del Índice de Costos de la Educación Superior (IES), con asignaciones adicionales que buscan fortalecer su funcionamiento.

Se destaca que los recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, ya no crecerán solo en proporción a la inflación, como lo establecía el modelo anterior, sino que se ajustarán según los costos reales reportados por cada institución. Así, se asegurará una financiación estable, mayores niveles de calidad académica y mejores condiciones laborales y formativas para estudiantes, docentes y administrativos.

Se beneficiarán no solo las 34 universidades estatales, sino que, por primera vez, incluirá de forma estructural a instituciones técnicas y tecnológicas, históricamente sub atendidas por la financiación nacional. Las asignaciones presupuestales se fijarán tomando como base los presupuestos históricos institucionales, ajustados cada año según el Ices calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Establece el proyecto que en caso de que el incremento anual del Ices sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el presupuesto crecerá conforme al IPC para evitar una reducción real de los fondos.

Se destinarían recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, orientados a fortalecer la base presupuestal de las instituciones profesionales, técnicas y tecnológicas estatales, así como los establecimientos públicos de orden territorial, en el primer año de la ley.

La iniciativa incluye fondos especiales para infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad educativa superior del país.

Lupa a recursos

Se incorporan medidas para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. Las comunidades educativas tendrán la facultad de conformar veedurías ciudadanas encargadas de vigilar el destino y uso de estos fondos, con el respaldo y acompañamiento de la Contraloría General de la República. El presupuesto crecerá según el Ices o el IPC, garantizando fondos estables - crédito Ministerio de Educación

“La aprobación de este proyecto de ley representa un avance importante hacia la promesa de poner a la educación en el centro del desarrollo del país y garantizar el derecho fundamental a la educación superior”, afirmó el ministro de educación Daniel Rojas.

Con la reforma aprobada, el Gobierno Nacional asume el reto de responder a la expansión del sistema de educación superior pública, atendiendo también el mejoramiento de la infraestructura y la actualización del sistema salarial de los docentes, así como la dotación de recursos que permitan planes de bienestar institucional y fortalecimiento administrativo.

Bogotá, D. C, 25 de septiembre de 2025

Por Luis Fernando García Forero. - Al presidente Gustavo Petro le llegó la hora de su último turno como jefe de Estado, para pronunciarse ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en New york, cuando este 24 de septiembre le corresponda dirigirse ante ese organismo multilateral, en medio de una circunstancia adversa para el país: la descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Su disertación se centrará en criticar y rechazar la descertificación asumida por el gobierno Trump a Colombia, destacando ante los líderes del mundo que su gestión ha tenido resultados favorables en interdicciones e incautaciones de cocaína. También dará a conocer, con cifras, los resultados de la política antidrogas y la erradicación del uso del glifosato para cultivos ilícitos.

El jefe de Estado, Gustavo Petro, aprovechará esa magna asamblea mundial para buscar unidad ideológica con los presidentes de países latinoamericanos y caribeños de izquierda, con el propósito de neutralizar decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que de alguna manera han tensionado las relaciones en el continente, principalmente con el tema de Venezuela. 

En el 80º periodo de sesiones de la ONU entre el 23 y 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro estará acompañado por la canciller Yolanda Villavicencio, ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y otros integrantes de su gabinete, mientras queda con funciones presidenciales el ministro de hacienda Germán Ávila.

El jefe de Estado colombiano también se referirá al consumo del fentanilo y otras sustancias en el territorio estadounidense y Europa. Según fuentes de casa de Nariño, en su  alocución será contundente en señalar que es una prueba del crecimiento de ese mercado ilícito, es decir, “la política antidrogas fracasó”, según ha manifestado el presidente Petro en varios foros en Colombia y otros escenarios internacionales.

“La única manera de reducir el mercado de la cocaína en el mundo es que ellos, Estados Unidos y Europeos, dejen de consumir. Antes murieron por sobredosis de cocaína en Estados Unidos 3.000 personas, pero ahora, se pusieron a consumir fentanilo y han muerto 100.000. En estos 50 años han muerto un millón de latinoamericanos y está por morir otro millón de norteamericanos”, ha señalado el presidente en varios foros a nivel nacional e internacional.

El mandatario colombiano también confirmó que aprovechará el escenario multilateral para fijar postura sobre otros asuntos que han marcado la agenda en su gobierno. 

En su reciente visita a Bucaramanga el presidente Petro dijo que en Nueva York cuestionará la posición de Estados Unidos frente al conflicto en Gaza y advertirá sobre lo que considera un intento en su contra desde el exterior.

“Una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión con Cabal, Cuenca, Leyva y Uribe para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a ese país, sobre la base de conspiración”, afirmó el presidente Petro, anticipando que llevará el tema ante la ONU.

Se espera que el presidente Petro también defienda la política de paz total, un proyecto que se encuentra en crisis y obstáculos en su aplicación porque las mesas de negociación en la mayoría de los diálogos con los grupos armados están suspendidas. La única excepción es la que mantiene el gobierno con el Clan del Golfo en Qatar, pero es un avance muy lento para lograr los objetivos de paz.

Bogotá, D. C, 19 de septiembre 2025

Días después de que disidentes intentaran quemar vivos a dos militares, el ministro de Defensa viaja hasta la zona a impulsar la sustitución de cultivos ilícitos en la región Amazónica

Por Hubert Ariza. Villa Garzón (Putumayo) Cuándo el avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, FAC, aterrizó, el pasado viernes 5 de septiembre a las 12.15 de la tarde, en el aeropuerto del municipio de Villa Garzón, en el departamento del Putumayo, el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, tenía el corazón adolorido por el atentado criminal del que habían sido víctimas, en la vereda Siloé de ese municipio, un oficial y un soldado profesional del Batallón de Infantería No 25, que adelantaban actividades para desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca.

Los uniformados fueron atacados, en medio de una asonada, rociados con gasolina e incinerados vivos. El Gobierno nacional ofrece 200 millones de pesos de recompensa a quien permita capturar a los responsables.

Bajo un fuerte sopor y una humedad selvática, ante la tropa que lo esperaba, el ministro Sánchez, rodeado de la cúpula militar, envió un mensaje a los grupos armados ilegales que dominan las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, instrumentalizan a la población civil, violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y se han convertido en la principal amenaza a la democracia y la vigencia de la Constitución y la ley.

Anunció que la decisión del Gobierno nacional es “neutralizar la amenaza de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Para ello vienen cuatro pelotones más, para la Fuerza de Despliegue Rápido que está acá, la número 6, y 10 vehículos blindados para brindar mejor seguridad en las vías. Tendremos mejores sistemas de acción y más capacidades tecnológicas. Vamos a demostrar que sí es posible transformar el territorio”.

El ministro llegó a Villa Garzón con la misión de reunirse con la comunidad de la vereda Santa Teresa, de ese municipio, y junto con la cúpula militar y de policía, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, el Gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, y otros altos funcionarios y dirigentes políticos locales, ratificar el compromiso del Gobierno nacional con 580 familias, que están dispuestas a suscribir un acuerdo para acogerse al programa y erradicar 1.500 hectáreas de hoja de coca.

Tan solo a un kilómetro del sitio de la reunión, donde estaban los líderes comunales de las 19 veredas de Villa Garzón, como la de Siloé, donde quemaron vivos a los dos militares, los cultivos de hoja de coca reverdecen en medio de la selva. Putumayo es el tercer departamento productor de coca de Colombia. En ese encuentro, las caras de los campesinos e indígenas eran de ilusión, a pesar de que cuando llegaron los enormes helicópteros artillados de la Policía Antinarcóticos, al centro del caserío, la turbulencia tumbó el tejado de la casa del líder indígena Ángel Torres, el dueño de la única tienda de la zona.

El subdirector de la Policía, Rosemberg Novoa, y el propio ministro de Defensa se comprometieron con el afectado a reparar lo más pronto posible los daños. Pero Ángel Torres no estaba ni molesto ni preocupado por su casa. Más bien se veía muy emocionado de ver reunidos, por primera vez, en el salón comunal de la vereda, a tanta gente que antes solo veía por televisión, como el ministro de Defensa, la cúpula militar y la directora Miranda. Ellos llegaron, en cumplimiento de las directrices del presidente Gustavo Petro, a hacer compromisos concretos, realizables, para sacar a las poblaciones de la economía de la coca, avanzar en la lucha contra las economías ilícitas y liberarlas del dominio de los ejércitos ilegales que ocupan los territorios.

Cuando el ministro Sánchez tomó la palabra, pidió excusas por los daños ocasionados. En el salón se respiraba optimismo y expectativa. El acuerdo que firmarán el próximo 15 de septiembre lo llevan trabajando desde hace varios meses. Han sido jornadas interminables de negociaciones para cambiar el futuro y concretar nuevas oportunidades. Por eso, una de las asistentes era Paula Ortiz, de la vereda Sinaí, que mantiene con tesón un emprendimiento ecoturístico a la orilla del río. Sus ojos verdes resplandecían con los anuncios de la directora Miranda de recursos para el ecoturismo.

Todos aplaudieron a Wilson Daza, líder de la comunidad de Santa Teresa, cuando dijo con ilusión: “Estamos dispuestos a cambiar de vida. Llevamos negociaciones y más negociaciones. Vamos a salir adelante”. Y después habló la vocera del comité de negociación de esa vereda, María Urbano, de 33 años, contadora pública, quien dijo con fuerza, como para que la escuchara todo el Putumayo: “más cacao, menos coca”, y señaló los puntos esenciales de ese acuerdo, que incluyen proyectos productivos, maquinaria amarilla, salud y educación.

El Gobernador del departamento, a su vez, hizo un largo listado de oferta institucional, y subrayó la oportunidad para que los jóvenes ingresen a la educación superior. “La comunidad debe saber que no están solos en la tarea de erradicar los cultivos ilícitos. No podemos rendirnos, tenemos que estar unidos y salir adelante”, dijo.

Otro campesino que estaba con los ojos llenos de esperanza era Carlos Benavides, de más de sesenta años, quien tiene cinco hectáreas sembradas de chontaduro, una fruta tropical amazónica, en la vereda La Castellana. “Somos los mayores productores de chontaduro, pero necesitamos vías para sacar la fruta y comercializarla. Estamos rodeados de coca, hay que cambiar”, indicó.

Cuando habló Gloria Miranda, sus palabras fueron aplaudidas. “Por orden del presidente Petro vamos a comprar el cacao al 80% del precio internacional. Cuenten con la maquinaria amarilla. Vamos a traer educación y salud”. Con esa maquinaria se espera reparar más de 150 kilómetros de vías terciarias, vitales para el campesinado.

Y añadió: “Esto no es solo el inicio de un proyecto productivo en sí mismo, sino es el inicio de la paz de Villa Garzón, porque la gente acá ya se cansó de la guerra, de vivir con intranquilidad y le quiere apostar a una economía legal, como el cacao”. En el departamento del Putumayo el Gobierno nacional invertirá 160.000 millones de pesos en el programa de sustitución.

Al final, habló de nuevo el ministro de Defensa. “La coca nos ha arrebatado la paz”, dijo, mientras la comunidad lo escuchaba con atención, afuera los niños indígenas jugaban fútbol en un pastal, y los soldados permanecían vigilantes. En la zona opera una disidencia de las Farc, Comandos de Frontera, que en este momento están en un proceso de paz. Es una estructura que pertenece a la Segunda Marquetalia.

Al terminar el evento, el ministro de Defensa, la directora Gloria Miranda y la comitiva se subieron a unas camionetas y se dirigieron a un kilómetro de distancia, a un sembrado de matas de coca. Ante líderes de la comunidad desenterraron varias matas y en su lugar sembraron una de plátano, como símbolo de la liberación de las comunidades del yugo de la coca.

Andrés López, líder campesino, dijo que estaba muy optimista de la reunión y habló de los beneficios de las negociaciones de paz en la zona. “Gracias a esos procesos hoy podemos tener reuniones con las entidades y podemos hablar de turismo y desarrollo social”, agregó.

Al caer la tarde, los helicópteros salieron de Santa Rosa, esta vez sin hacer daños. La comunidad quedó a la espera del próximo encuentro con el Gobierno nacional.

En el avión de la FAC, el ministro se refirió al tema de la posible descertificación de Colombia, por su lucha contra los cultivos ilícitos: “Cuando se fragmenta y se fractura la cooperación internacional y el apoyo entre las naciones, ganan los ilegales y pierden las naciones, pierden sus fuerzas. No hay ningún país en el mundo, creo yo, que luche con tanta contundencia, pero también de una manera integrada el problema del narcotráfico. 1.600 millones de dosis han dejado llegar a los mercados, a los 316 millones de consumidores. Cada día destruimos 17 laboratorios, afectamos a los grupos criminales y transformamos el territorio para que sea sostenible. La erradicación libera a los campesinos. Las instituciones transforman las economías a los legales”.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre 8 2025

Tomado de El País.

Otra vez, como en 2002, en la antesala de las elecciones de 2026, contener y derrotar a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo se convierte en el mayor reto del Estado

Por Hubert Ariza*. -  Colombia no había dejado de percibir el olor a rosas blancas y gladiolos que quedó del sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, supuestamente asesinado por la Segunda Marquetalia que orienta alias Iván Márquez —jefe de una de las disidencias de las extintas FARC— cuando la estructura Jaime Martínez, perteneciente al EMC de alias Iván Mordisco ―otro grupo disidente de los acuerdos de paz de 2017—, hizo estallar, el pasado 21 de agosto, un camión bomba cerca a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali.

Fue un jueves teñido de sangre y dolor para un país bajo fuego permanente del terrorismo. Hoy el país no solo llora a los ocho militares asesinados y más de 40 civiles heridos en Cali, y a los 12 policías muertos que tripulaban un helicóptero derribado con un dron por el Estado Mayor Central en Amalfi (Antioquia), sino que reclama acción contundente del Estado contra esas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que extraviaron su ideología revolucionaria y se convirtieron, junto al ELN, en jefes de debate de la extrema derecha para su regreso al poder en 2026.

De la mano tendida, el presidente Gustavo Petro ha pasado al brazo en alto con el puño cerrado en defensa de la democracia. En consecuencia, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo serán declaradas como organizaciones terroristas. Así lo anunció el mandatario, en un evento de entrega de tierras en Valledupar, luego de conocer los mencionados atentados. “He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, dijo.

Esa declaratoria significa la aceptación tácita de que la paz total fracasó, que esas organizaciones traicionaron al Gobierno en su oferta de negociación y cese al fuego, y que están desafiando al Estado, debilitando la democracia y alentando narrativas de extrema derecha de intervención militar extranjera para resolver nuestros problemas internos. Lo que sigue para el Gobierno es fortalecer la estrategia de recuperación del territorio y eliminación de la amenaza terrorista, con un mayor robustecimiento de la Fuerza Pública y protección de la población civil. Las operaciones en marcha tendrán que recortarle mucho mayor espacio al terrorismo y Venezuela deberá expulsar a los cabecillas de la guerrilla, como lo pidió Petro. “Lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil. Es la segunda vez que ocurre en mi Gobierno. Es terrorismo”, agregó el presidente. Para él, esos atentados deben ser calificados como “actos de guerra”, que deben ser investigados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).

Otra vez, como en 2002, en la antesala de las elecciones de 2026, contener y derrotar a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo se convierte en el mayor reto del Estado. Con la declaratoria como organizaciones terroristas, el primer Gobierno de izquierda en 200 años les da el mismo estatus que les ha dado el Gobierno de Estados Unidos. El desafío a la democracia y la institucionalidad llega, precisamente, cuando la guerra mundial contra el terrorismo se reedita en manos del presidente Trump, quien ha desplegado frente a las costas de Venezuela un gran poder militar en un abierto desafío a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, a quienes califica como jefes del Cartel de los Soles, es decir, mafiosos dedicados al narcotráfico, pero también a proteger a la delincuencia colombiana que viste el desteñido uniforme revolucionario con las banderas del ELN, las disidencias de las FARC, y otras organizaciones afines. Maduro y Cabello deberían romper cualquier vínculo con Márquez y Mordisco y entregar sus cabezas a Colombia, no a Estados Unidos. Sería una demostración de sensatez y hermandad con la democracia vecina.

Colombia vive en una reedición permanente de su historia. Los atentados terroristas y los magnicidios ratifican que la violencia es su sello, la democracia un bien poco valorado y la paz una utopía. En 2002 las elecciones presidenciales se definieron el 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo vio derrumbarse las Torres Gemelas de Nueva York, por la acción suicida de los talibanes y la lucha contra el terrorismo se convirtió en el eje de la estrategia mundial de la derecha. Ahí se disparó la candidatura de Álvaro Uribe, que apenas tenía el 2% en las encuestas, y se fracturó la de Horacio Serpa, favorito hasta entonces, quien apoyaba las negociaciones de paz del Caguán con las FARC, que lideraba el conservador Andrés Pastrana, a quien esa guerrilla había elegido en 1998.

Uribe, en esos años, proponía como hoy lo hace la ultraderechista Vicky Dávila, la intervención militar extranjera para derrotar a las FARC. Una propuesta que rechazó la comunidad internacional. Pensar en que una fuerza de ocupación venga a resolver nuestros problemas es una ofensa a la institucionalidad y una traición a la democracia. Querer que Colombia se convierta en un Vietnam, arrasado por la conflagración y los bombardeos de una potencia exterior, es una enorme torpeza.

Personalmente, hablé en Washington, en enero de 2002, con un alto cargo del entonces subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, en el Pentágono, sobre ese tema. Fui seleccionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al programa de invitados internacionales, por mi condición de asesor político de Horacio Serpa. Y lo que más me impactó fue cuando me dijo, en perfecto español, que la clase política colombiana quería que las tropas americanas vinieran a las selvas a enfrentar las guerrillas para resolver el desastre que ellos mismos habían generado. Y me dejó en claro que los Estados Unidos nunca iban a intervenir militarmente en Colombia para enfrentar las guerrillas. Me dijo, además, que el verdadero peligro para la democracia no era la guerrilla, que terminarían en una mesa de negociación, sino los paramilitares que habían cooptado gran parte de la sociedad.

Esas palabras resultaron proféticas. Hoy después del proceso de paz con las FARC, de los intentos por volver trizas lo pactado y de que el Gobierno Petro aplique la más vigorosa reforma agraria en décadas y haya convertido el campo en eje de la política social, los terroristas del ELN, las FARC y el Clan del Golfo, insisten en incendiar a Colombia. Y la ultraderecha reclama la intervención militar norteamericana. El humo de la guerra vuelve a contaminar el ambiente político. El olfato es el más poderoso sentido de los humanos. Y el olor a pólvora evoca los peores años de Colombia, y recuerda que este país es una fábrica de mártires, de señores de la guerra, venganzas, narcotráfico, polarización y conspiraciones. Una fábrica inagotable de víctimas y victimarios, donde los grupos armados ilegales no mueren sino se transforman y multiplican, el Estado resiste, la Constitución se aplica parcialmente en grandes zonas del territorio, la justicia cojea, y a veces llega, para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a casi diez millones de víctimas de la violencia, y la lucha por el poder y las elecciones marcan la cotidianidad de la voraz clase política.

Colombia vive en una conspiración permanente. Y la guerra ha sido el determinante de nuestras elecciones durante décadas. Las Farc fueron grandes electores. Movieron la balanza a favor de los militaristas, como Uribe, o de los negociadores como Betancur, Pastrana y Santos. También, sirvieron para elegir a Duque, quien prometió volver trizas lo pactado por Santos. Ahora, nuevamente, Iván Mordisco e Iván Márquez, de las disidencias, y Antonio García del ELN, se convierten en jefes de debate de la extrema derecha. Cada bombazo y cada muerto, civil o militar, se convertirán en fuente de más dolor nacional y votos para la derecha. Un país en guerra es el escenario perfecto de mentes enfermas que piensan en el negocio de la droga y no en el bienestar del pueblo. Un país incendiado es el teatro de operaciones ideal para revivir al fascismo, sediento de poder y venganza. La ultraderecha encuentra en la lucha contra el terror la bandera que veían extraviada. Una campaña marcada por el dolor es hoy el triste panorama de 2026. El presidente Petro tiene en alto la bandera de la soberanía y la defensa del territorio.

Bogotá, D. C, 24 de agosto 2025

Tomado de El País.

• Gobierno Petro le cumple al campesinado con la gestión de cerca de 600.000 hectáreas en menos de tres años.
• La ANT, como máxima autoridad de tierras de la nación, le presentó a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y representantes de embajadas de varios países sus resultados en materia de entrega de tierras y formalización de predios, todo enmarcado en la consolidación de la Reforma Agraria.
• Otro dato significativo tiene que ver con la formalización de más de 1.588.000 hectáreas, la constitución de 14 Zonas de Reserva Campesinas, la conformación de 471 Comités Municipales de Reforma Agraria en 14 departamentos, la destinación de 15.692 ha para procesos de reincorporación, entre otros.
• Las y los invitados nacionales y extranjeros conocieron seis casos emblemáticos en los que el Gobierno nacional les cumplió su palabra a campesinas y campesinos, que en el pasado les vulneraron sus derechos. 

Bogotá. 18 de junio de 2025. @AgenciaTierras. La Agencia Nacional de Tierras —ANT— le presentó a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, embajadas de varios países y agencias de las Naciones Unidas en el país, los avances y desafíos que ha tenido la implementación de la Reforma Agraria, de cara al acceso y formalización de tierras, así como lo logrado en la constitución de resguardos indígenas, consejos comunitarios, Zonas de Reserva Campesinas, recuperación de tierras a través de procesos agrarios, entre otras acciones en la materia, del Gobierno del Cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro. 

La presentación de los avances de la ANT tuvo como finalidad aportarles elementos claves al análisis y exposición, sobre el seguimiento al Acuerdo de Paz con las Farc, que hará la Misión de Verificación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en julio próximo. 

Todo se centra en dos temas esenciales liderados por el Gobierno nacional: tierra para campesinas y campesinos, así como para firmantes de paz que están en proceso de reincorporación, y desarrollo de la Reforma Agraria en el territorio nacional. 

Otro de los propósitos del encuentro se fundamentó en cuán importante es que la Misión conociera de primera mano los desafíos, pese a los esfuerzos de la administración Petro cuyo propósito primordial es seguir consolidando la Reforma Rural Integral, que persisten en lo técnico, jurídico y militar, en cómo los grupos armados no estatales impiden el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras y otros entes gubernamentales en los territorios, particularmente en aquellos donde arrecia el conflicto armado. 

Resultados en 22 meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro 

Con corte al 13 de junio del año en curso, son más de 599.000 hectáreas (ha) las gestionadas por el Gobierno nacional para el beneficio de familias campesinas, comunidades étnicas, víctimas del conflicto. 

Del total, 15.692 fueron destinadas para procesos de reincorporación de firmantes de paz que han cumplido su palabra de dejar las armas. Es tan significativo lo logrado por la administración Petro, que en el Gobierno Santos (dos años luego de la firma del Acuerdo de Paz) fueron gestionadas únicamente 71 y en el de Duque (periodo completo), 606.  

La 599.000 ha gestionadas por el presidente Petro superan por más de nueve veces lo alcanzado por los gobiernos de Juan Manuel Santos, cuatrienio en el que fueron adquiridas 27.827 hectáreas, y de Iván Duque, que alcanzó las 32.614 ha. 

“Posicionar ese gran esfuerzo en el próximo Consejo de Seguridad, ese gran esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano y particularmente el Gobierno nuestro en función de la implementación, es clave. Y nos interesa posicionarlo porque, más allá del análisis de las cifras y de los alcances mismos, pues hay historias que transforman la calidad de vida de la gente y pueden aportar a hacer mucho más si la comunidad internacional respalda las iniciativas que presentamos", aseguró el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman. 

Son 165.338 ha las que han sido compradas por la máxima autoridad de tierras de la nación; 234.211 ha, comprometidas; 2.240 ha, donadas; 13.776 ha, transferidas, a título gratuito, por la Sociedad de Activos Especiales (SAE); 184.232 ha provenientes de procesos agrarios y más de 251.000 ha compradas a privados. 

Uno de los logros estructurales del Gobierno Petro es la constitución de 14 Zonas de Reserva Campesinas, 471 Comités Municipales de Reforma Agraria, conformados en 14 departamentos. 

"La política estructural de la Reforma Agraria, durante este Gobierno, nos tiene con indicadores que no teníamos hace más de 40 años en el sector agropecuario: hemos tenido un crecimiento sostenido del diez por ciento en el sector, el último trimestre crecimos el 7.1, hemos generado la mayor tasa de empleo que no habíamos tenido registrada, tenemos los mayores niveles de abastecimiento alimentario”, afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas.

En materia de formalización, la Agencia Nacional de Tierras también rompe récords con la titulación de 1.588.221 hectáreas, lo que supera los resultados de las dos administraciones anteriores juntas: la de Santos registró la formalización de 265.088 hectáreas y la de Duque, 1.072.519. 

Igualmente, han sido deslindadas 20.000 ha de ciénagas y playones; 937.570 ha, para comunidades indígenas; 101 resguardos indígenas, constituidos; 71 resguardos indígenas, ampliados; 50.510 ha, para comunidades negras; 67 consejos comunitarios, fortalecidos. 

“Algo que hemos reconocido en el Consejo de Seguridad es la prioridad que ha dado este Gobierno, precisamente, a la Reforma Agraria, a la implementación del Acuerdo de Paz, a la implementación de la Reforma Rural Integral. Avanzar en el catastro, llegar ya a su actualización del 27 por ciento; la creación de las 14 Zonas de Reserva Campesinas; adjudicación, formalización. Estamos, como se ha dicho también, lejos de las metas trazadas, pero tener realmente la voluntad política de aumentar los recursos, es algo que hay que reconocer, visibilizar y difundir”, enfatizó el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. 

A su turno, el coordinador de ETCR de Caño Indio, Dairo Alberto Vallejo, expresó: “Nosotros no teníamos predios, no teníamos vivienda, y ahora podemos decirles a los países garantes, a los embajadores, que en Colombia hoy sí es una realidad tener la tierra. Los esfuerzos que se venían haciendo de gobiernos anteriores se fueron dilatando, pero hoy, con la gestión del director Felipe Harman, es una realidad la entrega de tierras para los firmantes de paz”. 

Casos emblemáticos 

1. El ARO, Antioquia 

El terrible episodio ocurrido entre octubre y noviembre de 1997 en El Aro, Antioquia, donde 17 campesinos en estado de indefensión perdieron la vida a manos de un grupo paramilitar, llevó a la administración Petro a actuar con prontitud para hacer justicia social: puso a las víctimas como prioridad. En total, 4.133 hectáreas han sido formalizadas, lo cual ha beneficiado a 265 familias campesinas de la zona. 

“Llegó un grupo paramilitar y dijo que toda la población era guerrillera, mató a la gente, cogía y nos botaba todo, nos hizo desplazar, incluso la mayoría de la gente no regresó al territorio por miedo. No nos olviden, que nosotros solamente somos campesinos, no somos terroristas, no somos gente mala, somos gente que nos gusta trabajar la tierra. Gracias a la Agencia Nacional de Tierras que ya nos tituló nuestras tierras para poder seguir trabajando, y muchísimas gracias al presidente Gustavo Petro. Tuvimos la gran visita de él, eso es histórico, porque nunca creímos que nos fuera a visitar en nuestras tierras en compañía del director Felipe Harman”, dijo Edith Monsalve, víctima de la masacre de El Aro, durante el evento de la Agencia Nacional de Tierras.  

2. Caño Indio, Catatumbo 

En Caño Indio, vereda de Tibú, Norte de Santander, se ha sufrido la violencia durante décadas a causa del conflicto armado. Desde el segundo semestre del 2022, luego de que asume las riendas del país el Gobierno del Cambio, han sido entregados 387 títulos de propiedad rural, equivalentes a 4.462 hectáreas, a campesinas(os) y víctimas del conflicto. 

En las acciones enmarcadas en el Plan Catatumbo, como respuesta a la agudización de las hostilidades originadas por grupos armados ilegales que quieren el control territorial y social de la subregión Catatumbo, se tiene proyectado acelerar la formalización de más de 30.000 hectáreas. 

3. El Quimbo, Huila 

Más de 15 años después de que toda el área de El Quimbo, en Huila, se viera afectada por la inundación que consumió más de 8.500 hectáreas de tierras para el llenado de la represa al servicio de la hidroeléctrica del lugar, situación que afectó a los pobladores del lugar, en septiembre del 2024 el Gobierno colombiano reparó a 94 familias con las primeras 941 hectáreas. Estas se suman a otras 193 hectáreas entregadas a campesinas y campesinos desplazados por la construcción de la central hidroeléctrica. 

4. Hacienda Bellacruz 

La Hacienda Bellacruz, en el Cesar, siempre fue considerada un fortín político en el departamento, lo que provocó desplazamientos y despojos a centenares de familias. Treinta años después, la ANT adjudicó cinco predios, equivalentes a 1.900 hectáreas, para beneficiar a 350 familias víctimas del conflicto y de esos hechos. 

5. Las Pavas 

En el municipio de El Peñón, Bolívar, 14 predios de más de 3.000 hectáreas de tierras estuvieron en la mira de jefes paramilitares que provocaron desplazamientos forzados a la población. 

Después de 21 años de luchas emprendidas por organizaciones campesinas, el Gobierno, con el liderazgo de la ANT, gestionó en solo seis meses la entrega de 50 títulos correspondientes a 958 hectáreas a familias campesinas, además de que entregó títulos de propiedad de los predios Chipre 1, Chipre 2 y Hacienda Porvenir, beneficiando a 43 familias del municipio de Río Viejo. 

6. ZRC Santa Isabel - Anzoátegui 

Uno de los logros estructurales del Gobierno de Gustavo Petro, a través de la ANT, ha sido la constitución de 14 nuevas Zonas de Reserva Campesinas, que ocupan un área total de 643.381. A través del Acuerdo 399, "Por medio del cual se constituye y delimita la Zona de Reserva Campesina de Santa Isabel - Anzoátegui", se dispusieron 23.671 hectáreas para beneficiar a 1.385 familias.

 “Tener la posibilidad de que la comunidad internacional escuche de los protagonistas principales los avances, los retos, y sigan acompañando los esfuerzos del Gobierno colombiano, es muy importante para avanzar lo que más se pueda en los 14 meses que aún quedan (de la administración Petro) para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz”, remarcó el señor Carlos Ruiz Massieu.

El evento contó con la presencia del representante especial y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; de embajadores y delegados del Reino Unido, España, Noruega, Países Bajos, Brasil, México, Chile y Cuba; representantes de agencias y oficinas de la ONU en Colombia, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); entre otros. 

La Agencia Nacional de Tierras, con el liderazgo de su director general Juan Felipe Harman y atendiendo a las instrucciones del presidente Gustavo Petro, continuará entregándoles tierras a quienes la trabajan, cumpliendo el Punto 1 del Acuerdo de Paz, a través del programa Tierras para la Paz, y consolidando la Reforma Agraria en los territorios. 

Bogotá, D. C, 18 de junio de 2025 

Fuente: ANT

Por Giovanni Décola*. -Los colombianos somos esclavos de la violencia, de la corrupción y de la injusticia social. Y pareciera que esta situación nos encantara. 

Cuando Simón Bolívar, iniciaba su gesta libertadora, la mayor oposición, la encontró en sus propios hermanos latinoamericanos. Muchos querían seguir bajo el yugo de la dominación española. El miedo a lo nuevo, los entumecía. La respuesta a su sueño libertario, era tildarlo de guerrillero, rebelde, loco, irresponsable. “Sin los españoles, seríamos unos despreciables indígenas”, le gritaban. El resto de la historia, ya la conocemos. 

Cuando el Presidente José Hilario López, un día como hoy,  21 de mayo de 1851 sancionó la ley segunda, por medio de la cual se declaró la libertad de todos los esclavos en Colombia, a partir del 1° de enero de 1852, quienes mayormente se opusieron a la ley, quién lo creyera, fueron precisamente los mismos esclavos, a quienes sus amos, le repetían una y otra vez, que, si se les declaraba libres, iban a ser convertidos en despreciables pordioseros. Y la gran mayoría de los esclavos así lo creyeron.

Muchos años después, la historia parece repetirse. Hoy, un hijo del pueblo, llamado Gustavo Petro, quiere abrirnos los caminos y romper las cadenas que nos atan como esclavos de la explotación laboral, proponiendo una consulta popular, ante la intransigencia del Congreso para tramitar leyes que nos lleven a transitar los senderos de la justicia social. 

Nuestra clase dirigente, empresarial y política tradicional, untada hasta los tuétanos de la violencia y la corrupción, se han dado a la tarea de bloquear todas las iniciativas populares de nuestro Presidente, que inician con campañas mediáticas de difamación a través de sus medios de comunicación afines y brigadas de bodegueros prepagos con múltiples perfiles que invaden las redes para despotricar de Petro y sus reformas. Si ello no es suficiente, presionan a los congresistas que les financiaron sus campañas, para que voten negativamente los proyectos de ley presentados por el ejecutivo, y si logran pasar en el Congreso, se la juegan porque los Magistrados de altas Cortes cooptados por el gran capital les tumben las reformas, como ahora lo pretenden con la reforma pensional. 

Compatriota, si de verdad, estás hastiado de la corrupción que nos carcome, tenemos una oportunidad histórica, de poner fin a décadas de ignominia, y derrotar a esa corruptela que hoy se ha juntado en un aquelarre de intereses nauseabundos y mezquinos, cuyo único propósito, es sepultar el sueño de un pueblo que agoniza ante la falta de oportunidades y se ahoga en un mundo de deudas, cuyos acreedores, pretenden engañarnos, una vez más, con el cuento del uribismo trasnochado de  que con Petro nos volveremos peor que Venezuela. 

Nos invitan a un futuro sin Petro, los mismos de siempre, a quienes solo a ellos, el futuro les sonríe. Con tal de mantenernos como sus nuevos esclavos, no se inmutan al juntarse todos los corruptos de siempre al juramentarse nuevo y eterno amor; así antes se hayan hecho acusaciones mutuas de narcotraficante, paramilitar, corrupto, dictador, o las más tiernas de Gaviria a Uribe: “Mentiroso, mentiroso, mentiroso”. 

Otro hijo del pueblo, llamado Jorge Eliécer Gaitán, nos advertía, que él no era un hombre, sino un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Hoy el pueblo se llama Gustavo Petro. Sólo apoyando sus reformas a través de la movilización constante y progresiva, demostraremos que, si somos superior a los dirigentes, y no como dijera el mismo caudillo: “Una multitud anónima de siervos”. 

Decía Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia: "Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral". En la consulta que se terminará haciendo a las buenas o a las malas, la abstención o la indiferencia, no es más que una forma soterrada, de apoyar a nuestros verdugos. 

Gustavo Petro, ya hizo lo suyo: arrinconó a todos los corruptos de Colombia en un solo lugar. Nos falta a nosotros, darles su estocada, votando masivamente en contra de ellos, y mientras se abren las urnas, nuestra respuesta es: La Calle. 

Petro, como cualquier humano, no es infalible, y tal vez nos genere dudas y hasta temores, pero es mil veces preferible, darle un voto a la esperanza, que seguir siendo esclavos de nuestros miedos. 

Para los corruptos de ayer y de hoy, el único día, que no somos un despreciable indigente, es cuando votamos. Ese día, que ya no cuenten con nosotros, así nos pretendan comprar nuestra conciencia. 

Por nuestra libertad definitiva, dile: ¡¡¡sí a la consulta popular!!! 

Bogotá, D. C, 21 de mayo 2025

*Abogado con especialización en derecho administrativo y electoral. Analista Político.

Por Luis Fernando García Forero y Johan Nassar. - El Senado de la República tendrá en sus manos esta semana la gran responsabilidad de decidir si avala o no una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre modificaciones al sistema laboral, algo que ha generado diferentes posturas en el interior de la corporación.

Ante esta controversia decidimos consultar con dos senadores, uno defensor del mecanismo y otro un duro crítico, quienes manifestaron sus puntos de vista a favor y en contra de la propuesta.

La solicitud para convocar la consulta popular la hizo formalmente el propio Presidente Gustavo Petro, quien radicó el documento en la Secretaría General del Senado el pasado primero de mayo.

Tras esto, la Mesa Directiva de la corporación determinó que este martes comience la discusión, se escuche primero al Gobierno Nacional, luego a los voceros de las bancadas y, finalmente, a los senadores que deseen intervenir.

Superada esta etapa se votaría si el Senado da el concepto favorable que exige la ley o no. Este paso podría darse el mismo martes o el miércoles.

En diálogo con medios de comunicación, el Secretario General del Senado, Diego González, advirtió que, según las normas vigentes, en caso de que el concepto no sea favorable, “el Presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana diferente a la consulta popular”.

Senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, opositor al Ejecutivo, consideró que “es una consulta populista, no es oportuna ni conveniente, porque no se cumplen los aspectos de disminución del desempleo, de la informalidad e, incluso, de protección con el empleo existente”.

Agregó el senador Motoa que “el Presidente (de la República), con esta consulta, lo que está haciendo es anticiparse a una campaña política, abandonando aún más las responsabilidades que tiene como jefe de Estado”.

Así mismo aseveró: “Cerca de siete preguntas de las que el Gobierno quiere llevar a la ciudadanía ya existen en la legislación vigente. Hay que recordar que los conductores, las trabajadoras del servicio doméstico hace cerca de ocho años, se ha exigido por medio de la ley, que tienen que tener un contrato laboral”.

Al referirse a los gastos fiscales que representa para el país el desarrollo de la consulta, el senador Motoa aseguró que “la democracia por supuesto tiene unos costos, pero nos parece que en este caso es inoportuna y esperamos ese análisis al interior de la Plenaria cuando se tomen las decisiones”.

Finalmente fue concluyente en manifestar: “Por eso no vemos la necesidad de elevar esa consulta populista a los colombianos”.

Por su parte, el senador Carlos Alberto Benavides, del Polo Democrático Alternativo, de la coalición del gobierno, afirmó que el origen de la propuesta para la consulta nace del hundimiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado.

Argumentó Benavides que “después de dos años y medio de discusiones, foros, seminarios, encuentros, consultas, audiencias, pese a todo ello, concertaciones con los gremios, incluso muchísimas reuniones con las distintas bancadas, una parte ínfima de la oposición, pero que tiene mayoría en una comisión, decide hundir el proyecto”.

Ante esos hechos, señaló el senador Benavides, “nosotros hemos decidido consultarle directamente al constituyente primario, al soberano, si está o no está de acuerdo con la reforma laboral, si está de acuerdo con que el trabajo vuelva a gozar de dignidad y bienestar”.

Frente a los costos de la consulta y que, según la Registraduría Nacional, ascenderían a más de $ 750.000 millones, el senador Benavides fue enfático en manifestar que “la democracia no tiene precio. La democracia tiene que ver con la libertad, la dignidad y el bienestar para generar derechos, y si eso nos permite generar derechos, o sea, invertir en el bienestar de los trabajadores, pues creo que en eso es en lo que realmente debemos invertir”.

Así las cosas, la Plenaria del Senado será la que decida si se otorga o no el concepto favorable para realizar la consulta popular que está impulsando el Gobierno Nacional, un debate en el que seguramente aflorarán argumentos a favor y en contra de la propuesta.

Bogotá, D. C. 11 de mayo de 2025

Tomado de la Oficina de Prensa del Senado

El mecanismo debe recibir concepto de la corporación en las próximas cuatro semanas

Por Luis Fernando García Forero. Ante la petición del presidente de la República, Gustavo Petro, de solicitarle al Senado lo autorice convocar al pueblo a una Consulta Popular, en temas que tienen que ver con una Reforma Laboral, damos a conocer aspectos fundamentales desde el ámbito legal, del trámite legislativo de ese mecanismo de participación ciudadana.

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, sobre “promoción y protección del derecho de participación democrática”, la Consulta Popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia nacional, como lo es en este caso, por iniciativa del jefe de Estado, si el Senado la aprueba, el pueblo será convocado a que se pronuncie sobre el tema respectivo.

Como es una iniciativa gubernamental de interés general debe llevar la firma de todos los ministros. “No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen la modificación a la Constitución Política”, destaca textualmente el artículo 50 de la Ley 134 de 1994.

En el artículo 52 de esa misma ley, se indica que “las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal forma que se pueda contestar positivamente con el “Sí” o negativamente con el “No’”.

El texto radicado ante la corporación legislativa y que se someterá a la decisión del pueblo, se acompañará con una justificación y un informe sobre la fecha de su realización.

Esta corporación tendrá 20 días para que emita un concepto favorable o desfavorable. Se indica que la decisión del Senado sobre la viabilidad de la consulta, será tomada por la mayoría de los miembros de dicha corporación, es decir la mitad más uno. El plazo que debe tomar el Senado se podrá prorrogar por 10 días más y es de carácter obligatorio; es decir, si no se aprueba por la mayoría de los miembros de la corporación, la propuesta será desechada.

Luego de que sea publicado en la Gaceta del Congreso el documento radicado, el Presidente de Senado designará una Comisión Accidental para que presente, en un plazo estipulado y dentro de los términos de ley, el alcance de la propuesta para que se cite a la plenaria, se abra la discusión y votación del texto.

Respecto a la realización de la Consulta Popular, en el artículo 54 de la Ley 134 se establece que la fecha para que los colombianos acudan a las urnas, es dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado.

Es importante destacar que en el artículo 104 de la Constitución, se determina que una Consulta Popular no puede coincidir con otra elección.

¿Qué originó la Consulta Popular?

El hundimiento en el Congreso de las reformas a la salud y laboral, que presentó el Gobierno llevó al jefe de Estado a anunciar la Consulta Popular para que sea el constituyente primario, a través de ese mecanismo de participación democrática, decida, pero no incluyó el tema de la salud, pues en el Congreso, aún se discuten dos propuestas sobre ese aspecto. La Consulta contiene preguntas que tienen que ver con cambios en la legislación laboral actual.

“La opción que tenemos es hacer una Consulta Popular convocada directamente por el gobierno. En este caso, no requiere firmas, solo una carta firmada por todos los ministros. Iría directamente a debate del Senado”, señaló el jefe de Estado en una alocución presidencial y que cumplió, al radicar ante el Senado la iniciativa para el trámite.

“Dejen que la ciudadanía se exprese”, afirmó el presidente Petro en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo de este 2025, en la Plaza de Bolívar cerca al Capitolio Nacional, donde en el Salón de la Constitución, radicó las 12 preguntas que contiene el documento.

Opinión de senadores

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, no ha sido ajeno a ese hecho político que actualmente es escenario de polémica a nivel nacional. “La Consulta Popular no lograría los votos ciudadanos, generaría alto costo y polarizaría más a Colombia”, advirtió el alto dignatario de la rama legislativa, al argumentar que se necesitan 13 millones 600 mil votos para que sea aprobada la consulta.

“Eso es imposible. No va a pasar nada, pero sí nos vamos a gastar $600.000 o $700.00 millones del erario público, que no están, y vamos a incrementar la polarización en el país, en vez de llegar a un consenso sobre el tema”, enfatizó Cepeda, quien recordó que “Siempre ha existido la voluntad para llegar a consensos entre el poder Legislativo y el Gobierno Nacional”.

El senador Mauricio Gómez, Partido Liberal, señaló que se debe respetar la institucionalidad del Congreso y aceptar sus decisiones. “Cada vez que se niega una iniciativa gubernamental, el presidente convoca a una consulta de esa naturaleza. ¿Cuántas consultas tendríamos que hacer en el año?”.

Por su parte, el Senador Andrés Guerra, del Centro Democrático manifestó: “Pienso que el Congreso debería dejar que el pueblo se manifieste. Nosotros vamos a votar NO para la consulta internamente en la plenaria del senado, pero luego buscaremos la abstención en la votación”.

La Senadora Berenice Bedoya, del Partido ASI, indicó: “La consulta popular es más un tema de populismo del gobierno. Una consulta donde se va a gastar muchísimo dineroen este momento donde el país está en un déficit grande financiero y van a gastar la plata en esto. Están en todo su derecho, pero esperemos que no pase en el congreso y si pasa, que podamos salir a hacer campaña por la abstención”.

Entre tanto, la Senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico dijo que “La consulta Popular es el camino mediante un mecanismo de democracia participativa para avanzar en derechos constitucionales que les han sido negados por décadas”.

Del partido Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa dijo que la consulta “es una forma de activismo político que tiene como objetivo adelantar las elecciones de 2026, tal como lo ha mencionado el propio Gobierno. El Partido Cambio Radical se opondrá a la tramitación de la consulta, considerándola inconveniente e inoficiosa”.

El trámite de la consulta ya está en el campo del Senado, paso definitivo para que el Gobierno logre, si la plenaria de la corporación lo aprueba y que además, el día de la votación, el 33 % del censo electoral, es decir alrededor de 13 millones de ciudadanos, participen para que tenga validez.

Bogotá, D. C, 4 de mayo de 2025

En el Senado se debaten dos proyectos de transformaciones al sistema que reflejan las visiones de bancadas oficialistas y opositoras al Gobierno Nacional.

La discusión sobre la reforma al sistema de salud ha llegado a un punto interesante en el Senado de la República, donde se perfilan dos posturas claramente diferentes sobre los cambios que deberían aprobarse en el Legislativo en esta materia, esencial para todos los colombianos.

Por un lado, los sectores afines al Gobierno Nacional impulsan una transformación estructural del modelo de atención; por el otro, los partidos de oposición proponen ajustes dentro del sistema actual, defendiendo su naturaleza mixta.

El actual gobierno ha propuesto una reforma profunda que elimine las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como intermediarias financieras, apostando por un modelo en el que el Estado asuma un rol central en la gestión de recursos y la prestación de servicios.

Esta propuesta se tradujo en un proyecto de ley que el Ejecutivo radicó en el Congreso y que fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero archivado en la Comisión Séptima del Senado, el 3 de abril del 2024.

Ahora, los sectores oficialistas apoyan una nueva reforma de la salud que ya fue avalada por los representantes y que debe superar la revisión de los senadores, comenzando por los integrantes de la Comisión Séptima, donde hace algunas semanas comenzó su trámite.

Entre tanto, las bancadas que se han mostrado en oposición al Ejecutivo -Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos sectores de otras colectividades- impulsan un proyecto alternativo y que busca transformaciones, pero manteniendo varios elementos del modelo actual, el cual es defendido por varias organizaciones de pacientes y gremios médicos.

En julio de 2024, el Partido Cambio Radical encabezó la presentación de un proyecto de ley estatutaria que busca fortalecer los principios de libre elección, calidad y sostenibilidad financiera dentro de un sistema mixto de salud, sin eliminar las EPS, sino transformándolas en aseguradoras que compitan bajo reglas más estrictas.

Esta iniciativa, que ha recibido el apoyo de otros sectores políticos en el Congreso, se está tramitando en la Comisión Primera del Senado, donde debe recibir su primero de cuatro debates reglamentarios.

La controversia de fondo en el Senado parece estar entre los dos modelos que se proponen y que están reflejados en los dos proyectos de reforma de la salud que se tramitan en esta corporación.

¿Qué dice cada propuesta?

El oficialismo defiende un modelo más estatal, con atención primaria territorializada, Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) fortalecidos y una liquidación progresiva de las EPS.

Desde este sector, el senador León Freddy Muñoz, de la Coalición Centro Esperanza, ha dicho que el sistema basado en las EPS no solo ha fracasado, sino que ha provocado un daño profundo a la salud pública. Según el congresista, entre 2009 y 2019 más de 360 mil personas murieron por fallas del modelo.

“Ya no más EPS. Lo único que han hecho es robarles la plata a los colombianos. Hay que cambiar este modelo fracasado”, asegura el congresista y exembajador del Gobierno Nacional en Nicaragua.

Desde la otra orilla, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sostiene que debe haber una ruta reformista, pero dentro del modelo mixto existente.

Para el congresista del partido opositor al Ejecutivo deben hacerse obligatorios los presupuestos máximos, introducir una Unidad de Pago por Capitación (UPC) diferencial con incentivos a la calidad y se debe crear un Fondo de Garantías para asegurar la continuidad del servicio.

Nuestra propuesta no busca estatizar. Defendemos un sistema mixto que permita la libre elección y promueva la eficiencia”, sostiene el Senador Motoa, cuyo partido ha estudiado este tema desde hace varios años y ha presentado diferentes propuestas para mejorar la salud en el país.

En medio del debate, algunos senadores independientes se mueven entre ambos extremos, buscando fórmulas intermedias que no impliquen ni una eliminación total de las EPS ni una defensa ciega del status quo.

Más allá del pulso político, expertos en el sistema de salud también tienen diferentes posiciones, las cuales han expresado en varios escenarios en el Senado de la República.

Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud y quien defiende la visión del Gobierno Nacional, aseguró en una audiencia pública en el Senado que es necesario que “evolucionemos el actual sistema hacia uno que contribuya a la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.

Y Ana María Vesga, Presidenta de Acemi, el gremio de las EPS, le dijo al programa del Canal Congreso ‘El Congreso es el camino’ que “lo importantes es que busquemos la solución a los temas que evidentemente hay que mejorar reconociendo las virtudes y no diciendo que tenemos un mal sistema y que hay que hacer borrón y cuenta nueva”.

En los próximos meses, el Senado deberá definir si apoya la propuesta de reforma estructural del Gobierno, si impulsa el proyecto de ley estatutaria de la oposición o si construye un texto de concertación que combine aspectos de ambos enfoques. Lo que está claro es que cualquiera sea el camino elegido, el sistema de salud colombiano seguirá teniendo transformaciones.

Bogotá, 27 de abril 2025

Oficina de información y Prensa Senado

Por Luis Fernando García Forero. El presidente Gustavo Petro ya sabía que la propuesta de una nueva legislación laboral en Colombia, a través del Congreso, era un viacrucis cantado, y entró en estado terminal, cuando las voces de ocho senadores (as), anunciaban el réquiem en coro que presentaban ponencia negativa, eco que duró varios días, hasta que quedó sepultada en la Comisión VII del Senado, cuando seis votos pedían que siguiera el trámite y ocho la enterraron, mientras que a 200 metros del deceso, las voces de otra oportunidad sacudían la Plaza de Bolívar con el mensaje del jefe de Estado que le decía a sus seguidores y a toda Colombia: ¡Quedan Convocados! “Arranca la consulta popular, la movilización es permanente y creciente”, es decir, que se iniciaba la campaña para resucitar la Reforma Laboral.

Ante ese panorama, de la luchas de poderes en la democracia, el presidente Petro afirmó: “Ahora estamos aquí convocados, toda Colombia ha sido convocada, porque llegó el momento de decidir. Se acabaron los tiempos en que el pueblo era derrotado, en que el pueblo era humillado y si algo hicimos en esta vida fue enseñarle al pueblo a triunfar, fue enseñarle a la población colombiana el camino de los triunfos, de las victorias".

Recordando a Gabriel García Márquez dijo que “Llegó el momento de ponerle final a cien años de soledad, el año 101 es el año de la alegría y la victoria popular. Los aurelianos se van y sigue la fiesta, porque ahora el pueblo convoca a una gran fiesta, la fiesta de la democracia y la fiesta de la libertad en democracia y en libertad”.

Entre tanto, desde el recinto del Senado los ocho senadores y senadoras que votaron el hundimiento de la reforma, celebraban el éxito legislativo que aplaudían los opositores al gobierno, mientras que en las curules los congresistas del Pacto Histórico expresaban que la siguiente apuesta por las reformas sociales estaba en la Consulta Popular.

Mientras que culminaba el acalorado debate y votación en la comisión VII del Senado, en la Plaza de Bolívar, miles y miles de ciudadanos en medio de la llovizna iniciaban la retirada y en sus mentes repitiendo el mensaje del cierre macondiano del discurso de Petro: “…porque las estirpes de la tierra condenadas, tienen una segunda oportunidad, y esta es nuestra segunda oportunidad. ¡Palabra que sí! ¡Que viva la Consulta Popular en Colombia!".

Bogotá, D. C, 18 de marzo de 2025