Por Luis Fernando García Forero. - Se trata de establecer un nuevo modelo presupuestal a través de un proyecto de ley que aprobó el Senado para “mejorar el acceso, la calidad y la equidad” en las universidades públicas, a través de más recursos que suplan necesidades antiguas del sistema y abriendo la puerta a un financiamiento acorde a las demandas sociales y el crecimiento de la educación superior en Colombia.
Es verdaderamente una reforma a la educación superior con un nuevo modelo presupuestal cuyos máximos ganadores serán los miles de jóvenes bachilleres que están ávidos de verla sancionada como ley, para lograr sus sueños: ser profesionales.
Si aprueba la iniciativa la Cámara, las universidades, instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales, comenzarán a recibir recursos calculados en función del Índice de Costos de la Educación Superior (IES), con asignaciones adicionales que buscan fortalecer su funcionamiento.
Se destaca que los recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, ya no crecerán solo en proporción a la inflación, como lo establecía el modelo anterior, sino que se ajustarán según los costos reales reportados por cada institución. Así, se asegurará una financiación estable, mayores niveles de calidad académica y mejores condiciones laborales y formativas para estudiantes, docentes y administrativos.
Se beneficiarán no solo las 34 universidades estatales, sino que, por primera vez, incluirá de forma estructural a instituciones técnicas y tecnológicas, históricamente sub atendidas por la financiación nacional. Las asignaciones presupuestales se fijarán tomando como base los presupuestos históricos institucionales, ajustados cada año según el Ices calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Establece el proyecto que en caso de que el incremento anual del Ices sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el presupuesto crecerá conforme al IPC para evitar una reducción real de los fondos.
Se destinarían recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, orientados a fortalecer la base presupuestal de las instituciones profesionales, técnicas y tecnológicas estatales, así como los establecimientos públicos de orden territorial, en el primer año de la ley.
La iniciativa incluye fondos especiales para infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad educativa superior del país.
Lupa a recursos
Se incorporan medidas para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. Las comunidades educativas tendrán la facultad de conformar veedurías ciudadanas encargadas de vigilar el destino y uso de estos fondos, con el respaldo y acompañamiento de la Contraloría General de la República. El presupuesto crecerá según el Ices o el IPC, garantizando fondos estables - crédito Ministerio de Educación
“La aprobación de este proyecto de ley representa un avance importante hacia la promesa de poner a la educación en el centro del desarrollo del país y garantizar el derecho fundamental a la educación superior”, afirmó el ministro de educación Daniel Rojas.
Con la reforma aprobada, el Gobierno Nacional asume el reto de responder a la expansión del sistema de educación superior pública, atendiendo también el mejoramiento de la infraestructura y la actualización del sistema salarial de los docentes, así como la dotación de recursos que permitan planes de bienestar institucional y fortalecimiento administrativo.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre de 2025
