Opinión

Una minería que fortalece las capacidades locales, genera empleo digno, protege el capital natural y reconoce la diversidad del país, puede contribuir a la paz y al bienestar colectivo.

Por Amylkar D. Acosta M*. -Por deferencia de las ONG ECOS y GDIAM, hice de “pluma”, una especie de relator y redactor del texto del Documento Derechos humanos, minería y competitividad territorial, fruto de una amplia deliberación con quienes las integran, cuyos apartes me permito compartir. Como es bien sabido, la minería en Colombia tiene un papel relevante en la economía nacional y en la vida de numerosos territorios. Su contribución al desarrollo, sin embargo, depende de las condiciones en las que se realiza y de su capacidad para generar bienestar, proteger el medioambiente y respetar los derechos de quienes participan en ella o reciben sus impactos. Desde esta perspectiva, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIAM, plantea que los derechos humanos constituyen una base indispensable de la competitividad territorial.

Esta visión amplía la manera de entender el desempeño del sector. La productividad, los costos y la rentabilidad son necesarios para la viabilidad de la actividad minera, pero resultan insuficientes para valorar su aporte al desarrollo. También es preciso considerar la seguridad de las personas, la estabilidad de las reglas, las condiciones laborales, la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades. Estos factores inciden directamente en la posibilidad de atraer inversión formal, sostener las actividades económicas y construir relaciones de confianza.

Se reconocen los avances de Colombia en la construcción de un marco normativo de protección de derechos. Al mismo tiempo, se advierte una brecha persistente entre esos instrumentos y su aplicación. En distintos territorios mineros continúan la violencia contra líderes sociales y ambientales, las desigualdades de género, la precariedad laboral, el trabajo infantil y las afectaciones a comunidades étnicas. La degradación ambiental y la expansión de la extracción ilícita de minerales agravan este panorama.

El desafío de sortearlos y gestionarlos exige una presencia estatal integral y sostenida. Allí donde las instituciones carecen de capacidad para garantizar seguridad, administrar justicia, ejercer control ambiental y acompañar las actividades productivas, los actores armados encuentran condiciones para imponer sus propias reglas. Su intervención compromete la vida y la integridad de las comunidades, somete a trabajadores y pequeños mineros a distintas formas de coacción y coerción y afecta la viabilidad y la actividad misma de las empresas que operan dentro de la legalidad.

Abordar esta realidad requiere reconocer las diferencias entre las distintas formas de minería. La minería empresarial, la artesanal, la ancestral y la de pequeña escala tienen condiciones, capacidades y necesidades diversas. La informalidad, por su parte, demanda respuestas que permitan identificar qué actividades pueden avanzar hacia la formalización y qué apoyos necesitan para hacerlo. Confundir estas realidades con las estructuras criminales dificulta el diseño de políticas pertinentes y puede profundizar la exclusión de poblaciones que dependen de la actividad minera para su subsistencia.

La formalización debe ofrecer una ruta viable hacia la legalidad. Además de trámites y permisos, requiere acompañamiento técnico, organización productiva, acceso a financiación y comercialización, seguridad social y mejores prácticas ambientales. También debe reconocer las particularidades culturales de los territorios y promover la coexistencia entre escalas de producción. Para muchos pequeños mineros, estas condiciones determinan la posibilidad real de trabajar de manera segura y mejorar sus ingresos.

De igual manera, combatir la extracción ilícita exige comprender toda la cadena de valor. Una estrategia concentrada en sus eslabones más vulnerables deja intactas las redes que financian, comercializan y aprovechan el negocio. Se propone, entonces, identificar dónde se genera la violencia y actuar sobre todos los eslabones y los vínculos entre extracción, distribución, lavado de activos y mercados internacionales, con respuestas ajustadas a las dinámicas de cada territorio.

La garantía de derechos también exige reconocer que los riesgos y beneficios de la minería se distribuyen de manera desigual. Las mujeres enfrentan barreras de acceso al empleo formal, brechas salariales, limitaciones para participar en las decisiones y exposición a violencias. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras requieren garantías efectivas de sus derechos colectivos, culturales y territoriales. Los niños, niñas y adolescentes necesitan protección especial frente al trabajo infantil, la explotación y el reclutamiento. Estas diferencias deben incorporarse en las políticas públicas, los procesos de formalización y la gestión empresarial.

La protección del medioambiente forma parte de la misma responsabilidad. El cuidado del agua, la reducción de la contaminación, la restauración de áreas intervenidas y la gestión de pasivos ambientales inciden en la salud, los medios de vida y las posibilidades futuras de los territorios. Por ello, se necesitan autoridades con capacidad técnica, información accesible y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar y corregir los impactos.

Todo esto requiere participación efectiva. Las comunidades deben poder intervenir oportunamente en las decisiones, expresar sus prioridades y hacer seguimiento a los compromisos. Se impone la necesidad de fortalecer espacios permanentes de diálogo y coordinación territorial que articulen al Estado, las empresas y las comunidades. La confianza depende de la calidad de esa relación y, especialmente, del cumplimiento de los acuerdos.

La competitividad territorial se construye cuando existen condiciones para producir dentro de la legalidad, ejercer los derechos y compartir los beneficios del desarrollo. Una minería que fortalece las capacidades locales, genera empleo digno, protege el capital natural y reconoce la diversidad del país puede contribuir a la paz y al bienestar colectivo. Alcanzar ese propósito demanda coherencia institucional y una responsabilidad compartida que se traduzca en resultados verificables en los territorios.

Miami, octubre 10 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Sumo Pontífice toca el tema del papel de las máquinas y ahora de la revolución de la inteligencia artificial para señalar la importancia de que los seres humanos mantengamos toda nuestra libertad.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - A raíz de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y, luego, por algunas expresiones suyas, al terminar sus alocuciones como “Viva Cristo Rey”, algunos han planteado, inclusive ante instancias judiciales que así se está rompiendo la norma que separa la Iglesia y el Estado. Una norma constitucional que se introdujo en 1991.

El tema no se plantea únicamente en Colombia. En la visita del Sumo Pontífice a Francia, 25-28 de septiembre de 2026 este asunto forma parte principalísima del discurso pronunciado ante la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el palacio del Eliseo, el viernes 25 de septiembre. En razón de un auditorio tan calificado, me atrevo a decir que fue un discurso para el mundo y vale la pena recoger algunas de sus afirmaciones que pronunció luego de hacer un amplio elogio de Francia y de sus contribuciones a la civilización occidental.

Reconoció la rica, tradición cristiana francesa. Se remontó a Santa Irene y al bautismo de Clodoveo, y la tremenda influencia ejercida desde entonces. Mencionó a los célebres pensadores del renacimiento. Luego a los del Gran Siglo para concluir que Francia había aportado al mundo verdaderas conquistes, entre ellas Los derechos del Hombre, inscritos en la naturaleza de la persona humana, en particular, la libertad religiosa. Que el lema francés, libertad, igualdad y fraternidad no son simples palabras grabadas en las fachadas de los edificios públicos, sino que recogen exigencias éticas universales que se encuentran también en los mensajes evangélicos, una fuente inexpugnable de inspiración.

Hizo entonces una exaltación de esta importante Declaración universal de los derechos humanos y recogió la interpretación que de ellos hizo el Papa Juan Pablo II ahora santificado, para establecer que ella se refiere a derechos innatos tanto en el marco de los bienes materiales como de los bienes espirituales, y que es igualmente peligroso para la paz, porque ella toca siempre al hombre en su integridad. Fue parte del discurso de Juan Pablo II, ante la Asamblea General de la ONU, el 10 de octubre de 1979.

Y así, el Sumo Pontífice toca el tema del papel de las máquinas y ahora de la revolución de la inteligencia artificial para señalar la importancia de que los seres humanos mantengamos toda nuestra libertad y responsabilidad en el ejercicio de nuestros actos. Y entonces precisa que una sociedad libre no impone la uniformidad, sino que protege la diversidad de conciencias. Y reafirma que la solidaridad en la tradición cívica francesa y la caridad, recordando a San Vicente de Paul, muestran que el derecho a la vida es el fundamento insuperable de todos los derechos.

Para concluir recojo, literalmente, haciendo una traducción de la versión francesa del discurso, el párrafo que me parece más contundente sobre el tema: "una justa situación laica no consiste entonces en excluir la religión del espacio público o de la educación, sino en trabajar para que el Estado y las instituciones religiosas dialoguen juntas y unan sus fuerzas al servicio del bien común, para que el mundo tenga la vida".

Bogotá, D. C, 11 de octubre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado. 

Tenemos mucho que aprender del mundo, pero también mucho que enseñarle.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Colombia tiene razones para sentirse orgullosa de su ganadería. Durante más de dos décadas hemos demostrado que producir carne y leche, conservar la biodiversidad y recuperar los recursos naturales son propósitos compatibles. Hoy esa experiencia nos permite participar con autoridad en los grandes escenarios internacionales de la ganadería sostenible.

Esa fue la razón de mi invitación especial al Sommet de l’Élevage 2026, celebrado en Clermont-Ferrand, Francia, una de las ferias ganaderas más importantes del mundo, con 1.800 expositores, 2.000 animales de 70 razas y una asistencia prevista de 120.000 visitantes.

En esta edición, dedicada especialmente al pastoreo y al pastoralismo, Colombia tuvo un lugar destacado. No llegamos solamente a conocer los avances europeos, sino a compartir experiencias desarrolladas en nuestras condiciones tropicales.

Participé como presidente de Fedegán y como productor que durante más de veinte años ha impulsado los sistemas silvopastoriles, convencido de que es posible producir más y mejor, en armonía con la naturaleza.

No hablamos de promesas, sino de resultados. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, liderado por Fedegán con aliados nacionales e internacionales, benefició a 4.100 familias, intervino cerca de 160.000 hectáreas y estableció más de 34.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles, con incrementos del 23 % en capacidad de carga y del 36,2 % en producción de leche.

Estas cifras desvirtúan el señalamiento de quienes presentan la ganadería como enemiga del medio ambiente. Los sistemas silvopastoriles permiten recuperar suelos, incorporar árboles y arbustos forrajeros, favorecer la biodiversidad y elevar la productividad. Son tecnologías probadas que Colombia puede mostrar al mundo.

Francia también nos deja enseñanzas. Su tradición agropecuaria se ha convertido en una poderosa cadena de valor mediante genética, investigación, asociatividad, transformación industrial y denominaciones de origen.

Me llamó especialmente la atención la organización de productores mediante las agrupaciones agrícolas de explotación en común —GAEC—, que permiten compartir maquinaria, instalaciones y recursos, generando economías de escala. Lo podríamos ensayar con los ganaderos vecinos de nuestras fincas, de la misma manera como logramos organizar las Brigadas Solidarias o los Frentes de Seguridad.

Las cifras ilustran otra diferencia. Mientras el agro representa cerca del 9,3 % del PIB colombiano, en Francia apenas alcanza el 1,3 %. Sin embargo, su industria agroalimentaria produjo más de 203.000 millones de euros en 2024. Francia ha sabido transformar su producción primaria en industria, marcas y mercados.

¡Qué lección para Colombia! No necesitamos copiar su modelo, sino aprovechar nuestras ventajas tropicales y convertirlas en productividad y valor agregado.

Pero hay una condición: no podemos exigirles a nuestros ganaderos estándares internacionales sin ofrecerles instrumentos para alcanzarlos. La modernización requiere financiación, asistencia técnica, investigación, infraestructura y políticas públicas de largo plazo.

El Sommet de l’Élevage me ratificó que sostenibilidad y competitividad no son objetivos contrapuestos. Y me dejó la satisfacción de comprobar que los esfuerzos impulsados desde Fedegán, y que personalmente he desarrollado como ganadero, tienen reconocimiento internacional.

Tenemos mucho que aprender del mundo, pero también mucho que enseñarle. Porque no basta con que Colombia marque el camino de la ganadería sostenible ante el mundo. Tenemos que lograr que nuestros ganaderos puedan recorrerlo. Esa es la verdadera transformación: convertir conocimiento en productividad y productividad en bienestar para la Colombia rural.

Bogotá, D. C, 11 de octubre 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Mucho hay por satisfacer a un pueblo y a una sociedad que estaban huérfanos.

*Por Gabriel Ortiz. - Parece que fue ayer, pero el tiempo pasa volando, y así mismo las esperanzas de quienes cobijaban y abrigaban cambios constructivos, amables, renovadores y tranquilizantes, que llevarán a Colombia por las rutas de la paz, el progreso, el desarrollo y la confraternidad.

Veníamos del desconcierto total, de continuar, nos habría conducido al desenfreno que nos convertiría en una nación inmanejable en los campos económico, político, social, sin constitución, ni poderes judicial y legislativo. No quedaría norma alguna que frenara lo que nos iban a imponer. Tendríamos que olvidarnos de procesos electorales y acostumbrarnos al partido único de gobierno. No habría derecha, izquierda o centro, porque solo existiría partido estatal.

Las libertades quedarían en el pasado y solo se admitirían los caprichos de Petros, Cepedas, “emes 19” y nuevos amos que impondrían su voluntad y la de quienes tomaran las riendas del nuevo y único ejecutivo.

Así pensaron los millones de colombianos que fueron a las urnas en junio 21, para impedir la tenebrosa continuación que estuvo a punto de implantar Petro con quienes gobernó durante 4 años y planteaba seguir hasta el final de sus días.

Ni Paloma, ni los otros 20 candidatos de izquierda, derecha y centro que se lanzaron a la presidencia en la primera vuelta, lograron ganarle a De La Espriella, pese a los temores e investigaciones que se ventilaban sobre él.

Había un clamor popular que impedía la repetición del desastre que aún vivía Colombia y que le impusieron durante   los últimos 4 años.

Hoy llegamos a 2 meses y dos días con De La Espriella, que como presidente recorre Casas de Nariño nuevas y usadas. Ha cumplido muchas de las promesas que ofreció durante la campaña y que gran parte de su electorado anhelaba. Ha golpeado duro a todos los movimientos guerrilleros que impiden a esta nación y a sus habitantes ricos, pobres, indígenas y afros vivir en paz y tranquilidad.

No todo lo ha recibido con mieles. Le cayó el terremoto del 10 de agosto y la parálisis de Santa Marta con toque de queda subversivo, que superó a tiempo. Desde entonces Abelardo, usa pistola al cinto y se pasea entre cadáveres enfundados, destituye sin pena ni gloria a quien le cae mal, ha sido su enemigo o propiciado alguna investigación en su contra… es decir: se ha ido por esa absurda calle del medio para beneficiar a sus amigos, ganar adeptos y refundar la patria milagro. Los odios, que no son buenos consejeros, los utiliza para fustigar y sacar a gorrazos a valientes periodistas y directores de gremios, a los que no perdona haberlo cuestionado.

Se ha apartado del Centro Democrático, que mucho aportó para elegirlo, ha descubierto con éxito personal, el desastre económico que recibió, tiene quietos a los políticos sin necesidad de prebendas, ni visas a Estados Unidos. Todo, dentro de este contexto le va saliendo bien, pero hay sectores, inquietos y dudosos, a pesar de lo tempranero del mandato. Ya hay insatisfechos a hurtadillas, expresan malestar que seguramente aflorará cuando empiecen a cumplirse las exigencias del Fondo Monetario: impuestos y normas económicas que tallarán, despidos de dirigentes gremiales y aparición de descontentos en muchos sectores. Mucho hay por satisfacer a un pueblo y a una sociedad que estaban huérfanos. “Todos piden, nadie pone”, dice la pirinola. Eso causa soberbia si no existe preparación para soportarlo, antes de que llegue la Patria Milagro.

BLANCO: Congelar precios de la gasolina, da votos y permite alivio para el grueso de la población.

NEGRO: El gran amigo Victo Hugo Ayala, se nos fue, pero dejó la gran herencia de su voz. Con mi gran amigo, Javier Ayala, lo disfrutamos en esas inolvidables tertulias con las que nos deleitaba durante sus visitas al Noticiero Nacional. Dios lo tiene en su gloria.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2026

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

El Estado debe apoyar al cultivador -mediante políticas propicias-, no excluyendo ciertos productos.

Por José G. Hernández*. - Se ha generado justificada polémica sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, mediante las cuales invitó a los agricultores a no sembrar arroz -porque es mal negocio- y a preferir cultivos como el marañón.

El arroz es uno de los productos esenciales para la alimentación y la dieta diaria de millones de colombianos. Es alimento básico, muy difícil de sustituir en el seno de los hogares y la colectividad. Pero quien esto escribe no quiere referirse al tema propiamente alimenticio, ni tampoco a la cuestión económica planteada desde muchos frentes, en especial los sectores de productores, intermediarios y consumidores. Prefiero entrar de nuevo en el ámbito jurídico, para aludir a las reglas superiores sobre el ámbito de atribuciones del Gobierno y, en especial, de los ministros.

Dentro de un esquema de libertad -como corresponde al Estado Social de Derecho-, el papel de un funcionario público, por alto que sea, no es el de señalar a los agricultores si deben cultivar uno u otro producto alimenticio o de otro orden. Hablamos -claro está- de productos lícitos, pues los ilícitos deben ser abiertamente rechazados y erradicados.

El artículo 2 de la Constitución manifiesta que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en el ejercicio de sus derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Los ministros, junto con el presidente de la República y los directores de departamentos administrativos, constituyen el Gobierno, la Rama Ejecutiva del poder público. Al tenor del artículo 208 de la Constitución, ellos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del presidente, les corresponde formular “las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”. Se deben mover en el campo de las atribuciones expresamente señaladas en las normas, en el terreno propio de la administración pública, no en el ámbito interno de la actividad productiva ni en la toma de decisiones empresariales.

Aunque el Estado es director general de la economía y debe intervenir en las distintas etapas del proceso económico, lo hace con el fin de alcanzar los propósitos previstos en el artículo 334 de la Constitución: racionalizar la economía y conseguir, en el plano nacional y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Y, de manera especial, para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar “que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”, así como “para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

El artículo 64 de la Constitución -reformado por Acto Legislativo 1 de 2023- dispuso: “El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales”.

El Estado debe apoyar al cultivador -mediante políticas propicias-, no excluyendo ciertos productos.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional

Celebramos que el nuevo Presidente de ECOPETROL Joaquín Gutiérrez haya viajado a Caracas con el objeto de explorar e identificar oportunidades de negocio.

Por:  Amylkar D. Acosta M*. - “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo”, espetó Donald Trump al referirse a su abierta intervención en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, quiso matizar sus palabras: “no necesitamos el petróleo de Venezuela”, aclaró, no obstante advirtió tajantemente que Washington no permitiría que su industria petrolera quedara en manos de adversarios de Estados Unidos, como China, Rusia o Irán. Ambas declaraciones permiten entender el alcance de la estrategia estadounidense: asegurar influencia sobre las reservas venezolanas, su explotación y sus destinos comerciales. La aparente contradicción se aclara: producir petróleo en abundancia no elimina el interés por decidir quién explota, comercializa y obtiene beneficios de las reservas del vecino.

Cabe preguntarse por qué una potencia petrolera como Estados Unidos tiene tanto interés en el crudo del vecino país. Una parte de la respuesta está en las características de su industria de refinación estadounidense. Varias refinerías de la costa del Golfo están preparadas para procesar crudos pesados, como los de la faja petrolífera del Orinoco. La producción estadounidense, predominantemente liviana, no satisface por sí sola todas esas necesidades. En el negocio petrolero, la calidad del crudo y la capacidad de procesarlo importan tanto como el volumen disponible.

Esta complementariedad industrial ayuda a explicar el acercamiento entre ambas partes. A ella se suma la competencia por los mercados y por la influencia política en América Latina. El acceso al petróleo venezolano ofrece a Washington la posibilidad de fortalecer su abastecimiento regional, obviando el paso por el estrecho de Hormuz y limitar la presencia de otras potencias. La energía sigue ocupando un lugar determinante en las relaciones internacionales.

El secretario de Energía, Chris Wright, fue explícito al anunciar que Estados Unidos comercializaría la producción venezolana “indefinidamente” y así lo viene haciendo. El control de las ventas y de sus ingresos aparece así como un instrumento para orientar los cambios que Washington busca en Venezuela. Por su parte, Delcy Rodríguez extendió una invitación a trabajar en una “agenda de cooperación”. Estas declaraciones muestran cómo el petróleo se ha convertido en un punto de encuentro entre gobiernos que hasta hace poco mantenían una abierta confrontación. Ambas declaraciones muestran el carácter transaccional del acercamiento. Y esa complementariedad ayuda a explicar el interés mutuo por recuperar los flujos comerciales entre ambos países.

En este escenario y luego de la flexibilización de las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro control estadounidense y la apertura a que ello ha dado lugar, Colombia tiene razones para prestar atención. Una recuperación sostenida de la producción venezolana podría intensificar la competencia en el mercado de crudos pesados, el mismo nicho en el cual participa nuestro país y presionar los ingresos de nuestras exportaciones. La mayor disponibilidad de oferta podría presionar a la baja los precios relativos y modificar las preferencias de los compradores. Su magnitud dependerá de las inversiones efectivamente ejecutadas, de la demanda mundial y de las condiciones comerciales. Conviene prepararse para ese escenario sin dar por consumados sus efectos.

El impacto dependerá de cuánto petróleo adicional llegue al mercado, de la demanda mundial y de las condiciones comerciales. Por eso, sería apresurado presentar como inevitable una caída determinada de los ingresos colombianos. Pero también sería imprudente ignorar el riesgo. Menores precios o volúmenes exportados pueden afectar la entrada de divisas, las utilidades empresariales y los ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales vinculados a la actividad petrolera.

Colombia debe prepararse para competir en ese entorno. Ello exige cuidar la productividad de sus operaciones, ofrecer condiciones que permitan inversiones y avanzar en la diversificación de su economía. La transformación productiva requiere tiempo y financiación. Debilitar las fuentes actuales de ingreso antes de consolidar otras puede hacer más difícil ese tránsito.

Desde otra perspectiva, la nueva coyuntura también abre una ventana de oportunidad. Colombia y Venezuela cuentan con antecedentes de cooperación energética que merecen una revisión. Las posibilidades del intercambio de electricidad pasa por una evaluación técnica del estado de las interconexiones tanto por La Guajira como por Norte de Santander y el transporte de gas por el gasoducto Antonio Ricaurte son asuntos concretos alrededor de los cuales podría construirse una agenda binacional. Aprovechar esa infraestructura exige comprobar su estado, asegurar el suministro y obtener las autorizaciones correspondientes. La infraestructura existente ofrece un punto de partida, pero su aprovechamiento exige verificar el estado de los equipos, la disponibilidad del recurso y las condiciones de entrega.

ECOPETROL, por su parte, debería evaluar las posibilidades de participar en la recuperación de la industria de hidrocarburos venezolana. Su experiencia y los antecedentes de cooperación constituyen elementos para explorar proyectos. La entrada anunciada de GeoPark al vecino país muestra que otros actores ya están identificando oportunidades. Anunció el 2 de septiembre de 2026 su entrada en Venezuela mediante el bloque Bare, en la faja petrolífera del Orinoco.

Este paso merece atención de ECOPETROL, que debería examinar dónde su experiencia puede traducirse en oportunidades rentables, con garantías suficientes para proteger el patrimonio de sus accionistas. Dejar pasar el tiempo también tiene un costo. Por ello, celebramos que el nuevo Presidente de ECOPETROL Joaquín Gutiérrez haya viajado a Caracas con el objeto de explorar e identificar oportunidades de negocio, pues, como reza el proverbio oriental, un viaje de mil millas comienza con un solo paso y este es el que se están dando. Bien dijo Bill Gates que “el éxito en los negocios está en saber hacia dónde va el mundo y llegar allí primero”.                              

Bogotá, octubre 3 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

La nueva derecha en Colombia parece un agujero negro que amenaza con devorarse a las otras fuerzas políticas de derecha que gravitan a su lado

Por Hubert Ariza*. - Mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa ajustando sus anillos de poder más cercanos, radicaliza su narrativa de la Patria Milagro, acelera el proceso de revocar las decisiones más trascendentales de la pasada administración y sienta las bases de una política de seguridad que incluye extradiciones, recompensas, megacárceles, bombardeos a campamentos guerrilleros y paramilitares y fumigaciones a plantaciones de hoja de coca, su alfil en el Congreso, el senador Enrique Gómez Martínez, sube la temperatura de su diatriba contra el hasta hace poco sol de la derecha: Álvaro Uribe Vélez.

Gómez Martínez es nieto del presidente conservador Laureano Gómez, a quien los liberales llamaban, en los años cuarenta del siglo pasado, el Monstruo. Es, además, sobrino del inmolado líder del Movimiento de Salvación Nacional, Álvaro Gómez Hurtado, faro ideológico del presidente Abelardo y profesor del expresidente Iván Duque.

Gómez Martínez es, en sí mismo, una fuerza minoritaria en el Congreso con apenas tres senadores, pero se ha convertido en el referente ideológico de una nueva derecha radical que considera a Uribe Vélez “socialdemócrata” e incluso “socialista”.

Socialista es una etiqueta demasiado simplista, sin ningún rigor histórico, para definir al hombre que durante más de 30 años definió la política de la derecha en Colombia, arrinconó militarmente a las FARC, desmovilizó miles de paramilitares, extraditó a la cúpula de las AUC, redefinió el tamaño del Estado, atacó al chavismo, cambió la Constitución para reelegirse e hizo presidentes a Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Detrás de esta antropofagia electoral que promueve Gómez Martínez está la disputa de la nueva derecha por ganar las elecciones regionales de 2027, en las que se pondrá a prueba la capacidad del presidente Abelardo para convertir el poder nacional de Defensores de la Patria en poder territorial, ganando gobernaciones y alcaldías que le permitan consolidar su control político más allá de la Casa de Nariño.

Se trata de una lucha por afirmar su visión de país, que es diametralmente opuesta a la que diseñó su antecesor, Gustavo Petro, cuyas reformas han ido cayendo bajo la directriz del presidente, quien consolida su cruzada anticomunista, que incluye castigar a la izquierda y llevar a sus principales líderes a la cárcel, en Colombia o en Estados Unidos, incluyéndolos en la lista OFAC y despojándolos de la visa americana. Para ello, cuenta con el apoyo de sus aliados: Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y los miembros del Escudo de las Américas.

En el escenario regional, Defensores de la Patria es aún un referente y no un poder real, a pesar de que el jefe de Estado se ha volcado sobre los territorios para demostrar su compromiso con la descentralización y el poder regional.

Un ejemplo de esa acción fue el manejo de la crisis de orden público tras la muerte en combate de alias Cholo, líder de los Pachenca —paramilitares que actúan en los departamentos del Magdalena y La Guajira—. En plena crisis, el mandatario, pistola en el cinto, patrulló las calles de Santa Marta y se conectó con sectores que apoyan la mano dura. Fue una situación inédita en Colombia durante décadas, que generó polémica.

La política de recompensas para capturar al jefe de esa organización criminal, alias Pinocho, la aceleración de la terminación de la cárcel de máxima seguridad de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, y la extradición del jefe de las disidencias de las FARC, alias Araña, muestran, del mismo modo, a un presidente desplegado en las regiones, hablando de seguridad, infraestructura y desarrollo.

La larga lista de obras prometidas para el departamento del Magdalena muestra, además, a un mandatario decidido a ganarse el voto regional en las próximas elecciones. Esa campaña comenzó el mismo día del triunfo electoral, del pasado 21 de junio.

Los actuales mandatarios regionales están de salida y responden, en su mayoría, a sus propios intereses. Por ello, la guerra electoral de la nueva derecha busca quedarse con el electorado del Centro Democrático, que es visto como un botín. Desde afuera, parece una de esas viejas disputas por la herencia de un patriarca cuando este todavía no ha muerto.

En este caso, Uribe ni agoniza ni está muerto políticamente; solo ha dejado de ser el sol rutilante de la derecha y ha pasado a ser percibido, por quienes antes le adoraban, como una estrella menor que gravita en la política.

Mantiene, sin embargo, el control de una fuerza parlamentaria decisoria, que el Gobierno nacional necesita para pasar sus reformas en el Congreso. Uribe sabe que en juego largo hay desquite y con sus declaraciones muestra la astucia de quien no se doblega, porque se sabe necesario y cobrará, en su momento, la osadía de haber sido despreciado.

A esa pugnacidad entre Gómez Martínez y el Centro Democrático se suma la renuncia a ese partido de la exsenadora María Fernanda Cabal, cuyo marido, el jefe de los ganaderos, José Félix Lafaurie, dijo que “la derecha de Uribe ya no sabe a nada”. La Cabal pretende construir un nuevo partido, quizá, con más sabor a radicalismo.

Así las cosas, el espacio político de la nueva derecha tendrá tres referentes con posturas diferentes: Uribe, visto como derecha light; Defensores de la Patria, percibidos como el trumpismo en Colombia; y la gente de Cabal, a la derecha de los dos anteriores. Todos disputándose los mismos espacios.

Esa nueva derecha que desdeña al uribismo tiene al frente a Gustavo Petro y al petrismo, que es una fuerza de izquierda que también vive su propio viacrucis de canibalismo, tras la pérdida de las elecciones con Iván Cepeda. Un sector de ese partido lo acusa de ser el responsable de la derrota. Otro señala a Carolina Corcho. Aun así, en un país tan polarizado, mantienen un enorme caudal electoral.

Sería ingenuo pensar que el petrismo terminó el 7 de agosto. Ese sector juega duro para tener protagonismo en las elecciones de 2027, recuperar Bogotá, Cali y otras ciudades, y mantener gobernaciones importantes. La oposición que lidera Petro en las calles está dirigida no solo a socavar el Gobierno de Abelardo, sino, en esencia, a ganar las elecciones territoriales.

En Colombia hoy no parece haber espacio para el centro. La nueva derecha y el petrismo se tomarán todo el espacio. Las elecciones regionales mostrarán en octubre del año entrante el impacto de la Patria Milagro en el electorado. También, si Petro fue capaz de hacer el milagro de mantener viva la izquierda ante la arremetida del trumpismo.

El agujero negro de la nueva derecha, mientras tanto, seguirá buscando devorar todo a su paso. El espíritu del Monstruo renace en un país donde la política es un viaje permanente por la historia y el reciclaje de tragedias y epopeyas en defensa de la democracia.

Bogotá, D. C, 3 de octubre 2026

*Periodista, internacionalista y analista político. 

Tomado de El País.

No prestarle la atención que ellas merecen es un atentado contra nuestro bienestar

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. -No es la primera vez que me refiero a este tema. Es que su repercusión en la vida política de los países que reciben dinero enviado por los migrantes es cada vez más significativa. Pero ahora existen circunstancias que ameritan, sin duda, un tratamiento mucho más cuidadoso del tema y con más visión de futuro. Y creo que ya es una cuestión que forma parte de la agenda negociadora entre esos países y los que se benefician.

Muchos dirían que el tema es nuevo. Pero llevamos ya más de dos décadas con datos muy significativos que muestran el formidable impacto positivo que la remesas han tenido en muchos países. Es que en algunos es tan importante el envío de las remesas que tienen un Ministerio para gestionarlas y buscar un mejor aprovechamiento de las mismas. Y en nuestros días hay factores como los de las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos y otros países que están afectando lo que venía siendo un crecimiento notorio de esas remesas.

En América Latina, México ha sufrido un descenso significativo que baja el promedio del crecimiento en América Latina y el Caribe. Existe un nuevo impuesto del 1% sobre los envíos y la cuestión de las deportaciones ahora tan significativas en los Estados Unidos, pues constituyen también un factor que se debe tener en cuenta. Y en virtud de la competencia entre las entidades financieras que trabajan con este dinero tan enorme que han introducido el tema de la digitalización en el envío de las mismas, ellos también han tenido un impacto muy fuerte en el comportamiento de esta variable, tan determinante en la vida económica de muchos países.

Siempre he creído, quizás por ignorancia, que Colombia no le ha prestado la suficiente atención al manejo de estas remesas y a su mejor aprovechamiento. Y creo que ha llegado un momento de tomar mucho más en serio el tema. En algunas ocasiones he afirmado que los migrantes colombianos se han convertido en el principal producto de exportación de Colombia. Eso tiene sus pros y sus contras. Cuando se suma el dinero que generan todas nuestras exportaciones agrícolas, café, flores, aguacates, banano, etc., es bien claro que el sector de las remesas es más importante y por ello debería recibir muchísima más atención. Y un manejo más creativo y provechoso tanto para los remitentes como para las familias que se benefician.

El distinguido miembro del Diálogo Interamericano, ya desde la época en que dirigían esa situación, Peter Ha Kim y Michael Scheffer, don Manuel Orozco, ya bien reconocido por sus valiosas contribuciones en beneficio de los remitentes y sus respectivos países, y que ya ha recibido distinciones internacionales por su tarea, ha sido la persona que se ha identificado por su preocupación y unos resultados bien positivos con respecto a este tema. Y recientemente divulgó un original estudio que identifica la nueva situación del tema de las remesas, las variaciones que han sufrido y lo que puede venir en el próximo futuro.

Un estudio breve y muy revelador, que no puede ser pasado por alto, ni en las cancillerías, ni en el Banco de la República, ni en las agencias que tienen que ver con la promoción de las exportaciones y con el bienestar de familias vulnerables en Colombia, que han gozado de este beneficio que bien habría envidiado un presidente como Carlos Lleras Restrepo, quien no creería que esas son las enormes cifras que alimentan la capacidad exportadora de Colombia.

Las remesas son hoy un patrimonio clave de la vida económica de muchos países y, claro está, también de Colombia. No prestarle la atención que ellas merecen es un atentado contra nuestro bienestar y contra la prosperidad de cientos de miles de familias.

Bogotá, D. C, 3 de octubre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Hoy hablamos de FEDEGÁN 5.0, de conectividad, transformación tecnológica, sostenibilidad y nuevos mercados.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*- Cada 30 de septiembre celebramos el Día Nacional del Ganadero.

Lo instituimos en FEDEGÁN para honrar la memoria de José Raimundo Sojo Zambrano, expresidente de la Federación, asesinado el 30 de septiembre de 1995, y con él la de miles de ganaderos que durante décadas padecieron el secuestro, el asesinato, la extorsión, el desplazamiento, el despojo y toda suerte de violencias.

He recordado muchas veces esta fecha. Pero este año quiero hacerlo desde otra perspectiva: la importancia del Gremio.

Hace pocas semanas murió Miguel Santamaría Dávila. Y al recordar su vida comprendí, una vez más, cuánto le debe la ganadería colombiana a quienes entendieron desde temprano que una actividad dispersa por todo el territorio necesitaba organización, representación y una sola voz.

Miguel lo hizo. Fue, ante todo, un constructor del Gremio. Recorrió Colombia, promovió asociaciones y comités regionales y ayudó a consolidar a FEDEGÁN como la institución nacional de los ganaderos, dándole a la ganadería la personalidad y la representación que merecía.

Después vendrían tiempos aún más difíciles. José Raimundo Sojo levantó la voz cuando hacerlo significaba asumir riesgos enormes. Defendió a los ganaderos frente a la violencia y terminó asesinado por las FARC, años después, ya retirado en su finca de Anolaima, donde criaba palomas. ¡Qué ironía!

Jorge Visbal presidió FEDEGÁN en algunos de los años más duros de nuestra historia reciente. Hoy está privado de la libertad por una decisión judicial cuya interpretación no comparto. Mantengo mi convicción de que Jorge actuó desde la institucionalidad en representación de un sector asediado por la violencia.

Miguel, José Raimundo y Jorge representan momentos distintos de una misma historia: construir el Gremio, defender el Gremio, resistir desde el Gremio.

Pero detrás de ellos siempre estuvieron los verdaderos protagonistas: los ganaderos. Los miles que fueron asesinados, secuestrados, extorsionados o desplazados; los que perdieron familiares y patrimonio; los que regresaron a sus fincas; los que permanecieron a pesar del miedo; los que siguieron produciendo cuando buena parte del país les daba la espalda.

Para ellos, la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, publicó Acabar con el olvido, para que sus historias y sus memorias permanecieran presentes.

Por ellos existe FEDEGÁN. Porque el Gremio no es una oficina en Bogotá ni una sigla. Es la capacidad de convertir miles de voces individuales en una voz colectiva. Es defender al productor frente al Estado cuando es necesario y trabajar con el Estado cuando el interés nacional lo exige.

Es llegar a 700 mil predios y vacunar 30 millones de animales en cada ciclo para erradicar la aftosa o la brucelosis. Es defender al productor de leche y articular asociaciones, cooperativas y comités regionales alrededor de una causa común. Es luchar contra el contrabando, el sacrificio clandestino, las malas políticas públicas y las distorsiones de los mercados.

Pero también es proponer: asistencia técnica, capacitación, sostenibilidad, crédito, tecnología, mercados y productividad.

Eso es el Gremio. Eso es FEDEGÁN.

Hoy hablamos de FEDEGÁN 5.0, de conectividad, transformación tecnológica, sostenibilidad y nuevos mercados. Los retos cambian, pero el principio sigue siendo el mismo que entendió Miguel Santamaría hace más de sesenta años: un ganadero aislado es vulnerable; organizado alrededor de su Gremio tiene voz, representación y capacidad de transformar su realidad.

Hoy recuerdo a José Raimundo Sojo, a Miguel Santamaría y pienso también en Jorge Visbal. Pero, sobre todo, honro a los miles de ganaderos que han padecido las violencias de Colombia y a quienes, pese a todo, siguieron y siguen produciendo, generando empleo y construyendo país.

Ellos son los ganaderos. Y FEDEGÁN es su gremio. Una institución que existe para representarlos, defenderlos, acompañarlos y ayudarlos a transformar su realidad.

Esa ha sido nuestra historia. Y ese sigue siendo nuestro

Bogotá, D. C, 3 de octubre 2026

*Presidente de FEDEGÁN.

@jflafaurie

Nada de lo que desfigura la dignidad humana se puede reivindicar como una auténtica inspiración divina.

Por: José G. Hernández*. - Sabio y profundo mensaje el que ha enviado a todo el mundo el Papa León XIV: “Invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación de este nombre. Nada de lo que desfigura la dignidad humana se puede reivindicar como una auténtica inspiración divina. El discurso religioso debe exhortar constantemente a desarmar los corazones y las palabras”.

El enfoque papal -como corresponde- es religioso, y, desde esa perspectiva, nos parece coherente y ajustado a las enseñanzas de Cristo y al sentido mismo de la doctrina católica. Pero queremos verlo también desde una perspectiva jurídica, particularmente en el caso de Colombia.

La Constitución Política de 1991, como varias veces lo hemos resaltado, es la base y el postulado principal de una organización estatal y de un sistema jurídico democrático y humanitario. De allí que el artículo 1 de la Carta declare que el respeto a la dignidad de la persona humana es uno de los fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento.

De la dignidad humana se desprenden los derechos fundamentales, que el Estado y sus autoridades están obligados a garantizar, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones, exclusiones ni preferencias.

La Corte Constitucional lo subrayó desde sus primeras decisiones. En la Sentencia número T-571 de 1992 sostuvo: “Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia -aún de su concepción - y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha venido sosteniendo esta Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana". El carácter fundamental de un derecho -añade- "no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable”.

A nuestro juicio, una actitud agresiva y violenta del Estado y sus funcionarios, sin consideración a la dignidad y los derechos esenciales de toda persona, no es lo que la Constitución contempla. Desde luego, ya que las autoridades han sido establecidas para salvaguardar la vigencia de la preceptiva constitucional, el orden público, la pacífica convivencia, el respeto a las personas y comunidades, es natural que goce de facultades para perseguir a la delincuencia, inclusive mediante el uso de la fuerza, dentro de la legalidad. Esa es la función de las fuerzas armadas y de policía, como también lo contempla la Constitución.

Pero no se ajusta a la Constitución ni a la legalidad el abuso de autoridad o el uso excesivo de la fuerza pública, menos todavía si, como se ha denunciado en días recientes, conduce a la pérdida de la vida e integridad de personas ajenas al conflicto y no comprometidas en acciones delictivas. Esa conducta carece de legitimidad y los funcionarios abusivos deben responder. No puede haber impunidad.

Bogotá, D. C, 30 de septiembre 2026

Expresidente de la Corte Constitucional.