Opinión

Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de carne bovina, atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años.

Y como el mercado no perdona, la reducción del hato disparó los precios de la carne y de su expresión más popular: la hamburguesa, el “lunch” de la inmensa clase media de Estados Unidos, ante lo cual el olfato político de Trump, con los precios de la carne subiendo y las elecciones de noviembre a la vista, lo llevó a autorizar la importación adicional de 300.000 toneladas de carne bovina en 90 días.

No parece, sin embargo, una necesidad pasajera, pues Estados Unidos puede recomponer rápidamente su economía ganadera, pero el crecimiento de la población mundial viene generando una escasez permanente que podría extender las importaciones adicionales más allá de los 90 días.

Estados Unidos necesita carne y Colombia tiene ganado, lo cual representa una oportunidad para nuestra ganadería. Con cerca de 30 millones de bovinos y un gran componente de razas cebuinas alimentadas a pasto, tenemos lo que necesita el mercado estadounidense: carne magra para mezclar con sus cortes grasos y abastecer su gigantesco mercado de carne molida; necesidad que no es de poca monta en un país que consume 150 hamburguesas/habitante/año, para un total que ronda los ¡50 mil millones! Lo dicho: Trump parece estar resuelto a ganar las legislativas de noviembre.

En este momento, cuando los dos gobiernos negocian un Acuerdo de Comercio Recíproco y muestran interés en avanzar en medio de una coyuntura política también favorable, nuestro ministro de Comercio llevó nuestra carne a esa mesa de negociación para que pueda llegar luego a la mesa de los estadounidenses, pues durante catorce años de vigencia del TLC con ese país, su carne ingresa a Colombia sin que la nuestra logre acceso a ese mercado.

Y mientras esperamos, nuestros competidores siguen vendiéndole carne a Estados Unidos y aprovecharán el cupo adicional. Después de grandes logros sanitarios, no podemos perder esta oportunidad, que coincide con mi carta muy reciente a los ministros de Comercio y Agricultura, insistiendo precisamente en la necesidad de abrir ese mercado.

En esta ocasión, el tema del acceso al mercado estadounidense no puede seguir patinando entre trámites y estudios mientras otros países ocupan el espacio que hoy se abre; una oportunidad a la que, además, se suma la creciente demanda de China, configurando una oferta insuficiente de carne en los principales mercados.

El tema trasciende las exportaciones y es un factor impulsor de la ganadería con implicaciones sociales, pues una demanda sostenida de carne enviaría una señal económica a toda la cadena, hasta llegar al pequeño criador del Caribe y el trópico bajo para acelerar la reconversión de miles de productores que sobreviven ordeñando vacas de cuatro o cinco litros y destetando terneros de apenas 160 kilos. Con un mercado atractivo para la carne, producir a toda leche terneros de 200 kilos o más en menos tiempo, sería un mejor negocio.

No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias. De ahí que los ministerios de Comercio y Agricultura, la Cancillería, el ICA y el INVIMA, de la mano con el gremio ganadero, deben sentarse a evaluar pendientes, con la trazabilidad regionalizada como prioridad inaplazable, como parte de una hoja de ruta con metas y responsables, para ser presentada en la negociación que se adelanta en Washington.

Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.

Bogotá, D, C, agosto 28 de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

La “Patria Milagro” dice poco en términos normativos, pero produce mucho en términos de identificación, movilización y narrativa de salvación nacional.

Por Roberto Córdoba Triviño*. - La expresión “Patria Milagro”, usada por Abelardo de la Espriella, no es un concepto jurídico ni una categoría técnica del derecho público, sino un lema retórico que condensa una promesa de transformación nacional extraordinaria. Su fuerza no está en su precisión conceptual, sino en su capacidad para movilizar emociones colectivas (identidad, esperanza, orden, lealtad) y presentar un programa electoral como una “misión de salvación” más que como un conjunto de políticas verificables.

En términos prácticos, funciona como un cartel político: dice poco en contenido normativo, pero produce mucho en efecto simbólico y electoral. Me atrevo por razones de metodología, de manera condensada, explicar mi tesis en cuatro puntos definidos así:

1. Qué significa (y qué no significa) “Patria Milagro”
2. No es una institución jurídica.No define competencias, derechos, obligaciones, fuentes de financiación ni mecanismos de ejecución. 
3. “Patria”es una noción afectiva y simbólica: tierra natal/adopción + comunidad organizada + vínculos históricos, culturales y emocional. 
4. “Milagro”sugiere un cambio rápido, excepcional y casi providencial frente a un país percibido como deteriorado (inseguridad, pobreza, corrupción, desconfianza institucional).
5. La combinación es retórica, no normativa: crea una imagen de renacimiento nacional, pero no una nueva categoría constitucional ni administrativa. 

Por eso, desde el derecho constitucional y administrativo, la fórmula carece de precisión técnica, pero eso no la hace políticamente inocua: al contrario, su vaguedad es parte de su eficacia.

2. Por qué funciona como “cartel” emocional en política
3. Un cartel político no necesita ser técnicamente riguroso; necesita ser memorable, movilizadora y moralizante. “Patria Milagro” logra esto al:
4. Simplificar problemas complejosen una narrativa de “salvación nacional”.
5. Convertir la propuesta en deber moral: quien apoya “la patria” aparece como patriota; quien critica, como desleal o fuera de la comunidad, 
6. Generar esperanza rápidafrente a fatiga institucional, usando la idea de “milagro” como respuesta emocional a crisis estructurales.
7. Anclar la marca del candidatoen un eslogan que se repite como eje del discurso (en el discurso de posesión, por ejemplo, se menciona repetidamente).

El resultado es un efecto de identificación fuerte con un proyecto presentado como causa nacional, más que como alternativa programática detallada.

3. El complemento: “Firmes por la Patria” y el saludo militar

La campaña no solo promete un futuro (“Patria Milagro”), sino que exige una disposición presente: “Firmes por la Patria”. 

1. “Patria Milagro”= promesa de transformación excepcional.
2. “Firmes por la Patria”= llamado a disciplina, unidad y lealtad para alcanzarla.
3. Saludo con la mano en la sien= gesto que corporiza esa disposición, con estética castrense. 

Este trío construye una secuencia simbólica potente:

1. La patria está en crisis.
2. El líder ofrece convertirla en “Patria Milagro”.
3. Los seguidores deben mantenerse “firmes”, con gesto de disciplina, para lograrlo. El gesto, descrito en medios como saludo militar o “con visera”, transmite: disciplina, autoridad, orden e identificación con las Fuerzas Militares, sin que eso implique, jurídicamente, convertir a civiles en miembros de la Fuerza Pública. 
4. Límites jurídicos vs. eficacia política

Ha habido controversias judiciales sobre el uso de símbolos patrios, imágenes alusivas a instituciones militares y el lema “Firmes por la Patria” en propaganda. 

1. Un tribunal llegó a prohibir el uso de ciertos símbolos y frases en la campaña, argumentando que los emblemas nacionales no deben usarse para obtener ventajas electorales. 
2. La Corte Suprema luego suspendió esa prohibición, señalando que el saludo castrense no equivale a símbolo patrio y que no hay prohibición legal expresa para que particulares lo usen en política. 

Lo brevemente expuesto demuestra que:

1. El debate jurídico se centra en conductas concretas de propaganda(uso de bandera, escudo, imágenes militares), no en convertir “Patria Milagro” o “Firmes por la Patria” en conceptos jurídicos. 
2. La eficacia política del lemaes independiente de su estatus jurídico: puede ser muy exitoso como herramienta de comunicación, aunque no tenga definición técnica. 
3. Corolario: “Patria Milagro” como cartel de alto rendimiento emocional
4. Significado técnico:bajo o nulo. No es una categoría de Estado, régimen, entidad territorial ni política pública delimitada. 
5. Significado político-emocional:muy alto. Opera como un cartel que:
6. Condensa una promesa de renacimiento nacional.
7. Moviliza identidad, esperanza y sentido de misión.
8. Facilita la personalización del liderazgo y la simplificación del conflicto político (“firmes” vs. “débiles/traidores”). 
9. Resultado práctico:una fórmula que “sacude lo más profundo del sentimiento” y genera emociones positivas masivas hacia la campaña, incluso si su contenido programático requiere traducción posterior a leyes, presupuestos, indicadores y controles. 

Terminamos concluyendo que: “Patria Milagro” es un cartel político más que un concepto jurídico: dice poco en términos normativos, pero produce mucho en términos de identificación, movilización y narrativa de salvación nacional.

Bogotá, D. C, 27 de agosto 2026

*Egresado de la facultad de derecho de la Universidad Libre, especializado en informática jurídica. 

El Tratado de Roma fue ratificado porque hicimos parte del consenso internacional que se perfeccionó con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional

Por: José G. Hernández*.  - En la capital italiana, el 17 de julio de 1998 -con la participación y firma de Colombia-, se pactó el Estatuto de Roma, mediante el cual fue creada la Corte Penal Internacional. El Congreso colombiano lo aprobó mediante la Ley 742 del 5 de junio de 2002.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, la Corte Constitucional adelantó el correspondiente proceso oficioso de revisión y declaró exequible la Ley 742, según Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002.

El presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, sancionó la ley aprobatoria y procedió a ratificar el Tratado, con base en la expresa autorización impartida por el Acto Legislativo 2 de 2001, que dispuso: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución”.

Según puede verse, fue un proceso complejo y muy especial, pues -a diferencia de otros tratados internacionales- fue ratificado por disposición directa y singular de una reforma de la Constitución Política. Así que la reciente propuesta gubernamental de sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional, para apoyar a Estados y dirigentes que se han dedicado a vulnerar los derechos humanos y a desconocer el Derecho Internacional Humanitario, no puede cristalizarse mediante un plumazo, ni por el capricho del Canciller o del presidente de la República, quien ejerce la jefatura del Estado y maneja las relaciones internacionales de Colombia, pero tiene que hacerlo según la Constitución colombiana.

En su fallo, la Corte Constitucional manifestó: “La creación de una Corte Penal Internacional de carácter permanente e independiente es el resultado de un prolongado proceso de construcción de consensos en el seno de la comunidad internacional en torno a la necesidad de garantizar la protección efectiva de la dignidad humana frente a actos de barbarie y de proscribir los más graves crímenes internacionales. Su establecimiento constituye un avance para la protección efectiva de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario”.

Téngase en cuenta que la creación de este tribunal internacional obedeció a los antecedentes de muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos a lo largo del siglo XX, toda vez que el mundo entero reclamaba una lucha integral y coordinada contra la impunidad, en búsqueda de la efectividad de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ello generó un consenso entre muchos Estados sobre la necesidad de establecer una instancia internacional de carácter permanente para juzgar y sancionar a los responsables de crímenes atroces.

El Tratado de Roma fue ratificado porque hicimos parte del consenso internacional que se perfeccionó con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2002, después de haber sido ratificado por más de ciento veinte Estados.

Colombia no puede respaldar a quienes, en cualquier parte del mundo, cometen genocidio o adelantan la guerra contra los postulados esenciales del Derecho Internacional Humanitario. Abandonar el Estatuto de Roma sería un adefesio.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional.

El proceso de renacer de Colombia después del terremoto tiene que convertirse en una enorme oportunidad para unirnos alrededor de un solo propósito.

Por Hubert Ariza*. Cuando el presidente Abelardo de la Espriella se acostó el pasado 7 de agosto, luego de posesionarse en Cali y celebrar su victoria, estaba convencido de que su anunciado plan de la Patria Milagro tenía una ruta clara para ejecutarse y moldear a Colombia con mano de hierro y la intervención de Estados Unidos.

De acuerdo con su discurso inicial, se trataba de una visión que contaría con un Plan Nacional de Desarrollo apoyado en varios ejes: seguridad, orden, justicia, transparencia, descentralización, lucha contra el comunismo, fumigaciones aéreas, Escudo de las Américas.

Pero la naturaleza, caprichosa y salvaje, se encargó tres días después de despertar todos los miedos, resquebrajar los sueños, aterrizar las vanidades y poner a las comunidades a exigir la reconstrucción de sus municipios, en medio de una guerra interna, el agudo déficit fiscal, un mundo convulsionado y un país sitiado por la polarización, la guerra y el odio.

La tarea es gigantesca. Colombia ha sufrido el peor terremoto de este siglo, que ha dejado más de 300 muertos, igual cifra de desaparecidos, cerca de 5.000 heridos, cientos de construcciones en ruinas. El monto inicial de la reconstrucción se estima en más de 30 billones de pesos, pero la cifra podría aumentar con el paso de los días. Un monto incomprensible para la mayoría de los colombianos, pero dramática en las mentes de los responsables de las finanzas nacionales, que deberán sacar plata de dónde no hay para encausar el rumbo del país luego de la catástrofe natural.

Y lo peor, no ha parado de temblar, ni en Colombia, ni en el vecindario. Las placas tectónicas se siguen moviendo, y el pánico duerme con los colombianos, que con solo sentir el ruido de una ventisca ya creen que los edificios se desplomarán encima de sus cabezas. Mientras las réplicas mantienen a las comunidades aterradas, las autoridades buscan recursos, asistencia técnica, cooperación internacional, créditos blandos y pista para una reforma tributaria.

La pregunta es quién pagará la cuenta, que siempre deja sin capital político a los gobernantes. Comenzando su mandato, imponer gravámenes que disminuyen la clase media y empujan a miles a la pobreza no es buena alternativa para ningún liderazgo. Difícil tarea tiene el equipo económico que aterriza en Hacienda con las arcas vacías, el país resquebrajado y la gente sufriendo la tragedia. El hambre y la desolación son malas amigas del márquetin político.

Decir que son tiempos de unidad es una obviedad, lograrla es una tarea titánica. La polarización no cede. Los fanáticos del Gobierno y el petrismo siguen en campaña política. Hay que mirar la historia y aplicar las lecciones aprendidas de otras catástrofes naturales.

Una de esas tragedias fue la avalancha del volcán Nevado del Ruiz, que borró el municipio de Armero, en el departamento del Tolima, durante el Gobierno de Belisario Betancur. Y el terremoto de Armenia, Quindío, el 25 de enero de 1999, que dejó mil muertos, cientos de heridos y una devastación inconmensurable de esa ciudad del Eje Cafetero. En ambos casos Colombia fue capaz de recuperarse, con un plan de reconstrucción que tuvo un concepto clave de recomposición del tejido social, lucha contra la corrupción y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y la cooperación internacional.

Esos dos ejemplos dan espacio para suponer que la gerencia de la reconstrucción del terremoto de agosto de 2026, como decía Mockus, construirá sobre lo construido, con visión de unidad, aplicará las lecciones aprendidas, e impedirá la instrumentalización política de las víctimas.

El país espera que el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, aplique las lecciones de Luis Carlos Villegas, presidente de la junta directiva del Forec, el famoso Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, cuyas luces son muy valiosas. Hay que mantener alejado el oportunismo de los políticos, cerca de los técnicos, bien cuidados los recursos para que no se pierda un solo centavo, y muy sintonizadas a las víctimas y las comunidades para que sean protagonistas de la reconstrucción de su propio futuro.

El proceso de renacer de Colombia después del terremoto tiene que convertirse en una enorme oportunidad para unir al país alrededor de un solo propósito. Por eso, ninguna estrategia puede estar ligada a la simbología de la campaña electoral, que quedó atrás el 7 de agosto, y fue superada por la magnitud del terremoto. Lo que sigue es una estrategia de demolición del odio, extinción del fuego electoral y recuperación del tejido social. La reconstrucción bien vale un proceso de diálogo nacional entre las fuerzas políticas en el Congreso, para trazar una hoja de ruta que dignifique a las víctimas, reconstruya el tejido social y saque a Colombia adelante.

A la par de la reconstrucción está la cultura de prevención y la respuesta a nuevos sismos en Colombia. También la educación alrededor del cambio climático, que es una agenda que no se puede echar a la basura cuando el planeta da señales permanentes de la magnitud de la crisis ambiental. El negacionismo es mala consejera en este campo.

En medio de la situación de desastre nacional, el presidente De La Espriella ha continuado armando su equipo de Gobierno, en un mundo paralelo donde la política ha pasado a un segundo plano, a pesar de que cada día se toman decisiones trascendentales que ratifican el giro radical de Colombia a la derecha, como el ingreso al Escudo de las Américas o el reconocimiento a Israel de los Altos del Golán, por citar solo dos casos. La guerra cultural es otro campo de batalla que el Gobierno estimula en todos los escenarios posibles, especialmente el educativo.

Hablar del proceso político suena extraño en estos momentos, cuando el dolor colectivo no disminuye y las redes sociales están inundadas de imágenes de tragedia y heroísmo.

El polvo del terremoto nubla hoy la mirada sobre la política, cuyo desarrollo no se detiene. La oposición que lidera el expresidente Gustavo Petro está obligada a sintonizarse, también, con la nueva realidad que vive Colombia. Quizá sea momento para bajarle el volumen al Twitter, decretar una tregua política, un alto al fuego de la palabra, para no atizar la polarización y la revancha mientras se lloran los muertos y se levantan de nuevo las casas. En estos días de tragedia todas las energías deben estar enfocadas en salvar vidas y afianzar la democracia.

La réplica de la oposición al primer discurso del presidente demostró qué tan extraña se ve la puesta en escena que hace dos meses despertaba emociones. La furia de la naturaleza ha demolido las imágenes y los estereotipos de la derecha y la izquierda. Es momento de escuchar la razón y darle espacio a la vida. La política bien puede esperar.

Bogotá, D. C, agosto 22 de 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

Por: José Félix Lafaurie Rivera* - Un terremoto no pregunta quién gobernaba cuando se deterioraron las finanzas públicas o quién se robó los recursos para gestionar esos riesgos imprevisibles de la naturaleza. Simplemente llega, destruye y obliga al Estado a responder.

¿Qué será de los recursos para reconstruir? Más allá de loque investiguen los organismos de control, el Libro de la Verdad, resultado de un inédito empalme unilateral, tiene respuestas preocupantes sobre dos asuntos que considero estratégicos: las finanzas públicas y el campo.

Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobiernoera de $16 billones de pesos, frente a niveles históricos de entre $30 y $40 billones, con una proyección para fin de año de apenas $7,1 billones.

El “déficit primario”, que arroja la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta sin el servicio de la deuda,pasó del 0,3% en 2023 al 3,4% en 2025, es decir, semultiplicó por diez y significa que Petro gastó 63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4 % del PIB en 2025, el más alto en décadas, con excepción de 2020, del 7,8% por efectos de la pandemia, el mismo nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.

La deuda pública creció más de 360 billones, pero como el problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber, esa deuda, concentrada en pesos con tasas entre 13 % y 15%, más del doble de las tasas de la deuda externa, solo en 2025 costó 105 billones.

Y ahora vayamos al campo, estratégico por varias razones: Porque su recuperación es condición necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá del esfuerzo del Estado por perseguir el delito. Porque, ante la situación de las finanzas públicas, no podría ser que la recuperación del campo siga en la lista de las cosas por hacer. Y, finalmente, por el enorme potencial de la producción agropecuaria como factor de recuperación económica.

Sin embargo, durante cuatro años se habló de reforma agraria y de millones de hectáreas, un contexto en el que FEDEGÁN firmó con el gobierno un Acuerdo de Tierras para la compra de predios ganaderos. Sin embargo, ese proceso de compra y redistribución con proyectos productivos quedó enredado en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.

El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: La Agencia Nacional de Tierras le anticipó un billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y no podían ser adjudicados formalmente. Al finalizar el gobierno, el 56,2 % de las hectáreas reportadas como entregadas tampoco tenían titularidad.

Muy grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica; sin ella no hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia técnica y mercados; una parcela entregada modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza.

De esa toma de conciencia deben partir los grandes cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en factor de generación de ingreso y bienestar.

Colombia necesita empresas rurales rentables; aprovechar mejor cada hectárea y producir alimentos para los colombianos, para exportar y generar empleo. Necesita un Estado que facilite la generación de riqueza rural, para que el campo deje de ser parte del problema y recupere su vocación de parte sustancial de las soluciones.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

Bogotá, D, C, 22 de agosto 2026

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Como todo lo que tocaba la administración Petro con lo fiscal estaba claramente desfinanciado.

Por Juan Camilo Restrepo*. - El artículo 56 del estatuto orgánico del presupuesto dispone que “antes del 15 de agosto las comisiones de Senado y Cámara podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de esta ley, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito público que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes”.

Y eso fue lo que resolvieron precisamente las comisiones económicas.

El proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 había sido originalmente preparado por la administración Petro. Como todo lo que tocaba aquella administración con lo fiscal estaba claramente desfinanciado. Se ha calculado por parlamentarios tan serios como Oscar Darío Pérez que dicho proyecto entrañaba un desfinanciamiento cercano a los $ 60 billones. Es decir, que los gastos proyectados excedían en dicha suma los estimativos de ingresos seriamente calculados para la vigencia del 2027. Obviamente, la ejecución de dicho proyecto conduciría inexorablemente a profundizar el ya considerable desajuste de las finanzas públicas con el que la administración Petro las entregó el 7 de agosto, con un déficit fiscal cercano al 8% del PIB equivalente a $ 160 billones de pesos y una deuda pública desbordada.

Era por lo tanto indispensable la revisión que en estos momentos está haciendo el nuevo gobierno al proyecto de presupuesto que encontró de la administración anterior. Para efectuar los recortes en el programa de gastos del año entrante a que haya lugar, y, ante todo, para reflejar en el presupuesto de la próxima vigencia las prioridades que el nuevo gobierno quiere imprimirle al gasto público en el futuro inmediato.

Dos ejemplos ilustran lo que acabamos de decir.

El gobierno ADLE ha dicho que lo más urgente en el calamitoso escenario de la salud es inyectarle $ 10 billones para financiar un programa de estabilización inmediata, antes inclusive de proceder a reformas más estructurales del sistema de la salud que el gobierno Petro dejó en ruinas.

Pues bien, para que esta inyección de $ 10 billones de emergencia al sistema de la salud puedan llevarse a cabo en los próximos meses se requiere ineludiblemente que las apropiaciones correspondientes de ese gasto aparezcan el presupuesto de gastos del año entrante, cosa que no sucedía con el proyecto original de presupuesto ahora bajo revisión en el ministerio de Hacienda.

Una segunda ilustración de porqué se hace ahora más indispensable que nunca la revisión del presupuesto del 2027 es por razón del terremoto. Este doloroso episodio requerirá para el año entrante lo que pudiéramos llamar la cuota inicial de los gastos necesarios para arrancar en la vigencia del año entrante la inmensa tarea de la reconstrucción que se desarrollará a lo largo de los próximos tres o cuatro años. Pues bien, en el proyecto de presupuesto para la vigencia del año entrante deben aparecer las apropiaciones (autorizaciones de gastos), con las cuales se empezará esa gran tarea que con toda razón puede llamarse el “plan Marshall criollo”. Con el que se le hará frente a la devastación monumental que el sismo plantea para Colombia en las vigencias venideras.

Pero, claro, no todo serán platas del presupuesto nacional: se necesitará además el concurso de la empresa privada y de la cooperación internacional que también deberán aparecer registradas como ingresos en el presupuesto venidero.

El presupuesto nacional es, pues, el conducto jurídico- instrumental a trasvés del cual se va a ejecutar tan formidable tarea.

Por todas estar razones era ineludible revisar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027. Tarea en la que está concentrado el ministerio de Hacienda en este momento antes de llevar la ley de presupuesto de nuevo a estudio del Congreso, antes de este 30 de agosto.

POSDATA: A medida que siguen saliendo todos los días noticias sobre la desfachatada orgia contractual de la administración Petro en sus últimas semanas, se hacen indispensable las auditorías forenses que según anuncia el nuevo gobierno están en macha. Es apremiante que dichas auditorías concluyan pronto y se puedan llevar ante los jueces a los autores mismos de tales desafueros, y ante los tribunales administrativos los contratos que sea factible rescindir y anular.

Bogotá, D. C, 22 de agosto 2026

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Nos conoció mejor de lo que nosotros nos conocíamos y así ayudo a que nuestra existencia fuera más feliz

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Todos admiramos al ya fallecido y muy distinguido profesor de la Universidad de Oxford, Malcolm Deas, como el gran historiador sobre Colombia. Y la Universidad del Norte, como que ha decidido administrar su legado intelectual y también bibliográfico pues heredó su valiosísima biblioteca.

Y es así, como con frecuencia, realiza seminarios, debates y promueve publicaciones que le permiten a varios historiadores, analizar las contribuciones que Malcolm Deas hizo sobre la historia de Colombia.

Esta semana, la Universidad del Norte y su ilustre rector, el historiador Adolfo Meisel, hizo una doble celebración para discutir la obra literaria de Álvaro Cepeda Samudio y la histórica de Malcolm Deas.

El rector me permite participar en esos seminarios históricos a sabiendas de que no tengo conocimiento de esa materia, y me permite hablar, por ejemplo, del perfil intelectual y humano de Malcolm y en esta ocasión de un intento para presentarlo como un audaz y penetrante analista político.

Es que Malcolm tenía la ventaja de contar con el conocimiento histórico de Colombia y de otros países de América Latina, aparte de su amplia cultura para hacer comentarios casuales o producto de una mayor reflexión sobre la situación política de Colombia. Y es esta dimensión, la que ya presenté alguna vez en el libro que Eduardo Posada-Carbó dirigió un homenaje de la Universidad del Norte a Malcolm, en el cual lo califican como " Historiador de Colombia ". Colegas y discípulos suyos ofrecieron ensayos y trae además una excelente bibliografía.

Hice una reflexión ampliada sobre la misma el jueves pasado en el seminario mencionado.

Recojo una afirmación casual de Malcolm que muestra su oportuna y penetrante capacidad de análisis. Por allá, a finales del siglo XX soltó la siguiente frase, contundente: "el sistema bipartidista colombiano es indestructible, porque no existe". Era un momento en el cual todavía seguíamos hablando de la existencia de dos grandes partidos políticos en Colombia, sin reparar mayormente en el impacto que tenían algunas facciones que los venían caracterizando desde algún tiempo. Ya en el 2003 se pasó una legislación para reducir lo que entonces era un sistema de partidos que podría sobrepasar el número de los 60 para, si no recuerdo mal, lograr reducirlos a 10. Hoy no sabemos si tenemos 32 o 33. El más reciente, el de los Defensores de la Patria, creación del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, reconocido por el Consejo Nacional Electoral como tal.

Es que Malcolm se desempeñó como admirable historiador y formador de historiadores y como analista de las coyunturas políticas que vivió desde su llegada a Colombia en 1963. Dijo haber conocido a 15 presidentes colombianos, lo cual indica su interés por la situación política que vivió, eso que algunos llaman everyday history, es decir, la historia del momento actual. Esa la conoció muy bien y en cada momento y le permitió hacer comentarios que en muchas ocasiones iban en contravía del pensamiento convencional. Y para mí es la dimensión en la cual ejerció mayor influencia, la cual se tradujo en ayudar a moderar las opiniones predominantes y, principalmente, a criticar la capacidad de auto flagelamiento que teníamos los colombianos. Es una tarea que debería realizarse por medio de la búsqueda de ese tipo de opiniones que sus innumerables amigos recuerdan y las que aparecieron en entrevistas formales.

Sí, es cierto, nos conoció mejor de lo que nosotros nos conocíamos y así ayudo a que nuestra existencia fuera más feliz al acercarnos al conocimiento de la historia del pasado y del presente, que era como concebía el papel de la historia.

Bogotá, D. C, 21 de agosto 2026

*Analista Político, catedrático, exministro de Estado.

Las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.

Por: Humberto Tobón*- Sin excesos, sin espectáculo y con un gran pragmatismo, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que su Plan de Desarrollo se volcará esencialmente a cumplir y fortalecer las metas que estén correlacionadas con el propósito de reconstrucción del departamento.

Una decisión oportuna y acertada. Priorizar las metas y redireccionar los recursos que apuntan a la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física, es un aporte sustancial, que de todas maneras necesita ayuda externa.

Se requieren muchos más recursos de los que hoy dispone el gobierno departamental en su presupuesto, o de aquellos que provienen de las transferencias del sistema de regalías, el sistema general de participaciones, el desahorro del Fonpec y el aumento de los cupos de crédito. Los nuevos dineros tendrán que llegar provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, según se desprende del decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, donde se declara la situación de desastre en Colombia por un periodo de doce meses.

Este Fondo será el encargado de manejar los recursos para la respuesta y recuperación del desastre y desde allí se girarán las transferencias económicas a los entes territoriales, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012.

Es aquí donde se requiere una coordinación adecuada, para que se puedan definir las prioridades de la inversión de los recursos y estos no se dispersen. “No se puede permitir que se cometan errores en los procesos de planeación y ejecución”, le ha dicho el mandatario risaraldense a su equipo de gobierno.

El gobernador Patiño Ochoa ha señalado que la reconstrucción es un desafío de los próximos diez años para Risaralda y su éxito dependerá de la planeación que se realice hoy, enfatizando que las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.

El gobierno de Juan Diego Patiño dará el banderazo de arranque con el modelo de intervención, que ojalá se convierta en una política pública de mediano plazo, que los próximos dos gobiernos territoriales deban acatar y para ello la presencia de las veedurías ciudadanas será fundamental para que no se desvíen las metas ni se dispersen los recursos.

Pereira, 18 de agosto 2026

*Economista y periodista

La autonomía administrativa, propia de la descentralización, significa libertad y facultad efectiva -a nivel territorial-

Por José G. Hernández*. - Para que el Gobierno aplique y cumpla fielmente la Constitución colombiana -como juró hacerlo- es necesario que la conozca. Parece haber olvidado algunas de sus disposiciones.

Algunos ejemplos:

- En días pasados declaró que el Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP) depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No es así. Los departamentos administrativos dependen directamente del presidente de la República. Hacen parte del gobierno, junto con los ministerios, según señala el artículo 115 de la Carta Política, cuya parte pertinente conviene transcribir: “El Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables”.

- También ha ignorado el concepto constitucional de la descentralización, pensando que ella se realiza tomando posesión fuera de Bogotá, estableciendo sedes presidenciales en varias ciudades o designando -desde el Gobierno nacional- gerentes o superiores de los alcaldes o gobernadores.

Como lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la descentralización territorial implica el otorgamiento de mayor poder, atribuciones, recursos y competencias a las autoridades y a las corporaciones de las entidades territoriales -departamentos, distritos, municipios-, para ejecución en su propio nombre y bajo su responsabilidad.

La autonomía administrativa, propia de la descentralización, significa libertad y facultad efectiva -a nivel territorial- de ejercer las funciones y disponer de los recursos asignados, con la suficiente independencia en la orientación y el manejo de los intereses regionales y locales.

Según la Corte (Sentencia C-1051/01), “el carácter de entidad territorial implica pues, el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales”.

- Teníamos entendido que, tras las elecciones, la campaña política había terminado. Pero continúan las frases altisonantes, las consignas contra el gobierno anterior, los saludos militares, los sermones, los anuncios de milagros.  Y ahora, en plena crisis generada por el terremoto del 10 de agosto, en Buenaventura -una de las ciudades más gravemente afectadas-, siguen las puestas en escena y la entrega presidencial de balones marcados con el logo de su candidatura, en vez de ayudas y aportes efectivos y oportunos. Así no se cumple la función constitucional.

- El presidente ordena a una ministra revisar nombramientos para verificar rigurosamente que las personas designadas no pertenezcan a tendencias o ideas “incompatibles” con sus "lineamientos", atropellando la libertad de pensamiento y opiniones y el sentido imparcial del servicio público. Lo que debe tenerse en cuenta para una designación, según resulta de las reglas constitucionales, no es la inclinación ideológica del aspirante sino su preparación, su conocimiento, su experiencia y el cumplimiento de los requisitos legales.

Bogotá, D. C, 19 de agosto 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional

El debate en torno al Cargo por confiabilidad no debe reducirse a cuánto cuesta el mecanismo, sino lo que garantiza en términos de confiabilidad y firmeza, cómo se remunera y qué señales ofrece para invertir en la capacidad que Colombia necesitará.

Por: Amylkar D. Acosta M* - Lo primero es lo primero: Colombia necesita energía suficiente, firme y disponible en condiciones de hidrología crítica. Ese objetivo debe orientar cualquier ajuste o reforma del Cargo por confiabilidad. La discusión sobre su costo, su distribución entre tecnologías y sus efectos sobre las tarifas es legítima y necesaria; pero perdería el rumbo si terminara debilitando el respaldo que evita que una sequía se convierta en racionamiento.

La Comisión de regulación de energía y gas (CREG), que nació con la Ley eléctrica (143 de 1994), de la cual fui ponente, en ejercicio de su facultad regulatoria diseñó y estableció el cargo por confiabilidad en 2006, mediante la Resolución 071, en reemplazo del Cargo por capacidad que se había establecido originalmente, a través de la Resolución de la CREG 001 de 1996 y la 116 del mismo año que reglamentaba su cálculo.

Según la firma XM, filial de ISA, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), el Cargo por confiabilidad “es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador”.

El Cargo por confiabilidad, entonces, es una especie de seguro,  por el cual se le reconoce a la empresa generadora una remuneración a cambio de su compromiso de garantizar una oferta de energía en firme (OEF), tornándose exigible su cumplimiento durante cada una de las horas en las que el precio en Bolsa de la energía supere el denominado precio de escasez. Basado en ello, la empresa que recibe dicha asignación se obliga, además de invertir en la planta respectiva, asumir su mantenimiento, de tal manera que pueda garantizar su disponibilidad para cuando sea requerida para respaldar al Sistema. Actualmente esa remuneración es de $84 el KWH, aproximadamente y representa 8 puntos porcentuales, aproximadamente de los 39 puntos porcentuales, que son el peso específico del cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R).

En todo caso la asignación del Cargo por confiabilidad se hace mediante subastas y las empresas a las que se les hizo la asignación tienen ese derecho adquirido hasta 2027 y 2028, de tal suerte que antes de procederse a introducirle algún cambio o su eventual eliminación hay que andar con pies de plomo, de tal suerte que cualquiera que sea la determinación que se tome no ponga en riesgo la confiabilidad y firmeza del SIN y que no impida la expansión de la capacidad de generación que el Sistema pide a gritos. Hay que ser muy cuidadoso en ello. 

El Gobierno Petro cuestionó el mecanismo del Cargo por confiabilidad y lo puso en el centro del debate. En agosto de 2025, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que los usuarios habían pagado $92 billones por este concepto desde 2006 y presentó seis líneas de reforma, tendientes a “modernizar el esquema” del mismo,. Entre ellas figuran priorizar nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración según la tecnología y la antigüedad de las plantas, concentrar el pago en recursos capaces de responder durante la escasez, limitar el tiempo de participación, introducir los ajustes de manera gradual y separar de la fórmula tarifaria la variable asociada a la confiabilidad.

El planteamiento responde a inquietudes reales. No parece razonable que una planta ampliamente amortizada reciba, sin evaluación adicional, el mismo tratamiento que una instalación nueva que debe recuperar una inversión considerable. Tampoco lo sería remunerar como respaldo un recurso que, en el momento crítico, no puede entregar la energía comprometida. La transparencia también es indispensable: si el cargo representa cerca del 10 % del costo unitario del servicio, el usuario debe poder identificar qué paga y qué obtiene a cambio.

Sin embargo, el debate tarifario no puede agotarse en la cifra acumulada. Presentar el total pagado durante casi dos décadas sin relacionarlo con la capacidad respaldada, las obligaciones asumidas, los periodos de escasez atendidos y las inversiones inducidas ofrece una imagen parcial y parcializada. La pregunta pertinente no es solo cuánto ha costado el cargo, sino si el diseño actual compra la confiabilidad adecuada al menor costo posible y con una asignación equilibrada de riesgos.

Además, es pertinente establecer cuál ha sido la contrapartida de esa remuneración. En efecto, durante ese mismo lapso de tiempo (2006 – 2026) la inversión de los privados por cuenta del Cargo por confiabilidad fue del orden de los $113 billones, cifra superior a la que asumieron los usuarios. Ello, además, hizo posible la ampliación de la capacidad instalada en 11.078 MW, más del 50% de la capacidad instalada total.  Por lo demás, para el año 2025 los ingresos de los generadores por concepto del Cargo por confiabilidad sólo representó el 21.5%, suma esta que considero razonable.

Lo primero, entonces, es asegurar que el país no se apague. A partir de ese principio, sí corresponde revisar cuánto se paga, a quién, durante cuánto tiempo y a cambio de qué desempeño. Una reforma seria no debe escoger entre tarifas justas y seguridad energética, este es un falso dilema: debe diseñar un mecanismo que haga compatibles ambas. En todo caso preservando los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera de las empresas y la eficiencia de costos de la prestación del servicio de energía. Ese es el verdadero desafío del cargo por confiabilidad.

Cartagena, agosto 16 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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