Opinión

El debate alrededor de la Línea Negra refleja la enorme dificultad de equilibrar: protección de derechos ancestrales, autonomía indígena, seguridad jurídica, propiedad privada, autonomía territorial y desarrollo económico.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El nuevo Decreto expedido por el Presidente Gustavo Petro para redefinir la denominada “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, 0514 del 19 de mayo de 2026, revive un debate complejo sobre autonomía indígena, ordenamiento territorial, consulta previa, seguridad jurídica y alcance de las competencias del Ejecutivo. La controversia surge luego de que el Consejo de Estado anulara el Decreto 1500 de 2018, expedido en volandas, cuando ya estaba con un pie en el estribo para partir, por el ex presidente Juan Manuel Santos, por vicios jurídicos relacionados, principalmente, con la ausencia de consulta previa integral y problemas de cartografía oficial.  

Entre las principales inconveniencias y dudas jurídicas que se plantean frente al nuevo decreto se destacan las siguientes: en primer lugar, persisten dudas sobre la consulta previa efectiva. El principal argumento que llevó a la nulidad del Decreto anterior fue que no se agotó adecuadamente el proceso de consulta previa con todas las comunidades potencialmente afectadas, incluyendo comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos asentados dentro del polígono de influencia de la denominada Línea Negra.  

En segundo lugar, el riesgo de invasión de competencias territoriales. Uno de los puntos más sensibles es que la redefinición de la Línea Negra puede incidir directamente sobre los planes de ordenamiento territorial (POT), el uso del suelo, las actividades productivas, la infraestructura, el turismo, la minería y la energía, así como las competencias de municipios y departamentos y su autonomía territorial reconocida en la propia Constitución Política.

En tercer término, está la posible afectación a la seguridad jurídica. Y ello dado que la llamada Línea Negra abarca zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira e involucra decenas de municipios y áreas con actividades económicas estratégicas. Por ello, varios juristas advierten riesgos relacionados con: la incertidumbre para proyectos de inversión, las restricciones no claramente delimitadas, la superposición de derechos territoriales, los conflictos entre propiedad privada y protección espiritual ancestral y los eventuales litigios administrativos y constitucionales. Incluso, firmas jurídicas han advertido sobre el vacío normativo y la inseguridad normativa generada tras la nulidad del Decreto de 2018.  

En cuarto lugar, está la ambigüedad sobre el alcance jurídico de los “sitios sagrados”. Ello nos remite a otra discusión de fondo, la cual radica en determinar si el reconocimiento espiritual y cultural de los sitios sagrados puede traducirse automáticamente en restricciones ambientales, limitaciones a la propiedad privada, condicionamientos al desarrollo económico, facultades de cogobierno territorial y posibles colisiones de competencia. Los críticos sostienen que el decreto podría terminar creando efectos equivalentes a una ampliación territorial de facto sin pasar por mecanismos legislativos o reformas legales expresas.

En quinto lugar, está el debate que surge sobre separación de poderes. Sectores críticos consideran que el Ejecutivo podría estar intentando reproducir mediante un nuevo decreto lo que ya fue anulado judicialmente por el Consejo de Estado, lo que abriría un debate sobre el respeto a las decisiones judiciales, alcance reglamentario del Presidente, así como los límites del poder administrativo. Aunque el Gobierno sostiene que está corrigiendo los defectos advertidos por la justicia, persiste la duda sobre si el nuevo acto administrativo realmente subsana los vicios de fondo o simplemente transcribe el texto anterior con sólo ajustes procedimentales.  

En sexto lugar, están las tensiones entre derechos indígenas y derechos de terceros. La Constitución protege especialmente los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, pero también exige armonizarlos con: derechos de campesinos, derechos de comunidades afro, propiedad privada, libertad económica, competencias territoriales e interés general. El propio presidente Petro reconoció que la redefinición de la Línea Negra “implica una reforma agraria”, debido a la presencia de campesinos dentro del área involucrada. Ello podría derivar en conflictos sociales y jurídicos complejos sobre uso, ocupación, tenencia y administración del territorio.

En séptimo y último lugar, pero no por ello menos importante, está la fragilidad técnica y cartográfica del Decreto de marras. El fallo que anuló en su momento el Decreto 1500 señaló que no existía cartografía oficial plenamente consolidada al momento de su expedición.  Por tanto, el nuevo decreto deberá demostrar en su defensa: precisión técnica, coordinación con el IGAC, claridad geográfica, compatibilidad con catastros y registros oficiales. Huelga decir que cualquier inconsistencia podría dar lugar nuevamente a demandas de nulidad.

En síntesis, el debate alrededor de la Línea Negra refleja la enorme dificultad de equilibrar: protección de derechos ancestrales, autonomía indígena, seguridad jurídica, propiedad privada, autonomía territorial y desarrollo económico. Dados los vacíos y las inconsistencias del Decreto, 0514, el nuevo Gobierno que preside Abelardo de la Espriella debería derogarlo y cumplir con las formalidades y ajustar el mismo a la normatividad legal y constitucional.

Riohacha, septiembre 25 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

A finales de la administración Petro hubo una verdadera orgía contractual que según “Transparencia por Colombia” se tradujo en la firma atropellada de cerca de 50.000 contratos.

Por Juan Camilo Restrepo*. - En estos días hay un sano concurso de ideas para ubicar dónde se podrían reducir gastos públicos. Es apremiante hacerlo. El manejo de la situación fiscal de la administración que terminó el pasado 7 de agosto se caracterizó por el irresponsable aumento de gastos que no estaban respaldados en ingresos ciertos. Allí radica el germen de la calamitosa situación fiscal que vive el país.

El ministro de Hacienda Gómez Martínez, por ejemplo, informó que en los últimos meses los gastos públicos vienen creciendo en promedio $ 40 billones mientras que los ingresos para financiarlos no llegan, en promedio, a $ 28 billones mensuales.

Ahí está la explicación de déficit que según el último informe del comité autónomo de la regla fiscal (Carf) podría llegar al finalizar 2026 a 9,4 % del PIB ($ 180 billones). Y de la apremiante necesidad de un ajuste profundo en el gasto público para salir del pantanero en que nos dejó el gobierno Petro.

Algunos dicen, como el pacto histórico, que el problema no es grave y que bastaría con poner más impuestos para salir del problema. Otros escépticos hablan de que la inflexibilidad del presupuesto es tal que es muy poco lo que puede hacer el gobierno- así tenga buena voluntad de hacerlo- para moderar la rueda dentada que trae el gasto público. El gobierno de ADLE ha anunciado la presentación de la “Ley Rescate” cuyos pormenores aún no se conocen, pero que parece va a ser una especie de parteaguas trascendental en el diseño de las políticas del gasto público en Colombia. Otros proponen vender empresas públicas y no falta quien proponga recurrir a un programa de urgencia con el FMI para enfrentar el grave problema fiscal.

Quiero hacer en este contexto un aporte en esta a esta lluvia de ideas. Sin que dicho aporte sea excluyente sino complementario a las muchas iniciativas que empiezan a salir al ruedo.

A finales de la administración Petro hubo una verdadera orgía contractual que según “Transparencia por Colombia” se tradujo en la firma atropellada de cerca de 50.000 contratos suscritos entre el momento en que terminó la vigencia de la ley de garantías y el 7 de agosto. La cuantía de esta feria contractual supera decenas de billones de pesos. Están también en marcha auditorias forenses -como es el caso de Ecopetrol- que darán luces sobre los abusos que se cometieron.

La inmensa mayoría de estos contratos no podrá ejecutarse en 2026 por la buena razón que la situación de tesorería es tan precaria que una inmensa mayoría de ellos pasarán como compromisos de gastos para la vigencia del año entrante bajo la forma de “vigencias de apropiación”, congestionando así los compromisos de gastos del 2027.

Firmar un contrato no significa poder ejecutarlo si no hay caja para atender la deuda que la administración contrae con quien entrega los bienes y servicios objeto del contrato.

Ahora bien: no es difícil pensar que una gran parte de esta atropellada orgía contractual con que se despidió la administración Petro no cumplió con las reglas más elementales que rige la administración pública.

Se impone entonces la tarea de escudriñar dentro de esta masa de contratos cuáles pretermitieron las normas de la contratación pública y proceder a rescindirlos. O sea, a darles de baja como compromisos de gastos futuros, antes de que pasen a la vigencia del 2027 como vigencias de apropiación para el año entrante.

Otro tanto podría hacerse con la infinidad de dineros que ante la incapacidad de ejecución gubernamental han buscado recurso en encargos fiduciarios. Que tampoco se han traducido en ejecuciones contractuales reales y deberían reversarse y darles de baja también.

Esta sola operación se reflejaría en economías de gastos para el año entrante en cuantía de varias decenas de billones de pesos, lo que ayudarían inmensamente a aliviar el pesado fardo del gasto público que pesa como piedra de molino al cuello de la hacienda pública nacional.

Bogotá, D. C, 27 de septiembre 2026

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Una vez más, Colombia debe jugar un papel clave en la tarea de recuperar el prestigio y la eficacia del principal organismo multilateral.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. Colombia no ha sido ajena a la historia de las Naciones Unidas, la organización multilateral más importante que se ha creado en la historia. Tuvimos que ver con la escogencia de su sede, con el lugar donde se construyó el imponente edificio donde funciona, y hemos formado parte de su organismo más importante, el Consejo de Seguridad, en ocho ocasiones, como uno de los miembros no permanente del mismo. Y participamos como los miembros de una coalición de voluntarios en la guerra de Corea, que fue una de las actividades más controvertidas de la organización.

Hay que reconocer que las Naciones Unidas (ONU) no está, precisamente, en su mejor momento. Y por ello hemos escuchado planteamientos tan duros, como los que hizo el presidente de Brasil, Lula Da Silva, en el discurso en la Asamblea General que este país siempre inaugura por una de esas decisiones protocolarias que rigen en la vida internacional. El presidente de Brasil, que dijo que esta era la décima vez que hablaba ante la en la Asamblea e hizo una durísima presentación sobre la precaria situación hoy de la ONU, haciendo énfasis en la pérdida de prestigio y credibilidad de la organización. No fue el único. Paradójicamente, el presidente de Argentina, que está colocado muy lejos ideológicamente de Lula, hizo una crítica también muy fuerte. Afirmó que “Naciones Unidas se ha convertido en una organización inútil, que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazado de burócratas bien intencionados". José Manuel Restrepo, en un lenguaje en ti, transmitió las críticas del presidente Abelardo, una síntesis de la de Lula y Milei.

Guerra entre Rusia y Ucrania. Conflictos armados en África. Lo que vivió Israel y lo que ocurrió en Gaza etc.

Una situación más compleja que la de siempre, en el Medio Oriente, violaciones de derechos humanos en algunos países y los organismos respectivos de la ONU guardan silencio. Burocracia dispersa en diversas partes del mundo, cada vez más criticadas por su inacción o por sus inclinaciones prejuiciadas frente a los Estados. Es que las Naciones Unidas se construyó como la gran esperanza para la humanidad después de dos grandes conflagraciones armadas que tuvieron efectos catastróficos y es esa esperanza la que hoy da lugar a evaluaciones que se declaran engañadas.

En la sesión inaugural se escucharon planteamientos muy significativos tanto del presidente Lula como del presidente Trump. Una expectativa por lo que iba a decir la presidenta interina de Venezuela y, finalmente, comprometió su palabra ante la comunidad internacional para asegurar que habrá elecciones en ese país.

Una vez más, Colombia debe jugar un papel clave en la tarea de recuperar el prestigio y la eficacia del principal organismo multilateral. Debo recordar que, como Representante permanente que fui ante las Naciones Unidas en Nueva York, en nuestra calidad de coordinadores del Grupo de Río, propicié una propuesta de reforma de la organización, que fue suscrita por todos los embajadores de América Latina y que oportunamente se envió a Javier Pérez de Cuéllar.

Entiendo que una copia de la misma no existe ni en el archivo de Colombia en nuestra representación en Nueva York ni en la propia cancillería. Supongo que sí en la Secretaría General de la ONU. Como lo dijo con mucho valor Carlos Lleras de la Fuente después de haber sido embajador en Washington, los archivos correspondientes a un importante periodo de nuestras relaciones con Estados Unidos no se encontraban ni en nuestra misión diplomática en Washington, ni en la cancillería colombiana. ¿Acaso un patrón? ¿Acaso un descuido significativo en el manejo de los archivos?

Hace algún tiempo preparé para la cancillería un estudio sobre los discursos pronunciados por Colombia ante la Asamblea General y traté de encontrar algún significado y alguna continuidad histórica en los mismos. Excepcionalmente los ha pronunciado el presidente de la República.

Bogotá, D. C, 27 de septiembre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Durante estos años hemos logrado despertar en los ganaderos colombianos una “vocación de modernidad”, porque no todo lo rural debe ser sinónimo de atraso.

Por:   José Félix Lafaurie Rivera* - Hace veinte años, FEDEGÁN puso en marcha un exitoso programa de extensión que bautizamos como “Giras Técnicas Ganaderas”, basadas en una idea sencilla: “Aprender de los mejores”, a partir de una experiencia de conocimiento en terreno con énfasis demostrativo, es decir, visitando experiencias reales de productores que han logrado resultados exitosos.

Esa es la filosofía de nuestras Giras Técnicas: Buscamos ganaderos de excelencia en una región determinada que quieran compartir su conocimiento, y hacemos una “gira” con un grupo de ganaderos interesados en asimilar ese conocimiento. La finca se convierte entonces en aula abierta para observar directamente cómo funcionan la genética, la alimentación, el manejo de praderas, la reproducción, la sostenibilidad, la tecnología y, sobre todo, la administración de una empresa ganadera.

A partir de la pandemia, cuando hicimos una “gira virtual”, esta experiencia presencial ya no se limita a un pequeño grupo de ganaderos, sino que miles de ellos la pueden aprovechar a partir de videos de excelente factura que difundimos por el robusto ecosistema comunicacional de FEDEGÁN.

En 2026, el turno para la Gira Técnica Nacional –también organizamos internacionales–, le correspondió al Magdalena Medio, con la participación de 354 ganaderos de todo el país, que visitaron empresas exitosas en una región donde conviven sistemas de carne y leche, y donde la productividad y la sostenibilidad han avanzado de la mano del mejoramiento genético, la adopción de tecnología y una visión cada vez más empresarial.

Los participantes observar lechería especializada en trópico bajo, genética superior de Gyr, Gyrolando, Brahman Rojo y Gris, Wagyu y otros cruces, además de sistemas de cría, ceba intensiva, producción de leche de búfala y estrategias de producción y conservación de alimento para enfrentar épocas críticas.

Sin embargo, las Giras no enseñan una receta única, pues cada finca tiene condiciones productivas, de mercado, de infraestructura y de administración diferentes. De ahí que el objetivo no es copiar modelos, sino entenderlos; un proceso que se resume en seis verbos: ver, entender, comparar, adaptar, implementar y medirse. Ver lo que otro productor está haciendo bien; entender por qué funciona; compararlo con nuestra propia realidad; adaptar aquello que resulte aplicable; implementarlo en la finca y, finalmente, medir sus resultados.

Este último paso –medir resultados– es fundamental para tomar decisiones informadas, en una actividad la que demasiadas se toman todavía por intuición o porque “siempre se ha hecho así”. De ahí el énfasis de FEDEGÁN en promover el uso de herramientas de gestión de información, de un “software ganadero” que le permita al productor saber cómo va su empresa: cuánto produce, cuánto le cuesta producir, cómo están sus indicadores reproductivos, de ganancia de peso o calidad de la leche, y dónde está perdiendo recursos.

Por eso el éxito de una Gira Técnica no se mide en número de participantes o fincas visitadas. La verdadera pregunta surge tiempo después: ¿qué cambió en la finca del ganadero que tuvo esta experiencia de conocimiento? porque la respuesta nos dará la medida de lo que vio, entendió y adaptó a su realidad productiva. Si mejoró su tasa de preñez, aumentó su productividad por hectárea, redujo costos, hizo reservas para el verano, mejoró sus praderas, incorporó genética superior o comenzó a llevar registros y tomar decisiones informadas, entonces la Gira cumplió su propósito.

La del Magdalena Medio nos confirmó algo muy importante: los ganaderos quieren aprender, quieren producir mejor. Durante estos años hemos logrado despertar en los ganaderos colombianos una “vocación de modernidad”, porque no todo lo rural debe ser sinónimo de atraso.

La tarea de FEDEGÁN es facilitarles ese camino.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Recuperar su gobierno corporativo, recuperar las reservas, recuperar la rentabilidad y recuperar el rumbo. Esos son los retos. Y todo empieza por una premisa elemental: ¡ECOPETROL debe volver a lo suyo!

Por Amylkar D. Acosta Medina*. - ECOPETROL sigue siendo la joya de la Corona. Como Grupo empresarial es el más importante del país, uno de sus principales activos estratégicos y una fuente insustituible de ingresos para la Nación. Por ello, lo que ocurra con ella trasciende a la propia empresa: compromete las finanzas públicas, la seguridad y soberanía energética y, desde luego, el futuro de la Transición energética.

De allí que la primera y principal tarea del nuevo gobierno que preside Abelardo De la Espriella, sea recuperar su gobierno corporativo. El primer paso será que a la nueva junta directiva de la empresa elegida por parte de la Asamblea de accionistas se le permita que obre con independencia y autonomía. El segundo gran reto consiste en volver a centrarse en el core de su negocio. Ello no significa abandonar ni desdeñar la Transición energética, en la que se involucró tempranamente desde la administración Bayón, cuando puso en marcha su Estrategia 2040, Energía que transforma. Por muchos años todavía, la exploración, producción, transporte y refinación de hidrocarburos seguirán siendo el soporte fundamental de sus ingresos, de su flujo de caja y de sus utilidades.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta ECOPETROL es garantizar la reposición de sus reservas probadas y así ampliar el limitado horizonte de la autosuficiencia. Una empresa petrolera que no explora termina consumiéndose a sí misma. Cada barril que produce debe procurar reemplazarlo con nuevas reservas. De allí la necesidad de reanudar las rondas para la adjudicación de áreas y la celebración de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Mi planteamiento es claro e inequívoco, llegó la hora poner término a la moratoria sobre la utilización de la técnica del fracking para desarrollar los yacimientos no convencionales (YNC) en rocas generadoras. 

La discusión no puede reducirse a si Colombia debe producir petróleo y gas o prescindir de ellos. Mientras la economía los demande y lo están demandando, la verdadera disyuntiva es otra: producirlos nosotros o importarlos. Por el hecho de que Colombia lo deje de producir el mundo no lo va a dejar de consumir. Como bien dijo el reputado economista John Maynard Keynes, toda demanda crea su propia oferta. Y no tendría sentido renunciar a nuestros recursos para terminar comprándolos en el exterior, sacrificando divisas, regalías, impuestos, empleo e ingresos para las regiones. ¡Del petróleo podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos, que necesitarlo y no tenerlo, y peor que depender del petróleo, es depender de su importación!

La evolución de los resultados financieros de ECOPETROL no puede pasar inadvertida. Las utilidades alcanzaron el récord de $33,4 billones en 2022, para descender a $19 billones en 2023, $14,9 billones en 2024 y $9 billones en 2025. En el primer trimestre de 2026 la utilidad fue de $2,8 billones frente a $3,1 billones en igual período de 2025, una caída del 7,7 %, mientras la producción reportada por ECOPETROL descendió 2,7 %. Igual han caído también las exportaciones, justo en una coyuntura de altos precios.

Desde luego, los resultados de una petrolera están sometidos a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como al comportamiento de la tasa de cambio y no toda disminución de las utilidades es atribuible a la gestión de la compañía. Pero precisamente por ello cobra mayor importancia aquello que sí está bajo su control: eficiencia, costos, inversiones, incorporación de reservas y productividad.

Hay una cifra particularmente inquietante. El que he denominado “umbral del dolor”, esto es, el break-even o precio de equilibrio, pasó según las cifras oficiales de US$31 a US$49 por barril, un incremento del 58 %. Entretanto, el costo de levantamiento pasó de US$10 a US$12 por barril. Mientras más alto sea ese umbral, más vulnerable queda ECOPETROL frente a las oscilaciones del precio en el mercado petrolero internacional.

En este contexto adquiere especial importancia el futuro de la operación del Permian en Estados Unidos. Se trata de uno de los activos más rentables del portafolio de ECOPETROL. Es cierto que los yacimientos no convencionales presentan una elevada productividad inicial y una declinación relativamente rápida, lo cual obliga a perforar nuevos pozos continuamente para mantener la producción y demanda inversión permanente. Por ello, como suelo decir, no hay que quedarse viendo la foto; hay que ver la película que se está rodando. 

Pero desprenderse de un activo rentable justamente cuando ECOPETROL necesita fortalecer sus reservas, su producción y su caja sería contradictorio. Se estima que una eventual salida del Permian implicaría renunciar a más de 200 millones de barriles de reservas y cerca de 100.000 barriles diarios de producción, además del costo, de US $400 millones, aproximadamente, en que se incurriría como penalización. 

Por ello considero que ECOPETROL debe mantener su presencia en el Permian, explorar las posibilidades de ampliarla a Oslo, otro yacimiento en la misma cuenca, cuya negociación truncó la interferencia del Presidente Petro en la decisión de la Junta directiva, por el prejuicio contra la técnica del fracking. Vender el Permian, en las actuales circunstancias, sería darse un tiro en el pie.

El país necesita una ECOPETROL sólida, rentable, eficiente, bien gobernada y capaz de competir. Una empresa que explore, produzca y reponga reservas; que aproveche sus activos rentables; que racionalice aquellos que no hacen parte de su negocio medular y que, con las utilidades provenientes de su actividad tradicional, financie progresivamente su transformación. La transición energética no se hace destruyendo el puente antes de llegar a la otra orilla.

Por eso, antes de pretender convertir a ECOPETROL en lo que todavía no es, debemos garantizar que haga cada vez mejor aquello que durante décadas ha sabido hacer, al tiempo que prepara responsablemente su futuro. Recuperar su gobierno corporativo, recuperar las reservas, recuperar la rentabilidad y recuperar el rumbo. Esos son los retos. Y todo empieza por una premisa elemental: ¡ECOPETROL debe volver a lo suyo!

Medellín, septiembre 19 de 2026

Economista. Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Desafortunada experiencia de la llamada “paz total” no puede repetirse; pero las llaves de la búsqueda futura de la paz no pueden echarse al fondo del mar.

Por Juan Camilo Restrepo*. - El artículo 22 de la Constitución no podría haber sido más claro: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Esta norma no puede ser leída o aplicada con ligereza: la paz como categoría ética tiene una doble cara. Es, de una parte, un derecho de toda la ciudadanía; pero también es una obligación de todos los responsables –ejecutivo, legislativo y judicial- de buscarla siempre que sea posible y necesario. Y esa búsqueda es obligatoria: no discrecional.

Las llaves de la búsqueda de la paz no pueden entonces ser echadas al fondo del mar, por nadie que tenga responsabilidad u oportunidad de intentar aclimatarla. Tal es la lección ética y jurídica que nos deja la lectura desprevenida del artículo 22 de la Carta.

Ahora bien: la búsqueda de la paz no puede hacerse de cualquier manera. Una cosa es repudiar los intentos mal construidos para intentarla. Como fue la llamada “paz total” durante el gobierno Petro; y otra bien diferente que un gobierno afirme que no le interesa buscar la paz. Lo primero, es apenas una conclusión lógica y válida frente a un proceso que fracasó estruendosamente porque se manejó- como tantas cosas durante el gobierno Petro- de manera improvisada y atolondrada. Lo segundo, sería inaceptable pues vulneraría el mandato ético y jurídico que impone el artículo 22 de nuestra Constitución política.

El nuevo gobierno de ADLE ha cancelado todas las mesas de negociación con los grupos armados que encontró funcionando, aunque sin resultados; e igualmente ha revocado todas las personerías negociadoras que quedaban en pie.

Está bien que así se proceda. Pero lo anterior no significa que se pueda renunciar a buscar la paz, sin improvisaciones, bajo el imperio de la ley y con sindéresis. Lo primero es lo responsable: lo segundo sería un desconocimiento de un mandato constitucional que es, a las voces del artículo 22 que hemos citado, de “obligatorio cumplimiento”.

¿Cómo puede entonces el nuevo gobierno, repudiar la “paz total “como venía practicándose, pero al mismo tiempo cumplir-como está obligado a hacerlo -con el mandato constitucional que lo obliga a la búsqueda de la paz como un deber y un derecho ciudadano?

Creo que son dos las condiciones que habría que cumplir hacia adelante:

1. Expedir cuanto antes una “ley de sometimiento” como la que por desidia del anterior gobierno se dejó de tramitar. Esta ley debe fijar las condiciones previas a las que debe someterse cualquier grupo armado que desee entablar negociaciones de paz con el gobierno legítimo ( entrega de rutas del narcotráfico, entrega de las fortunas mal habida, papel de las autoridades nacionales y regionales en los procesos de paz, fechas perentorias para iniciar y concluir los diálogos, cronogramas para la entrega de armas y para la reincorporación de los alzados en armas a la sociedad civil, para pasar a hacer política desarmada que es, finalmente, de lo que se trata.
2. Compromiso previo al inicio de cualquier mesa de diálogo de paz de respetar el DIH. Los protocolos de Ginebra, firmados después de la segunda guerra mundial, así lo exigen. El derecho de los no combatientes a ser respetados en su integridad por los alzados en armas es un requisito previo para que el estado se siente a dialogar con alzados en armas. Es algo no sujeto a negociación.

Si alguno de estos dos requisitos no se cumple previamente a iniciar una mesa de diálogo, las conversaciones de paz no pueden entablarse con nadie.

En síntesis: la desafortunada experiencia de la llamada “paz total” no puede repetirse; pero las llaves de la búsqueda futura de la paz no pueden echarse al fondo del mar.

Así lo manda perentoriamente el artículo 22 de nuestra Constitución.

Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Colombia está en un equilibrio de baja calidad en la educación": el presupuesto aumenta, pero "los resultados están estancados en un nivel bajo.

Fernando Cepeda Ulloa*. - El tema de la calidad de la educación preocupa permanentemente a los países desarrollados, como que de su calidad depende buena parte del progreso de una nación. Por eso existen estudios que buscan medir cuál es la situación tanto en el nivel del bachillerato y entiendo que ya se estaba haciendo algo hace unos años con respecto a las universidades.

Recientemente, el 8 de septiembre, la OECD publicó el estudio que hace cada tres años, que es como el informe de calificaciones que se le entrega a los países sobre el nivel de los jóvenes de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión de lectura. Es el trabajo que se denomina PISA. El nuevo informe muestra una baja del nivel de los alumnos en la escala mundial y en casos como el de Francia muestran un deterioro aun mayor que el del promedio de los países. Sobre decir que esto ha dado lugar, inmediatamente, a una gran preocupación y, por ejemplo, una revista como Le Point, del 10 de septiembre, dos días después de publicado el informe plantea ya desde su carátula en la parte superior y en primer lugar el resultado así: " Francia, en lo más bajo. 14 ideas para mejorar el nivel " y luego dedica seis páginas para sintetizar el informe con un titular que dice "La escuela en caída libre" y presenta las 14 ideas para mejorar el nivel suscritas cada una de ellas por diferentes expertos.

No he encontrado nada similar en Colombia y gracias a un experto en materia educativa he conocido el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo del informe de PISA relativo a Colombia en el 2012, que presento a continuación en sus principales observaciones que transcribo literalmente:

Desde sus inicios en PISA en el 2006, Colombia mejoró en lectura.

Colombia está entre los países de más bajo desempeño en PISA 2012.

Más de la mitad de los colombianos se desempeñan en los niveles más bajos.

Colombia casi no tiene alumnos en los niveles más altos de desempeño.

Las mujeres colombianas son las más desaventajadas de América Latina.

Los alumnos más pobres se desempeñan mucho peor que los más ricos.

A los estudiantes de zonas rurales, les va peor que a los de zonas urbanas.

Los estudiantes que repiten de grado se desempeñan peor que sus pares.

Quiénes no asistieron al preescolar por más de un año se desempeñan peor.

Las escuelas públicas y privadas con alumnos similares, se desempeñan igual.

La duración del calendario escolar no parece estar relacionada al desempeño.

La formación inicial de los docentes colombianos varía ampliamente.

Los salarios docentes son comparables a los de países de nivel de ingresos similar.

La muestra estudiantil del 2009, no difiere mucho de la del 2012. Los cambios en las muestras no alteran la tendencia del desempeño colombiano.

Valdría la pena conocer que se ha hecho del 2012, y así comparar los nuevos resultados de PISA ahora, en el 2026, con los que acabamos de transcribir. Y si no hay progresos evidentes valdría la pena conocer cuáles son los cambios que se están introduciendo en el sistema escolar para mejorar los indicadores sobre Colombia. Y no sobraría una preocupación manifiesta de la sociedad civil y de sectores relevantes sobre la necesidad de mejorar esos índices.

Felipe Barrera, experto en educación, entrevistado por Mauricio Reina en El Tiempo diagnostica así el resultado: "Colombia está en un equilibrio de baja calidad en la educación": el presupuesto aumenta, pero "los resultados están estancados en un nivel bajo." No hay progreso, no hay mejoras. Estancados.

Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

En medio de las secuelas del temblor, Colombia habla hoy de guerra sin que muchos se pregunten cómo impedir que una nueva espiral de violencia arrebate el futuro y debilite la democracia

Por: Hubert Ariza*. - Con la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella, la narrativa de la victoria militar sobre las organizaciones armadas ilegales —guerrillas, narcos o paramilitares— ha vuelto a ser el sello del acontecer nacional. La política de paz total quedó en el pasado. Los halcones están de regreso, esta vez protegidos por el Escudo de las Américas y la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump.

Los cadáveres de ilegales abatidos en bombardeos o en operativos de fuerzas especiales, metidos en bolsas blancas y presentados como trofeos de guerra, son el símbolo inicial de un Gobierno que archivó la palabra negociación y privilegia el uso legítimo de la fuerza del Estado contra quienes insistan en la acción criminal.

Las mesas de diálogo con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, fueron cerradas y los negociadores despedidos. El Tigre sacó de Palacio a las palomas. No queda siquiera, como antaño, la del maestro Fernando Botero, que adornaba los salones de la Casa de Nariño. Petro la retiró antes de terminar su mandato. Hoy los bombardeos y la fumigación aérea son la realidad en zonas bajo el dominio de guerreros y economías ilegales.

La bandera de la paz ya no ondea en ninguna sede gubernamental. De la mano tendida, el país pasó al puño cerrado. El Tigre ha sido claro: “Bandido que no se someta será dado de baja”. Así lo dijo el 17 de septiembre en San Juan del Cesar, La Guajira, el mismo departamento donde, días antes, fueron abatidos alias Bendito Menor y su esposa, alias La Bebecita, cabecillas de las ACSN. Un golpe que produjo titulares y reafirmó la política oficial de seguridad.

Los diálogos, los ceses al fuego y las vías pacíficas para lograr la desmovilización de los ejércitos irregulares son pasado. El Gobierno impuso una salida: sometimiento o muerte. La regla es elemental. Quien abandone la guerra encontrará una vía jurídica para acogerse a la justicia. Quien persista en el narcotráfico y el terrorismo sentirá el peso de la ley y de un Estado que no dudará en extraditarlo, extinguir sus bienes o darle de baja. El futuro de la ilegalidad no es una mesa de negociación, sino una bolsa blanca o un sometimiento en condiciones todavía desconocidas. El Tigre no juega al gato y al ratón.

El Congreso espera que el ministro de Justicia, Iván Cancino, presente el proyecto de ley que el Gobierno denominará de “acogimiento”, buscando darle un sello de magnanimidad. Pero sometimiento y acogimiento no son sinónimos de negociación: expresan la fortaleza de un Estado que deberá ofrecer, a cambio de la entrega de fusiles, bienes y verdad, mucho más que un futuro de privación de la libertad.

Un factor innegociable de ese proyecto, para un sector del Congreso, debe ser la protección de las víctimas, con garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición. El Pacto Histórico, minoritario en el Legislativo, tendrá una auténtica prueba de fuego.

El acogimiento de los guerreros será una puerta que el Gobierno deberá abrir sin repetir los errores del pasado. Allí entra la justicia transicional, llamada a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Colombia ya ensayó estos mecanismos y cada proceso dejó lecciones. De Justicia y Paz, aplicado a las AUC durante el Gobierno de Uribe, quedó una parte de la verdad. De la JEP, nacida del Acuerdo de La Habana, quedaron el esclarecimiento de los falsos positivos y la responsabilidad que las FARC se atribuyen en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Es difícil pensar en un sometimiento a la justicia sin una justicia transicional. Lo paradójico es que esta iniciativa se presente cuando la extrema derecha ha buscado asfixiar a la JEP, con propuestas como la del senador Enrique Gómez Martínez, que plantea quitarle 100.000 millones de pesos a esa instancia para trasladarlos a la justicia ordinaria, bajo el argumento de contribuir a la descongestión judicial.

¿Y la verdad? ¿Cómo se garantizará el conocimiento de los nombres de quienes han alimentado e instigado la guerra, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad cometidos por actores armados ilegales durante décadas? La pregunta es poderosa, precisamente porque Colombia es un referente global en procesos de justicia transicional. ¿Se echará por la borda todo lo andado o se construirá sobre lo construido, privilegiando a las víctimas?

La nueva estrategia de mano dura implica un aparato militar más fuerte, una inteligencia coordinada y una justicia robusta. E impedir que se recicle la violencia. En apenas 10 años, las FARC firmaron la paz, se desmovilizaron, surgieron las disidencias y sus hombres ya suman más de 10.000. La lección es clara: hoy las guerrillas y los grupos paramilitares reúnen cerca de 30.000 hombres en armas. No basta matar cabecillas; hay que derrotar las condiciones que generan esas organizaciones.

Colombia ha sido un laboratorio de guerra en medio de una geografía hostil: tres cordilleras, selvas de difícil acceso, dos océanos, fronteras porosas y regiones donde la presencia estatal ha sido débil o intermitente. La paz estable y duradera no nace exclusivamente del imperio de la fuerza ni de la paz romana.

Requiere acción integral del Estado. La inequitativa distribución de la tierra es el corazón del conflicto. Si ese tema sigue sin resolverse, si se revierte el camino recorrido en los últimos años y se promueve una nueva contrarreforma agraria, sin atacar la pobreza rural y la exclusión de las comunidades, la guerra germinará de nuevo de forma silvestre en los territorios.

Toda estrategia de guerra exige ganar a la población civil. Y aquí aparece un asunto esencial: la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Colombia ya vivió períodos duros de represión contra la población civil. Los asesinatos de líderes sociales son una vergüenza para cualquier democracia. Los falsos positivos son una cicatriz que aún duele. El eco del estallido social de la pospandemia todavía se escucha. El recrudecimiento de la guerra no puede elevar el síndrome de república bananera que Colombia ha padecido durante décadas.

El Tigre ruge y el eco de sus sentencias atraviesa las selvas, donde miles de hombres armados atentan contra la democracia. El Congreso tendrá que debatir la ley de sometimiento teniendo en cuenta los procesos de paz anteriores, el apego del país a los acuerdos internacionales de los que forma parte y la propia Constitución, cuyo artículo 22 señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Está, además, la lucha contra el narcotráfico. Colombia continúa descertificada por Estados Unidos, que no ha suspendido la ayuda acordada y expresó confianza en que el Gobierno De La Espriella logre resultados. Demostrar que el glufosinato mata la mata, pero no la vida humana, ni convierte las selvas en desiertos, será un enorme reto para el Gobierno. También lo será ofrecer alternativas económicas y una propuesta de desarrollo rural integral que impida que la narrativa de la ilegalidad gane la partida.

En medio de las secuelas del terremoto, Colombia habla hoy de guerra sin que muchos se pregunten cómo impedir que una nueva espiral de violencia arrebate el futuro y debilite la democracia. Solo más democracia, respeto por la vida de los líderes sociales, garantía plena de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, protección de las comunidades asediadas por la ilegalidad y una política económica que impulse el desarrollo, proteja el medio ambiente e impulse la descentralización impedirán que el país regrese al pasado de campos sembrados de tragedia y jóvenes cargados de odio, dispuestos a empuñar las armas para clamar venganza.

Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

La USO tiene que volver a ser una organización democrática…. En la USO se debatía intensamente, pero se procuraba el consenso antes que ir a una votación. Porque no hay democracia sin deliberación.

Por Edwin Palma Egea*. - Veinte años no es nada, dice Gardel, y veinte años es poco frente a la suma de las historias de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han participado de la vida de la Unión Sindical Obrera en casi 104 años de historia, más de un siglo de lucha.

Mi historia en la USO puede haber sido corta en comparación, 20 años. Pero desde el primer día y hasta hoy mi vida política y social está marcada por esa cultura centenaria, por la letra de La Internacional, el himno de la clase obrera y por la Plataforma de Lucha, siempre incluida en las ediciones de los estatutos.

El pilar de la Plataforma de Lucha de la USO al parecer era hasta hace pocos meses “el mejoramiento moral, intelectual y económico de las clases trabajadoras”, conquistar la completa propiedad pública sobre los recursos energéticos del país y la lucha por la soberanía energética del pueblo colombiano sobre esos recursos, no solo los del subsuelo, sino en toda la cadena de la energía. Esa plataforma fue perseguida con violencia por la oligarquía y todos sus gobiernos.

Y aunque hoy no lo quieran reconocer, nos encargaremos de que no se olvide, la excepción fue el gobierno del Cambio donde los trabajadores “participamos de las decisiones que nos afectan” como ordena la Constitución y por eso se ve antiestético y artificial ver a algunos compañeros risueños al lado de quien sin duda representa a los represores del sindicalismo y de la USO.

Tampoco podrán esconder que el centro de la historia de la USO, su gran logro, sigue siendo la creación de una empresa pública, Ecopetrol, para que a través de ella el pueblo colombiano ejerciera la soberanía energética y alcanzáramos la segunda independencia nacional.

La segunda independencia no es invención de Petro, es la bandera de los mineros y campesinos de Bolivia, de Chile, de México, de Perú o Argentina que, desde hace más de un siglo, es decir desde que se fundó la USO, han luchado por la independencia económica y política de nuestros pueblos. Petro aprendió esta idea con la USO en Barrancabermeja y en su gobierno miles trabajamos para lograrla pacíficamente, pero con decisión.

La USO me enseñó a defender lo público y en el sindicato conocí la epopeya de la huelga de 1948, un paro nacional que ganamos con Diego Montaña Cuéllar y Apolinar Díaz Callejas. Y con el apoyo sin restricciones de Jorge Eliécer Gaitán y de la CTC.

En la USO aprendimos que la violencia y la persecución sistemática que ha sufrido el sindicato y seguirá sufriendo en este cuatrienio, es consecuencia de la visión de la oligarquía colombiana de tratarnos como el “enemigo interno” que hay que destruir, eliminar o destripar.

También lo aprendimos en las calles. En la USO nos opusimos a la escisión y la “democratización” accionaria, porque entendimos sin vacilar que era un eufemismo de la privatización que por estos días vuelve a estar al orden del día. La última huelga llamada “patriótica” costó más de 340 despedidos y en lo personal, casi tres meses de cárcel.

La USO hizo asambleas por la paz, para promover la solución política al conflicto armado y “sacar el petróleo de la guerra”. Luchó por el fin de concesiones petroleras o la división de los mercados del gas o la distribución de combustibles. No eran solo luchas salariales y gremiales.

La USO nunca se “patevaqueó”, hizo lo que tenía que hacer y sobrevivió. Y por más que hoy algunos lo quieran borrar, es una organización de izquierda, nacionalista y popular. Dejar que nos encierren en la “malla” y solo en la conversación sobre producción de petróleo, gas y su refinación, es condenarnos a la venta por cualquier peso cuando ya no se consuma y a despedir a miles de trabajadores con centavos de indemnización, empobreciendo vastos territorios de la nación y sobre todo dejándole el negocio de las nuevas fuentes de energía al oligopolio eléctrico con condiciones precarias de empleo y sin sindicatos.

La USO tiene que volver a ser una organización democrática. Una en la que no se expulsaba al que pensaba distinto o que le entregaba la cabeza del contradictor al “patrón”. En la USO se debatía intensamente, pero se procuraba el consenso antes que ir a una votación. Porque no hay democracia sin deliberación.

La USO era una organización en la que siempre pensábamos en el país, la nación, el pueblo colombiano, los desfavorecidos y la clase trabajadora, de la cual los obreros petroleros somos parte. En la USO la formación política, ideológica y sindical era un pilar. El debate alrededor del plebiscito por la paz de 2016 fue un ejemplo de eso.

Por eso una foto, el mismo día de la derogatoria de circulares del Ministerio del Trabajo que favorecían a rapitenderos, empleadas domésticas o vigilantes sin un asomo de protesta por parte de la “vanguardia del sindicalismo colombiano”, es señal de insolidaridad, mezquindad y egoísmo.

La USO se opuso al “fracking” con aliados en el movimiento ambiental, indígena, parlamentario; lo consideraba en ese entonces lesivo para el medio ambiente, pero también contrario a los intereses de la nación. Acuñó, como hizo el movimiento sindical global, el concepto de “transición energética justa” e incluso trabajó de la mano con trabajadores del carbón y la electricidad en un proyecto de unidad que no logramos completar a pesar de su urgente necesidad.

Y con todas las diferencias y discusiones que se pudieran tener con el presidente Petro sobre la transición energética y la política petrolera, ha sido hasta ahora el único gobierno que no persiguió al sindicalismo, mucho menos a la USO. Petro recogió las banderas políticas de la USO, buscó en el Plan Nacional de Desarrollo que Ecopetrol pudiera producir y vender energía eléctrica; el Congreso y el lobby del oligopolio energético lo impidieron.

Propuso que la empresa pensara su futuro y avanzara en la transición para que a través suyo el Estado la liderara más allá de las fronteras colombianas, reformó los estatutos para darle un puesto a los trabajadores, le dio derechos a los trabajadores tercerizados, reconoció el estatus de sindicato mayoritario en Ecopetrol eliminando un pacto colectivo que durante 40 años lo mantuvo como minoría y durante su mandato conformamos asociaciones de pequeños mineros y de comunidades energéticas para darle poder y voz al pueblo sobre asuntos que les pertenecen.

Todo esto que resumo eran aspiraciones históricas del sindicato en todos sus pliegos y huelgas y nunca lo conseguimos; bastó un gobierno progresista para que se les reconociera. Mientras tanto, la empresa no se privatizó, no se marchitó la producción, se siguió explorando en los contratos vigentes, las reservas se mantuvieron, aumentó la carga a las refinerías y los conflictos se resolvieron democráticamente.

Hoy todo el debate de la política energética del país lo han reducido a que se haga o no el “fracking a lo que dé”, sin saber aún cuánto se podría extraer con ese método, sin plantear para qué el petróleo, o para quiénes sus utilidades, sin preguntarse por el medio ambiente, el agua, las comunidades. ¿Qué de diferente tiene hoy la agenda de la USO a la que históricamente ha defendido el ultraderechista sindicato Utipec, contra la que luchó la USO en Campo Rubiales hace varios años?

Mientras sucede esto con el sindicalismo más importante del sector, las petroleras en el país y en el mundo callan sobre sus beneficios tributarios, sus ganancias extraordinarias por cuenta de la guerra o sobre el neocolonialismo en Venezuela o Medio Oriente. La USO ya no está disputando ni el relato, ni mucho menos el poder ni planteando una agenda de transformación democrática para toda una nación que aún padece niveles de desigualdad, pobreza y exclusión que se profundizarán en este gobierno si lo permitimos. Ya se olvidó de hablar de lucha de clases, que, como dijo uno de los multimillonarios del mundo, existe, y la están ganando ellos.

Por eso vale la pena preguntar si todavía se canta La Internacional en la USO, aquel himno que abandera la noción de la autoemancipación humana de los explotados que invita a no depositar ilusiones en terceros (Ni César, ni burgués, ni dios) sino en la propia acción autotransformadora.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre 2026

*Exministro de Minas y Energía.

Multiplicar el número de portadores de armas es una forma de incentivar la violencia, facilitando enfrentamientos, ataques, agresividad, asaltos, daños a los bienes públicos y privados, homicidios y feminicidios.

Por: José G. Hernández*. En los Estados Unidos, cuya Constitución (Segunda Enmienda) y la jurisprudencia  autorizan el porte legal de armas de fuego por particulares -inclusive en lugares públicos-, han sido frecuentes y muy graves los ataques de francotiradores y las masacres, lo que ha llevado a diferentes posiciones adoptadas por quienes han ejercido la presidencia: mientras Barack Obama, por ejemplo, ha sido partidario de controles y restricciones, el actual presidente Donald Trump se niega a introducir cambios o a establecer reglas diferentes en la materia.

El principio vigente en Colombia es el inverso. Las directrices normativas de nivel constitucional son muy distintas. A la luz del artículo 223 de la Carta Política de 1991, sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Hay un expreso monopolio estatal, una prohibición general muy clara y unas excepciones muy estrictas. Según el texto, nadie podrá poseer ni portar armas de fuego sin permiso de la autoridad competente. Este permiso está nítidamente delimitado. No se regla general. Dice la norma que “no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas”.

Señala el artículo 2 de la Constitución que una de las primordiales finalidades del Estado consiste en “asegurar la convivencia pacífica”. La norma establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Dice el artículo 217 que la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes -Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial-, cuya finalidad primordial es “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

El 218 establece que la Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, tiene por finalidad “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

El Estado, entonces, está obligado a brindar garantías y orden público, con miras a hacer efectivas la seguridad, la tranquilidad y los derechos de todos los habitantes y comunidades, y para ello cuenta con la fuerza pública. El monopolio legítimo de las armas está en cabeza del Estado. Entre tanto, es excepcional su autorización para personas particulares. La pérdida de ese monopolio estatal genera pérdida de control, gran inseguridad y muchos peligros para la colectividad.

Al tenor del precepto constitucional, también como excepción, los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

Además de lo indicado, armar a los civiles no es la mejor manera de proteger a la población, de preservar la tranquilidad, la vida y la integridad de las personas. Multiplicar el número de portadores de armas es una forma de incentivar la violencia, facilitando enfrentamientos, ataques, agresividad, asaltos, daños a los bienes públicos y privados, homicidios y feminicidios.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional