Un informe realizado por Human Rights Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) asevera que se efectuaron ilegalidades en el desarrollo de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), lanzada por el Gobierno de Nicolás Maduro, para tratar de reducir la criminalidad en las ciudades venezolanas, por medio de la presencia de numerosos policías y militares en zonas consideradas violentas de Venezuela.
El reporte habla de casos de detenciones arbitrarias masivas, desalojos forzosos y, al menos, 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante estas redadas de seguridad lanzadas en comunidades pobres y de inmigrantes en ese país durante 2015.
Ambas organizaciones de DDHH hicieron un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre el gobierno de Venezuela para conseguir que los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, responsables de estos abusos, sean presentados ante la justicia.
“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos -incluyendo asesinatos ilegales- nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”, aseguró el director ejecutivo para América de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado publicado en Washington.
Las organizaciones analizaron testimonios de “decenas de residentes” de Caracas y cinco estados que dicen haber sido víctimas o testigos de los abusos.
En febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de la OLP en 2015, y “decenas más han sido asesinadas” este año, según HRW.
Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a “enfrentamientos” con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron “20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento”.
La OLP también provocó el allanamiento de múltiples viviendas y la demolición de, al menos 976 casas, en cuatro estados, según Provea. “Nunca hemos visto una cosa de esa naturaleza, ni en Venezuela ni en otro sitio de América Latina”, aseguró Vivanco sobre los casos de viviendas destruidas “pasando por encima una aplanadora”.
El informe, titulado “Poder sin límites”, tiene 43 páginas y coincide con la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizará sobre estas operaciones.
