Bogotá, D. C, 19 de diciembre de 2017. Redacción Ecos.- Así lo aseguró el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez quien afirmó que se ordenaron una serie de pruebas al momento de declarar el caso como un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo a algunas hipótesis de la Fiscalía, el llamado Cartel del Norte del Valle sería el responsable del asesinato del líder político conservador y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, cuyo asesinato quedó establecido como un crimen de lesa humanidad.
“Fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento”, sostuvo el Fiscal Martínez quien aseguró la decisión de declarar el crimen como delito de lesa humanidad se acompaña de varias pruebas que en los próximos 30 días se practicarán incluso fuera del país.
Entre las pruebas se ordenaron declaraciones de personas relacionadas con el narcotráfico y extraditadas a Suiza y Estados Unidos, como Arcangel Henao Montoya y Ramón Alberto Quintero. Además se ordenaron otras cuatro declaraciones a personas detenidas en Colombia y que tendrían información sobre este crimen.
“El despacho demostró a través del material probatorio recaudado, cómo en la década de los 90, también se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los Derechos Humanos como amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y políticos”, declaró el Fiscal Martínez.
