Bogotá D.C, abril 25 de 2018. Prensa Senado.- Fuertes cuestionamientos al Ministerio de Defensa presentó el Senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien citó a un debate en la Comisión Segunda, sobre el desvío de recursos de gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta con fines políticos y otras actividades ilegales en el Comando General De Las Fuerzas Militares (CGFM).
Durante su intervención, el senador Cepeda afirmó "que entre los años 2013 – 2017, fueron desviados cerca de 5.000 millones de pesos, destinados a gastos reservados para enriquecimientos personales o para equipos de inteligencia ilegal y cuya información terminó en manos de políticos. El primer informe de esta situación fue revelada en diciembre de 2017 por la revista Semana, y también por otras fuentes oficiales".
Indicó que "no ha funcionado la Ley de Inteligencia, no sólo porque continúa la inteligencia ilegal, sino además se perfeccionan los métodos para ejercer la actividad ilegal a partir de las experiencias anteriores y para borrar la evidencia..." "Esto demuestra que hay una ausencia total de mecanismos preventivos para la supervisión de cómo se ejecuta el gasto en las fuerzas militares".
El senador Cepeda, llamó la atención frente a las denuncias realizadas por el director para las Américas de Human Rigths Watch, José miguel Vivanco, sobre las interceptaciones de las cuales fue víctima, por parte de algunos ex generales de la República, que tienen en curso investigaciones y buscan evitar denuncias por sus actos criminales.
Por lo cual señaló que: "es imperativo conocer la lista de chuzados y los fines de esta "ciberinteligencia ilegal"; ¿se atentó contra el proceso de paz, atentar contra la justicia y los defensores de DDHH, se ha querido beneficiar a candidatos presidenciales y políticos que están contra el proceso de paz?"
Frente a estos cuestionamientos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solicitó al fiscal General Néstor Humberto Martínez, prontos resultados en las investigaciones sobre los posibles casos de corrupción en las fuerzas militares, para que determinen si dichos aparatos se utilizaron de manera indebida por parte de personal militar.
"Los equipos tecnológicos de interceptación se encuentran en un laboratorio forense, en manos de la Fiscalía y los órganos de control. El General Salguero tiene la responsabilidad pública y privada de responder por la información de esta investigación…" y concluyó: "Si a alguna persona se le interceptó de manera ilegal, yo seré el primero en poner a disposición de la justicia a los responsables", concluyó.
