Los costos económicos de este desgobierno son apabullantes.
Por Juan C. Restrepo Salazar*. - Se dice que durante la colonia a los virreyes los recibían por entre arcos festivos y los despedían con agresivas flechas al final de sus mandatos.
Lo que sucedió la semana pasada frente a la embajada de los Estados Unidos no difiere mucho de lo que acontecía en la colonia. Los guardianes de la embajada fueron agredidos a flechazos por el llamado “congreso de los pueblos” y despedidos con una lluvia de piedras.
¿Quiénes conforman el congreso de los pueblos, el mismo grupo que tomó a la brava la universidad nacional, varios edificios públicos y ha estropeado el mobiliario urbano?
No se sabe con certeza. El ministro del interior, Armando Benedetti, dijo que sin duda alguna obedecían a instrucciones de grupos criminales; otras informaciones dan cuenta de los estrechos vínculos que parece tener con grupos allegados a los parlamentarios más beligerantes de la Colombia humana.
Sería bueno que el propio gobierno aclarara cuál es el ADN de este agresivo “congreso de los pueblos” que dirigió una carta a Gustavo Petro declarándose en “beligerancia pacífica”, que se hacen fotografiar con miembros de las unidades legislativas de los congresistas de la Colombia Humana, y a quienes Benedetti señala como cercanos a grupos criminales.
Lo cierto es que se trata de una organización que busca desesperadamente prender de nuevo la mecha del estallido social del 2021 obedeciendo a claras consignas políticas.
La situación de las carreteras del país no es mejor. Según Colfecar, ajustamos este año más de 600 bloqueos en las vías nacionales. Este tipo de cerramientos está prohibido por la ley. Pero las autoridades no hacen cumplir la ley. O porque están desbordados o porque no les importa a sus comandantes que se viole la ley en sus narices.
Cualquiera de las dos hipótesis es inaceptable. La protesta social está amparada por la constitución, pero desde las bermas de las carreteras: no en la mitad de las calzadas interrumpiendo el tráfico de pasajeros y mercancías.
Cuando se reclama autoridad no se hace otra cosa que recordarles a las autoridades que su deber es hacer cumplir la ley imperiosamente. No más, pero tampoco menos.
Al momento de escribir estas notas la vía Cali-Buenaventura (el principal puerto de Colombia) lleva cerca de seis días cerrada. Ningún país del mundo toleraría que la carretera que une al principal puerto marítimo con su centro económico permanezca cerrada por cerca de una semana. La indolencia del gobierno central, que es a la postre el responsable del mantenimiento del orden público, es pasmosa.
Los costos económicos de este desgobierno son apabullantes. Según datos divulgados por la cámara de comercio de Cali ésta sola interrupción en la vía al puerto de Buenaventura le está costando a la economía nacional $ 10.000 millones diarios. Por la vía terrestre que une al puerto del pacífico con el interior del país circulan 3.090 vehículos de carga y 2.200 de pasajeros por día. La interrupción arbitraria de esta vía neurálgica está generando pérdidas de 25% en productos perecederos. Y el bloqueo, por último, está causando grave perjuicio a cerca de 8.000 empleos en la cadena logística del puerto.
Los bloqueos sobre la vía Panamericana no son menos inquietantes y repetidos. Según el general Hernando Africano (comandante de la tercera división del ejército) “integrantes del Eln estarían presionando a las comunidades para que participen en las protestas”. Según la cámara de comercio de Pasto este bloqueo de la Panamericana tiene un costo sobre la golpeada economía nariñense de $ 50.000 millones diarios.
Estamos pues, tanto en lo urbano como en la conectividad a través de las vías nacionales, cayendo en manos de los que quieren sembrar el desorden y el caos.
Y lo más grave: ante la impasible reacción de las autoridades que, así tengan buena voluntad para actuar, están tolerando en sus narices actitudes inaceptables y devastadoras contra la economía nacional.
Bogotá, D.C, 31 de agosto 2027
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
