Por Amylkar D. Acosta M.- Paradójicamente el Estado colombiano adolece de políticas de Estado y a falta de estas terminan imponiéndose las políticas de Gobierno, las cuales tienden a ser repentistas y reactivas, respondiendo siempre a las variantes y volubles coyunturas y su curso responde al vaivén del acontecer político. Ello, que debería ser la excepción, es la regla y de allí que la economía y la sociedad se vean turbadas por la inestabilidad y la inseguridad jurídica, las cuales a juicio del premio Nobel de economía Douglas North frenan el crecimiento y el desarrollo sostenible de un país.
Esta vez queremos referirnos a la falta de continuidad y a las incoherencias de las políticas públicas en el caso específico de los biocombustibles. En el año 2001 fue sancionada la Ley 693 de 2001, de mi autoría, posteriormente cobró vida la Ley 939 de 2004 y en el 2008 se expidió el Documento CONPES 3520, sentando así las bases para el uso obligatorio en Colombia de las mezclas de un porcentaje de etanol con la gasolina, en el primer caso, y de aceite con el diesel, en el segundo.
Se partió de la premisa que, pese a que los combustibles de origen fósil son altamente contaminantes y contribuyen como los que más al temido cambio climático, según la AIE, seguirán teniendo un gran peso en la matriz energética en los próximos años. Se trata, entonces, de mejorar su calidad mediante dicha mezcla, ya que de este modo se reducen las emisiones de GEI a consecuencia de la combustión en los motores.
Y Colombia, hoy más que nunca como líder que es de los ODS, está seriamente comprometida con la meta de reducir sus emisiones de GEI en un 20% hacia el 2030. En efecto, hoy por hoy, los biocombustibles están contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año, equivalentes a 6 puntos porcentuales.
También se tuvo en consideración la importancia que reviste para el país la seguridad energética. Colombia, lo sabemos todos, si bien es productor de petróleo, dada la precariedad de sus reservas del mismo, no es un país petrolero y últimamente, con la caída de los precios del crudo, sus reservas han caído de 2.308 millones de barriles, que le aseguraban su autoabastecimiento por espacio de 6.4 años a 1.673 millones, reduciendo dicho horizonte a sólo 4.9 angustiantes años (¡!).
Se empieza a asomar, entonces, el fantasma de la importación de petróleo y Colombia ya sabe lo que ello representa para sus finanzas y para su economía, pues entre 1974 y 1984 las importaciones de crudo le significaron un costo de US $5.500 millones. Gracias a las mezclas de los biocombustibles, estos suplen 19 mil barriles/día de derivados del petróleo y podría ser mayor si el Gobierno le soltara las amarras autorizando porcentajes de mezclas mayores a los actuales, del 8.4% para el etanol y el 9.2% para el biodiesel.
También es cierto que la producción de la materia prima que les sirve de insumo a las plantas de etanol y biodiesel, 12 en total, ha tenido como efecto la ampliación de la frontera agrícola, particularmente en las plantaciones de palma africana para producir aceite con 250 mil hectáreas nuevas. Dado que estos cultivos son intensivos en mano de obra, están generando un empleo directo y dos indirectos por cada siete hectáreas sembradas, lo cual se traduce en ingresos y poder adquisitivo en el campo, que es donde más se requiere, sobre todo de cara al postconflicto.
Como si lo anterior fuera poco, en estos momentos de alta tensión del sector eléctrico, sumados entre la agroindustria de la palma y de la caña están aportando una capacidad de 537 MW de potencia instalados y para el 2018 la cañicultura contribuirá con 100 MW más de autogeneración de electricidad. Desafortunadamente los excedentes de esta sólo se han podido comercializar a partir de este mes que expidió la CREG la Resolución 29, casi dos años después de expedida la Ley 1715 de mayo de 2014, que les dio un plazo de un año para reglamentarla y de esta manera permitirla, como lo prescribe la misma.
No obstante las bondades de los biocombustibles su desarrollo se ha estancado a causa de la indecisión de parte del Gobierno, que da señales, cuando las da, ambiguas, contradictorias e incoherentes. Sus dubitaciones están poniendo en riesgo la meta que se propuso el propio Estado de llegar a un porcentaje del 20% para el 2020 y lo que es peor la gran minería se ha sustraído del cumplimiento de la Ley, que la obliga a consumir la mezcla, no existiendo norma alguna que las exceptúe.
Santa Marta, marzo 26 de 2016
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