Por Jaime Enríque Durán Barrera.- Si el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos logró el diálogo y la negociación más importante de la historia reciente de Colombia con la Guerrilla de la Farc, para acabar con más de 50 años de conflicto armado, no creo que no sea posible entablar una pacto franco y directo con estos transportadores que mantienen un paro desde hace 23 días, para lograr un acuerdo que solucione sus peticiones con el objeto que este importante sector de la sociedad colombiana, comience a resolver sus necesidades y consiga una verdadera respuesta a sus expectativas.
En todos los países de América Latina, los transportadores de carretera, especialmente los camioneros, enfrentan problemas complejos, que tiene repercusión en su desempeño en las vías y afectan sus condiciones de existencia.
Uno de esos problemas es el acceso a partes, piezas y repuestos de las unidades de transporte, cada vez más costosas y escasas, que producen la chatarrización progresiva de las unidades y el desmedro de la calidad de vida de los conductores y sus grupos familiares.
También el precio de los combustibles agrava la situación, porque el costo afecta el flete y eso repercute en el bolsillo de los consumidores, sobre todo del sector de los alimentos.
Los representantes de algunas regiones de Colombia, también plantean incumplimientos por parte del Gobierno en cuanto al compromiso que existía de eliminar la tabla de fletes desde el año 2011.
El presidente ejecutivo de Asecarga, Jairo Herrera Murillo, hizo un llamado urgente para el levantamiento del paro camionero por las afectaciones económicas que este ha traído.
Por la suspensión de las actividades del sector, este sector de la economía ha tenido una pérdida de $335.290 millones. Así lo hizo saber la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), para ilustrar la complicada situación que está generando el paro camionero.
Las mayores pérdidas están concentradas en dos puntos: los fletes, que suponen $174.690 millones, y en combustible ACPM, por un valor de $75.854 millones. El paro ha hecho que la carga se represe en Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
Por este motivo, a través de un comunicado de prensa, Herrera le pidió al gobierno de Juan Manuel Santos que dé “soluciones prontas a la inmovilización camionera”. Así lo hizo saber el Presidente de Asecarga, quien también recordó que el paro puede tener repercusiones negativas en la economía nacional.
Es el momento de pensar en la realidad cotidiana de los trabajadores del transporte de carga de Colombia, para redefinir una verdadera política que ampare este tipo de labor, en términos de preservación de equipos transportadores de cargas y se estime mejorar sus condiciones de existencia para su permanencia en la economía.
La solución no da más espera.
