Por Diego González.- Colombia al igual que muchos países de Latinoamérica adolece de un sistema jurídico sólido, esto se debe a un fenómeno que ha sido identificado por los especialistas como “inflación legislativa”, que consiste en la multiplicidad y sobreproducción innecesaria y desordenada de leyes, lo cual ocasiona dificultades para la normal y correcta aplicación de las mismas.
Las democracias modernas a través de sus poderes legislativos han resuelto este problema con la creación de digestos jurídicos, es decir mediante la recopilación, compilación, ordenamiento, análisis, consolidación y sistematización de todo el universo jurídico existente en sus respectivos países.
El Digesto Jurídico tiene su primer antecedente histórico en una de las obras más importantes en la literatura del derecho, “el Digesto de Justiniano”, el cual data del año 533 d.c. cuando por orden del Emperador Justiniano, se integro una comisión de dieciséis miembros, dirigida por el jurista Triboniano, la cual tenía como objetivo ordenar, compilar y codificar con carácter oficial todos los precedentes jurisprudenciales que integraban el “Ius Civile y Ius Honorarium” y que no estaban recogidos en las leyes, obra que se constituyó en el “Corpus Iuris Civilis Romani” o cuerpo del derecho civil y a la fecha es la recopilación jurídica más importante en la historia del mundo, a la que se deben la mayoría de instituciones modernas del derecho civil.
En el caso Colombiano, se destacan algunos esfuerzos para racionalizar la legislación, por ejemplo, el seguimiento realizado por el DANE en el año 2005 al programa de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia, también se presentó en el año 2006 una iniciativa para estudio del Congreso “Por la cual se promueve la Simplificación Normativa”, la que infortunadamente no surtió todo su trámite y debió archivarse por vencimiento de términos, finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sentencia de Casación 29053 de 2008, le manifestó su preocupación al Congreso por la inflación legal en materia penal
Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta fundamental señalar que la defensa de los intereses de un Estado Social de Derecho y la afirmación de su institucionalidad jurídica, requiere necesariamente de un sistema ordenado de leyes coherentes, que denote objetividad y garantice la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
Para lograr esto se requiere de un esfuerzo interdisciplinario de las distintas Ramas del Poder Público, tendiente a la conquista de la institucionalidad jurídica con leyes ordenadas, consolidadas y unificadas, que respondan al fenómeno de la globalización y al intercambio económico que se establece con otras realidades a través de los tratados de libre comercio, y esto nos obliga a revisar nuestra legislación en la búsqueda de un sistema jurídico ordenado, seguro y confiable.
