Por Jaime Enrique Durán Barrera.- La situación de Colombia y el impacto que significa el Proceso de Paz, en todos los órdenes de la vida nacional, no acepta demoras.
Más allá de lo que significa para una nación superar más de 50 años de conflicto armado, está el desafío de construir una democracia mejor que la que tenemos en Colombia, va a exigir que los papeles y roles que desempañamos todos sean cumplidos a cabalidad.
Por ello, el mecanismo transitorio especial del Fast Track, que avaló la Corte Constitucional para la implementación de los Acuerdos de la Habana, según el cual el Congreso puede promulgar leyes y/o hacer reformas constitucionales, a través de un trámite más acelerado, es un significativo paso para lograr la Paz.
Se requiere la celeridad. Se tiene que andar ligero, porque existe un país desangrado por la violencia, hay un futuro que se avizora mejor si el país invierte en el desarrollo y no permanece una cultura que sonríe al horror para mantener sus privilegios excluyentes y que hay que derrotar.
Detrás de la Oposición al Proceso de Paz, avalado por la Comunidad de la Paz y la Academia Noruega con el Premio Nobel de la Paz, no está otra cosa que la exclusión, el mecanismo más perverso de control social, que ha sido efectivo para mantener posiciones, pero atrasar a Colombia.
Para los colombianos de a pié no hay tiempo que esperar. Por ello, todas las leyes o reformas constitucionales para implementar los acuerdos, que deben ser de iniciativa gubernamental y solo se requerirá de dos votaciones en el Congreso para las leyes y cuatro para las reformas, donde sesionarán conjuntamente las comisiones de Senado y Cámara y entre una votación y otra, no pasarán más de ocho días, son garantizar que las demoras y las prácticas dilatorias no tengan efecto.
Asimismo, que el Gobierno, en menos de 180 días, tenga la facultad de dictar Decretos con fuerza de Ley, cuando lo estime pertinente y en función de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, es otro paso a la búsqueda de convivencia en Colombia.
Se requieren leyes urgentes para articular los engranajes del Proceso de Paz. Leyes fundamentales para integrar a la Guerrilla de la Farc- EP a la vida ciudadana, como la de amnistía y garantizar el cese al fuego y las hostilidades, que afectan a la Colombia profunda, que ha sufrido con creces el conflicto en las regiones.
La incertidumbre que sembró el débil y poco legítimo triunfo del No al Plebiscito de la Paz, que movió fuertemente a la opinión pública y generó reacciones en la ciudadanía ante la importancia de esta decisión, con movilizaciones en lo ancho y largo del país, tenía que ser atacada, porque existía la posibilidad de discusiones y extensiones en debates estériles y la perdida de la voluntad del cambio en los actores del proceso, sobre todo aquellos que ya habían decidido las vías democráticas.
Afortunadamente las Farc- Ep asumió su compromiso histórico con la Paz y se mantuvo ecuánime junto al Presidente Santos, los negociadores y todos los que creemos que edificar la Paz es el mejor desafío para nuestras vidas.
Tenía que privar la razón y el requerimiento de la necesidad. No es justo que el tema de la Paz, fuese la herramienta electoral, con la cercanía de las elecciones del 2018, tanto parlamentarias como presidenciales.
Colombia merece que la oferta electoral sea de propuestas que, desde el poder, hagan realidad las expectativas y resuelvan los graves problemas de los colombianos, porque la administración del gobierno y el rol de los parlamentarios tienen que apuntar a edificar un país donde ya la ausencia del estado no sea una de las causas del deterioro de la sociedad y de la fragilidad de los programas en las regiones.
Y sobre todo quiero expresar que este mecanismo no es un aval para la impunidad, ni una forma de violación al ordenamiento jurídico colombiano. Es una respuesta eficaz y realista del máximo tribunal de la nación al proceso que hará posible un futuro real de Colombia. De todas maneras, existen los mecanismos de consulta y refrendación.
Como Presidente de la Comisión Segunda del Senado, de Asuntos Internacionales y Defensa, poseo la facultad de manifestar a las naciones del mundo, primero que la Paz es posible y que los formalismos jurídicos que superamos para la Justicia Transicional eran legales y, en segundo lugar, que este Proceso es una referencia legislativa y jurídica y un impulso significativo para superar la guerra y motivar la construcción de un mundo menos violento. La implementación política y jurídica para lograr la reconciliación nacional es digna de mostrarla globalmente.
Nos toca ser sabios y razonables a los que elegimos la representación del Pueblo de Colombia en el Parlamento, ya que un error nos puede conducir al fin de la esperanza.
