Por Jairo Gómez.- El debate sobre la responsabilidad de terceros civiles, empresarios o políticos, en el conflicto armado interno en Colombia, comenzó a tomar cuerpo desde el momento en que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, habló en el año 2015 de un listado de más de trece mil personas investigadas por su incumbencia en hechos relacionados con el paramilitarismo.
En ese momento en La Habana se discutía el diseño de la Justicia Transicional en el quinto punto de la agenda: Víctimas. Era un proyecto y sus alcances hipotéticos, pero hoy es una realidad y hace parte del acervo constitucional del país. Los empresarios y políticos tendrán que responder ante La Justicia Especial para la Paz (JEP). Obviamente, no son todos los empresarios ni todos los políticos de Colombia, sino aquellos que en lugar de acudir al Estado en busca de protección, terminaron por financiar grupos paramilitares para, supuestamente, garantizar su seguridad ante la desafiante presencia de la guerrilla.
No hay duda, las llamadas Convivir fueron la fuente que alimentó el pretexto para que en algunas regiones del país empresarios y políticos regionales optaran por la estrategia equivocada de auspiciar grupos armados ilegales que hoy los tiene a las puertas de la JEP, estrategia que los indujo a hacer justicia por su propia cuenta e ir más allá, provocar el desplazamiento de cientos de miles de campesinos para adueñarse de sus tierras. En ese lío también se encuentran las empresas multinacionales que prohijaron y financiaron grupos paramilitares según versiones de postulados de Justicia y Paz, mecanismo jurídico con el que el Gobierno Uribe (2002-2010) negoció con los paracos un sometimiento a la justica.
Esa Justicia transicional diseñada por el Gobierno Uribe, reconoció un solo actor: los paramilitares. Los determinadores, los financiadores, pasaron de agache y pensaron que habían borrado todo rastro criminal. Esa fue y ha sido la estrategia: que paguen ante la justicia otros, pero la semilla de la impunidad que una vez floreció comenzó a marchitarse. La JEP y la Comisión de la Verdad son dos instancias a la que deben acudir los terceros civiles, empresarios o políticos, a contar la verdad para borrar de sus vidas el fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI), de lo contrario será un fantasma con el que tendrán que convivir el resto de sus días.
