Por Juan Fernando Londoño.- Las consultas populares son la más evidente expresión de la pérdida de legitimidad social del sector extractivo en el país. Pero no son la única expresión, también los bloqueos y las vías de hecho han aumentado en forma significativa. El problema no se soluciona pues acabando con las consultas porque eso es intentar buscar la fiebre en las sábanas y porque en la Colombia del pos conflicto resulta inaceptable política y moralmente pretender restringir los derechos políticos de los ciudadanos.
El reto para el país consiste en comprender porque llegamos a una situación de este tipo y tratar de construir una agenda positiva para superarlo. Lo bueno de lo que ha sucedido es que nos debe obligar a todos a pensar sobre nuestra relación con las industrias mineras y petroleras.
Para ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos tener un sector extractivo y cuál es el papel que le adjudicamos en nuestro desarrollo. Creo que son muy pocos los que defienden la idea de que Colombia debe renunciar a la actividad extractiva y sus recursos. De otra parte, también deben ser pocos los que defiendan la idea de que no deben existir limitaciones y controles e incluso la imposibilidad de desarrollar ciertos proyectos por razones ambientales o sociales. Ya tenemos un consenso sobre los páramos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si como sociedad queremos que exista la industria extractiva, ¿por qué la animadversión reciente? Una cadena de errores y malas políticas nos han llevado al momento actual donde, similar a lo sucedido con la paz, lo que nos conviene a todos afecta a algunos de un modo distinto.
