Por Luis Eduardo Castellanos*.- Los hechos sucesivos de múltiples muertes a dirigentes sociales, bajo la modalidad de asesinato selectivo, muestra una realidad palmaria, cual es que en Colombia se le sigue temiendo más a las ideas que a las armas, pues todos estos crímenes contra dirigentes sociales, líderes de protección de derechos humanos, dirigentes sindicales y las múltiples amenazas que arrecian hoy en el país, señalan el quebrantamiento a la tolerancia y al pluralismo que como principios fundantes se establecieron en nuestra Constitución, cuando se le dio la categoría de Estado Social de Derecho a Colombia.
No es gratuito hoy la preocupación internacional, que desde diversos organismos para la protección de los derechos humanos se han venido expresando, como es, que tales hechos puedan repercutir sobre el proceso de paz en un escenario de incertidumbre en materia de seguridad, lo cual puede conducir al alejamiento de la posibilidad de inversión en el país, mejora y crecimiento del sistema productivo y por consiguiente una mejora sustancial en términos económicos y sociales para la población mas vulnerable, muy a pesar de las críticas y las posturas radicales desde diversos sectores que plantean que el mismo, fue un esfuerzo inútil al haber logrado el acuerdo para la desmovilización de las FARC, y poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en el país, y que como solución práctica frente a las falencias que pudiese tener este acuerdo se hace necesario el revivir la confrontación armada a cualquier costo.
De arreciar el conflicto armado, hoy conjurado bajo el acuerdo suscrito en la Habana por parte del gobierno del Dr. Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionaras FARC, que participaron como voceros de dicho movimiento, sería un grave retroceso histórico y un hecho imperdonable ante la comunidad internacional que avalo esta iniciativa de paz.
Frente a este tema resulta importante la decisión de la Corte Constitución expresada en la Sentencia T-205A/18, en dicha providencia el máximo Tribunal Constitucional, exhorta a la Unidad Nacional de Protección, para que se den respuesta inmediatas ante la solicitud de amenaza que formulen los líderes sociales, comunales, sindicales, de comunidades indígenas, activistas de derechos humanos, que sean objeto de amenaza, logrando por parte de dicha institución una medida efectiva de protección para salvaguardar sus vidas, quedando entonces evidenciado en dicha decisión la indiferencia de este organismo frente a las solicitudes de protección elevadas por parte del accionante de este mecanismo constitucional.
Y no es solo lo expresado por parte de la Corte Constitucional, sino igualmente, en el contexto internacional el pronunciamiento efectuado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas, quien ha llamado la atención de la comunidad internacional en forma categórica, frente a la grave situación que están viviendo en el Colombia los líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, que vienen siendo asesinados y en donde la mayor preocupación que se expresa por parte del alto comisionado, es la pasividad frente a este proceso de investigaciones y la continuidad en aumento de estos hechos de sangre.
Aspecto estos que muestran la marcada polarización en que se encuentra el país, desde el punto de vista político e ideológico alimentada por sus dirigentes, y que esta situación de la realidad nacional se torna en un pretexto para acallar en forma violenta cualquier expresión que surja de un contradictor en el debate ideológico y político, y que lo mismo pueda calificarse como una amenaza para los interés económicos de ciertos círculos de poder.
Por lo tanto se hace necesario que estos hechos que enlutan hoy a un sinnúmero de familias convoque a la solidaridad nacional, para que en una sola voz todos los ciudadanos demandemos del Estado Colombiano representado por el gobierno y sus instituciones, garantías reales e inmediatas para la protección a la vida de los dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y que las libertades ciudadanas bajo los principios de la tolerancia y el pluralismo se concreten en una realidad y no simplemente un enunciado dogmático en nuestra Constitución de 1991.
Bucaramanga, 21 de agosto de 2018
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
