De las tertulias con los amigos surgen ideas locas. De eso se trata. No hay cosa más agradable que especular y si se trata de política mucho mejor. En una de esas a alguien se le ocurrió decir: “Creo que vamos hacia un régimen semi-parlamentario”, es decir, “a cuatro años en que el parlamento tendrá igual o más poder que el jefe del Estado”.
Obviamente, en un país acostumbrado a los regímenes presidencialistas es descabellado pensarlo, pero, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas. Duque tuvo las mayorías necesarias para ser elegido presidente, pero eso no quiere decir que ello le garantice mayorías parlamentarias para imponer su agenda legislativa.
Por lo visto hasta ahora, los hechos parecen corroborar esa tesis: la agenda legislativa del naciente gobierno es muy pobre y, desde el otro lado, desde el Congreso, los partidos como Cambio Radical y otras formaciones, incluida la izquierda, ya comenzaron a marcarle el derrotero, mientras el Centro Democrático -el grupo de gobierno- solo piensa en salir de la sequía burocrática.
Los errores del uribismo están a la carta; para la muestra un botón: el senador Uribe lanza el globo del incremento del salario mínimo, 24 horas después su exministro de Hacienda, Carrasquilla, hoy jefe de las finanzas del gobierno Duque, anuncia a los colombianos la bomba de gravar todos los artículos de la canasta familiar y, finalmente, el presidente dice que en materia tributaria “el presidente tiene la última palabra”. El descoloque es total.
Es ahí donde ese “semiparlamentarismo” hoy se hace fuerte e impondrá su voluntad, pero con un agravante: el Congreso está fraccionado y nada le garantiza a Duque que sus tardías propuestas se las compren los parlamentarios que le apoyaron el 17 de junio.
La tal cumbre de palacio para resolver el problema de la corrupción, puede concluir en una epifanía para los 11 millones 700 mil colombianos que votamos la consulta. Que el Congreso asuma reformas anticorrupción es como poner al ratón a cuidar el queso. Aquí el problema es de puestos y mermelada, no nos digamos mentiras. Si le hicieron conejo a la implementación del Acuerdo de Paz, ¿por qué no hacerlo con una consulta, que además perdió? Los partidos tienen el sartén por el mango: el próximo siete de septiembre se vence el plazo para que, según el nuevo estatuto de la oposición, las fuerzas políticas con asiento en el Congreso se declaren en la oposición, partidos de gobierno o independientes.
El chantaje subyace. Es el as bajo la manga con el que cuenta el “neo semiparlamentarismo”, a la colombiana, que hoy cobra inusitada importancia para garantizarle a Duque gobernabilidad. ¿Se revivirá la mermelada? Para allá vamos y no hay de otra, y esta vez habrá para todos los gustos y sabores. El presidente tiene la solución a la mano: se trata de reactivar los códigos de los llamados cupos indicativos que Pastrana se inventó y que supieron instrumentalizar divina y eficazmente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en sus 16 años de gobierno. O, si no, ¿cómo gobernaron?
@jairotevi
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Dije recientemente en una columna que Duque no tendría luna de miel; que no tendría los cien días de gracia que los observadores le dan al nuevo gobierno para delinear su proyecto de país de y hoy lo corroboran las encuestas que a menos de un mes en el poder no le son favorables. Comenzar con esos síntomas de impopularidad no le viene bien al novel gobernante, lo hacen ver débil y sin carácter.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, invitó a los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y de más fuerzas religiosas a acompañar al gobierno del presidente Duque en un gran pacto, pero a ¿qué precio? Es la pregunta.
Acostumbrado el país político al presidencialismo, es decir a un presidente con plenos poderes y capaz de imponerse, hoy no lo vemos. Los partidos que le votaron se le adelantaron y saturaron de proyectos de ley la carga legislativa. Son más de 200 los presentados desde el pasado 20 de julio. Reformas como la tributaria y a la justica ya fueron llevadas al Congreso y no son de origen ejecutivo.
Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2018
