Ahora que se buscan por todas partes ingresos fiscales que le permitan al Gobierno cumplir su promesa de rebajar los impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo cubrir el faltante del presupuesto y además disminuir el déficit fiscal, es necesario tener imaginación y audacia para diseñar una reforma tributaria en la que no paguen el pato los mismos de siempre.
En la última reforma se bajó un poco la tributación de las empresas, a costa de subir la de asalariados y trabajadores independientes de ingresos medios y altos, además de los tres puntos adicionales en la tarifa del IVA. Esa receta no se puede repetir y se deben buscar fuentes distintas de recaudo tributario. Los impuestos a la tierra son una de esas fuentes de ingresos fiscales que no solo pueden llegar a ser muy cuantiosos, sino que además tienen beneficios colaterales para el desarrollo económico.
El debate más reciente sobre los impuestos a la tierra lo planteó una fuente insospechada, la revista The Economist, conocida por sus posiciones ortodoxas y de apoyo al libre mercado. Un primer paso conservador sería eliminar las recientes rebajas a los impuestos a las herencias (en Estados Unidos). “Una propuesta más radical sería crear un impuesto sobre el valor de la tierra, que es la forma más eficiente de impuestos sobre la propiedad”. El principal argumento de la revista es la realidad del enorme incremento en los precios de la tierra, sobre todo en las áreas urbanas y suburbanas, lo que ha generado pingües ganancias a los actuales propietarios y, en las grandes ciudades ha frenado el acceso de los jóvenes a la vivienda propia por los precios inalcanzables.
En Colombia también se trata de una propuesta muy antigua y defendida con ahínco por una de los grandes líderes empresariales del siglo pasado, don Hernán Echavarría. Es conocido su diagnóstico de que la mayor parte de la tierra no es un activo productivo, sino una especie de alcancía que se compra esperando la valorización sin preocuparse por explotarla adecuadamente. En su opinión esto es la base del problema agrario en Colombia y un obstáculo para el desarrollo económico.
Se puede objetar que en el actual marco constitucional del país este tipo de propuestas incrementarían los ingresos de los municipios pero no los de la nación. Es cierto, pero hay formas de superar esta dificultad.
Cali 16 de septiembre de 2018
*Economista y Filósofo. Consultor independiente.
