Por Jairo Gómez*.- El palo no está para cucharas y menos cuando entramos en una etapa preelectoral y la violencia política arreciará en todo el territorio nacional, en donde las castas regionales y las mafias politiqueras aupadas por el narcotráfico, cerrarán filas para preservar el control de la administración local.
¿No sentirá vergüenza el canciller Trujillo García, el tener que ir a foros internacionales a suscribir declaraciones contra terceros países que no respetan los valores democráticos, mientras en su país, a diario, asesinan un líder social o un defensor de los derechos humanos?
¿No se dará cuenta el ministro que mientras él posa, adusto y serio, junto a sus homólogos latinoamericanos, millones de ojos en el mundo entero lo están observando y, al mismo tiempo, haciéndose la pregunta: Cómo así que en Colombia desde el primero de enero de 2016 al 10 de enero de 2019 han asesinado (cifra de INDEPAZ) 566 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y no pasa nada?
El asesinato de estos líderes -representantes de campesinos y de la población más vulnerable del país- en las regiones más apartadas de Colombia y la magnitud de sus pérdidas no tienen parangón en la historia contemporánea de América Latina. Lo más grave es que la mayoría de los asesinatos perpetrados son contra personas comprometidas con la implementación del acuerdo de paz.
Son tan aterradoras las cifras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya está contemplando la posibilidad de nombrar un relator en Colombia para abordar tan delicado tema. Claro que es urgente que lo haga, se reclama desde muchos sectores de la sociedad civil que además se mueven en Estados Unidos para que el Congreso de ese país, ahora que los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes, priorice esta realidad que viola flagrantemente los derechos humanos.
No se trata de socavar la institucionalidad colombiana, pero ante esta masacre, gota a gota, sí es necesario que la comunidad internacional mire con lupa un hecho que ya suena a extermino; con un lamentable asterisco y es que desde las mismas autoridades militares y políticas en muchos casos estos líderes sociales son asociados a actividades opositoras, antipatriotas y señalados de traidores, como lo denunció en su reciente visita el relator de la ONU, Michael Fort.
Si a esta realidad le sumamos, y no se puede dejar de soslayo, el asesinato de más de 80 desmovilizados de las Farc que suscribieron el acuerdo de paz con el Estado colombiano, nos estamos acercando a un escenario crítico que corrobora seriamente la percepción que se tiene sobre la falta de compromiso de la actual administración con la consolidación de la paz y la generación de un clima de tolerancia y de respeto por los derechos humanos.
El palo no está para cucharas y menos cuando entramos en una etapa preelectoral y la violencia política arreciará en todo el territorio nacional, en donde las castas regionales y las mafias politiqueras aupadas por el narcotráfico, cerrarán filas para preservar el control de la administración local.
El anterior es un escenario que el gobierno del presidente Duque debe contemplar seriamente para evitar que ese ciclo de violencia se agudice, si es que ya no comenzó con el asesinato de 114 líderes sociales y defensores de derechos humanos en tan solo cinco meses y medio del actual gobierno.
Qué impotencia! Qué tristeza me produce el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia y, lo peor, no poder hacer nada para evitarlo. Qué vergüenza! que en la llamada democracia más antigua de América Latina, se asesinen defensores de derechos humanos y no pase nada. Qué dolor de patria.
Bogotá, D. C, 15 de enero de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
