El Centro Democrático (CD), empeñado en revivir su litigio ideológico con las Farc-EP, busca en la extinta organización guerrillera el 'sparring' perfecto para que lo ayude a sobrevivir en las encuestas y, por ende, lo catapulte como la mejor opción en las elecciones de octubre.
Esa es su estrategia. Por ello el misil electoral está dirigido al corazón del acuerdo de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Combinando todas las formas de lucha, acude ahora, como en el pasado cuando manipuló la información en favor del no en el plebiscito, a manosear a las víctimas vendiendo la idea de que lo pactado en La Habana no es cosa distinta a un acuerdo de impunidad, entonces hay que hacerlo trizas.
Sin duda, presionado por su gran mentor, el presidente Duque, tomó la decisión de ayudarle a su partido a tejer la propuesta electoral objetando seis artículos de la ley estatutaria y proponiendo modificar constitucionalmente el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no obstante existe una prohibición expresa de la corte que obliga a los próximos tres gobiernos a no enmendar lo acordado entre el Estado colombiano y los representantes del entonces grupo insurgente.
No es la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas las que busca desaparecer el presidente Duque y su partido el CD, es la JEP y tras su decisión neutralizar la verdad, gestar inseguridad jurídica y cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de paz futura y negociada.
Ese es el tema de campaña que le es funcional al senador Álvaro Uribe y sus dirigidos; a todo vapor, con la maquinaria bien aceitada (¿mermelada?) y sin argumento alguno insisten en que la JEP debe acabarse, al tiempo que la señalan como una instancia humillante para los miembros de la Fuerza pública al ser “comparados con los terroristas”. Vieja estrategia para querer instalar, de nuevo, el discurso, ya superado, de que Colombia no experimentó “un conflicto armado”.
Paradójicamente, la oposición a esta mirada del conflicto el expresidente Uribe no la encuentra en sus adversarios políticos, sino en los propios exmilitares y expolicías que decidieron, voluntariamente, acogerse a la JEP (ya van más de dos mil agentes del Estado en armas que se acogieron a los beneficios de la Justicia transicional, entre ellos cerca de una veintena de generales).
Se equivocan el CD y el presidente Duque: ni habrá impunidad para los miembros de la extinta guerrilla, ni la fuerza pública encontrará otro árbitro diferente a la JEP que les brinde los beneficios que hoy ya ostentan.
El proceso de la Justicia Transicional ya comenzó a dar resultados, así lo entienden los países garantes, la Unión Europea, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos y, el organismo más importante, la Corte Penal Internacional (CPI), por eso el respaldo a la JEP es incondicional. “Dejen trabajar a la JEP”, dijo Naciones Unidas. El que quiera más que le piquen caña, dice el adagio popular.
Se metió el presidente Duque en un terreno movedizo apenas despuntando su mandato, terreno en el cual los debates serán intensos y se tomarán por lo menos dos años, mientras el país se pregunta ¿para qué lo elegimos? ¿Para revivir un discurso de la guerra ya superado con la negociación? O para que le entregue a los colombianos una nación próspera, incluso con más turistas, si es lo que pretende y eso solo lo garantiza, la paz.
Bogotá, D, C, 19 de marzo de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
