Por Yazmer Ramos García.- Entre los derechos humanos y el Estado de Derecho existe un vínculo esencial de complementariedad e interdependencia. Podemos considerarlos como dos aspectos que, en el fondo, buscan proteger, promover y garantizar la dignidad de la persona humana y alcanzar el desarrollo integral de todos los ciudadanos en la promoción del bien común. Ambos son instrumentos de carácter ético, jurídico y político cuya génesis reposa en el proyecto de la Ilustración europea, y por eso son deudores de las características y límites con que se constituyeron las sociedades democráticas en dicho continente.
Los derechos humanos sirvieron inicialmente como un instrumento ético-jurídico para exigir el respeto del individuo frente a los potenciales abusos de orden político del Estado. Y el Estado de Derecho, surgido con ocasión de la sistematización racional de la teoría del Estado moderno, buscaba asegurar las condiciones para un ejercicio justo del Derecho. Por eso el Estado de Derecho tiene como núcleo ético-jurídico el respeto, la protección y fomento de los derechos humanos como forma de legitimar su existencia.
En ese sentido los aspectos o dimensiones constitutivas de un Estado de Derecho legítimo (democrática, constitucional, social y pluralista) buscan desarrollar en forma consistente, desde distintas perspectivas, la defensa sistemática de los derechos humanos.
La democracia permite la más amplia participación igualitaria entre los ciudadanos; la Constitución permite otorgar las garantías jurídicas para esa participación democrática; el Estado socialista contribuye a minimizar el individualismo económico impulsando los esfuerzos hacia el logro del bien común, es decir, del desarrollo integral de todos los ciudadanos, y, por último, un Estado pluralista garantiza que todas las distintas manifestaciones que caracterizan a una cultura tenga iguales posibilidades y oportunidades de desarrollo, impidiendo el monopolio de la verdad que abre una puerta falsa a las exclusiones y a los regímenes absolutistas y autoritarios de todo tipo.
Los derechos humanos aportan entonces la savia, el alimento que nutre de contenido fundamentalmente moral a cada una de las instituciones, procedimientos y mecanismos de control jurídico que representan el poder efectivo del Estado. Los derechos humanos deberían coadyuvar así al máximo desarrollo efectivo del Estado y, con este, al máximo desarrollo de cada uno de sus ciudadanos.
Por su parte el Estado de Derecho, entendido como la institución que organiza el poder en forma justa para beneficio de la sociedad, tiene como función preservar, proteger y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos con la finalidad de que las personas alcancen niveles de desarrollo dignos de su condición humana. Un Estado de Derecho no debería –a riesgo de contradecir su núcleo moral- amparar la desigualdad económica o social que hace vulnerables los derechos humanos de los individuos que habitan en su seno y mucho menos justificar con protocolos de guerra obsoletos masacres, violencias y asesinatos de manera sistemáticas contra líderes y el pueblo indígena como viene ocurriendo en Latinoamérica.
En la actualidad, no es suficiente la mera declaración retórica de la existencia de derechos, el desarrollo de los mecanismos jurídicos pertinentes del Estado está en condición de garantizar mejores condiciones de vida para todos. Por ello, en vistas al desarrollo integral de las personas, es preciso que todos seamos considerados y tratados como ciudadanos con iguales derechos y oportunidades.
Un Estado de Derecho legítimo debe estar en condiciones de garantizar el efectivo cumplimiento de la gama más amplia posible de los derechos y libertades a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. Y el núcleo ético de estos derechos y libertades, fruto de las luchas sociales ocurridas a lo largo de la historia, está constituido sin duda alguna por los derechos humanos de las personas.
Pero no hay que olvidar tampoco que los derechos humanos no son un fenómeno hermético, absoluto o concluyente, son una realidad dinámica que para hacerse más efectiva y viable en la realidad social y no sólo en el plano del discurso teórico deben considerarse como instrumentos en constante evolución, sujetos a progresivos desarrollos, mejoras y rectificaciones a través de auténticos procesos de diálogo intercultural, en los que la dignidad de cada ciudadano, independientemente de su origen cultural, debe ser respetada de manera incondicional, como requisito básico para avanzar hacia libertades que emancipen a los hombres de cualquier forma de opresión que les impide su plena realización material y espiritual en el mundo.
Sin duda, pienso que no será posible alcanzar cuotas tan altas de desarrollo y realización para la dignidad humana si no es a través del cultivo constante de valores éticos supremos como son la igualdad, la equidad y la solidaridad, practicada en las formas más diversas, entre los integrantes de las distintas familias culturales de nuestro planeta.
Barranquilla 7 de noviembre de 2019
*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.
