Por Juan Manuel Galán*.- El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise que contó, al parecer, con la participación de exmiembros de nuestras Fuerzas Militares nos muestra, además de la trágica violencia que vive este país, una cruda realidad y es la de la vinculación de militares retirados colombianos a las redes globales de mercenarios. Estructuras que se enriquecen en conflictos a lo largo y ancho del mundo, y trabajan para redes criminales que no se detienen ante la posibilidad de ejecutar un crimen tan atroz como el que sufrió el presidente haitiano y su familia.
Ahora bien, aunque es aterrador lo que pasó en Haití, algo que debemos tener claro es que lo sucedido no es un caso aislado. Por ejemplo, la participación de militares colombianos retirados en grupos de mercenarios o ejércitos privados es común en regiones como el Medio Oriente. En esta región, es normal que empresas de países como los Emiratos Árabes Unidos los contraten en labores de protección de empresarios o como miembros de ejércitos privados, así como para formar parte de equipos de intervención militar extranjera y aplicar su conocimiento en la fabricación de armas a pedido de señores de la guerra. También se ha documentado la participación de exmilitares colombianos en los conflictos de Yemen, Libia, Iraq o Afganistán, desde grupos mercenarios.
Esta problemática no ha sido enfrentada por el Estado colombiano, ya es hora de que el gobierno tenga una posición clara y no se quede en comunicados vagos frente a un fenómeno que requiere legislación y una nueva política. No se trata de salir como lo hizo la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, a decir que los militares retirados “fueron engañados” o, como hizo el presidente Duque, asegurar que ellos no sabían que su “misión” era matar. Definir esto es tarea de la justicia haitiana, no de funcionarios colombianos.
Al contrario de esto, necesitamos acciones concretas para enfrentar la creciente mercenarización de nuestros exmilitares. En este sentido, se requiere mejorar las condiciones de retiro para los rangos medios y bajos. También, que los servicios de inteligencia del Estado vigilen el accionar de las redes internacionales de mercenarios para disminuir su capacidad de acción en Colombia. Acá es clave la comunicación con agencias de seguridad extranjeras. Otro punto fundamental será revisar y actualizar la normatividad colombiana frente a estos procesos de mercenarismo, pues la legislación está desactualizada.
Bogotá, D. C, 26 de julio de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
