Por Luis Eduardo Castellanos Ávila*.-La reciente decisión por parte del gobierno nacional de manera afanosa de continuar con la venta de los activos del sector eléctrico a pesar de la nefasta experiencia que ha traído el proceso iniciado desde el año de 1996 para dicho sector, se continúa hoy repitiendo por parte del gobierno del Presidente Iván Duque.
A pesar de ser un gobierno ya en el ocaso, con el sol a sus espaldas de su periodo constitucional, nos encontramos con la sorpresa que el día 13 de diciembre de 2021, de manera afanosa procede el gobierno nacional a dar continuidad a su política privatizadora y para ello se adjudica un contrato, mediante Resolución No. 3151 al Consorcio BTG PACTUAL, por valor de $ 4.898.232.325.
El objeto del dicho contrato es el de “Prestar servicios de asesoría integral y banca de inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contribuir a la optimización de los activos de la Nación, para lo cual deberá realizar la valoración, y de ser procedente analizar, diseñar, elaborar e implementar plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas del sector eléctrico”, procurando por este mecanismo mediante una banca de inversiones diseñar la estrategia de venta o enajenación de los activos del sector eléctrico en empresas que han mostrado un importante resultado financiero, con solvencia económica, que han cumplido las metas de gestión, pero que ante todo han generan una importante responsabilidad social de lo que es el servicio público esencial, como es la energía eléctrica, (Ley 143 de 1994)
Esta política que se reitera por parte del actual gobierno y que en la praxis nos ha mostrado sus lamentables consecuencias en nuestro país, que a pesar de haber sido replanteada en muchos países del mundo como modelo económico, en Colombia se sigue aplicando donde lo mas reciente y trágico es lo sucedido con Electricaribe, donde incluso si no es por la Corte Constitucional en la Sentencia C-504 del 3 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, donde se declaró inexequible el artículo 313 del Plan de Desarrollo del actual gobierno (Ley 1955 de 2019), en el cual se había previsto el impuesto de cuatro pesos ($4) por kilovatios, hubiéramos tenido que cancelar todos los colombianos el desastre económico y social, la pérdida de los recursos que lapido Electricaribe y condujo a la ausencia de inversión en los departamentos de la costa atlántica.
De esta manera se revela una vez más que la política de desmantelamiento paulatino del patrimonio del Estado y el de seguir entregando un servicio público, que la ley califica como esencial para que se convierta en un negocio, a todas luces, resulta contrario al objeto y fines de Estado como estado social de Derecho.
La teoría que el Estado sea solamente un ente regulador y que sea el mercado el que defina la calidad, confiabilidad y prestación eficiente del servicio; no es cierto. Hoy la praxis nos muestra que el Estado no es un regulador sino que ha terminado siendo regulado por las multinacionales.
Prueba de ello es que hoy tenemos un monopolio en el sector eléctrico. Basta mirar quienes son los propietarios y quienes adquirieron a precio de feria los activos del sector eléctrico y como han ganado jugosas sumas con la venta casi inmediata que se han realizado de las mismas.
Por esta razón, creo que es el momento para proceder a replantear dicha política porque no cumple los fines y objetivos del Estado, todo lo contrario, se ha convertido en un mecanismo al igual que todos los contratos que han caracterizado las últimas administraciones en el gobierno nacional, en una fuente infranqueable de corrupción, en un claro descaro y un perjuicio por el detrimento patrimonial al que sea sometido al Estado en rompimiento del principio de prevalencia del interés general frente al interés particular, eje del estado social de Derecho que prohijó la Constitución Política de 1991.
Recordemos que en el año 2020, llamo poderosamente la atención que bajo el pretexto de la necesidad de enfrentar el estado de emergencia económica y social, el gobierno nacional pretendió la enajenación de activos que hacen parte del patrimonio de la nación, y no cualquier clase de activo, sino activos estratégicos como Isa, Ecopetrol, Cenit, empresas del sector eléctrico como la Electrificadora del Meta, Huila, Nariño y Caquetá, entre otras, para lo cual expidió el Decreto Ley 637 del 6 de mayo de 2020, cuyo contenido marcaba la iniciativa en forma sutil para este fin y para perfeccionar esta venta a su vez expidió el Decreto 811 del 4 de junio de 2020, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-416 de 2020, al desconocer abiertamente lo establecido en la Constitución Política como facultad legislativa indelegable del Congreso de la República, establecida en el artículo 150 numeral 9 constitucional, donde así mismo desconocía con esta iniciativa, lo establecido en la Ley 226 del año 1995.
La motivación para la venta de las empresas en las cuales el Estado tiene participación, debe ser que aquellas registren reiteradamente un mal momento económico durante varios periodos fiscales, que perjudique los rendimientos financieros de las mismas ubicándoles como inviables financieramente. No es el caso precisamente de las empresas del sector eléctrico que hoy se pretenden ofertar, la venta de estos activos conllevaría a una pérdida de ingresos permanentes para la nación y la disminución paulatina del patrimonio público del estado.
Estamos frente a un nuevo desacierto del gobierno al pretender acelerar los procesos de enajenación de la participación accionaria que posee el Estado en empresas del sector eléctrico, desconociendo los resultados de los procesos pasados, hoy duramente cuestionados incluso por los organismos de control.
La pregunta final es, una vez que se culmine la expropiación de los activos productivos de la nación bajo la ola privatizadora, con la venta al sector privado de los mismos a precio de feria, que seguirá entonces, que quedará para vender por parte del gobierno de turno para mejorar su flujo de caja, seguirá entonces la venta de los parques, la naciente de los ríos, los reservas naturales, las vías nacionales hoy concesionadas?
Si esta va a ser la constante política del gobierno que gira en torno a vender los activos productivos y despojar al Estado de su patrimonio que es de todos y cada uno de los colombianos y colombianas, para la consecución de los recursos con un propósito único según el gobierno de disponer de un flujo de caja para inversiones como el famoso contrato de internet por parte de las MITIC, ya sabemos entonces cual va a ser el destino final de lo que corresponde al patrimonio de todos los colombianos y colombianas.
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
