Opinión
Como todo lo que tocaba la administración Petro con lo fiscal estaba claramente desfinanciado.
Por Juan Camilo Restrepo*. - El artículo 56 del estatuto orgánico del presupuesto dispone que “antes del 15 de agosto las comisiones de Senado y Cámara podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de esta ley, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito público que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes”.
Y eso fue lo que resolvieron precisamente las comisiones económicas.
El proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 había sido originalmente preparado por la administración Petro. Como todo lo que tocaba aquella administración con lo fiscal estaba claramente desfinanciado. Se ha calculado por parlamentarios tan serios como Oscar Darío Pérez que dicho proyecto entrañaba un desfinanciamiento cercano a los $ 60 billones. Es decir, que los gastos proyectados excedían en dicha suma los estimativos de ingresos seriamente calculados para la vigencia del 2027. Obviamente, la ejecución de dicho proyecto conduciría inexorablemente a profundizar el ya considerable desajuste de las finanzas públicas con el que la administración Petro las entregó el 7 de agosto, con un déficit fiscal cercano al 8% del PIB equivalente a $ 160 billones de pesos y una deuda pública desbordada.
Era por lo tanto indispensable la revisión que en estos momentos está haciendo el nuevo gobierno al proyecto de presupuesto que encontró de la administración anterior. Para efectuar los recortes en el programa de gastos del año entrante a que haya lugar, y, ante todo, para reflejar en el presupuesto de la próxima vigencia las prioridades que el nuevo gobierno quiere imprimirle al gasto público en el futuro inmediato.
Dos ejemplos ilustran lo que acabamos de decir.
El gobierno ADLE ha dicho que lo más urgente en el calamitoso escenario de la salud es inyectarle $ 10 billones para financiar un programa de estabilización inmediata, antes inclusive de proceder a reformas más estructurales del sistema de la salud que el gobierno Petro dejó en ruinas.
Pues bien, para que esta inyección de $ 10 billones de emergencia al sistema de la salud puedan llevarse a cabo en los próximos meses se requiere ineludiblemente que las apropiaciones correspondientes de ese gasto aparezcan el presupuesto de gastos del año entrante, cosa que no sucedía con el proyecto original de presupuesto ahora bajo revisión en el ministerio de Hacienda.
Una segunda ilustración de porqué se hace ahora más indispensable que nunca la revisión del presupuesto del 2027 es por razón del terremoto. Este doloroso episodio requerirá para el año entrante lo que pudiéramos llamar la cuota inicial de los gastos necesarios para arrancar en la vigencia del año entrante la inmensa tarea de la reconstrucción que se desarrollará a lo largo de los próximos tres o cuatro años. Pues bien, en el proyecto de presupuesto para la vigencia del año entrante deben aparecer las apropiaciones (autorizaciones de gastos), con las cuales se empezará esa gran tarea que con toda razón puede llamarse el “plan Marshall criollo”. Con el que se le hará frente a la devastación monumental que el sismo plantea para Colombia en las vigencias venideras.
Pero, claro, no todo serán platas del presupuesto nacional: se necesitará además el concurso de la empresa privada y de la cooperación internacional que también deberán aparecer registradas como ingresos en el presupuesto venidero.
El presupuesto nacional es, pues, el conducto jurídico- instrumental a trasvés del cual se va a ejecutar tan formidable tarea.
Por todas estar razones era ineludible revisar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027. Tarea en la que está concentrado el ministerio de Hacienda en este momento antes de llevar la ley de presupuesto de nuevo a estudio del Congreso, antes de este 30 de agosto.
POSDATA: A medida que siguen saliendo todos los días noticias sobre la desfachatada orgia contractual de la administración Petro en sus últimas semanas, se hacen indispensable las auditorías forenses que según anuncia el nuevo gobierno están en macha. Es apremiante que dichas auditorías concluyan pronto y se puedan llevar ante los jueces a los autores mismos de tales desafueros, y ante los tribunales administrativos los contratos que sea factible rescindir y anular.
Bogotá, D. C, 22 de agosto 2026
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Nos conoció mejor de lo que nosotros nos conocíamos y así ayudo a que nuestra existencia fuera más feliz
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Todos admiramos al ya fallecido y muy distinguido profesor de la Universidad de Oxford, Malcolm Deas, como el gran historiador sobre Colombia. Y la Universidad del Norte, como que ha decidido administrar su legado intelectual y también bibliográfico pues heredó su valiosísima biblioteca.
Y es así, como con frecuencia, realiza seminarios, debates y promueve publicaciones que le permiten a varios historiadores, analizar las contribuciones que Malcolm Deas hizo sobre la historia de Colombia.
Esta semana, la Universidad del Norte y su ilustre rector, el historiador Adolfo Meisel, hizo una doble celebración para discutir la obra literaria de Álvaro Cepeda Samudio y la histórica de Malcolm Deas.
El rector me permite participar en esos seminarios históricos a sabiendas de que no tengo conocimiento de esa materia, y me permite hablar, por ejemplo, del perfil intelectual y humano de Malcolm y en esta ocasión de un intento para presentarlo como un audaz y penetrante analista político.
Es que Malcolm tenía la ventaja de contar con el conocimiento histórico de Colombia y de otros países de América Latina, aparte de su amplia cultura para hacer comentarios casuales o producto de una mayor reflexión sobre la situación política de Colombia. Y es esta dimensión, la que ya presenté alguna vez en el libro que Eduardo Posada-Carbó dirigió un homenaje de la Universidad del Norte a Malcolm, en el cual lo califican como " Historiador de Colombia ". Colegas y discípulos suyos ofrecieron ensayos y trae además una excelente bibliografía.
Hice una reflexión ampliada sobre la misma el jueves pasado en el seminario mencionado.
Recojo una afirmación casual de Malcolm que muestra su oportuna y penetrante capacidad de análisis. Por allá, a finales del siglo XX soltó la siguiente frase, contundente: "el sistema bipartidista colombiano es indestructible, porque no existe". Era un momento en el cual todavía seguíamos hablando de la existencia de dos grandes partidos políticos en Colombia, sin reparar mayormente en el impacto que tenían algunas facciones que los venían caracterizando desde algún tiempo. Ya en el 2003 se pasó una legislación para reducir lo que entonces era un sistema de partidos que podría sobrepasar el número de los 60 para, si no recuerdo mal, lograr reducirlos a 10. Hoy no sabemos si tenemos 32 o 33. El más reciente, el de los Defensores de la Patria, creación del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, reconocido por el Consejo Nacional Electoral como tal.
Es que Malcolm se desempeñó como admirable historiador y formador de historiadores y como analista de las coyunturas políticas que vivió desde su llegada a Colombia en 1963. Dijo haber conocido a 15 presidentes colombianos, lo cual indica su interés por la situación política que vivió, eso que algunos llaman everyday history, es decir, la historia del momento actual. Esa la conoció muy bien y en cada momento y le permitió hacer comentarios que en muchas ocasiones iban en contravía del pensamiento convencional. Y para mí es la dimensión en la cual ejerció mayor influencia, la cual se tradujo en ayudar a moderar las opiniones predominantes y, principalmente, a criticar la capacidad de auto flagelamiento que teníamos los colombianos. Es una tarea que debería realizarse por medio de la búsqueda de ese tipo de opiniones que sus innumerables amigos recuerdan y las que aparecieron en entrevistas formales.
Sí, es cierto, nos conoció mejor de lo que nosotros nos conocíamos y así ayudo a que nuestra existencia fuera más feliz al acercarnos al conocimiento de la historia del pasado y del presente, que era como concebía el papel de la historia.
Bogotá, D. C, 21 de agosto 2026
*Analista Político, catedrático, exministro de Estado.
Las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.
Por: Humberto Tobón*- Sin excesos, sin espectáculo y con un gran pragmatismo, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que su Plan de Desarrollo se volcará esencialmente a cumplir y fortalecer las metas que estén correlacionadas con el propósito de reconstrucción del departamento.
Una decisión oportuna y acertada. Priorizar las metas y redireccionar los recursos que apuntan a la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física, es un aporte sustancial, que de todas maneras necesita ayuda externa.
Se requieren muchos más recursos de los que hoy dispone el gobierno departamental en su presupuesto, o de aquellos que provienen de las transferencias del sistema de regalías, el sistema general de participaciones, el desahorro del Fonpec y el aumento de los cupos de crédito. Los nuevos dineros tendrán que llegar provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, según se desprende del decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, donde se declara la situación de desastre en Colombia por un periodo de doce meses.
Este Fondo será el encargado de manejar los recursos para la respuesta y recuperación del desastre y desde allí se girarán las transferencias económicas a los entes territoriales, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012.
Es aquí donde se requiere una coordinación adecuada, para que se puedan definir las prioridades de la inversión de los recursos y estos no se dispersen. “No se puede permitir que se cometan errores en los procesos de planeación y ejecución”, le ha dicho el mandatario risaraldense a su equipo de gobierno.
El gobernador Patiño Ochoa ha señalado que la reconstrucción es un desafío de los próximos diez años para Risaralda y su éxito dependerá de la planeación que se realice hoy, enfatizando que las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.
El gobierno de Juan Diego Patiño dará el banderazo de arranque con el modelo de intervención, que ojalá se convierta en una política pública de mediano plazo, que los próximos dos gobiernos territoriales deban acatar y para ello la presencia de las veedurías ciudadanas será fundamental para que no se desvíen las metas ni se dispersen los recursos.
Pereira, 18 de agosto 2026
*Economista y periodista
La autonomía administrativa, propia de la descentralización, significa libertad y facultad efectiva -a nivel territorial-
Por José G. Hernández*. - Para que el Gobierno aplique y cumpla fielmente la Constitución colombiana -como juró hacerlo- es necesario que la conozca. Parece haber olvidado algunas de sus disposiciones.
Algunos ejemplos:
- En días pasados declaró que el Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP) depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No es así. Los departamentos administrativos dependen directamente del presidente de la República. Hacen parte del gobierno, junto con los ministerios, según señala el artículo 115 de la Carta Política, cuya parte pertinente conviene transcribir: “El Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables”.
- También ha ignorado el concepto constitucional de la descentralización, pensando que ella se realiza tomando posesión fuera de Bogotá, estableciendo sedes presidenciales en varias ciudades o designando -desde el Gobierno nacional- gerentes o superiores de los alcaldes o gobernadores.
Como lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la descentralización territorial implica el otorgamiento de mayor poder, atribuciones, recursos y competencias a las autoridades y a las corporaciones de las entidades territoriales -departamentos, distritos, municipios-, para ejecución en su propio nombre y bajo su responsabilidad.
La autonomía administrativa, propia de la descentralización, significa libertad y facultad efectiva -a nivel territorial- de ejercer las funciones y disponer de los recursos asignados, con la suficiente independencia en la orientación y el manejo de los intereses regionales y locales.
Según la Corte (Sentencia C-1051/01), “el carácter de entidad territorial implica pues, el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales”.
- Teníamos entendido que, tras las elecciones, la campaña política había terminado. Pero continúan las frases altisonantes, las consignas contra el gobierno anterior, los saludos militares, los sermones, los anuncios de milagros. Y ahora, en plena crisis generada por el terremoto del 10 de agosto, en Buenaventura -una de las ciudades más gravemente afectadas-, siguen las puestas en escena y la entrega presidencial de balones marcados con el logo de su candidatura, en vez de ayudas y aportes efectivos y oportunos. Así no se cumple la función constitucional.
- El presidente ordena a una ministra revisar nombramientos para verificar rigurosamente que las personas designadas no pertenezcan a tendencias o ideas “incompatibles” con sus "lineamientos", atropellando la libertad de pensamiento y opiniones y el sentido imparcial del servicio público. Lo que debe tenerse en cuenta para una designación, según resulta de las reglas constitucionales, no es la inclinación ideológica del aspirante sino su preparación, su conocimiento, su experiencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
Bogotá, D. C, 19 de agosto 2026
*Expresidente de la Corte Constitucional
El debate en torno al Cargo por confiabilidad no debe reducirse a cuánto cuesta el mecanismo, sino lo que garantiza en términos de confiabilidad y firmeza, cómo se remunera y qué señales ofrece para invertir en la capacidad que Colombia necesitará.
Por: Amylkar D. Acosta M* - Lo primero es lo primero: Colombia necesita energía suficiente, firme y disponible en condiciones de hidrología crítica. Ese objetivo debe orientar cualquier ajuste o reforma del Cargo por confiabilidad. La discusión sobre su costo, su distribución entre tecnologías y sus efectos sobre las tarifas es legítima y necesaria; pero perdería el rumbo si terminara debilitando el respaldo que evita que una sequía se convierta en racionamiento.
La Comisión de regulación de energía y gas (CREG), que nació con la Ley eléctrica (143 de 1994), de la cual fui ponente, en ejercicio de su facultad regulatoria diseñó y estableció el cargo por confiabilidad en 2006, mediante la Resolución 071, en reemplazo del Cargo por capacidad que se había establecido originalmente, a través de la Resolución de la CREG 001 de 1996 y la 116 del mismo año que reglamentaba su cálculo.
Según la firma XM, filial de ISA, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), el Cargo por confiabilidad “es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador”.
El Cargo por confiabilidad, entonces, es una especie de seguro, por el cual se le reconoce a la empresa generadora una remuneración a cambio de su compromiso de garantizar una oferta de energía en firme (OEF), tornándose exigible su cumplimiento durante cada una de las horas en las que el precio en Bolsa de la energía supere el denominado precio de escasez. Basado en ello, la empresa que recibe dicha asignación se obliga, además de invertir en la planta respectiva, asumir su mantenimiento, de tal manera que pueda garantizar su disponibilidad para cuando sea requerida para respaldar al Sistema. Actualmente esa remuneración es de $84 el KWH, aproximadamente y representa 8 puntos porcentuales, aproximadamente de los 39 puntos porcentuales, que son el peso específico del cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R).
En todo caso la asignación del Cargo por confiabilidad se hace mediante subastas y las empresas a las que se les hizo la asignación tienen ese derecho adquirido hasta 2027 y 2028, de tal suerte que antes de procederse a introducirle algún cambio o su eventual eliminación hay que andar con pies de plomo, de tal suerte que cualquiera que sea la determinación que se tome no ponga en riesgo la confiabilidad y firmeza del SIN y que no impida la expansión de la capacidad de generación que el Sistema pide a gritos. Hay que ser muy cuidadoso en ello.
El Gobierno Petro cuestionó el mecanismo del Cargo por confiabilidad y lo puso en el centro del debate. En agosto de 2025, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que los usuarios habían pagado $92 billones por este concepto desde 2006 y presentó seis líneas de reforma, tendientes a “modernizar el esquema” del mismo,. Entre ellas figuran priorizar nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración según la tecnología y la antigüedad de las plantas, concentrar el pago en recursos capaces de responder durante la escasez, limitar el tiempo de participación, introducir los ajustes de manera gradual y separar de la fórmula tarifaria la variable asociada a la confiabilidad.
El planteamiento responde a inquietudes reales. No parece razonable que una planta ampliamente amortizada reciba, sin evaluación adicional, el mismo tratamiento que una instalación nueva que debe recuperar una inversión considerable. Tampoco lo sería remunerar como respaldo un recurso que, en el momento crítico, no puede entregar la energía comprometida. La transparencia también es indispensable: si el cargo representa cerca del 10 % del costo unitario del servicio, el usuario debe poder identificar qué paga y qué obtiene a cambio.
Sin embargo, el debate tarifario no puede agotarse en la cifra acumulada. Presentar el total pagado durante casi dos décadas sin relacionarlo con la capacidad respaldada, las obligaciones asumidas, los periodos de escasez atendidos y las inversiones inducidas ofrece una imagen parcial y parcializada. La pregunta pertinente no es solo cuánto ha costado el cargo, sino si el diseño actual compra la confiabilidad adecuada al menor costo posible y con una asignación equilibrada de riesgos.
Además, es pertinente establecer cuál ha sido la contrapartida de esa remuneración. En efecto, durante ese mismo lapso de tiempo (2006 – 2026) la inversión de los privados por cuenta del Cargo por confiabilidad fue del orden de los $113 billones, cifra superior a la que asumieron los usuarios. Ello, además, hizo posible la ampliación de la capacidad instalada en 11.078 MW, más del 50% de la capacidad instalada total. Por lo demás, para el año 2025 los ingresos de los generadores por concepto del Cargo por confiabilidad sólo representó el 21.5%, suma esta que considero razonable.
Lo primero, entonces, es asegurar que el país no se apague. A partir de ese principio, sí corresponde revisar cuánto se paga, a quién, durante cuánto tiempo y a cambio de qué desempeño. Una reforma seria no debe escoger entre tarifas justas y seguridad energética, este es un falso dilema: debe diseñar un mecanismo que haga compatibles ambas. En todo caso preservando los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera de las empresas y la eficiencia de costos de la prestación del servicio de energía. Ese es el verdadero desafío del cargo por confiabilidad.
Cartagena, agosto 16 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Convertir la crisis en oportunidad, haciendo causa común para que el Tratado con Estados Unidos no siga siendo un embudo con el lado angosto para la ganadería colombiana.
Por: José Félix Lafaurie Rivera* - Un terremoto de magnitud 7,2 cambia las prioridades de cualquier gobierno. Hay vidas que proteger, familias que atender, infraestructura que recuperar y comunidades enteras esperando respuestas con urgencia.
Pero gobernar también consiste en que lo urgente no desplace a lo importante…
Y entre lo importante está la suerte de más de 300.000 productores de leche, en su mayoría pequeños ganaderos que hacen parte de la pobreza rural y hoy enfrentan una dura realidad, pues desde enero, en virtud del TLC con Estados Unidos, los productos lácteos son de libre comercio entre los dos países, sin cupos ni aranceles. El efecto, hoy apalancado por el dólar barato, es realmente amenazante: Al mes de mayo las importaciones aumentaron 56,4 % frente al mismo corte de 2025 y, solo desde Estados Unidos, ingresaron 18.820 toneladas de leche en polvo, frente a 25.016 durante todo 2025.
Es una amenaza anunciada que además avanza. En 2028 habrá también desgravación total con la Unión Europea, lo cual amerita la acción conjunta de los ministerios de Agricultura y de Comercio para utilizar los instrumentos de defensa comercial cuando haya lugar y para vigilar las reglas de origen frente a las crecientes importaciones desde Chile y Bolivia.
Por eso le escribí a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez, pues ambos, junto con la Cancillería, pueden convertir la crisis en oportunidad, haciendo causa común para que el Tratado con Estados Unidos no siga siendo un embudo con el lado angosto para la ganadería colombiana.
De una parte, después de 14 años de esfuerzos sanitarios, productivos y diplomáticos, es imperativo abrir el que debería ser el mercado natural para nuestra carne bovina: Estados Unidos, lo que representaría una oportunidad para el Caribe colombiano, no solo por la enorme ventaja comparativa de la vecindad, sino por sus extensas llanuras interiores donde hoy la ganadería es fuente de subsistencia para miles de familias a partir del llamado “doble propósito”.
Las razas presentes en el Caribe tienen vocación cárnica, con buenos terneros que podrían ser excelentes si se criaran “a toda leche”, pero la de sus vacas, que no pasa de cinco litros diarios, es compartida para vender una parte y ayudar a los gastos. Así las cosas, un ternero que se desteta con alrededor de 160 kilos, podría salir con al menos 200 para los procesos de levante y ceba. Eso es ineficiencia y perpetúa bajos ingresos.
Abrir el mercado estadounidense podría empezar a cambiar esa realidad, pues ante una demanda de buenos precios para más y mejores terneros con destino a la exportación de carne, muchos productores dejarán de ordeñar sus vacas para entregarles toda la leche a los terneros. Es un asunto de especialización.
Para la ganadería del altiplano, con razas de vocación lechera, sustituir la producción del Caribe sería también una gran oportunidad, no solo de crecimiento a partir de un mayor acopio por parte de la industria láctea, sino para neutralizar el efecto de las importaciones y explorar mercados externos. Una vez más, es un asunto de especialización.
Si a este enroque productivo le sumamos genética, buenas prácticas y sostenibilidad ambiental, que es una nueva exigencia de los mercados, estaríamos ante una verdadera reorganización estratégica de la ganadería colombiana, no solo en lo productivo, sino en lo espacial y en su orientación comercial. Cada quien a lo suyo, a lo que mejor hace y en donde mejor lo hace, para mercados claramente segmentados.
El disparador de esta revolución sigue siendo, sin embargo, la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne colombiana.
Es algo que no solo es importante…, es también urgente.
Bogotá, D. C, 14 de agosto 2026
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Ahora Pereira se enfrenta a las consecuencias de un terremoto más fuerte que el de 1979 y ve cómo en ese mismo espacio urbano que causó tantos desastres en el pasado, se repite la historia.
Por: Humberto Tobón*. - Era 23 noviembre de 1979 y un poderoso terremoto de 7.2 en la escala de Richter, sacudió con una violencia inusitada a gran parte del país, ocasionándole la muerte a 50 personas y generando una afectación muy alta en la región del centro occidente, especialmente en Pereira.
Muchas edificaciones colapsaron en la ciudad, especialmente en un cordón urbano comprendido entre las calles 3 y 48 con carreras 9 a 13. La mayoría de las muertes ocurrieron en este perímetro.
Se dijo entonces que ello se debía a que las construcciones colapsadas se habían levantado sobre los terrenos que recorre la quebrada Egoyá, la cual fue canalizada hace 100 años en un tramo de casi cinco kilómetros de oriente a occidente.
Se tomaron medidas para mejorar las condiciones técnicas de este colector que recibe aguas lluvias y residuales, para que no siguiera afectando el suelo y este pudiera ser habilitado para nuevas construcciones.
Muchos especialistas no estuvieron de acuerdo con las decisiones del gobierno municipal. A pesar de las advertencias de que no se debía seguir construyendo sobre este corredor, no se prestó atención y las consecuencias han sido desastrosas.
En los terremotos de 1995 y 1999, las edificaciones ubicadas en inmediaciones de la carrera 12, por donde pasa Egoyá, resultaron nuevamente afectadas y la mayoría de las muertes ocurrieron allí.
Ahora Pereira se enfrenta a las consecuencias de un terremoto más fuerte que el de 1979 y ve cómo en ese mismo espacio urbano que causó tantos desastres en el pasado, se repite la historia.
Los edificios cercanos al parque de La Rebeca y los instalados a lo largo de los barrios Popular Modelo, Circunvalar, Pinares, Alpes y comuna Villavicencio, incluyendo la Clínica Comfamiliar, Invico, Centro Comercial Pereira Plaza, la Gobernación de Risaralda, la iglesia San José y Fiducentro, entre muchos otros, quedaron muy afectados y varios de ellos tendrán que ser demolidos.
Lo cierto es que la alcaldía de Pereira y su secretaría de Planeación, así como los curadores urbanos, han prestado oídos sordos durante décadas a las advertencias técnicas y han facilitado que nuevas edificaciones se levanten en estos terrenos.
El dolor de la tragedia pasará. Las licencias de reconstrucción y construcción se seguirán expidiendo y en unas dos décadas volveremos a recordar, cuando un nuevo terremoto sacuda la tierra, y caigan más edificios y se contabilicen más muertos, que allí, en la zona de influencia de Egoyá, no se debió haber construido.
Expreso mi inmenso dolor y mi solidaridad a quienes perdieron a sus familiares por efectos de este terremoto.
Pereira 12 de agosto 2026
*Economista y periodista
@humbertotobon
En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Después de la tempestad viene la calma. Luego del fragor de la contienda electoral para elegir democráticamente al sucesor del Presidente Gustavo Petro Urrego, desde el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el Presidente Abelardo De la Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy seguramente, con la coadyuvancia del nuevo Congreso de la República, se plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030. Hacemos votos por el buen suceso de su administración, ¡porque si le va bien a él, le ira bien al país y a todos los colombianos!
Entre el expresidente Gustavo Petro Urrego y el Presidente de la República Abelardo De la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo. El relevo en la Presidencia de la República marca algo más que un cambio de gobernante. Representa el tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.
De un lado, una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que, en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder, así como con los órganos de control. Del otro, emerge una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro ideológico.
Son, en consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del poder y la conducción del Estado. Pero hay algo que debe estar por encima de ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas, respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.
El Presidente de la República no es el Presidente de quienes votaron por él. Es el Presidente de todos los colombianos y de acuerdo con la Constitución Política es además el Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en enemigo. Colombia no necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay cabida para el mayoritarismo.
Los estilos de gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia y saber procesar las diferencias
El verdadero triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra, avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la institucionalidad, que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.
Y este no es un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución. En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad.
Por eso, más allá de los discursos y las arengas, de las diferencias ideológicas o de los estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el entramado institucional del país.
Solo así la alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre, inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden constitucional. En últimas, ese es el desafío de Colombia: que ningún proyecto político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las reglas que nos unen como Nación.
Cota, agosto 7 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Es claro que la Constitución no quiere un servicio público parcializado. Lo debe tener en cuenta el nuevo gobierno.
Por José G. Hernández*. - La imparcialidad de los servidores públicos -con mayor razón si desempeñan altos cargos- es un elemento esencial para que el Estado cumpla su función. Ellos no son voceros ni representantes de organizaciones, gremios o empresarios. Son funcionarios al servicio de la comunidad entera, del interés general y del bien común, sin preferencias ni exclusiones.
Sus actuaciones, decisiones y políticas han de ser objetivas, orientadas a la realización de valores constitucionales como la vida, la salud, la convivencia pacífica, la libertad, el trabajo, la justicia, la educación, la cultura, el orden público, la vivienda digna, el equilibrio ecológico. Y, desde luego, a velar por la responsabilidad, el cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones, a la luz de las reglas vigentes.
Cada organismo o entidad pública ha de actuar según las disposiciones constitucionales o legales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las determinaciones y medidas oficiales no pueden estar encaminadas al beneficio o a la ganancia de determinados grupos o sectores, ni tampoco a su perjuicio o detrimento, ni a discriminación alguna.
Al tenor del artículo 2 de la Constitución, las autoridades de la República “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, el Estado debe contar con servidores públicos que, en sus distintos niveles y dependencias, cristalicen los propósitos de la colectividad. Su experiencia, conocimiento y dedicación han de garantizar una verdadera y probada aptitud para atender las necesidades, urgencias y requerimientos colectivos a nivel nacional, regional y local, cumpliendo las altas responsabilidades estatales.
El Estado Social de Derecho, como dice la doctrina constitucional, requiere la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública, y ello exige de cada funcionario no solamente preparación y conocimiento en lo específico de sus funciones y atribuciones, sino compromiso, dedicación, imparcialidad y honestidad. Por eso, el artículo 122 de la Constitución estipula que “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Y el 123 destaca que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.
El artículo 126 dispone: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior”.
Según el artículo 127, “la utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.
Es claro que la Constitución no quiere un servicio público parcializado. Lo debe tener en cuenta el nuevo gobierno.
Bogotá, D. C, agosto 9 de 2026
*Expresidente de la Corte Constitucional.
“Vías decentes para el campo” y “conectividad rural” deberían ser programas prioritarios para romper el aislamiento a que está condenada media Colombia.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Esa es la expectativa con que recibimos al gobierno de Abelardo de la Espriella los productores agropecuarios y la población rural, porque el propósito de convertir a esta Patria nuestra en un Milagro de desarrollo económico y social pasa, necesariamente, porque ese milagro empiece en el campo abandonado.
La esencia del milagro es obrar sobre situaciones extremas con soluciones que parecen imposibles, y esa es la situación del campo: extrema y ávida de soluciones ofrecidas y nunca cumplidas, mas no imposibles. Yo diría que el Campo Milagro, tiene otro nombre: verdadera voluntad política.
En Colombia, la situación extrema del campo se asocia, por muchos y con mucho facilismo, con la violencia como causa principal. Igualmente, el narcotráfico y su entorno de ilegalidad total se presume como causa de esa violencia, cuando apenas es uno de sus actores.
La seguridad se convierte entonces en prioridad; y la verdad que lo es, más no como objetivo final ni solución definitiva, sino como condición sine qua non para superar la violencia y, por ahí mismo, también el atraso rural. En ese orden de ideas, ni la violencia ni la situación extrema de campo se explican con la falta de seguridad (léase justicia y presencia policial y militar). Su verdadera explicación, su verdadera causa es la falta… de todo…, es el abandono.
Y donde falta todo, el milagro es vistoso y transformador. La seguridad y una justicia efectiva que persiga y castigue a los bandidos, abrirá caminos a la inversión y el desarrollo rural, pero hay otros caminos por abrir: “Vías decentes para el campo” y “conectividad rural” deberían ser programas prioritarios para romper el aislamiento a que está condenada media Colombia.
Ahí empieza el Milagro: reactivación de la producción agropecuaria con salida a los mercados, sumada a una presencia integral del Estado: Crédito de fomento con asistencia técnica exclusivo para productores rurales; política de asociatividad para pequeños productores; agua y energía para la producción rural; además de presencia social con programas de salud, educación y vivienda en el campo y para el campo.
La ganadería espera también un milagro. Han pasado 20 años desde la firma del TLC con Estados Unidos y 14 años desde su entrada en vigor, sin que, a pesar de los inmensos esfuerzos por lograr admisibilidad para la carne colombiana, hayamos podido colocar un solo kilo en ese mercado, mientras, por otro lado, más de 77.000 toneladas de leche entraron al país en 2025 desde Estados Unidos, agravando la difícil situación de nuestros productores.
Para la ganadería de la Costa Caribe, con cerca de 9 millones de animales, Estados Unidos debería ser un mercado natural para nuestra carne, por el precio competitivo, pues el costo de producción de nuestra ganadería en pastoreo es menor al de la ganadería texana a base de maíz; por nuestra calidad genética, por la cercanía a los puertos, etc.
Ese milagro, que no debería ser excluyente del mercado chino para la carne y para cualquier otro producto colombiano, no solo representaría un impulso transformador para la ganadería colombiana, sino un factor importante de diversificación de la canasta exportadora y de generación de divisas, además de un dinamizador del desarrollo rural para los departamentos caribes que cuentan con la ganadería como una de sus principales actividades productivas.
La solución definitiva a la trazabilidad con una reforma profunda del ICA, el fomento decidido a la Ganadería Sostenible y otros retos que no me caben en estas líneas, son parte de esa ganadería moderna y transformadora que hará parte del Campo Milagro que los productores agropecuarios, la población rural y el país se merecen.
Bogotá, D. C, julio 9 de 2026
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
