Opinión
Por Víctor G Ricardo*.- Angustia, desilusión, incertidumbre, desesperanza, desabastecimiento y desamparo. Éstos son los sentimientos que hoy viven los colombianos después de lo que inició como manifestaciones pero que terminó en anarquía, destrucción y violencia. Lo que hemos vivido durante los últimos 10 días en distintos lugares de Colombia, en unos con mayor rigor que otros, es algo que si nos hubiesen preguntado hace quince días, muchos de nosotros no lo hubiéramos imaginado posible.
Lo que generalmente afecta a la capital, en esta ocasión no ha dejado inmune a los municipios aledaños, por medio del bloqueo de sus vías, y ha afectado en la mayor medida a otras de las principales ciudades, mediante el desabastecimiento, e incluso mediante la violencia como sucedió en Cali y en algunos otros lugares.
Y es que todos los colombianos respaldamos la expresión libre a través de manifestaciones o protestas sociales, pero lo que no es admisible es que las personas aprovechen para hacer actos vandálicos o bloquear vías, para producir un desabastecimiento de alimentos y combustibles en algunas ciudades y así crear un caos en las distintas regiones del país.
Colombia requiere de un pacto nacional donde las fuerzas políticas que lo integren le den una mayor solidez y gobernabilidad al gobierno. Los casos que se han venido presentando donde ante la desesperación de sus habitantes por la situación de indefensión en la que se han visto los ciudadanos, tomaron algunas personas por armarse y defenderse, es una de las realidades que se han visto y que son de la mayor gravedad para la seguridad y convivencia nacional.
Mientras tanto en los diferentes lugares del país hay acusaciones contra la policía por abusos de autoridad y lesiones a personas que participaban de las manifestaciones y protestas, hechos éstos que no se pueden defender, pero lo que no se puede admitir es que se acuse a la institución y no tener claridad que son actitudes en los que se han visto implicados algunos de sus integrantes. Deben ser investigados y de ser responsable, castigados.
La gravedad de la situación que estamos viviendo es seguramente la más grave que hemos vivido en este siglo y seguramente en los últimos 75 años, por lo que se requiere que el gobierno concrete soluciones que permitan recuperar la seguridad y estabilidad perdida.
Aquí no se puede actuar con actitudes partidistas, individuales o sentimentales. Todos tenemos que defender las instituciones y la democracia. En medio de una pandemia las condiciones se agravan y la solución o esquema para lograrla no da espera.
No se nos puede olvidar qué hay enemigos internos de la actual democracia y que también hay personas que a nivel internacional están buscando la desestabilización de nuestro gobierno y del país.
No podemos seguir conversando sin conclusiones que nos den una solución a la incertidumbre que vivimos, pues de lo contrario los vándalos y anarquistas ganan terreno.
Necesitamos concertación con acuerdo nacional y autoridad y defensa de las instituciones, la democracia y la ciudadanía.
Por otra parte las noticias que están circulando en el exterior obligan al gobierno a trabajar para aclarar noticias que perjudican nuestra imagen y alejan el interés en nuestro país, porque la ausencia en la estrategia en política internacional, puede alejar la inversión en Colombia, lo que traería una mayor crisis económica.
Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2021
*Excomisionado de Paz
Por Guillermo García Realpe*.-Transitar por carretera se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos, y no es para menos, pues nuestro país junto a Uruguay está en el ranking de las naciones con más peajes y además de eso, con las tarifas más caras en Latinoamérica.
Hoy en Colombia se encuentran instalados a lo largo y ancho del territorio nacional, según cifras oficiales, 145 peajes, de los cuales cien están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y los 45 restantes los maneja el Instituto Nacional de Vías.
Por sí fuera poco y para aumentar la jaqueca de los ciudadanos, se está proyectando la instalación de otros 34, es decir, vamos a terminar bordeando los 180 peajes en Colombia, lo más inaudito, es que muchos de ellos están ubicados en distancias menores a los cien kilómetros y de eso todos hemos sido testigos.
¿No les pasa que transitan un corredor vial y cuando menos piensan, aparece un peaje y a los pocos kilómetros resulta otro y más adelante otro y así sucesivamente a lo largo del trayecto?, un claro ejemplo de esto, es en la vía Cali – Pereira, que cuenta con cinco peajes en 200 kilómetros, eso es un abuso total con la gente. Esa historia se repite en otras latitudes de la geografía nacional.
Ahora, un conductor de un camión de categoría 5 que transite entre Barranquilla y Bogotá, paga una tarifa por trayecto, equivalente a 503 mil 700 pesos, teniendo en cuenta que son 13 peajes, ¡sí, 13!, y categoría 4 paga 411 mil 600 pesos por trayecto. Para el caso de Buenaventura – Bogotá, el costo total es de 283 mil 500 pesos para un camión pequeño y para un camión más grande, la tarifa por viaje es de 349 mil 400 pesos, realmente muy oneroso y desconsiderado con la gente que tanto le aporta a dinamizar la economía del país.
En la Autopista del Café, recaudan, por ejemplo, unos 192 mil millones e invierten en mantenimiento aproximadamente cien mil millones, luego las ganancias son muy jugosas. Briceño -Tunja- Sogamoso, tres peajes, recaudan unos 180 mil millones por peaje. Hace 15 años, esa vía costó 800 mil millones y aún le queda una década a la concesión, calculen las ganancias.
El negocio de los peajes es muy lucrativo, genera enormes riquezas a los dueños de las concesiones. Cada año se recaudan billones de pesos en peajes, recursos que no se ven del todo reflejados en la calidad de las vías nacionales. Por eso, necesitamos hacer una revisión a fondo de lo que sucede hoy en Colombia frente a esto, que muchos han llamado impuestos regresivos, porque grava por igual a ricos y pobres, desde el que se desplaza en un lujoso automóvil convertible, hasta el que cruza en un modesto Renault 4.
Necesitamos entonces de una profunda reglamentación, donde los organismos de control verdaderamente ejerzan su función de vigilancia y sancionen a quienes no cumplen con la normatividad, aquí somos muy laxos y por eso muchos se pasan por la faja las leyes como se dice popularmente.
Se hace urgente modificar la Ley 105 de 1993 y la Ley 1508 de 2012, para reestructurar toda la política tarifaria de los peajes en Colombia, ya recientemente fue radicado un proyecto de Ley en la Cámara de Representantes, al cual, desde ya le anuncio todo mi respaldo para que se convierta en Ley de la República.
Es una iniciativa muy importante que pretende establecer las tarifas, incrementos anuales y distancias mínimas correspondientes a los peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la nación y de las entidades territoriales; además se busca establecer una distancia mínima entre casetas de peajes, que no sea menor a 150 kilómetros. Eso realmente hace justicia ante la actual situación que padecemos.
Por último, en días recientes realizamos una audiencia pública y un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, sobre los peajes en Colombia, un tema bastante álgido que toca el bolsillo de millones de colombianos. Para el caso de Nariño, logramos una conquista importante y fue la reducción de tarifa para la Categoría I, en el peaje El Placer, en el corredor Pasto-Ipiales, uno de los más caros del país, la reducción anunciada por el Director de la ANI será de $2700, es decir, pasará de 13.700 a 11 mil pesos una vez esté lista la nueva Resolución por parte de esa entidad.
Seguiremos buscando, nuevas reducciones para las demás categorías no sólo en los peajes de Nariño, sino también para los de departamentos de Cauca, Huila y Valle. Pero además de eso, vamos a analizar con una comisión de ingenieros, de actores de la región, congresistas y organismos de control, como la Contraloría General de la República, todo el esquema tarifario que se pretende cobrar en los peajes de Colombia.
Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2021
*Senador Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-“Toda negligencia es deliberada” Jorge Luis Borges.
Desde diciembre de 2015 le he venido haciendo seguimiento al cumplimiento, o mejor, al desacato de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 60 del mismo mes, tendientes a “preservar la vida y la integridad de niños y adolescentes de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao” seriamente amenazadas por los flagelos del hambre, la desnutrición y el abandono inveterado por parte de todos los gobiernos.
Como se recordará la primera reacción del Gobierno Santos fue apelar la decisión de la CIDH por considerarla injustificada e improcedente. En vista de la reticencia del Gobierno, en marzo del 2017, el señor Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, luego de constatar los fundamentos que llevaron a la CIDH a dar ese paso, solicitó a la Corte Constitucional declarar el “estado de cosas inconstitucionales”, debido a la crisis humanitaria en que se debatía y se siguen debatiendo La guajira toda y pidió, además, “unificar las medidas que tanto el Gobierno Nacional como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta la Gran Nación Wayüu”.
En efecto, el 8 de mayo de 2017 la Corte Constitucional, en un fallo histórico (T – 302), declaró el estado de cosas inconstitucional para forzar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, dado que estas son vinculantes para el Estado colombiano y por ende de obligatorio cumplimiento, habida cuenta el Tratado que ratificó la Convención Americana sobre derechos humanos hace parte del bloque de constitucionalidad. La Corte fijó unas pautas, determinó unas metas y estableció la hoja de ruta, que compromete a las distintas instancias del Gobierno Nacional, departamental y municipal, para superar dicho estado de cosas.
Mediante Auto 207 del 25 de mayo de 2017, la Corte Constitucional conminó al Gobierno Nacional a expedir un Documento CONPES, el cual debe “reflejar un plan eficiente, con soluciones integrales y definitivas a la vulneración de los derechos a la vida y la salud de dicha población, así como incluir un organigrama que detalle, con tiempos razonables y reales, la implementación de cada una de las políticas públicas definidas”. Y a eso se limitó el Presidente Juan Manuel Santos, pero cuando ya tenía un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia.
Se suele decir a menudo que en Colombia un Documento CONPES no se le niega a nadie y este es el caso, al fin y al cabo el papel puede con todo. Efectivamente se expidió el Documento CONPES 3944, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas. Pero fue necesaria una nueva Sentencia de la Corte Constitucional, la T – 415 de octubre de 2018, para recabar del Gobierno Nacional su implementación, confirmando un fallo en tal sentido del Tribunal Contencioso de La guajira. En este caso, como en los tiempos de la Colonia, las cédulas reales se obedecían pero no se cumplían por parte de las autoridades locales.
Después de muchos rodeos y renuencias, sin que, a juicio de la Corte, se cumplan “las órdenes del fallo, tanto en lo relativo a brindar soluciones urgentes e inmediatas, así como adoptar las medidas estructurales para superar el estado actual de cosas inconstitucional vigente”, lo cual habilita a la Corte “para asumir el conocimiento de la decisión adoptada para asegurar el goce de los derechos protegidos”. Dicho de otra manera, mediante el Auto 042 de 2021 la propia Corte se vió precisada a asumir directamente “la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017”.
A la Corte Constitucional se le acabó la paciencia y en su Auto, tras una dura reprimenda contra a todas las entidades y autoridades “accionadas y vinculadas”, empezando por el Gobierno Nacional, las conmina a cumplir sus requerimientos, tanto más en cuanto que con la pandemia se han exacerbado las causales que determinaron la actuación tanto por parte de la CIDH como de la la Corte Constitucional.
No se admitirá por parte de la Corte que se sigan conculcando los derechos fundamentales de la población que se busca proteger y las autoridades a los distintos niveles quedaron notificadas de ello. La Corte no va a permitir que le sigan mamando gallo, ni la población va a tolerar que le sigan bailando el indio y que, como dijo el poeta León De greiff, todo pase sin que pase nada!
Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2021
Santa Marta, mayo 8 de 2021
www.amylkaracosta.net
Por Mons. Carlos Arturo Quintero Gómez*.- “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae Buenas Nuevas, que anuncia la paz” (Is 52, 7). Con estas palabras del profeta Isaías, me dirijo al pueblo quindiano, como Padre y Pastor de esta Iglesia Particular, en unión con los sacerdotes y religiosos, para invitarles a la sensatez, a la serenidad de nuestros corazones y a la fraternidad, en estos tiempos difíciles de crisis social.
Felicito a quienes han salido a protestar, mostrando finura, civismo y respeto por la vida y a la vez, invito, a hombres y mujeres que, con un corazón desalmado se han mostrado irreverentes e insensibles ante el dolor del hermano, a que depongan las armas de la violencia. No podemos seguir desgastándonos, mirando al otro como si fuera un enemigo; somos hermanos y juntos podemos salir airosos, no solo de esta pandemia que ya ha cobrado miles de vidas, sino que podemos salir victoriosos de esta crisis en la que hoy nos encontramos.
Las manifestaciones pacíficas, la protesta, como expresión del inconformismo social son un derecho de la ciudadanía, pero, no permitamos que los desmanes y el vandalismo opaquen el deseo de reivindicar los derechos. No convirtamos nuestras calles, nuestras plazas y veredas en campos de batalla; recordemos que, detrás de cada rostro hay un drama humano; detrás del rostro de un policía, de un militar, de un joven estudiante, de una madre de familia, de un trabajador, de un comerciante, de un empresario, de un campesino, etc., hay una familia, una historia plagada de dolor, sufrimiento, gozos y esperanzas y, desafortunadamente, muchos de nuestros proyectos de vida se ven truncados por la violencia y las múltiples pobrezas sociales.
El camino para los acuerdos y consensos no se construye bloqueando calles e impidiendo el paso de ambulancias, ocasionando una crisis por el desabastecimiento de alimentos, destruyendo las estaciones de policía, atacando los sistemas masivos de transporte o sembrando terror. El camino propicio es el diálogo, que San Pablo VI definía como “don interior de caridad, que tiende a hacerse don exterior”. Y en este diálogo conciliador y fraterno, debe haber lugar para el perdón y la reconciliación.
Invito a la fuerza pública y a las autoridades a mantener la calma, a no excederse ni extralimitarse en el control del orden público, a garantizar la seguridad ciudadana y la legitimidad de la protesta social; llamo a los ciudadanos a la cordura, a despertar en sus corazones el sentido patriótico, el respeto por la autoridad. Que la solidaridad que hemos desplegado en cada catástrofe, en cada acontecimiento de dolor, como expresión de nuestra pujanza y tesón, no pierda su esplendor por los lunares de la desinformación y la violencia.
Seguramente, sentimos que el retiro del texto de la reforma tributaria del Congreso de la República es una gran victoria, pero la mayor victoria es la paz; reitero la invitación a todos a que nos serenemos, a pensar en el otro como ‘hermano’ y a construir, desde la esperanza, caminos de paz y de justicia, afianzando en el corazón el perdón y la reconciliación. La Iglesia diocesana de Armenia, en su compromiso con la paz, está dispuesta a servir de garante en los diálogos que sea necesario promover y si es pertinente, a servir de mediadora y conciliadora para que estos enfrentamientos cesen, en beneficio de nuestra comunidad.
Manifestamos nuestra preocupación por el índice de contagios en el departamento del Quindío y la ocupación de las camas UCI e instamos a todos al uso de los elementos de protección personal, a cuidar nuestra vida y la vida de nuestros semejantes. Las palabras de Jesús, Príncipe de la Paz: “la paz les dejo, mi paz les doy” (Jn 14, 27), resuenen en nuestra mente y en el corazón y tengamos la sabiduría para obrar siempre el bien.
Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2021
*Obispo de Armenia
Por Paloma Valencia*.- Cómo duele ver a nuestro país paralizado, lleno de bloqueos, de violencia, de indignación, de furia, de odio. Es la síntesis expresiva de muchos males que nos aquejan: el bajo estado de ánimo en el que nos sumió la pandemia, la crisis de la democracia representativa y la polarización política que parece haber hecho definitiva la fractura de la nación en dos grupos.
La pandemia nos cambió a todos; han sido tiempos extraños y difíciles. Los estudios hablan de los profundos y silenciosos efectos del miedo y la ansiedad sobre nuestra psiquis.
A esto, hay que sumarle la aguda crisis que atraviesa la representación democrática. La ciudadanía, para bien, se ha sentido empoderada con las redes sociales. Quieren participar, opinar, tomar las decisiones. Sin embargo, esto supone un difícil reto para los representantes elegidos por la democracia. Quienes antes eran delegatarios de la confianza y expresaban la voluntad popular; hoy son solo credenciales para muchos poco significativas. Habría que reflexionar en torno a hacia donde van las democracias con la exuberancia de los estados de opinión. Si dejaremos de elegir “representantes del pueblo” para remplazarlos por sondeos de opinión que permitan determinar cuál es la mayoría para cada decisión; o si respetaremos esas delegaciones que hemos dado con nuestro voto, por los períodos acordados.
Lo más preocupante ha sido la trivialización de la política pública. Las dificultades de transformación o de solución de los problemas sociales se han resuelto con la simpleza de decir que el gobernante es inepto o no quiere. La complejidad de la política pública se resolvió con una frase de cajón: es un tema de voluntad política.
Y otra vez el país se parte en dos. Unos que vemos los desmanes, los bloqueos y la quiebra de nuestra economía, el temor, la inseguridad y el peligro de la debilidad estatal. Otros que ven exceso de fuerza y autoritarismo en el gobierno y miles de razones para estar indignado y protestar. Podríamos pasarnos varios días debatiendo sin ponernos de acuerdo.
Tal vez convenga hacer una pausa, renunciar por un momento a “la verdad”. Podríamos pensar en aquello que todos los colombianos pretendemos.
Importa que nuestro país tiene el 42% de ciudadanos en la pobreza, que estamos endeudados en un 64% del PIB. Lo cierto es que necesitamos recursos. El desempleo rampante, miles de empresas quebradas y quebrándose nos exige acelerar la reactivación. La ciudadanía requiere trabajo, los empresarios crédito y mercado. En este paro estamos caminando en el sentido contrario: más empresas se quiebran, la reactivación se dilata, crece el desempleo y perdemos recursos.... Siempre es momento para protestar, pero hoy más que nunca debía ser de manera pacífica, organizada, sin causar ningún daño. Por supuesto, hoy como todos los días, también debemos respaldar a nuestra fuerza pública, cuyo sacrificio es y ha sido fundamental para nuestra democracia; y por supuesto aspirar al respeto a los derechos humanos.
Tal vez, podría ser que, por esta vez, quienes están a favor del paro sean los voceros más enérgicos contra el vandalismo, los bloqueos y los saqueos. Podría suceder que su voz sea mejor para calmar los ánimos y transformar la protesta en una manifestación pacífica que respete los derechos a la seguridad, la propiedad y a la participación en el mercado. Podría ser que sean ellos quienes se esfuercen para recuperar el respeto hacia nuestros policías y soldados, que sean ellos quienes les agradezcan. Estamos, desde este lado, nosotros dispuestos a pedir respeto por los derechos humanos, cuidar la manifestación pacífica y a cada uno de los protestantes. Nos encargaríamos de pedir oídos para las propuestas, de ser oídos, de tratar de construir con todos. Tal vez, lograríamos sosegar los ánimos. Tal vez, escucharnos un poco. Tal vez estar unidos por Colombia, que es al fin y al cabo, nuestro terruño.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Gabriel Ortiz*.- Cuántos muertos, heridos y desaparecidos, cuántas pérdidas materiales, cuántos destrozos, cuántas ilusiones, nos ha costado la voracidad de un descarriado ministro, al que no logró domar o controlar el presidente Duque. Carrasquilla, alineado por Uribe en la titular de este gobierno, debe estar disfrutando de su felonía en cualquier paraíso fiscal, mientras el país arde en medio del caos.
Policías armados y soldados equipados y en pié de guerra, violaron todos los derechos humanos. La Onu, Estados Unidos, la Unión Europea y la Prensa internacional, repudiaron la actuación oficial y la de vándalos que sembraron el terror durante ocho días. Un twitter del eterno, ordenó a Duque atacar a la población que salía a las calles, impulsada por la extrema pobreza, el hambre y la desesperanza.
Nadie ha entendido la terquedad de un presidente que, deslumbrado por un pésimo ministro, desoyó las ofertas de los más adinerados que ofrecieron asumir buena parte de lo que produciría una reforma tributaria. Carrasquilla quería esquilmar a todo el que se le atravesara. Pretendía recaudar 30 billones, comprar aviones y derrochar dinero, sin explicación alguna. El presidente, entre tanto, se dedicaba a jugar a la TV y a contratar tardíamente las vacunas contra el covid-19, cosa que nos impidió lograr tempranamente la inmunidad de rebaño, e iniciar la recuperación del país.
Duque como buen monomaníaco y arrogante –tremenda mezcla- enfurecía cuando se le advertía sobre la ruta del desastre que tomaba. ¿Qué será lo que quiere Duque?
El pueblo rebotado, salió a demostrarle que estaba equivocado, pero su soberbia, no le abrió los oídos. Fue dura la semana del 25 al 30, porque no admitió realizar una reunión con la dirigencia del país, con los jóvenes, con los trabajadores, con los partidos. Se le planteó un Acuerdo con un gabinete nacional, porque su poder se derrumbaba. “Retire la reforma”, le dijeron en todos los tonos, pero no escuchaba. El expresidente Santos, el Premio Nobel, se ofreció como mediador, pero de él no se puede ni siquiera balbucear su nombre. Otro tanto hizo Ernesto Samper.
El 25 de abril, aún era tiempo de evitar la catástrofe, pero Duque solo hablaba de reloj cuando se refería a los minutos contados de Maduro.
Como es costumbre, se encerró con su verdad, su altivez y sus desaciertos, mientras las gentes escogían, entre morir a bala o de hambre. Los ánimos ardían, porque el gobierno no escuchaba. Los corrillos se fueron conformando espontáneamente, antes de un paro que se había programado para el 28. Y ahí empezó todo. ¡Ardió el país! Y se descubrió que solo se necesitaban 14 billones, que saldrían de los más adinerados. Hoy nadie sabe a dónde vamos a parar. ¡Duque no escucha, pero la calle se hace sentir!
BLANCO: Estados Unidos liberó patentes de vacunas anticovid. Colombia podría producirlas.
NEGRO: La carestía que castiga a los más pobres.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2021
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Lorena Rubiano.- Nos duele en el alma lo que está sucediendo en nuestra querida patria. Como campesina boyacense, desde mi terruño, refugiada en la molienda de caña para producir panela, veo, escucho y analizo con asombro lo que nos está pasando.
Y no es solo culpa del presidente Iván Duque, por su prepotencia, sino que esta grave situación incluye a sus asesores inmediatos, a los ministros, que no previeron el daño ni calcularon los efectos de la reforma tributaria y no supieron manejar la situación en sus momentos más críticos.
Desconocieron por completo la fuerza de la protesta social, la capacidad de la oposición para manejar y liderar manifestaciones a lo largo y ancho del país.
Y sin lugar a duda aflora en estos momentos el torpe manejo que le han dado a la situación con el vecino país de Venezuela. Nos está saliendo muy caro la invitación del gobierno a que todos los venezolanos cruzaran la frontera porque aquí contarían con salud, vivienda educación y empleo.
Convencidos de que con esa actitud lideraban el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
Y les salió el tiro por la culata. El señor Diosdado Cabello respondió a la injerencia en los asuntos internos de su país, diciendo que la guerra no iba a ser en Venezuela, sino en territorio colombiano, cobrándonos así el famoso concierto en la frontera, donde afirmaron que las horas del mandatario venezolano estaban contadas.
Tarde se va a hacer el control a los millones de inmigrantes del vecino país. Claro que hay gente y empresarios de alto nivel, pero el resto son los vándalos que estamos viendo en las calles de ciudades colombianas.
El palo no está para cucharas. Nos unimos en una gran alianza por Colombia o podemos estar ingresando a un túnel de violencia insospechado.
Alejando Gaviria, rector de la Universidad de Los Andes, manifestó su preocupación así: "Hay que parar la violencia. Esta locura de destrucción y muerte no tiene sentido. Tenemos que ser capaces como sociedad (todos) de decir no más a la violencia (venga de donde venga). Vamos hacia la autodestrucción".
Clara y concisa advertencia: Unidad con todos los sectores.
Es urgente buscar acuerdos nacionales y ya se realizó la primera reunión entre las instituciones del Estado, representantes de los gremios económicos y productivos, universidades, gobernadores y alcaldes, para discutir la 'Agenda', con la que se buscan acuerdos frente al paro nacional y siguen las altas cortes, líderes del paro y demás sectores de la sociedad civil.
En un comunicado hicieron un llamado para poner fin a los actos de violencia, reiteraron su respeto por el derecho a la protesta, a las manifestaciones, pero pacíficas, sin terror.
Carlos Vives invitó a “sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles”.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2021
Por José G. Hernández*.- En los últimos tiempos ha hecho carrera la equivocada idea según la cual basta dictar una norma -bien sea constitucional, legal o administrativa- para que, por sí sola, al conjuro de su sola expedición, genere mágicos efectos reales, modifique hechos y situaciones, corrija conductas y produzca los resultados queridos por el órgano que la puso en vigencia. Como si no fuera menester su concreción en conductas.
En cuanto -por naturaleza- las disposiciones que conforman el orden jurídico mandan, prohíben o permiten, su cristalización práctica se refleja en términos de comportamientos por parte de sujetos pasivos que cumplen o incumplen sus prescripciones, con las consecuencias que las mismas normas prevén. No olvidemos la coercibilidad que a ellas es inherente.
Pensemos en lo ocurrido durante las masivas protestas contra la proyectada reforma tributaria, las cuales se llevaron a cabo pese a los peligros de contagio de covid-19.
Más allá del debate sobre la reforma, cuyo proyecto -maltrecho y sin futuro- fue tardíamente retirado por orden presidencial -que, si hubiese sido oportuna, quizá habría evitado muchas muertes, contagios y daños-, cabe recordar normas dictadas por el actual gobierno que se quedaron dictadas e incumplidas.
Como se recordará, una sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia había ordenado al Gobierno, en septiembre de 2020, expedir un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, con miras a la efectiva protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. El Estatuto se expidió por Decreto 003 del 5 de enero de 2021, y entre sus disposiciones encontramos:
Según el artículo 3, las actuaciones de las autoridades de policía en las manifestaciones públicas deberían observar principios como: obedecer a órdenes de los gobernadores y alcaldes como primeras autoridades de policía; garantía de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales; enfoque diferencial a favor de personas como los menores de edad; legalidad; necesidad; proporcionalidad; uso de la fuerza como último recurso, supeditado al marco constitucional, legal y reglamentario; prevención; igualdad y no discriminación; no estigmatización; previo diálogo y mediación; disuasión.
El artículo 3-b ordenó: "Toda intervención de las autoridades deberá estar encaminada a garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. El ejercicio de estos derechos es determinante en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo".
El 16 estableció: “Las autoridades administrativas y de policía, a través de las mesas de coordinación, deberán mantener permanente diálogo con las organizaciones de Derechos Humanos, que realizan la función de observación en las manifestaciones públicas y pacíficas, como garantes de la sociedad civil del derecho a la protesta”.
El 35 dispuso: "El personal uniformado de la Policía Nacional, que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio".
Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y en el futuro los jueces, y el Congreso -en ejercicio del control político- deben verificar si todo eso se cumplió, o si el Decreto se quedó escrito y firmado, sin que se haya cumplido, con dolorosos efectos en materia de Derechos Humanos.
Bogotá, D. C, 6 de mayo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.- El facilismo de los medios de comunicación se resume en una palabra: vandalismo. Nunca van más allá. No se contextualiza la inconformidad y el resentimiento social como una manifestación legítima cuando la gente siente que sus expectativas no avanzan, retroceden. Y el aparato represor del Estado -Policía y Ejército- lo justifican en aras de la seguridad y la supuesta convivencia que propician.
No es de ahora, desde muchas décadas atrás ese derecho a la protesta que con sangre y sacrificio logró conquistar el pueblo (porque antes de la constitución del 91 todo paro o manifestación era ilegal) le ha valido para evidenciar las injustas decisiones políticas, económicas y sociales contra los intereses de los más desposeídos. Desde esas épocas manifestantes, policías y soldados han terminado en refriegas y a veces en matanzas como aquella jornada de protesta en mayo de 1984, gobierno Betancur, cuando cerca de 15 estudiantes de la Universidad Nacional fueron asesinados y los medios del establecimiento callaron.
Eran protestas infiltradas, siempre lo han sido. En esas épocas no solo por agentes del Estado -DAS e inteligencia militar- sino por la guerrilla de todos los pelambres. Sin embargo, el pueblo, que es a la final el más afectado, nunca se ha dejado amedrentar. Porque cuando las necesidades apremian, las oportunidades no existen y como si se tratara de un mandato divino le dicen “naciste pobre y morirás pobre”, entonces busca otras alternativas para encontrar la emancipación.
Reacio a armarse y no dejarse tentar por los constantes llamados de los grupos ilegales a tomar las armas, el pueblo encontró en la protesta social el escudo señalado por la constitución para expresar su inconformidad pese a los cientos de miles de muertos y sangre que ha dejado en las calles, su campo de “batalla”. Y es ahí, en la calle, donde su lucha, transparente y legítima, deriva en la petición justa de que el derecho al trasplante de un hígado o de un riñón nada tenga que ver con la cuenta bancaria.
Cuando la constitución del 91 -el 4 de julio cumple 30 años de vida- estableció que la protesta y la manifestación es un derecho fundamental, los gobiernos han hecho todos los esfuerzos para satanizarla y limitarla. El más sobresaliente enemigo de ese derecho fue la política de la Seguridad Democrática de corte fascista del expresidente Uribe, a la cual le colgó los tres huevitos para matizarla un poco.
Pues bien ese derecho fundamental está dando sus frutos. Tuvo que madurarse durante tres o cuatro generaciones para que la gente hoy haya conquistado un gran espacio para salir del analfabetismo político en que nos formó este pérfido establecimiento, en complicidad con los grandes medios de comunicación. Hoy estos jóvenes, verdaderos gladiadores de la resistencia, saben que pese a la bala y el bolillo que han tenido que mamarse, valió la pena.
Por eso es que para quitarle prevalencia al contenido de las manifestaciones o protesta social, solo se destaca el vandalismo de manera literal. Ver en la televisión, La radio y la prensa escrita el tratamiento que le dan a las protestas y las imágenes, sin contexto alguno, es satanizar el mensaje. Claro que una acción contra un establecimiento bancario, por ejemplo, o contra un servicio “público” de transporte privatizado, lleva un anuncio implícito que no se debe demeritar. Es tal la desfachatez de los medios que uno de sus aclamados periodistas le dijo al indígena que derribar la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar era una “manera de ver la vida en blanco y negro”.
Cuando en una protesta legítima los jóvenes esgrimen el mensaje “no queremos que hagan con nosotros lo que hicieron con nuestros padres”, tiene la carga profunda de un cambio que va más allá de los postulados ideológicos de izquierda o derecha; es una frase que recoge la inconformidad del pasado, la angustia del presente y la incertidumbre del futuro. La movilización va más allá de tumbar una reforma tributaria. Es la expresión de una sociedad cambiante que quiere borrar de los anales del establecimiento el derecho exclusivo que se arrogaron para gobernar. Esta nueva sociedad les está diciendo rompamos con ese maldito clasismo.
Por eso estos Gladiadores de la Resistencia que son los millones de muchachos excluidos que le ponen el pecho a Uribe, Duque y su banda uniformada están sembrando el mensaje de que Colombia cambió y no es más el paraíso de quienes siguen haciendo del país impunidad para atemorizar a su gente y sacar provecho de la profunda desigualdad que han generado: 21 millones de colombianos viviendo en condiciones de pobreza.
(Es un homenaje a esos cerca de 30 muchachos asesinados por la policía desde el pasado 28 de abril por haber ejercido el derecho de levantar la voz).
Bogotá, D. E, 6 de mayo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Víctor G. Ricardo*.- La designación de José Manuel Restrepo como Ministro de Hacienda y Crédito Público es una acertada decisión del Presidente de la República Iván Duque, en medio de la gran crisis que estamos viviendo.
Uno de los principales motivos de la situación a la que nos estamos enfrentando fue el proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó a consideración del Congreso de la República y que tanto malestar social ha producido, a punto que el Presidente resolvió retirar la iniciativa para conciliar con las fuerzas políticas, sociales y económicas un nuevo texto, con una cobertura diferente al proyecto inicial, frente al cual en una columna anterior yo di mi opinión y manifesté mi preocupación de lo que algunas de sus propuestas representaban. Afortunadamente, ya el gobierno ha decidido retirar esta reforma, pero el país está viviendo momentos muy difíciles.
El nombramiento del nuevo Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, representa una señal clara y contundente de tranquilidad a los mercados, al sector empresarial y a la ciudadanía en general, por la trayectoria de Estado y las condiciones profesionales y personales del Ministro.
Para empezar, el Dr. Restrepo es un hombre de academia y por lo tanto de un gran rigor técnico en todo lo que emprende. Conocemos su sólida formación como economista, su vocación como docente y el liderazgo que ha ejercido en distintos claustros académicos como Rector, entre los que se encuentran la Universidad del Rosario, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. En todas estas instituciones hizo grandes aportes para su desarrollo y crecimiento, como también en el mejoramiento de su nivel profesional.
Además de su rigor técnico, el ministro Restrepo se ha destacado como un importante analista económico y gran promotor de políticas públicas en beneficio del país. Desde su posición como Ministro de Comercio, Industria y Turismo promovió como ninguno otro el emprendimiento, la transformación productiva, la internacionalización de las empresas y el compromiso social del sector privado como actor fundamental de la sociedad. En todos estos frentes hemos sido testigos de su visión de Estado y de su gran capacidad de concertación, elemento este último que resulta fundamental para liderar la nueva cartera que se le ha encomendado.
Asume el Ministerio en un ambiente y clima social muy difícil, pero estamos seguros que sus magníficas cualidades de ser humano, su capacidad de relacionamiento, sus conocimientos, capacidad de liderazgo y visión de Estado serán prenda de garantía para que su trabajo siempre este enmarcado en los consensos y mejores soluciones para el país.
El país necesita que todos como sociedad entendamos las repercusiones que tienen los aspectos tributarios en los trabajadores, empleados, empresarios y el buen desarrollo de la nación, y que bajo un gran proyecto de unidad nacional, liderado por el Presidente de la República, lleguemos a un acuerdo que permita superar los problemas fiscales de la Nación, teniendo en cuenta sus repercusiones y los mejores intereses de los Colombianos. En esta gran e importante tarea el Gobierno Nacional, los empresarios y la sociedad civil tenemos en el ministro Restrepo un gran coequipero.
Bogotá, D. C, 6 de mayo de 2021
*Excomisionado de Paz.
