Opinión

Por Paloma Valencia*- Me declaro francamente sorprendida de que la señora Deyanira Gómez haya sido declarada provisionalmente como víctima del Presidente Uribe. ¿Cuál es acaso la prueba que permite siquiera especular que el Presidente Uribe es victimario?

Dicen que la siguieron motos (un par de veces), que un indigente durmió en su puerta, y que era sospechoso. Aun si aceptamos que tales eventos sucedieron (y descartamos la declaración del propio abogado de Deyanira que no vio ningún peligro en ello) ¿qué evento vincula a Uribe con esos hechos? ¿Cuál es la evidencia por pequeña que sea, que ligue a Uribe a esos hechos?

Las víctimas no pueden ser simplemente quienes alegan serlo. Que ella lo diga no es prueba. ¿Cómo se descarta que ella misma no creo los “incidentes”? ¿Cómo se excluyen otros actores como responsables? ¿Por qué se le atribuyen a Uribe?

Me parece que ese reconocimiento como víctima es un atropello a la presunción de inocencia. Si se supone que en este proceso se va a resolver si hay falsos testimonios y quienes son los que mintieron, ¿cómo puede haber una decisión -aunque sea provisional- que le da ya la razón a una de las partes? Y se la da a aquella sobre la cual debería haber más dudas, lo digo porque está enfrentando un expresidente líder de un País con delincuentes.

No se trata de una señora a la que de pronto le empiezan a pasar cosas. Deyanira tiene un historial de vínculos criminales. Cabe concluir que su vida ha estado siempre agitada por la cercanía del crimen. Estuvo casada y tuvo un hijo con un jefe medio de las FARC en el frente 21, condenado y sobrino de Pedro Nel -segundo cabecilla de las Farc. Con Pedro Nel Deyanira mantuvo vínculos y conversaciones, hasta un teléfono especial para hablar con él. Tenía relaciones con jefes de las Farc de frente 25 y 42. Según han informado los medios ayudaba a planear acciones de la organización terrorista en Bogotá. Además coordinaba abogados para los procesos con las Farc con la hermana de Pedro Nel y mantenía contacto con “la Zarca”y “el Rolo” . Todo esto lo hemos podido conocer por los informes de inteligencia y contrainteligencia que desde el 2006 se vienen produciendo sobre Deyanira, alias ‘la chiqui’.

El episodio más interesante es el vínculo con el coronel (r) Prado, quien era parte de la inteligencia. Deyanira era su amiga y además tuvieron negocios. Juntos intentaron ingresarla o infiltrar al ejército. Prado estuvo en Andromeda y en los perfilamientos. En ambos casos dijeron que era el uribismo o Uribe el que estaba detrás y era beneficiario de la información. ¡Que coincidencia! Para quien no lo recuerda Andromeda eran el supuesto intento de sabotear los diálogos de La Habana con escuchas ilegales, que dio lugar a la infiltración de la campaña de Zuluaga y al escándalo del falso hacker.

Sorprende también encontrarse al doctor Vivanco de Human Rights Watch dándole carta para conseguirle asilo político una mujer con ese prontuario. Al defensor de derechos humanos hay que preguntarle ¿Dónde quedó el derecho humano del debido proceso y la presunción de inocencia de Uribe? ¿Pensará que ya está condenado?

Deyanira además era esposa de Monsalve, el llamado testigo estrella contra Uribe. Nada más distante de una historia de amor; lo digo por las fotos de las fiestas de Monsalve en la cárcel con una amiga nueva en cada reunión. Si pudo ser, en cambio, un buen negocio, como lo deja ver la compraventa de la finca la Veranera.

¿Deyanira víctima?  De verdad que tristeza y que injusticia.

Bogotá, D. C, 17 de abril de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- Se incrustó el populismo, disfrazado de humanitario, en la reforma tributaria Duque-carrasquilla. Ese mamotreto está repleto de castigos para las clases medias, populares y pequeños negocios. 

El candidato del padre de Tomás, ese juvenil que pregonaba un país próspero, equitativo, sin gravosos impuestos, defensor de la paz, la convivencia, la defensa de la vida, con justicia social y sin odio, fue sorprendido por la amnesia y el extravío. No resistió la fama, no pudo con la adulación, no estaba vacunado contra la lagartería, el halago, el aplauso y la alabanza.

Un doncel personaje, necesita quién le “tire el saco” y lo aconseje con sinceridad, aprecio y lealtad. Esa figura está ausente o derrotada por los consejeros que ensalzan a Duque para ganar indulgencias, obtener prebendas, favores y beneficios personales.

Este mandatario aún puede ser el Presidente de la nueva era. El conductor de Colombia, hacia un futuro cierto y próspero. El hombre que redima el proceso de paz, hasta convertirlo en un acuerdo sin parangón en el planeta y lo consagre como el tercer Nobel para Colombia, con Gabo y Juan Manuel. Esas tres glorias, uniendo sus asombrosas ideas y voluntades, ocuparían mentalmente el sillón de los ingenios para dialogar con honradez y sin rencores, que saquen adelante esta patria, esta sociedad, esta gente.

El derrotero de Colombia sería otro: un universo de hombres libres y sin temores, con familias trabajando las tierras que les fueron arrebatadas, un país sin informalidad, con pleno empleo, sin desplazados, con líderes sociales a salvo, es decir una sociedad conformada por gente próspera, banqueros e industriales progresistas, clase media redimida, pequeños negocios en acción, hombres y mujeres en la cúspide, territorio limpio de cultivos ilícitos, droga y fumigaciones. Es decir una colectividad con un sistema impositivo justo, sin evasores y sin el asecho de los corruptos.

Con una reforma tributaria ecuánime, elaborada por nuestra gente, no por costosos burócratas extranjeros. Inspirada en la del Presidente Biden. Que apriete a las transnacionales, que convenza a nuestros potentados, que no incluya falsos regalos y devoluciones, que elimine la politiquería. 

Solo así, se podría acabar con la pobreza, el hambre, la violencia, la corrupción y esos ilusorios “globos de ensayo” que minan los salarios y empobrecen a los pensionados.

Este país, necesita a un Duque sencillo, fácil, espontaneo, ese que se paseaba por las plenarias, los medios, las plazas, los salones y veredas anunciando cosas realizables, que aún pueden revivirse. Que rechace las lisonjas y malos consejos de quienes se consideran sus dueños, que se deshaga del burócrata Carrasquilla y lo envíe a la CAF. Que edifique un proyecto de reforma al alcance de este arruinado pueblo.

BLANCO: ¿…?

NEGRO: La Fiscalía no aguanta más desprestigio. Al igual que Sergio Fajardo, el país entero clama por un Comité Técnico Jurídico, que le dé garantías a la sociedad colombiana.

Bogotá, D. C, 16 de abril de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinnal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Si hay algo que interesa a toda la comunidad, particularmente en un Estado Social y Democrático de Derecho, es la economía, de cuya buena marcha y rumbo dependen todos los factores que inciden en la vida y la suerte de las personas, los hogares, las empresas y el mismo Estado. La salud, la educación, el trabajo, las finanzas, la cultura, la actividad en los más diversos campos dependen del comportamiento, la conducción y el manejo de la economía.

Es evidente que, en épocas de crisis, como la muy grave que desde hace ya un año afecta al mundo por causa del coronavirus y como efecto de las medidas restrictivas que gobiernos y autoridades se han visto obligados a adoptar, ese interés colectivo se incrementa -es natural que así ocurra-, de suerte que cualquier decisión y toda política pública, en cuanto importan a todos, tienen que ser objeto del escrutinio público. Ello pone a prueba la capacidad de los gobernantes y legisladores para responder adecuadamente al desafío inherente a sus funciones, mucho más exigente en tiempos de tanta complejidad.

El pueblo, además, no es ya un simple espectador que se resigne a quedar en manos de los titulares del poder político. Como titular de derechos fundamentales, individuales, colectivos, sociales, económicos, culturales -en una democracia participativa- reclama que se lo tenga en cuenta y se le permita saber lo que se hace, ser informado y tomar parte en la toma de las decisiones que lo afectan.

Lo tributario hace parte de esas preocupaciones colectivas, en especial cuando se anuncia como impostergable e inevitable una reforma de grandes proporciones, que amenaza a la mayoría -particularmente a las clases media y popular-, y en consecuencia, se esperaría que sus componentes, pormenores y motivos fueran ampliamente expuestos para el examen y el consentimiento informado de la opinión, sin la improvisación que en estos días ha sido palmaria. Discutida en público, no en reunión privada del presidente de la República y los hijos de un expresidente, que además no ejercen cargo alguno relacionado con el tema.

El Congreso es el competente para resolver acerca del sistema tributario nacional; para dictar las leyes que impongan tributos fiscales y parafiscales. Pero los congresistas son apenas los representantes del pueblo en la materia, y en una democracia participativa, lo que hacen los representantes ya no es de su exclusiva y privativa voluntad, sino que debe reflejar el sentimiento, el querer y las necesidades populares.

Pero hemos observado con asombro que ni siquiera esos representantes del pueblo saben con precisión lo que quiere hacer el Gobierno. Además de informaciones parciales y a diario corregidas por voceros gubernamentales -que no han sido claros-, los congresistas -a quienes el Ejecutivo  convoca para que apoyen su proyecto- no conocen el texto de la iniciativa. Entendemos que ni siquiera quienes integran la bancada del partido de gobierno.

En este tema, es necesario también que el pueblo pida explicaciones. ¿Cuál es la razón válida para sostener la necesidad imperiosa de una tercera reforma tributaria cuando -aun en plena crisis- ha habido despilfarro, gasto innecesario y muy poca austeridad?

Bogotá, D. D, 14 de abril de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.-Dos procesos electorales en países vecinos revelan que los partidos o movimientos de izquierda vuelven a ser alternativa de poder y que la gente, cansada de tanta mentira e incumplimiento de promesas, mira con desdén a la derecha conservadora y comienza a recuperar confianza en las fuerzas progresistas que tuvieron su época dorada en la primera década del siglo XXI.

En Ecuador el triunfo del conservador Lasso, no obedeció a un respaldo partidista consolidado desde la derecha, se dio por dos razones: porque los ecuatorianos votaron por el menos malo de los dos candidatos y la revancha del voto en blanco indígena contra lo que llamaron el fraude en primera vuelta, que, sin duda, fue determinante en el resultado final.

En Perú la situación es bien distinta, aunque sorpresiva. El país Inca ha sido conservador y su fuente electoral está concentrada mayoritariamente en Lima, su capital, enclave que le ha permitido imponer su voluntad política. En ese contexto apareció de la nada Pedro Castillo, un profesor radical de izquierda con una propuesta incluyente: “¡Nunca más un pobre en un país rico!”. Desconocido logró dar la sorpresa en primera vuelta y por ende imponerse en la variopinta propuesta electoral. Su caudal de votantes, que no está en Lima, lo construyó en el otro Perú, el que ha padecido el desafecto del centralismo limeño.

Del otro lado, aparece Keiko Fujimori, con una investigación a cuestas por corrupción sobre el caso Odebrecht. Hija del autócrata que esterilizó a más de 250 mil mujeres, Alberto Fujimori, es poco apreciada en la misma clase política tradicional peruana, pero se da por descontado que logrará sumar a los nostálgicos del fujimorismo los otros votos conservadores concentrados en Lima. Se viene la segunda vuelta y el dilema es: izquierda o derecha. Seguramente la derecha se unirá pese a la sub júdice Keiko, y derrotarán a Pedro Castillo, un desclasado profesor sin pedigrí; porque allá, como en Colombia, la lucha de clases cuenta y también prevalecen los negocios y contratos.

Ese es el panorama en dos países vecinos que eventualmente puede incidir en el péndulo político colombiano de cara a las elecciones del 2022. No porque tengan un impacto sobre nuestra realidad política, sino porque en Colombia en el próximo debate electoral se puede presentar el mismo escenario que de alguna manera ya lo experimentamos en el año 2018.   

En ambos casos, tanto en Perú como en Ecuador, se expresó un cansancio de la ciudadanía con los poderes decididamente neoliberales con poco compromiso social y con un denominador común: la corrupción. Dos asuntos medulares que desnudó en toda su dimensión la pandemia y que los puso a patinar. Ese fantasma recorre a América Latina sin distingo ideológico y en el caso de Colombia también se repite, con un punto adicional, por cierto macabro y peligroso, el asesinato sistemático de líderes sociales, firmantes de la paz, indígenas y afrodescendientes, fenómeno que gravita en la espesa atmósfera de una violencia generada por las bandas de narcotráfico y organizaciones armadas ilegales que buscan el control territorial para garantizar la producción de cocaína y marihuana.

Ahora, volviendo a los resultados, lo que ocurrió en esos países el pasado domingo se puede replicar claramente en Colombia el próximo año si las fuerzas progresistas no toman la decisión de unirse. Sólo así es posible desbancar del poder a esta clase política tradicional corrupta. Desmontar los privilegios de las élites que han hecho gala de su poder económico para controlar la institucionalidad del país, acaparar la contratación pública y montar clanes familiares en las regiones que se apoderan de los dineros públicos para consolidar sus proyectos particulares.

La unidad es el camino, no hay de otra.  

Bogotá, D. C, 14 de abril de 2021

*Periodista. Analista Político

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe*.- En momentos en que la violencia se vuelve a recrudecer en varias regiones colombianas, esta llega acompañada de otros graves fenómenos sociales como el desplazamiento, que no sólo afecta a grandes poblaciones de personas, sino que de por medio están nuestros niños, quienes son los que más sufren los rigores del conflicto.

Comunidades confinadas, a merced de los violentos, es el pan de cada día en Colombia. Las confrontaciones bélicas entre uno y otros actores armados, dejan como saldo, no sólo muertos, sangre y desolación, sino que deja una estela de miedo y zozobra que termina finalmente en el desplazamiento masivo de sus pobladores.

Ese desplazamiento los arroja a una dimensión desconocida, a explorar una nueva vida en lugares distintos a los de su origen, bajo unas condiciones absolutamente deplorables, que en la mayoría de los casos raya en la pobreza absoluta.

Y quienes pagan los platos rotos de ese conflicto absurdo, son tristemente nuestros niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerables dentro de sus núcleos familiares. Es sin duda, una situación que genera mucha impotencia, pues es evidente que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados y ¡de qué forma!

El desplazamiento no es un juego, a veces, como sociedad somos indiferentes, este no sólo es un delito de lesa humanidad que afecta a las poblaciones más vulnerables como campesinos, indígenas, afros, sino que de paso marca para siempre a nuestros niños, que son el futuro del país. El desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático y de larga duración que se origina por la confrontación armada entre grupos criminales al margen de la ley que se disputan a sangre y fuego territorios estratégicos para el control de las rutas del narcotráfico, afectando en esas circunstancias de guerra a la población civil.

Nuestro país, según ACNUR, ocupó el primer lugar en el mundo en desplazamiento interno con más de ocho millones de personas en esa penosa condición. Cifras más recientes como las que indica la Defensoría del Pueblo, aseguran que durante el primer bimestre del año pasado, se registraron 18 eventos que afectaron a dos mil 426 familias, y en todo el 2020 se registraron un total de 28 mil 509 víctimas de este flagelo, lo que representa, en promedio 78 personas desplazadas al día, mientras que en igual fecha de 2021, la cifra alcanzó los 31 casos con un impacto de 4 mil 157 hogares, asimismo, ese Ministerio Público, confirma que diariamente son desplazadas 168 personas en promedio y ocurren cuatro eventos de desplazamientos masivos por semana.

Departamentos como el Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Norte de Santander, Chocó y regiones como el Bajo Cauca, el Urabá y el Catatumbo son las más críticas.

Es por esto, que, para garantizar los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos radicado un PROYECTO DE LEY de nuestra autoría, el cual cuenta con el respaldo de varios congresistas, para proteger a nuestros menores en condición de desplazamiento en Colombia.

La idea de la iniciativa es que haya una protección y un reconocimiento jurídico diferencial de interés superior, haciendo un énfasis en los menores de cero a seis años no acompañados.

Además del enfoque diferencial, el proyecto busca establecer otros factores complementarios al desplazamiento que puedan afectar el sano crecimiento y desarrollo de los menores, como problemas de hambre, desnutrición, deficiencias en el acceso a salud, adaptabilidad al sistema de educación, entre otros. Pretendemos también garantizar el acceso obligatorio sin limitantes, a las ayudas, programas y subsidios que establece el Estado para los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. Ellos, nuestros menores en condición de desplazamiento forzado tendrán derecho a acceder a verdad, justicia y reparación y el Estado deberá combatir la impunidad de estas graves violaciones contra nuestros niños.

No es justo que sean nuestros niños quienes lleven la peor parte de la guerra, no hay derecho a que sean revictimizados usándolos en trata de personas, o en trabajos de cultivos ilícitos, explotación sexual, mendicidad y en el peor de los casos en reclutamiento forzado.

Bogotá, D. C, 13 de abril de 2021

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada cité un texto muy progresista sobre la intervención del Estado a favor de los más pobres y las políticas públicas para combatir la desigualdad, y pregunte cuál sería el autor del mismo dando algunas pistas de posibles respuestas. Varios amables lectores tuvieron la paciencia de darme sus opiniones y ninguno acertó; solo el ex ministro José Antonio Ocampo estuvo cerca.

La verdad no me sorprendió el resultado de la mini encuesta, porque las pistas eran despistadoras, y porque es muy inesperada la autoría. Antes de decir quién es, quiero citar otros textos de varios años de la misma fuente, que confirman esa posición que se puede calificar como social-demócrata:

“Tenemos una obligación con los sectores pobres y los más vulnerables; los que enfrentan inseguridad financiera y problemas de salud; los que quedan atrás con escasas oportunidades, como las mujeres y las niñas; las generaciones futuras. (...) Como dijera una vez Franklin D. Roosevelt, “la prueba de nuestro progreso no es que aquellos que tienen mucho, tengan más, sino que aquellos que tienen demasiado poco tengan más”. Esto es lo correcto no solo desde el punto de vista ético, también lo es desde el punto de vista económico” (2017).

La contribución que las políticas fiscales pueden hacer al logro de objetivos redistributivos: las tasas impositivas aplicadas al estrato más alto de la distribución del ingreso, la adopción de un régimen de ingreso básico universal (IBU) y la función del gasto público en el terreno de la educación y la salud. (2017)

“Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que nada, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva. En el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico¨ (2020).

Aunque usted no lo crea, todas estas citas son de documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y no se trata de artículos de funcionarios jóvenes contaminados en la universidad de las ideas de Piketty.

La primera cita es de Cristine Lagarde, directora del FMI en 2017. La siguiente es la introducción de un extenso informe de ese año dedicado a plantear políticas para reducir la desigualdad y a definir una estrategia para que los programas del FMI impulsen el gasto social redistributivo.

La última cita es de un discurso de la actual directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el que plantea una inversión de la lógica del asistencialismo oficial: para ella es necesario reducir primero la desigualdad para generar oportunidades.

Quienes en los años 80 del siglo pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en esa entidad y después de padecerla como promotor de la austeridad y el control del déficit fiscal como principal objetivo de su condicionalidad, es una inesperada sorpresa ver que una de las nuevas prioridades del FMI sea impulsar el gasto social para reducir la desigualdad.

Cali, 11 de abril de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*.- La imputación a Sergio Fajardo por parte del Fiscal General Francisco Barbosa, deja un sinsabor y desconcierto para todo el país. Así, quien se había comprometido a no politizar este híper poderoso ente acusador que carece de control, pesos y contrapesos; lleva una cadena de decisiones que hacen inevitable concluir que más que la justicia, su motivación es política.

Según un informe de Naciones Unidas de 2019, la impunidad en Colombia oscila entre el 84% y el 96%. En lo que va corrido de 2021, el país ha tenido más de 26 masacres y 95 personas asesinadas. 2020 fue el año con mayor número de masacres desde 2014; 76 y 292 asesinados. ¿Esclarecer estos gravísimos crímenes, no debería ser la prioridad de la Fiscalía? No lo es. En lugar de enfrentar esta dolorosa y vergonzosa realidad, se ha empeñado en construir casos totalmente subjetivos contra dirigentes de la oposición. El último, es una clara maniobra de asesinato judicial contra el centro político e ideológico, con el propósito de impedir su consolidación que es lo que necesita y quiere la mayoría del país.

En Colombia, el estado de ánimo de la gente se puede resumir hoy en dos palabras: angustia y desconfianza. A este explosivo ambiente emocional, se suman las elecciones de 2022, en dónde el elector debe aprender a diferenciar, con argumentos, con verificaciones, este tipo de hechos que crean una absurda percepción de presunción instantánea y automática de culpabilidad. Es necesario buscar mecanismos internacionales, objetivos, imparciales y garantes en la verificación de transparencia para estas elecciones. El populismo engendra autoritarismo, abuso de poder y violencia. El país, si no actuamos en defensa de la democracia, puede terminar indefinidamente atrapado en esa troika oscura y criminal. La misma que tiene sometida a Venezuela.

El problema más grave que tiene la justicia es su falta de independencia. No es independiente en lo presupuestal, está clientelizada y carece de profesionalización. Cuando la justicia no puede o no quiere garantizar el Estado social de derecho, proclamado en la constitución de 1991, prosperan las vías de hecho, la justicia por propia mano y crece la desconfianza ciudadana en el poder judicial; la inversión (sobre todo la extranjera) se espanta. Alguien dirá: hemos tocado fondo; otro responderá sí, pero hace rato estamos escarbándolo.

Este desafío a la democracia y al Estado social de derecho, debe convocar a todas las fuerzas políticas. No solo se trata de unirnos en el rechazo a la falta de independencia, el abuso de poder y la politización de la justicia; hablamos de una urgente y estructural reforma que evite alcanzar un punto de no retorno. Hoy es Sergio Fajardo, pero mañana puede ser cualquiera.

Bogotá, D. C, 11 de abril de 2021

* Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según ha trascendido profusamente en los medios, un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de imputar el cargo de peculado en beneficio de terceros al ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo por haber contraído un crédito en dólares por US $77 millones, primero por que supuestamente “no se hicieron los estudios para sustentar la necesidad de avanzar en esa operación en una moneda extranjera y no en pesos”. Y segundo, lo más inverosímil, “en la operación tampoco se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera, ni se acudió a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito”.

Al margen de la connotación y la interpretación política de esta determinación, me permito disentir de la misma desde el terreno de la Academia. Los argumentos esgrimidos por el Fiscal delegado son demasiado deleznables y carentes de toda lógica a la luz del comportamiento de las variables macroeconómicas, particularmente en lo que hace relación a la tasa de cambio. Como es bien sabido, desde que, hace veinte años, bajo la presión del FMI, se eliminó la banda cambiaria en Colombia, que mantenía en cintura la tasa de cambio, se optó por el tipo de cambio flexible o también de cambio flotante.

De manera que el Banco de la República, que es la autoridad cambiaria, dejó de controlar y de fijar la tasa de cambio y sólo se limita, ocasionalmente, cuando las condiciones del mercado lo ameritan, a intervenir en el mismo, ya sea comprando o vendiendo divisas, según el caso. Nadie, entonces, puede prever el comportamiento de la tasa de cambio del peso con respecto al dólar, ello es imprevisible, dada su volatilidad, la cual está determinada por factores endógenos o exógenos, estos últimos fuera de control por parte de las autoridades nacionales. Ni el más avezado analista económico o financiero sería capaz de prever o predecir el curso que pueda tomar la tasa de cambio hacia el futuro. Siempre se está expuesto a la devaluación o a la revaluación del peso con respecto al dólar, según la coyuntura y los choques externos, por parte de los agentes del mercado.

Dicho esto, es fácil colegir que  quien contrae un crédito en dólares, sea un particular o sea una entidad oficial, queda expuesto a las viceversas de los ciclos devaluacionistas o revaluacionistas del mercado con todas sus consecuencias, pues a nadie le es dado escoger las dos mitades buenas de dos mundos diferentes. Esas son las reglas. Y si de ello se deriva el “aumento de la deuda” contratada, no se puede imputar cargo de peculado a favor de terceros, que sería el Banco CorpBanca S. A. Ello es un exabrupto, puesto que a nadie se le puede pedir lo imposible, en este caso “una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera”. Ello no tiene ni pies ni cabeza y de prosperar semejante despropósito se estaría sentando un pésimo precedente.

Si esa imputación llegara a ser acogida por la Corte Suprema de Justicia, irían a parar a la cárcel todos los miembros de la Junta del Banco de la República y los ministros de Hacienda que la presiden, porque el Banco Emisor a diario está realizando operaciones cambiarias con cargo a las reservas internacionales que maneja, unas veces ganando y otras perdiendo, según el caprichoso comportamiento de la tasa de cambio.

Cabe preguntarse, también, si el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla va a tener que responder por el mayor costo de la deuda externa de Colombia, denominada en dólares, que se ha elevado en los últimos años por cuenta de la devaluación. Solo en lo corrido del último año (al corte de marzo de este año) la deuda externa de Colombia, que supera el 54.8% del PIB, se ha encarecido el  22.26% por cuenta de la devaluación del peso frente al dólar, la mayor en la región. Según el economista jefe de Corficolombiana Julio Cesar Romero, por cada punto porcentual de devaluación del peso frente al dólar la deuda bruta del Gobierno central se incrementa 0.17 puntos del PIB, esto es $2.897´476.430 (¡!).

Además, reprocharle al ex gobernador el “no haber acudido a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito”, no tiene en cuenta que las coberturas cambiarias (contrato forward) que ofrece el sector financiero son costosas. Según la ex secretaria de Hacienda del Departamento de la época María Eugenia Escobar, ello “encarecía el crédito. Hubiera pasado de una tasa de 6.3% a 10%. Y volvemos a lo mismo, al igual que cuando se toma un seguro, puede que no se materialice la contingencia que se busca conjurar y entonces se diría que se incurrió en un gasto innecesario e injustificado, el cual también podría dar lugar a una investigación, esta vez por parte de la Contraloría General. Cómo quien dice, palo porque bogas y palo porque no bogas.

Como lo afirmó el profesor y ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, “los economistas serios no hacen pronósticos. Algunos analizan escenarios futuros utilizando diversos supuestos”, frente a los cuales no hay certezas sino incógnitas. Por ello, como dijo el economista estadounidense Galbraith, “la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable”.

Santa Marta, abril 10 de 2021

*Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- Con un juego de palabras (que se parece a los cambios de nombre que recibieron las reformas anteriores), el Presidente Duque ha dicho que la que aterriza en el Congreso “no es una reforma tributaria sino una ley para financiar los gastos que demanda la pandemia”.

¿Mero juego de palabras para amortiguar la fuerte reacción de la opinión pública que ya anticipa? ¿O una declaración que parece una cortina de humo precautelativa?

Pues de lo que no cabe duda es que estamos frente a una de las más duras leyes de reforma tributaria que en muchas décadas se haya propuesto. ¿Cómo no va a ser “reforma tributaria” una iniciativa que pretende recoger más de $30 billones? Por supuesto, gran parte de los gastos que se van a atender con estos recaudos están asociados con la pandemia y con plausibles extensiones de programas sociales. Pero esto no le quita su condición de “dura” reforma tributaria.

En vez de juegos verbales más nos valiera encarar las cosas como son. Y responder algunas preguntas cruciales:

¿Es el momento oportuno para descargar semejante llovizna alcabalera sobre los hombros de los famélicos contribuyentes? ¿O hubiera sido más prudente esperar hasta cuando la salud empresarial y de los hogares estuviese convaleciente, toda vez que hoy está en los huesos por cuenta de la pandemia?

Estamos frente a una paradoja: se necesita una profunda reforma fiscal pero estamos en el momento más inoportuno para hacerla. El mal inicio en términos de imagen que está rodeando esta reforma sugiere que el gobierno dejó pasar el momento oportuno para plantearla. Mientras más temprano se presenten las reformas fiscales, más posibilidades tienen los gobiernos de sacarlas adelante. Fijémonos en lo que está haciendo Biden. No lleva tres meses y ya está proponiendo una profunda reforma fiscal que da marcha atrás a la de Trump.

¿Está bien equilibrado en términos de equidad el proyecto cuando (así se mantenga el impuesto al patrimonio y el de los dividendos) el 90% del esfuerzo fiscal va a recaer sobre la clase media? Si es que de “clase media” se puede seguir hablando aún en Colombia.

¿Si el propósito revelado del gobierno es que los dientes del recaudo no muerdan sino hasta el 2022, cómo va a manejar los cambios del IVA que normalmente son de aplicación inmediata, a diferencia de las modificaciones al impuesto a la renta que sí pueden modularse en el tiempo?

¿Con la pobreza agobiante que exhiben hoy las familias golpeadas por el coronavirus y con 10 millones de colombianos que según el DANE no están percibiendo ingresos suficientes ni siquiera para adquirir las tres comidas diarias, qué justificación se va a dar para bajar la vara a partir de la cual empiezan las obligaciones como contribuyentes de las personas naturales?

¿Cuál es realmente el propósito del gobierno con las recomendaciones de la misión de expertos en privilegios tributarios que convocó? ¿Las va a seguir? Hasta el momento da la impresión de que no es así y que más bien las está utilizando para hacer un ejercicio de tiro al blanco en una especie de polígono fiscal. Así al menos lo demuestra lo que está sucediendo en materia de zonas francas y con los días sin IVA. El decreto que ya dictó sobre zonas francas y el anuncio de continuidad de la figura de los días sin IVA van claramente a contrapelo de las recomendaciones de los expertos. Y estos son apenas dos ejemplos.

El gobierno debe entender que en materia tributaria no se le puede dar gusto a todo el mundo. La pedagogía con que se ha intentado aclimatar esta reforma ha sido pésima. Marchas y contramarchas han abundado. Desconcertando a la opinión pública y molestándola innecesariamente. El último episodio fue el del IVA a la sal, al café y al chocolate. En el estrecho arco de tiempo de ocho días se dijo que no se gravarían, luego que sí y finalmente que no. Este tipo de bandazos le quita credibilidad a cualquier reforma.

Y, por último: no es cambiándole piadosamente el nombre a las reformas o inventándose el retruécano de que no se trata de una reforma tributaria sino de una inocente ley para financiar las necesidades de la pandemia, como la va a aceptar de buen grado la ciudadanía.

Bogotá, D. C, 11 de abril de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En medio de la debacle económica por la pandemia, el ministro de Comercio dio cuenta de la importancia de las exportaciones no tradicionales en la recuperación, con la carne bovina en un destacado lugar “de podio”.

Esa tendencia consolida un buen momento ganadero, no como un “cuarto de hora”, sino como oportunidad con vocación de futuro, a la cual debemos sumar, con el apoyo del Gobierno, la recuperación del sector lácteo, “mal encadenado” a una industria que persiste en importaciones masivas, innecesarias y perjudiciales para los ganaderos.

¿Por qué nuestra confianza en el futuro de la carne bovina? Veamos:

1.- El consumo por habitante/año disminuyó 1,5 kilos en 2020, equivalente a no sacrificar 437 261 bovinos. Semejante sobreoferta habría derrumbado el precio al ganadero, como sucedió en 2009, cuando cayó por el cierre del mercado venezolano, pero el menor precio no se trasladó al consumidor, sino que enriqueció a los especuladores.

2.- ¿Qué pasó en 2020? Que las ventas externas salvaron a la ganadería, pues además de 267.107 animales exportados, se vendió en carne el equivalente a 198 207 adicionales. Es decir, que lo que dejó de sacrificarse para el mercado local fue exportado a más de 25 países y, como consecuencia, el precio al ganadero recuperó su tendencia de crecimiento.

3.- Ahora bien, en cifras constantes, con base enero de 2006, el precio del novillo gordo/kilo en pie en 2008, año pico en ventas a Venezuela, era de $2.105 y en febrero de 2021 de apenas $2.101; es decir, que con lo que hoy recibe un ganadero compra menos de lo que compraba 12 años atrás. Y si en marzo de 2021 el precio repuntó hasta $2.238, no es que el ganadero se esté enriqueciendo, sino recuperando lo perdido en más de una década.

4.- En cifras nominales, el precio al ganadero, por supuesto, sube con la inflación. En junio de 2018, antes de perderse del estatus sanitario, el kilo en pie promedió $4.844. Durante la suspensión, hasta enero de 2020, cayó a $4.347, y en septiembre apenas igualaba al de 2018. Una vez más, el tiempo se detuvo para el ganadero, y el repunte hasta $5.535 en marzo de 2021, es una recuperación a partir de la cual, eso sí, se despeja el horizonte ganadero.

5.- Es optimismo justificado, porque el mundo demanda carne de animales alimentados con pasturas, como la nuestra, y porque somos competitivos en precio. En febrero de 2021 el de nuestro kilo en pie fue de 1,45 dólares, en Brasil de 1,75; Uruguay 1,82; Argentina 2,01; México 2,14; Estados Unidos 2,51, y en Australia 2,92 dólares, ¡el doble de nuestro precio! Las cifras lo dicen todo.

6.- Finalmente, la tasa de extracción -porcentaje de animales sacrificados-, estuvo por el 17% hasta 2012, entre 19 y 20 % en el lapso 2012 – 2015, y cayó a 14,4 % en 2020, pero no por menos sacrificio, sino por el crecimiento del hato con más de cinco millones de animales de contrabando, que ocasionaron la pérdida del estatus y habrían impactado el precio, de no ser porque, durante la última década, fortalecimos también el proyecto exportador que, junto con el énfasis en ganadería sostenible, hoy es el futuro de la ganadería colombiana.

Nota Bene. Que un vocero del actual gobierno fue a decirles a los elenos que no firmaran cese al fuego con Santos sino con Duque, y que “el ELN creyó ese mensaje”, es una desvergonzada mentira que ni el mismo Santos se la cree…y que fue desmentida por el propio ELN.

Y dizque FarcSantos irá a la “Comisión de la Verdad”.

Bogotá, D. C, 10 de abril de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie