Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.- Con ocasión de la celebración del Día de la mujer, el 8 de marzo, me permito compartir estas disquisiciones en torno a la vulnerabilidad y a la vulneración de la mujer en Colombia. Hace un año, el 6 de marzo se reportó el primer caso de contagio en Colombia con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 portador de la COVID -19, declarada como pandemia por parte de la OMS cinco días después. Desde entonces todos los países y Colombia no es la excepción tomaron medidas para contrarrestarla; pero, pese a ello, dicha pandemia alcanzó a cobrar más de dos millones de víctimas fatales antes de poder desarrollar las vacunas contra la misma por parte de la industria farmacéutica.
Los estragos en la salud, en la economía y en los indicadores sociales no se hicieron esperar, siendo mayores en Latinoamérica que en el resto del mundo. Sus repercusiones han sido catastróficas, afectando mayormente a los más vulnerables tanto por estratos sociales como por género. Las cifras son elocuentes y muestran palmariamente que la mujer en Colombia ha llevado la peor parte de los devastadores efectos no deseados, pero no por ello menos impactantes, de las medidas de bioseguridad tomadas por parte del Gobierno.
Cabe advertir que la vulnerabilidad del sexo femenino en Colombia no se le puede atribuir a la pandemia, tal condición era preexistente a la misma, de modo que en el 2020 sólo se dio su empeoramiento y lo que es peor se profundizaron las enormes brechas de genero que aún subsisten en Colombia. Y ello, no obstante que la Constituyente de 1991 consagró en la nueva Constitución Política en su artículo 43 la igualdad de género.
Desde luego se han registrado avances legislativos que han desarrollado tal precepto constitucional, destacándose entre ellos la expedición de la Ley 581 de 2000, más conocida como la Ley de cuotas, la misma que tiene en aprietos al Presidente Duque para su cabal cumplimiento. Pese a ello, el desempleo y la pobreza siguen teniendo rostro de mujer: la brecha de la tasa de participación de la mujer con respecto a la del hombre es de 20.8 puntos porcentuales. El desempleo femenino en el 2019, antes de la pandemia, se situó en el 13.6%, más de 3 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional y 5.6 puntos porcentuales por encima de los hombres. En el año 2020 esta brecha se amplió y esta vez fue de 6.1 puntos porcentuales.
El contraste no puede ser mayor, según el DANE, mientras el género masculino trabaja 12:39 horas diarias, de las cuales 9:14 horas son remuneradas, las féminas trabajan 14:49 diariamente, de las cuales sólo 7:35 horas son remuneradas. Es decir, que la mujer dedica la mitad de su tiempo laborado, generalmente en condiciones precarias, a actividades no remuneradas. Llama poderosamente la atención que el tiempo dedicado a actividades no remuneradas por parte de la mujer no varía con el nivel de estudios.
Es de anotar que, a consecuencia de las cuarentenas, de las restricciones a la movilidad y sobre todo debido a la virtualidad de la educación básica y primaria, muchas madres, sobre todo aquellas que son cabeza de familia, han tenido que renunciar a sus empleos o a ganarse la vida en la informalidad o rebusque para poder atender y asistir a sus hijos. Esta es otra razón por la cual su tasa de participación en el mercado laboral se reduce sensiblemente, muchas de ellas entran a engrosar el número de los que la estadística del DANE cataloga como “inactivos”, que no es otra cosa que desempleo disfrazado, los cuales en la práctica se vienen a sumar a los desempleados, así no se refleje en la cifra oficial de la tasa de desempleo.
Y, a propósito de la economía del cuidado, bueno es advertir que el 78% de la misma recae sobre los hombros de las mujeres y como ya quedó dicho un altísimo porcentaje de la labor que demanda es no remunerado. A este respecto, bueno es recordar que el 11 de noviembre de 2010 fue sancionada la Ley 1413 de economía del cuidado, la cual fue impulsada por la ex ministra de Estado Cecilia López y la Senadora Gloria Inés Ramírez. No obstante que en ella se establece que la economía del cuidado, la cual según la ex ministra aporta al PIB entre el 18% y el 20%, mucho más que la industria y la agricultura que a duras penas participan con el 11% y el 6.3%, respectivamente, “el espíritu de la Ley no se ha cumplido, no se le da el valor que tiene la economía del cuidado”. Con razón decía el caudillo Jorge Eliécer Gaitán que “el pueblo no demanda la igualdad retórica ante la Ley, sino la igualdad real ante la vida”.
Lo propio ocurre con la femenización de la pobreza, la cual en tratándose de las zonas rurales del país es más acentuada la discriminación en contra de la mujer. Según el Índice de femeninidad en hogares pobres de la CEPAL, en Colombia por cada 100 hombres que viven en hogares pobres 116.9 mujeres están en una situación similar. Y para rematar, la mujer se ve afectada además por la brecha salarial adversa que bordea en promedio el 16.1% y en las zonas rurales alcanza el 45% (¡!), lo cual incide en su pobreza y empobrecimiento.
Como es bien sabido, a consecuencia de la crisis pandémica, según la misma CEPAL, la pobreza en América Latina alcanzó en 2020 sus niveles más altos en 12 años. En el caso particular de Colombia, según la proyección de FEDESARROLLO, la pobreza que ya había subido desde el 34.7% en 2018 al 35.7% en 2019, se elevaría en 2020 a un nivel que oscilaría entre el 47% y el 49%, desde luego este porcentaje será mucho mayor para las mujeres, ampliándose aún más la brecha.
Barranquilla, marzo 6 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- Cuando Porfirio Barba Jacob vivía en San Salvador, en 1917, le tocó presenciar el terrible terremoto que azotó a la capital del que se conoce como el pulgarcito de América Central: El Salvador. De aquella terrible experiencia el poeta dejó un interesante libro de vivencias.
El domingo pasado hubo otro terremoto en El Salvador, ya no de carácter telúrico sino político: el partido del presidente Nayibe Bukele arrasó en las elecciones parlamentarias. Hasta el punto de que borró del mapa político a los dos partidos tradicionales salvadoreños: el frente Farabundo Martí y Arena. Todo hace pensar que podrá inclusive gobernar solo sin tener que recurrir a ninguna coalición política.
Bukele es un personaje sui géneris. Autoritario y mediático. Metió al recinto del Parlamento al ejercitó cuando éste no quería aprobarle alguna iniciativa. Todo hace pensar que irá por su reelección mediante una reforma constitucional, ahora que ha marcado una preeminencia indisputable en la escena política de su país.
Hace poco invitó al expresidente colombiano Álvaro Uribe para asistir como observador a las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo. Uribe se excusó. Pero no me sorprende la invitación. Ambos comparten visiones comunes sobre muchas cosas. La principal de ellas es su desgano con relación a los acuerdos de paz que se celebraron en sus dos países. El acuerdo de paz en El Salvador se suscribió hace diez años luego de una de la más sangrienta guerra civil que haya presenciado Centro América. Bukele descalifica estos acuerdos y los tilda como “una farsa”. Ambos son amantes del Twitter. Bukele no deja de mandar trinos todo el día, y de esta manera orienta la política de su partido y la del país. Se dice que prefiere el mensaje electrónico de las redes sociales a las manifestaciones públicas. Con sus 39 años, hijo de padre palestino, hay quienes lo comparan con un nuevo Fidel Castro pero de derecha.
El uso y el abuso de la fuerza pública por parte de Bukele se han vuelto proverbiales. Y de la mano dura. Tiene a raya a las temibles mafias de los “maras salvatrucha”. La foto de centeneras de ellos amarrados a la espalda en una cárcel del Salvador le ha dado la vuelta al mundo. Los centros de reclusión están llenos de ciudadanos que no cumplieron con disciplina las órdenes impartidas durante el confinamiento del coronavirus. Ha montado una guardia severa en las fronteras para vigilar y castigar a los salvadoreños que pretendan emigrar hacia los Estados Unidos. Mantiene una disciplina de hierro envuelta en un discurso juvenil. Se hace llamar el “presidente cool” de América Central.
Las remesas en estos tiempos de estrechez siguen siendo el principal ingreso de divisas de sus conciudadanos. Mantiene una pelea casada con todos los otros poderes: el legislativo y el judicial. Y no ha necesitado negociar con nadie para nombrar fiscal y contralor de bolsillo. O para conformar su gabinete. No le rinde cuentas a nadie. El único que de alguna manera le ha urgido moderación son los Estados Unidos. Durante los 20 meses que lleva en el poder ha gobernado por decreto, y poco le ha importado que el Congreso no le acepte sus proyectos. Y si es necesario mete su guardia pretoriana al recinto mismo del poder legislativo, como para que quede claro quién manda ahora en el pulgarcito centroamericano.
Bogotá, D. C, 8 de marzo de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Habló “El ñoño” Elías; estaba que se hablaba, pero los procesos kafkianos de nuestra justicia lo mantuvieron callado durante el anterior gobierno y la anterior Fiscalía.
Impresionante la audiencia en la que prendió el ventilador, durante el juicio a Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, un técnico rolo-gringo que, al parecer, cayó en la telaraña de corrupción de la campaña reeleccionista de Santos, sin que ello lo justifique, pues no solo sirvió dócil a los mezquinos intereses del presidente, sino a los de dos ambiciosas exministras que pusieron “pies en polvorosa” y hoy gozan de su apacible retiro londinense.
Andrade atendió la audiencia desde Miami, impecable, mientras Elías tenía a sus espaldas una pared descascarada y su rostro mostraba las penurias de la reclusión carcelaria. Atrás quedaron los días en que invitaba al primero a su casa y le regalaba cartera Louis Vuitton a su esposa, o se reunía con ministros y bebía wiski con Martorelli, cabeza de Odebrecht en Colombia, y con el jefe de campaña de Santos, Roberto Prieto, un caldense de alcurnia, más conocido por su lenguaje soez, su propensión a la maturranga y su incomprensible lealtad a Santos. Dios los hace y el chanchullo los junta.
En una reciente entrevista, desde el mismo recinto descascarado, el exsenador pidió perdón y responsabilizó de lo que pueda pasarle -está amenazado- a todos los que mencionó, incluido Santos, a quien dejó al descubierto, pues aunque dice no constarle que conociera de la financiación ilegal de sus campañas, pues estamos frente a otro “elefante” de tamaño descomunal; estuvimos otra vez, en 2014, frente a una contundente derrota en primera vuelta y la necesidad apremiante de dinero, que Samper obtuvo del Cartel de Cali y Santos de Odebrecht.
En la entrevista Elías relata que, por esa época, Martorelli le contó que había hablado con Santos en la Casa de Nariño y que no se preocupara porque, con su “refuerzo”, la victoria estaba garantizada. Los abogados de Santos se apuraron a desmentirlo y juran que Martorelli nunca pisó la casa presidencial, pero días después aparece la prueba de su ingreso, poco antes de la firma ilegal del otrosí que enredó a Andrade y a las dos exministras.
Resumen: El viceministro García, el de los 6,5 millones de dólares, condenado con reclusión domiciliaria, mientras la ministra Álvarez y su pareja escurrieron el bulto. Andrade, acusado, pero tranquilo en Estados Unidos. Prieto, condenado y acusado por nuevos cargos que pueden alargar su pena, que paga en condiciones VIP; Otto Bula y Bernardo Elías, pagando sus penas en cárcel ordinaria.
La gran pregunta: ¿y Santos? El escritor Jorge Andrés Hernández publicó el libro “SANTOS EL JUGADOR”, que empieza con una cruda afirmación: “Existen pocos conceptos que surquen la trayectoria y la acción políticas de Juan Manuel Santos como el de traición”.
Santos traicionó a Uribe cuando llegó a la presidencia con su programa y también con la decisión escondida de negociar. Traicionó la democracia cuando despreció la voluntad popular. Traicionó a Colombia cuando, bajó la presión armada de las Farc y la del Socialismo Bolivariano, dejó el país plagado de coca. Traicionó a los “amigos” que abrazaba buscando dinero, votos y apoyos a la negociación. Traicionó al mundo con un Nobel que no merece y debería devolver. Traicionó la paz, porque no la hemos visto.
Pero el traicionero siempre será traicionado por sus cómplices. Otto habló, García habló; “El Ñoño” habló y volverá a hablar; y Prieto hablará, no lo dudo.
Santos: “Tas pillao”. Devuelve el Nobel, porque el daño que le hiciste a Colombia es imposible devolverlo.
Bogotá, D. C, 7 de marzo de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Paloma Valencia*.- Dime de que presumes y te diré que te falta. Esos que presumen de ser los políticos del amor y que dicen que todos los otros promovemos la política del odio, que se quejan de la polarización y llaman al centro, lo que buscan en sus términos es satanizar los dos “extremos” para polarizar a su favor. Ambos deberían mirarse al espejo.
Ambos han ido sembrando entre los colombianos odio de clases, odio a quienes pedíamos paz, pero con justicia, odio contra todos los dirigentes que han gobernado Colombia, odio contra Uribe y el Uribismo, odio contra nuestro pasado, odio incluso hacia el futuro que presentan turbio e infeliz. El odio es un sentimiento que no construye, que enceguece, que no genera sino destrucción y negación.
Claro que Colombia tiene problemas, claro que necesita cambios; por supuesto que hemos tenido malos gobernantes, y definitivamente hay muchos corruptos... sin embargo, también es cierto que es mucho lo que colectivamente hemos logrado. Somos un país que avanza.
No es la “revolución” que quiere destruirlo todo con la promesa de que todo renacerá mejor, la que nos llevará a superar nuestros problemas. No es la promesa de ensayar algo nuevo, porque todo lo demás no ha servido. La construcción social es gradual y debe tener en cuenta todo lo que se ha hecho. Tampoco es la indefinición política, ni el maniqueísmo de decir que todo lo que es distinto es malo.
Colombia necesita pensar en su futuro con ilusión. Si de mi dependiera escogerle un nombre a la coalición de la que hará parte el Centro Democrático escogería ese: coalición de ilusiones.
Colombia necesita preservar el cambio generacional en la política. La generación que nos ha gobernado durante los últimos años insiste en conservar el poder. Creo que esta nueva generación recién llegada debe consolidar la transición. No para reemplazarlos, pero si para cambiar la forma de hacer política. Esta generación puede representar un verdadero puente para que la nación toda tenga un sueño de futuro. Diferencias todas, pero conciencia de que vamos en el mismo barco y nuestro destino es el mismo.
Me gusta ilusionarme con una coalición que hable desde las regiones. Que conozca lo local, al ciudadano, al campesino. Una apuesta por una profunda descentralización, no de nombre sino de líderes que representen lo regional. Los bienes públicos y los espacios públicos como un mecanismo para la inclusión social. Los encuentros de todos en “lo público” sirven para romper la fragmentación y el clasismo.
Me ilusiona que veamos la política como el mecanismo para transformar la sociedad. Un camino para valorar lo que hemos construido y avanzar y corregir. Una política libre de corrupción y de maquinarias, una política de servicio y diálogo.
Unos políticos que entiendan que el sistema de mercado garantiza la libertad: El crecimiento económico para generar empleo, empleo para superar pobreza, superar pobreza para buscar calidad de vida. Ligado a eso sí, una revolución en la educación y el campo. Pongamos nuestros jóvenes en la primera línea de la revolución de la automatización, y convirtamos nuestros campesinos en artesanos y pequeños empresarios.
Me inspira pensar en nuestro futuro lleno de luz, me inspira la convicción de que es posible una Colombia mejor. Hay demasiadas razones para amar a Colombia y luchar para verla más próspera, más justa, más equitativa. Construyamos una visión de nuestro futuro con ilusión.
Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2021
*Senadora del Centro Democrático.
¿Hacia dónde va Colombia? se pregunta el mundo, al no observar alguna ventana clara y transparente. Es borroso, confuso y turbio el panorama. Desde los más diversos puntos, el panorama está nublado. Parece que no fuéramos capaces de hacer algo legalmente aceptable. Todo es torcido e irrealizable, porque nuestra mentalidad está invadida por el odio, la polarización, la inexperiencia y el desmedido afán de apoderarnos y usurpar lo ajeno, de desconocer la ley, los acuerdos.
Somos un pueblo, en el que unos privilegiados quieren apoderarse de lo que pertenece a toda la comunidad. Esos que quieren cambiar el pensamiento, las costumbres y los anhelos de una multitud que busca bienestar, equidad, tranquilidad, vida amable, salud y paz, para todos.
El mundo civilizado nos mira con lástima, con piedad, con compasión. No entiende la forma de actuar de una dirigencia miope y despiadada. Los medios, los gobiernos, los defensores de los Derechos Humanos, de la vida, de la igualdad, de la justicia social, se asombran ante tanta atrocidad.
ONGs como HRW, denuncian barbaridades cometidas con una población indemne y frecuentes violaciones a los acuerdos de paz. Perplejidad y desconcierto invaden al nuevo gobierno de Estados Unidos, a las Naciones Unidas, al gobierno de España, a la Unión Europea, a las naciones que nos acompañaron durante los acuerdos de paz y en general el mundo civilizado. El desconcierto crece cuando aparecen los irrefutables “falsos positivos”, cuya tenebrosidad arrecia día a día, con testimonios escalofriantes de los autores materiales, mientras los cerebros se escudan para eludir la justicia.
Por todo esto, se requiere burlar, acorralar y satirizar la paz. Es una burda manera de sacarle el cuerpo. “Paz con legalidad”, la denominan Duque y el uribismo.
Y mientras han encontrado la mejor Con esa “muletilla” burlan los acuerdos, falsean su nombre, aplican un turbio velo a las diarias masacres y asesinatos de los líderes sociales. Así también presentan otros “falsos positivos”, para contabilizar la erradicación de cultivos ilícitos y preparan el envenenamiento de Colombia con el Glifosato.
Como existe engaño para todo, como ya ocurrió en las pasadas elecciones. Cada día aparece un señuelo para ocultar el desastroso manejo que se ha dado a la pandemia y la vacunación. Todo se retrasó y por ello, la inmunización de rebaño, no se alcanzará ni siquiera en 2022, año electoral.
Pero también se ha “fabricado”, la promoción internacional de ayuda a los venezolanos. La ola ha sido grande. ¿Tendremos con qué responder por ellos? ¿Hemos mirado el creciente desplazamiento forzado de nuestra población, que recorre a pié caminos y duerme en calles y parques? ¿Y qué decir de la miseria, el desempleo, la hambruna y pobreza que nos arropan? ¿Habrá Estatuto de Duque para nuestros desplazados? “Candil de plaza, oscuridad de casa”.
Con propaganda, mentira y falsedad, se quiere esconder nuestra triste realidad, que nos lleva a un abismo nunca esperado.
BLANCO: Los dos meses de plazo a impuestos en Bogotá.
NEGRO: Las amenazas de muerte al Obispo de Buenaventura.
Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- En un Estado de Derecho -en el que, por definición, gobernantes y gobernados están sometidos al orden jurídico y, por tanto, imperan las normas sobre privilegios, exclusividades y prebendas- nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley, ni escapa a la obligación de dar cuenta de sus actos y decisiones, asumiendo a plenitud su responsabilidad -penal, disciplinaria, fiscal, patrimonial- por las infracciones en que haya podido incurrir, bien sea en virtud de acciones positivas u omisivas. Corresponde a fiscales, jueces y órganos de control hacer efectivos tan esenciales principios.
La igualdad ante la ley es propia de un sistema democrático y es fundamento esencial de su vigencia. Aceptar lo contrario no conduce a nada diferente de una grave corrupción de la democracia, por cuanto se desvirtúa el máximo postulado de la moralidad pública, se descompone la sociedad y periclita la justicia.
Si esto es exigible a toda persona, con mayor razón a quienes ejercen los cargos de mayor rango en las ramas y órganos del poder público. Más que nadie, ellos -que han prestado juramento en el sentido de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley- han de dar ejemplo a la comunidad.
En Francia acaba de ser condenado el expresidente Nicolás Sarkozy a tres años de prisión -uno de ellos firme-, en cuanto fue hallado responsable por corrupción y tráfico de influencias. Dentro del mismo proceso han sido condenados el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert, por haber participado -según el fallo- en un pacto de corrupción.
Aunque exonerado por la solidaridad partidista de los republicanos, el expresidente estadounidense Donald Trump ha sido sometido a dos juicios políticos, y no se excluye que se le adelante un proceso ordinario por evasión tributaria.
En España, el rey emérito Juan Carlos I de Borbón, está todavía en la mira de la administración de justicia. Según la Constitución de 1978, en su condición de jefe de Estado, gozaba de inmunidad mientras ejercía el cargo, pero su abdicación cambió las reglas. El Tribunal Supremo lo investiga por supuestos actos de corrupción cometidos con posterioridad.
Las dificultades en el trámite y hasta los millonarios y extemporáneos pagos efectuados al fisco por el rey emérito para evitar procesos judiciales en su contra, han sido rechazados inclusive por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sostenido que, si bien defiende el pacto constitucional y la monarquía parlamentaria, “eso no resta para que las instituciones, si queremos garantizar la estabilidad de las mismas, den pasos a favor de algo que conecta desde el punto de vista emocional, con el sentir de muchos ciudadanos que quieren instituciones transparentes y ejemplares”. A lo cual ha agregado que las conductas del retirado monarca son rechazadas por los españoles como "conductas incívicas" que “han marcado un antes y un después sobre transparencia y el buen uso de los recursos públicos".
Es que la impunidad de quienes ejercen o han ejercido el poder no es aceptable en una organización política sometida al Derecho. Los pueblos reclaman que la ley sea para todos, sin excepciones. Pensemos en eso, aquí en Colombia.
Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.- Se llevó el carbón durante tres décadas de Colombia para venderlo en Europa, Estados Unidos y China y ahora Prodeco, que lo explotó durante más de 30 años, quiere salir huyéndole a la justicia colombiana para evadir su presunta responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares que asesinaron y desplazaron a cientos de miles de campesinos y trabajadores mineros que hoy reclaman justicia en el departamento de Cesar.
Se oculta tras un manto oscuro para construir la narrativa de una quiebra a todas luces ficticia (¿después de 30 años y con ingresos anuales de más de mil millones de dólares?) que para muchos en la región es una forma de evitar que cuando tiren de la manta se descubra, al parecer, una siniestra relación con el paramilitarismo que dejó ríos de sangre en la región.
En un reciente documental publicado por la cadena alemana Deustche Welle (DW), “Carbón y Sangre”, dos paramilitares describen de manera descarnada los múltiples asesinatos que su grupo perpetró con el consentimiento de las multinacionales Prodeco y Drummond, al tiempo que dejaron caer que sus crímenes contaban con la complicidad de autoridades civiles y militares en el departamento del Cesar.
La multinacional Prodeco, en una carta, fechada el 4 de febrero de 2021, que envía a la Agencia Nacional de Minería (ANM) renuncia al contrato No. 044 de 1989 mediante el cual el gobierno colombiano le otorgó la exploración y explotación de carbón a cielo abierto en la Mina Calenturitas, ubicada en los municipios de El Paso, Becerril y la Jagua de Ibirico -Cesar-. En ese documento, de 41 páginas, Prodeco arguye como excusa una crisis económica -para los trabajadores artificial- con el propósito de declararse en quiebra por culpa de la pandemia y, en consecuencia, pide la autorización para despedir a más de siete mil trabajadores.
Además de dejar miles de víctimas que hoy buscan reparación de la multinacional, la empresa abandona la región sin dejar rastro de desarrollo alguno, ni valor agregado para las comunidades, pues en sus 30 años de operaciones no compró un bien, ni una máquina, ni equipos de transporte, todo lo tercerizó. Se va dejando, miseria, pobreza y una daño ambiental irreparable. ¿No será que la multinacional quiere evadir las investigaciones que la agobian por su participación en la financiación del paramilitarismo?, es una pregunta inquietante que se hacen las víctimas y que la justicia no ha querido responder.
Prodeco, carbonera europea (Glencor), y Drummond, minera estadounidense, cada una, por su lado, quieren salvar responsabilidades en el conflicto colombiano y su activa participación, esgrimiendo excusas sin sustento para negar la financiación del grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que hacía parte del bloque norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Jorge 40.
A propósito del Cesar: la JEP lo ubica como el cuarto departamento con más casos de “falsos Positivos” en el país. Es muy sospechoso que ahora que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) avanza en el esclarecimiento de los hechos acecidos en el contexto del conflicto armado interno, la multinacional Prodeco, investigada por su presunta financiación de paramilitares, tome la decisión de abandonar el país.
Es importante recordar, como lo señalé en mi reciente columna “El Dilema de la Drummond: la JEP o la Justicia ordinaria”, cómo la Fiscalía 251 delegada ante los jueces penales del circuito especializado, acusó, el pasado 16 de diciembre de 2020, a dos altos ejecutivos de la multinacional Drummond por concierto para delinquir y delito de lesa humanidad.
Uno de ellos, Augusto Jiménez Mejía (Presidente de Drummond en Colombia desde octubre de 1989 hasta marzo de 2013), había contemplado la posibilidad de someterse a la JEP y la multinacional lo sacó del país; hoy su residencia está en Estados Unidos. Y José Miguel Linares Martínez (gerente jurídico de 1996 a 2000 y vicepresidente de asuntos corporativos de Drummond en Colombia de 2000 a 2006), al parecer, aún está en territorio colombiano; esperamos que se digne contar la verdad. Ambos funcionarios fueron imputados por fomentar homicidios “en forma sistemática y generalizada” que afectaron “de manera grave la humanidad de la población” tras promover y financiar grupos paramilitares, según dijo la Fiscalía 251.
Qué curioso, como los lobos que aúllan hasta el cansancio porque no encuentran la salida, las dos multinacionales (Prodeco-Drummond) señaladas de financiar grupos paramilitares, hoy se unen en una misma estrategia: desconocer la justicia colombiana o ¿a la JEP?; y el gobierno de Duque no mueve un dedo, no le interesa, porque a la final solo se trata de humildes campesinos y trabajadores mineros. Sin embargo, queda la JEP, una luz de esperanza para las víctimas.
Bogotá, D, C, 3 de marzo de 2021
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por Óscar Villamizar Meneses*.-Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son el organismo base de la sociedad, ya que son las entidades más cercanas a las problemáticas de las comunidades, con la posibilidad de proponer soluciones a través de la participación ciudadana; además sus integrantes ejercen una labor social importante encaminada a generar bienestar en los habitantes de un sector determinado.
Es por esta razón que se debe ampliar la Ley 743 del 2002 y crear políticas para fomentar la participación en las JAC y garantías para que sus integrantes puedan ejercer su labor correctamente.
¿Cuáles son los problemas que actualmente enfrentan las Juntas de Acción Comunal?
La participación de mujeres y jóvenes en las Juntas de Acción Comunal es muy baja, lo que significa una percepción parcial de los problemas de las comunidades y falta de gobernanza de estos sectores tan importantes de la población.
En el 2020, en Colombia se registraron 979 conductas que vulneran los derechos de los líderes sociales y 182 homicidios, cifras alarmantes que nos obliga a garantizar su protección desde la Ley 743 del 2002 de Juntas de Acción Comunal.
Los integrantes de JAC tiene una función social que los obliga a realizar trámites ante Instituciones del Gobierno y entes de control para solucionar las problemáticas de su comunidad y esta función NO es remunerada, dificultando el ejercicio correcto de su labor.
Los integrantes de Juntas de Acción Comunal no tienen fácil acceso a la educación y su formación en liderazgo es fundamental para realizar acciones que fomenten la participación, garanticen la sana convivencia, fortalezcan la familia y permitan encuentros sociales.
Se debe garantizar desde la ampliación de la Ley 743 del 2002: que, en la dirección de los organismos de acción comunal, el 50% sean mujeres y jóvenes menores de veintiséis años de edad.
Además, se debe crear un Registro para la Protección de los Líderes Sociales, donde se lleve un registro actualizado de los afiliados que se encuentren amenazados por su calidad de comunal, afiliado, dignatario o líder social y desde la Comisión del Plan de Acción Oportuna se garantice su protección.
Además, se debe crear un Registro para la Protección de los Líderes Sociales, donde se lleve un registro actualizado de los afiliados que se encuentren amenazados por su calidad de comunal, afiliado, dignatario o líder social y desde la Comisión del Plan de Acción Oportuna se garantice su protección.
Por último, es esencial que las instituciones educativas garanticen a los afiliados de organismos comunales, el acceso gratuito a programas educativos de liderazgo que aseguren el desarrollo productivo de las comunidades.
Solo de esta manera lograremos reivindicar la importante labor de las JAC en todo el territorio colombiano, y comprendamos, al fin, su importancia en la democracia.
Bucaramanga, 3 de marzo de 2021
*Representante a la Cámara por Santander. Centro Democrático.
Por Guillermo García Realpe*.- Por si le faltara un ingrediente más a la ya convulsionada historia de violencia de nuestro país y sumado a ello tantos problemas sociales, como pobreza, marginalidad, desempleo, pandemia, ahora se revive con más fuerza el trágico capítulo de los mal llamados falsos positivos.
La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- nos sorprendió en días pasados con la muy importante investigación del caso 03 sobre los falsos positivos en Colombia. El resultado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue sin lugar a dudas, ¡ATERRADOR!
Cuando a todo el país se le había hecho creer que por causa de esa nefasta practica habían sido asesinados 2248 humildes jóvenes por el Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja y así ganar méritos y ascensos al interior de la milicia, las investigaciones serias y exhaustivas de la JEP, arrojan que la cifra verdadera asciende a 6402 los colombianos asesinados por la fuerza pública entre el 2002 y el 2008.
Sobre esta polémica, surgen varios contrastes, el primero es que las cifras que presentó la Fiscalía General de la Nación, al iniciar su proceso investigativo registran 4154 casos menos, ósea, no concuerdan estos resultados con la más reciente investigación de la Jurisdicción Especial de Paz. Surgen entonces varias preguntas, ¿qué falló al interior del ente acusador para no llegar al fondo de la verdad?, ¿quiere la Fiscalía ocultarle la verdadera historia de los falsos positivos al país?, o tal vez ¿desde éste organismo hay interés en encubrir a algún expresidente y los mandos militares de la época y además de otros actores relacionados con los falsos positivos?, todos estos interrogantes son los que necesitamos que sean resueltos para que la opinión pública nacional y el mundo los conozcan. Todos necesitamos saber sobre ¿quiénes dieron las ordenes, ¿quiénes los ejecutaron y dónde poder recuperar los cadáveres para su exhumación?
Pero lo más grave, entre otras cosas, es que el informe revela que, el 78% de los casos de falsos positivos ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que principalmente seis regiones colombianas vivieron el rigor de esta nefasta práctica, como son Antioquia, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare y la Costa Caribe.
Viene ahora una segunda fase investigativa en otros departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Boyacá, Arauca, Guainía, Sucre, regiones muy azotadas históricamente por la violencia y que muy seguramente la Sala de Reconocimiento de la JEP encontrará otros hallazgos importantes. Es decir, que debemos prepararnos para conocer nuevas cifras de falsos positivos.
Esta nefasta práctica, es sin duda, una grave vulneración de los Derechos Humanos, especialmente del derecho a la vida, que es la base de todos los derechos fundamentales, establecidos en el Capítulo III de la Constitución Nacional, donde se establecen los derechos fundamentales del ciudadano, que son trasversales a todos los demás derechos que desarrolla la carta, nos damos cuenta que, no es el ciudadano el que vulnera los derechos, sino que es el Estado el que los vulnera, cuando es el Estado quien debe garantizarle el derecho a la vida a un ciudadano y por lo tanto, tenemos un Estado que no garantiza el derecho a la vida, y que tampoco garantiza que haya confianza en las instituciones y por lo tanto convierte a la fuerza pública, ya no como defensora y protectora de sus derechos, sino que la convierte en los verdugos de la gente.
Entonces una fuerza pública que cumple funciones de eliminación física, se convierte prácticamente en sicarios uniformados y legalizados al servicio de una clase política que dirige este país sobre la base del crimen y el asesinato.
Todo esto daña el tejido social, genera un terror psicológico del ciudadano hacia el Estado y se convierte esto, en un Estado represivo y no coherente con lo estipulado en la Constitución del desarrollo del Estado Social de Derecho, donde la protección del ciudadano está por encima de todas las consideraciones.
Hablar de falsos positivos, implica para entender este tipo de circunstancias tres aristas fundamentales, primero, cómo entender la política de los falsos positivos desde el poder político, es decir, quiénes son los implicados y responsables y por qué se dio este tipo de política de exterminio. Segundo, cómo poder entender que el Estado se tome por su propia mano el asesinato directo de civiles, contrariando todo el ordenamiento legal de protección a los derechos fundamentales de sus propios connacionales. Y tercero, cómo a partir de este tipo de resultados, establece el Estado mecanismo para resarcir a las víctimas, cuando él mismo ha sido el que las ha provocado. Entonces, matemos civiles y luego paguémosles a las víctimas por habernos dado la oportunidad de privarlos de la vida de un familiar.
Ojalá más temprano que tarde, todos y todas las responsables de estas abominables muertes vayan ante la justicia y paguen todo el daño que hicieron a miles de humildes familias de nuestro país.
Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021
*Senador Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Antonio Sanguino*.- Bastante travieso ha resultado Fabio Aristizábal, el uribista Superintendente de Salud. Y bastante ineficiente. Resulta imperdonable que sus travesuras atenten contra los recursos públicos de la salud, un derecho fundamental de los colombianos. Pero es aún más inaceptable que sus erráticas actuaciones ocurran en medio de una pandemia y comprometan gravemente la vida de millones de ciudadanos.
Una primera travesura tiene origen electoral. Resulta que detrás de los pergaminos técnicos que exhibe, el Supersalud Aristizábal esconde una activa vocación de militante y varias candidaturas por el Centro Democrático. Su última y fallida aventura electoral fue en las pasadas elecciones parlamentarias. Fue candidato al Senado de la República y recibió un aporte de cincuenta millones de pesos de la Organización Sanitas Internacional S.A.S hoy Keralty S.A.S, grupo empresarial propietario de la EPS Sanitas. Esta entidad es hoy objeto de vigilancia del excandidato al Senado y hoy Supersalud. Fabio Aristizábal nunca ha manifestado su conflicto de interés en sus actuaciones respecto a Sanitas. Peor aún, conoció un recurso de reposición que interpuso esta EPS contra la Resolución numero 008683 de julio de 2018 de la Supersalud. Acto seguido, mediante una nueva Resolución, la 011735 de diciembre de 2018 resolvió el recurso a favor de Sanitas, que pasó de tener una capacidad de afiliación de 2.021.000 a 2.800.000 afiliados. Aristizábal le regaló a su financiador 779.000 nuevos cupos en su capacidad de afiliación, como contraprestación al aporte de campaña recibido.
La segunda es una travesura que de manera grave desconoce, retarda u omite las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia. Pareciera que su conducta corresponde a un nuevo capítulo del “cartel de los usuarios” por el que fue procesada penalmente la exfuncionaria de la Supersalud, Eva Carrascal, y en el que ha sido mencionado José Oswaldo Bonilla Rincón, actual superintendente delegado para la supervisión institucional. Un caso emblemático es el de MEDIMAS: por medio de la Resolución No 005163 de 2017, la Supersalud adoptó medida preventiva de vigilancia especial y la fue prorrogando con las resoluciones 004770 de 2018, 009203 de 2019 y 001098 del 28 de febrero 2020. Lo paradójico es que bajo la vigencia de esas medidas preventivas, la propia Supersalud sancionó a MEDIMAS con revocatorias parciales de funcionamiento en 15 departamentos. Una de dos, o la Supersalud hace una pésima labor de vigilancia especial o el afán por trasladar usuarios a otras EPS amigas del Supersalud explican esta protuberante contradicción.
Pero un inmenso lunar, que es materia de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, le ha quedado difícil ocultar al flamante Superintendente. El pasado 28 de julio de 2020, en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Aristizábal reconoció la perdida de los resultados de 30 mil pruebas de covid-19. Esto significa que igual número de ciudadanos nunca supieron su estado de salud en medio de la pandemia. Este alarmante hallazgo, que constituyó una violación de los derechos fundamentales de estos ciudadanos y puso en grave riesgo sus vidas, no merecieron ninguna reacción por parte de la Supersalud. La inhibición de su función de inspección, vigilancia y control fue justificada por Aristizábal cuando afirmó que la represa de 30 mil pruebas “ni es que sea mala” y “no culparía tampoco a las EPS”.
Finalmente, juzguen ustedes cómo actúa el Supersalud cuando sus afectos políticos no coinciden con los gobernantes territoriales como ocurrió en el departamento del Magdalena. El Hospital ‘Julio Méndez’ fue intervenido por el Supersalud cuando el nuevo gerente, designado por el Gobernador Carlos Caicedo, llevaba apenas 30 días. Esta intervención se adelantó para mantener el principal hospital de la región en manos de los clanes políticos de los Cotes y los Diazgranados, aliados del detenido exsenador Eduardo Pulgar. Mientras tanto, se hace el de la vista gorda frente a las graves irregularidades que ocurren en el Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’ de Valledupar, controlado por el clan Gnecco y por el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Sino fuera porque está jugando con la vida de la gente en medio de la peor pandemia de la humanidad en los últimos cien años, estas travesuras no pasarían del mero reproche público.
Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021
*Senador de la Alianza Verde
