Opinión
Por Víctor G Ricardo*.- Estamos viviendo en Colombia una etapa bastante difícil, originada por varios puntos que de no resolverse, no sabemos con claridad cuál será nuestro próximo destino.
Empecemos por la pandemia, un hecho absolutamente imprevisible, que ha golpeado a la mayoría de los países del mundo y que no tendrá solución real, hasta tanto no se descubra la vacuna y más que se descubra ésta, que llegue el momento en que se pueda usar y aplicar a todas las personas de manera masiva en todos los países y continentes.
La pandemia en Colombia, a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno tanto nacional como los gobiernos regionales, ha dejado, además de las pérdidas y afectaciones importantes en salud y vidas humanas, un número muy grande de empresas quebradas en las distintas áreas de la economía. Los más afectados han sido los negocios del sector turístico y de entretenimiento como los hoteles, transportadores aéreos y terrestres, restaurantes y todas aquellas actividades que se desarrollan como dependientes de este sector. Pero más allá de estos sectores específicos, de manera generalizada muchas empresas han tenido que prescindir de sus empleados, en menor o mayor proporción, con la tristeza de perder talento muy valioso y personas que hacen la cultura, reflejan la misión y exitosamente dirigen la visión de sus negocios. Como desenlace de esta situación, podemos observar que el desempleo que ha dejado la pandemia es de más de 5.000.000 de personas llegando las cifras generales de desempleo a un total de 15.000.000 de desocupados, cifra altamente alarmante.
En adición a lo anterior, la inseguridad que hoy se vive en la mayoría del territorio nacional es muy preocupante y en algunos casos angustiosa. En este frente no solo se trata de un aumento de los delincuentes comunes fruto del desempleo, el hambre y la inmigración proveniente de países fronterizos con mayores dificultades, sino que también se trata de los grupos de alzados en armas tanto guerrilleros como los vinculados al narcotráfico, que en su afán de controlar zonas del territorio, han llegado a presentar mayores delitos como las masacres de los últimos días. Si a esta situación le añadimos las muertes que por errores de personas dependientes de la fuerza pública se han presentado y que han tenido como consecuencia la indignación de la opinión pública, el ambiente no podría ser peor.
Pero como si lo anterior fuera poco, resulta altamente preocupante que este escenario de contracción económica, desempleo, inseguridad y errores de la fuerza pública, que ya de por sí constituyen los ingredientes de un coctel bastante peligroso, los mismos se empiezan a mezclar en un ambiente de polarización y ataque institucional sin precedentes.
En este contexto es inconcebible la actitud de autoridades como la Alcaldesa de Bogotá, que ha resuelto disparar desde adentro de la administración contra la policía, olvidando que es ella como Alcaldesa, según la norma constitucional, la jefe de policía de la capital de la república, motivando a la ciudadanía con su actitud y palabras, a las protesta donde se produjo la destrucción de más de 56 CAIS de la policía y el atraco y saqueó de muchos locales comerciales. Si bien la policía necesita de una serie de reformas que se hacen necesarias a la mayor brevedad, por la evolución y cambios que se han dado a través de los años, debe quedar muy claro que son las personas las que cometen errores, que son las personas las que deben recibir el castigo de la justicia y que nuestras autoridades no pueden sobre la base de errores de ciertas personas afectar la institucionalidad que tanto requiere nuestro país.
Otro ejemplo de liderazgo inadecuado en contra de las políticas de Estado y el necesario fortalecimiento de nuestra institucionalidad lo vemos en materia de paz, donde el país sigue tratando el tema como una política de gobiernos de turno y no como una política de Estado, como debe ser. En este tema ver como de una orilla ideológica a otra se usa la paz para fines politiqueros, o tener que registrar asesinatos de líderes sociales o de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, o incluso presenciar como en el marco de la justicia transicional los líderes de las FARC niegan que en sus filas guerrilleras tenían menores de edad, es un verdadero absurdo y es un insulto al país y a la comunidad internacional, que debilita fuertemente el acuerdo firmado y hace muy poco factible que se logre una paz sólida y duradera.
Como se observa no solo estamos ante retos inmensos en lo económico y social, sino igualmente enfrentamos un escenario de gran de inestabilidad política e institucional que exige una posición clara de nuestros líderes. Con tristeza lo que uno ve es que en la gran mayoría, por no decir que en todos los casos, hay una ausencia de liderazgo y no hay conexión con la ciudadanía ni los hechos que suceden.
Se hace urgente, si es que no queremos llegar pronto al fondo del abismo, un liderazgo para ponerle orden al descuadernamiento, como diría el doctor Carlos Lleras Restrepo, que estamos viviendo. El tiempo se nos está agotando y la velocidad de las protestas de inconformidad es mayor, la mayoría de las cuales se están manipulando con intereses políticos oscuros y sin ningún compromiso con la el futuro de nuestra patria.
Hoy lo que se necesita es la unión de todas las fuerzas tanto políticas como económicas del país y en especial de sus líderes, para hacerle frente a todas las dificultades que estamos viviendo incluidos el choque de trenes entre las ramas del poder público y los ataques contra la institucionalidad.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2020
*Excomisionado de Paz.
Por Juan Camilo Restrepo.- El Gobierno insiste en que está invirtiendo 11 puntos porcentuales del PIB en la lucha contra la pandemia y en ayudas a los sectores más golpeados por el coronavirus. O sea 11 billones de pesos. Si hemos de creerle, lo menos que se puede solicitar es que explique adecuadamente esa cifra. Y que, si se suman peras con manzanas para llegar a ese monto, se diga con claridad cuáles son peras y cuáles manzanas. Cosa que no se está haciendo.
Veamos. En primer lugar, nadie está publicando dentro del Gobierno una información consolidada sobre las inversiones y gastos de la pandemia. Debería hacerlo en Ministerio de Hacienda, como sucede en la contabilidad fiscal de otros países. Por el contrario: El presidente en el programa televisivo de las 6 pm, y los ministros y viceministros por su lado, anuncian a diario partidas y partiditas sectoriales. Con el loable propósito de apoyar la recuperación económica. Pero nadie está consolidando esos gastos que se notifican jubilosamente. Se informa profusamente sobre los árboles: pero nadie se está tomando el trabajo de medir el tamaño del bosque.
En segundo lugar, se anuncian cifras heterogéneas. Unas veces se trata de partidas presupuestales que se están ejecutando. En otras de meras apropiaciones que aún no se han comprometidas o que tienen financiamiento incierto. Parece que en ocasiones se suman las ayudas de liquidez del Banco de la República con los recursos del presupuesto nacional. A veces se habla de los gastos que se van a realizar en la vigencia presupuestal en curso, en otras las que tendrán lugar en vigencias futuras. No faltan ocasiones en que se revuelven cifras de meras contingencias (como cuendo se habla del potencial para otorgar respaldos a las empresas por el Fondo Nacional de Garantías gracias a las capitalizaciones que a este fondo se le han hecho) con las garantías efectivamente otorgadas. Y, en fin, se informa indistintamente de lo que se está gastando en la pandemia en términos de caja con lo que son meras expectativas de gasto que se pueden dar o no en el futuro. Un revoltillo total, en síntesis.
Hace poco se informó en la discusión del presupuesto del año entrante (cuyo debate debe concluirse antes del 20 de octubre), que además de las privatizaciones previstas para la vigencia del 2021 (bastante improbables por cierto de 12,5 billones) subsiste un déficit de financiación de las apropiaciones de $30 billones según cálculos de la Contraloría. ¿Cómo se va a atender ese déficit? Aunque durante las discusiones del presupuesto se han hecho algunos recortes a ciertas partidas del gasto (en especial el rubro del servicio de la deuda), el déficit sigue siendo muy grande. ¿Qué hacer? Probablemente habrá que recurrir a más endeudamiento, pues por el momento se ha descartado una reforma tributaria. O a congelaciones de los gastos previstas para la recuperación de la economía a lo largo del año entrante.
Y, nótese: un déficit de $30 billones es más del doble del valor que esgrimió el Gobierno en el 2019 para justificar su primera reforma tributaria, que luego se transformó en la ley de financiamiento empresarial. En las partidas de inversión del presupuesto del año entrante es donde deben aparecer buena parte de los gastos que el Gobierno se dispone a ejecutar para recuperar la economía. Sin embargo, una buena porción de esas autorizaciones de gasto está desfinanciada, o sea: tienen una ejecución incierta dentro del presupuesto.
Cifras van y cifras vienen frenéticamente. Uno no sabe realmente a qué atenerse. En el discurso del presidente de 20 de julio sobre los “cuatro compromisos por Colombia” se habló de que las inversiones para la recuperación económica serían de $100 billones. Ahora el viceministro Zarate sale a decirle a la revista Dinero que serán de $ 170 billones. ¿Al fin qué?
En conclusión: hace falta claridad y orden en las cifras fiscales del país. Se anuncian al menudeo muchos gastos. Pero a la hora de la verdad la información resulta fragmentada e incompleta. A veces parecería que está dirigida más a la galería que a otra cosa. Frecuentemente se suman peras con manzanas. Y, en todo caso, no se está informando bien sobre la panorámica general del gasto contra cíclico. Atiborrar con cifras dispersas todos los días a la opinión pública no es sinónimo de buena información.
Bogotá, D. C 29 de septiembre de 2020
*Abogado Y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar Acosta*.- Mis palabras en la plenaria del Senado de la República, en 1998, al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor.
Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con supuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional de 45.5 horas/año, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios.
Como lo afirmó la Superintendencia al momento de proceder a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”. Y no era para menos. La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos, Caribe Mar y Caribe Sol.
Electricaribe recibió una inyección mediante el Fondo empresarial de la Superintendencia de $5.4 billones. Esta cifra se desagrega de la siguiente manera: $4.1 billones para mantener su operación, $460.000 millones de garantías para respaldar la compra de la energía y créditos y $860.000 millones para invertir en la infraestructura en las redes de transmisión local y de distribución.
En el entretanto, se aprobó a través del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1.53 billones, se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria…con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio”.
Las condiciones, entonces, estaban dadas para el relevo de Electricaribe como operador. El pasado 20 de marzo, como resultado de una subasta la Superintendencia de Servicios le adjudico el mercado de Caribe Mar a las Empresas públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira al Consorcio Energía de la Costa.
Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido sus usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales hemos sido objeto. ¡Que así sea!
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por: Guilllermo García Realpe*.-Desde hace algunos meses hemos tenido dialogo con el ex ministro Eduardo Díaz Uribe, defensor de la vida en Colombia y particularmente en el Chocó y nos interesó a la bancada de liberales social demócratas sobre Tribugá, ese inmenso santuario de flora y de fauna que hoy abordaremos.
Mucho se ha escuchado de una joya ambiental sobre el Chocó Pacífico y biodiverso llamada el Golfo de Tribugá, una región rodeada por miles de hectáreas de áreas protegidas, hábitat y refugio de peces, ballenas y otro tipo de fauna marítima y también en la zona territorial. Posee, además, miles de hectáreas de ocho especies de manglar, cientos de miles de hectáreas para alimentación de aves migratorias; por sí fuera poco, tiene un corredor enorme de migración de la ballena jorobada y el principal, es el lugar número 24 más biodiverso del mundo. A pesar de todo esto, sectores políticos y empresariales de algunas regiones insisten en avanzar en el proyecto de establecer allí un puerto.
Los promotores de la idea, la Sociedad Arquímedes, afirma que su mega proyecto traduciría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Nuquí y zonas adyacentes, cuando esa misma realidad ya demostrada durante décadas en Buenaventura y Tumaco es todo lo contrario. Es decir, una teoría descabellada.
Instalar en esa zona del Pacífico otro puerto, pues no es conveniente, por razones ambientales, económicas y técnicas. El impacto ambiental seria de enormes proporciones, se pondrían en riesgo a por lo menos 1500 ballenas jorobadas que cada año transitan por este corredor marino, además acabarían con la mitad de los manglares que allí habitan, se afectarían directamente 114.438 hectáreas de zonas protegidas, en el área marina y el Parque Nacional Natural Utría, y se rompería la conectividad entre los ecosistemas marinos y costeros de la región. La construcción de la hoy inexistente carretera o vía férrea, necesaria para acceder al puerto, implicaría romper la conexión de la Serranía del Baudó y del Chocó biogeográfico uno de los “puntos calientes” de biodiversidad a nivel mundial.
Y ni qué decir de los impactos económicos y socioculturales para las comunidades de la región. Actualmente en Tribugá tienen asiento más de 170 personas representadas en 30 familias del consejo comunitario y por lo menos 200 indígenas que llegaron desplazados de sus territorios y que dependen del ecoturismo comunitario, la pesca responsable y los servicios ambientales, entre otros. Poblaciones sumamente vulnerables. Desplazarlos nuevamente no sería la mejor solución.
Nuestro país no necesita un nuevo puerto. Ya es suficiente con los que tenemos, basta con aplicarles una buena dosis de inversión para su modernización, incluso con menos recursos de los que valdría Tribugá tendríamos un puerto de Buenaventura repotencializado y mucho más competitivo. Ejecutar Tribugá costaría US$800 millones, mientras que dragar el puerto de Buenaventura costaría US$258 millones, ¡ni la mitad de ese valor! ¿Ven la gran diferencia?
Ahora bien, llegar a Tribugá desde Bogotá, Manizales, Pereira, Armenia y Cali es mucho más lejos que ir a Buenaventura. No olvidemos que lo que más perjudica la competitividad de Colombia en materia portuaria son los altos costos del transporte interno, que representan 36,6% del costo total.
Necesitamos que el Gobierno le apueste al desarrollo de la infraestructura ya existente, por ejemplo, es muy importante desarrollar a Buenaventura, la capacidad del puerto todavía no está copada, pero igualmente el Pacífico tiene un puerto con vías de acceso y hay que desarrollarlo más, como es el puerto de Tumaco, allá se requiere un desarrollo integral, en el tema de carga, de comercio internacional, en turismo y como puerto exportador o importador de combustible estratégico que no lo tiene el pacífico colombiano y como puerto exportador de la producción cafetera del eje cafetero del sur de Colombia que es Cauca, Nariño, Huila y por supuesto la producción ganadera de la Amazonía colombiana.
Sin embargo, parecen no desfallecer, pues el pasado 26 de agosto el Gobernador del Chocó convocó mediante Decreto 0201 a sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental e incluyó un proyecto de Ordenanza, que tiene como objetivo declarar el Puerto de Tribugá y su infraestructura conexa como Obra de Utilidad Pública e Interés Social. Consideramos que esta declaratoria es inconveniente tanto para las comunidades como para el país, ya que supone la legalización de relaciones de expropiación, enajenación y dominación abiertamente inconstitucionales.
No es aceptable que, a través de procesos administrativos, se violenten los derechos de propiedad colectiva que a ese territorio tienen las comunidades afrocolombianas e indígenas. Como tampoco es sensato que se quebranten los derechos a la cultura, a la participación y la jurisdicción propia que le asisten a las comunidades del territorio.
Exhortamos al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Chocó y a las entidades competentes a que, en lugar de promover iniciativas que van en contravía de los derechos colectivos de las comunidades de la zona y de la riqueza ambiental y la biodiversidad del país, promuevan la inversión y el fortalecimiento del modelo de desarrollo propio de las comunidades, basado en la pesca artesanal responsable, el ecoturismo, la agricultura, la protección del medioambiente, la preservación de saberes tradicionales, las áreas protegidas, entre otros. Este es un modelo que las comunidades vienen consolidando desde hace décadas y que apunta a la sostenibilidad del territorio y sus recursos. Más bien el gobierno regional debe hacer inversiones en bienes básicos que habilitan derechos de los ciudadanos, la paz y convivencia del territorio, la región y el departamento como salud, educación, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, comunicaciones, todos tan precarios en una región tan rica como el Chocó.
Asimismo, nos sumamos a las voces que invitan al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a las autoridades competentes revisar montos y destino de los aportes que diferentes entes territoriales han realizado a la Sociedad Arquímedes, promotora de este mega proyecto.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Esa es la pregunta en boca de todos ahora que se acabó el confinamiento obligatorio y se permitió la apertura de la mayoría de las actividades y servicios. Las distintas opiniones se reflejan en letras del alfabeto: en forma de V si es rápida; como W si hay rebrote, o U si es más lenta, o inclusive como K si es desigual, recuperación para unos y caída para otros.
Aunque no hay “Ouija” mágica que nos señale la letra acertada, sobretodo porque no se sabe si habrá rebrote del virus, si hay elementos que indican que en Colombia la recuperación va a ser una mezcla de U con K, es decir lenta y desigual, y que acabar la cuarentena no garantiza que se retorne a los niveles de crecimiento y empleo pre-pandemia.
La actual recesión es diferente a los tradicionales ciclos económicos pues combina choques simultáneos de oferta y de demanda. Hubo reducción drástica de la oferta de algunos bienes y sobre todo de servicios, pero también caída del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas y de las exportaciones, los tres principales componentes de la demanda. Con la reapertura de las empresas, el comercio y los servicios se acaban las restricciones a la oferta, pero la demanda sigue deprimida.
De nuevo una letra, la P, nos sirve para ilustrar las razones de la demora en la recuperación de la demanda. Son ‘4 Ps’ por las que la gente seguirá gastando menos que antes: Prevención, Prudencia, Pobreza y Proteccionismo.
Por Prevención frente al virus que sigue rondando, muchas personas han decidido seguir confinadas y no salir a restaurantes, bares, almacenes o cines, ni mucho menos montar en avión. Por Prevención al contagio se mantiene restringido el aforo de sitios públicos con medidas de bioseguridad que restringen la demanda normal. Investigadores de la Universidad de Chicago (https://bit.ly/2FSwXxy) encontraron que el factor miedo ha pesado más que la imposición de cuarentenas en la caída de las ventas de muchos negocios.
Prudencia se refiere a la actitud de mesura y ahorro que han adoptado los consumidores y empresas que tienen recursos: ante la incertidumbre de los ingresos futuros se han recortado gastos no esenciales e inversiones.
Pobreza es más doloroso, pues son los que no compran porque perdieron sus ingresos. Según el Dane, el 30% de los hogares está haciendo ahora una comida menos que antes de la pandemia, y no es porque el virus quite el hambre; además, el 88% de las personas tiene menores posibilidades de realizar compras para el hogar.
Proteccionismo es la reducción del comercio internacional por la tendencia mundial a privilegiar la compra de productos domésticos y reducir las importaciones para aumentar la demanda interna. Nuestras exportaciones han disminuido, mientras que la campaña de “compre colombiano” no ha tenido mucho éxito.
El Estado es el único que puede enfrentar fuerzas tan poderosas que disminuyen la demanda, aplicando la receta keynesiana de aumentar el gasto público, con programas de obras públicas intensivas en empleo y mayores transferencias de ingresos a los pobres y vulnerables. Pero la recuperación en Colombia será lenta porque frente a una caída del PIB superior al 7% este año, el gasto y la inversión pública solo aumentarán en 0,4% su participación en el PIB.
Explicar la K de la recuperación desigual será para la próxima.
Cali, 27 de septiembre de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Jairo Gómez *.- En época de Fake News no hay nada más parecido a las “noticias falsas” que el discurso del presidente Duque ante la Asamblea 75 de las Naciones Unidas. Como si se tratara de un prestidigitador con sacoleva, inmerso en un show tricolor bien iluminado, el artista saca del cubilete miles de serpentinas para vender la ilusión de estar administrando un país próspero, resiliente, equitativo, defensor del medio ambiente, constructor de paz, generador de empleo, luchador contra el narcotráfico y la corrupción; en fin, el país del más allá.
Como forzándolos a introvertirse y sacarlos de los titulares de prensa que hablan de masacres, corrupción, narcotráfico y matanzas policiales en Colombia, Duque tuvo la osadía de describirle a los presidentes de 193 países un país distinto, muy parecido a la isla de la fantasía. ¿Creerán Duque y sus asesores que el resto del planeta es tan tonto como para no darse cuenta de la tragedia por la que atraviesa este país? Ese discurso, lleno de frases vacías, se estrella con la realidad y no aguanta un comentario o análisis serio y proporcional.
Vamos por partes. Dice el presidente que hoy en Colombia “no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz; somos un solo país que avanza sin importar si el viento está a favor o en contra”. ¿De dónde saca Duque semejante estupidez? A sus pies o debajo de su escritorio de presentador de televisión, Colombia se derrumba, se desangra.
62 masacres en 2020 dejan más de 250 muertos; cerca de mil líderes sociales, indígenas, afros, campesinos y desmovilizados asesinados desde 2016, de ellos la mitad durante sus dos años de gobierno, y Duque aminora cínicamente esta matanza para decir que en Colombia no “no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz”. Mentiroso con letras mayúsculas, usted y Álvaro Uribe, su mentor, llegaron al poder para volver trizas el acuerdo de paz, no le mientan a la comunidad internacional, a la ONU.
Habla Duque de la Paz con legalidad, pero intencionalmente, a lo Stalin, engavetó el Acuerdo de Paz que tiene jerarquía constitucional. Aniquiló y desfinanció presupuestalmente todos los compromisos para consolidar la paz territorial y resarcir a las víctimas.
Quiere mostrarse como el hombre de los valores democráticos cuando a pocos kilómetros de la sede presidencial la policía masacró a 13 jóvenes. ¿Esa es la “Colombia maravillosa, la de la paz con legalidad fundamentada en la estabilización social y la consolidación de la democracia” que, usted presidente Duque, infiere y describió en la Asamblea General de la ONU?
Le dice usted, presidente Duque, a 193 países que su gobierno es el gran promotor de “la defensa del medio ambiente como propósito de seguridad nacional”, por favor! y aquí. Incumpliendo su programa de gobierno, usted promueve la entrega de los páramos a la voraz minería extranjera e incentiva el fraking. El típico embuste farandulero.
El narcotráfico. Sí, de todos es sabido su poder corruptor y combustible para la guerra. Reclamó mayor compromiso y corresponsabilidad por tratarse de un delito transnacional; se lo avalo. Pero, ¿ y el Ñeñe? ¿El narco que financió su campaña? Qué rabo de paja. Por favor no se arrime a la candela.
Para terminar. El COVID-19. Dijo usted presidente que la pandemia develó la fragilidad mundial del sistema de salud y evidenció la inequidad en el mundo. También se lo avalo. Pero, ¿qué ha hecho usted por mejorar la crisis social generada por el coronavirus? No solo se trataba de administrar el contagio, también de hacer menos difícil la crisis social y económica que traía tras de sí el virus; sin embargo, en esta materia usted se raja ostensiblemente en un punto muy sensible: el empleo; se destruyó por la escasa ayuda del gobierno a la pequeña y mediana empresa que lleva sobre sus hombros el 80% del trabajo formal del país, y de repeso, les niega la posibilidad de darle subsidio a las nóminas de las MIPYMES. Cómo explicarlo.
La lista sería interminable y le haría agotadora la jornada a mis lectores. No se puede mentir tan olímpicamente presidente Duque, los colombianos no somos tan bobos y hemos aprendido que gobernantes tan mediocres como usted no pueden volver a repetirse; eso espero.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020
Periodista. Analista Político.
@jairotevi
LEAD: Como forzándolos a introvertirse y sacarlos de los titulares de prensa que hablan de masacres, corrupción, narcotráfico y matanzas policiales en Colombia, Duque tuvo la osadía de describirle a los presidentes de 193 países un país distinto, muy parecido a la isla de la fantasía.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- “Los ganaderos miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado; miramos hacia delante para construir nuestro futuro”.
Esta es una frase que acuñamos en 2005, cuanto la Junta Directiva de FEDEGÁN decidió instaurar el 30 de septiembre como el Día Nacional de Ganadero, fecha en que, diez años atrás, en 1995, las Farc llegaron hasta una finca en Zipacón, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, donde un anciano retirado se dedicaba al cuidado de las palomas, signo de la paz que no pudo protegerlo de que lo asesinaran alevemente. Era José Raimundo Sojo Zambrano, expresidente de FEDEGÁN, a quien le cobraron con su vida el rechazo a la violencia contra los ganaderos.
Para escribir estas líneas revisé viejos informes de la época de mi antecesor, Jorge Visbal, a quien también le hicieron varios intentos, afortunadamente fallidos, incluido ¡un rocket! contra la sede de FEDEGÁN (2003). Para entonces se llevaba una macabra pero necesaria contabilidad del impacto de la inseguridad en la ganadería, y en ella encontré que, en 1995, Sojo Zambrano fue uno de los ¡50! ganaderos asesinados ese año, cuando, aunque hoy suene espeluznante, también secuestraron a 527. La mayor cifra de secuestros, ¡585!, se produjo en 2001, antes del advenimiento de la Seguridad Democrática.
Dos años después, en 2007, nació la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, uno de cuyos principales programas, “Acabar con el Olvido”, ha logrado visibilizar a cerca de 10.000 víctimas ganaderas, en un país donde las hay de primera y de segunda, unas que merecen vitrina, como las de la UP, y otras ocultas por las narrativas de sus victimarios y por la impunidad de un Acuerdo que también escogió víctimas a conveniencia.
Así pues, honrar ese pasado de victimización y también de heroísmo de quienes sobrevivieron al terror y la zozobra, fue el objetivo central del primer Día Nacional del Ganadero, y lo seguirá siendo, pues, además, la paz ofrecida nunca llegó y la inseguridad vuelve a amenazar a la ganadería, en un campo sembrado de coca y de violencia.
Por eso, en el Día Nacional del Ganadero, reiteramos nuestro rechazo a la violencia rural desbordada y apoyamos los esfuerzos del Gobierno por garantizar la seguridad.
Respaldamos a las Fuerzas Militares y de Policía, que protegen campos y ciudades; organizaciones humanas y perfectibles, cuyos héroes no solo se exponen a la violencia del delito sino a la incomprensión ciudadana, alebrestada por los interesados en el caos como arma política para el acceso al poder.
Hacemos profesión de nuestra fe en el imperio de la ley, en las instituciones democráticas y, sobre todo, en un verdadero “Estado de Derecho”, a partir de una justicia que logre reencontrarse con el anhelo ciudadano de derrotar la impunidad imperante.
Rechazamos la estigmatización de los ganaderos y reivindicamos la dignidad de los 600.000 colombianos que le madrugan al ordeño y al cuidado de sus animales, para llevar carne y leche a la mesa de los colombianos y a los mercados internacionales.
Defenderemos a la ganadería de las falsas acusaciones de gran depredadora de la naturaleza, y defenderemos el papel insustituible de la carne y la leche dentro de la dieta de los colombianos y para la seguridad alimentaria del país.
Nos comprometemos con el cambio. Como todas las actividades económicas, seguiremos buscando un mejor relacionamiento con la naturaleza, para construir la ganadería del futuro, rentable, competitiva y, sobre todo, sostenible, a través de la implementación de sistemas silvopastoriles.
Los ganaderos, como nos recuerda nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”. 30 de septiembre: Feliz día, ganaderos de Colombia.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano Fajardo.- “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.” Javier Sicilia.
A raíz de los hechos recientes en que se ha visto envuelta la Policía Nacional, se escuchan voces y propuestas para acabar con el Esmad.
En mi concepto lo que hay que hacer con la Policía Nacional es dignificarla, educarla y prepárala para atender su función constitucional a carta cabal. No hay que ponerla a hacer todas las funciones, muchas de las cuales no le corresponden. Como la función de resocialización de las personas privadas de la libertad, con el manejo del Inpec, porque no están preparados para eso. Y por eso violan los derechos humanos a diario en las cárceles del país, a través del CRI, que es el Esmad de las prisiones.
En ningún momento se puede sustraer a la Policía Nacional del control del vandalismo y desmanes en las marchas de protesta. Esa es su obligación preservar los derechos, la vida y los bienes de la ciudadanía. Por los excesos en ese control no se puede atacar a toda la institución. De ser así, ya no tendríamos, Congreso Nacional, Corte Suprema, Ministerio de Justicia, Registraduría Nacional, y tantas otras instituciones que han sido deshonradas por algunos de sus funcionarios.
En cuanto a la institución policial hay que profesionalizarla, darle más preparación, mejores salarios, mayores oportunidades de ascenso y estabilidad, lo cual mejora sus condiciones laborales y conlleva a fomentar la vocación de servicio y sentido de pertenencia a la institución, y como se dice, a llevar con orgullo el uniforme. Así se logra el fortalecimiento integral del desarrollo policial e institucional.
Se debe lograr que la ciudadanía vuelva a mirar con buenos ojos al policía de la cuadra, de la esquina, del Cai, de la vereda, del pueblo, al policía amigo que ayuda a un anciano a pasar la calle, así como se agradece la buena y excelente labor de la Policía de Carabineros o de la policía infantil.
Lo más importante ahora es mejorar la preparación, la escuela, el aprendizaje, el conocimiento de las normas constitucionales y legales, principios, destrezas, y habilidades policiales, sin las cuales no pueden ser lanzados a la calle a enfrentar los problemas cotidianos. Ellos son la primera autoridad con funciones judiciales y por eso es básica su preparación académica con énfasis en un gran humanismo, porque ellos son fuerza de protección y no de guerra.
Deben crearse incentivos más allá de las medallas, inclusive más vida familiar, más cerca de la gente, más participación social, más profesionalismo y obviamente, como en toda institución, más control y disciplina interna con sanciones y estímulos.
Hay que tener en cuenta como base de esta reestructuración el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, de una acción de tutela de varios ciudadanos, la cual llega a una tajante conclusión: que la Fuerza Pública, especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020
Por Jorge Enrique Robledo.- Se sabe que el desempleo es de lo peor que puede pasarles a las personas y las familias. Porque significa pobreza y miseria, hambre y desnutrición, techo muy precario, grandes carencias en salud, educación y recreación, alta corrupción y fuerte deterioro ambiental. La falta de trabajo también es la certeza de no poder acceder a una pensión ni a ahorros para asegurarse una vida digna en el inevitable y duro momento de la vejez. Y puede llevar a complejos problemas emocionales, porque el trabajo es también la primera necesidad vital de los seres humanos.
Pero se entiende menos que el desempleo significa además, y ni se diga si es tan alto como el de Colombia, con 16,1 millones de personas sin trabajo, sin contar estudiantes, un verdadero crimen contra el conjunto del progreso nacional. Porque genera subdesarrollo económico y más desempleo y pobreza, verdad que no se debate como problema fundamental del país, en razón de que aquí mandan quienes no quieren poner a Colombia en primer lugar, por parecerles suficiente que apenas el veinte por ciento viva como en Dinamarca, en tanto a los demás los condenan a sobrevivir en Cundinamarca.
En su evolución, por el aumento de la cantidad y calidad del trabajo, los seres humanos nos convertimos en una especie de la naturaleza capaz de producir más bienes que los mínimos que necesitamos para sobrevivir, es decir, que generamos excedentes capaces de acumularse de muchas maneras, bienes que están en la base y promueven el progreso general de las naciones y las personas. Piénsese en las obras de infraestructura, las instituciones educativas y hospitalarias, las fábricas y los campos cultivados, todas riquezas fruto del trabajo simple y complejo acumulados, que a su vez sostienen y crean más empleos y nuevas fuentes de ahorro y riqueza.
Cada vez que analicemos entonces el enorme desempleo nacional, no nos limitemos a asumir la actitud democrática de criticarlo por los inmensos sufrimientos que origina. Rechacemos también el desperdicio de la capacidad de trabajo de los colombianos, el principal e insustituible factor de creación de riqueza y progreso social del país. Dicho de otra manera, detrás de cada desempleado de hoy están el subdesarrollo productivo y el desempleo y la pobreza de mañana, amenazando incluso a los descendientes de quienes hoy no los padecemos. Y esa falta de trabajo, de otra parte, al no estimular capacidad de compra, también lastra poder producir nueva riqueza y más y mejores empleos.
Por ello dijo Friedrich List, junto con Hamilton, unos de los padres de la industrialización y el desarrollo capitalista de EEUU: “El poder producir riqueza es, por consiguiente, infinitamente más importante que la riqueza misma (…) Esto es más cierto en el caso de naciones enteras que en el de individuos particulares”. Y esta verdad irrefutable, que ha orientado a todos los países exitosos, no ha estado al mando en Colombia, en especial desde 1990, cuando decidieron profundizar hasta el absurdo los errores que venían del pasado.
Es falsa, por tanto, la afirmación de Duque y demás dirigentes neoliberales de que en Colombia estamos haciendo lo mismo que han hecho los países que han salido del subdesarrollo y la pobreza. Entre otras razones, porque la actual globalización consiste en obligarnos a importarles a ellos lo que podemos producir aquí –base del alto desempleo nacional–, al tiempo que nos dejan, como única alternativa para financiar las importaciones y deuda externa exageradas, las insuficientes exportaciones mineras y las de los mismos productos agrarios de siempre, los cuales además ni siquiera necesitaban de TLC para venderse en el exterior (otra falsedad). “Hagan lo que les decimos, no lo que hacemos”–suelo repetir–, es lo que ordenan los mayores poderes globales.
Renegociar los TLC, para poder crear más empleo y más riqueza y reducir la desigualdad, debe ser la base de un gran pacto nacional, social y político, capaz de encauzar a Colombia por la vía de su verdadero progreso, para el que tiene territorio y gente con qué lograrlo.
Coletilla: el problema de los colombianos ya no es el minDefensa Holmes Trujillo, sin duda indigno de ese cargo porque viola las leyes y engaña y miente con todo cinismo. El problema ahora es Iván Duque, quien lo sostiene en el cargo, mandándoles además un pésimo ejemplo de malas conductas y peor gobierno a los colombianos, incluida la fuerza pública, y a la comunidad internacional.
Bogotá, 25 de septiembre de 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
Por Clara López Obregón*.- El Gobierno Duque acaba de introducir una contrarrevolución laboral que marca profundos retrocesos en los derechos y garantías laborales, lo cual profundizará las desigualdades sociales. So pretexto de establecer un “piso” de protección para quienes devengan menos del salario mínimo legal - ojo, al menos la mitad de la fuerza laboral -se ha establecido un régimen laboral paralelo que compite con el desvencijado, pero todavía protector Código Sustantivo del Trabajo (CST). Se trata del decreto 1174 de 2020, reglamentario del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).
Mediante la adición de un nuevo capítulo al sistema general de pensiones, dicho decreto, sin diálogo social alguno, obliga vincularse al piso de protección social a todos los trabajadores que devenguen en el mes menos de un salario mínimo por uno o más vínculos laborales o contratos de prestación de servicios a tiempo parcial. En tal virtud, serán inscritos en el sistema subsidiado en salud; vinculados obligatoriamente al programa de ahorro voluntario de beneficios económicos BEPS; y cubiertos por un microseguro frente accidentes de trabajo. Y hasta ahí.
A quienes queden en este nuevo régimen, no aplicará el CST, y sus empleadores quedan exentos de la obligación de pagar el salario mínimo legal (como analizamos en anterior columna, Adiós al salario mínimo). Los beneficios y garantías del régimen laboral aplicarán solamente a quienes tengan contratos de trabajo mayores a un salario mínimo legal mensual. Dichos contratos están condenados a desaparecer gradualmente, pues como sucede con la Ley de Gresham, la mala moneda termina por sacar de circulación a la buena. En este caso, el régimen laboral famélico del decreto 1174 paulatinamente reemplazará al tradicional contrato de trabajo con sus prestaciones legales de licencia de maternidad, pago de dominicales y horas extras, prima de servicios, subsidio de transporte, incapacidades, cesantía e indemnización por despido injusto y derechos de asociación colectiva, negociación y huelga, es decir, subrogará el trabajo decente.
Hay quienes sostendrán que el decreto “formaliza” al trabajador informal quien hoy no tiene ninguno de esos beneficios así que nada le quita. A ello se debe responder: arrebata la promesa constitucional del progreso social. El nuevo régimen legaliza la informalidad y pone a quien trabaja en esas condiciones sub mínimas a ahorrar en BEPS, es decir, a cotizar para recibir un subsidio del 20% de lo ahorrado a título de asistencia pública en lugar de una pensión mínima de seguridad social. El piso de protección no deja de ser un sofisma de distracción que deroga el umbral del contrato social del salario mínimo con prestaciones y el concepto de una seguridad social digna. De paso, rebaja las cotizaciones de los empleadores.
No hay que esconder la dura realidad de cómo se concentra de más en más el ingreso. Peso que se ahorra en costos laborales es peso que pasa del bolsillo del trabajador al bolsillo del empleador. La reducción de costos laborales no es otra cosa que la reducción de ingresos de los trabajadores. Así sucedió con la Ley 789 de 2002 que amplió la jornada diurna de las 6 p.m. a las 10 p.m. Al eliminar el grueso de los recargos nocturnos, en los primeros 13 años de vigencia, 24 billones de pesos pasaron del trabajo al capital.
La llamada flexibilización laboral que comenzó con la Ley 50 de 1990 ha reducido en siete puntos porcentuales la participación del trabajo en el PIB en favor del capital. De ahí la importancia de que estas decisiones sean sometidas al diálogo social, con el estado interviniendo del lado de la parte débil de la relación que es el trabajo y con garantía del principio de no regresividad que exige no retroceder en garantías sociales.
Este decreto es un ejemplo más de la codificación del capital con su consecuente ampliación de la desigualdad y la desesperanza (Pistor, K. 2020). No es un piso de protección social sino un nuevo régimen laboral desprovisto de toda protección legal al trabajo más vulnerable. Va más allá de la precarización laboral en contravía de la Constitución.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo
