Opinión

Por Clara López Obregón*.- Warren Buffet, el multimillonario estadounidense que descubrió que su secretaria pagaba proporcionalmente más impuestos que él, afirmó en 2006: "Hay guerra de clases… pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando". Al escucharlo, el escritor Ben Stein le alertó que cuando alguien habla así lo acusan de estar fomentando la lucha de clases.

Traigo a colación esta referencia porque la revista SEMANA, en su edición 2000, hace un comentario que llama a la reflexión. Afirma que, a pesar de la violencia, la corrupción y el narcotráfico, Colombia ha logrado en los últimos 38 años un importante progreso en derechos y condiciones de vida sin recurrir a “costosas revoluciones”. Pero ¿no será que Colombia sí ha experimentado una revolución?

El año 1989, como bien lo recuerda María Elvira Samper, representó un punto de inflexión. Cuando asesinaron a Galán, en una entrevista con Ted Koppel en ABC Nite line, expresé que el magnicidio estaba dirigido a montar un narcoestado en Colombia. También fue el año de la caída del muro de Berlín y del Consenso de Washington. Lo primero inició el fin de la guerra fría y lo segundo dio comienzo a la globalización neoliberal de la mano del fundamentalismo del mercado y del desmonte de la función distributiva del estado.

Con la Constitución de 1991, Colombia enfrentó el reto del copamiento criminal de la política y facilitó el cambio del modelo económico. Fue una constitución ecléctica que le devolvió al país legitimidad y fe en sus instituciones políticas. El progresismo se sintió reivindicado con la carta de derechos, la tutela, la autonomía territorial y el reconocimiento de la diversidad, entre otros grandes avances, muchos de los cuales se reversaron o se quedaron en el papel.

Los emisarios del Consenso de Washington también sentaron sus reales con la cuota inicial del banco emisor limitado a controlar la inflación, el desmonte del Estado interventor, la apertura hacia la privatización de lo público y la pasmosa facilidad para reformar en adelante la constitución. Así, “pasito a pasito, muy suavecito”, se abrió paso la revolución que describió Warren Buffet.

Con la nueva constitución avanzó el desmonte de las agencias del Estado que servían al campo, la privatización de los servicios públicos y sociales, la reducción los derechos laborales, la desregulación financiera y la entrega del manejo del ahorro pensional a grandes consorcios privados. El sistema tributario perdió progresividad al reducirse la carga tributaria del capital y aumentarse el IVA para los demás.

Bajo el modelo neoliberal se registraron reducciones importantes en la pobreza que no se pueden soslayar, pero tampoco sobreestimar. De manera simultánea, mientras la población y el producto interno bruto (PIB) crecían, aunque a menor ritmo que durante el modelo anterior, se rebajó la participación del trabajo y aumentó la del capital en el ingreso nacional.

Fue creciendo un desequilibrio social inmenso que no se refleja en las encuestas de hogares porque no incorporan en sus muestras al uno por ciento más rico. Y lo más grave, se retiró al Estado del campo cuando arreciaba la violencia y crecían la insurgencia armada y el paramilitarismo, con su estela de desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Desde antes de la pandemia, ese modelo económico concentrador de riqueza mostraba señales de agotamiento. Las movilizaciones sociales y la pandemia dejaron al desnudo las falencias del mercado a ultranza, el Estado mínimo y la privatización de la salud. Se hacen indispensables cambios estructurales que introduzcan equidad social y sostenibilidad ambiental. En lo político, urge separar el dinero de las elecciones para que la concentración de poder económico no sea tan determinante en las decisiones distributivas de la sociedad.

Quienes con su lenguaje polarizante han logrado capturar el pensamiento de un sector importante de la sociedad, promueven el miedo al cambio y el odio por quienes lo impulsan. Pero la economía y la política pueden dar otra vez un vuelco como en 1989-91. Colombia vivió una revolución y está preparada para otra. Hoy el cambio estructural en democracia no solo es posible sino deseable.

Bogotá, 8 de septiembre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Ex ministra de Trabajo

Por Guillermo García Realpe* –. Un nuevo intento del partido de gobierno por instaurar en Colombia la nefasta técnica del fracking, fue derrotada por las mayorías de la plenaria del Senado durante la discusión del proyecto de ley 200/2020 el cual regula y organiza el Sistema General de Regalías. 

El senado le dijo no al fracking como técnica de explotación y de petróleo y gas, es un triunfo de los colombianos que abogamos por la vida, por la naturaleza para hoy y, sobre todo para las próximas generaciones. 

El artículo 210, el último de esa iniciativa abría la puerta para que nuestro país iniciará ese proceso. Era un artículo que tenía observaciones legales y constitucionales, pues no conformaba unidad de materia con lo que se aprobó del proyecto en su conjunto con el nuevo Sistema General de Regalías que fundamentalmente es un proyecto de distribución de recursos, de compensaciones especialmente ambientales hacia las entidades territoriales. Este tiene que ver prácticamente con la autorización de un esquema técnico agresivo de explotación de hidrocarburos en Colombia que hoy lo tiene en análisis muy serio toda la institucionalidad administrativa y de justicia en el país. 

En primer lugar, la Corte Constitucional ha establecido seis pasos para que en Colombia empiece a operar el fracking o el fracturamiento de rocas o explotación de yacimientos no convencionales. Esos seis puntos no se han cumplido aún. El Consejo de Estado ha suspendido decretos que pretendieron regular algunas iniciativas ilegales en materia de explotaciones de petróleos e hidrocarburos con este sistema y por otro lado se esta en el esquema de impulso de los proyectos pilotos de investigación integral, etapa que no se ha agotado, la esta impulsando a disgusto de muchos colombianos, pero en esa tarea esta. Por otro lado, no se ha pronunciado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, y otras autoridades administrativas en esta temática. 

Aquí estamos avanzando en autorizar temas de regalías en un método que en Colombia aún no es legal y que no ha surtido todos los trámites y más grave aún que le está haciendo reducción en los niveles de cobros de regalías a un sistema técnico agresivo con la naturaleza, el medio ambiente, la vida y la salud de las comunidades en las regiones donde se pretende instaurar. ¿Cómo es posible que un esquema absolutamente más agresivo con la naturaleza vaya a pagar menos en regalías? eso es un contrasentido, por eso nosotros y muchos sectores en el Congreso de la República votamos en contra de ese artículo. 

Ahora, el siguiente paso será la conciliación del texto con Cámara y llegar a consensos definidos en puntos tan complejos como el establecido en el suprimido artículo 210 el cual mantenía y extendía beneficios tributarios al fracking en Colombia. Se espera que en los próximos días se surta este proceso y haya una votación definitiva al informe que entreguen los conciliadores. 

Sea como sea, éste es un importante precedente y un mensaje poderoso que da el Senado a los ciudadanos y al país en general. Nosotros como defensores de la vida, del agua, de la naturaleza, de los ecosistemas, seguiremos atentos a defender nuestro medio ambiente, necesitamos hacer la transición hacia una sociedad conservacionista y no depredadora con la naturaleza, necesitamos valorar, proteger y cuidar todo aquello que simbolice vida y oponernos a las amenazas que el fracking representa para nuestro país. 

Es momento de que Colombia empiece la transición a las energías renovables, a energías limpias y no mantenga su apuesta en esa economía fósil representada en el petróleo, el carbón, el gas y otros combustibles, que van en declive y que en caso de permanecer puede acabar con la vida misma. Por eso, centraremos todos nuestros esfuerzos para que Colombia haga el tránsito de esa economía fósil; tan nociva, hacia una economía de energías limpias, donde este la agroindustria, la fibra óptica y donde se tenga en cuenta por supuesto su matriz energética. Hacia allá tenemos que ir y no dar un salto al vacío insistiendo en una práctica que lo único que dejara es un desastre ambiental de enormes proporciones en muchas regiones del país. 

De nosotros depende seguir por la senda de una sociedad depredadora o dar un giro de 360 grados y convertirnos en una sociedad conservacionista y en #PazConLaNaturaleza. 

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Ante el anuncio del gobierno de que otorgará un crédito a Avianca hasta por USD 370 millones, se ha generado una enorme controversia en la que creo que se deben diferenciar cuatro preguntas: ¿Por qué se debe rescatar a Avianca? ¿Por qué un crédito y no una capitalización? ¿Por qué no se hace lo mismo con otras empresas?, y ¿cuáles son los términos y condiciones del crédito?.

Mi opinión sobre las dos primeras preguntas la escribí hace cuatro meses en varios medios. Decía, y sigo creyendo, que había que evitar la quiebra y desaparición de Avianca y las demás aerolíneas que facilitan la movilidad en este país con montañas y túneles unidireccionales, pero sin tren. Decía también que lo que había que rescatar era a la empresa y sus puestos de trabajo y no a sus dueños, y que la forma para hacerlo era capitalizándola y diluyendo a sus actuales accionistas, por supuesto dándoles la posibilidad de que recompren sus acciones.

En lo que respecta al apoyo oficial a otras empresas, no solo aerolíneas sino empresas estratégicas de todos los sectores, considero que es una responsabilidad que el gobierno tiene que asumir, aún usando créditos del Banco de la República como lo ha propuesto el presidente de la Andi. Más aún, al apoyar a Avianca el gobierno tiene la obligación de hacerlo con las demás para mostrar que no hay privilegios en el uso de los recursos públicos.

Dado que el gobierno optó por la modalidad del crédito y no de la capitalización, es indispensable que los términos y condiciones del mismo, sean muy bien definidos para evitar que haya subsidios injustificados y, sobretodo que se pierdan los recursos. Unas cuantas sugestiones para ese propósito.

Lo primero que debería exigir el gobierno es que Avianca vuelva a tener domicilio fiscal en Colombia. Es aceptable que sus propietarios sean extranjeros, pero no que se entreguen dineros del Estado colombiano a una empresa panameña, ni siquiera con el pretexto de que pagan muchos impuestos en Colombia, porque esos impuestos los pagan los usuarios y no la empresa.

En segundo lugar, está el tema del control de la empresa. Es práctica usual que cuando una empresa ha perdido buena parte de su patrimonio, los prestamistas se convierten en sus verdaderos dueños y toman asiento en la junta directiva para controlar el uso de los recursos aportados. También es usual que se exija a los dueños la pignoración de las acciones, como lo tuvo que hacer el señor Efromovich para recibir el préstamo de United Airlines. El gobierno colombiano no puede exigir menos.

Finalmente, las garantías. Suponiendo que se ofrece una excelente garantía real, hay una pregunta crucial, ¿Qué garantía hay de que se respeten esas garantías? (y valga la redundancia). La pregunta es relevante porque en el actual proceso de reestructuración, a los tenedores de bonos que tenían garantías reales, se las están quitando y convirtiendo su deuda en subordinada si no aceptan condonar el 80%.

Se ha dicho que el crédito del gobierno es privilegiado y tiene prelación sobre las deudas antiguas de Avianca. Es cierto, pero ¿cómo prevenir que si se vuelve a complicar la situación de la empresa y se hace necesaria otra reestructuración, ese crédito no pierda las garantías que hoy le ofrecen, y lo conviertan en deuda subordinada, o tenga que condonar una parte?

Cali, 6 de septiembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- El proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2021 tiene un monto de $313.9 billones, un 15.5% mayor que los $271.7 billones del 2020. Pero, si descontamos el rubro correspondiente al servicio de la deuda ($75.9 billones), 6.7% del PIB, que es el que más crece (41.6%) y el que más pesa con el  24.1% de la totalidad de los recursos, el crecimiento del Presupuesto es de sólo 0.3 puntos porcentuales, al pasar del 20.7% del PIB al 21% (¡!). Esa preponderancia del servicio de la deuda la justifica el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla diciendo que su monto y participación en el proyecto de presupuesto está “en consonancia con el perfil de vencimientos, la sustitución de pasivos por títulos de deuda pública y el mayor nivel de endeudamiento en el 2020”. Se refiere a las tan criticadas prácticas, alejadas de la ortodoxia fiscal, que han caracterizado la gestión fiscal del Ministro Carrasquilla de “recontratar” la deuda pública y de hacer pasar el gasto público por financiamiento para hurtarle el cuerpo a la Regla fiscal.

A ello se viene a sumar el hecho de que, en concepto del Observatorio Fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana, “la falta de detalle parece ser la nota predominante en el proyecto de Presupuesto General para el próximo año. Este nivel de opacidad se asemeja mucho a la forma vaga en que se ha detallado la utilización –y en muchos casos, la fuente y el destino– de los recursos dispuestos para la atención de la emergencia provocada por la pandemia”.

Esos polvos tenían que traer estos lodos, el endeudamiento de la Nación es cada día mayor y el servicio de la deuda también. Como lo había sostenido ANIF antes de la pandemia, “la deuda del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, “estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54.2% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación” incluso sin contar las novedades del Presupuesto del 2020.

La crisis de la pandemia sólo ha exacerbado esta acuciante realidad, la misma que condujo, antes de la pandemia, a la rebaja de la calificación de la deuda soberana de la Nación por parte de tres firmas calificadoras de riesgo, que está al borde de perder la calificación inversionista. Riesgo este inminente ante el sólo anuncio del Ministro carrasquilla de llevar la deuda hasta el 65.6% del PIB en 2020, así anuncie, pensando con el deseo, que a partir del 2022 empezaría a caer hasta el 53.5% al final del mandato del Presidente Iván Duque. Ya lo advirtió Fitch Ratings, según esta firma calificadora de riesgo, “las métricas soberanas de Colombia se han deteriorado aún más desde la rebaja de abril a BBB-”.

Es de destacar que rubros tan importantes como el de la agricultura, ciencia y tecnología, el Ministerio del trabajo, tan importantes de cara a la reactivación de la economía en la postpandemia tienen importantes recortes con respecto al Presupuesto de 2020, del orden de -7.7%, -30% y - 7.4%, respectivamente. Es muy llamativo que la reducción del 45% y el 14% de las partidas para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), respectivamente, no obstante que las mismas están en el corazón del Acuerdo Final con las FARC que el Estado debe honrar. Además, llama poderosamente la atención que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) prácticamente desaparece, pues los recursos asignados al mismo caen el - 87.6%, al pasar de $25 billones a sólo $3.1 billones. Es como si se asumiera que el impacto de la pandemia y sus secuelas desaparecieran como por arte de birlibirloque el 31 de diciembre de este año. Según el Ministro Carrasquilla el choque de la pandemia “se irá mitigando en los próximos meses” y por ello “para 2021 se proyecta un retiro parcial y equilibrado de los mayores gastos incurridos en el presente año”.

Al determinar las fuentes de financiamiento quedan muchas dudas. Según estimativos del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que dirige el investigador Luis Carlos Reyes, este proyecto de presupuesto está desfinanciado en $39.1 billones, aproximadamente. Según el Ministerio de Hacienda dicho hueco se cubriría apelando a la enajenación de activos por valor de $12 billones y los otros $27.1 provendrían de algo tan difuso como son los “otros recursos de capitales”, sin especificar cuáles. Aunque se plantea, como alternativa, la refinanciación de $22.2 billones, pagando deuda con más deuda, como se ha venido haciendo con la deuda por parte del Ministro Carrasquilla, haciendo pasar gasto por financiamiento, aún quedarían por cubrir $16.9 billones.

 Es muy importante señalar, hablando de los ingresos corrientes de la Nación (ICN), que se aspira a recaudar $152 billones, apenas $6 billones menos de lo que se esperaba recaudar en 2020 antes de la pandemia, sobreestimando el recaudo esperado. Como afirma José Ignacio López, Director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo se advertía que las cuentas lucían relativamente optimistas. Afirma él que “se espera un crecimiento importante de ingresos corrientes para una recuperación muy importante de la economía. Los ingresos tributarios crecerían 13% y eso nos parece ambicioso…pensamos que la recuperación será lenta”.

Además, en el  Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se aprobó un déficit fiscal del - 8% compatible con una caída del PIB del - 5.5%, pero todo indica que va a estar más cerca de la previsión del Banco de la República que está en un rango entre - 10% y - 6%, con un escenario central del – 8.5% o de la del FMI de -7.8%. El Ministro Carrasquilla, con su optimismo panglosiano, aspira y espera un raudo y fuerte rebote del crecimiento de la economía en 2021  con un ritmo de 6.6%, estabilizándose en una tasa de crecimiento de 4.77% en los tres años subsiguientes. Sin embargo, para FEDESARROLLO “el panorama de crecimiento económico para 2020 – 2030 luce desalentador, con un ritmo proyectado de 2.5% anual”.

Cota, septiembre 2 de 2020

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¡En 1994!, ¡con autorización del INCORA!, Joaquín le vendió libremente su parcela a Víctor, otro campesino de Riosucio, Santander.

En 2011, ¡17 años después!, ya expedida la Ley 1448, Joaquín, que nunca se desplazó, decide que vendió presionado, se declara víctima, solicita restitución, el juez le da la razón y el pobre Víctor, ya anciano, que nunca lo amenazó y pagó lo pactado, 20 años después termina despojado por el Estado que autorizó el negocio.

Es una tragedia repetida, por cuenta de sentencias que convierten en “opositores” a campesinos “de buena fe” que les compraron a avivatos devenidos en “víctimas”, por una ley necesaria -siempre lo he dicho- frente al despojo de narcoterroristas de toda laya, pero con fisuras que la convirtieron, paradójicamente, en instrumento de despojo estatal.

No obstante, para Ariel Ávila, “pazólogo”, “violentólogo” y “tierrólogo” del “farcsantismo”, la cosa es al contrario; no existen terceros de buena fe, y Víctor es uno de esos perversos “civiles que se quedaron con la tierra despojada”, a quienes la senadora María Fernanda Cabal pretende beneficiar en un proyecto que “legaliza el despojo y deja desamparados a campesinos que fueron desarraigados”…, como el “pobre bandido Joaquín”.

Así lo afirma en su reciente líbelo -¿Quién despojó la tierra en Colombia?-, con mentiras basadas en un informe de “Forjando Futuros”, otra ONG como “PARES” y su antecesora “Arco Iris”, de Ávila y el exeleno León Valencia, y muchas otras que tuvieron con Santos ocho años de “vacas gordas”, ordeñando la cooperación internacional y los recursos de nuestros impuestos.

Ávila vive de “ordeñar” alimentando estigmas. Entre Petro y Santos le mantuvieron un promedio anual de 50 milloncitos en variados contratos durante 2013-2016, que incluyeron hasta la Policía Nacional y el ICBF. Entre 2014 y 2016, la Alcaldía de Santa Marta -Carlos Caicedo, actual gobernador- les ayudó a sus amigos de PARES con 1.300 millones. En 2018, “Judicial Watch”, fundación contra la corrupción en Estados Unidos, denunció que Nuevo Arco Iris, PARES y Las Dos Orillas, recibieron ¡al menos un millón de dólares! de USAID.

La fuente de Ávila, Forjando Futuros, se precia de haber recibido cooperación internacional por ¡5 millones de euros!, y recursos del estado colombiano por ¡9 millones de euros más!

Es la rentabilidad de la mentira: Que son 6,5 millones las hectáreas despojadas, cuando el mismo Santos se comprometió a restituir 2,4 que estimaban despojadas. Hoy, después de 10 años y un gasto presupuestal de más de dos billones, a julio 30 la URT reportó 382.755 hectáreas restituidas.

Que “las guerrillas” solo despojaron el 16% es otra mentira. El fiscal de la época tasaba su emporio terrateniente en billones y un informe de El Tiempo (2018), con cifras de la URT, afirmaba que “… el 44 % de los despojos, según lo nombran las víctimas en su declaración, los hizo la guerrilla de las Farc…”.

Ávila, PARES y Forjando Futuro son un botón de la muestra de ONG de izquierda dedicadas al ordeño de recursos. Platica mal gastada en estudios y mentiras, mientras se profundiza la pobreza, como hizo la reforma agraria durante décadas, pues el 54% de las restituciones tiene un área inferior a cinco hectáreas, es decir, pobres que lo seguirán siendo, detrás de los cuales no hay un paramilitar ni un guerrillero.

Más haría el Gobierno concentrando recursos para brindar verdaderas soluciones a quienes fueron despojados, excluyendo avivatos y dejando de “cebar” a quienes, montados a hombros de la tragedia humana, se dedican al ordeño infame de la ingenua cooperación internacional, y de los recursos escasos del presupuesto. ¡No más vagabundería!

Bogotá, D. C, 5 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mons Víctor Manuel Ochoa Cadavid*.- En estos días celebramos el JUBILEO DE LA TIERRA, vivimos en un mundo complejo, con profundos cambios sociales en una humanidad que también tiene unos retos inmensos, en campos diversos, que afectan a los hombres y a la persona humana en todos los lugares de la tierra. Esta situación no se debe solamente a la grave situación que nos aflige, con el masivo contagio del virus COVID-19.

Son muchos los elementos que se unen para mostrarnos este panorama ecológico terrible, la destrucción de los bosques de la tierra, la explotación desmedida de los mares y de sus recursos pesqueros, la actividad minera intensiva -legal o ilegal- para extraer minerales y recursos para la producción industrial, el uso indiscriminado de los combustibles para producir energía, con el desprendimiento del carbono en cantidades ingentes.

El hombre, en todos los confines de la tierra ha asumido una actitud de aprovechamiento desmedido y desordenado de los recursos de la tierra, llevando al límite las capacidades de regeneración del equilibrio de la naturaleza. Todos somos conscientes de estos cambios que han sucedido en los últimos decenios y que nos afectan directamente con el llamado cambio climático.

Son muchas las tragedias que hemos experimentado entre nosotros por los huracanes, las temporadas excesivas de lluvia o la sequía. Particularmente la escasez de agua potable, que es la protagonista de estas crisis que afectan a muchos pueblos de la tierra. En muchos campos el hombre busca su bienestar, su alimentación, su transporte. Todo ello ha afectado el equilibrio de la tierra con desmedidas emisiones de gas carbónico. Estas emisiones llegan a ser 35 millones de millones de toneladas de gas carbónico, en el año 2019.

Estos días, entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre de 2020, se celebrará el “JUBILEO DE LA TIERRA”, que comienza con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Papa FRANCISCO, desde el inicio de su “Solicitud por todas las Iglesias”, como Obispo de Roma, nos ha invitado a una “Conversión ecológica” (Cf. Encíclica Laudato Si’, ns. 5,8, 216,221).

El Papa FRANCISCO nos invita a empeñarnos en esta tarea del cuidado de la creación con muchas acciones precisas con las cuales evitaremos dañar el planeta, alejando la posibilidad de dañar la creación de Dios, asumiendo también la conversión de esos pecados (una sociedad de consumo desmedida, el uso excesivo del plástico, el desperdicio del agua potable, el no reciclar los bienes materiales, la destrucción de los bosques y la naturaleza, el mal uso de la electricidad).

Hace 50 años se estableció en la humanidad “El día de la Tierra”, en ambientes ecologistas de los Estados Unidos de América. El Papa FRANCISCO en el rezo del Angelus, del día 30 de agosto 2020, nos recordó que “Celebramos con nuestros hermanos y hermanas, cristianos de diversas Iglesias y tradiciones el “Jubileo” de la tierra, para conmemorar el establecimiento, hace 50 años, del “Día de la Tierra” y que dará inicio con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación”.

Este es un gran reto para los católicos y para todos los cristianos, esta es una tarea que también otras Iglesias, como la gran Iglesia hermana de Constantinopla, con el Patriarca Bartolomeo han emprendido.

El Santo Padre en este mensaje que ahora ha escrito para este Jubileo nos indica una gran enseñanza a partir de una frase del libro del Génesis “Dios vio que era bueno” (Gen 1, 25), nos enseña qué es este Jubileo con cinco grandes actitudes: el Jubileo es un tiempo para recordar, regresar, descansar, reparar, y alegrarse.

Tiempo para recordar: Que Dios es el destino eterno de la creación y haciendo memoria de la vocación original de la creación, en el respeto de las obras de Dios y de las relaciones entre los hombres.

Tiempo para regresar: Para volver atrás y arrepentirse del daño causado a la creación, rompiendo con Dios. Es el “tiempo para volver a Dios, nuestro creador amoroso”. Debemos pensar en el destino de los bienes de la tierra como “herencia común, un banquete para compartir con los hermanos” (n. 2).

Tiempo para descansar: Dios estableció el reposo del Shabat, el sábado, que los católicos vivimos en el Domingo de la resurrección del Señor. De frente al clamor de la creación, ocasionada por el daño ecológico es necesario hacer descansar la tierra. Dice el Papa “hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles que restituyan a la tierra el descanso que merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos mantienen” (n. 3). Es necesario redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. Hay una gran llamada a evitar aspectos nocivos y nuevas formas de relaciones entre los hombres.

Tiempo para reparar: Una invitación a reparar la armonía original de la creación y a sacar las relaciones humanas perjudiciales. Es necesario reparar la enorme deuda ecológica. Propone el Santo Padre asegurar los incentivos para la recuperación de muchas maneras y formas, para mirar el mundo con cariño y sentirlo como propio. Todos los pueblos están siendo invitados a asumir estas tareas.

Tiempo para alegrarse: Por la respuesta ecológica, sabiendo que la relación con el Creador puede ser mejor. “Las cosas pueden cambiar” (FRANCISCO, Encíclica Laudato Si’, n. 13). Nos invita el Papa a “crear un mundo más justo, pacífico, sostenible”.

Estas reflexiones del Papa FRANCISCO son fundamentales para el tiempo actual, mirando a Jesucristo, el Señor del tiempo y de la historia, que hace nuevas todas las cosas (Apocalipsis 21,5). Tenemos que cambiar y reconocer la importancia de la tierra, de la naturaleza, del jardín maravilloso en el cual nos ha puesto el Creador, y sobre el cual tenemos la gran responsabilidad del cuidado de esta “casa común”. Reflexionemos.

Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2020

*Obispo Diócesis de Cúcuta

Por Jairo Gómez*.- Otra caja de pandora del paramilitarismo debe aterrizar en el país los próximos días: Rodrigo Tovar Pupo, alias ´Jorge 40´. En su valija, como es de esperar, trae esa información que lo hizo célebre en las décadas del noventa y dos mil, entonces comandante del  Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya era el patrón en la zona y las más influyentes familias, políticos, el Batallón la Popa y reconocidas mineras internacionales del carbón, le hacían caso. Con el fusil al hombro sembró el terror para erradicar, supuestamente, a los grupos guerrilleros.

Sin embargo, años después, alias ´Jorge 40´, fue extraditado a Estados Unidos por narcotraficante. Cuando le notificaron la extradición en una cárcel de Barranquilla, “se tiró al suelo y a grito herido dijo: me traicionaron”, me contó Alcides Mattos Tabares, alias “El Samario”, un paramilitar de confianza de Tovar Pupo junto a alias “Tolemaida”.

Ese argumento, el de la traición, fue el que esgrimió ´Jorge 40´ ante el juez Reggie Walton el 6 de noviembre de 2015 en la Corte que lo juzgaba, según relata la organización InSight Crime en un extenso artículo que tituló “Élites y crimen organizado en Colombia: ´Jorge40”.

Y, para fortalecer su tesis de la traición frente al juez, dijo: “yo soy un prisionero político, soy inocente y me acusan de participar en una conspiración inexistente”. Al parecer, dice la publicación, eso conmovió al juez quien a cambio de 30 años de cárcel terminó condenándolo a 16.

Pues bien, en Colombia la justicia lo espera para que responda por delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado, despojo de tierras, conformación de grupos paramilitares etc. etc. Algunos Medios de Comunicación aseguran que la Fiscalía General de la Nación registra su participación en más de 20 mil crímenes relacionados con el paramilitarismo, aunque él, en justicia y paz, de donde fue expulsado, reconoció no más de 100.

Pero para ´Jorge 40´ nada está perdido, tiene una gran oportunidad de resarcir sus pecados y hacer de esos hechos delictivos una causa política acogiéndose a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Sin duda, este hombre tiene mucho que contar. Es una gran oportunidad para comenzar a desenredar el ovillo de ese Magdalena Grande -Cesar, Magdalena, Guajira- y la disputa entre esas familias poderosas que se aliaron con las causas más crueles para consolidar su poder: Los Gnecco y Araujo, como bien lo señala la rigurosa investigación de Insight Crime.  

Para nadie es un secreto que ´Jorge 40´ fue utilizado por esas potentes familias para consolidar su poder en la región de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena que auspiciaron grupos armados ilegales para adueñarse del territorio y someter o desplazar a una gran masa de campesinos. Con esos grupos armados no solo asesinaron y desaparecieron campesinos sino que los despojaron y desplazaron de sus tierras, es decir, hicieron una contrareforma Agraria a sangre y fuego.

Son muchos los interrogantes que Jorge 40 debe venir a resolver, pero también contarle la verdad a las cientos de miles de víctimas que dejó con su accionar violento, de lo contrario le esperan más de 40 años de cárcel.

Mattos Tabares, alias “el samario”, me decía que “nosotros -el Bloque Norte- éramos el Estado; decidíamos a quién elegir; cómo deberían repartirse los contratos y a quienes había que favorecer. Decidíamos sobre la propiedad de  las tierras. Porque nosotros lo controlábamos todo: gobernaciones, registradurías, contralorías, procuradurías, la agencia de restitución de tierras, todo; nada se movía sin que nosotros diéramos la orden”.

Pero además, debe contar, alias “Jorge 40”, cómo fue su relación con las mineras Drummond y Prodeco, que como bien lo relata una investigación de la organización no gubernamental PAX llamada “El Lado Oscuro del Carbón”, se trató más de un vínculo orgánico que coyuntural. Cuenta la investigación que el líder paramilitar recibió un millón 500 mil dólares para crear el “Frente Juan Andrés Álvarez”, y que posteriormente recibían una mensualidad de apoyo para su manutención.

“Quiero recuperar la libertad para recuperar la lucha en mi país, no para volverme narcotraficante. He cometido errores y estoy dispuesto a luchar por la reconciliación de los colombianos”, le dijo alias ´Jorge 40´ al Juez Walton ese noviembre de 2015. Hágale, aquí lo esperamos. La mejor manera de resarcir a las víctimas y apuntalar la reconciliación entre los colombianos es contando la verdad, y nada más que la verdad. ¡la JEP lo espera!

Bogotá. D, C, 5 de septiembre

*Periodista. Analista Político. 

@jairotevi       

Por Gabriel Ortiz.- La pandemia pasó la cuenta y seguirá cobrando por las arbitrariedades y brutalidades que el ser humano ha cometido con el planeta. La venganza y alevosía con que actúa, golpea a los dueños de este globo, en donde más les duele: la riqueza y el poder.

Todos los países buscan evitar, o superar la quiebra de sus economías. En Colombia, se ha atendido con prioridad y abundancia a los más ricos, luego a los medianos y con escasez a los pobres. Se esperaba que el Presidente Duque con su sabiduría económica, nutrida durante su paso por el BID, nos sacara del atolladero, pero parece que, como solía decir el Presidente Valencia, abuelo de Paloma, “pasó por ahí, como un rayo de luz a través de un cristal. Ni siquiera supo del principio básico y respetado desde la conformación de la Institución, que garantizaba siempre la Presidencia para un hispano. Su fascinación por Trump, lo llevó a la perfidia, de comprometer su voto por un gringo.

En esta emergencia, Duque y sus asesores, incluyendo al ministro de los “bonos de agua”, acariciaron con generosidad al sector financiero, al que no ha tocado el coronavirus. Los grandes recibieron dadivosos alivios y los de abajo, nada. El 84% del comercio, no tiene acceso al crédito.

Avianca, una empresa que ya estaba quebrada antes del covid-19, esa que recibió primero un espléndido apoyo con los famosos “viajes humanitarios”, cuyos costos para los millares de colombianos varados por el mundo, fueron y son estrambóticos, nos pide un inusitado crédito blando.  La foránea compañía, necesita más y el gobierno se apresuró a ofrecerle 370 millones de dólares, sacados de los impuestos que pagamos los colombianos, “porque hay que salvarla de la quiebra”. No se han contabilizado los otros activos que le proporciona el Estado, representados en las rutas que cubren gran parte del país y del exterior.

Hay quienes estiman que si esos 370 millones de dólares se destinan, por ejemplo a refinanciar los exagerados intereses de las tarjetas de crédito de los colombianos, se generaría una inmediata recuperación del comercio, del consumo y de la producción industrial, que crearían los 4.5 millones de empleos que requerimos con urgencia. En eso, ni en otras formas de restauración y rescate de la economía, se ha pensado. El flamante ministro Carrasquilla, no ha mostrado la cara. Seguramente no tiene formula alguna para salvarse, y ha puesto como “fusible” al joven y competente Viceministro Juán Londoño. ¡Que se caiga el vice, pero el titular no!

El Presidente Duque, debe olvidar las pésimas asesorías, sacar la sabiduría que aprendió de Luis Alberto Moreno y salvar la patria. Aún hay tiempo para salvar ¡primero lo nuestro!

BLANCO: La ley considera la manipulación de testigos, como un delito, así lo estima la Corte, ¿qué opinará la Fiscalía?

NEGRO: Según Carlos Holmes, los soldados gringos son virtuales.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández.- Con independencia de si en segunda instancia se confirma, modifica o revoca la sentencia de tutela concedida el 1 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio -en teoría para brindar asistencia y entrenamiento a nuestros soldados en la lucha contra el narcotráfico-, lo cierto es que, como dice el artículo 86 de la Constitución, todo fallo de tutela “será de inmediato cumplimiento”, sin perjuicio de su impugnación ante el juez competente y de su eventual revisión por la Corte Constitucional. 

El fallo del que se trata fue impugnado por el Gobierno, que simultáneamente envió comunicación al presidente del Senado, la cual fue respondida mediante carta del 17 de julio de 2020, en la cual se manifestó haber recibido una comunicación suscrita por 69 senadores de siete partidos políticos, que -según esa respuesta- “representan a más de la mayoría absoluta de los integrantes de esta Corporación”.  En  dicha comunicación, los senadores habrían considerado “que en lo respectivo  a la llegada a  Colombia de una comisión  asesora  de  la  Brigada  de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados  Unidos, el  Honorable  Senado de la República  ha  ejercido  de  manera satisfactoria el control político que le asiste a este cuerpo colegiado, y por tratarse de un asunto de cooperación militar que no implica tránsito de tropas, no procede dar  aplicación a  lo  señalado por el  numeral  4º  del  artículo  173 de  la  Constitución Política”.

En medios y redes varios senadores afirmaron no haberse dado ningún aval oficial para el paso o permanencia de tropas extranjeras en Colombia, y que, si bien se adelantó un debate de control político, al cual compareció el ministro de Defensa para entregar las explicaciones sobre el particular, “en la plenaria jamás se llevó a cabo una votación para autorizar la presencia de los efectivos norteamericanos”.

Varias observaciones cabe formular desde un punto de vista estrictamente académico:

- Las órdenes de los jueces de tutela deben ser cumplidas de manera inmediata, aunque se impugnen.

- La norma constitucional citada por el presidente del Senado (Art. 173-4) indica textualmente: “Son atribuciones del Senado: (…) 4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

Es el Senado, no el Gobierno, el titular de la atribución. Es de su competencia la decisión acerca de si se permite o no el tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio. Los soldados y las brigadas son tropas, y si son de los Estados Unidos, son extranjeras.

- Una carta como la mencionada, así sea suscrita por muchos congresistas, no sustituye un acto formal de las plenarias de las cámaras, ni de sus comisiones, que debe ser adoptado previa discusión, votación y consignación en acta y oficialmente publicado. Si esa sustitución se aceptara, no solamente serían desconocidas las normas constitucionales y el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), sino que serían atropelladas las minorías y su derecho constitucional a participar y votar en los debates.

-Hay que cumplir las normas.

Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- La cuarentena en Bogotá duró casi seis meses. A mediados del 14 de marzo, muchos bogotanos empezaban a aislarse preventivamente; luego con el simulacro de la cuarentena muchos quedaron en los lugares en los que se encontraban hasta finales de la semana pasada. Durante este tiempo, como era lógico, el tráfico de vehículos bajó y las personas que decidieron empezar a transportarse por medio de bicicletas incrementó exponencialmente, como una medida de seguridad para lograr el distanciamiento en el transporte, además de una forma saludable de vivir. Pero lo obvio y lógico era que, una vez finalizara la cuarentena obligatoria, al volver progresivamente a la normalidad en materia de tránsito de vehículos todo se iría regularizando y por lo tanto, el terrible tráfico tradicional de la ciudad regresaría cada día más a la normalidad.

Lo curioso es que muchos actúan como si la vida hubiese regresado a su estado normal, una actitud irresponsable y peligrosa porque el coronavirus sigue presente en el mundo y por tanto, los colombianos aún no contamos con una vacuna para poder regresar a la cotidianidad como muchos ya lo han hecho. Y es que nuestra responsabilidad no es únicamente con nosotros mismos, es también con los demás, nuestros compañeros, vecinos y las familias de éstos. Esto exige que la disciplina social se aplique en el uso de tapabocas, lavado permanente de manos y distanciamiento entre las personas, para que el virus no se propague más.

Lo que nunca se imaginó la ciudadanía es que las autoridades de Bogotá creyeran que antes de aumentar las vías para los vehículos que tanta falta hacen, en el norte de la ciudad, por la carrera séptima nos quitaran un carril, lo que ahora hace casi imposible el tráfico de los vehículos.

Durante la Alcaldía de Enrique Peñaloza resolvieron poner por la carrera 11 un carril para bicicletas lo que, aunque si bien perjudicó el tráfico de automóviles, fue bueno para permitir organizar la circulación de este sistema de movilidad. Pero ahora quieren también hacerlo por la carrera séptima lo que hace imposible el tráfico vehicular.

Ya en el pasado era bastante difícil transitar en las horas pico por la carrera séptima y estaba tan congestionado el tráfico que para transitar de una residencia más allá de la calle 100 a sus oficinas en las mañanas o en las noches, las personas se demoraban más de una hora para recorrer 30 o 40 cuadras. ¿Cómo será ahora cuando nos quitaron un carril en dirección sur?

Será que las autoridades de Bogotá quieren complicar aún más la ciudad y no entienden que después de tanto sacrificio necesitamos tranquilidad y facilidades para un mejor bienestar?

Ya es conocido que la inseguridad está desbordada, que todos los días hay más asesinatos en atracos y robos, que las gentes están muy lastimadas por su situación económica, por las consecuencias de las medidas de la pandemia y en muchos casos quebradas y con graves problemas como resultado.

Lo que necesitamos es mayores oportunidades de trabajo, menos tramitología y corrupción, seguridad y obras para la ciudad.

Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz