Opinión

Por Jairo Gómez*.- Al “presidente eterno”, como le dicen sus discípulos a Álvaro Uribe Vélez, le apareció la autoridad que lo puso tras las rejas. Al intocable y omnímodo expresidente, dueño de 800 mil votos en 2018, lo puso en la cárcel -lo digo simbólicamente- un  político de izquierda y defensor de los Derechos Humanos que a duras penas logró 80 mil votos, Iván Cepeda Castro.   

Una lucha desigual, a lo “David contra Goliat”. El curtido político, después de pasar ocho años en la Casa de Nariño, encontró en el Senado el escenario propicio para perpetuar su legado, blindarse del cúmulo de investigaciones que lo acechan y, por supuesto, consolidar su proyecto con la elección de Duque como presidente en compañía de los 18 senadores que ayudó a elegir. Ya broquelado, utilizó el proyecto para volver trizas el Acuerdo de Paz, pisotear y borrar de la faz política a la izquierda, porque, según Uribe, es la madre de todos los males que tiene Colombia.

El poderoso Senador (o ¿Goliat?), que colonizó durante dos décadas la vida política de los colombianos, quiso destruir y mancillar la reputación de Cepeda Castro (o ¿David?).  Aturdido por el odio, no aguantó los serios cuestionamientos que le hizo el Senador de izquierda en el debate de control político (17-09-14) por sus relaciones con grupos paramilitares, Uribe abandonó el recinto y, previo aviso a los 107 senadores, raudo se dirigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a denunciar a su opositor por manipular y comprar testigos para que declararan en su contra; pero el tiro le salió por la culata: de denunciante paso a investigado.

Acostumbrado a imponer su voluntad política -cambió la Constitución para hacerse reelegir- se estrelló contra el infranqueable muro de la CSJ que, tras asumir la investigación, encontró que los hechos eran opuestos: fue Uribe (como presunto determinador) quien en compañía de su equipo de la Unidad Legislativa y el abogado Cadena (hoy también preso) el que quiso enlodar a Cepeda, al establecer un presunto fraude procesal y soborno de testigos contra el legislador de izquierda.

Acorralado, tras el descubrimiento de su macabro plan contra Cepeda, acudió al poder establecido para que éste lo rescatara y encontró, como era de esperar, un incondicional apoyo; ese establecimiento, sin importar el cúmulo de evidencias o lo dicho por la CSJ en su providencia, extendió una capa de protección sobre el expresidente, incluida una clase política repugnante, un empresariado genuflexo y una camarilla de periodistas que salieron del closet uribista para edificar un muro de impunidad; lo que debería ser una postura de decencia y de respaldo a la independencia de la justicia como soporte democrático, los Medios de Comunicación optaron por confundir y propagar el miedo de que si Uribe iba a la cárcel el país se iba a despedazar; pero además sin el menor asombro dejaron que graduara a los magistrados de “secuestradores y mafiosos”.  

Por su parte, consciente de los instrumentos que provee la democracia, Cepeda hizo lo que debe hacer cualquier demócrata: primero estremeció la integridad de Uribe en un debate de control político para recordarle que era un hombre terrenal con muchas investigaciones judiciales a cuestas que rayan con delitos de lesa humanidad, y después acudió al llamado de la justicia para responder por la trama que le había fabricado el todo poderoso Goliat y, absuelto por la CSJ, le lanzó la honda de David que quedó estampada en la frente del preso #1087985.

Dice Wikipedia que la frase “David contra Goliat” ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario más grande y más fuerte. Es una descripción que encaja en la rivalidad entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, el primero un potentado político enchufado en las añejas élites capaces de evadir cualquier llamado de la justicia (hasta el 4 de agosto de 2020) y el segundo, un político de izquierda defensor de DD.HH que hizo de la justicia su propia causa y lo derrotó. El país, sin vacilación alguna, está cambiando.

Bogotá, D. C, 20 de agosto de 2020

Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Muchas fueron las preguntas que formularon mis estudiantes de Derecho Constitucional a propósito de mi análisis sobre el preámbulo de la Constitución Política, su fuerza vinculante y los valores y principios que integran la parte dogmática de la Carta de 1991, entre ellos la soberanía nacional, la democracia, el Estado Social de Derecho, el respeto a los Derechos Humanos.

Uno de los interrogantes de mayor interés, y muy extendido en el grupo, fue éste: “Más allá de la formulación teórica sobre los orígenes, fundamentos y sentido de los postulados expuestos, nos preocupa establecer y entender si tienen alguna importancia y utilidad en la práctica, en Colombia, tras casi treinta años de vigencia de la Constitución y a los doscientos diez años de la Declaración de Independencia. ¿Rigen, hoy, esos conceptos en nuestro medio? ¿Se puede hablar con certeza de un Estado Social y Democrático de Derecho?"

Imposible responder de una manera absoluta. No se podría afirmar que el Derecho tentado y la vida práctica coincidan totalmente. No solamente en Colombia, sino en el mundo, y en todas las épocas. Entendiendo por Derecho tentado aquél al que aspira la sociedad, y el que, en el caso de los constituyentes colombianos, se quiso realizar en un momento histórico marcado por la violencia y el desasosiego. En el otro extremo está la realidad que vivimos, que también se desenvuelve en medio de un conflicto que no termina y de nuevas formas de violencia.

Pero tampoco podemos sostener que todos los propósitos institucionales de nuestro Derecho fundamental hayan fracasado. Ha sido mucho lo que se ha logrado en estos años, particularmente gracias a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, y antes de la actual Constitución por la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia -porque tampoco es que todo lo hayamos inventado en 1991-.

Pero es evidente -ello explica las bien fundadas inquietudes estudiantiles- que falta mucho para realizar los ideales de nuestra democracia. En los últimos años hemos venido en retroceso, y buena parte de lo que se había conseguido ha venido decayendo. Políticos y dirigentes proclaman, y hasta declaman, en sus discursos de campaña y en el gobierno -ahora en los programas oficiales de televisión- su profundo respeto hacia el Derecho vigente. A las instituciones. A las reglas constitucionales. Hacia el logro de los objetivos sociales por las vías legales. Hacia los derechos y garantías, en especial a favor de los más débiles.  Pero mucho de lo que se expresa resulta ser vano y teórico; alejado de la realidad y de las acciones. 

Estamos llegando a un punto en que los valores y principios constitucionales y el Estado Social de Derecho son cada vez más utopías que realidades. Solo frases de cajón, y ahora, en detrimento del Estado de Derecho, se quiere que la opinión en redes, los llamados de vicepresidentes extranjeros y las encuestas prevalezcan sobre las providencias judiciales. 

Reflexionemos. Vigencia efectiva de soberanía, democracia, Estado Social de Derecho, separación funcional, imperio de la ley, independencia de los jueces, respeto a sus decisiones, gobierno responsable, control judicial, control político y legislativo, contrapesos. ¿No tenemos eso?  Vamos mal.

Bogotá D. C, 20 de agosto de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.- Un verdadero tire y afloje como coloquialmente se dice, fue el que se vivió entre el Gobierno Nacional y los departamentos del país por cuenta del Proyecto que regula la organización y el funcionamiento del nuevo Sistema General de Regalías (SGR), iniciativa que debatimos en las Comisiones Quintas del Congreso de la República. 

Este es un proyecto de suma importancia, especialmente para las regiones colombianas que verán reflejadas inversiones significativas en los entes territoriales por cuenta de grandes recursos que canalizarán a través de las regalías. El proyecto de ley radicado por el Gobierno, entre otras cosas, duplica la asignación para los territorios productores, pasando de un 11% a un 25%. 

Sin embargo, hay muchas preocupaciones de por medio, entre ellas las que señalan que la autonomía regional podría verse afectada, situación que tras una serie de propuestas logró una concertación entre las partes. 

Pero la iniciativa también trae enormes bondades como la protección a los municipios de quinta y sexta categoría que son la inmensa mayoría, para que sigan teniendo recursos directos de regalías. De igual forma, se concertó una nueva fórmula para la distribución de los recursos asignados para la inversión local, es decir el 15% del SGR, que beneficiará no sólo a 309 municipios, sino a más de mil. Es decir, el proyecto aumenta la asignación para los municipios más pobres del país dando continuidad a la regionalización como criterio de acceso a los recursos del SGR, como bien lo afirman desde el nivel central. Esto se dio gracias al debate en las Comisiones Quintas y a nuestros aportes en el enriquecimiento de la iniciativa. 

El acuerdo entre gobierno nacional y departamentos, también estableció que el 2021 será un año de transición y que para 2022 los departamentos tendrán que garantizar el 40% en proyectos que impacten verdaderamente sus territorios. Asimismo, las regiones mantendrán su poder de decisión en los grandes proyectos de inversión. Así las cosas, la asignación para la inversión regional, que actualmente está en 34%, será ahora distribuida a las regiones para la ejecución de proyectos de gran impacto. Lo que, sin duda, se reflejará en desarrollo y progreso para los municipios colombianos. 

Ahora, los componentes de población, necesidades básicas insatisfechas (NBI) y desempleo, tendrán una nueva fórmula que les permitirá a las regiones avanzar en minimizar esos factores, en ese orden tendrán el 40% población, 50% NBI y 10% desempleo para tal propósito, lo que sin duda favorecerá a los departamentos más pobres del país. 

Esperamos que haya continuidad de las Secretarías Técnicas de los OCAD Regionales, así como se conservó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación como eje articulador para decidir y aprobar los proyectos financiados con la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Las regalías y sus millonarios recursos deben ser uno de los grandes motores de la reactivación económica del país, deben convertirse en un apalancamiento efectivo de las regiones para superar la actual contingencia en el corto y mediano plazo. Colombia pasa actualmente por una profunda crisis en materia productiva y de empleabilidad, requerimos entonces que desde las regiones se articulen esfuerzos de ejecución de buenos proyectos que permitan generar fuentes de trabajo y vincular mano de obra calificada y no calificada para solventar en algo la actual coyuntura y para minimizar la curva de desempleo que tiene hoy a muchas familias colombianas en serias dificultades económicas. 

Desde la Comisión Quinta, tan pronto recibimos por parte del Gobierno Nacional mensaje de urgencia para el tramite de esta iniciativa, hemos dado todas las garantías para que el debate se desarrolle de la manera más armónica y enriquecedora por el bien del país, esperamos que antes del 30 de agosto, el Congreso de la República dé luz verde y se apruebe, por supuesto, con los aportes de cada sector involucrado, para que al final salga una proyecto integral, útil a las regiones y que sea garantía para el desarrollo nacional. 

Se requiere también que en las regiones se activen las veedurías ciudadanas como órganos de vigilancia efectivos, que sean garantes también de la ejecución de los proyectos, que emitan alertas tempranas cuando vean que algo irregular sucede con los recursos públicos para que así los organismo de control se activen y actúen de forma rápida y oportuna, no se puede dar el lujo Colombia de seguir presenciando monumentales obras que al final se perpetúan como elefantes blancos y verdaderos monumentos a la corrupción, eso lo tenemos que cambiar entre todos, pero necesitamos de veedurías fuertes y por supuesto de gobernantes transparentes cuyo único interés sea el bien general, el colectivo, el de la comunidad y no el bien particular e individual que tanto daño le hace al erario y a la imagen del país.

Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2020

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Parmenio Cuéllar Bastidas*.- No es fácil, cuando se lleva bien sembrado en el Alma el amor por el terruño, mirar impasible esa orgía de sangre que somete sin piedad a un pueblo, por más de medio siglo. Los samaniegüenses son mi más inmediata semejanza, como dijera de los colombianos el poeta Jorge Zalamea, en el Poema de las Escalinatas. Mis paisanos, y yo siempre junto a ellos, no aceptamos  -y no lo haremos jamás- esa lluvia de sangre que se nos ha querido imponer como destino.

Los samaniegüenses somos insurgentes; tal vez fuimos los primeros en Colombia que sacudimos los odios hereditarios liberal-conservadores y buscamos en hermandad elegir varios alcaldes progresistas que supieron construir bienestar y desarrollo.

Infortunadamente, el extenso territorio fue en ciertas zonas propicio para el cultivo de productos de uso ilícito, y esto, marcó desde entonces, no sólo la estigmatización contra vastos territorios, sino el sufrimiento de los campesinos inermes que padecen los abusos de los actores armados, como también de la fuerza pública.

De otra parte, en los albores de la década de los setentas llegaron también los grupos guerrilleros: FARC y ELN.

Pobreza, sobre todo rural, narcotráfico y conflicto armado con frentes guerrilleros muy activos fueron y siguen siendo tres ingredientes explosivos que marcarían el destino de los samanieguenses: sangre, sudor y lágrimas, como lo dijera Churchill cuando la segunda guerra mundial.

Los samaniegüenses nos confrontábamos en las elecciones municipales, pero nos uníamos en las presidenciales en torno a los candidatos de centro-izquierda: Carlos Gaviria primero, Gustavo Petro, luego.

Y allí, donde mis paisanos viven el abandono ancestral del Estado, el pasado sábado 15 de Agosto, en las horas de la noche, en un sector rural a escasos 2 kilómetros del casco urbano, y cuando departían en una reunión social, una decena de estudiantes fueron acribillados con armas de fuego que ocasionaron la muerte de 8 jóvenes estudiantes universitarios en Pasto, la capital del Departamento.

La noticia se conoció inmediatamente en todo el país a través de las redes sociales, pues los mismos victimarios la difundieron con un comunicado supuestamente del Ejército de Liberación Nacional, que se atribuía el hecho y lo presentaba como una sanción por violar el aislamiento obligatorio, a causa de la pandemia.

La noche nos sorprendió  esperando el comunicado del ELN, desmintiendo o confirmando la autoría del crimen. Como no lo hizo, no podíamos permanecer en silencio y en la noche condenamos el hecho y exigimos al supuesto agresor decir si ciertamente había cometido ese crimen horrendo.

Hoy se ha conocido el comunicado del ELN, que desde La Habana niega la autoría de los hechos y desmiente el comunicado que se le atribuye. Y la gente, en Samaniego, cree en la veracidad de lo afirmado por ese grupo armado.

Ahora que hay una mejor información de los hechos, tenemos claro que los agresores no llegaron a castigar a los estudiantes por violar el aislamiento preventivo, sino que los buscaban a algunos de ellos para asesinarlos.

Estos dolorosos hechos han conmovido a la opinión pública en el mundo entero por su crueldad, y por tratarse de jóvenes de hogares humildes que eran la ilusión de sus padres.

Ayer empezaron los cortejos fúnebres. La gente desfila en silencio. Saben quiénes fueron los agresores, pero tienen miedo de señalarlos. Las investigaciones judiciales, como siempre, no aclararan nada, y la muerte seguirá campeando en este apartado rincón de la geografía colombiana.

Gracias, a todos los hombres y mujeres del mundo, que nos han hecho sentir el calor de su solidaridad.

Hasta siempre, hermanos caídos en el silencio. Jamás los olvidaremos!. 

Pasto 18 de agosto de 2020

*Ex senador de la República y ex ministro de Justicia.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Cursa en el Congreso el Proyecto de ley que reglamenta el Acto legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto legislativo 05 de 2011 que reformó el régimen de regalías. Dicho proyecto ha debido ser presentado a más tardar el 30 de marzo, como lo dispuso el propio Acto legislativo, pero sólo se hizo el 5 de agosto; por su parte el Congreso tiene plazo para su aprobación el 30 de agosto, de lo contrario quedaría facultado el ejecutivo para expedirlo mediante Decreto legislativo.

Estamos, entonces, ante una situación litigiosa entre el Congreso y el ejecutivo, que podría derivar en demandas posteriores en el evento que el primero no alcance a expedir la Ley y el segundo la expida por Decreto. Podría alegarse que el ejecutivo, al no cumplir con la radicación a su debido tiempo del proyecto de ley, perdió la competencia y en consecuencia no la podría reasumir para expedirla alegando su propia culpa de la tardanza en su presentación extemporánea.

El Acto legislativo busca mejorar la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, la cual se vio reducida sensiblemente con la reforma del 2011. Con mucha razón dijo la ex directora del DNP Gloria Alonso, que si no se les mejora su participación “ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.

En efecto, pasarán de recibir el 10% al 20% y los municipios recibirán adicionalmente un 5%. Pero para que, como dijo la ex ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, haya“más plata para los productores y para los no productores también”, se echa mano de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Ello es preocupante, sobre todo después que el Gobierno Nacional dispuso de los $14.8 billones ahorrados en el FAE y en el Fondo de Pensiones Territorial para financiar el Fondo de Mitigación Emergencias. Dicho sea de paso, esta Ley debería establecer una fecha límite para que tales recursos les sean reintegrados a las regiones.

Tal vez el mayor cuestionamiento por parte de alcaldes y gobernadores a este Proyecto es con relación al Fondo de Inversión Regional, el cual recibiría el 34% de los recursos. Por una parte, porque los departamentos y municipios pierden el control del 50% de tales recursos que irían a una bolsa concursable y de contera la viabilización de los proyectos quedaría en cabeza de los ministerios y departamentos administrativos, lo cual conculca el principio de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Política.

Y, como si lo anterior fuera poco, el Gobierno central, a través del DNP asumiría la Secretaria técnica de la Comisión Rectora del SGR y también la del OCAD de Inversión regional, haciendo a un lado las secretarías técnicas de los OCAD regionales, disponiendo además de los recursos con los que estas cuentan actualmente para su desempeño, aproximadamente $120.000 millones, que pasarían a manos del DNP.

Cota, agosto 17 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- La publicación del libro póstumo de Alfredo Molano, “Cartas a Antonia”, me ha hecho reflexionar sobre las cosas maravillosas que probablemente cada uno tiene para contar de lo que ha hecho durante esta larga pandemia. Yo quiero contar la mía.

Mi nieta, que también se llama Antonia, vive fuera de Bogotá. Y hemos establecido la costumbre, religiosamente cumplida todos los días del encerramiento, de hablarnos quince o veinte minutos por teléfono. Al comienzo las charlas eran un poco monótonas y repetitivas. Hasta que un buen día se nos ocurrió que yo le leería dos o tres capítulos del “Quijote” en cada conversación y ella tomaría nota de las palabras del español del siglo XVI -el de Cervantes- que no entendiera, y que haría resúmenes de las aventuras del caballero de la Triste Figura y de Sancho Panza a medida que fuéramos avanzando en la lectura. Ya vamos terminando la primera parte del libro y la experiencia ha sido formidable. Espero terminar de leerle el libro completo antes de que finalice el confinamiento.

El ejercicio de abuelazgo a larga distancia ha sido inolvidable tanto para la nieta como para mí. Para ella, pues ha podido adentrarse en las bellezas de nuestra lengua y saborearlas con naturalidad. Cada día de lectura va acompaña de una pequeña información que procuro darle sobre los contextos históricos de los diversos capítulos: Lepanto; la lucha por el mediterráneo en los tiempos de Felipe II  que fueron  también los de Cervantes y de los cuales nos dejó un  testimonio soberbio  Fernando Braudel; la expulsión de los moros de España; la Santa Hermandad y la inquisición; América ante los ojos del español del siglo XVI, de lo que  hay tantos testimonios en el Quijote como  aquel del cautivo que se encuentra en la venta con el oidor, su hermano, que iba camino a tomar posesión en la audiencia de Méjico.

Nos hemos apoyado con mi nieta en otros materiales, como, por ejemplo, aquel que terminó siendo el libro póstumo de Belisario Betancur titulado: “Canoa. Cervantes y Don Quijote en las Indias” (dejo al cuidado de la curiosidad del lector que quiera averiguarlo porqué Belisario tituló “Canoa” este encantador libro), en el que recopiló doce espléndidas conferencias que a lo largo de los años pronunció en diversos foros cervantinos o en congresos de la lengua española.

El departamento de cine de la universidad nacional presentó también por estos días un bien logrado largometraje sobre Don Quijote en Bogotá.

Las enseñanzas del Quijote siempre guardan actualidad y destilan sabiduría. Como el consejo que el caballero de la Triste Figura le da a su escudero (ahora que vivimos en una época de atosigamiento de leyes y decretos) cuando Sancho se disponía a tomar posesión como gobernador de la ínsula Barataria:

“No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen: antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen”.

Esta experiencia de la pandemia deja muchas enseñanzas; pero la principal de ellas es que el Quijote es y seguirá siendo una novela para todas las épocas y para todas las edades.

Y, claro, queda flotando en la imaginación la pregunta que también se hace Belisario en una de sus conferencias: ¿Qué habría pasado si a Cervantes no le hubieran negado -como le negaron- el oficio en América que solicitó tan ahincadamente? ¿Se habría escrito el Quijote de todas maneras? ¿O el trópico se habría tragado la imaginación del príncipe de las letras castellanas y su obra maestra nunca habría visto la luz? Un enigma que afortunadamente ya lo resolvieron los más de cuatro siglos de andadura del Quijote por la geografía en que nos cupo la fortuna vivir a quienes hablamos la hermosa lengua del caballero de la Triste Figura.

Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Jorge Enrique Robledo* Aunque el candidato Iván Duque se comprometió a no suscribir más TLC (bit.ly/3fYmTPp), acaba de dejar en firme uno con Israel y tramita otros con el Reino Unido y Japón, tratados que le imponen a Colombia perder en los intercambios económicos, con consecuencias destructivas para el empleo y la producción nacionales.

Con Japón, por ejemplo, sucederá lo mismo que con los TLC suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, en los que el exiguo aumento de las exportaciones se hizo a costa de aumentar más las importaciones y empeorar la balanza comercial. Así están las cifras con los japonenses: hoy les vendemos 500 millones de dólares menos de lo que les compramos, pérdida que se agravará sin aranceles, quitándole además al Estado ingresos por 160 millones de dólares.

La pérdida se concentrará en la industria –y es falso que se gane algo equiparable en exportaciones agrarias–, donde se generan los mejores empleos y la mayor creación de riqueza, condenando todavía más a Colombia a sus islotes de modernidad en un océano de atraso científico y tecnológico, malos empleos y desempleo, pobreza y hambre. Exceptuados los intermediarios criollos que ganan con estas políticas, el país es perdedor en unos negocios de mula y jinete que explican en buena parte el profundo daño del covid-19, no por casualidad concentrado en enfermar y matar dentro de las legiones de pobres que nos avergüenzan ante el mundo.

Pero lo peor de estas decisiones de Duque y de sus socios en el reparto de beneficios recíprocos es que así también proclaman que en nada importante cambiará lo que hacían antes de abril, a pesar de que la grave crisis ya venía pitando y a contravía de todo lo que ha enseñado la pandemia. Por el contrario. Se han dedicado a manipular las cifras para engañar con la falacia de que todo “iba bien”, jugándole a que en el futuro esa mentira sea más creíble, mientras envenenan la controversia política para no debatir sobre el tipo de economía de mercado que necesita Colombia. Si la de corte colonial –en extremo dependiente de la minería y la deuda externa– o una que desarrolle al país y reduzca la desigualdad social.

Entre lo más pernicioso del “libre” comercio está la renuncia a industrializar a Colombia, incluido el crimen de destruirle una gran parte de la base industrial construida durante décadas y mucho de lo logrado en agroindustria, decisión que también implica impedir el avance científico-técnico, la base de todo progreso. Y que para efectos del Covid-19 nos puso en la peor de las circunstancias: que tantos carezcan de lo mínimo para poder prevenirse del contagio y que se haya hecho evidente la gran debilidad tecnológica para enfrentar el virus, al igual que para aportar en el diseño y fabricación de medicamentos y vacunas, poniéndonos bajo la tiranía de lo que impongan las trasnacionales y los países que sí se han construido sobre la base de producir y trabajar con los conocimientos más complejos.

Con el “libre” comercio, a Colombia la pusieron entonces en la condición más subalterna, la de simple consumidor de lo que saquen al mercado los países productores de medicinas y vacunas, en una competencia que se libra con reglas tan leoninas como las de las patentes de 20 años, cuyo fin son los monopolios que les imponen a los consumidores precios exorbitantes e impiden o ralentizan el progreso científico-técnico.

E Iván Duque, ese yes-man por excelencia, ya asumió como positivo para los colombianos bailar al son que le toquen, para lo que le firmó un pacto secreto a la trasnacional norteamericana Pfizer sobre su vacuna, acuerdo que, según el viceministro de Hacienda, puede llevar al país a perder la plata que se pague por ella (bit.ly/3hakMJu). Y ese negocio, como es obvio, no será secreto para los jefes de Pfizer ni para los del alto gobierno ni para los intermediarios y comisionistas que merodean en torno a ganancias tan grandes como la que resultarán de vacunar a miles de millones de personas, tierra abonada para abusos, fraudes y corruptelas.

Para enfatizar en por qué se necesita un activo control de la sociedad civil sobre esta vacuna y sobre el gobierno (bit.ly/344IH9H), estas son parte de las incertidumbres que la rodean: ¿cuándo, quién y dónde la creará y producirá, requerirá de una o más dosis, cuál será su grado de eficacia y su costo, precio y ganancia, en cuánto tiempo y en qué orden se vacunarán los colombianos, la pagará el Estado y será o no gratuita para todos?

Bogotá, 16 de agosto de 2020

*@JERobledo

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Para entender mejor qué significa la caída del PIB de 15.7% que acaba de confirmar el DANE para el segundo trimestre del año es conveniente analizar el desempeño de cada uno de sus componentes y compararlo tanto con nuestra propia historia como con el resultado de otros países.

En lo internacional, podría dar cierto consuelo saber que el PIB de USA registró una caída de 32.9% en el mismo período. Pero es una comparación equivocada, porque lo que allá se registra es la tasa anual de la variación trimestral, es decir el cambio en un trimestre multiplicado por 4. Con esa forma de medir, la caída del PIB que registraría Colombia sería cerca del 60%, es decir que el supuesto consuelo se convertiría en angustia.

Si vemos los datos comparables del comportamiento trimestral del PIB en los países de la OECD, a Colombia le va mal. Solo México y España tienen una caída superior a la del país (18.5% y 17.3% respectivamente), mientras que en los otros 15 países de la lista la contracción es menor. Se destacan los casos de Chile y Corea con una caída trimestral de “solo” 5.8% y 3.3%; Chile más afectado que Colombia por el Covid-19, mientras que Corea sí lo controló con gran rapidez.

Respecto de nuestra propia historia, el único antecedente que tenemos es la gran recesión durante el gobierno de Pastrana: en el segundo trimestre de 1999 se registró una caída de 6.8%, es decir menos de la mitad de la de ahora, pero con componentes diferentes. En ese entonces lo que más se redujo fue la inversión (caída del 48%), mientras que el consumo privado solo bajó 6.8% y las exportaciones continuaron creciendo a un ritmo del 6.1%.

En la recesión actual la inversión ha caído un poco menos (-32%), pero el consumo privado ha sido mucho más afectado (-18%) y, como es una crisis internacional, las exportaciones también han sufrido una reducción del 25%. En ambas coyunturas lo único que ha repuntado un poco y atemperado la crisis es el consumo del gobierno: en 1999 creció 3% y ahora 1,6%. Eso si sorprende que con todos los anuncios de ayudas oficiales el crecimiento del gasto público haya sido tan pequeño.

Dado que el consumo de los hogares representa el 70% del PIB, se puede afirmar que su reducción es la principal causa de la actual recesión, lo que plantea un serio interrogante sobre la forma y la velocidad con la que puede darse la recuperación del crecimiento, porque esa caída no se puede atribuir solo a la falta de ingresos o al cierre de la economía, también está el miedo al virus, y entonces los que tienen recursos no consumen porque les da susto salir a gastar, y los que no tienen porque no pueden comprar.

En Estados Unidos las cuantiosas transferencias a los desempleados, y las ayudas a la nómina de las empresas aumentaron el ingreso disponible de las familias en un asombroso 42% en el trimestre, pero aún así el consumo de los hogares cayó 10.5%. La gente prefirió guardarse la plática, y la tasa de ahorro subió del 9.5% al 25.7%. En Colombia las ayudas oficiales han sido mucho menores y, aunque no hay datos todavía, es de suponer que el ingreso disponible de las familias se ha reducido, lo que complica más las posibilidades de la reactivación.

Cali 16 de agosto de 2020

**Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*.- Entre las diversas promesas que hizo el presidente Iván Duque durante su campaña, se destaca la que comentó en un foro de la “RAP Caribe”, donde se comprometió a fortalecer las regiones y los departamentos del país. Su compromiso parecía que fuera a cumplirse, ya que en su discurso de posesión señaló: “Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres, eliminar las distancias entre regiones que acarician el desarrollo y otras que se sienten atrapadas en la exclusión y la miseria”.

Así las cosas y mostrando compromiso, sancionó la ley de regiones, de la cual tuve la oportunidad de ser ponente para fortalecer la capacidad administrativa y funcional de las regiones administrativas de planificación, dar la posibilidad de asignarles recursos del presupuesto general de la Nación, formular y presentar proyectos de inversión en el sistema general de regalías y acceder a cualquier fuente de financiación del Estado. Con esto se buscaba evitar que los gobernadores vinieran a Bogotá entre semana a “mendigarle” recursos para proyectos a los entes gubernamentales y así cumplir con sus objetivos, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, al parecer todo quedó en palabras, ya el gobierno nacional le da la “espalda” a los territorios con la radicación tardía del proyecto de ley que regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Esta iniciativa que busca centralizar aún más la ejecución de estos importantes dineros para proyectos locales, al no especificar cuáles pueden ser avalados por los departamentos, les usurpa de una manera descarada la potestad de decidir en qué invertir. Además, elimina las secretarías técnicas que ahora estarán a cargo del DNP, quien administraría los recursos que estaban destinados al fortalecimiento de las entidades y que representa cerca de 125.000 millones de pesos.

Lo anterior significa que ya no serán los gobernadores, quienes conocen sus realidades y falencias, los que decidirán el destino de su departamento, sino un funcionario desde un escritorio en Bogotá quien a su criterio resolverá qué se hace y que no. Lo anterior es un golpe mortal a los grandes esfuerzos para progresar en el tema del fortalecimiento regional y al que tanto tiempo se le había dedicado. Es una lástima que todavía se estigmatice a los gobernadores y a quienes representan, frustrando de nuevo que Colombia sea de una vez por todas un país de regiones.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2020

*Exsenador Liberal

Por José Félix Lafaurie*.- Colombia parece sufrir la enfermedad de Urbach-Wiethe, que inhibe al cerebro para reconocer el peligro y quien la padece, sencillamente..., no siente miedo. Qué falta hoy nos hace el miedo frente a la amenaza que se cierne sobre la democracia y el futuro del país.

Al Centro Democrático, durante la campaña del plebiscito y el triunfo del NO, se le acusó de usar el miedo como argumento electoral, y hoy me pregunto si no es legítimo frente a una amenaza real. No se trata de vivir asustados; sino de reconocer el peligro para enfrentarlo.

La amenaza era real: impunidad, negación del secuestro, reclutamiento y abuso de menores, no devolución de bienes ilícitos, no reparación y ninguna garantía de no repetición, pues ahí están las disidencias y el país infestado de coca. Combinación, pura y dura, de todas las formas de lucha.

Colombia está amenazada y es necesario sentir miedo para salvarnos de una carrera temeraria hacia el precipicio, como en Venezuela. Después de ocho años de polarización inventada por el “farcsantismo” y de estigmatización como “enemigos de la paz”, Iván Duque llegó a la presidencia ofreciendo una rama de olivo para reunificar el país alrededor de su futuro, pero su propuesta generosa y dialogante fue malentendida como debilidad y despreciada, con la amenaza cumplida de mantener al pueblo en las calles.

El centrosantismo, que casi le entrega el país a las Farc, que clamaba venganza por su derrota plebiscitaria, que necesitaba legitimar su atropello a la democracia y sufría la abstinencia de “mermelada”, se sumó a esa campaña de desestabilización que, en su último capítulo, no solo cobra como trofeo la libertad de Álvaro Uribe, sino que aprovecha con mezquindad el sufrimiento de los colombianos para atacar a un gobierno que ha hecho todo por proteger su salud, sus vidas y sus empleos.

Sí; es la combinación de las fuerzas de lucha: la desestabilización del narcotráfico y la violencia rural; la del microtráfico y la violencia urbana; la protesta callejera que sigue latente y convocada; la guerra política contra Duque desde el Congreso; la mediática desde las redes y los medios que aún pagan su gratitud; y la jurídica contra el Centro Democrático, con una justicia que mete a un patriota a la cárcel y deja a los apátridas en el Congreso; una justicia que se quitó la venda para escoger a quién acusa, a quién escucha y a quién le cree.

Es el socialismo fallido, disfrazado de “progresismo”, auspiciado desde La Habana, Caracas, São Paulo y ahora desde Puebla; listo para el zarpazo en 2022.

Erasmo elogió la locura, en un intento por salvar a la cristiandad y la sociedad renacentista; yo, sin pretensiones, me arriesgo a un “elogio del miedo” como mecanismo de supervivencia para un país amenazado.

Más vale tener miedo. Elogiado sea, si con ello contenemos la amenaza y salvamos a Colombia.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2020

*Presidente FEDEGAN