Opinión
Por José G Hernández.- Si algo es inherente al Estado de Derecho es la independencia de jueces y tribunales para adoptar sus decisiones. No deben ser susceptibles de influencia mediante halagos, críticas, premios o estímulos económicos, burocráticos o de otra índole; ni pueden ser sometidos a presión, y menos aún amenazados, intimidados o amedrentados. Ninguno de esos elementos externos, así sea muy fuerte, debe ser suficiente para romper la imparcialidad o la incorruptible fortaleza del togado. Si éste cede a semejantes tentativas de influjo, es indigno y no merece la confianza en él depositada.
El buen juez está por encima de los intereses en juego en el asunto sobre el cual conoce, pues no puede inclinarse ante ellos -ni en favor ni en contra-. Su compromiso es uno y exclusivo: la aplicación recta e imparcial de la justicia, siempre con estricta y clara sujeción a la ley, con miras a la realización de la justicia. Su función consiste en traer la norma abstracta al caso específico, de modo que concrete y haga valer en el proceso el concepto de lo justo. Nada más, ni nada menos. Lo justo.”Juris dictio”. Decir el Derecho.
Del “ojo de la justicia” (dikes ophtalmós) hablaban los griegos en la antigüedad. Interpretada esa referencia a la luz de los criterios del Derecho moderno acerca de la función judicial, hoy entendemos que el juez, en cuanto depositario de una atribución estatal que imprime carácter -la de administrar justicia-, es el garante principal de la vigencia de la democracia, de las leyes y de los derechos. Como decía Simón Bolívar, “la Justicia es la reina de las virtudes republicanas y solamente con ella se sostienen la igualdad y la libertad”.
A propósito de decisiones recientes o por adoptar en estrados, cabe recordar: en el Estado de Derecho es imperativo que se respeten las competencias de cada órgano. No es de recibo la práctica de moda, que pretende someter decisiones judiciales a consulta con el público. Providencias filtradas o imaginadas se llevan al supuesto dictamen de la opinión, que es mayoritaria solo en apariencia porque lo expresado en redes carece del rigor propio de las consultas electorales. Y, en materia de justicia es grave, porque se presiona a los jueces.
Los asuntos puestos al conocimiento de la administración de justicia no corresponden a la opinión, ni ella puede pronunciarse ignorando los hechos y el Derecho aplicable.
Preguntar a la opinión pública, que no tiene los elementos de juicio -fácticos ni jurídicos-, si alguien es o no penalmente responsable; si es culpable o inocente; detenido o libre; si debe ser condenado o absuelto; no contribuye a la justicia, sino que la obstaculiza y la desfigura. Esas conclusiones las deben adoptar los jueces, que para eso están. Allí no caben los plebiscitos. Lo que se falle o resuelva no depende de la opinión, sino de lo encontrado en el proceso y según la ley por los jueces competentes, con plena observancia de las garantías constitucionales.
Someter eso a consulta en redes sociales no solo implica sustituir los trámites procesales mediante inapropiadas figuras mediáticas, sino que implica irrespeto y presión indebida sobre los jueces y tribunales.
Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.-La apertura y el cierre de los aeropuertos y los vuelos, tanto nacionales como internacionales, es una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional y bajo ningún punto de vista debe entenderse que las autoridades regionales o municipales tienen la facultad para regularlo.
Otra cosa es que el Ministro del ramo y el director de la Aeronáutica Civil tengan conversaciones con autoridades regionales para concertar ciertos temas de índole local, pero nunca dejando en las autoridades regionales la decisión de abrir o cerrar nuestra conectividad área.
El país y el mundo entiende que en Colombia se hubieran cerrado temporalmente los aeropuertos, como sucedió en algunos otros países de los distintos continentes, mientras los sistemas de salud se adecuaban, se compraban las pruebas o tests para el coronavirus, se adquirían los reactivos necesarios para su análisis e incluso dotaba al sistema de salud de los elementos necesarios para hacer frente a la pandemia y adecuaban nuevas camas de cuidados intensivos con los respiradores necesarios para el tratamiento esta enfermedad.
Así mismo el país y el mundo entienden que el cierre temporal resultó necesario mientras se implementaban y adoptaban protocolos de bioseguridad y promovían normas sociales de comportamiento necesarias por la llegada del coronavirus. Pero lo que el país y el mundo no entienden es que logrados estos objetivos mantengamos al país aislado de la comunidad internacional e incluso de nuestras propias regiones a nivel nacional.
Los sistemas de transporte son necesarios e indispensables en la vida actual. Los aeropuertos y los vuelos además de ser un servicio necesario de los países, hacen parte del sistema de seguridad nacional, de su estrategia de competitividad, de su estrategia comercial y en este momento de la agenda de reactivación económica y de incorporación con el mundo.
Lo anterior basta para entender el por qué su funcionamiento no debe depender de las autoridades locales sino exclusivamente del gobierno nacional que tiene la capacidad de estudiar el momento y las necesidades de la nación.
Es urgente que se analice con prontitud la necesidad de abrirlos para el bien de la economía del país, claro está que con los protocolos a que haya lugar como ya lo dije y que ya están siendo implementados y usados en distintos países del mundo, y todo ello acompañado de una estricta cultura ciudadana.
Frente a este último aspecto no me cansaré de insistir en mis artículos que lo más importante no es el cierre de las actividades, sino el concientizarnos que de nosotros depende la salud propia y de los demás. Esta es la mejor fórmula para poder sobrevivir a esta pandemia. De ahí la importancia de usar tapabocas, guardar las distancias adecuadas entre cada una de las personas, lavarse las manos cada vez que se pueda y desinfectar todo objeto recibido o los zapatos antes de entrar a sus casas.
Si no es así, por aislamientos que se decreten o cierre de aeropuertos que se definan no vamos a poder superar el reto. Se calcula que el pico de la pandemia hoy en día se presentará no solo en unas fechas determinadas para todo el país, sino que dependerá de las normas que cada región ha adoptado y por tanto serán en fechas distintas. Tenemos que estar preparados y entender que nos tenemos que acostumbrar a convivir con este virus abriendo con responsabilidad nuestras actividades y sus instrumentos de apoyo como son los aeropuertos, hasta tanto en el mundo no se descubra y se pruebe la vacuna.
Lo más importante hoy es la conciencia social acompañada de una disciplina ciudadana. Si no es así los riesgos serán mayores para todos.
Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2020
*Excomisionado de Paz
Por Clara López*.- La verdad preocupa y por eso sigue la disputa. En su fallo sobre el acuerdo de paz, la Corte Constitucional eximió, de manera controvertible, a los terceros y agentes civiles del Estado de comparecer obligatoriamente ante la JEP.
En el marco de un Congreso a media máquina se ha iniciado una nueva arremetida contra el proceso de paz. El presidente Iván Duque interpeló a la presidenta de la JEP por una supuesta falta de resultados. El primer mandatario no podía haber olvidado que entre la aprobación del Acuerdo del Colón en 2016 y la puesta la marcha de la JEP se interpusieron, entre otros obstáculos, sus objeciones a la ley estatutaria que le restaron dos años a los cuatro que aducía en su reclamo. Al ser impreciso con la fecha, el presidente quiso mimetizar en ineficacia, las presiones indebidas que está ejerciendo hacia sus magistrados para que obvien el debido proceso y los acuerdos de paz, hoy Constitución y ley, con referencia específica a los casos contra los reincorporados de las Farc.
De otra parte, Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá, una fundación impulsada por el empresariado capitalino, y el general en retiro Juan Salcedo Lora secundaron con imputaciones de supuesto sesgo político a la Comisión de la Verdad (CEV), por la cancelación de un simposio donde el impenitente coronel, compareciente ante la JEP y precandidato presidencial, Hernán Mejía Gutiérrez, fungiría de experto académico sobre el tema de los falsos positivos, por los cuales está siendo juzgado. Una cosa es la comparecencia oficial para aportar verdad y otra muy distinta e inapropiada, la utilización de los foros académicos de la Comisión como plataforma de legitimación pública de su comportamiento, lo cual puede hacer en otros espacios.
La verdad preocupa y por eso sigue la disputa. En su fallo sobre el acuerdo de paz, la Corte Constitucional eximió, de manera controvertible, a los terceros y agentes civiles del Estado de comparecer obligatoriamente ante la JEP. Se trata de empresarios y particulares que patrocinaron y financiaron a los grupos paramilitares y que mucho tienen que aportar a la verdad respecto de las estructuras de poder regional que subsisten de ese malsano amasijo de política, plata y criminalidad. Poco después, el gobierno intentó privar a la CEV del acceso a la información de la fuerza pública sobre lo sucedido durante el conflicto armado, alegando motivos de seguridad nacional. Recientemente se ha pretendido acudir a la “magistratura de opinión” para anticipar condenas sobre reclutamiento de menores de edad con el fin de singularizar a las guerrillas de las FARC como los centrales responsables de las atrocidades cometidas por todos los actores del conflicto armado.
La verdad debe ser plural y reflejar los sucesos que comprometen la responsabilidad de todos los involucrados, incluidos los terceros comparecientes voluntarios, los paramilitares, los miembros de la fuerza pública, los agentes civiles del Estado y, desde luego, las Farc. Una verdad parcial, que apunte a la responsabilidad de una sola de las partes, no producirá la reconciliación y reducción de la violencia como instrumento político que busca el sistema integral de justicia transicional del acuerdo de paz. Ahora la guerra parecería ser una confrontación mediática por verdades parciales que puedan servir las finalidades de una facción, en desmedro de la verdad completa que merecen las víctimas de todos los actores armados y la sociedad en su conjunto.
Con seguridad, la CEV estará estudiando las sustanciosas sentencias de Justicia y Paz que condenan a Mancuso, Jorge 40 y otros comandantes de las AUC y que dieron lugar a 16.980 compulsas de copias a la Fiscalía General. De esas, solamente 2.574 están en investigación: 830 de agentes del Estado, 488 de miembros de la fuerza pública y 1.256 civiles. Muchos de ellos han solicitado ingreso a la JEP de manera voluntaria, para obtener beneficios a cambio de aportar verdad.
Es esa verdad completa, de las Farc, de los agentes civiles y uniformados del Estado y de los terceros patrocinadores y financiadores de los paramilitares, la que permitirá desarticular la máquina de reproducción de despojo de tierras, corrupción electoral y favorecimiento de actividades ilegales, por parte de actores ilegales y también legales, que sigue su curso. Solo con la verdad plural y completa se logrará consolidar el tránsito hacia la paz.
Bogotá, D. C, 4 de agosto de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo
Por Guillermo García Realpe*.- En abril de 2020 la actual dirección del Instituto Colombiano Agropecuario, emprendió una gran cruzada con la intención de tercerizar varios servicios de los que actualmente presta esa entidad y se valió del Acuerdo 002 para tal fin.
Desde el momento en que se conoció tal documento, todas las alarmas se prendieron, toda vez que la tercerización, conllevaría de paso a la privatización del instituto más importante en materia de control sanitario y fitosanitario del país.
A pesar de la fuerte oposición de muchos sectores, el proceso continuo a tal punto que se volvió una seria amenaza para los campesinos, los productores y en general los usuarios del ICA que serían sometidos a acceder a los mismos servicios, pero a través de unos particulares que asumirían esas funciones en un proceso de tercerización.
Surgieron muchos interrogantes, muchas preocupaciones alrededor de este acuerdo y cómo no sí en su artículo tercero se promulga básicamente la sesión y el objeto misional del ICA. El tema de control y vigilancia es muy complicado cederlo, no puede ceder el Estado las funciones fundamentales de sus entidades. Es inconstitucional reemplazar las funciones del ICA en unos gremios que son quienes finalmente están detrás de la tercerización de la entidad.
Decir que no se privatiza, pero si se terceriza, es como cuando se entregaban los acueductos 20 o 30 años en operación a los privados. También el artículo 12 hace referencia a los costos de los usuarios, los terceros van a cobrar sus servicios y eso también es un mal mensaje, que el Estado colombiano aun tercerizando ciertas actividades se les cobre a los usuarios y menos en tiempos de pandemia con la actual situación crítica que ya todos conocemos.
Otro de los muchos interrogantes que nos hacíamos es ¿qué ocurriría en una falla del tercero, quién responde; el tercero, el ICA o el Estado? De la misma forma si se terceriza, los particulares van a hacer jueces y actores, ellos mismos se van a controlar. Otra seria preocupación era que también se pudiera presentar un desangre de planta de personal, es decir del recurso humano, bueno, de experiencia, capacitado, en fin, sería la segunda arremetida que tendría el ICA en materia laboral, ya la primera se realizó hace varios años y bajo la actual situación grave en materia laboral que vive el país por cuenta de la contingencia, no nos podemos dar el lujo de engrosar la cifra de desempleo nacional.
Todas estas preocupaciones fueron llevadas al seno de la Comisión Quinta a un debate de control político citado por los catorce senadores que integramos esta célula legislativa, donde fueron citados el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, la directora del ICA, Deyanira Barrero e invitada la Contraloría General de la República.
Fue un debate amplio, con garantías donde se escucharon los diferentes planteamientos de las partes. Al final, el ministro le dio la buena noticia al país, manifestó que llevará al consejo directivo del ICA la proposición de derogatoria de este Acuerdo 002, muy inconveniente para el desarrollo agropecuario de Colombia.
Hay que reconocer que el ministro asumió una posición muy consecuente con lo que le había planteado el país entero, los sectores campesinos, productivos, sectores congresionales, órganos de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, hubo un amplio consenso de la revocatoria de ese acuerdo.
Ahora bien, lo que hay que hacer es poner todo el empeño y la voluntad política para centrarse en fortalecer el ICA, ante algunas de sus precariedades institucionales y científicas. Se debe robustecer también el Ministerio de Agricultura.
En fin, tenemos toda nuestra disposición de apoyar las buenas iniciativas, de la misma forma el país cuenta con una muy buena herramienta como lo es la ley 1876 de 2018 que creó el Sistema de Innovación Agropecuaria, nuestro campo colombiano lo que hoy necesita de forma inmediata y urgente es que haya asistencia técnica, acceso a tecnología, innovación, que se extienda el servicio sin cobrarlo, que haya un acompañamiento en los procesos de producción, procesamiento, venta y mercadeo y se debe recuperar y proteger el aparato productivo y recuperar el empleo que se ha perdido a raíz de la pandemia.
Ganamos el debate, ganó el campo, ganaron los productores de nuestro país y esa ya es una muy buena noticia para Colombia.
Bogotá 3 de agosto de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Por qué después de casi 5 meses de encerramiento, el contagio y las muertes por el COVID-19 siguen aumentando? Colombia es uno de los países donde más ha durado el cerramiento de la economía y la cuarentena para combatir el coronavirus: 35 días de cuarentena total y después 4 meses de aperturas parciales con cada vez más excepciones a nivel nacional, pero también nuevas medidas de restricción en varias ciudades. Y a pesar de eso, es uno de los focos mundiales de expansión del virus. ¿Qué hemos hecho mal?
El empeoramiento de la situación en materia de contagios es evidente. En las estadísticas que publican páginas especializadas que hacen seguimiento a la propagación del virus como la del hospital John Hopkins, o Worldometers, Colombia ha venido subiendo en la lista de los países más contagiados.
A finales de mayo pasado, Colombia ocupaba el puesto 30 en número total de contagios y muertes; dos meses después, subió al puesto 12. En relación al tamaño de la población (casos por millón de habitantes) el deterioro es aún peor. En mayo ocupábamos el puesto 81 en total de contagios, y el 72 en número de muertos. Al terminar julio habíamos subido al 30 y el 29 respectivamente. En el número de casos activos pasamos del puesto 22 al sexto.
La velocidad del contagio, medida por el número de casos diarios, explica esta tendencia: hoy somos el quinto país del mundo en nuevos contagios y muertos, superados tan solo por EE.UU. Brasil, India y Suráfrica. Países que fueron muy afectados al principio como todos los europeos, o en la región Ecuador, Chile o México, hoy tienen más controlada la situación.
Varios son los factores que según los epidemiólogos contribuyen a la aceleración de los contagios y las muertes, en contraste con otros países que lograron controlarlo: el primero la falta de más test o pruebas diagnósticas.
En efecto, a pesar del gran esfuerzo oficial realizado por aumentar el número de pruebas, en Colombia solo se han realizado 1.5 millones, es decir unas 30.000 por cada millón de habitantes, lo que nos ubica en el puesto 99 del mundo. En Suramérica estamos muy lejos de Chile o Perú, con 85.000 y 70.000 pruebas por millón respectivamente.
Por esta falta de capacidad diagnóstica ha sido débil la recomendada estrategia de “cerco epidemiológico”, es decir la identificación de los contactos de las personas contagiadas para controlar la propagación.
Es cierto que Colombia fue uno de los países que más rápido decretó un “aislamiento preventivo obligatorio” total, apenas a los 18 días de detectado el primer contagio, mientras que, por ejemplo, Italia solo lo hizo a nivel nacional a los 44 días. Así en Colombia se logró aplanar la curva, lo que permitió el fortalecimiento de clínicas y hospitales y evitó el colapso del sistema de salud, pero solo difirió el aumento de los contagios y no lo evitó.
Por eso cuando la presión económica obligó a iniciar la reapertura de la economía, apenas 35 días después de iniciada la cuarentena, solo teníamos 220 casos diarios y empezaba la fase ascendente de la epidemia que ha llegado a 10.000 casos. En Italia la reapertura inició 45 días después del cierre nacional, y solo cuando el número de casos diarios había bajado del pico de 6.500 a 1.600 diarios. ¿Será que nos apresuramos?
Cali 2 de agosto de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Jorge Enrique Robledo*.- Desde cuando se conocieron las características del Covid-19, se supo que todos los países enfrentarían graves problemas, dificilísimos de manejar y con enormes pérdidas en salud, vidas y condiciones económicas y sociales. Porque no existía ni existe vacuna ni medicamento específico contra el virus, logros difíciles de conseguir con rapidez. Porque es un bicho muy contagioso, que en porcentajes notables exige hospitalizarse y provoca la muerte, aun con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Y porque, por las condiciones del mundo de hoy, rápido se volvió pandemia y exige fuertes cuarentenas.
También desde el principio se supo que todos los países sufrirían, unos más que otros, dependiendo de su preparación para enfrentar el mal y del acierto en las decisiones para enfrentarlo. Era evidente que Colombia estaría entre los que le iría mal –aunque a otros les fuera peor–, porque estaba mal preparada por el desenfoque de la Ley 100 de 1993 y la mediocridad de su sistema de salud y porque el desempleo y la pobreza creaban trabas estructurales para evitar contagiarse. Hoy está demostrado que hay más enfermos y muertos entre aquellos a quienes la pobreza obliga a salir a la calle a rebuscarse la comida.
A lo anterior súmese un Estado bastante débil para atender la crisis, en razón de que Colombia tiene en la base de todos sus problemas una economía de mercado raquítica –de 6.500 dólares por habitante al año–, la cual explica “el insoportable atraso del casi 80% de nuestro territorio”, al decir del exdirector de la Dian de Juan Ricardo Ortega (Semana, Jul.04.20).
Completaba la pésima preparación para abordar zipote lío el estar en manos de #DuqueYCarrasquilla y de sus soportes políticos, por lo que no era dable esperar que cambiaran sus dogmas socioeconómicos y políticos ni las querencias por las que los gratifican. Así lo confirmaron ellos en Colombia y lo ratificaron sus instructores a escala global, quienes, por un dólar más de ganancias para los mayores linces de las finanzas del mundo son capaces hasta de provocar una guerra mundial.
La primera prueba de la incapacidad de Duque en lo que tocaba hacer en el momento para acertar consistió en demostrar que no utilizaría un decreto de la emergencia para modificar en algo de importancia el régimen de salud diseñado a favor de la EPS, ni para garantizarles los derechos laborales a los trabajadores del sector ni pagarles las deudas a las IPS públicas y privadas.
Sus medidas económicas han brillado por su tardanza y cicatería. Así lo sienten en sus estómagos los más pobres a los que algo les dan y muy mal les ha ido también a los que perdieron sus empleos y a la clase media que se ganaba la vida con trabajos por cuenta propia. Y sufren numerosas empresas –endeudas y sin cómo pagar las nóminas–, en especial las micro, pequeñas y medianas. Retrata a este gobierno que haya en el mundo 76 Estados gastando más que Colombia en la atención de la crisis –menos del tres por ciento del PIB–, mientras que Duque, con pueril viveza, echa la mentira de que cuadruplica ese porcentaje.
Pero como todo lo errado puede empeorarse, ya #DuqueYCarrasquilla y sus protegidos advirtieron que seguirán con lo mismo que hacían antes de abril, como si para esa fecha Colombia no fuera un desastre económico y social sino el más exitoso de los países. Su gran astucia consiste en insistir en la misma receta que, según se ha probado, no le sirve a Colombia pero a la que, eso sí, sin temor al ridículo, la llaman Plan Marshall. Y agregan que se inspiran en Keynes, otro cañazo.
Porque ocultan que emplear el mayor gasto público –el keinesianismo– como estartazo, como empujón, para enfrentar la crisis, exige dos condiciones para que produzca el efecto positivo que se supone debe producir. Que el empleo y el ingreso que se aumenten no se conviertan en más bienes extranjeros importados, como sucede con lo que nos imponen los TLC. Y que el estartazo al carro de la economía sea a un vehículo con verdaderas posibilidades de avanzar, es decir, diferentes a las de antes de la pandemia para que pueda moverse de verdad. Otra prueba de que Colombia necesita un Gran Pacto Nacional que gobierne con ideas diferentes a las del duquismo.
Coletilla: Duque debe renunciar al acuerdo secreto que hizo con la trasnacional Pfizer sobre las vacunas del Coronavirus. Hay demasiado en juego en salud y vidas, y hay también en juego demasiada plata como para actuar de esta manera.
Bogotá, 31 de julio de 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERoledo
Amylkar D. Acosta M*.-La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID – 19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros. De allí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, acentuado por la guerra comercial que desató el Presidente de EEUU Donald Trump, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.
Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE la economía global registrará este año una recesión sin precedentes, de - 6% si la pandemia “permanece bajo control” y de - 7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para el 2021. Su Economista Jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la OMC, el comercio global se reducirá en un 32%, mucho peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.
Todo indica que Latinoamérica será el epicentro de la recesión económica global, será la que llevará la peor parte, de hecho antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de la economía regional venía rezagado con respecto a la media mundial. Según las proyecciones del Banco Mundial la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del - 7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de - 1.9% y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de - 2.5%. Según la CEPAL la economía de la región podría caer este año entre - 5.3% y - 7% y “quizá lleguemos al - 8%”, algo nunca visto.
Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en el Director del Centro para el Desarrollo Internacional Ricardo Hausmann. Según él dicha recuperación tomará la forma del logotipo de la marca Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.
En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de una caída del crecimiento de – 5.5% para este año y un repunte inusitado del crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%” e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente. La recuperación de la economía colombiana, en barrena, estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en el mes de abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%, la cual subiría, según FEDESARROLLO, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.
En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamiento inveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo. Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica, en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el Ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.
De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos. Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región...En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. A pensar, entonces, fuera de la caja!
Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país. A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos 5 años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial. A este ritmo Colombia tardará muchos años para revertir la tendencia del desempleo y volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad.
Cota, agosto 1 de 2020
*Expresidente de Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-La ganadería de leche es una actividad protegida y de peso en países como Uruguay, Nueva Zelanda, USA y también la UE, mientras en Colombia, además de las difíciles condiciones del campo y de la posición dominante de la industria frente a sus proveedores naturales, ha debido soportar, entre otros, el estigma de ser “ineficiente”.
La estigmatización ganadera con orígenes ideológicos y políticos, deriva en que los ojos estén puestos en sus ineficiencias, que las tiene, principalmente por estar soportada en el esfuerzo de más de 300 mil pequeños y muy pequeños productores, pero nadie mira las de los eslabones siguientes de la cadena, particularmente las de la industria.
Qué pasa, entonces, en ese entorno empresarial.
Estancamiento: En el año 2.000 Colombia produjo 5.300 millones de litros de leche; veinte años después, esa ganadería “ineficiente” produce 7.300 millones. Comenzando el siglo, la industria procesaba el 57 % de la producción, mientras que, en 2019, esa eficiente industria acopió apenas el 42 %, dejando a más de la mitad de los ganaderos, los más vulnerables, en manos de la informalidad.
El transporte: En general es realizado por la industria, pero no pagado por ella ni su costo compartido siquiera, sino descontado al ganadero. En Colombia está entre 6 % y 8 % del precio al productor, afectado por el acopio minifundista y la pésima red vial terciaria.
Pulverización: El costo de pulverizar una tonelada de leche en Oceanía es de USD 490; en Colombia de USD 630. Esa diferencia, superior al 25 %, deja a nuestro país por fuera del mercado internacional del principal commodity lácteo: la leche en polvo, y limitado al de los derivados, compitiendo con la tradición milenaria de los quesos madurados europeos y con la mantequilla de USA, entre otros.
Concentración: Solo seis empresas, las mismas del año 2000, acaparan el 60 % del bajo acopio formal y, desde su posición dominante y sus menores costos por sus altas escalas de producción, no solo marcan el precio al ganadero sino, hacia delante, el precio de mercado al eslabón comercial, lo cual arrastra al resto de la industria, que termina protegiendo sus utilidades de la única manera que puede hacerlo: bajando precio al ganadero, que paga siempre los platos rotos y hasta lo acusan de romperlos.
Poca diferenciación social de producto: La industria se especializó en estratos altos. Primero: En lo que representa una tendencia extraña en el mundo, desacostumbró al mercado a tomar leche pasteurizada, hoy casi inexistente, y lo acostumbró a la UHT, de precio muy superior. La diferencia, sin embargo, está más en empaque que en proceso, pero la industria, después de ahorrarse enormes costos en distribución, le cobra caro al consumidor ese empaque y una “larga vida” que no utiliza, porque la consume al día siguiente de comprarla.
Segundo: La industria disminuiría costos si aumentara su escala de producción con productos diferenciados para los estratos 1,2 y 3. Pero prefiere la zona de confort de los altos, con leches de todas las variedades, derivados “delikatessen”, empaque y millonaria publicidad; una posición algo miope frente al auge de productos de buena calidad y maquilados masivamente para tiendas de bajo costo con marca blanca.
El precio al ganadero: La industria aboga por liberación total; el Gobierno, consciente de su posición dominante, establece un precio base que, si bien es “de referencia”, algo contiene los unilaterales “ajustes” al ganadero para cuadrar balances y cubrir las ineficiencias de la industria.
Una conclusión: La actual industria láctea es un vestido pequeño para una ganadería de leche que, a pesar de sus enormes limitaciones, sigue creciendo orgullosamente.
Bogotá, D. C, 1 de julio de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- Debieron pasar 27 años y un Covid, para abrir los ojos y, con espanto, observar el desastre que conlleva el monstruo creado en el 93. En ese entonces, como ahora, el engaño y el lucro se impusieron sobre la razón. Se afinó así, el más productivo negocio de nuestra historia.
La débil, pero generosa seguridad social de entonces, no era productiva para los dueños del poder y la riqueza. Surgió así el más engañoso engendro que arrasó con un sistema de medicina familiar y preventiva, que prolongaba vidas y remuneraba con justicia al cuerpo médico. Esa que impedía facultades de “garaje”, y médicos taxistas y desempleados.
El pingüe negocio se montó y arrojó los frutos esperados: ricos inversionistas, población agonizante y médicos arruinados.
Cada campaña política usó como bandera la “modificación”, del sistema. La esperanza de la gente, llevó a las urnas a los electores que anhelaban una reforma, una innovación. La corrupción, “madrina” del sistema, compró votos, engañó y malogró las ilusiones de una sociedad, de un país, de una patria.
La entronizada seguridad social, no resiste una mínima emergencia; los dineros se esfuman, las EPS de garaje no pagan y arruinan hospitales y centros de salud. Las prepagadas, mitigan las fallas del sistema público, a unos costos insostenibles. Y no hay dolientes.
El covid-19, puso en jaque a Colombia y a sistema de salud. Hay un despiste total exacerbado por los interminables 60 minutos de todas las tardes que diezman las esperanzas. Los televidentes esperan el “pico” de Duque, los nuevos encierros y demás normas sin la firma de la Minciencias, porque buscan a Mabel Lara para que lo haga. El país está al vaivén de las encuestas que determinan cada protocolo.
Las camas, los respiradores, los médicos no alcanzan y surgen los profetas del desastre que satanizan la importación galenos para salvar vidas. Le engarzan política a la muerte. ¿Alcanzarían los días a un infortunado médico cubano, para responder por la vida de una víctima de covid-19, que muera en sus manos?
Habitamos en un país que fabrica sin pudor víctimas, si se requieren para salvar a uno de sus “prohombres”. Un país que nunca alcanzará una justa seguridad social, porque son muchas las bolsas que deben llenarse para satisfacer la insaciable voracidad de unos pocos. Nuestra seguridad social reclama una reforma que la convierta en vida para todos.
BLANCO: Felicitaciones a Julio E. Sánchez por sus 90 productivos años. Engrandece la TV colombiana.
NEGRO: Continúan asesinatos de líderes sociales.
Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020
*Periodista. Director de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria: Winston Churchill
Por Lorena Rubiano.- Tenemos que ser realistas y aceptar las cosas como están y como vienen hacia futuro. No ser apocalípticos, pero tampoco hacer lo del avestruz, para no ver la situación.
La pandemia de la miseria está muy cerca de nosotros. El 50% del aparato productivo del país está colapsado y en su derrumbe nos deja desempleo, no pago de impuestos, no salarios, no pago de servicios públicos o sea que la bancarrota es inminente.
Lo grave de todos esto es que no se ve ni el interés, ni la pujanza, ni el perrenque en el Gobierno y menos en su nefasto ministro de Hacienda el señor Alberto Carrasquilla, para proponer o jalonar un gran proyecto de unidad nacional para reorganizar la economía nacional. Y obviamente lo que menos les importa es ayudar a nuestros campesinos, pero para bien del país y gracias a su tenacidad y su creencia en Dios, son los que más van a sobrevivir a esta pandemia, para seguir ofreciéndonos a los colombianos sus productos de pan coger, comida para llevar a nuestras mesas diariamente.
No hay tiempo para mirar atrás, debemos restablecer el optimismo y la esperanza, saldremos de esta difícil situación. Así los zánganos del poder, no tengan compasión por los cerca de cinco millones de desempleados, que nos dejara esta crisis.
Si el Congreso se sacude puede jalonar esa gran reconstrucción de nuestra economía, hacer una profunda y urgente reforma agraria, no para favorecer a los grandes terratenientes, sino para incentivar el regreso a la parcela campesina. Tiene que volver a ser atractivo el campo. No se puede seguir ahorcando a la clase media y baja como quiere el señor de los bonos de agua, tenemos que ser nuevamente autosuficientes en alimentación y regresar a las grandes exportaciones de productos agrícolas.
A veces y en mis noches de desvelo mirando las estrellas y la luna de mi Togui del alma, se me viene al pensamiento la idea de que a los gobernantes y a nuestros dirigentes políticos les conviene la miseria, para poder ofrecer milagros y jugar con la esperanza del ser humano.
El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que la pandemia podría causar que la pobreza regresara a los mismos niveles en los que se encontraba hace 10 o incluso 20 años, la pandemia “no es nada en comparación con lo que la humanidad puede sufrir” si no se toman decisiones drásticas con respecto a la sostenibilidad, y en América Latina específicamente, la “desigualdad, por mala distribución de la riqueza y la tierra”.
No es el momento de guerras personales ni partidistas, ni polarizar más al país. Todos hablan de reconciliación, pero al mismo tiempo tiran dardos mordaces contra sus opositores, agregándole un ingrediente más a la incertidumbre de nuestros compatriotas. Bondad, sensatez y amor es lo que necesita Colombia señores dirigentes.
Dios quiera no se nos agote la paciencia.
Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020
