Opinión

Por Guillermo García Realpe.- En medio de la actual situación que para nada es fácil, pues muchas personas, muchos sectores y muchas empresas están teniendo serias dificultades sociales y económicas a raíz de la crisis por la que atraviesa los países. Es como si nos hubiera caído un meteorito, el impacto ha sido muy fuerte y los estragos a lo largo y ancho del mundo por el Covid-19 han sido terribles. 

Ahora bien, en Colombia a los pocos días de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena, miles de compatriotas tenían apuros en el tema social, miles de familias ya no tenían provisiones de alimentos para garantizar su sustento, lo que nos demuestra que somos un país con muy poca capacidad de ahorro y eso se debe a múltiples factores, bien sea porque los núcleos familiares no tienen los ingresos suficientes y les toca enfrentar el día a día, otros porque tienen deudas con el sector financiero, o están sin una fuente de ingreso, o en el caso más extremo los que siempre han estado sumergidos en la pobreza absoluta y esta crisis agudizó su precaria situación. 

Por eso en  muchos pueblos y ciudades vemos en las fachadas de las casas un trapo rojo en señal de que quienes ahí viven están en una situación precaria de necesidad absoluta, es decir, simple y llanamente con problemas de hambre ante la falta de un ingreso y ese tristemente sigue siendo el común denominador en la geografía nacional. 

La radiografía del país no es clara, la cifra de desempleo crecerá y según cálculos de FEDESARROLLO, en el peor de los casos al final de éste año alcanzaremos la penosa cifra del 19,5%, sin duda es un escenario patético. 

Ya en febrero, antes de que entráramos en esta crisis el DANE anunció que la tasa de desempleo se ubicaba en el 12,2% con una población ocupada de 22 millones. Para marzo esa misma cifra creció al 12,6% siendo la tasa más alta en más de una década y siendo las mujeres el grupo poblacional más golpeado. En ese mismo mes el crecimiento económico del país se ubicó en -4,9%. 

Ahora, las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto están calculadas en -2,6% en el escenario optimista, esto ubicaría a Colombia en el quinto lugar en América Latina y el Caribe, después de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. El escenario pesimista puede ser del -7%. Como sea, es un oscuro panorama sin lugar a dudas. 

Para hacerle frente a esta situación tan hostil, desde el Congreso de la República, un grupo de 50 senadores de diversas corrientes políticas, hemos propuesto al Gobierno Nacional la urgente necesidad de que se promueva una Renta Básica Mensual para conjurar la crisis, es decir, que se garantice un mínimo vital de ingresos para el 71% de la población colombiana que hoy tiene apuros, esa propuesta equivaldría a unos $40 billones, una cifra astronómica, pero que con un esfuerzo fiscal se puede sacar adelante. 

Por eso propusimos  ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional, reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables, otras fuentes de financiación serían los recursos disponibles en el FOME, el recaudo del impuesto solidario covid19 creado mediante Decreto 568 del 2020, suspender los efectos  de los beneficios tributarios de la Ley de Crecimiento Económico, solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución. También Colombia tiene que buscar la renegociación de la deuda externa. 

La iniciativa denominada “Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía” busca alcanzar un acuerdo nacional que permita a las ramas ejecutiva y legislativa trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño causado por la expansión abrumadora del Covid-19. 

La Renta Básica Mensual o como sea que la quieran llamar desde el Gobierno, buscaría otorgar un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales y legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis y entregarle también un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres, informales y vulnerables que tiene nuestro país. Con esta propuesta se beneficiaría 31 millones de personas en Colombia. 

Esta propuesta tiene el doble efecto que, dé más ingresos, estimular el consumo y demanda nacional, que ojalá todos sean productos nacionales y no fruto de importaciones, ni contrabando, para promover el mejoramiento de la economía. 

Ojalá el Gobierno Nacional la adopte, se haría justicia con millones de compatriotas que hoy están en una situación extrema de necesidad y pasando penurias para subsistir. 

Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2020

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Las finanzas de municipios y departamentos también han sido afectadas por la pandemia, lo mismo que las empresas, colegios, universidades, trabajadores, independientes e informales, pero hasta ahora no han recibido ninguna ayuda del único que tiene la capacidad de ofrecerla, el Gobierno Nacional.

Los gobernadores, y sobre todo los alcaldes, son los que tienen que enfrentar directamente el hambre, el desespero, la indisciplina y los reclamos de la población, además de tener la responsabilidad directa sobre los sistemas de salud y educación. Todo ello les impone gastos adicionales que, si bien no son de la magnitud de los del Gobierno Nacional, si afectan sus maltrechas tesorerías.

El impacto más grave ha sido sobre sus ingresos, tanto tributarios como no tributarios, que han caído de manera significativa. Además de las transferencias de la Nación y las regalías, los departamentos dependen de los impuestos al vicio (licores y cigarrillos), al registro y a vehículos, mientras que los municipios los más importantes son el predial, el ICA y las sobretasas a la gasolina. Todos ellos están disminuyendo en su causación o en su recaudo.

La Federación Nacional de Departamentos (FDN) ha estimado que en abril los ingresos departamentales en promedio cayeron $290.000 millones, es decir el 45% frente al mismo mes del año pasado, siendo los más afectados el de vehículos (-90%) y el de Registro (-71%), mientras que el de licores “solo” ha caído 32%. Con la caída del recaudo del IVA a nivel nacional y de los ingresos petroleros, también habrá una reducción en las transferencias de la Nación.

No se conocen todavía datos de los municipios, parece que el gremio que los agrupa está dedicado a otros menesteres, pero la Dirección de Apoyo Fiscal del ministerio de Hacienda (DAF) ya montó un modelo para cuantificar el impacto económico del COVID-19 sobre los entes territoriales y está recolectando la información.

En relación a la pandemia, los departamentos y municipios están en una situación peor que las empresas, en la medida en que han visto reducir sus ingresos pero están manteniendo sus plantas de personal y además han tenido que incrementar sus gastos. En este sentido deberían tener apoyos similares a los que han recibido las empresas del gobierno nacional.

En primer lugar, para mantener el empleo en estas entidades debe tener acceso al programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y recibir el 40% del salario mínimo para cada uno de sus empleados. Si se ha abierto esta posibilidad para todas las personas jurídicas, no hay razón para que los entes territoriales que han tenido una caída mayor al 20% en sus ingresos no reciban este apoyo.

En segundo lugar hay que ofrecerles nuevas alternativas de endeudamiento en condiciones preferenciales. Para no ser tachado de populista irresponsable no voy a proponer que se haga lo de Estados Unidos donde el banco central va a comprar miles de millones de dólares de bonos municipales, sino tan solo que se les ofrezca a los entes territoriales las mismas ayudas que se han dado al sector privado.

En este caso serían líneas de crédito de Findeter con tasas subsidiadas y garantías del gobierno nacional, hasta del 90%, para préstamos de los bancos comerciales. Además, que se les permita endeudarse con sus propios recursos que tienen en el Fonpet, como ya lo hizo el mismo gobierno.

Bogotá, D, C, 17 de mayo de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- El sector eléctrico colombiano, cuya matriz depende en un porcentaje del 67.8%, de la capacidad de generación hídrica, que lo torna muy vulnerable ante las inclemencias del tiempo.  Pues bien, a consecuencia de la variabilidad climática, en los últimos 6 meses se han registrado, según el IDEAM,  muy bajas precipitaciones, muy por debajo de los promedios históricos. Ello llevó a que en el I trimestre de este año el nivel promedio de los embalses de generación eléctrica se ubicara, según el Operador del Sistema XM, en 34.6%, en abril bajó aún más, hasta el 31.8% y al corte del 11 de mayo alcanzó mínimos históricos del 32.4%, el más bajo en 20 años para este mismo mes (¡!).

Ello conllevó un aumento de la participación, hasta el 34% de la generación térmica, que por ser más costosa presionó al alza el precio y ello se tradujo en una gran volatilidad del precio de la energía en Bolsa, que llegó a cotizarse en febrero a $500 el KWH, en el mes de marzo a $420 el KWH y en los últimos días ha oscilado alrededor de los $320 el KWH.

Como es bien sabido el precio de la energía incide en el cargo por generación de la tarifa de la energía. Lógicamente el impacto sobre esta última dependerá del grado de exposición en Bolsa por parte del Operador de red. ELECTRICARIBE y ENERTOLIMA, por tener una exposición del 35% y 30%, respectivamente, son las que llevan la peor parte.

Pero la mayor preocupación que embarga a la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez es que, según el IDEAM, aunque en el mes de mayo se espera que las precipitaciones se aproximen a los promedios históricos, su previsión de los aportes hídricos para los meses venideros de junio y julio estarían alejándose de la media histórica y nada asegura que en los meses subsiguientes tengan un comportamiento tal que permita la recuperación de los embalses. Y lo grave es que, pese a la hidrología crítica, las centrales hidráulicas han seguido generando al tope, sin reparar en las consecuencias que de ello se puedan derivar.

Como afirma el Director de Óptima Consultores Alejandro Lucio, en la medida que las plantas hidráulicas dependen en un porcentaje muy relevante de los contratos que firman con clientes y al tener  el costo de generación más bajo, las mismas tienen un gran incentivo para seguir generando utilizando el agua de sus embalses, porque de lo contrario tendrían que salir a comprar la energía en Bolsa, pagándola alrededor de los $300 por KWH para poder cumplir sus compromisos contractuales pactados a precios que fluctúan alrededor de los $200 el KWH, perdiendo más de $100 por cada KWH vendido.

Esta fue la razón que llevó a la CREG a expedir, para comentarios, dos medidas cautelares, la Resolución 080 y la Resolución 081 con las cuales se busca evitar que “la recuperación económica del país no se vea limitada por riesgos en el suministro de energía”. La primera de ellas se fundamenta en el Estatuto para situaciones de riesgo de abastecimiento, contenido en la Resolución de la CREG 026 de 2014 que me tocó expedir como Ministro ante la inminencia del fenómeno del Niño de ese año. Con base en este Estatuto, en condiciones de riesgo, se puede activar un “mecanismo de embalsamiento y generación forzada” y se aplica “cuando el mercado no ha respondido a las señales de situaciones de riesgo de desabastecimiento”. Sobre todo ante los fundados temores que auguran escenarios prolongados de baja hidrología en los próximos 2 años. Y este es el caso.

Con expedición de esta Resolución se contempla la intervención del mercado, que no es inteligente y puede precipitar un desabastecimiento de energía en el futuro próximo, obligando a los generadores hídricos a reservar agua para recuperar los embalses, que para el inicio del verano 2020 - 2021, según los análisis de XM, debe alcanzar un nivel agregado del 70% y así poder sobreaguar la temporada seca que se avecina peligrosamente.

Complementariamente a la Resolución 80 de la CREG se acaba de expedir otra, la 081, también para consulta, tendiente a abrir una nueva convocatoria de una subasta de reconfiguración de compra de obligaciones de energía firme (OEF), en orden a asegurar el cumplimiento de las obligaciones totales de energía firme para lo que resta de este año y el entrante. Entre las consideraciones de dicha Resolución está “la necesidad de asignar oferta en firme  adicional para cubrir la demanda objetivo en los períodos identificados”, 2020 – 2021 y 2021 – 2022.

Según el Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda, con la misma, “lo que se busca es mitigar el riesgo de proyectos en construcción y si hay demoras en los mismos”. Es una realidad la incertidumbre en torno al atraso y la fecha de entrada de HIDROITUANGO, después de todas sus vicisitudes, como también de las dificultades y las demoras que ha representado el confinamiento para el alistamiento y la logística requerida para el cumplimiento del cronograma de la instalación de más de 2.200 MW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) contratadas el año anterior.  

Hacia el futuro conviene que este sea uno de los aspectos de los cuales se ocupe el Gobierno Nacional y la CREG, a propósito de la puesta en marcha de las recomendaciones de la Misión de Transformación Energética, que pasa por la digitalización del Sistema. Situaciones de desacople entre la oferta y la demanda o de desbalance, como sucede actualmente, en lugar de tramitarse mediante la expedición en volandas de medidas regulatorias, sometidas a la falibilidad de los expertos y gestores, en lo sucesivo, se deberán resolver apelando a la tecnología de la Big Data y la inteligencia artificial. De esta manera, en lo sucesivo, se puede reducir al máximo la discrecionalidad en la toma de decisiones como esta por parte ya sea de los agentes del mercado y/o de la mano invisible de este. 

Cota, mayo16 de 2020

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- La revista “The Economist”, que ha venido publicando una serie de excelentes informes con motivo de la pandemia, pronostica que al final del año 2020 los países en su conjunto llegarán a acumular deuda pública (como proporción del PIB ) equivalente al 122%. Y que el déficit fiscal mundial equivaldrá al 11% del PIB colectivo.

Estas cifras lo que nos está recordando es que la crisis actual llevará a los países- incluido el nuestro por supuesto- a utilizar el endeudamiento público como instrumento preeminente para obtener los recursos necesarios para financiar los programas de gasto público que la pandemia reclama.

Y no es raro que así acontezca. Es lo que ha sucedido siempre que un país, individualmente considerado, afronta una crisis mayúscula como la que estamos enfrentando. Crisis que reclama una actuación más rotunda de los Estados que aquella que se esperaría en épocas de normalidad.

Este es un fenómeno que se ha acentuado a partir del siglo XX cuando las responsabilidades del Estado se ensanchan; y cuando se afianzan en todas las Constituciones las responsabilidades gubernamentales en lo atinente a la seguridad social y al empleo.

No siempre fue así. En el siglo XIX el papel del Estado en el conjunto de la economía era mucho más discreto. Las guerras se ganaban (como sucedió casi siempre en Colombia en la triste historia de nuestras guerras civiles) por quien controlaba la imprenta para emitir papel moneda y las aduanas.

Por el contrario: cuando los mercados de capitales se desarrollaron y los mecanismos del crédito público se sofisticaron a finales del siglo XIX, las guerras se empezaron a financiar no tanto con la maquinita de emisión sino con endeudamiento público.

Una vez pasada la guerra o la emergencia, los Estados modernos empiezan a disminuir sus niveles de endeudamiento y a recoger parte al menos de la deuda contraída con más tributación; con algo de inflación (que licúa las deudas viejas); y ante todo con el buen crecimiento económico que suceden a las vacas flacas de las pandemias o de las guerras.

Lo que sucedió con la segunda guerra mundial -que las potencias aliadas ganaron básicamente elevando sus niveles de endeudamiento- es muy aleccionador. En el punto más alto de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos llegó a acumular deuda pública equivalente al 112% del PIB y el Reino Unido al 259%. El 1980, la deuda pública del gobierno norteamericano como proporción del tamaño de su economía se había reducido al 60% y en el Reino Unido al 43%.

Este es el ciclo constante de las finanzas públicas, que tanto en Colombia como en el resto del mundo estamos iniciando con la pandemia. Naturalmente cada país guarda sus peculiaridades puesto que existen diferencias en la capacidad fiscal de cada quien. De allí que el tamaño relativo de las ayudas contra cíclicas sean distintas entre países: los más ricos pueden ayudar proporcionalmente más a los desvalidos y afectados que los más pobres.

Pero el patrón es el mismo: la primera oleada de necesidades se atiende con más endeudamiento estatal. Y luego, cuando las aguas vuelven a orillas más tranquilas y el crecimiento económico se reencuentra, disminuyen los niveles de la deuda pública y se recurre en mayor proporción a las fuentes tributarias y al dinamismo del crecimiento.

Este patrón empieza a “perfilarse” también en Colombia, para utilizar un verbo de moda .Ya se autorizó por parte de la comisión de la regla fiscal un incremento del nivel de endeudamiento del 2,2% del PIB al 6,1%. Esto, como lo analicé en artículo anterior, significará en plata blanca un aumento del endeudamiento del gobierno central en cerca de 53 billones de pesos. Y puede ser mayor.

Los detalles de toda esta gran ecuación financiera los conoceremos cuando se divulgue el nuevo Marco Fiscal de mediano plazo (MFMP) en junio, en el que se está trabajando según ha informado el Ministro de Hacienda.

Y luego, siguiendo la senda que marca la historia de manera constante, cuando pase la pandemia y sobre todo cuando se superen sus devastadores efectos sobre el crecimiento económico y el empleo, la deuda pública se hará discretamente a un lado para dejar el puesto protagónico en el escenario de la hacienda pública a los impuestos.

Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Entre 2015 y 2019, el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, pagó ¡787.000 millones de pesos! por concepto de siniestralidad de la cartera del Crédito de Fomento, en una tendencia creciente y acelerada, desde 54.000 millones en 2015, hasta 252.000 millones en 2019

En 2019, el 85% de esos incumplimientos, equivalente a 215.000 millones, correspondió a créditos fallidos de pequeños productores, casi igualando la cifra de nuevas garantías otorgadas a ese segmento durante el año, por 219.000 millones de pesos.

¿Qué está pasando? ¿Acaso los pequeños productores se embarcan en cuantías exorbitantes? No. Ese no es el problema. Los 215.000 millones reclamados al FAG durante 2019 por incumplimientos de pequeños productores, corresponden a 41.000 créditos, lo cual arroja un promedio simple que apenas supera los 5 millones de saldo impagado por deudor.

¿Acaso los campesinos son “malas pagas”? Tampoco. El problema no es de cultura de no pago. Por el contrario, el campesino tradicional, en medio de su sencillez y su pobreza, es devoto del valor de la palabra empeñada y el cumplimiento de sus compromisos.

La respuesta la expresé al desgaire en el planteamiento inicial: se trata de créditos fallidos, o mejor, de “proyectos fallidos” desde su origen; huérfanos de Asistencia Técnica Integral que garantice su viabilidad como criterio de aprobación, y su posterior ejecución exitosa.

Para muchos productores, la asistencia técnica se surte, cuando mucho, con una precaria visita de control de inversión, y listo. Así ocurre en la cartera de redescuento, administrada en un 79% por el Banco Agrario y refugio de los pequeños. En la sustitutiva, a los bancos no les interesa y a sus clientes menos, pues en su mayoría no son productores rurales.

Durante cinco años, FEDEGÁN desarrolló un proyecto exitoso de “Gestión Crediticia” bajo el concepto de “Asistencia Técnica Integral”, con colocaciones que alcanzaron los 180.000 millones de pesos; un verdadero “acompañamiento” al productor, desde una caracterización inicial, diseño del proyecto productivo, estructuración del crédito cuando fuera necesario, control de inversión y seguimiento del proyecto hasta volverlo rentable. Así pues, mi convicción sobre este tema no es solamente conceptual, sino experiencial.

Y ¿cuál es el objetivo de la Asistencia Técnica Integral?: El inmediato es el aumento de la productividad. ¿Para qué?: para que el productor mejore su rentabilidad y su ingreso, pero no solo con la finalidad de que le alcance para pagar la deuda, sino con una de profundo sentido social, el verdadero objetivo: mejorar sus condiciones de vida y, para el caso del pequeño, convertirse en palanca para superar la trampa de pobreza y acceder al bienestar que le ha sido esquivo.

La Asistencia Técnica Integral, ligada al crédito de fomento, debe ser obligatoria y un servicio tercerizable a través de los gremios de la producción, como primer contacto con el productor, sin menoscabo del papel de las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (EPSEA). Así concebida, está llamada a jugar un papel clave en la transformación del campo a través de la modernización productiva desde sus bases: los pequeños y medianos productores. 

Es importante fortalecer el FAG y crear un Sistema Móvil de Garantías Agropecuarias, como instancias de aseguramiento frente a la ocurrencia de un siniestro; pero la mejor garantía para un crédito, y el mayor beneficio para el productor, es una Asistencia Técnica Integral que evite la ocurrencia del siniestro y le permita un mejor futuro.

Un proyecto viable financiado con crédito de fomento no es aquel que logra pagarle al banco; es aquel que logra transformar la vida del deudor.

Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2020

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- La excelente primera columna de Daniel -el viejo- en ¨Los Danieles¨, -los jóvenes- ha servido para poner a reflexionar, a la Colombia que estudiaba, cavilaba y razonaba.

Algo más avieso tiene esa proteína envuelta en grasa, que apareció como una corona conducida por un virus que aterra al mundo.

Covid-19, encegueció a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes y a los falsos líderes que manejan las cosas a su antojo. Hizo florecer, aparecer y fortalecer el desprecio, el odio y la inquina con que se maneja la paz, para depositarlos sobre los ancianos, viejos y abuelos, que aún, y quien sabe por cuento tiempo más, no han pasado a ¨chupar gladiolo¨.

Ese numeroso grupo poblacional colombiano, el que tanta gloria le ha dado a este país, en las letras, la honesta política, las sanas costumbres, la justicia, la equidad y la sociabilidad, fue confinado a cuatro paredes, so amenaza de lanzarlo a las garras de la corona.

Son más de 5 millones de compatriotas los que no han vuelto a ver el sol. Fueron condenados a las chancletas y a la ropa alcanforada que salió de los anaqueles.

Antiguamente a los mayores de 60, se les trataba con respeto. Existía un vocablo que desterraba los falsos títulos que frecuentemente hoy usurpan sin mérito, los hijos de los ¨prohombres¨. Nadie reclamaba el mote o remoquete de ¨doctor¨, que con furia exigen quienes a duras penas han cursado un pregrado.

Señor o señora, eran los títulos que la hidalguía y el abolengo le confería a los viejos, abuelos o adultos mayores.

Recuerdo mis encuentros con Iván Duque Escobar, cuando acudíamos al Rochester, donde Juan Pablo Aljure nos entregaba las notas de nuestros hijos, educados en tan laureado claustro. Por estas calendas, al exministro, lo hubieran condenado a las cuatro paredes que merecemos los mayores de 60. Eran otras épocas que los ¨muchachos de hoy¨, no han vivido, pero que en el 2050, harán parte del 14 por ciento de los viejos, abuelos o adultos mayores colombianos, con amigos ausentes a los que llamarán ¨finados¨.

Hasta hace muy poco, esos vejestorios, garantizaban rectitud en la justicia, en los altos cargos, las letras, el deporte y la cultura. Eran miembros imprescindibles de foros y ¨Grandes Comisiones¨, que analizaban profundas decisiones de Estado. Eran miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores, para evitar erróneas decisiones que últimamente nos han costado prestigio y seriedad.  

Hoy son estorbos, a los que solo les preguntan: ¿de qué me hablas viejo?

BLANCO: El apoyo que se merece nuestra aviación, si queremos turismo.

NEGRO: Las lanchas que se llevó el rio para Venezuela.

Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Guillermo García Realpe*.-A medida que crece la pandemia en Colombia, crece con ella las preocupaciones de muchas regiones, las mismas que han estado en el más completo olvido estatal y que ante la crisis su situación se agudiza en todos los frentes. 

Departamentos fronterizos hoy están en la mira del covid-19 y ciudades importantes como Leticia, Amazonas y en Nariño, Tumaco e Ipiales son epicentro de la propagación del virus, sin que haya un muro de contención en materia sanitaria que lo contenga. 

Por si fuera poco estás regiones son escenario de miles de migrantes que proceden de otras latitudes, especialmente de países como Brasil, Ecuador o Perú, naciones que hoy registran las más altas tasas de contagios en la región, y eso es muy preocupante, en primer lugar, porque no hay controles efectivos por parte de las autoridades, ni sanitarios en el nivel requerido por los organismos de salud correspondientes. Entonces, esa combinación de factores tiene hoy expuestos a grandes territorios del sur del país, sin que medie alguna acción efectiva por parte del Gobierno Nacional. 

La frontera Sur es sumamente riesgosa, porque Nariño y Putumayo están limitando  con un país en un altísimo riesgo que es el Ecuador, el país más complicado en Latinoamérica después de Brasil. 

En nuestra frontera con el Ecuador, tenemos el más grande problema en Tumaco e Ipiales que tiene el mayor número de contagiados, con 136 y 106 casos respectivamente, incluso contagiado el Batallón Militar del grupo Cabal de Ipiales. En total hoy (domingo 10 de mayo) Nariño tiene 300 casos y la cifra tiende a elevarse con el paso de los días y lo que vemos es que no estamos preparados para enfrentar un nivel de contagio a gran escala. 

Ahora, en el caso puntual del Amazonas, prender las alarmas por las circunstancias críticas que vive ese departamento, hoy tiene el índice más alto por cada 10 mil habitantes de personas con contagios y solamente tiene dos camas UCI disponibles para atender la emergencia de más de 527 contagiados (a cifras de domingo 10 de mayo) en medio de una frontera  complicada con Tabatinga y Manaos que se puede  convertir en el Brasil lo que es Guayaquil en el Ecuador. 

Todo lo que ocurre en nuestro sur del país en temas de salud lo hemos puesto en el contexto nacional, lo hemos dicho en múltiples ocasiones y las preocupaciones de la gente transmitidas ante las más grandes instancias, pero vemos que no hay una respuesta que contribuya a solucionar lo que hoy las regiones piden a gritos. 

Por ejemplo, es inaudito e inadmisible que en todo el Pacífico nariñense y caucano, en un millón de habitantes no haya una sola unidad de cuidados intensivos, entonces ¿qué cobertura en salud es esta? Es una cobertura teórica, que no corresponde a la realidad. 

No hay dotación suficiente en nuestros hospitales, no se ha incrementado ningún ventilador, ni mucho menos UCI en estos departamentos del litoral nariñense y caucano. Tampoco se ha pagado un solo peso de la ley de punto final en estos dos departamentos, tampoco en Caquetá y para rematar, además de la salud  que está en crisis se vive otra que es la alimentaria, esa otra pandemia de hambre que debemos evitarla. 

Ante la crisis expreso toda mi solidaridad a estas regiones, en particular al sector médico y todo el personal de salud que son los que han sacrificado hasta su vida, hoy ellos están en una situación muy precaria, trabajando prácticamente como reza el dicho popular con las uñas, exponiéndose de frente a éste enemigo silencioso y exponiendo también a sus familias. 

Espero que el Gobierno Nacional tome acciones oportunas, reales, palpables para las gentes de estos territorios que hoy sufren por partida doble, haciéndole el quite al virus y por el otro lado  luchando para garantizar su seguridad alimentaria, con las cuales se han cometido abusos por parte de gobernadores y alcaldes que los ha denunciado la Contraloría General de la República, ojalá más temprano que tarde logremos superar esta crisis y volver a renacer cono Nación, nuestro país no aguantaría una nueva tragedia. 

Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Jorge Enrique Robledo*.- Entre las frases más equivocadas que se recuerden está la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agrediendo a quienes reclaman que el Estado los respalde mejor en la crisis del Covid-19: “Esto acá no es atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros”, afirmó, sin nunca rectificarlo a cabalidad.

Ese “atenidos” a lo que les dé “el gobierno” tiene la connotación de definir a los necesitados –incluidos a sectores empresariales– como una especie de zánganos que si sufren más por la pandemia, es por su exclusiva culpa, en tanto –sugiere– los no “atenidos”, como ella y otros pocos a quienes les va de maravillas, no piden que el Estado haga algo a su favor.

Todo lo que existe en Colombia es, así no se entienda o se niegue, el fruto del esfuerzo de toda la Nación: de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los informales, las clases medias y el empresariado, con cada uno jugando su papel, en la casi totalidad de los casos en un puesto que no escogió sino que le impuso la sociedad. Como se pregunta Claudia López, ¿habría podido ser alcaldesa de Bogotá si hubiera sido la hija de una mujer negra y cabeza de familia, nacida en una población remota del Chocó?

La posición democrática frente a la vida empieza por entender esta realidad y asumir una actitud de consideración y respeto por quienes no pudieron ubicarse en mejores ocupaciones en un país que además ofrece tan pocas oportunidades porque, antes de esta crisis, ya tenía a muchísimos entre desempleados y rebuscadores, más otros cinco millones ganándose la vida, ¡como excelentes trabajadores que son!, pero en otros países.

Si alguna pregunta debe responderse en Colombia, es por qué hay otros países de economía de mercado en los que sus pueblos no sufren las condiciones ignominiosas que sí padece un número tan grande de nuestros compatriotas. Por qué en ellos la crisis del coronavirus, que también los golpeará, no cae sobre una Nación tan débil ni agravará los altísimos niveles de sufrimientos que ya se padecían aquí, pregunta que no tiene si dos respuestas posibles: porque hemos sido tan mal gobernados, que ni siquiera ha existido un sueño de modernización inspirado, realmente, en los países más exitosos, o porque, muy acordes con la doctrina de los atenidos, se le da una explicación racista y clasista al cada vez mayor fracaso del desarrollo nacional.

La teoría de los atenidos, palabra que significa que “les gusta vivir a costa de los demás”, no se les puede aplicar a los colombianos en general por la simple razón de que aquí a los pobres y a las clases medias nunca nadie les ha regalado ni les regala nada. Y no solo por lo ya señalado sobre su aporte insustituible a la construcción del país, sino también porque ellos, mediante impuestos indirectos como el IVA, regresivos por definición, contribuyen con más de la mitad del recaudo de la Dian, además de la renta que pagan la clase media empleada y la que trabaja por cuenta propia. Que no crea la alta burocracia, a la que podría calificarse de mantenida por las gabelas oficiales de las que disfruta –calificativo que no uso contra nadie–, que no se nota que los planes asistencialistas, tan útiles para arrear electores a las urnas y tapar el mal gobierno, en buena medida consisten en echarles a las gentes en un bolsillo lo que, antes, les sacaron del otro.

También hay que entender que ni en Colombia ni en ningún país del mundo, se ha creado un solo patrimonio privado, ni grande ni pequeño, sin el aporte de toda la Nación y sin el respaldo del Estado financiado por ella. ¿Sin la educación pública, el sistema eléctrico, la policía y la Justicia, los bancos serían lo que son? ¿No se sabe que su gran éxito lo han diseñado entre ellos mismos y los ministros de hacienda, el Banco de la República y los jefes de Estado? ¿Existiría el comercio nacional e internacional sin las vías que hemos pagado entre todos? ¿No fue la Ley 100 la que les entregó a las EPS, que poquísimo aportaron de sus bolsillos, el derecho a ganarles plata a 40 billones en pesos de hoy? ¿No son las altas tarifas de los servicios públicos domiciliarios el producto de unas fórmulas oficiales que nadie entiende pero que sí les aseguran ganancias exageradas?

Si algo está confirmando la crisis de la pandemia, es que la economía de mercado no es antagónica con la intervención del Estado en la economía –el capitalismo de Estado es su nombre–, porque sin ese respaldo no podría desarrollarse y caería en el caos en las crisis que periódica e inevitablemente la afectan. Luego el único y verdadero debate que hay es si ese capitalismo de Estado se pone al servicio del subdesarrollo de los países o de su desarrollo, de modernizarse realmente, empezando por respaldar en serio la industria y el agro, la ciencia y la educación y las mejores condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes, luego de renunciar a unas doctrinas calculadas para servirles a otros pero no a nosotros.

Bogotá, 8 de mayo 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- A riesgo de ser crucificado por las redes sociales debo decir que para el país es necesario que Avianca siga operando. A pesar de que su residencia fiscal sea Panamá y sus actuales dueños no sean colombianos, a pesar del mal manejo de la huelga de los pilotos, a pesar de los miles de reclamos de sus usuarios, a pesar de que abuse con los precios de sus pasajes. Pero rescatar a la empresa es muy distinto a salvar a sus dueños.

Avianca moviliza a más de la mitad de los pasajeros aéreos en este país de geografía accidentada, con carreteras deficientes y sin tren; además es la principal conexión del país con el mundo. Los costos económicos y sociales de una eventual desaparición de Avianca serían enormes, y no solo para los 15.000 empleados que quedarían en la calle y los miles empleados de proveedores que le prestan servicios.

En todo el mundo se consideran las aerolíneas nacionales como un activo estratégico del país y ante la crisis financiera que enfrentan por la pandemia, están recibiendo multimillonarias ayudas con recursos públicos, aún algunas que están al borde de la quiebra. En Estados Unidos, las 10 principales aerolíneas recibirán USD 25.000 millones; en Europa y Asia, los gobiernos han destinado miles de millones de dólares para empresas como Lufthansa, AirFrance, Alitalia, Singapore Airlines, Thai Airlines, JAL y ANA. Unas como préstamo, y la mayoría como aportes de capital, es decir que el Estado se convierte en accionista, a veces mayoritario. Si el Gobierno tomara la decisión de rescatar a Avianca deben cumplirse ciertos requisitos y condiciones que se derivan de la necesidad de proteger los recursos públicos cuando sean utilizados para ayudar a empresas privadas, además del obvio de que debe volver a tener residencia fiscal en Colombia.

El primero y más importante es que se trata de salvar a la empresa y sus empleados, y no a sus dueños. Por eso no puede ser un crédito preferencial ni con garantía pública, sino una inyección de capital, lo que implica que los actuales accionistas se diluyen y pierden participación y el control de la compañía. No se trata de una nacionalización forzosa, pues los accionistas pueden rechazar la ayuda. Segundo, tampoco se trata de salvar a los acreedores ni utilizar recursos públicos para pagar créditos que hoy no tienen posibilidad de recuperación, de manera que los bancos prestamistas también tienen que contribuir al rescate, bien sea reduciendo el valor de sus créditos o capitalizándolos. Tercero, debe haber un compromiso de evitar al máximo el despido de personal; pero bajo el principio de todos ponen los trabajadores también deberán aceptar que para salvar sus empleos puede ser necesario reducir, así sea temporalmente, sus ingresos. Cuarto, el mecanismo que se diseñe debe ofrecerse en iguales condiciones a todas las aerolíneas colombianas que también han tenido que paralizar sus operaciones y enfrentan dificultades financieras.

Cali, 10 de mayo de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Los aforos que se han venido haciendo y rehaciendo vertiginosamente durante los últimos días sobre los costos fiscales que tendrá el coronavirus pueden apreciarse en el título de este artículo: ya van en 53 billones de pesos

Veamos cada una de los componentes de esta sumatoria y su significado para las finanzas públicas del país.

Cuando estalla la crisis a comienzos de marzo, el ministro de Hacienda declara que el Gobierno cree poder manejar la inesperada situación sin necesidad de recurrir a nuevos empréstitos. Es decir, a cero costo.

Vana ilusión: quince días después se reúne la comisión técnica de la regla fiscal y amplía el margen de déficit autorizado al Gobierno del 2,2% al 4,9% del PIB. Esto en buen romance significaba que ante la gravedad de las circunstancias era tolerable un endeudamiento adicional de 27 billones de pesos.

En esa misma reunión, un grupo de los miembros de la comisión opinaron que probablemente un endeudamiento adicional de 27 billones no iba a ser suficiente para atender las necesidades de la inmensa crisis. Y que por lo tanto sería prudente agendar una nueva reunión para ampliar el déficit fiscal autorizado. Y así ocurrió, tal cual.

Pocos días después se decreta la emergencia económica al amparo de la cual se expide el decreto 444 del 2000 en virtud del cual se arbitran mediante operaciones de endeudamiento internas del Gobierno central con las entidades territoriales por 14 billones.

Para atender lo que pudiéramos denominar los gastos “de primeros auxilios” de la emergencia (transferencias no condicionadas a los sectores más desvalidos, giros a los hospitales, etc).

Y el lunes de esta semana se reunió nuevamente la comisión asesora de la regla fiscal como se había solicitado y autorizó aumentar el déficit tolerado de 4,9 al 6,1% del PIB. Lo que significa un nuevo ensanchamiento del déficit en12 billones de pesos.

Y ahí vamos...es decir: O+14+27+ 12 = 53 billones de pesos. “Así va el costo fiscal por la pandemia”

Y esto sin contar lo que puedan requerir las grandes municipalidades del país, comenzando por Bogotá. La Alcaldesa en reunión que sostuvo con el Presidente Duque habló, por ejemplo, que esperaba recibir apoyos del Gobierno central por 30 billones para ejecutar su plan de desarrollo, ahora centrado en inversiones de infraestructura y de carácter social para reconstruir la maltrecha situación laboral de la capital. Bogotá va a salir al mercado también con un ambicioso programa de colocación de bonos.

O sea: por el solo lado del Gobierno central ya vamos en requerimientos para financiar el programa de gasto público contra cíclico de la pandemia en 53 billones de pesos.

No sería sorprendente que esta cifra a la postre resulte siendo mayor, si sigue agravándose la situación laboral del país con el confinamiento. Y si se resuelve aumentar el subsidio a las nóminas con cargo al presupuesto nacional. Los inactivos están creciendo como espuma. La última encuesta del Dane dio cuenta que en el último mes, sin tomar en cuenta todavía abril que es el mes más duro, los inactivos habían subido en 1.600.000.

En la segunda emergencia declarada el jueves de esta semana se dio un primer paso, al subsidiar directamente las nóminas con $ 350.000 por cada trabajador y por tres meses en aquellas empresas cuyas facturaciones se hubieran caído un 20% durante el confinamiento.

Los aforos -vía más endeudamiento- van, pues, en 53 billones hasta la fecha. Suma inmensa pero que no debe hacernos perder la calma. Todas las grandes crisis y las guerras en la historia se han financiado inicialmente con enormes endeudamientos públicos. Endeudamiento que luego, cuando pasa la emergencia, se van recogiendo con nuevos tributos y con el simple crecimiento de la economía cuando las aguas retornan a orillas más tranquilas.

Mientras tanto, y habiendo desechado por el momento una reforma tributaria, hay que iniciar una tarea intensa de consecución de créditos para financiar ese gran programa de 53 billones de gasto contra cíclico para la reconstrucción de la economía de la pospandemia. El Gobierno está en eso, y ya comenzó la tarea ante el FMI y el BID y seguramente lo está haciendo también ante el Banco Mundial y la CAF. Así manejamos la crisis en 1998-1999: comprometiendo con ayudas crediticias a todas las entidades multilaterales.

La posibilidad de tocar la puerta el Banco de la República es, por último, una opción que debe quedar abierta si lo que se obtenga con las multilaterales no fuere suficiente .Es una opción que se justifica en las circunstancias actuales. Y la contempla la Constitución Nacional, precisamente para emergencias mayúsculas como la que estamos afrontando.

Bogotá, D. C, 10 de amyo de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado