Opinión

Por Gabriel Ortiz*.-Terminó la Semana Santa en medio de la tormenta que azota al mundo con el coronavirus. El recogimiento abrió el debate sobre el rumbo que debe tomar la sociedad sobreviviente al Covid-19. Esta pandemia surgió de los abusos del hombre contra el planeta y contra sus congéneres. La pandemia que dio casa por cárcel a los terrícolas, ha abierto el panorama, ha aclarado la vista, ha limpiado el ambiente y sembrado el miedo y el pánico. Infortunadamente no ha alcanzado a penetrar los cerebros de los dueños de más del 90% de las riquezas y el poder.

Por ello habrá un cambio profundo. La nueva mueca que proyectará el globo, aterrará a muchos, servirá de ejemplo a tantos y refrescará al resto. Los más humildes lo presienten, a pesar de que los opulentos lo utilizarán como una oportunidad para alcanzar mejores réditos.

La Semana Santa congregó a una familia de la abandonada Guajira, que fiel a sus ancestrales costumbres, conmemoró con sus diez integrantes las celebraciones católicas. En medio de la cena pascual, los diez, sintieron un llamado a la solidaridad con las víctimas de la pandemia. Y se sintieron bendecidos porque a ellos, el mal, no los había castigado tan despiadadamente. Mirándose unos a otros, procedieron a romper sus ¨marranitos¨ de barro, esas alcancías en las que guardan sus ahorritos, ahorritos que de inmediato se convirtieron en apetitosa comida guajira. 60 familias entre indígenas, refugiados venezolanos y habitantes de la calle, recibieron las exquisitas raciones peninsulares. Como algo sobró, armaron 33 mercaditos para otras familias. Los Fernández, con total discreción, pero con infinita alegría durmieron tranquilos y esperaron en paz el Domingo de Resurrección.

Esa alegría, paz y satisfacción las quisieran disfrutar millares de colombianos solidarios, que no encuentran el camino, antes de que la corrupción se apropie de sus alcancías.

Quieren dar la mano, porque esta sociedad no será la misma, como sabiamente lo lo dijo el colega Silverio Gómez, sobreviviente del Covid-19, enfermedad que soportó con estoicismo cuando apenas estrenaba su nuevo cargo de Procolombia en Europa: “habrá un reordenamiento de las prioridades actuales”. “Las normas económicas, dijo, no serán inamovibles, como creen algunos tecnócratas. Ellos ponen como inflexibles la ¨regla fiscal¨, o la calificación de la deuda, cuando Europa ya las echó abajo¨ Y se pregunta si el Estado seguirá dejando la salud y la educación en el dudoso manejo del sector privado.

Esas son las dudas y los temores, de un pueblo convaleciente, cuando un ministro de Hacienda, que tanto nos debe en materia de agua, anuncia una nueva reforma tributaria, para salvar a los más poderosos. Por fortuna el Presidente Duque ha desautorizado a Carrasquilla. Gran falta que nos hace una prensa libre, democrática y sin censura económica. ¡Lo que se nos viene es grave, muy grave!

BLANCO: Nadie puede negar el acierto con el que ha manejado el presidente Duque estos duros momentos. Valiente y generoso.

NEGRO: La acción de las “bodegas” uribistas contra las profundas columnas de los Danieles.

Bogotá, 17 de abril de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- La situación de grave peligro en que se encuentra la población colombiana por causa del coronavirus y su rapidísimo contagio, y las increíbles circunstancias de desprotección en que se encuentra el personal médico y asistencial en todo el territorio, pero en especial, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado -como el Chocó o la Guajira-, y en muchos municipios de otros departamentos, ha provocado, además de los justificados reclamos de las asociaciones médicas y de los propios trabajadores de la salud, las reflexiones del Gobierno y la adopción de medidas, con base en decretos legislativos dictados al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Ya estudiaremos el contenido de los decretos, que estarán sujetos al control político del Congreso y al jurídico a cargo de la Corte Constitucional. Por ahora, es imperativo reconocer -y así lo debería entender el Gobierno, diseñando una reestructuración integral para conocimiento de las cámaras legislativas- que el sistema de salud vigente es inadecuado, injusto, ineficaz; que está en manos de intermediarios dedicados a negar tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos, y a posponer indefinidamente las citas más urgentes; que las secretarías de juzgados y tribunales y de la Corte Constitucional  están congestionados con expedientes de tutela en solicitud de protección judicial ante los abusos de esos intermediarios; que el sistema se ha prestado para corrupción, como se ha visto en casos bien conocidos por la opinión pública; que, como se concluye de todo lo dicho y escrito en estos días por agremiaciones, médicos y pacientes, y por distintos funcionarios gubernamentales, en medio del Covid-19, los profesionales, auxiliares, enfermeros, camilleros  y demás trabajadores de la salud están, y seguirán estando, más desprotegidos que nunca. Una verdad inocultable que implica grave riesgo para todos.

Ordena el Gobierno a las entidades encargadas de prevenir y atender riesgos laborales y enfermedades profesionales que cumplan la tarea que les corresponde. Y eso está bien, pero no tiene en cuenta que, en muchos casos -si no en la gran mayoría-,  estos trabajadores y profesionales, inclusive quienes laboran bajo continuada dependencia, no tienen celebrados, como debiera ser, contratos laborales, sino contratos transitorios de prestación de servicios, sin estabilidad (son prorrogados de tiempo en tiempo, a voluntad de las entidades y muchas veces por recomendación política), sin prestaciones sociales, debiendo asumir ellos -como si fueran realmente independientes- la seguridad social y las cotizaciones para pensión. Ahora, a raíz de la pandemia, el Ejecutivo quiere que todos ellos -inclusive estudiantes de medicina y de postgrado- estén disponibles de manera permanente, pero sin ninguna garantía para la protección de su salud y, por consiguiente, las de los pacientes a su cuidado.

Sabemos que los muchos problemas del sistema de salud, que vienen de atrás, no van a poder ser solucionados como por ensalmo, mediante la emergencia y en medio de la grave crisis del coronavirus, que presenta muchos otros frentes a los cuales debe atender el Gobierno. Pero es indispensable que, por ahora, más que discursos, condolencias y aplausos, se entienda que se requieren medidas urgentes e inmediatas. Y hacia el futuro, como decimos arriba, hay que elaborar un proyecto de reforma serio, completo e integral que sustituya la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan. Con otro enfoque.

Bogotá, D. C, 17 de abril de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- ¿Cómo es posible que en apenas un mes EU haya pasado de tener 200 fallecidos a más de 22.000? ¿Cómo es posible que el país más poderoso del mundo cuente con más de 500.000 casos de Covid-19 ya confirmados? Una investigación llevada a cabo por el New York Times explica cómo el presidente Trump fue advertido por parte de distintas agencias del gobierno de la dimensión que podía alcanzar esta crisis sin que el mismo se hubiera percatado ante las mismas.

La primera de esas advertencias se remonta a principios de enero, cuando el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca avisó que el virus se propagaría por EU. A finales de ese mes, un informe interno del Centro de Enfermedades Infecciosas mencionaba que los fallecidos podían ascender a medio millón.

A finales de febrero, todas las agencias y expertos médicos del país reconocían ya el riesgo inminente de la pandemia. Sin embargo, el Presidente estadounidense tardó otras tres semanas y no fue sino hasta el 16 de marzo (cinco días después de que la OMS hubiera declarado una pandemia) que Trump decidió adoptar una serie de medidas restrictivas para reducir la propagación del virus.

Sorprendentemente, el rechazo a las advertencias y la evidencia científica no ha resultado en un deterioro de la imagen pública de Trump. Por el contrario, casi la mitad de los norteamericanos (49%) aprueban la gestión del Presidente ante esta crisis, según la encuesta Gallup.

Desde mediados de marzo, Trump ha cambiado el tono; lidera multitudinarias ruedas de prensa prácticamente diarias, rodeado de expertos en salud y epidemiólogos, con el objeto de informar a la ciudadanía y atender todas las dudas que surgen en un momento de incertidumbre como el actual.

La debacle económica (paralización de la economía y hundimiento de la bolsa) y social (más de 6 millones de desempleados por semana) podría poner a Trump en un serio problema de cara a su reelección.

Sin embargo, también puede erigirse como el Presidente en tiempos de guerra, en torno al cual hay que cerrar filas. Por el momento, se han aprobado ya tres paquetes financieros (el segundo de ellos por más de 2 billones de dólares) y un cuarto está en camino. Sin duda, se trata de un rescate histórico con el que se trata de mantener a flote a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y con ellas a los trabajadores que tienen en nómina. Supondrá también un alivio para grandes compañías de sectores muy afectados por la caída de la demanda, en particular en el sector servicios; y permitirá ofrecer el respaldo del Tesoro a los programas arbitrados por la Fed para garantizar la liquidez y el acceso a financiación en los mercados. El impacto en la bolsa no se ha hecho esperar y ya ha repuntado un 20% desde los mínimos registrados hace unas semanas.

En los últimos días se han reforzado los mensajes esperanzadores al ver que las cifras empiezan a estabilizarse. Trump sabe que el tiempo va en su contra por lo que inicialmente se volvería a la normalidad el 12 de abril, pero ahora posiblemente en mayo.

Entre tanto, mayores serán sus posibilidades de salir reelegido en noviembre si controlan el virus. En ese escenario poselectoral, EU tendrá que reflexionar sobre el papel que quiere jugar en el nuevo orden internacional resultante de la crisis. Y es que el Covid-19 está cambiando muchas cosas, entre ellas, la interrelación entre los Estados.

Bogotá, D. C, 16 de abril de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Clara López Obregón*.- Hay quienes piensan que el país y el mundo pueden salir de la crisis pandémica sin cambios en los paradigmas vigentes. Incluso, los defensores del inmovilismo buscan aprovechar para avanzar agendas aplazadas por las movilizaciones sociales del año anterior. Con un modelo que quedó al desnudo y sin atender los reclamos de la naturaleza, reciclan sus viejas propuestas como la de abreviar los trámites de las licencias ambientales y consultas previas o remunerar el trabajo por horas, otra vez con el argumento de aminorar el desempleo, pero en realidad para acumular utilidades en desmedro de la remuneración del trabajo y del medio ambiente.

En la teoría, el Gobierno ha tomado las medidas de rigor: aislamiento social estricto, ampliación de la respuesta en salud, medidas compensatorias para poblaciones, trabajadores y empresas en cuarentena. En la práctica, la respuesta ha sido insuficiente e inoperante. La demostración más patética es la de médicos y enfermeras en la primera línea de sacrificio que todavía no cuentan con los tapabocas y vestimentas protectoras indispensables y ni siquiera el pago de los sueldos atrasados.

Las medidas adoptadas reclaman ingentes recursos presupuestales que los ortodoxos se resisten a allegar acudiendo a los instrumentos idóneos que se han encargado de desacreditar. En su lugar, el gobierno acude al endeudamiento, incluido el FMI, en montos inferiores a los requeridos con urgencia. Se trata de más de lo mismo y dejará al país más empeñado y sometido a dictados foráneos. Hay otro camino, complejo y hasta utópico, pues requiere colaboración a gran escala y una ofensiva diplomática sin precedentes. Es un reto descomunal pero las circunstancias lo exigen.

Lo que verdaderamente va a evitar una recesión global prolongada es conseguir que el FMI, respaldado por el Tesoro norteamericano y la Unión Europea, en coordinación con la banca privada y multilateral, estructure una moratoria temporal de la deuda pública y privada de los países de ingreso medio y emergentes como Colombia, México, Chile, Argentina y la India y de uno que otro país desarrollado como España e Italia. A la fecha, noventa países compiten por los recursos de crédito de la banca internacional y del FMI. El papa Francisco ha pedido la condonación de la deuda de los países pobres y ello, sin duda, debe hacerse.

Esta moratoria consensuada y temporal sería un cambio de paradigma y la única vía disponible para evitar una crisis de la deuda generalizada con otra década perdida, no de América Latina, sino del mundo entero. Dicha moratoria generaría una serie de beneficios en cascada. En primer lugar, evitaría una crisis generalizada de la deuda soberana y privada que puede conjurarse si se establecen cuotas de gracia de capital e intereses por un periodo prudencial a todo país que lo solicite, excepción hecha de las grandes economías que pueden sobreaguar solas. El aplazamiento de ese flujo de recursos compensaría las inversiones de corto plazo que hoy fluyen desde los países emergentes a refugiarse en el dólar y el euro.

En resumen, el FMI cumpliría el papel de ejecutor de una cooperación humanitaria mundial sin precedentes. Para ello, debe iniciarse de inmediato una ofensiva diplomática, también sin precedentes.

La moratoria permitiría a países como Colombia, que destina 10 puntos del PIB anuales ($100 billones) al servicio de la deuda externa pública (y otro tanto a la privada), redireccionar el gasto público hacia lo urgente, sin acrecentar una deuda ya abultada. Como lo pide ACOPI, podría pagar directamente a las mipymes y pymes los $8 billones mensuales de las nóminas de 15 millones de trabajadores, con doble beneficio: los trabajadores tendrían como sobrellevar la cuarentena y las empresas estarían listas para arrancar una vez se levante. Las grandes empresas, que son las endeudadas en dólares, tendrían la caja para pagar sueldos e impuestos y estarían preparadas para contribuir a la recuperación económica pos-pandemia.

Estamos frente a una fuerza mayor de alcance mundial que requiere un remedio universal. Dicen que hay que pensar fuera de la caja. No hay duda de ello. Se requiere un remedio extremo para una crisis sin precedentes.

Bogotá, D. C, 16 de abril de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

Por Fabio Cifuentes.- Aunque la pandemia del Covid-19 ha puesto en riesgo la vida de la humanidad, aún hay personas que no han querido entender que todos estamos en la misma barca y si no nos unimos para salir de esta crisis vamos a naufragar.

En este momento no hay tiempo para debates políticos absurdos, ni para ideas “brillantes” con el fin de figurar en las primeras páginas de los periódicos. Sólo hay tiempo para actuar.

Hoy más que nunca, las horas son valiosas. Ya sabemos cómo controlar la pandemia, quedándonos en casa, se necesita actuar rápido y con toda contundencia.

Ahora lo más grave no es el virus, quien lo creyera, es la irresponsabilidad de la gente que no acatan las órdenes del gobierno. Se está poniendo en riesgo la seguridad sanitaria del país.

El gobierno ya ordenó el aislamiento, ahora es responsabilidad de todos acatarlo y de la fuerza pública hacerlo cumplir.

Todos los gobernantes, en cabeza del presidente de la República, deben concentrarse en ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos, porque en cuestión de días se va a medir la capacidad del país frente a la pandemia. La crisis hasta ahora comienza.

Por eso, en estos momentos, no hay tiempo para debates y vanidades de nuestros dirigentes. Hoy solo debe haber unión y acción. Les aseguro que el virus no les va a preguntar en qué partido militan o si es rico o pobre.

El gobierno nacional con mucha responsabilidad decidió ampliar el periodo de aislamiento y el país es consciente de que se puede prolongar aún más.

Además de la pandemia hay mucha preocupación, y con justa razón, por el futuro de la economía del país. Acá debemos actuar con cabeza fría y adoptar medidas sensatas y realistas.

El país lo tenemos que recuperar entre todos, por eso hoy, quienes estén en capacidad de pagar impuestos, créditos y servicios públicos, lo deben hacer, eso sería un colchón muy importante para evitar que todo entre en crisis.

No nos crucemos de brazos, si podemos hacerlo, también es una actitud solidaria con el país y con todos los colombianos.

La crisis tiene que pasar y todo debe continuar. Evitemos, hasta donde alcancen nuestras fuerzas, que todo entre en quiebra.

Necesitamos al sector productivo del país en pie para que sostengan los empleos de miles de colombianos. Por eso considero que se debe seguir con el aislamiento para toda la parte administrativa y todo lo que se pueda hacer por teletrabajo.

Y para el sector industrial se debe abrir la posibilidad, después del 27 de abril, de que se manejen turnos mínimos para que reactiven la producción y puedan apalancar, por lo menos, el pago de nóminas.

Si nos unimos triunfaremos. De la mano de Dios seguiremos adelante.

Bogotá, D. C, 16 de abril de 2020

*Asesor en Estrategia de Comunicaciones. Se ha desempeñado como subsecretario de prensa de la Presidencia de la República, jefe de prensa de la Campaña Presidencial Juan Manuel Santos y Periodista Caracol Radio.

Por Jorge Enrique Robledo*.-Los principales poderes económicos y políticos del mundo han dedicado sus descomunales instrumentos propagandísticos –viejos y nuevos– a meternos el cuento de que la humanidad llegó al mejor modelo económico, social y político concebible, sistema que se conoce como la globalización neoliberal. ¿Las pruebas supremas de que estamos ante el máximo grado de civilización posible? Que un puñado de potencias y trasnacionales se quedan con una porción cada vez mayor de la riqueza global, que pululan el desempleo, la pobreza, el hambre y la corrupción, que convirtieron el consumo enfermizo en una droga capaz de idiotizar y que solo algunos países pueden aspirar de verdad a la modernidad capitalista.

Todo iba bien para sus falacias hasta cuando apareció el Covid-19 (Coronavirus). ¡Y ahí fue Troya! A la vista quedaron las lacras de la globalización, en especial las que tanto ocultaron en países como Colombia, a los que nos imponen lo más destructivo que se le pueda imponer a un país: no poder emplear productivamente a su población ni explotar adecuadamente las riquezas de su territorio, desgracias que están en la base de sus restantes y gravísimos problemas. Y que la pandemia nos dará más duro que a otros en términos económicos y sociales y de salud, en razón de nuestras debilidades de todo tipo.

A los países desarrollados –digamos de 30 mil dólares y más de producto por persona al año e industrializados– la pandemia los afecta de forma diferente. Porque ellos sí pueden recurrir a sus fuertes estructuras productivas y de empleo y a sus poderosas tesorerías públicas para enfrentar con vigor las emergencias combinadas. Porque mientras el respaldo oficial por habitante en esta crisis en Colombia apenas llega a 166 dólares, en la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado 7.848 y 6.728, respectivamente, es decir, 47 y 40 veces más.

Ante estas realidades, crecen las críticas a la globalización existente, las cuales no rechazan las relaciones internacionales sino que cuestionan cómo deben ser, según sean sus efectos positivos o negativos en las personas y los países, a la par que plantean como derecho humano que todas las naciones podamos acceder, plenamente, a los avances de la modernidad.

Pero también se oyen voces que no comparto que señalan la muerte de las concepciones económicas, políticas e ideológicas que le dieron base al neoliberalismo, simplemente vencidas, dicen, por lo numerosas y repudiables realidades de todo tipo que puso al desnudo la pandemia del Covid-19. Y no las comparto porque ni en Colombia ni en ningún otro país ni uno solo de sus promotores y beneficiarios ha renunciado a esas teorías y prácticas, en tanto sí son muchas las evidencias que muestran que andan aprovechándose de las oportunidades que genera la crisis. Aquí, con esas ideas se sigue gobernando el país y aparecieron el presidente Duque suspendiendo los aranceles al maíz, la soya y el sorgo y el gobierno de Estados Unidos induciendo a sus productores a aumentar las ventas de comida procesada en Colombia (bit.ly/39QaGck), dos ataques más a la seguridad alimentaria nacional.

Es posible que esa apreciación equivocada provenga de la actual y fuerte intervención del Estado en todos los países. Pero porque no entienden que dicha intervención es cada vez más imprescindible en cualquier economía de mercado, en especial en sus crisis, como ocurrió en 2008 y sucede ahora, pero en estos casos no la usan para modificar las concepciones neoliberales sino para apuntalarlas, a pesar de su fracaso para resolver las necesidades de cada país y del mundo.

Lo que nos corresponde entonces a los colombianos es construir el más amplio pacto nacional posible –con los sectores populares, las capas medias y el empresariado–, en torno a defender, entre otros puntos, la producción urbana y rural, el trabajo formal y los derechos ciudadanos, el ambiente, la democracia auténtica y las relaciones internacionales con beneficio recíproco.

Coletilla: no dejen de leer la entrevista sobre estos asuntos del industrial colombiano Jimmy Mayer, con opiniones que le señalan un rumbo acertado al país (bit.ly/3a11gem).

Bogotá, 10 de abril de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

/ @JERobledo

Por: Guillermo García Realpe*.-Cuando el mundo al fin haya superado esta pandemia del coronavirus, cuando las naciones recobren su normalidad, y cuando los países sean libres nuevamente, entonces tendremos que hacer muchas reflexiones acerca de cómo queremos seguir conviviendo. 

Esta tragedia que vive hoy la humanidad tiene que en adelante servirnos para cambiar todos nuestros hábitos de vida, a ser sociedades más solidarias y colectivas y menos individuales, a repensar toda nuestra cotidianidad y a valorar cada instante que podamos tener. 

En ese orden de ideas, en Colombia, por ejemplo tenemos que replantear una serie de situaciones y de estado de cosas que no han venido funcionando bien, que han presentado fallas constantes y que la ciudadanía en general pide a gritos cambios urgentes. 

Lo primero es hacer una profunda transformación al régimen de salud, nuestro sistema hoy es ineficiente, obsoleto, beneficia más el interés privado que el público, se presta para que haya corrupción a gran escala, los recursos de la salud cada vez son más dilapidados, y ante ese oscuro panorama lo que se necesita es hacer una  reforma integral a todo el sistema. 

Nuestro sistema de salud está en cuidados intensivos y reanimar ese paciente merece del esfuerzo conjunto de toda la sociedad colombiana, la red pública hospitalaria amerita de una generosa inyección de recursos para que mejore su infraestructura, para dotar a las instituciones de equipos especializados, tenemos que triplicar las unidades de cuidados intensivos. Ni qué decir del componente laboral, hoy nuestro personal de la salud en su gran mayoría está mal remunerado, y lo que hay que hacer es mejorarles sus condiciones laborales y prestacionales, que tengan salarios dignos. Pues son ellos, hombres y mujeres quienes están en la primera línea de batalla contra el coronavirus y ese esfuerzo de ahora y de antes, debe ser reconocido de manera amplia. 

Ahora en el debate mundial exprofeso de esta crisis de la humanidad  también hay que hacer un alto en el camino para replantear profundos cambios al modelo económico y social que trajo consigo la herencia de la globalización y todo el modelo neoliberal. Esas enormes concentraciones de riqueza en unos pocos, que generan enormes desigualdades sociales tienen sin duda, que cambiarse de manera urgente. En ese sentido hay que dejar atrás el capitalismo salvaje y apostarle a un capitalismo social, con un servicio público y un Estado eficiente donde los intereses de la gente estén primero y no anteponer el beneficio económico como único salvador. 

Tenemos que dar un gran salto también hacia una sociedad protectora de la naturaleza, no depredadora, donde podamos reemplazar el extractivismo por la agroindustria o las industrias sostenibles, donde cambiemos fracking por combustibles limpios y donde le demos vía libre a las energías  renovables, llegó la hora de cesar tanto maltrato ambiental y en esta tragedia el planeta nos dio un mensaje, tenemos que descifrarlo para bien de todos. Pero tal vez una de las más grandes lecciones es que la naturaleza recuperó sus espacios, muchas especies retornaron a sus hábitats, el planeta entero vive un respiro de la acción humana, las aguas volvieron a ser cristalinas, y las ciudades hoy respiran otros aires. Tal vez ha sido lo mejor de esta tragedia, ojalá que al superar esta horrible noche, el mundo reflexione y entre todos pongamos de nuestra parte. 

Esta pandemia, nos cambió nuestra cotidianidad, nos enseñó a valorar las pequeñas cosas, nos enrutó hacia una nueva visión del mundo, nos transportó a una sociedad virtual donde gracias a la tecnología el teletrabajo se puso de moda en días de aislamiento, la educación digital fue otro de los componentes utilizados, se puso fin al dinero físico, pues mucha gente ahora prefiere hacer sus pagos y transacciones con otros medios, el internet se posicionó más que nunca y nos acercó de nuevo al mundo. 

Ojalá aprendamos experiencias de otras sociedades del mundo que son más disciplinadas y más colectivas. 

Esto tiene que cambiar, ¡así no puede seguir!

Bogotá, D. C, 13 de abril de 2020

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las finanzas públicas también se contagiaron por el COVID-19 y si no se les aplica un tratamiento rápido, van a entrar a cuidados intensivos por la conjunción de dos causas que incrementarán el déficit fiscal: una, el necesario aumento del gasto público para evitar una parálisis del aparato productivo y un estallido social, y dos, la reducción de los ingresos fiscales que causará la recesión económica.

El aumento del gasto público es imperativo ante la magnitud de la crisis del coronavirus y las medidas para contenerla. Recursos para el sector salud, ingresos para la población vulnerable, los trabajadores -independientes y formales- y ayudas para las empresas implican nuevos gastos equivalentes por lo menos al 5% del PIB. Este aumento del déficit fiscal solo puede ser financiado con mayor endeudamiento del gobierno, que debe conseguirse con entidades multilaterales y el Banco de la República.

Por el lado de los ingresos la situación también es preocupante y puede llegar a un aumento del déficit fiscal del 3% del PIB. El recaudo de impuestos caerá por el menor crecimiento, por las menores utilidades de las empresas que pararon o redujeron sus ventas y por el menor ingreso y consumo de los hogares y la contracción del volumen de comercio exterior.

En el 2020 el impacto será solo parcial porque los impuestos se pagan sobre las utilidades e ingresos del año anterior. Aun así, Garay y Espitia estiman que los ingresos del Gobierno disminuirán en unos $7 billones (0.7% del PIB).

En un escenario optimista en el que este año el crecimiento del PIB es cero, en el 2021 el recaudo de impuestos sería unos $10 billones (1% del PIB) menos que el proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El derrumbe de los precios del petróleo agrava la situación. El año pasado Ecopetrol entregó a la Nación $20 billones por concepto de impuestos y dividendos y otros $5 billones por regalías. Con un precio promedio del petróleo alrededor de USD 30 por barril, el exministro Amylkar Acosta estima que este aporte se reducirá en unos $12 billones.

Como si esto fuera poco el año entrante caerá en $9.4 billones el recaudo tributario por de las exenciones y beneficios tributarios creados en la Ley de Crecimiento (Ley 2010 de 2019). Según las propias proyecciones oficiales, la disminución de la tarifa de renta a las empresas, el descuento del IVA en compra de bienes de capital y el descuento del Impuesto de industria y comercio (ICA), tendrán un costo fiscal de $1.3, $6.5 y $1,6 billones, respectivamente.

Después de la crisis es imperativo reducir el déficit fiscal y pagar las deudas contraídas, lo cual solo es posible con mayores impuestos. Para ello se deberá realizar la tantas veces aplazada tributaria estructural que, además de aumentar significativamente el recaudo, sí cumpla con los principios constitucionales de Equidad, Eficiencia y Progresividad.

Para reducir un poco el tamaño del déficit fiscal en el corto plazo, el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible –LIDES- propuso al presidente Duque que se aplazarán por dos años los beneficios tributarios de la Ley 2010. La justificación oficial para otorgarlos fue que se pagaban por si mismos pues al incentivar la inversión iban a acelerar el crecimiento y por lo tanto el recaudo, supuesto que es imposible que se haga realidad ahora que enfrentamos una recesión.

Cali, 12 de abril 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Primero fue la firma calificadora de riesgo S & P Ratings la que rebajó la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses. La reciente caída en los precios del petróleo, junto con el impacto global negativo más amplio de COVID-19, ha debilitado el perfil externo de Colombia a través de menores ganancias de exportación y un déficit de cuenta corriente más amplio y ha aumentado las preocupaciones sobre sus perspectivas de crecimiento económico”.

Como lo advertimos después de conocer la decisión de S & P, Colombia está a un escalón de perder la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación. Registramos con preocupación el hecho que la calificadora Fitch, una de las 4 más grandes del mundo, le rebaje la nota de BBB, alcanzada con mucho esfuerzo en abril de 2013, a BBB- con perspectiva negativa, al igual que S & P. Argumenta Fitch que "la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus". 

Agregan, además,  que para tomar la decisión tuvieron en cuenta varios aspectos, uno de ellos "un aumento en la carga de la deuda en los últimos años y una caída esperada en los ingresos fiscales, lo que ha dejado al gobierno con menos espacio fiscal para contrarrestar los choques económicos". Así mismo, señala “un debilitamiento de la credibilidad en las políticas fiscales de mediano plazo”, aspectos estos sobre lo cuales hemos venido llamando la atención reiterada e insistentemente.

Cabe preguntarse qué consecuencias se siguen para Colombia con esta rebaja de la calificación de su deuda soberana. Es bien sabido que la caída del rating soberano de la deuda pública tiene como primer efecto la dificultad para colocar sus bonos de deuda y el encarecimiento de esta al tener que pagar más altos intereses para hacerlos atractivos a los inversionistas extranjeros, muchos de los cuales, entre ellos los fondos de renta fija, se abstienen de invertir en aquellos países cuya calificación de su deuda está por debajo de BBB. Su efecto psicológico se extiende al sector privado, que también verá encarecido su endeudamiento, amén del impacto que tendrá en la inversión externa de portafolio.

Esta revisión de la calificación por parte de las calificadoras de riesgo le inflige un duro golpe al país y se da en un momento excepcional, inédito para el país, por ello coincido con el ex ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, quien expresó que "las calificadoras se están precipitando. Deberían dar un compás de espera a ver cómo se estructura todo el paquete de respuesta a COVID-19" antes de dar su dictamen. Aunque deplora la decisión tomada por S & P, el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo tampoco la comparte, toda vez que “los efectos de los choques del petróleo y el COVID – 19 deben ser vistos como transitorios”. En ello coincide con el Director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, quien agrega que no lo sorprendió “dado que ya estaba anticipado por buena parte del mercado” y, por ello, considera que a corto plazo no va a afectar el spread de la deuda colocada por la Nación.

Así no se comparta la decisión que han tomado estas dos firmas calificadoras del riesgo de la deuda soberana de la Nación, el hecho cierto es que han dejado al país a un solo paso  del “grado de no inversión, especulativo”, que es el eufemismo para significar que los bonos de deuda que emita el país objeto de esta descalificación son considerados “bonos basura”. Dicho de otra manera, el país pasaría de ser buena paga a desconfiar de su capacidad de honrar sus compromisos de deuda.

Aunque diga lo contrario el Director de Crédito público del Ministerio de Hacienda César Arias, para quien “es un momento precipitado para preocuparse por perder el grado de inversión”, ello no es irrelevante, este es un duro revés para la política fiscal y le resta margen de maniobra en momentos en los que las finanzas públicas están siendo más exigidas y en su mayor grado de stress a consecuencia del efecto combinado de la pandemia y la caída de los precios internacionales del petróleo. Recordemos que la última vez que Colombia perdió la calificación inversionista fue en 1999, año en que la economía entró en recesión y 21 años después estamos ad portas de una nueva recesión y ojalá no de la pérdida de la calificación inversionista.

Cota, abril, 11 de 2020

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Frente al momento difícil que vive el país, el título de esta columna sonará muy optimista para unos y engañoso para otros, más interesados en usar políticamente la crisis que en ayudar a superarla; en atacar al presidente y seguir dividiendo al país, que en cohesionar a la sociedad para derrotar la pandemia y empezar a trabajar en la construcción, cuando vuelva a salir el sol, como en las distopías literarias y cinematográficas, de una nueva economía, una nueva forma de relacionarnos, unas nuevas prioridades, un nuevo país con un nuevo y mejor Estado.

De dónde tanto optimismo, se preguntarán los lectores. Empecé a escribir después de una reunión virtual del Consejo Gremial Nacional con el presidente Duque y sus ministros relacionados con los aspectos estratégicos de la crisis; y aunque yo pueda ser calificado de “gobiernista”, esa sensación de “parte de tranquilidad” no fue solo mía, sino de todo el Consejo Gremial.

Este no es espacio suficiente para detallar el completo informe del Gobierno, pero sí para compartir algunas reflexiones. En principio, al hablar de “parte de tranquilidad”, no me refiero a un “tranquilos, que aquí no pasa nada”. Por el contrario, escuchamos a un presidente realista pero sereno, riguroso en sus análisis, firme en sus decisiones, todas con respaldo técnico y voluntad de acertar.

Fueron claras sus advertencias sobre la gravedad y duración de la crisis -esto no acaba el 27 de abril ni el 27 de mayo-, la necesidad de trabajo conjunto con el sector privado y la corresponsabilidad de todos. Quedó claro el compromiso del Gobierno y sus prioridades: La vida y la salud, la protección de los más vulnerables, la preservación del empleo y una estrategia “inteligente” para no frenar en seco la economía y, más bien, ir reencendiendo motores de sectores prioritarios, con estrictos protocolos de bioseguridad.

En medio del dolor por la enfermedad y las lamentables muertes, al comparar el manejo de la crisis y las cifras de afectados, podemos afirmar que, por la oportunidad y contundencia de las decisiones, Colombia y su presidente salen muy bien librados, a nivel mundial y continental.

Escuchamos también a un ministro de Salud que proyecta seguridad e inspira confianza; informado y comprometido con el papel de su cartera como línea del frente en esta batalla. Sin duda, tres millones de testeos durante las próximas semanas serán definitivos para aplanar aún más la curva y mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria y de cuidados intensivos.

La vicepresidenta mostró liderazgo en las acciones para garantizar el abastecimiento estratégico y definir los protocolos para el “reencendido inteligente” de la economía. Comparto, además, su llamado a prepararnos para una “nueva normalidad”.

Quedo en deuda con el tema agropecuario y la proactiva gestión del ministro Zea, pero quiero resaltar el realismo de ministro Carrasquilla, quien afirmó que, yéndonos bien, el crecimiento será de menos 2%, y el déficit crecerá irremediablemente. Aun así, medidas como la capitalización del Fondo de Garantías y la compra de deuda pública y privada por parte del emisor, además de la orientación de recursos hacia la salud, los más vulnerables y el crédito, han sido adecuadas y efectivas. Hacia delante vendrá la revisión de la Regla Fiscal para permitir una expansión del gasto que ayude a conjurar los factores de crisis, seguida de un duro ajuste durante dos años que, seguramente, obligará a rediseñar el papel y el tamaño del Estado.

Sentimos compromiso en el presidente y su gobierno; sentimos que estamos en la misma barca, no vemos la orilla y la tormenta arrecia, pero tenemos buen timonel.

Bogotá, D. C, 12 de abril de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie