Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Contraloría General de la República identificó a través de su Estrategia Compromiso Colombia 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que calificó como elefantes blancos sin ninguna utilidad público ni social. Según el Vice contralor Ricardo Rodríguez, sumados alcanzan la friolera de los $8.6 billones. Una de esas obras inconclusas es la Represa del Ranchería.

Desde que yo tengo uso de razón he oído hablar de la Represa del Ranchería, para aprovechar este importante afluente que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de un proyecto de vital importancia para La guajira y para los guajiros, en especial para los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, que ven en él la oportunidad de poner a producir sus feraces y sedientas tierras, de vocación arrocera, algodonera y palmicultora, especialmente. Este proyecto tiene una larga y accidentada historia, convirtiéndose en la promesa incumplida de los sucesivos gobiernos.

Estamos hablando de un proyecto multipropósito que busca irrigar 18.030 hectáreas, proveer de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento, amén de una micro central de generación de energía con capacidad de suministrar 22.6 GWh/año. Es de tal importancia este proyecto, que siempre ha sido identificado como la primera prioridad en los planes de desarrollo del Departamento en las últimas cuatro décadas, ya que se considera el principal motor para el desarrollo agrícola del sur de la península.

Me cupo en suerte, como Senador de la República rescatar este proyecto de los anaqueles oficiales para ponerlo en manos del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), quien acogió mi propuesta de ponerle gerencia para asegurar su ejecución. Gracias a ello, el 19 de enero de 1996 el INAT presentó y socializó con la Asociación de usuarios del mismo el marco jurídico, la política y el estado del proyecto y el entonces Presidente de la República Ernesto Samper, de quien había recabado su apoyo, en su visita a Riohacha el 6 de diciembre de 1997, cuando a la sazón me desempeñaba como Presidente del Congreso de la República, reiteró su voluntad y decisión de sacar avante este proyecto.

Y así fue. El Ministerio de agricultura sacó a licitación pública la estructuración, diseño y ejecución integral de este proyecto en el año 1998. Desafortunadamente el Presidente Andrés Pastrana, quien sucedió al ex presidente Samper, en un acto de revanchismo político, acolitado por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT),  truncó el proceso y declaró desierta la licitación, expidiéndole el acta de defunción a este proyecto en su sesión del 11 de octubre de 1999. Ello, no obstante que el INAT conceptuó que “el proceso de selección se ajustó a los parámetros preestablecidos para la convocatoria” y pese a la advertencia del entonces Contralor General Carlos Ossa Escobar en el sentido que dicha decisión podría entrañar un enorme detrimento patrimonial de la Nación. Se nos quemó el pan en la boca del horno.

Por fortuna, en el primer cuatrienio de la Presidencia de Alvaro Uribe Vélez se resucitó el proyecto, incorporándolo a su Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 y expidiendo el Documento CONPES 3362 de julio 14 de 2005, mediante el cual se declaró de importancia estratégica para el país. Se procedió, entonces, a contratar su primera fase, la presa El Cercado, con una capacidad de embalse de 190 millones de metros cúbicos de agua, a un costo de $638.000 millones, de los cuales aportó el Departamento de La guajira, con cargo a sus regalías directas, la suma de $64.000 millones.

La obra se concluyó en diciembre de 2010 y desde entonces, al no ejecutarse la segunda fase del proyecto (sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial), el mismo permanece, según dijo en su momento el ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, como un “elefante blanco a medias”, a medio palo.

Desde el Ministerio de Minas y Energía le dimos un último impulso a la ejecución de la segunda fase del proyecto de la Represa del Ranchería. En efecto, le solicitamos al ex presidente Juan Manuel Santos su intervención para reactivar este proyecto y darle continuidad a su ejecución y de acuerdo con sus instrucciones se integró una Mesa de trabajo de la cual hicieron parte el Ministerio de Agricultura, quien la lideró, el DNP, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de La guajira y FONADE. Esta última entidad procedió a contratar una “consultoría para el diseño y estructuración de un modelo de Alianza público – privada” para acometer la ejecución de la segunda fase de este proyecto, “considerando los diferentes servicios involucrados, para garantizar la sostenibilidad del sistema integral”. Pero, una vez más, el inmovilismo se apoderó del proyecto cuya presa sigue allí como un monumento a la desidia, a la incuria y la negligencia oficial.

Ello le mereció al Gobierno Nacional una dura reprimenda de parte del Contralor General Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios.

Más recientemente, en la administración Duque y bajo el liderazgo del Ministro de Vivienda Jonathan Malagón se ha dispuesto servirse del agua embalsada en la presa El Cercado para abastecer de agua potable a tres municipios (Fonseca, Barrancas y Hatonuevo) de los nueve previstos, para lo cual viene operando la planta de tratamiento de Metesusto, la cual, gracias a su repotenciación pasó de una capacidad de potabilización de 320 a 550 litros por segundo, para lo cual se invirtieron $21.518.828.141.

Por lo pronto, los distritos de riego del Ranchería y de San Juan del Cesar, así como la planta de generación de energía seguirán en la lista de espera. La pregunta es hasta cuándo.

Riohacha, febrero 29 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- La memoria histórica es, o debe ser, la compilación de la verdad; por eso nunca he entendido el traslape entre dos instituciones surgidas del Acuerdo con las Farc: la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ambas buscando lo mismo: la verdad para contarla.

Pero, qué verdad estamos encontrando y qué memoria estamos construyendo, me pregunto, si tanto la Comisión como el Centro obedecían al “afán” por blindar históricamente el Acuerdo, con una narrativa que lo justificara para la posteridad, izando la bandera de las víctimas, eso sí, pero instrumentándolas para esconder a unas –las militares, las ganaderas y las no dispuestas a perdonar– mientras se montaban espectáculos de perdón y se magnificaba mediáticamente a las que no fueran de las Farc.

Esa narrativa se empezó a construir con la creación, en agosto de 2014, de la “Comisión Histórica de Conflicto Armado y sus Víctimas” para ofrecer “una visión multilateral y neutral sobre el conflicto”, visión que fue la gran ausente, dando paso a un pulso mezquino por el “equilibrio” entre la verdad de Santos para legitimar su claudicación y su Nobel, y la de Timochenko para “limpiar” medio siglo de atrocidades.

El CNMH sucedió a una instancia similar de la Ley de Justicia y Paz, y su primer director, Gonzalo Sánchez, a pesar de haber sido nombrado por Uribe, se acopló rápidamente a los lineamientos de Santos y de las Farc, pues, de no haberlo hecho, la mesa habría pedido su cabeza, como hoy la izquierda, el centro-santismo y sus medios piden la de Darío Acevedo.

La renuncia de Sánchez fue un ataque al gobierno, al que acusó de “desandar la paz (…) la memoria, la verdad y la justicia”, tras anunciar que se iba porque reconocía una “nueva atmósfera política tras las elecciones presidenciales”. Hace pocos días volvió a la carga, acusando al gobierno de no condenar los asesinatos de líderes y de “banalizar” la violencia regional, demostrando que la memoria que estaba “construyendo” era la de la estigmatización santista y fariana del medio país calificado como “enemigo de la paz”.

El grupo SEMANA, bajo el disfraz “cultural” de ARCADIA, la emprendió contra Acevedo desde su portada, afirmando que, un año después de su llegada, “el CNMH se hunde en una crisis inédita”, tras lo cual su reportero se atreve a más y lo acusa de “enaltecer el relato de los militares, así eso implique fracturar trece años de trabajo con organizaciones de víctimas”, pero sin los militares, claro está, cuyas víctimas, como las ganaderas y las de las Farc, se pretende invisibilizar.

Es el mismo grito en el cielo que pusieron cuando María Fernanda Cabal incluyó en la Ley del Veterano un artículo para incluir un espacio en el Museo de la Memoria destinado a los veteranos de la Fuerza Pública, como si no fueran parte de la historia ni hubieran sido víctimas.

Es la selección sesgada de la verdad para construir la memoria. El director del CNMH es bueno si se ajusta a esa narrativa excluyente y malo sí incluye la de militares y ganaderos. Ya “le cayeron” a Acevedo porque tuvo la “osadía” de atender una invitación de la Junta Directiva de FEDEGÁN, en la cual propusimos un convenio para “Acabar con el Olvido”, cuyo primer insumo son dos informes de la Fundación Colombia Ganadera con ese nombre, que dan cuenta de más de 10.000 graves violaciones de derechos humanos contra ganaderos.

Porque nuestras víctimas no son menos víctimas, porque la verdad es el único insumo de nuestra memoria.

Bogotá, D. C, 1de marzo de 2020

@jflafaurie

Por Juan Manuel Galán*.- La semana pasada Invamer publicó su encuesta bimensual para medir la favorabilidad y aprobación del Presidente, personajes públicos e instituciones del país. También muestra la opinión de los ciudadanos sobre las problemáticas actuales, leyes y propuestas de nuestros gobernantes. Se trata de una muestra del clima político que respiran los colombianos. Es muy grave el deterioro de la percepción que los ciudadanos tienen sobre las instituciones democráticas.

El Presidente de la República tiene una imagen desfavorable del 71%, la Vicepresidenta 40%, el Ministro de Defensa 37% y el Ministro de Hacienda 41%. Solo el 16% dice que el país va mejorando, mientras que un 73% afirma que la corrupción y la economía han empeorado. La misma suerte corren los indicadores como el costo de vida, la seguridad, las relaciones internacionales y curiosamente en un gobierno de derecha, el 57% ve que en un futuro Colombia podría vivir la misma situación de Venezuela.

Sucede lo mismo con las instituciones. La imagen del Congreso y la justicia llegan al 82% de desaprobación. Vale la pena preguntarse si la gente no cree en las instituciones por las personas que temporalmente las lideran. O se trata de un desprestigio más de fondo, estructural, sobre su atraso e incapacidad para responder y resolver las necesidades ciudadanas. Me atrevo a proponer una respuesta a estos interrogantes. Los escándalos de corrupción de funcionarios públicos, sin duda minan la confianza en las instituciones. Sin embargo, la incapacidad de la clase política para avanzar en reformas rezagadas desde hace décadas que modernicen el estado y lo conecten con la gente para corregir la falta de oportunidades y la injusticia, son hoy la causa del rechazo ciudadano a las instituciones.

Cuando las instituciones democráticas pierden legitimidad, prestigio y respeto ciudadano, se genera un caldo de cultivo para que prospere el populismo, el autoritarismo, el miedo, el odio y la violencia que ha caracterizado nuestra historia política y que ha sido tan difícil superar. El cinismo, la corrupción, el clientelismo, la hipocresía y la irresponsabilidad que caracteriza la conducta de la mayoría de los políticos que se niegan a dejar el poder, bloquean la renovación de nuevos liderazgos capaces de interpretar la demanda política.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2020

*Exsenador Liberal.

Por Jorge Enrique Robledo*.- Gran error cometen quienes descartan de plano las acusaciones de Aída Merlano contra poderosos dirigentes políticos de Barranquilla y el país, con el deleznable argumento de que las hizo desde Venezuela y está condenada por la justicia colombiana. ¿Hasta cuándo seguirán usando a Maduro como coco para manipular en Colombia? ¿No se sabe que los mejores testigos pueden ser quienes violaron la ley, porque conocen en detalle lo que hicieron con sus compañeros de andanzas? No soy autoridad para condenar legalmente y creo en la presunción de inocencia. Pero también soy un ciudadano con derecho a exigir que este caso no termine, como va rumbo a ocurrir con Odebrecht-Aval, en que el cartel del tapen-tapen se escabulla del lío al bajo costo de sacrificar unos chivos expiatorios.

Muy mal empezó el Fiscal de Iván Duque, Francisco Barbosa, al negarse a investigar las denuncias de Aída Merlano, posición que tuvo que rectificar una vez la Corte Suprema de Justicia llamó al Senador Arturo Char a dar explicaciones sobre su complicidad en la fuga de la exsenadora, complicidad de la que ella lo acusó. Para mejor entender lo que ocurre, debe saberse que la Corte Suprema, que condenó a Aída Merlano a 15 años de cárcel, también procesa a Arturo Char por su papel en la misma corrupción, puesto que él y ella compartieron los mismos votos para Cámara y Senado en las elecciones de 2018. ¡Solo en Colombia puede suceder que los duquistas se empecinen en elegir de presidente del Senado a Arturo Char, porque “¿es que ustedes no saben que somos los intocables?”.

Es el colmo negar que Aída Merlano –dirigente de la Casa Gerlein durante años y socia de la Casa Char –Fuad, Alex y Arturo– en las elecciones de 2018 y en las de los cuatro últimos alcaldes de Barranquilla– conoce a fondo cómo opera la política en esa ciudad. Dice ella que Julio Gerlein, su compañero sentimental y político, les aportó importantes sumas de dinero a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos e Iván Duque, al igual que hicieron los Char. ¿En Colombia eso es imposible? ¿Que esas platas no aparezcan registradas en los libros de las campañas son prueba irrefutable de que dichos aportes no se hicieron?

¿No existe un video en el que Roberto Gerlein explica que mucha plata de la política se mueve down desk (“Por debajo de la mesa”) y que en este país es común que se compren votos, ilegalidad por la que condenaron a Aída Merlano? (bit.ly/2PvIEeW). ¿Y está chiflada la exsenadora por afirmar que las elecciones también se compran con plata robada de la contratación pública? No creo que haya colombianos informados y que no tengan objetivos inconfesables que descarten estas denuncias como disparates.

¿Tampoco pudo suceder que el negocio Navelena-Odebrech-Valorcom, con coimas de por medio, se acordara en el yate del hijo de Julio Gerlein, estando presentes este –propietario de Valorcom–, Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento Angulo, según afirmó Aida Merlano? ¿No demostré que el Fiscal Martínez, tras falsa investigación de once días, intentó que el país no mirara hacia Navelena-Odebrecht-Valorcom, negocio con torcidos y del que su hijo y socio fue contratista? ¿Por qué no puede ser cierto que Martínez se hiciera elegir Fiscal porque sabía que el caso Odebrecht-Aval llegaría a sus manos, como lo indiqué en el Senado? ¿Ninguno de sus cargos contra Germán Vargas Lleras puede ser cierto?

¿No es extraño rechazar por absurdo que a Aída Merlano le ayudaran a fugarse y a esconderse? ¿Y que le ayudaron los Gerlein y los Char cuando a ellos les convenía que su socia política no contara lo que a la postre denunció, tras irritarse por su dura condena y sentirse engañada por sus socios? ¿No debe investigarse también qué gran poder logró que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez allanara el directorio de campaña de Aída Merlano, acción legal que no ocurrió contra ninguna otra sede electoral en el país, cuando ese día se compraron votos en incontables sedes políticas en el país? Hace un posgrado en la verdadera Colombia quien vea el video y la transcripción de la entrevista de Aida Merlano con Vicky Dávila (bit.ly/3cizo7V).

Bogotá, D. C, 28 de febrero 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

Por Gabriel Ortiz*.- El deporte colombiano recibe el más rudo golpe a nivel nacional e internacional. La participación de nuestros jóvenes valores, que desde niños se dedican a las diferentes disciplinas deportivas, se van por la borda, ante la avalancha de los mercaderes de la carne.

Los últimos gobiernos, pero especialmente este del Presidente Duque, se han dedicado a fortalecer ¨mente sana en cuerpo sano¨. El Jefe Estado encontró el mejor prospecto para crear el Ministerio del Deporte. Se lo encomendó a Ernesto Lucena, con quien de inmediato se empezaron a ver los resultados con triunfos internacionales y nacionales, nuevas marcas y avalancha de muchachos en los pedestales del triunfo.

Pero como suele suceder en esta patria de Bolívar, aparecen los escollos que frenan el ímpetu de nuestra valerosa y emprendedora gente.

Quienes no han hecho nada por el deporte, encontraron la mejor manera de engrosar sus ingresos, a costa del detrimento de las disciplinas deportivas. Uno de los primeros en llevar del bulto, fue un joven ciclista antioqueño, a quien le arrebataron un título internacional. Luego pagó la irresponsabilidad de los ganaderos el tenista Robert Farah y ahora tres grandes promesas de las pesas. Ana Iris Segura, Yenny Sinisterra y Juan Felipe Solis, están en capilla y peligran tres medallas de oro en los Olímpicos para Colombia.

Todo ocurre, porque la ganadería colombiana se maneja con ligereza. Somos uno de los pocos países que permiten la utilización de boldenona, medicamento que se aplica para fortalecer los músculos del ganado y otras especies. Ni Uruguay, ni Brasil, ni la Unión Europea lo admiten.

Esto ha determinado que la carne vacuna colombiana, no debe ser consumida por nuestros deportistas de alto rendimiento. ¨La boldenona, se encuentra comúnmente en este alimento colombiano¨, ha dicho el experto Arián Buitrago. Los controles hechos a los deportistas antes enunciados, han resultado positivos y por ello los han sancionado por dopaje.

Fedegán, que es el gremio responsable por la calidad de la carne colombiana, se limitó a decir: ¨lamentamos mucho que los deportistas terminen en una circunstancia de esta naturaleza¨. Y eso fue todo… luego volteó la página para denunciar aumento de la extorsión y el secuestro a los ganaderos. Esa afirmación fue drásticamente rectificada por el General Fernando Murillo, quien expresó que esos delitos habían bajado en un 80%. Muchos deportistas consideraron que la delación de Fedegán, era la coartada perfecta para eludir su responsabilidad sobre el uso de boldenona y las fatales consecuencias para nuestros muchachos. Un escándalo tapa otro.

¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Qué autoridad se encargará de sancionar a los responsables de semejante desastre para el Deporte Colombiano?

Cuando a un animal se le aplica boldenona, solo puede ser sacrificado 30 o 45 días después, debidamente certificados por un veterinario o un zootecnista.  El gato no tendrá cascabel y nuestro deporte se derrumbará.

BLANCO: Se acaba la tal cédula al 150%.

NEGRO: ¿Quién o quiénes incendiaron La Macarena?

NEGRO: Imprudente utilizar centro deportivo para cuarentena de coronavirus.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Jairo Gómez*.- Le recomendaría encarecidamente al general en retiro Mario Montoya que viera la película “Escuadrón de la Muerte”, hoy en cartelera; le sería muy útil y seguramente le refrescaría la memoria sobre las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de las cuales ha sido acusado por cientos de miles de víctimas y que hoy lo tienen sentado en la JEP.

También se la recomiendo a esos casi tres mil militares que hoy decidieron someterse al  tribunal de paz y cuenten la verdad de todo lo que saben. La justicia transicional, que es reparativa y se cimenta en la verdad, es el camino, de lo contrario el castigo será implacable como le ocurrió al militar de rango (sargento) del ejército norteamericano que fue hallado culpable, según el filme, por la justicia penal militar de ese país y lo condenó a cadena perpetua por practicar ejecuciones extrajudiciales en la Guerra de Afganistán.

Es sorprendente la similitud de los hechos narrados por el cineasta y director Dan Kraus con los llamados falsos positivos en Colombia y de una manera descarnada y real nos pone en escena el horror y la frialdad como son manipulados los cadáveres para justificar su ejecución; evoca de inmediato la idea de que se trata de una táctica o doctrina que se aplica para sembrar terror en las comunidades asediadas por un conflicto armado. Tan coincidente es la estrategia que salta una pregunta: ¿tendrá esto que ver con la archiconocida Escuela de las Américas del Comando Sur de los Estados Unidos y sus doctrinas militares?

“Cíñete a la historia y estaremos bien; he hecho esto muchas veces y siempre he salido adelante”, le dice el comandante del escuadrón al recluta que lo denunció por las ejecuciones extrajudiciales que adornaba (el cadáver), como en Colombia, con armas y granadas para presentarlos como muertos en combate. Frase contundente que resume el cinismo del comandante aunque nunca oculta su responsabilidad, como sí lo hace Montoya a quien militares de menor rango lo han denunciado por exigir resultados por fuera del combate.

Es más, ya de civil, Montoya no oculta su soberbia cuando a una pregunta del tribunal de por qué durante su comandancia se incrementaron los falsos positivos respondió, según varios medios de comunicación, que “me duele decirlo, los muchachos que van al Ejército son de abajo, son los de estrato uno, no van los de estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles como se utiliza el baño, como se utilizan los cubiertos”. Dando a entender que  su baja condición social los habría llevado a cometer esos delitos. Esa es la dolorosa versión que las víctimas también escucharon.   

En Estados Unidos, según lo narrado por le película, cuyo guion nace de un caso real, la Justicia Penal opera y el castigo fue ejemplar; aquí en Colombia, como se sabe, para superar el conflicto armado interno y consolidar una paz estable y duradera se creó el Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para que quienes estuvieron inmersos en la guerra cuenten la verdad, reparen y restauren a las víctimas y a cambio de ella obtengan unos beneficios.  

Eso debe hacer el general (r) Montoya Uribe, es mi recomendación: contar la verdad. La estrategia era inmanente al sistema, es inocultable. Háganos ese favor a los colombianos y relate como fueron los hechos porque las evidencias así lo corroboran, Dabeiba lo dice todo; permítanos horrorizarnos y rechazar con toda el alma estos hechos, solo así nos concientizaremos de que lo sucedido jamás vuelva a ocurrir en nuestra atribulada Colombia.

Sin duda, nos enteramos de Dabeiba porque la JEP existe, de lo contrario muchas generaciones no nos hubiéramos informado y “seguramente esto hubiera quedado en la impunidad”, como bien lo dijo el Magistrado Ramelli. No dejen de ver la cinta, imperdible.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi   

Por José G. Hernández*.- Si algo debe caracterizar el sistema de control de constitucionalidad en cualquier país es la contundencia y seguridad de las decisiones que adopta el órgano independiente y dotado de plena autoridad, encargado de velar por la efectiva y permanente vigencia de la Constitución. Si ese órgano es dependiente, débil, resuelve por razones de conveniencia o da su brazo a torcer, permitiendo que la Constitución sea desconocida en la práctica, el sistema periclita y el control decae, al punto de pasar a ser inocuo. O, dicho con mayor precisión: un control de constitucionalidad débil no sirve para preservar la intangibilidad de los valores, principios y preceptos que sienta el ordenamiento fundamental del Estado. Y, si no sirve, sobra.

Preocupa, además de la conocida obstrucción que la Corte Constitucional ha creado respecto a la acción pública (hasta hacerla imposible para el ciudadano del común), las frecuentes sentencias en que, pese a declarar que una norma o conjunto de normas legales violenta la Constitución, se decide permitir -mediante efecto diferido del fallo- que sigan rigiendo. Como quien dice que estas normas -declaradas inexequibles- sigan vulnerando los mandatos constitucionales, imperando, obligando y produciendo los efectos inconstitucionales, no obstante que ya se declaró que son incompatibles con la norma de normas. Se deja que continúen rigiendo, pero solamente por un tiempo. Y ese tiempo es cada vez más amplio, ya no se extiende por meses sino por años. Un generoso permiso para seguir violando la Constitución.

Así, en fallo del de febrero (C-068/20), la Corte declaró inexequible -con toda razón, porque violaba el principio de unidad de materia y el carácter específico de planeación- el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) sobre ingreso base de cotización en salud para independientes. Pero, a renglón seguido dispuso: "Diferir los efectos de la inconstitucionalidad declarada hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia". Algo similar a lo ocurrido con la Ley de Financiamiento.

Mi opinión al respecto no es nueva. La expuse junto con el magistrado Alfredo Beltrán Sierra al apartarnos en ese punto de la sentencia que declaró la inexequibilidad del sistema UPAC (C-700/99):  “…a nuestro juicio, la inexequibilidad de las normas acusadas ha debido tener aplicación inmediata, pues, si una ley o parte de ella, o un decreto ley, o un decreto legislativo se encuentran contrarios a la Carta Política y, por lo mismo, así se declara por quien tiene a su cargo la guarda de la integridad y primacía de la Constitución (artículo 241 C.P.), riñe con la lógica jurídica que lo que es inconstitucional  prolongue su existencia en el tiempo con posterioridad al fallo en el que así se declara por esta Corporación”.

Ahora, desde fuera de la Corte, reitero mi posición, porque el fallo con efectos diferidos -en especial por tan largo tiempo (dos legislaturas ordinarias, prácticamente dos años)- resulta inexplicable, contradictorio y sin lógica. Y entonces, me pregunto: así las cosas, ¿para qué sirve un control de constitucionalidad débil y complaciente, que deja vigente lo que debería expulsar en forma inmediata del ordenamiento jurídico? ¿Por qué someter al ciudadano a la observancia de normas legales que son contrarias a la Constitución? ¿Rigen ellas por encima de la Constitución durante ese largo tiempo del efecto diferido?

Bogotá, D. E, 26 de febrero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G Ricardo*.- Aunque nuestro deseo sería que se presentara una mejoría ante tantos casos que tenemos todos los días de inseguridad en todo el territorio nacional, lo que sucede es que ésta se incrementa y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasa con la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado?

La opinión pública está alarmada y escandalizada por las declaraciones del vocero de la Policía Nacional con motivo del robo que le hicieron en su casa al exsenador de la República y dirigente gremial, Miguel Gómez Martínez, quien durante más de 50 minutos tuvo en su residencia a 5 hombres armados, quienes lo amarraron, no solo a él, sino también a su señora y a su hija, saqueando su casa. Cuando pudo denunciar el hecho, un vocero de la policía nacional le dijo, “agradezca que no le violaron a su hija”.

Una respuesta de esta naturaleza por parte de quienes deben garantizar la seguridad ciudadana es realmente incomprensible y debe ser castigada de manera inmediata por sus superiores, pues de lo contrario lo que nos puede esperar a los ciudadanos es lo peor.

Es inaceptable que ante el aumento de la inseguridad, de los centenares de artículos de columnistas, analistas, periodistas o simplemente del registro de las noticias, no se encuentre una acción rápida y contundente por parte de las autoridades.

No hay familia que de alguna manera se haya escapado a un caso de atraco en las calles de la ciudad o al robo en sus casas o en sus bienes.

Los oídos sordos de las autoridades ante esta situación nos pueden llevar a resultados muy peligrosos, pues ya esta problemática se está conociendo en el exterior y se escucha a los inversionistas manifestando su inquietud de venir a Colombia por la inseguridad que se vive.

Si bien es cierto que el desplazamiento de más de un millón y medio de venezolanos a las distintas zonas del territorio nacional en los últimos años es una de las razones que se analizan como causa de la inseguridad que se vive, no quiere esto decir que las autoridades no establezcan de inmediato un plan extraordinario para controlar la inseguridad.

 Y lo más grave de todo es que ya los delincuentes no se limitan a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias, sino que ante cualquier reacción de defensa de las personas afectadas, proceden a herirlos con un arma.

En el caso de Bogotá, no se escapa ninguna calle de la ciudad de estos hechos ante la mirada sorprendida de sus habitantes. Por eso no me cansaré de insistir en que es apremiante hacer algo.

¿Será que todos los colombianos tendremos que organizarnos para poder protegernos nosotros mismos de la delincuencia, ante la falta de acción de las autoridades que tienen la responsabilidad de otórganos seguridad? No creo que debamos llegar a esta situación, pero si debemos unirnos para exigir una acción eficiente por parte tanto de la policía como de los organismos de seguridad.

El Gobierno nacional debe tomar acciones urgentes al respecto y los funcionarios responsables que no han dado resultados, proceder a cambiarlos.

La Policía Nacional está pasando por una crisis de pugnas internas, pero no podemos ser las gentes de bien las víctimas de lo que en esta institución se está viviendo.

Ahora bien, para el castigo de los delincuentes es necesario que haya pronta y eficiente justicia.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Guillermo García Realpe*.- Colombia es de los pocos países con dos océanos, con tres cordilleras, con infinidad de ríos, volcanes, nevados, selvas, tenemos el 50% de los páramos del mundo, la segunda mayor biodiversidad del planeta, somos el tercer productor mundial de café y esmeraldas, nuestro suelo esta tapizado por el verde, desde las selvas hasta las llanuras. ¡Pero oh sorpresa!, tristemente nos azotan flagelos tan delicados en la orbe, como el peligroso narcotráfico. 

Es un grave detonante que llevamos a cuestas desde principios de la década de los 70 cuando Colombia iniciaba la penosa actividad de exportar cocaína a otras latitudes, especialmente hacia los Estados Unidos, desde entonces esa fama de país productor de alcaloides, sumado a la violencia, lastimosamente nos condena a ser vistos con otros ojos desde el exterior, a pesar de los múltiples esfuerzos por opacar esa triste realidad. 

La lucha contra el narcotráfico, ha sido feroz, ha significado millonarias inversiones, y lo más cruel, es que ha cobrado la vida de miles y miles de personas. Es un flagelo que ha sido combatido por siete presidentes, aún sin resultados efectivos porque el narcotráfico sigue siendo el combustible que atiza la guerra en Colombia. 

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC-, Colombia cerró el año 2018 con un total de 169 mil hectáreas de cultivos ilícitos, dos mil menos con relación al mismo período del año inmediatamente anterior. De ese vergonzoso mapa, la región pacífica cuenta con 62 mil 446 hectáreas del total del área sembrada en Colombia. Lo que refleja que el 5% del territorio concentra el 68% del problema, según el mismo informe. 

Lo complejo del caso, es que entre más se combate, más florecen matas de coca y de amapola en el territorio nacional. Sin embrago, en los últimos dos años ha venido decreciendo el área sembrada, aunque con muy poco porcentaje, por ejemplo en 2018 tan sólo en Nariño se redujeron en 3835 el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, gracias al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria PNIS, al cual se inscribieron más de 60 mil familias. La resiembra sólo fue del 0,6%, es decir, que por cada 100 hectáreas sustituidas, se resembraron menos de una hectárea, mientras que en temas de erradicación forzosa, la resiembra está entre el 50 y el 67%, según cifras del mismo Gobierno  Nacional.

Entre 1994 y 2015 se fumigaron en Colombia 1.896.709 hectáreas de coca, no obstante se pasó de 46.700 hectáreas a 96.000 ha, mientras tanto en el departamento de Nariño se fumigaron, entre el 2000 y el año 2015 un total de 476 mil hectáreas y sin embargo los cultivos de coca pasaron de 9300 a 29 800 has, es decir, un incremento abismal del 320%, lo que traduce que durante esos años fueron necesarios 4 millones 760 mil litros de glifosato para tratar de controlar lo incontrolable a través de ese herbicida que, lo único que genera son graves impactos en la salud, el medio ambiente y desde luego la contaminación de las fuentes hídricas. 

Está claro que, el glifosato es un método nocivo y equivocado contra las drogas ilícitas, pues según un estudio de la Universidad de Los Andes, para erradicar por esa vía una hectárea efectivamente de cultivos ilícitos, se requiere fumigar el área unas 32 veces, sí ¡32 veces!, algo realmente alarmante, ahora, a eso hay que sumarle los onerosos costos que representa eliminar tan sólo una hectárea con el herbicida, pues cuesta US$57.150, es decir que a precio colombiano de hoy, eso traduce que eliminar una sola hectárea por vía glifosato cuesta 193 millones 624 mil pesos. ¡Absurdo! 

Recientemente el exministro Rafael Pardo, presentó en Bogotá su libro “La Guerra Sin Fin” donde cuenta, desde su experiencia todos los esfuerzos que el país ha hecho contra las drogas, fue un importante escenario donde confluyeron entre otros el Expresidente Juan Manuel Santos, el exministro y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. En el libro, Rafael Pardo, cuenta como la guerra contra las drogas la sigue ganando las drogas. 

Sin embargo, vemos como el consumo de marihuana, tabaco y alcohol se ha ido reduciendo en Colombia y el mundo, y eso se debe básicamente a una regulación sanitaria, donde se promueve el no consumo de esas sustancias por sus consecuencias nocivas para la salud y así mismo habrá que insistir por esa vía, para que la coca deje de ser consumida, es decir, es mejor regularla que prohibirla, sólo así abriremos el camino para enfrentar a ese gran monstruo que sigue carcomiendo nuestras sociedades a nivel mundial. 

Entonces, la solución aquí no es más glifosato, no son más aspersiones aéreas con ese herbicida de muerte, la solución aquí es sustituir por la vía voluntaria, donde los campesinos tengan posibilidades de cultivar con proyectos productivos legales y rentables y donde la coca y otras drogas que causan graves afectaciones se regulen, más no se prohíban. 

La otra solución, es abrir el debate nacional para que se regulen las drogas en Colombia, sólo así podremos enfrentar con contundencia a las mafias que se lucran del narcotráfico, que tienen capturado al Estado, que permean la política, que se apoderan de las tierras y que burlan la justicia, esa es la única manera de ganarle la guerra a un flagelo tan asesino como la mata que mata.

Pasto, 25 de febrero de 2020

*Senador Partido Liberal   

@GGarciaRealpe

Por: Alonso Ojeda Awad*.- Los tiempos van marcando nuevos rumbos. Sin embargo, las palabras proféticas del sacerdote y capellán universitario Camilo Torres Restrepo, 54 años después de su muerte, siguen conservando su vigencia, así la hayan desconocido todo este tiempo. En su última proclama a los colombianos, fue lo suficientemente claro al decir: “Por la organización de la clase popular, hasta muerte” y Camilo murió y la tarea central por el asignada, la de la organización, no ha sido ni tenida en cuenta, ni desarrollada.

Pero ahora, el teólogo brasileño Frei Betto acaba de convocar desde la Habana, Cuba, a toda la izquierda latinoamericana a organizar a las masas populares, después de hacer un análisis crítico sobre su proceder en los últimos años y después, iniciar un trabajo dirigido, de verdad, a organizar a las masas populares, que hasta ahora nadie ha asumido esa tarea compleja y urgente de organización.

Encuentro una profunda cercanía entre el pensamiento social y cristiano de Camilo Torres Restrepo y Frei Betto, el famoso teólogo brasileño, uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación, de la cual Camilo fue su fundador.

El verdadero nombre del teólogo Frei Betto es Carlos Alberto Libanio Christo, nacido en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, el 25 de agosto de 1944.  Sus padres fueron importantes periodistas. Desde muy joven ingresó a la JEC, Juventud de estudiantes católicos, por sentir vibrar en su corazón la presencia del Cristo Nazareno que vino al mundo a enseñar el amor, la misericordia, la justicia social y enseñarnos a amarnos como hermanos.  Mientras estudiaba Periodismo en la universidad decide entrar a la orden de los Dominicos, la misma orden con que soñó en su primera juventud ingresar el Padre Camilo Torres.

Desde su juventud fue un duro opositor a la oprobiosa dictadura militar brasileña lo que lo costó encarcelamiento y ser torturado en prisión. Estuvo detenido bajo la justicia penal militar brasileña por más de cuatro años.

En el año de 1979 se mudó a vivir en una favela (barrio humilde) en Sao Pablo, Brasil, donde conoció al gran dirigente obrero Luis Inacio Lula da Silva, de quien se hizo su amigo personal acompañándolo en las campañas políticas que lo llevó a la presidencia de la república del Brasil. También es amigo personal del mundialmente célebre teólogo Leonardo Boff.

Él ahora ha dicho que “La izquierda tiene que ser autocrítica, sentarse a pensar que equivocaciones se cometieron para permitir que la derecha volviera con tanta fuerza al poder en nuestros países. No basta decir que son cosas del imperialismo, todo eso lo sabemos y jamás va a descansar, mucho menos a facilitarnos nuestras tareas…”

“…Hemos cometido algunos errores, como por ejemplo la corrupción, no hacer el trabajo de alfabetización política con el pueblo y no organizar las bases populares. No hemos sabido fortalecer el poder popular y es lo único que nos permite que un gobierno progresista tenga el verdadero poder…”

“Es vital hacer un trabajo para concientizar y organizar a las masas”, dentro de la población civil, las mujeres, el movimiento sindical, los campesinos, las etnias, los estudiantes. Esta es la única manera de avanzar y consolidar el poder popular.

Esto fue exactamente lo que planteo Camilo Torres Restrepo cuando expresó con toda su profunda convicción: “Por la Organización de la clase popular, hasta la muerte” y esto es precisamente lo que no se ha hecho en los 54 años después de su muerte.

NOTA CULTURAL. Mi amigo Leonel Pérez Bareño, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y politólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, acaba de publicar su interesante obra “Mil formas de decir Arauca”. Un sentimiento profundo desde Arauca y Apure.  Me permito recomendarla de manera muy especial.

Bogotá., D. C, 24 de febrero de 2020

*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.