Opinión

Por Juan Manuel Galán*.- Esta semana, uno de los asesinos más viles y crueles que haya existido en la historia de nuestro país murió por un cáncer de esófago, enfermedad que lo aquejaba desde hace ya varios meses. Me refiero a John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’. Este individuo, también conocido como uno de los sicarios más cercanos a Pablo Escobar, fue responsable de atrocidades como el homicidio de más de 500 policías, el asesinato de Rodrigo Lara, la bomba del avión de Avianca y el crimen de mi padre Luis Carlos Galán, junto a cientos de ciudadanos que cayeron víctimas de atentados con explosivos.

Sin embargo y a pesar del gran daño que le hizo al país y a mi familia, no me alegra su fallecimiento ni el de ningún ser humano, pero sí me deja una sensación de frustración. Si bien este señor colaboró con la justicia en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán y contribuyó al avance del proceso, no pasará lo mismo con miles de familias que destruyó y que se quedaron esperando verdad, justicia y reparación.

Su muerte no solo deja en un limbo la verdad sobre las circunstancias, razones y motivos por los cuales un ser querido fue asesinado, secuestrado o desaparecido por el cartel de Medellín. Una verdad histórica y judicial, que es necesario recuperar, reconstruir para las víctimas y para las nuevas generaciones. Porque aquí no se trata simplemente de reconstruir la historia de cualquier proyecto criminal. El narcotráfico en Colombia ha sido un proyecto político que no solo ha surgido por acción de los propios narcotraficantes, sino gracias a las alianzas con la élite política, empresarial, judicial, paramilitar y con miembros de los organismos de seguridad del Estado.

Esta es una oportunidad para rodear, reconocer y redignificar a las víctimas. Espero que alias Popeye haya sentido arrepentimiento antes de morir y que Dios tenga misericordia de su alma, pero me pregunto: ¿Si hubiese muerto una víctima de este sicario, sería noticia? ¿El país estaría rememorando y reconociendo su sufrimiento? ¿Cuál va a ser la respuesta del Estado para que no haya impunidad en los miles de crímenes que cometió? ¿Qué acompañamiento le brindará el Gobierno a las víctimas?

Espero que su muerte sirva para darle reconocimiento a las víctimas y no a los victimarios. Es la oportunidad para resarcirnos como sociedad, dejar de rendir un culto morboso al crimen y exigirle al Gobierno que honre su memoria.

Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2020

*Exsenador Liberal

Por Amylkar D. Acosta M*.- En Colombia el largo plazo se reduce a sólo cuatro años, que es el período de los presidentes, gobernadores y alcaldes con sus respectivos planes de desarrollo y de inversión. De allí que, primen las políticas de gobierno sobre las políticas de Estado. los proyectos de corto vuelo sobre aquellos que son de largo aliento y de contera priman la imprevisión y la improvisación, que son tan nocivas. Las promesas de los candidatos a ejercer dichos cargos de “construir sobre lo construido” por sus antecesores se quedan en la retórica, al fin y al cabo, como se suele decir, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

Cada presidente, gobernador o alcalde aspira a poner la primera piedra de las obras a ejecutar y a cortar la cinta al momento de su inauguración. No obstante, ello no siempre es posible porque los atrasos, aplazamientos y complicaciones en la ejecución de las mismas, los postergan y además de los sobrecostos que conllevan, dan pie para que la avilantez de los gobernantes de turno terminen ganando indulgencias con avemarías ajenas.

El antiguo puente Pumarejo unió a Barranquilla, considerada para entonces como la Puerta de oro, con el corregimiento de Palermo del Municipio de Sitio nuevo del Departamento del Magdalena, desembotellando el tráfico y contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Lo contrató el Presidente Guillermo León Valencia, lo construyó el Presidente Carlos Lleras Restrepo y lo inauguró el Presidente Misael Pastrana en abril de 1974.

Durante muchos años la construcción de un nuevo puente se constituyó en uno de los proyectos – bandera de la región, liderado por el Comité intergremial del Atlántico. La principal motivación por parte de este ante los sucesivos gobiernos tenía que ver con la altura del viejo puente, que se constituía en una talanquera para el paso de los buques de mayor calado hacia la Zona industrial de Malambo y Ponedera. De allí que se diseñara el nuevo puente con 45 metros de altura (gálibo), 29 metros más alto que la vieja estructura.

Más, sin embargo, después de construido en la dministración Santos e inaugurado con bombos y platillos por el Presidente Iván Duque en diciembre pasado, han surgido dos inquietudes al respecto. En primer lugar, la demolición del antiguo puente cuesta aproximadamente $100.000 millones y esta es la hora que no se sabe de dónde van salir. Pero si se llegara a superar este impasse surge otro, que tiene que ver con la navegabilidad del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, la cual está supeditada al dragado permanente del dique direccional, máxime cuando, según el Director de CORMAGDALENA Pedro Pablo Jurado la estructura del nuevo puente aumenta la sedimentación en detrimento de la navegabilidad del mismo. Ello, a causa de que ha inducido un “cambio en la dinámica del Río por la presencia de las Pilonas”. Y, para rematar, la estructura del viejo puente ha quedado como si fuera un bien mostrenco, abandonado a su propia suerte ya que, según el INVÍAS  “no hace parte de su resorte”.

El propio Director ejecutivo de ASOPORTUARIA de Barranquilla Lucas Ariza sostiene: “sí, el puente nuevo es muy bonito, pero su utilidad no está muy clara”. Además, a última hora, se le ha ocurrido al Director operativo del INVÍAS Juan Esteban Romero la idea de demolerlo parcialmente para que, al tiempo que permita el paso de las embarcaciones, el resto de la estructura se habilite como mirador turístico. En ello coincide con el interventor, el ingeniero Juan Carlos Saenz.

Indudablemente esta es una obra monumental, habida cuenta que cuenta con un tablero de 38 metros de ancho, con dos calzadas de tres carriles cada una, con 3.2 kilómetros de andenes peatonales y cicloruta, además de 2.173 metros de longitud, de los cuales 800 metros son atirantados, el mayor del país, que hacen de este puente una obra colosal, uno de los 5 más grandes del mundo, según la Ministra de Transporte Angela María Orozco. Pero, resulta que no se previó construir acompasadamente, como ha debido ser, las vías de acceso y los “approachs”  a las cabeceras del puente y, lo que es más grave, las dos calzadas con sus seis carriles empalman con la vía a Santa Marta con sólo una calzada y dos carriles. La congestión vehicular a lado y lado del puente es descomunal.

Esto es un exabrupto y ya se puede observar el embotellamiento del tráfico, ahora a punto de colapsar, de los 8.000 vehículos, en promedio, que deben cruzar diariamente este puente. Según Romero, la construcción de la doble calzada desde el puente Pumarejo a Ciénaga (Magdalena), en donde está el embudo en que quedó convertida la vía, puede costar $2 billones, que los debe asumir la Nación, dado el carácter de y envergadura de la misma y para ello procede que se declare con un Proyecto de Interés Estratégico Nacional (PINE), porque lo es (¡!).

La construcción del nuevo puente Pumarejo corrió a cargo del consorcio SES Puente Magdalena liderado por la firma española Sacyr, la misma que construyó la ampliación del Canal de Panamá y que construyó el controvertido puente Hisgaura en Santander. Su costo inicial fue de $649.508 millones y al final, después de dos prórrogas, salió por $785.000 millones, aunque, de prosperar la demanda del consorcio contra el INVÍAS, podría subir hasta los $900.000 millones. El motivo de la controversia radica en la pretensión de un reajuste exigido por Sacyr por una supuesta mayor cantidad de obras y modificación de diseño acorde con el nuevo Código colombiano de puentes expedido en 2014, injustificado según el INVÍAS por no haber contado con la autorización previa de parte de la interventoría.

Luego de la negativa del INVÍAS, primero el 5 de septiembre de 2017 y luego en agosto de 2019, de las pretensiones del consorcio contenidas en un pliego de 18 puntos, abruptamente y sin mayores explicaciones, dos días previos a la inauguración del puente, el nuevo Director del INVÍAS Juan Esteban Gil se allanó a la propuesta de Sacyr de que sea un tribunal de arbitramento el que dirima la controversia, decisión esta que ha sido muy cuestionada y controvertida.

Medellín, febrero 8 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Los ganaderos cumplimos; un logro que nos enorgullece, resultado del esfuerzo y la constancia, del compromiso con la cultura sanitaria y la disciplina en la vacunación. ¡Gracias, ganaderos de Colombia!

Un día feliz para la ganadería como sector estratégico de la economía rural; para FEDEGÁN como su gremio cúpula; para el Ministerio de Agricultura y el ICA, y sobre todo, un día muy feliz para los ganaderos: su esfuerzo, su tesón para recuperarse y su orgullo ganadero, han sido premiados: Colombia recuperó su estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa.

Y por qué tanta felicidad, se preguntarán mis lectores no ganaderos y urbanos. Algo de historia: en 1994, cuando empezó su labor el Fondo Nacional del Ganado, creado gracias a la gestión de FEDEGÁN, una gran prioridad concertada con el gobierno fue la erradicación de la fiebre aftosa, no solo como un compromiso sanitario internacional, sino por su condición de puerta de acceso a los mercados externos.

En 1997, también gracias a la gestión gremial de FEDEGÁN, la Ley 395 declaró de interés nacional la erradicación de la enfermedad y creó el Programa Nacional de Erradicación, a partir de una alianza entre el sector privado, con FEDEGÁN como administrador del Fondo del Ganado, y el público, con el Ministerio de Agricultura y el ICA como autoridad sanitaria.

Desde entonces se desarrollaron rigurosamente dos ciclos de vacunación al año y, en 2001, recibimos la primera certificación para una zona libre de aftosa. Y así fuimos añadiendo certificaciones regionales, como quien llena con paciencia un rompecabezas, hasta 2009, cuando completamos el mapa de Colombia como país libre de aftosa con vacunación. Ese año, como hoy, celebramos con alegría.

Continuamos vacunando para preservar tan valioso patrimonio, hasta 2018, cuando Colombia lo perdió, como resultado de las decisiones, no técnicas sino persecutorias, del gobierno Santos. Primero rescindió unilateralmente los convenios con FEDEGÁN para el manejo de la trazabilidad y las Guías de Movilización de Ganado; luego le quitó la administración parafiscal, liquidó el Fondo del Ganado y desintegró el equipo técnico que logró la certificación y operaba los ciclos de vacunación. Como resultado, se relajaron procedimientos y controles, al punto que la falta de protección frente al contrabando produjo los primeros brotes en 2017 y la pérdida de la certificación en 2018.

Cuando hablo de “valioso patrimonio” no me refiero solo a su importancia, sino a su costo y esfuerzo. Ninguna entidad pública o privada, de salud humana o animal, ha sostenido un sistema masivo de vacunación durante 22 años, con dos ciclos anuales, coberturas del 96 % y enorme complejidad. La inversión, que arrima a dos billones de pesos, ha sido toda de los ganaderos, a través del aporte al Fondo Nacional del Ganado y del pago de las dosis aplicadas.

Dos veces al año, un ejército de 5.000 vacunadores recorre el país rural, llegando a más de 600 mil predios a vacunar más de 27 millones de animales. Durante 2019 se aplicaron más de ¡60 millones de dosis!, incluyendo una estrategia de revacunación en la zona de alto riesgo.

Un año después de que el presidente Duque le restauró a FEDEGÁN sus derechos en cumplimiento de la Ley 89 de 1993, la misma que Santos violó, Colombia es otra vez libre de aftosa. Los ganaderos cumplimos; un logro que nos enorgullece, resultado del esfuerzo y la constancia, del compromiso con la cultura sanitaria y la disciplina en la vacunación. ¡Gracias, ganaderos de Colombia!

Mi expreso reconocimiento a esos 5.000 vacunadores anónimos que recorren el campo sin reparar en los riesgos, el clima o la inseguridad. Su esfuerzo valió la pena…

¡Así construimos la nueva ganadería colombiana!

Nota bene. La experiencia y conocimiento del nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, auguran éxitos en su gestión.

Bogotá, D. C, 8 de enero de 2020

*Presidente de Fedegan  

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- El mundo entero está en emergencia por la aparición de “coronavirus” que ya ha cobrado casi 400 víctimas en China y que empezó a pasarle la cuenta a la economía mundial, incluyendo a la norteamericana, que con la fuerte mano  derecha de Trump había castigado al Girante asiático y a tantas otras naciones del planeta.

Paradógicamente “coronavirus”, le ha permitido a China mostrar su poderío, su laboriosidad y la fuerza que posee para atender este tipo de contingencias, que ponen en jaque la vida del globo en que habitamos. Sus científicos están en acuartelamiento de primer grado, buscando la cepa de esta alarmante neumo-gripa que avanza hacia una pandemia y que puede arrebatar la vida a millones de habitantes.

China ha demostrado al mundo que afronta las adversidades con seriedad. Mientras en Colombia nos demoramos años enteros construyendo un puesto de salud con dos cuartos como consultorios, un reverbero para esterilizar jeringas y una camilla a la que le falta una rueda y cubierta con una raída sábana, los Chinos en solo 9 días levantaron un megahospital con mil habitaciones, los más modernos equipos y aparatos para atender pacientes y elementos que envidiaría el más actualizado centro de salud colombiano.

En el Chocó murieron esta semana 5 niños, porque no hubo un centro de salud, con equipo médico que les atendiera una diarrea.

Esa es nuestra realidad. Nos encontramos en la sede mundial de la corrupción. El dinero que los Chinos destinaron para construir el megahospital, en nueve días, se habría esfumado en nuestro entorno en  una semana. En esta perversión, somos súper eficientes, y populares.

Aquí abundan los “elefantes blancos” y las primeras piedras deterioradas y sin las placas, reposan en los “reducideros”, que las autoridades ubican, pero les aplican la “vista gorda”.

No cumplimos ni normas y ni compromisos. Jugamos con los acuerdos. Para ejemplo, están las implementaciones a la paz, a la que día a día le aplican la “ley trizas” de Londoño.

La paz fijaba obligaciones a los guerrilleros, al gobierno y al propio presidente de turno. El dejar hacer y el dejar pasar, ha servido como rey de burlas.

Esa la razón, para que en Colombia haya hecho aparición la “coronalíderes”, la pandemia que nos aqueja. En enero, fueron asesinados 27 líderes sociales –el fiscal (e) solo sabe de uno- y nadie ha investigado los orígenes de esta epidemia, ni ha procedido a “construir” un mínimo centro de atención. Por fortuna no han dedicado dineros para ello, porque ya sabemos a dónde hubieran llegado esos fondos.

La “coronalíderes”, continuará en Colombia, ante la inexistencia de la implementación que se requiere para cumplirle a la paz.

BLANCO: Llega el día del periodista con dos buenas noticias: Álvaro García resucitará RTVC con su experiencia y Erika Fontalvo mantendrá el Heraldo en el picacho. Feliz día a todos los colegas.

NEGRO: Increíble que vaya a Derechos Humanos la exministra que pretendió “semifallar” el proceso de paz. ¿Qué buscan los del CD?

Bogotá, D. C, 6 de febrero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

Por Clara López Obregón*.- Los resultados del fundamentalismo de mercado presentado como la panacea para todos los males están a la vista. En varios países las gentes marchan contra la desigualdad y la falta de representación, elevan su voz frente a la creciente concentración de la riqueza y del poder político y reclaman acción eficaz frente a la emergencia climática generada por el desmedido afán de lucro que se impone sobre la ética y la racionalidad científica.

El mismo año que se derrumbó el socialismo real, el economista John Williamson acuñó, con el apelativo de Consenso de Washington, al cuerpo de políticas económicas convenidas por los economistas del Banco Mundial, el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. Coincidentes con las sucesivas crisis de la deuda externa, los distintos gobiernos debieron aplicar la receta de privatizaciones, austeridad, rebaja de impuestos, apertura comercial, desregulación y flexibilización, léase reducción de garantías laborales y sindicales, para acceder al financiamiento ofrecido para solventar sus balanzas de pagos.

En reemplazo del Estado de bienestar se adoptó el credo del mercado que implicaba el debilitamiento del Estado y el establecimiento de la racionalidad maximizadora del homo economicus como única medida del ciudadano. Se impuso en la disciplina de la economía, según Angus Deaton, la Escuela de Chicago sobre la Escuela de Cambridge (Inglaterra) que aboga por criterios distributivos y la moral en la economía. En Colombia se vivió la versión criolla de esa ideologización del mercado cuando un grupo de ciudadanos, entre ellos el ministro de Hacienda, dirigió una carta a la Universidad de los Andes en la que cuestionó la enseñanza impartida en la Facultad de Economía porque no había abrazado el nuevo credo. El resultado fue una facultad que abrazó la fórmula incuestionable del neoliberalismo y desde ahí la irradió a todos los gobiernos.

Pues bien. A comienzos de enero, la Asociación Estadounidense de Economía, AEA, por su sigla en inglés, mostró una nueva actitud. En respuesta a una encuesta realizada el año anterior entre sus 45.000 miembros sobre el clima de la profesión, más del 80% de las mujeres y el 60% de los hombres encuestados se mostraron de acuerdo en que “la economía sería una disciplina más vibrante si fuera más incluyente.”

Según el profesor del Harvard Kennedy School, Dani Rodrik, en la asamblea de este año se percibió un sabor inconfundiblemente diferente. Hubo más de una docena de sesiones centradas en el género y la diversidad, así como dos paneles que atrajeron especial atención: uno titulado “Economía para una Prosperidad Incluyente” y el que debatió el nuevo libro de Anne Case y Angus Deaton, “Las muertes de la desesperanza.” En palabras de Rodrik, las investigaciones contenidas en este último “muestran cómo un conjunto particular de ideas económicas que privilegian el ‘mercado libre’, junto con una obsesión con indicadores materiales como la productividad agregada y el PIB, han alimentado una epidemia de suicidio, sobredosis de drogas y alcoholismo en la clase trabajadora de los Estados Unidos. El capitalismo ya no está dando resultados, y la economía ha servido, al menos, de cómplice.”

Ha llegado el momento de establecer, como dijo Joseph Stiglitz en el Hay Festival de Cartagena, un nuevo contrato social para hacerle frente a la desigualdad y a la emergencia climática. Para ello, no se debe prescindir del pensamiento económico, sino que este debe dialogar con las otras disciplinas para formular salidas que reflejen las realidades del mundo y no los modelos idealizados con supuestos adaptados para hacerlos funcionar en el papel. La disciplina debe salirse del cajón que la ha llevado a la defensa de los privilegios y al debilitamiento de los poderes que defienden a la gente del común como los sindicatos y las regulaciones financieras, laborales y del consumidor, entre otras. Bienvenido el mea culpa de los economistas de Estados Unidos. Esperamos su pronto arribo a Colombia.

Bogotá, D, C, 5 de febrero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Jairo Gómez*.- Aida Merlano, la manzana de la discordia en el edén barranquillero que enfrentó a las castas políticas y a los contratistas hegemónicos de la ciudad, es la caja de Pandora que en su interior contiene la trama corrupta electoral de esa región Caribe que tanto atrae, no solo a los poderes nativos, sino a la clase política tradicional del país.

La Merlano bien podría ser la protagonista de una novela de amores de altura que emergió desde un barrio popular para conquistar los corazones de unos dirigentes machistas y supremos; amos y señores de la variopinta ciudad caribeña; Ella, suspicaz y astuta, intrigó en todas las formaciones políticas que después la llevaron a hacer parte de una reveladora urdimbre corrupta electoral que durante más de 60 años ha gobernado la costa atlántica y la pusieron, primero en la Cámara, y después en el Senado.

Pero en los cálculos de estos mandamases no cabía la idea de que Aida Merlano caería en las garras del régimen chavista, nada amigable con las élites y la clase política tradicional colombiana a la que califica de golpista y mentirosa; Maduro tiene en su poder esa caja de Pandora que conoce muy bien todo ese entramado nebuloso y corrupto y que hoy, atormentado por sus fantasmas, quisiera que se la tragara la tierra.

Claro, la señora Merlano posee información valiosa y reveladora de cómo se hace la política colombiana, cómo se reparten las curules al Congreso y cómo se gobierna cada departamento de los siete que componen la costa norte, por ejemplo; son verdaderas mafias al servicio de unas castas políticas que por años se adueñaron de los dineros públicos, de la contratación estatal local, regional y nacional y, en clara connivencia con empresas privadas, controlan todas las actividades económicas. Amos y señores hasta la sepultura.

Esa historia, como la del paramilitar Mancuso, es la que no quieren que se sepa, para que el país se entere de cómo ir a las urnas no es sinónimo de democracia porque las elecciones en muchas regiones, incluida la costa atlántica, son una farsa.

Esa verdad, repito, no quieren que el país la conozca. La Colombia del cacerolazo del 21N, que no traga entero, debe tomar nota para votar a conciencia el 2022  y arrebatarle las mayorías a esa política ladina que cada cuatro años llega a ocupar una curul fraudulenta, como lo hizo Aida Merlano.

Si el presidente Maduro de Venezuela, como lo anunció, hace públicas las declaraciones de la prófuga le haría un gran favor a la democracia colombiana; sobre todo a esas generaciones que hoy se mueven en las calles contra el cinismo y la ineptitud de la política colombiana.

Esta trama corrupta electoral ha lastrado durante décadas las elecciones en Colombia. El país queda a la espera de su versión señora Merlano, no le falle, la democracia lo necesita.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2020

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

Por José G. Hernández*.- Lo mínimo que se exige de quien dirige una comunidad -con mayor razón cuando se trata del Estado- es la coherencia. Es decir, una relación clara, lógica y consecuente en el discurso, las afirmaciones, las acciones, las reacciones; entre lo que se proclama, lo que se programa, lo que se aplica, lo que se exige. Si la coherencia no existe, impera el desorden, la confusión y el descrédito de la dirección.

No se confunda con la terquedad o la persistencia en el error, pues, como se ha afirmado siempre, es de sabios corregir. Pero quien corrige debe reconocer que se equivocó, fundamentar el cambio y sostener hacia el futuro la nueva posición. No se entendería que la estuviera cambiando cual veleta.

Esto lo hemos afirmado también de la jurisprudencia trazada por los altos tribunales, de los cuales se espera que sus decisiones vayan dejando una estela, un sustrato, unas directrices en la interpretación y aplicación del Derecho, de tal manera que las autoridades, los operadores jurídicos, los abogados y la ciudadanía, sobre la base de tendencias jurisprudenciales bien sustentadas, consolidadas y sostenidas, sepan a qué atenerse y no resulten sorprendidos de un día para otro con decisiones contradictorias que desconocen precedentes y doctrinas. No quiere decir ello que la jurisprudencia no pueda o no deba evolucionar y hasta cambiar. Pero sí que los cambios deben ser motivados con claridad y contundencia, y que los virajes se justifiquen en razones válidas, evitando que al poco tiempo deban a su vez ser corregidos, como ha venido ocurriendo en algunas materias con la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, que de coherencia tiene muy poco.

Y, claro está, se requiere coherencia en el Gobierno. De acuerdo con la Constitución, está dirigido por el Presidente de la República -que es Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa-. Concretamente, el Gobierno Nacional está conformado por el Presidente de la República, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Por nadie más. Los demás funcionarios integran la rama ejecutiva, la administración, pero no el Gobierno.

En el interior del Gobierno debe existir una unidad que permita fijar y sostener el rumbo que se le quiere dar a la Nación en los distintos asuntos propios de sus funciones constitucionales. Para el efecto están previstos elementos como el Consejo de Ministros y los acuerdos individuales en que, reunidos el presidente con el respectivo ministro o director, fija las pautas de la cartera u organismo; los posibles proyectos de ley o de reforma que han de ser llevados al Congreso. En fin, el presidente ejerce un liderazgo, en cuya virtud orienta y señala el rumbo. Por eso, los anuncios y manifestaciones públicas de los ministros -se supone- son consultados con el presidente; no improvisados, ni está bien que el presidente deba estar saliendo a corregir o desautorizar a los ministros.

Ejemplo: ¿cómo y por qué las recientes incoherencias relativas a posibles reformas pensionales y laborales, trabajo por horas y desconocimiento de garantías. En noviembre se afirmó por el presidente y la vicepresidenta que no se estaba pensando en ellas. Ahora las anuncia la saliente ministra de trabajo. ¿En qué quedamos?

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Los altos funcionarios públicos y, en general todos empleados de responsabilidad del Estado, deben actuar en coherencia con las políticas de gobierno y los lineamientos que fija el Presidente de la República, porque al no estar de acuerdo, deben retirarse o deben ser retirados de sus cargos.

No son comprensibles para la opinión pública, y poco favor le hace a la imagen del gobierno, las declaraciones de algunos ministros de Estado que van en contravía con las políticas y objetivos de la administración nacional.

En días pasados, cuando llevaba pocos minutos de posesionarse, la Ministra de Ciencia y Tecnología dijo que ella no estaba de acuerdo con el denominado fracking para aumentar la producción de petróleo, no obstante que el gobierno actual se ha dedicado a lograr implementar este sistema, tomando todas las medidas adecuadas para no causar daños ambientales e incluso, iniciando algunos proyectos piloto que no hagan daño al medio ambiente.

Y qué decir cuando en días pasados el presidente saliente de Anif propuso estudiar la posibilidad de suprimir los aportes del fisco nacional a las cajas de compensación familiar, lo que llevó al Presidente de la República a que manifestara que no era iniciativa del gobierno esa propuesta y que por el contrario, estas cajas lo requerían era de un apoyo mayor, ya que habían prestado una gran labor al bienestar de la clase trabajadora colombiana; estas declaraciones tranquilizaron tanto a los administradores de estas cajas , como a los líderes de los trabajadores. Sorpresa nos llevamos cuando días más tarde, el Ministro de Hacienda salió con una incomprensible actitud contraria a la de su jefe al decir que esa era una propuesta importante para ser estudiada.

Con posterioridad, se presentó la detención de la exsenadora Aída Merlano en territorio venezolano por las autoridades de policía de ese país; la Ministra de Justicia sale a decir que le pedirán al Presidente interino Juan Guaidó la extradición de esta exsenadora que se fugó de un consultorio Odontológico en Bogotá cuando la habían llevado de la cárcel a una consulta. La pregunta que uno se hace es si lo que querían era dejar en evidencia que Guaidó no tiene el control de las autoridades venezolanas o simplemente “hacer el oso”.

Por último, respecto al proceso de paz y su implementación en el foro Colombia 2020, la Ministro del Interior dijo que el acuerdo con las Farc “es un acuerdo semifallido” cuando ese mismo día se encontraba en Colombia un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos quien haría un anuncio de aporte a la implementación del proceso de posconflicto con ese movimiento guerrillero y en contravía también con las declaraciones presidenciales.

Con esta serie de contradicciones se hace necesario que el gobierno haga un ejercicio interno para tener una sola partitura, pues de lo contrario lo que están haciendo algunos funcionarios es darle motivos a la oposición y a sus críticos.

Que tan importante sería que se les diera instrucciones a los altos funcionarios de la coherencia que se debe tener en el gobierno. Cuando uno está al servicio del Estado, no puede tener opiniones personales y lo que expresa un Ministro así sea en un ambiente cerrado, se entenderá como posición oficial.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Alonso Ojeda Awad*.- Hay una tendencia creciente en Colombia y en el mundo supremamente preocupante: Hacer cada vez más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, con la profunda gravedad que una tendencia malsana de esta naturaleza encarna para Colombia y para todos los pueblos del mundo.

La llegada al poder del Presidente Iván Duque en representación de un partido plutocrático como el Centro Democrático (CD), fue un campanazo de preocupación. Después de tomar posesión, lo primero que hizo fue impugnar el Acuerdo de Paz que entre otros logros plantea la Reforma Rural Integral, como el camino viable para que millones de familias campesinas tengan acceso a la tierra y a las herramientas técnicas que les permita ponerlas a producir.

Con este esfuerzo se conseguían dos objetivos fundamentales: El primero, lograr el camino de hacer más democrática y social la producción de alimentos; y por otro, poder suministrar toneladas de productos de pancoger que lógicamente abaratan la canasta familiar de los colombianos. Nada de esto se ha implementado. Los campesinos, eternos olvidados del presupuesto nacional, como si no existieran, siguen esperando, frente a un Estado y un gobierno que solo se preocupa en legislar para los ricos y los dueños de inmensas fortunas. Así no es. Así no puede ser.

A nivel mundial la situación está más grave todavía. Este es un dato aterrador. 2.150 personas tuvieron más riqueza que los 4.600.000.000 (cuatro mil seiscientos millones) de personas más pobres en el mundo.  Todo esto teniendo en cuenta que la China Comunista, el país más poblado del mundo tiene 1.420.000.000 (Mil cuatrocientos veinte millones) de personas. Este escalofriante dato fue revelado en un informe de Oxfam titulado: “Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en su informe “Situación social en el mundo 2020”, según el cual más del 70 por ciento de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido desde 1990 y esta creciente desigualdad beneficia a los más ricos”.  (Diario “El Tiempo”. 26 de enero de 2020).

La situación es tan dramática que el premio nobel Joseph Stiglitz, quien se presentó en el Hay Festival de Cartagena, donde llevó su libro “Capitalismo Progresista”, dijo: “El mundo necesita Un nuevo Contrato Social para lograr un equilibrio razonable entre mercado, Estado y sociedad”. En esta forma se podrían acabar las desigualdades y las protestas que en el mundo son cada vez más duras y multitudinarias.

En esta forma, quienes sostenemos desde hace muchos años que es necesario y urgente construir un Nuevo Proyecto de Nación basado en un Nuevo contrato social, nos acompaña la razón histórica de luchar por la justicia social y por el respeto de todas las mujeres y los hombres amantes de la Paz y la equidad.

Ya están notificados los grandes monopolios y los esquilmadores del trabajo de millones de seres que laboran en condiciones deprimentes y abusivas a sus Derechos Humanos. Si realmente quieren evitar los grandes cataclismos sociales que se vislumbran, tienen que integrarse a buscar las soluciones dignas y de respeto que reclaman todos los trabajadores y campesinos del mundo.  De no hacer esto se impondrán soluciones dramáticas y de fuerza de imprevisibles consecuencias.

VISITA DE AMIGOS. Nos visitó el gran amigo, desde los tiempos de la Universidad Nacional de Colombia, el arquitecto Adip Numa Hernández, quien vino procedente de Cúcuta. Sus amigos Arminio Piñeres, Alfonso Quintana y este servidor aprovechamos su estadía para recordar tiempos históricos de las luchas estudiantiles de hace más de cincuenta años. Feliz regreso Adip Numa a la brava tierra nortesantandereana de donde somos hijos orgullosamente. Te seguimos esperando con los brazos abiertos, compañero del alma.

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2020

*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.

Por Guillermo García Realpe*.- En días pasados tuvimos la oportunidad con Luis Fernando Velasco, senador del departamento del Cauca de hacer un recorrido entre la ciudad de Popayán y El Bordo, Cauca, para analizar el estado de la vía, especialmente entre los municipios de Timbio y Rosas. Como siempre, se ha tratado de un punto crítico, pero hoy está en una situación muy grave, a punto de colapsar en varios sectores; con hundimiento de banca, lo que implicaría bloqueo total de la vía Panamericana, de la vía internacional, del corredor de la competitividad como se ha llamado a esta carretera. 

Definitivamente existe una circunstancia cierta de tener que pasar los departamentos del sur de Colombia, el transporte y el comercio internacional con lo que ocurrió entre Bogotá y Villavicencio que estuvo más de cinco meses bloqueada esa vía por un hecho no tan grave, fue deslizamiento, acá es mucho más grave porque hay hundimiento por efecto de la falla geológica de El Romeral, es decir, que esto va a ser mucho más grave que lo de Bogotá-Villavicencio. 

Pero sí por acá llueve, en otros trayectos viales del sur colombiano no escampa, como lo es Popayán-Paletará-Isnos-Pitalito; Pitalito-Mocoa; Mocoa-San Francisco-Pasto, acá hay iguales o peores circunstancias y ni qué decir del riesgo que siempre ha ofrecido la vía Florencia-Suaza. Es decir, que los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo hoy están en riesgo de quedar desconectados del centro de Colombia, esto no es nuevo,  esto viene de varios años, pero los hechos actuales son de extrema gravedad, quiere decir que no ha habido mantenimiento de las vías y el interrogante está, en que en el trayecto de la vía Pasto-Popayán tiene tres peajes y los resultados de esos cobros no se ven en la calidad, el buen funcionamiento y la transitabilidad  de éste importante corredor vial. 

Entre Pasto y Popayán se requiere definitivamente construir la variante Estanquillo-Timbio, de igual manera entre Popayán y Pitalito terminar la pavimentación de Isnos-Paletará, asimismo entre Pitalito y Mocoa desarrollar el proyecto de 4G de la ruta 45 que ya está contratado, incluido por supuesto el mejoramiento integral de el paso de Pericongo entre Altamira y Timaná, sur del Huila y entre Mocoa y Pasto, especialmente la variante de San Francisco, entre otras. 

Si nuestras regiones no tienen vías en óptimas condiciones muy seguramente no seremos competitivos, los departamentos del sur de Colombia tienen enormes potencialidades en materia agrícola, lechera, de turismo, en fin, y no tener condiciones viales aptas para transitarlos, efectivamente redundará en pérdidas para estos sectores que dinamizan la economía regional de por lo menos cinco departamentos que tanto le aportan al país. 

Es injusto, desde todo punto de vista, que Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo estén rezagados en materia vial, son regiones despensas no sólo del sur, sino también del centro y occidente del país, porque a Bogotá y otras grandes ciudades llegan los productos cultivados en nuestros campos, a Cali y al Pacífico llega el ganado en pie y los lácteos provenientes del Caquetá, incluso se requieren de buenas vías para el transporte de hidrocarburos producido en el Putumayo, pero parece que el Gobierno Nacional poco le importa el desarrollo del sur del país, aun sabiendo de su enorme potencial descrito en los renglones anteriores. 

Frente a todo este gris panorama en materia vial, estamos socializando para los próximos días un gran encuentro en Bogotá, donde converjan los gobernadores, y demás autoridades regionales, congresistas de la bancada del sur colombiano, y representantes de gremios, para construir una hoja de ruta efectiva que le será planteada al Gobierno Nacional, como mecanismo que permita la intervención integral pronta y definitiva para todos los corredores viales de nuestro sur del país. 

Esperamos que el gobierno nacional escuche este llamado y atienda las justas reclamaciones de nuestras gentes que hoy transitan no en vías para la competitividad, sino en verdaderas trochas, atravesar muchas de ellas es un verdadero desafío a la vida, como el conocido “Trampolín de la muerte” entre Mocoa y Pasto que ha ocasionado un sinnúmero de accidentes con resultados fatales. Ojalá nuestro sur vea esas vías para la competitividad… ¡ojalá!

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2020

Senador de la República

@GGarciaRealpe