Opinión

Por José G. Hernández*.-Al tenor del artículo 20 de la Constitución de 1991 “se garantiza a toda persona la libertad de difundir su pensamiento y opiniones”. La misma norma declara que “no habrá censura”. Pero la norma habla también de la responsabilidad de los medios y del derecho a la rectificación, a la vez que los artículos 15 y 21 de la misma Carta consagran los derechos -también fundamentales- a la intimidad personal y familiar, a la honra y al buen nombre. Agregan que la ley señalará la forma de su protección.

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), que hace parte del bloque de constitucionalidad, usa al respecto unos términos que resultan muy actuales, motivo que nos lleva a transcribirlos, pese a su extensión, por si alguien los ha olvidado:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
3. a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
4. b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
5. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
6. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
7. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

En términos similares se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, también obligatorio para Colombia.

Los principios son los mismos, hoy, ayer y antes de ayer. Habían sido subrayados por la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias sobre la materia desde 1992. Desde luego, tienen que ser adaptados, con un sentido razonable y proporcionado, a las características que hoy ofrecen los instrumentos de comunicación puestos al servicio del público por los avances de la tecnología -en especial las redes sociales-. Pero, como principios, siguen siendo exactamente los mismos: la libre expresión está garantizada por nuestro Derecho y por el los convenios internacionales de Derechos Humanos. Pero no es absoluta. Implica deberes y responsabilidades. Y tiene por límite primordial los derechos de los demás.

Bogotá, D. C, Septiembre 19, 2019   

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- La inseguridad en las distintas ciudades del país, incluso en las zonas rurales, es notoria. Los robos no sólo son a residencias cada vez incrementan, también los hurtos en los que los ciudadanos muchas veces resultan heridos, si tienen la suerte de no terminar asesinatos por un simple reloj, un celular o una billetera. Otra vez oímos que matan líderes sociales, defensores de derechos humanos, exguerrilleros que se acogieron a la terminación del conflicto armado, candidatos a las Alcaldías o Concejos municipales y la existencia de innumerables bandas de delincuentes del crimen organizado. Por otro lado, las bandas o carteles del narcotráfico, movimientos guerrilleros alzados en armas o disidencias de las Farc, grupos de venezolanos sin empleo ni medios de vida, y los grupos denominados paramilitares, contribuyen a la angustia, el desconcierto, la incertidumbre y la confusión de la ciudadanía.

Pero no es para menos; el Gobierno tiene que hacer algo, tiene que demostrar acciones contundentes que controlen esta situación y permitan de alguna manera rescatar la seguridad que se ha perdido en nuestro país. Los organismos de inteligencia, la policía y las fuerzas militares tienen que comprometerse y reaccionar con acciones. El silencio o los discursos sin contenido ni resultados de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el orden público y la seguridad ciudadana ya nos tienen cansados a todos. Se está generando un ambiente muy preocupante donde la gente no ve garantías sobre sus vidas y en defensa de sus bienes.

Por otra parte, las declaraciones de los disidentes de las Farc han causado mucha angustia en el exterior, lo cual tiene graves consecuencias en Colombia, pues muchos inversores se están tomando un tiempo en sus proyectos para tener mayor claridad respecto del rumbo en esta materia de nuestro país.

Si bien es cierto que el actual gobierno recibió el país en medio de un clima de inseguridad, que políticamente quisieron cobrarle al actual Presidente sin ni siquiera haberse posesionado, hoy en día es necesario que tome decisiones urgentes en la solución de la inseguridad y la acción de grupos ilegales. Los jefes de las entidades responsables deben responder y, si no dan resultados a la mayor brevedad, ya que han tenido el tiempo suficiente de hacerlo, deben ser removidos de sus cargos; de lo contrario, la responsabilidad y consecuencias llegarán al más alto nivel del gobierno.

Los dirigentes de la rama judicial del poder público deben también tomar medidas extraordinarias para que se aplique la justicia y no triunfe la impunidad. No entiende la ciudadanía cómo cuando se coge en fragancia a un individuo cometiendo un delito y es privado de su libertad y puesto a disposición de la justicia, en pocas horas es dejado libre y nada le impide regresar a la delincuencia, algo que incluso genera en los policías frustración e inactividad de sus responsabilidades.

La inseguridad, corrupción, impunidad y los actos delincuenciales no pueden seguir creciendo pues iríamos dirigidos directo al abismo. La vida exige tomar acciones efectivas y contundentes en los tiempos y horas adecuadas; ya estamos al límite.

Ahora bien, no podemos entrar en sentimientos pesimistas o negativos. Pero tampoco podemos esconder lo que está aconteciendo.

Invito a los responsables del orden público y la seguridad ciudadana a que no dejemos avanzar más a los delincuentes y los corruptos.

Necesitamos de medidas extraordinarias y acciones concretas ya mismo.

Bogotá, D. C, Septiembre 18 de 2019

*Excomisionado de Paz.

Por Alfredo Benavides Castillejo*.- Leónidas Gómez, candidato a la Gobernación de Santander, plantea revivir o reactivar el antiguo corredor férreo que partía desde Bucaramanga (Café Madrid) y llegaba a Puerto Wilches pasando por Lebrija, Girón, Sabana de Torres, el cual se une en el sitio conocido como el cruce con la vía férrea que viene desde Dorada- Barrancabermeja –Chiriguana, que se encuentra activa y concesionada.

Esta vía férrea uniría al Área Metropolitana de Bucaramanga y la montaña Santandereana con el Rio Magdalena en el Distrito Especial de Barrancabermeja y Puerto Wilches, también con Bogotá y la Costa Atlántica.

Los principales beneficiados serán los campesinos de la región: palmicultores, ganaderos, avicultores, sector minero-energético, fabricantes y ensambladores de camiones, y en general, productores de bienes, disminuirían sus costos de transporte, incluso en enlace multimodal; Tren- Fluvial, es decir una carga podría ser enviada por tren hasta Barrancabermeja y de allí por rio hasta los puertos de Barranquilla o Cartagena, ahora que se busca la internacionalización de Santander.

Transportar por tren y por rio reduce costos en más de un 30%, además entre; Bucaramanga- Barrancabermeja y Puerto Wilches se mueven más de 5000 personas al día. Miles de empleos se crearían a lo largo y ancho de la vía férrea desde; logística, turismo, transporte y otros.

El Gobierno nacional priorizó la reactivación de las vías férreas regionales y cuenta además con el apoyo internacional, ya se realizaron varios Conpes económicos para impulsar dichas iniciativas.

El corredor férreo tiene 117 Kilómetros con pendiente baja y ancha entre 10 a 30 metros, aunque en su mayoría ahora sin rieles, esto garantiza la viabilidad de por ejemplo una locomotora eléctrica moderna de bajo costo las cuales viajan por encima de 150 kilómetros por hora.  

El Departamento de Cundinamarca y Medellín iniciaron sus procesos de licitación de sendos trenes de cercanía en modalidad Alianza Publica Privada con mayoría privada en concesión a varios años, la capital se unirá en un Regiotram eléctrico con principales municipios de Cundinamarca y Medellín, hará lo mismo vía tren eléctrico con Rionegro y Puerto Berrio, adivinen, buscando salida al rio Magdalena…  por algo será.

Bucaramanga, 18 de septiembre de 2019

*Ingeniero.  

Por Jairo Gómez*.- El tema no es si Guaidó es un “héroe o luchador por la democracia en su país”, como dice Duque para demeritar las comprometedoras fotos, sino la elocuente presencia paramilitar en la zona de frontera, asunto que ha sido medular en las relaciones entre los dos países.

Qué autoridad moral le asiste al presidente Duque y al canciller Trujillo para censurar al gobierno bolivariano de Maduro, por su presunta protección a las disidencias de las Farc y guerrilleros del ELN, si los colombianos, estupefactos, nos enteramos del apoyo de los Rastrojos (paramilitares) al político venezolano Juan Guaidó, para que entrara a Colombia a disfrutar del llamado megaconcierto humanitario del pasado 23 de febrero en la Frontera.

Medios internacionales sostienen que el autodenominado presidente de Venezuela cruzó la trocha fronteriza “protegido por una treintena de hombres armados” al mando de alias el Menor y alias Brother, conocidos paramilitares de la zona de frontera y que, según la Fundación Progresar con sede en Norte de Santander, es evidente que “Guaidó evadió los cercos fronterizos con la colaboración de la organización ilegal llamada los Rastrojos, como lo demuestran los registros gráficos conocidos”.  

Como nada queda oculto sobre la faz de la tierra, las fotos se filtraron y son testimonio de la colaboración, al parecer ilegal, que recibió el político venezolano para ingresar a territorio colombiano. No es un asunto menor, como lo ha querido mostrar el propio presidente Duque; al contrario, surgen muchos interrogantes: ¿Quién o qué funcionarios coordinaron la entrada de Guaidó a territorio colombiano? ¿Dónde estaban las autoridades, militares y de policía, desplegadas por montones en la frontera y no se enteraron del operativo? ¿O ellos lo sabían y durante el operativo miraron para otro lado? ¿Quién organizó el operativo para garantizar la presencia del político en el famoso megaconcierto? ¿Sabía el presidente Duque de la trama clandestina? ¿Tenía conocimiento de quiénes iban a garantizar el tránsito del político venezolano por la frontera? ¿O no se lo contaron y le mintieron? Y, finalmente, ¿quién autorizó que el helicóptero presidencial lo fuera a recoger, y en qué lugar aterrizó?

Aunque se descarta una alianza de Guaidó con el paramilitarismo, sí vale la pena preguntarse qué reserva discursiva nos tiene preparada el canciller Trujillo, para explicar este revelador hecho, ahora que pregona a los cuatro vientos el frívolo “cerco diplomático”. No es serio que mientras se pida en la OEA invocar el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) como respuesta al Gobierno Maduro, a quien sindica de proteger, aupar y financiar a la neoguerrilla colombiana, se utilicen métodos  inusuales para que Guaidó eluda las autoridades de ese país como ocurrió el pasado 23 de febrero. ¿Qué dirán los cancilleres del Grupo de Lima?

No puede el presidente Duque con una simple declaración desvirtuar un hecho tan grave y lamentable como es la realidad del paramilitarismo: ejércitos privados al servicio de terratenientes y narcotraficantes que los utilizan para despojar, desplazar y matar campesinos. El tema no es si Guaidó es un “héroe o luchador por la democracia en su país”, como dice Duque para demeritar las comprometedoras fotos, sino la elocuente presencia paramilitar en la zona de frontera, asunto que ha sido medular en las relaciones entre los dos países; tanto que ha servido para que el Gobierno de Venezuela lo instrumentalice constantemente para responsabilizar a los gobiernos colombianos de estar infiltrando en su territorio paracos para asesinar a Maduro y otros líderes del chavismo.  

Mientras afuera se vende la idea de un apoyo del régimen chavista a la neoguerrilla para desprestigiar a Maduro y su radical y despótico gobierno; adentro se ignora el paramilitarismo como fenómeno perpetrador de violencia y despojo, a tal punto que el Gobierno se declara renuente a implementar una política de Estado para erradicar estas bandas criminales como lo establece el acuerdo de paz; asunto relevante, ahora que la violencia política se tomó el proceso electoral y los asesinatos de indígenas y líderes sociales no se detiene.

Bogotá, D, C, 17 de septiembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe.- Cada vez más los colombianos nos sorprendemos por los enormes desfalcos a los recursos públicos de la nación, a través de diversas formas de saqueo, los corruptos cada año se embolsillan más de $50 billones, según cifras de la misma Contraloría General de la República.

Será que estamos condenados a padecer éste cáncer que carcome todos los días no sólo lo público, sino lo privado, sin que haya un muro de contención efectivo que evite que millonarios recursos que pueden servir para inversión social en apartadas regiones terminen en manos criminales.

Por qué nos va tan mal a los colombianos cuando se trata de ejecución de proyectos de infraestructura de distinto tipo, por qué la excepción es que terminen en el tiempo oportuno con los costos  iniciales calculados, planeados, esa es la excepción y que lo normal es que los grandes proyectos de desarrollo del país terminen siempre en pleitos o fracasen en su ejecución.

Por ejemplo, hay varios casos que aún siguen vivos en la memoria de los colombianos, como REFICAR, el cartel de la Toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, lo que pasó también con la privatizaciones que se promovió el desmonte de los activos más importantes de la nación, privatizaciones como ISAGÉN, ELECTRICARIBE, los acueductos en Colombia y siempre de alguna manera afectan especialmente a la Costa Caribe. El acueducto de Barranquilla ya no es de los barranquilleros, arrancó con el tema de un contrato de operador privado, técnico, eficiente y así le entregaron la Triple A al operador privado, luego vino INASSA, canal segundo, todos los escándalos y se perdieron las acciones del acueducto de Barranquilla.

Hicieron la contratación con el operador privado con el 87% de acciones de Barranquilla, ahora no creo que tengan el 15% de las acciones los barranquilleros y así sigue la historia de Colombia.

Se nos había metido el cuento que la gran tragedia del país era la insurgencia armada, insurgencia política, ya la principal guerrilla se desmovilizó, se desarmó y con las contrariedades, hoy hacen política en el Congreso de la República y aún así siguen los problemas del país, definitivamente el gran cáncer es la corrupción, no sólo pública, sino privada.

En un acto de corrupción pública también hay unos Nule por ahí y también hay ciertos contratistas de los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, llegan hasta esos extremos, de contratar a cambio del hambre de los niños de Colombia, o de intoxicarlos, en otros casos, para ganar un contrato de carácter absolutamente social.

Recordemos, también el cartel del cemento, el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico, el cartel del papel que se usa en los útiles escolares, ahí el sector privado es absolutamente responsable, es declarado amigo, no del desarrollo social, sino de la codicia, o qué me dicen de los carteles del combustible en Colombia, en los departamentos fronterizos que hoy campean sin control alguno por parte de la Superintendencia de Comercio, del Ministerio de Minas o de las mismas autoridades locales, regionales y nacionales.

En temas de infraestructura, lo más claro lo tenemos con la carretera Bogotá-Villavicencio, para que se entienda, porque hemos llegado a ese caso de la ruta del Sol y puede que haya pasado en otras grandes obras del país. ¿Qué pasó con la carretera al Llano?, la estructuración financiera, técnica, catastral, social, ambiental, la hizo organismos del grupo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, es así como vemos que los bancos de la organización de Luis Carlos Sarmiento Ángulo financiaron, los bancos son del mismo estructurador, la ejecución, la obra, el contratista, pues la misma firma a través de sus entidades y luego la administración, el mantenimiento, el cobro, el recaudo de los peajes también de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, me pregunto, ¿qué garantías tiene ahí la Nación, la sociedad, los colombianos? Y ahí está el reflejo, miren lo que está pasando hoy en esa tragedia que viven los Llanos Orientales, el 14 de junio cerraron la vía por fallas gravísimas en materia de cálculos, de estudios geológicos y le estaban echando la culpa a una granja de pollos ¡por Dios!.

Esto mismo pasó con Odebrecht, qué calidad de mantenimiento tendrán esas obras cuando el que estructura es el mismo, el que financia es el mismo, el que ejecuta es el mismo, y el que administra la concesión es el mismo. Esa es la consecuencia, se trató de corregir con las leyes de infraestructura 1682 de 2013 y 1882 de 2018.

Hoy sigue sin corregirse a pesar de la legislación existente y los colombianos no tenemos garantías de calidad de las obras, cumplimiento, costos y ejecución de las mismas, esa es una reflexión que le cabe al Estado.

En términos generales los colombianos debemos emprender una gran cruzada, que permita desenmascarar a los corruptos en todos los niveles, que sean llevados al escarnio público, pero sobre todo que paguen por estos delitos en prisión y con penas severas, sólo así dejarán de ver a un Estado débil y cruzado de brazos ante tan cruel fenómeno que le quita los sueño a millones de colombianos.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- Hace algunos años se cantaba con frecuencia una cancioncilla cuyo estribillo decía así: “Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís, por eso no te preocupes que eso lo paga Roberto Ruiz”.

Con las masivas emisiones de TES que está en marcha, habría la tentación de decir otro tanto: “por eso no te preocupes que eso lo paga Roberto TES”.

Los TES que, como se sabe, son títulos de deuda pública han venido tomando un auge inusitado. Desde los años 90 del siglo pasado son los documentos principales para documentar la deuda pública. Pero ahora están teniendo un momento de esplendor.

Recientemente el Ministerio de Hacienda informó que en lo corrido de este año ya se han emitido TES por $ 25.5 billones, la mayoría de los cuales se han colocado en el mercado de capitales mediante subastas, y otra parte la han suscrito entidades públicas con excedentes de liquidez. En el presupuesto del 2020 se contempla otra importante emisión de TES.

El nuevo auge de los TES proviene de autorizaciones que se concedieron al gobierno en el Plan de Desarrollo, ratificadas por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Y tienen una lógica impecable: sustituir pasivos muy costosos a cargo de la Nación por TES que tienen un costo mucho más bajo. Casos típicos de estos pasivos costosos son, entre otros, las sentencias judiciales en donde el Estado resulta condenado, laudos arbitrales y conciliaciones, entre otros pasivos.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ha hecho un ejercicio en el que concluye que los pasivos tradicionalmente tienen un costo del orden del 27% efectivo anual, mientras que su atención a través de TES reduce el costo, a niveles de 5.3% efectivo anual.

“Esto quiere decir concluye el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que se tendría en un ahorro superior al 70% anual en reconocimiento de intereses”. La operación es, pues, sin duda alguna, benéfica para las finanzas públicas.

El descubrimiento de este nuevo uso de los TES que tradicionalmente habían servido para proveer recursos de liquidez y tesorería pero que ahora sirven para sustituir pasivos costosos, está despertando un auge febril por parte del Ministerio de Hacienda.

Ya se ha anunciado que con ellos se financiará una buena parte de la operación de punto final para sanear las resquebrajadas finanzas del sistema de salud. Que se pagarán pasivos contraídos con universidades públicas. Que se pagará a contratistas acreedores como los de la Ruta del Sol II. Para pagar subsidios para la prestación de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica. Para el pago de bonos pensionales. Entre otros.

Es decir, las finanzas públicas han descubierto en el nuevo uso de los TES no sólo una manera de abaratar su deuda flotante, sino de inyectarle al mercado de capitales un mecanismo que bien manejado puede darle un gran dinamismo.

Ahora bien: el mecanismo sirve siempre y cuando se utilice única y exclusivamente para cancelar pasivos que ya están reconocidos de antemano por el Estado. Lo que no puede hacerse de ninguna manera es financiar con colocaciones de TES nuevo gasto público corriente. Pues ello desquiciaría toda la prudencia fiscal y rompería en mil pedazos los objetivos de la regla fiscal.

Hay que tener mucho cuidado entonces que los TES se utilicen exclusivamente para cancelar pasivos ya reconocidos, y nunca pasivos nuevos. Esto sería caer en el facilismo que inmediatamente dispararía los volúmenes de deuda pública que ya vienen por lo demás subiendo a un ritmo acelerado.

Así como en la cancioncilla citada Roberto Ruiz pagaba las cuentas de cerveza, vino y anís en que incurrieran los asistentes a esa animada fiesta, hay que tener mucho cuidado que a cargo de Don Roberto TES no se vaya a pretender pagar las cuentas de una fiesta de nuevo gasto público.

Bogotá, D. C, septiembre 16, 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Yazmer Ramos García.- Nuestra Constitución Política incluye varias disposiciones que incorporan el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida y la obligación estatal de promoverlo, de garantizar su efectividad y de adoptar medidas a favor de grupos discriminados. Uno de los ámbitos dónde se aplica este derecho es la política y los cargos de elección popular. Así, el artículo 2° establece que uno de los fines esenciales del Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

El artículo 13° desarrolla el derecho a la igualdad entre todas las personas sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo y ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea efectiva y adoptar medidas a favor de grupos marginados. El artículo 40 indica que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación del poder político y que una de las formas de hacerlo es siendo elegido y accediendo al desempeño de funciones y cargos públicos, y de manera específica indica que “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”.

Finalmente, el artículo 43° señala que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. Adicionalmente y en virtud de modificaciones realizadas por los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 al régimen electoral y el sistema de partidos, el artículo 107 establece que uno de los principios que determina la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos es la equidad de género.

Adicionalmente, existen una serie de normas incluidas en diversos instrumentos universales y regionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad y que establecen obligaciones en cabeza de los Estados para promover la igualdad y no discriminación de las mujeres en escenarios políticos, adoptar medidas especiales de carácter temporal, y señalan el derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas y a participar en la vida política y pública.

La prevalencia de la figura del voto preferente, así como, la inexistencia de un mandato de posición o alternancia, han generado la aparición de candidaturas femeninas de “relleno” que son utilizadas por los partidos y movimientos políticos como mecanismo para cumplir con el requisito legal pero que en la práctica no tienen mayores opciones de éxito electoral (Cardozo & Quintero, 2013). Para que la prohibición de la figura del voto preferente genere un impacto positivo y verificable en materia de participación femenina, es necesario que se incluya la obligatoriedad de un mandato de posición.

La literatura comparada sobre la elección de mujeres y las leyes de cuotas, ha insistido en afirmar que uno de los factores que explican la diferencia de aplicación de esta medida entre unos países y otros es el “mandato de posición o de colocación” (también llamadas cuotas obligatorias, por oposición a las cuotas indicativas), es decir, el requerimiento de la cuota especificando los lugares dónde deben ser nominadas las cándidas femeninas. La finalidad de esta exigencia es obstaculizar que los partidos ubiquen a las candidatas femeninas al final de la lista, en lugares simbólicos, las “amontonen”, o las sitúen en lugares donde no tienen la posibilidad real de resultar elegidas. De esta manera, para que una ley de cuotas resulte efectiva, deberán incluir, entre otros elementos, un mandato de posición que precise el lugar que las mujeres han de ocupar en la lista. Aunque realizar un análisis de la ubicación de las mujeres en las listas no pareciera ser pertinente por las características del sistema electoral colombiano y la vigencia de la figura del voto preferente opcional (lista cerrada no bloqueada), si se tiene en cuenta la preponderancia de ciertos imaginarios electorales y las dificultades en los procesos pedagógicos de las diferentes reformas al sistema electoral y de partidos, se encuentra que el lugar de la lista sigue teniendo algún grado de relevancia en el electorado y en las organizaciones partidistas.

Durante la ola de la democratización en América Latina y Centroamérica se contrapuso el ambiente de desconfianza hacia las acciones afirmativas, con el fuerte impulso de los movimientos sociales y políticos de mujeres de la región, que, con el apoyo de los organismos de la cooperación internacional, trabajaron por posicionar el tema de la equidad de género en la agenda pública. Fue en ese contexto en donde se dio el paso discursivo y práctico entre las acciones afirmativas o medidas preferenciales y la búsqueda de la paridad, que ya no suponía una ley temporal como en el caso de las primeras, sino un cambio de paradigma basado en el concepto de igualdad de oportunidades: “(…) mientras las cuotas son consideradas medidas correctivas, la paridad es entendida como una medida definitiva orientada a extender el derecho a la igualdad tanto de hombres como de mujer

El 27 de octubre todos los colombianos podrán acudir a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, para el periodo 2020 – 2023. En todo el país se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales. En total se realizarán 3.306 elecciones de Autoridades Locales.

En el desarrollo de esta elección se elegirán 32 cargos para gobernaciones, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. 5.187 candidatos se inscribieron para participar por alcaldías, 3.583 para las asambleas departamentales, 95.487 para concejos municipales, 176 para gobernador Del total de las inscripciones 176 candidatos aspiran a la gobernación, 5.187 candidatos para alcaldías, 3.583 candidatos para asambleas, 95.487 candidatos a concejos municipales y 13.389 candidatos a Juntas Administradoras Locales. 3.571 modificaciones fueron realizadas por los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. 13 modificaciones en las inscripciones para la alcaldía, 145 en las listas a las asambleas departamentales, 2.950 en las listas a los concejos municipales.

Esperamos positivos resultados  para  estas próximas elecciones   de las mujeres inscritas a participar como candidatas  demostrándose  la profundización de la Democracia y se amplié la participación Política, que puedan superar las barreras que encuentran para seguir la carrera Política, que van desde el conflicto que supone conciliar la vida Pública con la vida personal y familiar, los altos costos personales que implican para llevar una vida pública; hasta el desencanto profundo, ya sea de ellas con las prácticas políticas o de su electorado con ellas, al no encontrar formas de hacer política distintas a la reproducción de las ya conocidas y rechazadas practicas clientelistas.

Sin embargo,  para conocer la efectividad electoral de las mujeres , determinar y  conocer el éxito electoral  de las mujeres, más allá del simple cálculo del porcentaje que representan las elegidas del total de posiciones a elegir, es establecer qué porcentaje de las candidatas  resultan elegidas frente a los candidatos que son elegidos, desafortunadamente, los logros no han sido tantos para afirmar la igualdad de oportunidades y de ejercicio de derechos entre hombres y mujeres , por ello se requiere seguir transitando el camino del cambio culturar que lleve a la real inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones, oportunidades y un no rotundo a la práctica de que solo se necesitan las mujeres para relleno de las listas y cumplir con la ley de cuotas.

Barranquilla, 16 de septiembre de 2019

*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.

Por Jorge Enrique Robledo*.- Iván Duque no debió nombrar a Marta Lucía Ramírez como jefa de la poderosa Comisión de Infraestructura, que la convirtió en nada menos que “la superior funcional” de ese sector y el de transporte (Decreto 1714/18)o ella ha debido declararse impedida para actuar en las ocho concesiones viales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, empezando por la carretera al Llano y el puente de Chirajara. Porque el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 –norma anticorrupción diseñada para resolver conflictos de intereses– determina que, por razones de parentesco, odio o amistad, los servidores públicos no podemos decidir, y ni siquiera participar, en ciertos asuntos de otras personas o empresas. Es común ver a los congresistas declarándonos impedidos en el trámite de leyes.

En entrevista en Blu ( bit.ly/2klnGDm ), Marta Lucía Ramírez defendió muy mal su conducta. Luego de reconocer que Sarmiento Angulo sí fue su jefe y “he tenido amistad” con él, agregó que eso “no es ningún delito”, frase astuta porque nadie ha dicho que lo sea. Lo que sí dijimos es que viola la Ley 1437 al participar en decisiones que atañen a su amigo y favorecedor de toda la vida, con quien debe de tener sentimientos de enorme gratitud y cariño, además de negocios comunes, como se verá, que le impiden actuar con la debida objetividad e imparcialidad que se les exige a los funcionarios púhttp://bit.ly/2klnGDmblicos.

Luego de reconocer que asistió a una reunión con los banqueros para tratar con ellos el regalo de 1,2 billones de pesos de recursos públicos, ¡incluidos 600 mil millones para los bancos de Sarmiento Angulo!, Ramírez se exculpó diciendo que “yo no tengo ninguna facultad de decisión”, frase que también busca engañar. Porque el impedimento le prohíbe decidir y además actuar y participar. Y porque si bien formalmente el poder de decisión lo tenían el director de la ANI, los ministros de Transporte y Hacienda y hasta los árbitros del Tribunal de Arbitramento, ella, por razones políticas y legales, por ser la jefa de la Comisión de Infraestructura, tenía y tiene un enorme poder a la hora de decidir. Negarlo constituye un fraude y es otra razón por la que debe renunciar a meter mano en los negocios de Sarmiento Angulo, indiscutible pilar de su éxito personal.

En la entrevista, Ramírez también descalifica la plata de Odebrecht –pero solo la de esa empresa– a la campaña de Santos 2014 –y no a la de Zuluaga–, crítica que evidencia su falta de imparcialidad sobre Sarmiento Angulo, pues ella tiene que saber que van cuatro decisiones de autoridades judiciales y administrativas señalando que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht sino su compañero de ilegalidades, así la Fiscalía no las investigue.

Son las décadas de negocios y estrechas relaciones entre Marta Lucía Ramírez y Sarmiento Angulo la base de su inhabilidad, según la Ley 1437. Porque ella fue directora de la Anif, representante legal de la fundación LCSA, asesora jurídica del banquero, consultora de los bancos de Occidente y Bogotá y miembro de la Junta directiva de este último, es decir, del curubito del poder financiero de Sarmiento. Se sabe también que los créditos del Grupo Aval para sus campañas presidenciales –incluida la de Duque– ascendieron a 17.169 millones de pesos y que Hitos Urbanos SAS, la firma de su esposo, Álvaro Rincón, aparece con créditos con el Banco de Bogotá –2016 y 2017– por 4.884 millones de pesos.

Hitos Urbanos se ufana además de tener entre sus éxitos empresariales a Edificio 13-35, sede de las oficinas corporativas del Banco de Bogotá. ¿Quiénes son los socios de Rincón en dicha empresa, de la que posee apenas el 37 por ciento de las acciones? ¿Y con quién tiene Hitos deudas tan altas que equivalen al 90 por ciento de sus activos? Tanto le debe Ramírez a Sarmiento que ella dice que diseñó el Ministerio de Comercio “aplicando todo lo que había aprendido con LCSA en cuanto a calidad, competencia, la gente más capacitada”.

Ante la renuencia de Marta Lucía a declararse impedida con Sarmiento Angulo –imitando al Fiscal Martínez–, cabe preguntarse: ¿por qué actúa así? ¿Nadie más está capacitado para hacer lo que ella hace, técnicamente y legalmente, digo? ¿No tendrá esta llamativa renuencia que ver con que Duque además le entregó, como cuotas suyas y en combo, el ministerio de Transporte y la Agencia Jurídica de Defensa del Estado? Más razones para exigirle que se declare impedida en los negocios de su gran amigo y socio de Odebrecht.

Coletilla: en el cuarto debate sobre Odebrecht se mostró a Juan Manuel Santos y a Iván Duque sirviéndole en llave a Sarmiento Angulo. En 2017 coincidieron en impedir que se le caducara el contrato a Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Aval) y en 2017 aprobaron juntos la Ley 1882, la cual creo la posibilidad jurídica de regalarles a los banqueros del Grupo Aval 600 mil millones de pesos, intentona que llevó a una moción de censura a la ministra del Transporte.

Bogotá, 15 de septiembre de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo.

@JERobledo

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Si la filantropía se define como las acciones realizadas por amor a la humanidad y por el bienestar de la comunidad, la Fundación de Bill y Melinda Gates (BMG) es uno de los casos más extraordinarios de esta actividad que ojalá fuera replicado en muchas partes.

Bill Gates es conocido por ser el fundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, pero es menos conocido que desde el 2008 dejó su trabajo cotidiano en esa empresa para dedicarse a trabajar en una fundación que su padre había creado en los años 90 y que después fue transformada con su propio nombre y el de su esposa. Ella, Melinda, es una ingeniera que también trabajaba en Microsoft de donde se retiró para dedicarse a sus hijos y, cuando ya crecieron, a trabajar de tiempo completo en la Fundación.

Dos son los aspectos más sorprendentes de esta Fundación: uno el tamaño de su patrimonio y, por lo tanto, el valor y el alcance de las obras que realiza, y dos sus objetivos y el enfoque empresarial con el que realiza sus actividades.

El año pasado la Fundación BMG financió programas por valor de USD 5.000 millones (más de $16 billones). Aportes de esta cuantía son posibles porque el patrimonio actual de la Fundación es de USD 48.000 millones y en estas dos décadas ha promovido programas y realizado donaciones por otros USD 50.000 millones. Para tener una referencia, la suma de estas dos cifras es superior al presupuesto nacional que se acaba de aprobar en el Congreso.

¿De dónde ha salido esa enorme cantidad de dinero? La mayoría de los aportes de los Gates, quienes han donado USD 36.000 millones, y de otro billonario filántropo, Warren Buffet, quién ha donado otros USD 30.000 millones. Ellos decidieron que no aspiraban a ser los más ricos del cementerio y se comprometieron a donar la mayor parte de sus fortunas mientras estuvieran vivos. Pero no para cualquier causa, sino para combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo.

Interesante señalar que en el caso de los Gates, ellos mismos reconocen que el origen de esta decisión está en los valores cristianos en que fueron educados: “nuestras familias creían que si la vida lo ha bendecido, usted debe devolver esos regalos de la manera más sabia posible”. Muy diferente al enfoque de salvación individual y negocio de los pastores de muchas, no todas, de las llamadas iglesias que ahora pululan.

El otro aspecto distintivo de la Fundación BMG es el manejo empresarial y no asistencialista de sus programas y donaciones.

Es cierto que la mejor contribución que pueden hacer los billonarios del mundo para reducir la pobreza y la desigualdad es pagar los impuestos que les corresponden, pero mientras se logra que lo hagan, son necesarios filántropos como la Fundación BMG.

Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- El Presidente Iván Duque preocupado por el creciente desempleo, el lento crecimiento de la economía y la vulnerabilidad de esta frente al choque externo que significa el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos, según la OCDE, del 4.4% del PIB para el primer trimestre de este año y una tasa de cambio débil que se prolonga en el tiempo, convocó una cumbre con los empresarios del país. Al referirse a las criticas por los magros resultados de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento dijo, al instalarla, que “esto no es, como algunos han tratado siempre de caricaturizar, que el Gobierno les da gabelas a los empresarios, no. Aquí no se les dan gabelas a los empresarios. Aquí se hace una apuesta por el crecimiento y la generación de empleo, a partir del más importante motor que puede tener una sociedad democrática, que son sus micro, pequeños, medianos y grandes empresarios”.

Y, al clausurar el evento, subrayó: “hoy se firman 12 pactos por el crecimiento y la generación de empleo, con más de 500 compromisos, y faltan muchos más. No son pactos de lugares comunes, sino medidas concretas, sector por sector, con dos grandes objetivos: crece más el sector y generar más puestos de trabajo”. Se espera que con estos 12 pactos y 500 compromisos (¡!) que la economía crezca por encima del 5%, se generen 866 mil empleos en los próximos 3 años, que los 45 gremios firmantes generen $6.2 billones adicionales de inversión, al pasar de la cifra de $41.3 billones del período entre 2014 – 2018 a $47.6 billones de aquí al 2022. Crecimiento de las exportaciones en US $3.576 millones (unos $12.1 billones, aproximadamente). Y en materia de producción de los sectores por ellos representados, se comprometieron prácticamente a duplicarla, pasando de $15.8 billones en 2018 a $29.2 billones (¡!). Habrá que esperar que tan importantes compromisos se cumplan, no vaya a ser que se esté pensando con el deseo y la declaración suscrita no pase de ser un catálogo de buenas intenciones. 

A todas estas, el Ministro Carrasquilla ha descartado una nueva reforma tributaria para poder cumplir con la Regla fiscal; es más, recientemente hasta descartó que por lo pronto tenga que apelar a la privatización de activos del Estado, como lo había anunciado, porque dice él “no necesitamos vender activos este año. La situación fiscal está completamente bajo control y en junio tenemos un superávit primario bastante importante y la mejor dinámica fiscal que hemos visto en muchos años". Por su parte el Director de la DIAN José Andrés Romero manifestó, refiriéndose al comportamiento del recaudo de impuestos, que “las metas de recaudo, al igual que las expectativas, se han venido cumpliendo. Eso ayuda a dar la tranquilidad de que no tenemos que salir corriendo a vender compañías como Ecopetrol o ISA porque tenemos una administración tributaria que es eficiente”. Cabe preguntarse si la eficiencia de la administración tributaria, de la que se vanagloria el Director de la DIAN, será suficiente para arbitrar los $8 billones que hacen falta para balancear el Presupuesto. 

El contraste no puede ser mayor entre la euforia del Ministro y del Director de la DIAN y la opinión informada de Johns Hopkins en el sentido que “los nuevos logros (en materia fiscal) se esconden detrás de cambios en la forma de medir el déficit  que han puesto en duda la confianza en esas cuentas. Si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido”. Se refiere él a los malabares que viene haciendo el Ministro Carrasquilla y los subterfugios a los que viene recurriendo para hurtarle el cuerpo a la Regla fiscal. Y va más lejos Hopkins al advertir  que “la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año”. Amanecerá y veremos!

Bogotá, septiembre 13 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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