Opinión
“Lo que denotan los registros en el resto del mundo, es una febril actividad de las empresas petroleras”.
Por Amylkar D. Acosta M*. -Luego de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21) en 2015 y la firma del Acuerdo de París, el petróleo quedó en el lado equivocado de la historia, dado que su consumo y el de sus derivados constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del Cambio climático y el propósito fundamental para contrarrestarlo es la descarbonización de la economía.
Con razón la ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, sentenció: “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que es si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que, prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”. No cabe, entonces, la menor duda de que los hidrocarburos tendrán menos futuro que pasado.
Todos los países signatarios del Acuerdo de París contrajeron el compromiso de reducir sus emisiones en un porcentaje, en el caso de Colombia en un 51%, hacia el 2030, considerado como la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Pero la COP 26 tuvo el cuidado de establecer que la responsabilidad adquirida por cada país aunque es común es diferenciada. Y, tal como quedó consignado en la Declaración final de la COP 28, que tuvo lugar el año anterior en Dubai, se le pide a las partes que contribuyan “con una lista de acciones climáticas, de acuerdo con sus circunstancias nacionales” y “acelerar la Transición energética sostenible, asequible y inclusiva, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida, circunstancias y vías nacionales”. Esto, para significar que cada país se debe dar su propia Hoja de ruta para la Transición energética.
No obstante, el actual gobierno, que preside Gustavo Petro, se ha dejado llevar por el voluntarismo renunciando prematuramente a los hidrocarburos, dándole la espalda, cuando el resto del mundo se limita a tomar distancia, alejándose gradualmente de ellos. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el Ministro actual Andrés Camacho han sido categóricos y reiterativos al afirmar que durante este cuatrienio no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.
En la COP 28, el Presidente Petro fue más lejos aún, al firmar el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, paso este en falso que compromete a Colombia no sólo a no firmar nuevos contratos sino a frenar en seco tanto la actividad exploratoria como la producción de hidrocarburos. El mismo dispone, según lo remarcó el mismo Presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.
Declaraciones como estas han desalentado la actividad de las empresas petroleras en Colombia. Es así cómo, según la Cámara colombiana de bienes y servicios de petrolero, gas y energía (CAMPETROL), en el 2023 se perforaron sólo 51 pozos exploratorios, representando una caída del 45.2% con relación a los 93 perforados en 2022. También se vio afectado el número de pozos perforados en desarrollo, los cuales cayeron el 9.1%, al alcanzar no más de 597 pozos en 2023. Así mismo se contrajo la actividad sísmica 2D equivalente, limitándose a los 1.367 kilómetros, 28.2% menos que el año anterior. Finalmente, en diciembre de 2023 se reportaron, en todo el territorio nacional, 117 taladros activos en total, para una disminución del 23.5% respecto al mismo mes de 2022.
Mientras tanto lo que denotan los registros en el resto del mundo es una febril actividad de las empresas petroleras. Lo que informa la Agencia internacional de energía (AIE) es que en 2022 la producción mundial de crudo se incrementó el 5.4%, superando la tasa de crecimiento de 1.6% en 2021 y la media del intervalo 2010 – 2019, de la prepandemia, de 1.3%, jalonada por la reactivación de la economía global y en un contexto de ajuste progresivo de la oferta de crudo por parte de la OPEP+. Y, según su más reciente pronóstico la oferta de crudo subirá 1.5 millones de barriles más al día hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 103.5 MMBD en 2024, después de los 102 MMMBD en 2023.
A ello habrán de contribuir el récord de producción por parte de EEUU, que supera la de Arabia Saudita, ubicándose en el primer lugar entre los productores, Brasil que, según ha anunciado tiene entre sus planes pasar de producir 3.7 MMBD actualmente a 5.4 MMBD en 2028, para convertirse en el cuarto productor mundial de crudo, Canadá y la revelación en la que se ha convertido Guyana que ya produce 600.000 barriles y a poco andar, alcanzará la producción de 1 MMBD, del cual se ha venido alejando Colombia desde el año 2016. Dicho de otra manera, el petróleo que deje de producir Colombia no le hará falta al mundo y como lo afirmó Sergio Cabrales, experto de la Universidad de Los Andes, “dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción no tiene ningún efecto en la reducción de CO2 a nivel global”, como lo cree el Gobierno pensando con el deseo.
Barranquilla, octubre 5 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.
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“La reunión de la COP16 en Cali es uno de los más importantes eventos, a nivel mundial, en procura de la coordinación y los acuerdos internacionales para promover la diversidad ambiental y buscar el equilibrio ecológico”.
Por José G. Hernández* - Santiago de Cali será la sede de la COP16 a partir de este 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2024.
Como se acaba de manifestar en Nueva York, durante las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el deterioro ambiental y las crisis sanitarias que hoy afectan al planeta hacen urgente que los países -en el plano interno- y la cooperación internacional busquen mecanismos, procedimientos y acciones, con miras a garantizar la biodiversidad y la protección ambiental.
De conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política de 1991, serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud y la seguridad de consumidores y usuarios.
A su vez, el artículo 79 estipula: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Añade, como deber del Estado colombiano, “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
El artículo 80 de la Carta establece que el Estado “planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” y le exige “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.
Según ha reiterado la Corte Constitucional, “si bien la protección jurídica del derecho a gozar de un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general”. Ha reconocido que “Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad”. (Sentencia C-519 de 1994).
La reunión de la COP16 en Cali es uno de los más importantes eventos, a nivel mundial, en procura de la coordinación y los acuerdos internacionales para promover la diversidad ambiental y buscar el equilibrio ecológico. Congregará a delegados de 196 países firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica, que entró en vigor en 1995, sobre la base de la cooperación entre las partes, con el objeto de preservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la más eficaz utilización de los recursos genéticos. La COP es la Conferencia de las Partes, órgano rector del Convenio.
Que una de nuestras más importantes ciudades capitales sea sede de COP16 honra al país. Muchos serán los aportes de los países concurrentes y de Colombia en materia de biodiversidad y protección ambiental.
Bogotá, D. C, 2 de octubre 2024.
*Expresidente de la Corte Constitucional.
“El Gobierno Nacional les adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra”.
Por Amylkar Acosta*. -Se está configurando una especie de tormenta perfecta que acecha al sistema eléctrico, que podría llevar a un racionamiento de energía entre enero y marzo de 2025, el cual podría anticiparse como lo ha reiterado el Contralor en un reciente pronunciamiento suyo. Su advertencia es clara: “si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios”.
Se refirió él fundamentalmente a la acuciante situación financiera a la que estaban expuestas las empresas prestadoras del servicio de energía debido al lastre que les significa la suspensión del cobro de la deuda contraída por los usuarios por concepto de la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, pues a pesar del anuncio del presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía en el sentido de que el Gobierno Nacional asumiría dicha deuda, aunque sólo la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que asciende a $2.8 billones, hasta la fecha aún está en veremos.
Y, para agravar la situación, el Gobierno Nacional les adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra. El Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se limita a decir que su despacho ya los liquidó y que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda los gire.
Lo grave está en que la liquidación no da liquidez a las empresas sino el giro, que no se hace efectivo. La solicitud de parte de AIR-E para que fuera intervenida por parte de la Superintendencia, alegando su insolvencia y la falta de flujo de caja, fue al mismo tiempo el detonante y el iceberg de esta crisis anunciada.
Y más recientemente, la firma XM, responsable de la operación del Sistema interconectado nacional (SIN), en una alerta temprana, con base en una modelación realizada para el verano 2025 - 2026, según la cual la demanda proyectada por la UPME (junio/2024) la demanda de energía será superior a la oferta de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad, que apenas alcanzará los 85.803 GWH/año. De tal suerte que, de presentarse un Niño, el que está a la vuelta de la esquina, “habría desembalsamientos hasta el 47% durante la próxima temporada de verano, valor superior al presentado en los últimos fenómenos de El Niño. Con ello, “tendríamos valores mínimos de embalse al final de la estación de verano, cercanos al 25.3%, nivel nunca visto en la operación durante los últimos 30 años”. Estamos, entonces, ante una situación de alto riesgo.
Por ello, recomienda XM que desde ya se debe ser prudentes por parte de los operadores de las centrales hidroeléctricas a la hora de utilizar los embalses que le sirven a las mismas, en previsión de la baja de los aportes hídricos, que pueden llegar a poner en riesgo la generación. Ello obligará a una mayor participación en la generación para atender la demanda del parque térmico de generación. Por ello preocupa aún más que, según lo ha anunciado el Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega pronto pasaremos de la escasez del gas natural que demandan las térmicas a un déficit de suministro para el mes de diciembre, anticipándose a la previsión de Naturgas, que lo proyectaba para el 2025.
Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
“Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - La Comisión V de la Cámara se ocupó finalmente de la crisis lechera, aunque le dio a la ministra Carvajalino solo 15 minutos para exponer la dura realidad de 350.000 colombianos, en su mayoría pequeños ganaderos.
La crisis se agravó por una difícil coyuntura climática, pero los problemas de la cadena son estructurales y de todos los eslabones, aunque el hilo se rompa por lo más delgado, pues en las grandes cuencas lecheras -Nariño, altiplano cundiboyacense y Antioquia-, la mayoría de la leche proviene de campesinos minifundistas en condición de pobreza.
La caída del consumo se explica en la tendencia creciente del precio al consumidor desde 2021, que le restó al consumo 18 litros por persona hasta mediados de 2024, mientras el precio al ganadero, que venía cayendo y debía repuntar en verano, no lo hizo y bajó un 16%. Aunque la ministra habló del bajo nivel de acopio de la industria, de solo el 47% del total de litros producidos, no aludió a un factor estructural de la crisis: la asimetría del mercado formal, en el que 10 empresas compran el 50% del acopio y 50 compran el 85%, con 350.000 ganaderos tratando de venderles.
Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.
Entre las acciones que mencionó está la destinación de 7.600 millones de pesos para fomentar exportaciones de leche en polvo y movilizar inventarios, 4.000 más para promover, a través de la Bolsa Mercantil, la compra de leche por la industria alimenticia y compras públicas, y 3.000 para acopiar volúmenes adicionales; un total de 14.600 millones aportados por el Fondo de Estabilización del sector.
El tiempo no le dio a la ministra para mayores precisiones, pero a mí sí me corresponde aclararle a la opinión pública que los recursos del Fondo de Estabilización son aportados por los ganaderos cuando venden un novillo gordo o un litro de leche.
Somos los ganaderos aportando a la solución de nuestros problemas, aunque sea un aporte “invisible”, como el que hacemos, desde hace 28 años, para preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa, no solo por la salud de nuestros animales, sino para acceder a los mercados internacionales, a los que hoy, precisamente, tratamos de llevar más leche para que más leche sea comprada a nuestros campesinos.
Mencionó la ministra otras acciones con recursos de la Nación, y entonces me pregunto por la gran ausente en esa mesa de aportantes: la industria, a la que proveemos su insumo básico y es por ello nuestro aliado natural.
Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2024
*Presidente FEDEGÁN.
“La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, frenará la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones”.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Dos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones de Venezuela, disminuye cada vez más la ilusión de una transición democrática en ese país, y aumenta la posibilidad de que Maduro se quede, consumando el fraude electoral.
Maduro no ha podido demostrar que ganó las elecciones, ni va a mostrar la actas electorales como lo exigieron hasta los presidentes de México, Brasil y Colombia. Pero a pesar de estar deslegitimado ante la opinión internacional y las sanciones económicas, está utilizando todas las formas de lucha para aferrarse al poder, y lo puede lograr.
Ha tratado de dar apariencia de legalidad al fraude con las certificaciones sin pruebas del Consejo electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Ha enfrentado a la oposición con violencia y represión, que ha dejado muertos y miles de presos políticos. “Todos los que estuvieron directamente involucrados en la organización de las elecciones están ahora escondidos, en prisión o en el exilio”, declaró María Corina Machado en entrevista reciente.
Además todavía cuenta con tres factores importantes a su favor: uno, el respaldo de los militares que no quieren perder sus prebendas; dos el apoyo de países como Rusia, China e Irán, y tres, el respaldo de alrededor del 30% de la población junto con colectivos armados dispuestos a defenderlo.
Por todos estos factores la misma María Corina, que resiste con coraje desde la clandestinidad, reconoce que todavía Maduro no caerá: “El punto aquí es que Maduro esté dispuesto a sentarse a negociar y creo que eso se alcanzará cuando el costo de permanecer en el poder por la fuerza supere el costo de salir del poder y todavía no hemos llegado allí”.
Si Maduro se queda Colombia debe prepararse para enfrentar por lo menos tres consecuencias muy complicadas: La primera, una nueva crisis migratoria pues se espera que, ante la continuación de la dictadura, millones de venezolanos se sumen a los que ya han salido de su país, y Colombia es el primer destino para la gran mayoría.
La segunda es en el frente económico. La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, frenará la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones colombianas -sobre todo las no tradicionales, a este mercado. Además, se complicaría la importación de gas venezolano, que es la mejor alternativa para suplir la escasez que se prevé para los próximos años.
Finalmente, el colapso definitivo de las posibilidades de negociar la paz con el ELN. Con Maduro este grupo armado seguirá teniendo amparo y cobijo en la frontera del vecino país para desde allí continuar sus incursiones violentas y en su discurso guerrerista ya comienzan a presentarse como guardianes de la revolución bolivariana. No es coincidencia que la reactivación de sus atentados terroristas, así como la voladura de los oleoductos, se haya dado después de la autoproclamación de Maduro como presidente.
Bogotá, D. C. 1 de octubre de 2024
*Filósofo y Economista. Consultor.
“Los latinos no se han constituido aún en un bloque de votantes debido a su inmadurez política e inexperiencia en la política norteamericana”.
Por Héctor Geager*. -Desde el punto de vista que tendría en su contra el ser mujer, y los votantes que en su mayoría son protestantes, no están listos para elegir a una mujer como presidente; ya fuese Kamala Harris o la misma Michelle Obama. (Sería interesante si conocieran como los protestantes ven el rol de la mujer). Además de ser mujer, Kamala es parte de una minoría racial, lo cual tampoco le sienta bien a los blancos estadounidenses.
Esta es una realidad que muchos no aceptan. Trump ha logrado unir a los blancos en un bloque importante de votantes, casi nadie menciona este hecho. Este bloque se le opondría a Kamala, como también muchos votantes negros de las iglesias protestantes.
Las encuestas dan un 43% a Trump y un 42 % a Kamala, con un 1% de diferencia.
Escriban esto que les voy a decir, “Trump le ganará las elecciones a Kamala por más del 1%”. A Michelle Obama le hubiese ganado las elecciones presidenciales también por un porcentaje sobre el 5%.
En lo referente a los votantes latinos; ellos están divididos. Muchos favorecen al partido demócrata, pero una mayoría substancial votaría por Trump. Los latinos no se han constituido aún en un bloque de votantes debido a su inmadurez política e inexperiencia en la política norteamericana. Los mexicanos-americanos y cubanos-americanos son los votantes más experimentados en el sistema, seguido de cerca por los puertorriqueños y los dominicanos.
Este es solo un breve análisis de la situación eleccionaria en los Estados Unidos.
New York, 7 de septiembre 2024
*Catedrático, analista político, conferencista.
“De comprobarse la existencia del software espía en el país, sería un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil”.
Por Hubert Ariza*. -En Colombia, Pegasus no es un mito griego, ni Petro un escuálido mandatario dispuesto a dejarse tumbar por la derecha, como él lo ha denunciado. Cuando la tormenta política arrecia por el paro del empresariado camionero, que mantuvo paralizado a más de medio país esta semana, el jefe de Estado contraataca a la oposición, en una alocución nacional, con un arma de alto poder: la denuncia pública de la supuesta compra, en 2021, por parte de la Policía Nacional, por 11 millones de dólares que nadie sabe de dónde salieron, de Pegasus, un software espía israelí que, como Dios, dicen que existe pero nadie ha visto, ni sabe quién lo opera, ni desde dónde está chuzando a grupos de interés. Tampoco quién se beneficiaría de la información obtenida, ni cuáles son los blancos de interés de quienes manejarían esa poderosa arma de inteligencia.
Petro, experto en el arte de la guerra, se ha sacudido de la ofensiva en su contra de los últimos días, que ha tenido varios componentes, algunos originados en su propio delirio ideológico, como calificar como tres veces más dictador a su antecesor, Iván Duque, en comparación con el dictador venezolano Nicolás Maduro, o llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas, que reaccionaron airadas en defensa de su dignidad, profesionalismo e incluso su vida.
Petro buscaba cambiar la agenda política, como lo ha hecho otras veces, poniendo al país a hablar de otro tema, mientras las carreteras nacionales permanecían bloqueadas, al igual que las entradas de las grandes ciudades. Pegasus no es un elefante alado, pero es un tema muy notorio para pasarlo inadvertido y descartarlo como una locura presidencial por exceso de café. Ignorarlo sería una enorme irresponsabilidad.
La alocución presidencial del pasado miércoles 4 de septiembre no es la noche septembrina de la derecha, pero sí será recordada como un fenómeno de la era petrista en la que un presidente utilizó su poder comunicacional para denunciar un asunto que, más allá de la coyuntura, sí debe investigarse hasta las últimas consecuencias en busca de la verdad. No puede quedar en el ambiente una acusación tan grave contra la seguridad nacional, que, de ser cierta, tiene inmerso un complejo entramado de corrupción, en el que estarían involucradas altas dignidades del Estado y del Gobierno anterior, comenzado por el expresidente Duque.
Petro ha sacado de las sombras ese software espía que, como un caballo de Troya, posiblemente entró a Colombia por los laberintos oscuros de la ilegalidad desde hace tres años y puede que esté carcomiendo la confianza en la democracia, la justicia y la seguridad. Hay que recordar que desde hace varios años, antes de que se hablará de ese caballo alado, el país ya padecía el fenómeno de las chuzadas.
Durante los ocho años de mandato de Álvaro Uribe, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue blanco de ataques a su seguridad, según se denunció, por orden de altos funcionarios de esa administración. El DAS, en ese período, se convirtió, asimismo, en una cloaca bajo el dominio paramilitar, que persiguió incluso en el exterior a lideres de oposición y defensores de derechos humanos. Todos esos delitos están debidamente documentados y forman parte de la historia de violencia estatal en Colombia.
Es cierto que las órdenes de asesinato de varios líderes sociales pasaron por los escritorios del DAS, en cuyo interior se conformó un grupo criminal llamado el G-3, asesorado por José Miguel Narváez, exsubdirector de esa desaparecida policía política, condenado por la justicia por determinar el crimen del humorista Jaime Garzón, que se cumplió por mandato del desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, pagó, además, una condena, precisamente, por estar al servicio de las autodefensas.
Colombia es tierra de realismo mágico y de realismo terrorífico. Los más de nueve millones de víctimas de la violencia, como desplazados forzados, desaparecidos, exiliados, las miles de fosas comunes, los hornos crematorios descubiertos y los métodos sádicos de asesinato de líderes de la oposición, no son mitos ni leyendas, sino la cruda realidad de un país que a pesar de intentar la paz por todos los caminos, durante los últimos 40 años, no ha logrado detener la máquina de la guerra. Y muchas de esas víctimas son el resultado de una errada política de Estado de alianza criminal de la fuerza pública con los grupos armados ilegales de extrema derecha, como lo ha demostrado la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.
De comprobarse la existencia de Pegasus en Colombia, entonces, no sería una tecnología pacífica en gentes sanas al servicio de la democracia. Sino un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil, siempre señalada por la extrema derecha o agentes descompuestos del Estado, en un país en permanente guerra, como aliada o al servicio de la guerrilla. Ese software, en manos de quienes se niegan a aceptar el surgimiento de nuevas fuerzas democráticas capaces de llegar al poder para intentar hacer las cosas de otra manera, sencillamente sería una amenaza a la democracia, al derecho al disenso, a la intimidad de las personas, a la renovación de los liderazgos.
El presidente Petro ha hecho una serie de preguntas que deben ser resueltas por la fiscal de manera rápida, con absoluta transparencia, para esclarecer los hechos y darle un parte de tranquilidad a los colombianos. Nadie puede sentirse seguro en Colombia mientras gravite la acusación del propio presidente de la República de que un grupo de particulares o funcionarios públicos no identificados administran un software supuestamente comprado con dineros del Estado, que no están registrados en las cuentas de la nación, que usan la información recopilada con fines desconocidos.
Vistas así las cosas, Pegasus es, sin duda, un arma letal contra la democracia, sin control del Estado. Ni el propio presidente sabe a quiénes se vigilaría con ese software, quién procesaría la información, a quién se le enviaría, quién beneficiaría. No es realismo mágico, sería guerra híbrida al máximo nivel contra la sociedad civil y la democracia, pagada con dineros de los contribuyentes y para beneficio de una cofradía invisible que tiene objetivos desconocidos para la opinión pública.
La información compartida por las agencias internacionales de inteligencia financiera ha encendido las alarmas con movimientos no claros de millones de dólares en compra de tecnología maliciosa. Es información muy sensible que Petro ha utilizado en defensa de su Gobierno y para contraatacar a la derecha. La Cancillería, seguramente, tendrá que dar explicaciones a los aliados sobre el manejo público de esa información reservada. Pero el daño de Pegasus en Colombia podría ser de tal dimensión que el primer mandatario ha preferido saltarse los protocolos y atacar a quienes supuestamente están montados en Pegasus, espiando la vida de los colombianos y tomando decisiones con información ilegal para dañar reputaciones y cambiar el rumbo de la opinión.
La denuncia significa un enorme reto para la inteligencia colombiana, la Policía Nacional, el sistema judicial, y los medios de comunicación, que deben contribuir a esclarecer esta denuncia, que en un país desarrollado significaría una hecatombe política, pero en Colombia se busca meter en la licuadora de la polarización para minimizar los hechos.
¿En cuánto tiempo sabremos sobre la real existencia de Pegasus y sus alcances? Ojalá sea pronto. Ese caballo alado, de actuar en el país, podría estar en manos de algún Dios de la guerra anónimo, que, como Marte, quiera que Colombia arda en llamas y la derecha liquide el nuevo olimpo radical que lidera Petro.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País
“Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un stress financiero”
Por Amylkar D. Acosta M*. -A los líos de las altas tarifas de la energía eléctrica y el alza inmoderada de las mismas y la incapacidad del gobierno para dar respuesta al clamor de los usuarios para contenerla, al stress al que está sometido el Sistema eléctrico del país debido al atraso y al abandono de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, se viene a añadir ahora el amago de un eventual racionamiento y/o limitación de suministro por un inminente apagón financiero de las empresas prestadoras del servicio de energía.
Ya había alertado el año pasado la empresa XM, que es la encargada de operar el Sistema interconectado nacional y de administrar el mercado mayorista, del riesgo de un efecto dominó debido a la insolvencia a la que estaban abocadas dichas empresas debido al efecto combinado de la deuda contraída por sus usuarios por cuenta de la opción tarifaria, que ya bordeaba los $5 billones y los atrasos del Gobierno nacional en girarle el valor de los subsidios a los usuarios de loa estratos 1, 2 y 3.
Si bien la deuda por concepto de la opción tarifaria está en vía de solución, por lo menos parte de ella, la que corresponde a los estratos 1, 2 y 3, cuyo monto está alrededor de $2.8 billones, al tomar la decisión el Presidente Gustavo Petro de asumirla la Nación, la cual está dependiendo ahora de su aprobación por parte del Congreso de la República. Mientras tanto y con el fin de trasladarle de manera inmediata ese beneficio a los usuarios la CREG expidió para comentarios la Resolución 701 063 del 29 de agosto, al tiempo que, en el entre tanto, amplió el cupo para un crédito – puente en FINDETER a las empresas con el fin de que estas no se ven abocadas a dificultades de flujo de caja.
Pero ahora, una vez más, las empresas prestadoras del servicio de energía y el gremio que las representa, ASOCODIS, han puesto el grito en el cielo por el flagrante incumplimiento con el reintegro del valor de los subsidios que las empresas vienen aplicando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Ello está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las mismas.
Históricamente siempre se ha presentado un rezago en los giros por parte del Ministerio de Hacienda. En promedio el monto de los subsidios anualmente es del orden de los $6.8 billones, de los cuales asume la Nación y $2.8 billones corresponden a la contribución del 20% que se aplica a la factura de los estratos 5 y 6. Es decir, se trata de una suma de $600.000 mensuales de los cuales debe girar la Nación $340.000 (¡!)
Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un stress financiero, ya que al corte de agosto están pendientes del pago por parte del Gobierno Nacional de $1.3 billones por subsidios ya otorgados por ellas. Según el Presidente de la Asociación Colombiana de distribuidores de Energía eléctrica (ASOCODIS) José Camilo Manzur, “adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estaría deficitarios en subsidios por $2 billones”.
ASOCODIS dejó claro que “las empresas comercializadoras no pueden seguir financiando esos saldos pendientes que tienen con ellas, incluyendo los subsidios. De hacerlo no tendrán cómo financiar las labores y trabajos necesarios para seguir prestando un buen servicio a los colombianos e incluso no tendrán cómo pagar sus obligaciones con la compra de energía”, lo que podría llevar a un riesgo sistémico.
Ello podría repercutir próximamente en una limitación de suministro por parte de las empresas generadoras. Aunque está vigente la Resolución 40359 del 30 de agosto, que expidió el Ministerio de Minas y Energía, que tiene por objeto prorrogar la duración de la aplicación de la Resolución 40307 de 2024, que tiene efectos suspensivos del procedimiento de limitación de suministro, sólo rige hasta el 30 de este mes o hasta “cuando la CREG expida la regulación que permita prevenir los efectos” de su aplicación. Según ASOCODIS, en las empresas más pequeñas, los flujos positivos que tienen a nivel anual a veces son menores que las cifras del déficit de subsidio. Tienen que hacer un esfuerzo enorme e, incluso, muchas de esas empresas son estatales”.
Tal situación llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”. Y advierte, además, que “esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”. Tanto más en cuanto que “la sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.
Y fue más lejos el Contralor cuando aseveró en su comunicado, que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía”. El riesgo, entonces, es inminente, ello es lo que se colige del pronunciamiento del Contralor General.
Bogotá, septiembre 5 de 2024
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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El BR ha sido lento en disminuir su tasa, máxime con los datos de inflación del mes de Agosto, pues la inflación ha bajado de 13.34% a 6.12%, y la tasa del BR solo ha bajado de 13.25% a 10.75%. ¿Qué espera para hacerlo?!
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Son varias las razones para la falta de demanda de crédito, pero sin lugar a dudas una de las principales es la política del BR de mantener alta su tasa de interés, con el propósito expreso de desestimular el crecimiento del crédito.
Aunque el dicho popular dice que para bailar se necesitan dos, algunas veces son necesarios tres para bailar bien. Ese es el caso del Pacto por Crédito que hicieron el gobierno y los banqueros con el objetivo de aumentar los recursos de crédito para sectores estratégicos de la economía. No va a funcionar porque falta un tercero, el Banco de la República (BR).
El Pacto fue el resultado de una negociación afortunada para reemplazar la inútil idea del gobierno de las inversiones forzosas con el compromiso de los bancos de aumentar la oferta de crédito, inyectando $55 billones para esos sectores estratégicos. Difícil que se haga realidad si no hay demanda efectiva de crédito.
La idea del Pacto, lo mismo que la de las inversiones forzosas, parten de una realidad cierta y un diagnóstico equivocado: El hecho real es que el crédito está estancado.
Hasta julio la cartera bruta de crédito del sistema financiero había crecido solo $9 billones, lo que equivale a un 1.4% en términos nominales, es decir que descontando la inflación se había reducido un 5%. Ninguna economía puede crecer sin nuevos créditos. Tiene razón el gobierno en buscar aumentarlo.
El error de diagnóstico es atribuir la parálisis del crédito a un problema de oferta, es decir a la falta de recursos para prestar, cuando lo cierto es que el problema es falta de demanda efectiva. Los bancos tienen abundante disponibilidad de plata para prestar pero no tienen suficientes solicitudes de crédito. No tiene razón el gobierno en pensar que aumentando los recursos va a aumentar el crédito.
En el último año los depósitos del público en la entidades financieras crecieron $42 billones, es decir que la banca se “encartó” con $33 billones que tuvo que buscar donde invertir.
Son varias las razones para la falta de demanda de crédito, pero sin lugar a dudas una de las principales es la política del BR de mantener alta su tasa de interés, con el propósito expreso de desestimular el crecimiento del crédito. Con el nivel actual de las tasas de interés menos familias solicitan crédito para comprar vivienda o vehículos, y menos empresarios quieren endeudarse para nuevos proyectos productivos.
Aquí es donde se necesita el tercero en el baile porque si el BR no participa en el Pacto bajando sus tasas, la pareja gobierno-banqueros no va a poder bailar.
El BR ha sido lento en disminuir su tasa, máxime con los datos de inflación del mes de Agosto, pues la inflación ha bajado de 13.34% a 6.12%, y la tasa del BR solo ha bajado de 13.25% a 10.75%. ¿Qué espera para hacerlo?!
ADENDA: Asombroso el doble discurso de quienes exigen reducir el déficit fiscal pero apoyan la exigencia de los empresarios del transporte de que el gobierno no suba el precio del diesel. No es sorprendente porque son los mismos que lo tuvieron congelado y crearon el problema.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre 2024
*Folósofo y Economista. Consultor.
“Lo dicho: desde varios frentes, la propiedad privada de la tierra está amenazada”.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Crecen los cultivos de coca y, con ellos, la violencia rural: los ataques a la fuerza pública, el estallido de los oleoductos, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y el sufrimiento de comunidades en medio de la lucha encarnizada de los grupos narcoterroristas por el control territorial.
Aun así, el campo sigue alimentando al país a pesar de ser el gran escenario de la violencia y de que, en lugar de vías decentes, escuelas, hospitales y apoyo a la producción para que no le toque, como a los ganaderos, llorar sobre la leche derramada, lo que recibe son discursos de odio y propuestas que, a cambio de resolver los problemas, serán semillero de nuevas discordias.
En efecto, como si fueran pocos los problemas del campo, el gobierno decide crear más y sembrar incertidumbre y conflictividad con el proyecto de ley de la llamada Jurisdicción Agraria, concebido como una amenaza a la propiedad privada de la tierra y a la seguridad jurídica de la economía rural.
No es una amenaza nueva. Hace un año, en la ley del Plan, el Gobierno metió un mico dizque para “facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, que era realmente una presión extorsiva para obligar al propietario a vender bajo la amenaza de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, eliminando garantías procesales, endureciendo los términos y entregándole la competencia decisoria a la Agencia Nacional de Tierras sin la intervención de un juez.
La Corte Constitucional declaró inexequible ese intento, pero el Gobierno lo resucita en la jurisdicción agraria, estableciendo que los procesos de que trata la Ley 160/94, entre ellos la expropiación administrativa con indemnización y la extinción de dominio sin ella, serán resueltos por la ANT mediante acto administrativo y con el único recurso de la acción de nulidad, con lo cual el proyecto deroga de un tajo el Capítulo 3 del Decreto Ley 902/17, sobre la Fase Judicial del Proceso Único que protegía al propietario frente a una decisión sumaria y administrativa.
Adicionalmente, la Jurisdicción Agraria, que es un compromiso del Acuerdo con las Farc para proteger al campesino en los conflictos de tierras, literalmente “se brincó la cerca” y pretende darles a los jueces agrarios competencia sobre “las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios”, lo que arrebata competencias a otros jueces y vuelca sobre unos omnipotentes jueces agrarios toda la actividad económica agropecuaria del país.
Pero quizás sean más peligrosas las amenazas ocultas en los principios y los enfoques del proyecto en los artículos 5 y 6, vagos e ideologizados, induciendo a los jueces a la aplicación de criterios subjetivos, como “el buen vivir”, por encima del rigor jurídico; a la primacía de la justicia material sobre la justicia formal y al excesivo garantismo en beneficio de los sujetos protegidos, que tiene su máxima expresión en la presunción de veracidad de sus afirmaciones, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa de quien no goza de la misma presunción.
Hay todavía más amenazas: la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, que permitirá, entre otras cosas, imponer medidas cautelares sobre la tierra en procesos ambientales; y apenas la semana pasada (Decreto 1092/24), el reconocimiento de los pueblos del CRIC como Autoridad Territorial Económica y Ambiental, no solo en sus tierras, sino en las que pretenden como suyas, es decir, todo o gran parte de los departamentos de Cauca y el Valle.
Lo dicho: desde varios frentes, la propiedad privada de la tierra está amenazada.
Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2024
*Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
