Opinión
Por: Guillermo García Realpe*.- Termino la primera legislatura del cuatrienio legislativo y la verdad, en términos generales, el balance para el Congreso de la República es agridulce. Primero, porque las grandes reformas y los proyectos de interés nacional brillaron por su ausencia.
Por el Capitolio Nacional, todas las semanas desfilan Ministros, Ministras y altos funcionarios del Gobierno, pero todos sin mayores resultados que mostrar en sus diferentes carteras. Las intenciones del Gobierno en las grandes coyunturas del país, se quedaron en eso: en buenas intenciones. El Presupuesto General de la Nación, pasó con dificultades, lo propio el Plan Nacional de Desarrollo que pasó raspando a última hora ante un quorum muy frágil y el gran desgaste del legislativo en temas de Paz, especialmente con la iniciativa presidencial de objetar la JEP, en ese trance, el Congreso se vio enfrascado en debates ideológicos, doctrinarios y aburridos durante más de un mes y medio.
Ahora bien, en el balance personal, tengo que decir que como es nuestra costumbre realizamos una labor legislativa seria, comprometida con nobles causas sociales y principios que siempre defendemos desde lo más profundo de nuestro matiz ideológico. Asistimos al 99% de las sesiones, tanto en la Comisión Quinta, como en la Plenaria del Senado, demostrando así nuestro compromiso y responsabilidad a la hora de representarlos.
En materia de iniciativas que hoy ya son Ley de la República y que tuvimos el gran honor de asumir sus respectivas ponencias, durante el primer año legislativo, podemos destacar la Ley 1930 de 2018 conocida ya como la Ley General de Páramos, que protege de manera integral a nuestros 37 ecosistemas, de acuerdo a tres principios: preservación, restauración y manejo especial.
Así mismo impulsamos la Ley 1931 de 2018 o Ley sobre el Cambio Climático, logrando así que nuestro país de los primeros pasos hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París (ratificado por Colombia el 22 de abril del año 2016), en relación con las medidas que deben tomar los países parte para el mejoramiento del Cambio Climático. Sin duda, es una Ley de gran relevancia por todo lo que representa.
Otra iniciativa de suma importancia que ya pasó a sanción presidencial y que está a punto de ser Ley de la República, es la que prohíbe y regula el uso de plásticos y otros materiales de un único uso en el Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina e Islas Menores, como medida de protección a los ecosistemas marinos y desde luego a la gran reserva de biosfera SeaFlower de 350 mil kilómetros cuadrados. Es una medida que buscaremos ampliar de manera gradual al resto del país, especialmente a aquellas ciudades y puertos que hoy sufren a gran escala el fenómeno de contaminación, como Tumaco, Buenaventura, Puerto Colombia, Barranquilla y otras.
Logramos de la misma manera avanzar en otros proyectos que cursan su trámite para los respectivos debates, como por ejemplo, el Proyecto de Ley 196 de 2018 el cual autoriza la adjudicación de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-productoras y de reserva forestal de la Ley 2° de 1959. El Proyecto de Ley 201 de 2018 por la cual se regula lo previsto en el parágrafo 5° del artículo 361 de la Constitución Política relativo a los programas y proyectos de inversión que se financiarán con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, de igual manera el Proyecto de Ley 251 sobre polinizadores, que aunque se hundió en su último debate deja un gran mensaje, habrá que insistir en él, para preservar la vida de las abejas que son los seres que nos garantizan nuestra seguridad alimentaria y que hoy están en riesgo de desaparecer. Otro Proyecto es el 134 de 2017 el cual restringe las emisiones contaminantes de fuentes móviles, de gran importancia para evitar la polución que hoy inunda con partículas contaminantes a las principales ciudades colombianas.
El proyecto de prohibir el fracking en yacimientos no convencionales es otra iniciativa que impulsamos desde la Comisión Quinta, su camino ha sido accidentado, pero no vamos a desfallecer en ese propósito, también tenemos el Proyecto de Ley 97 de 2018 que busca la restauración de ecosistemas con especies nativas y un proyecto regional para lograr que en el mediano plazo el Concurso Internacional de Tríos de Pasto sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.
Como pueden ver, todos estos proyectos tienen un corte ambiental y de preservación del Medio Ambiente, en concordancia con nuestro mensaje de lograr Paz con la Naturaleza.
En temas de control político, lideramos sendos debates desde la Comisión Quinta del Senado, sobre la crisis de Hidroituango que puso en vilo a todo el país desde el pasado 28 de abril del 2018, fecha en que se presentó la primera gran contingencia. Del mismo modo llevamos a debate el grave tema de la deforestación en Colombia, fenómeno que preocupa mucho por lo que representa, no podemos seguir permitiendo que nuestro país pierda más de 280 mil hectáreas cada año por cuenta de este flagelo.
Finalmente desde la Comisión de Paz, alzamos también la voz por la grave ola de violencia que se sigue registrando en varias regiones del país por cuenta de asesinatos a líderes sociales, líderes políticos y militares, que empañan la tranquilidad y pone en riesgo lo logrado en el proceso de Paz con las FARC.
Seguiremos a partir del 20 de julio, cuando se inicie la segunda legislatura del Congreso de la República defendiendo todas las causas sociales, y siendo coherentes con nuestras propuestas de campaña e insistiendo en sacar adelante todas las iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colombianos, esperamos que el pleno del legislativo también este a la altura de este desafío y que no sea inferior a sus responsabilidades.
Pasto, 25 de junio de 2019
Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.- Después del repunte del crecimiento de la economía en el 2018 con respecto al año anterior, al registrar un crecimiento de 2.7%, 1.3 puntos porcentuales más alto, se auguraba que el mismo se sostendría y de allí que se plantearan metas mucho más elevadas de crecimiento del PIB para el 2019. El vaticinio de FEDESARROLLO rondaba el 3.3%, la firma comisionista Alianza lo estimaba entre 3% y 3.4%, mientras que ANIF pronosticó un crecimiento del 3.3% y el del Banco de la República 3.5%. Entre tanto, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, con el optimismo panglossiano que lo caracteriza, le apostó a una meta aún más elevada, el 3.6%.
Pues bien, el pasado 13 de mayo el Director del Dane Juan Daniel Oviedo reveló la esperada cifra del crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2019 y no fue nada alentadora. Según el reporte del DANE el crecimiento del PIB arrancó con un modesto 2.77% anual, por debajo de las expectativas del mercado del 3% y de las del Banco de la República del 3.2%. Este resultado tuvo distintas lecturas. Para el Ministro Carrasquilla, “la economía lleva un tiempo significativo, un par de trimestres por lo menos, dando claras evidencias de rebote; las cifras así lo demuestran y esa dinámica será más importante a medida que pasen los días, los meses y los trimestres”. El Director del DANE coincide con el Ministro Carrasquilla en que “tenemos evidencia contundente de que está saliendo el sol”.
Mientras el Ministro Carrasquilla sostiene, con terquedad aragonesa, que está “totalmente convencido, junto con el Banco Mundial, el FMI y diversos analistas, que en un escenario absolutamente neutral esta economía va a crecer al 3.6% sin mucho problema”, hay otras voces autorizadas que discrepan de sus apreciaciones, empezando por el Gerente del Banco Emisor Juan José Echavarría. Según este “la economía colombiana está estancada y la cifra del crecimiento del último trimestre fue bastante malo”, tanto más en cuanto que el crecimiento real del primer trimestre, como lo delató el Gerente del Banco no fue de 2.77%, como se dijo, sino del 2.29%, cifra esta que nos aleja aún más de la meta del Ministro Carrasquilla del 3.6% para el año completo.
Ahora bien, para alcanzar esta meta de crecimiento del PIB tendría que remontar el 4.3% en los próximos tres trimestres, lo cual resulta asaz difícil. Conocidos los resultados del débil crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año, la firma calificadora de la deuda soberana Moddy´s conceptuó que la economía colombiana en 2019 ”tendrá un crecimiento más o menos de 3.3%, pero creemos qué hay más riesgos a la baja que al alza para ese pronóstico”.
Cabe preguntarse en dónde estriba la diferencia de las cifras de crecimiento del PIB, siendo que ambas tienen la misma fuente, el DANE. Lo que ocurre es que mientras el crecimiento del PIB del 2.77% es un fiel reflejo de lo que pasó en el primer trimestre, lo cual permite analizar el comportamiento de la coyuntura, el crecimiento del 2.29, es la misma cifra anterior pero ajustada, corrigiendo el efecto estacional y de calendario, libre de paja y polvo y da cuenta de la evolución subyacente de las series y su utilidad es mayor a la hora de hacer el análisis del ciclo y establecer las tendencias.
Por ello, al comparar las cifras desestacionalizadas del primer trimestre de este año (2.29%) con el trimestre anterior (2.74%) y con el primer trimestre del año pasado (2.6%), se llega fácilmente a la conclusión que la economía sí está estancada, ha perdido fuerza, tracción e impulso, no hay tal que “la economía está alzando vuelo”, como afirmó el Ministro Carrasquilla, ni las opiniones de Echavarría las puede descalificar ni desdeñar por “cortoplacistas y efectistas”. Ministro, los datos expuestos por el Gerente del Banco no son “una mala foto dentro de una buena película”. Es al revés, aterrice!
Es de resaltar que, tanto o más importante que la cifra puntual de crecimiento es el ritmo y la tendencia del mismo y allí justamente es en donde los cálculos y proyecciones del Ministro Carrasquilla y del Director del DANE empiezan a fallar. Como afirma el Gerente del Banco, “estábamos entusiasmados porque la inversión estaba creciendo casi al 10%, los empresarios estaban reaccionando a la deducción del IVA en la compra de bienes de capital y el DANE cambió la cifra a 4.9% y después a 0.7%, o sea, la inversión se frenó”. Y añadió, las exportaciones que “estaban creciendo a tasas del 12% hace un año largo están creciendo ahora muy poco”.
Esa fue la apuesta que hizo el Ministro de Hacienda, con el espejismo de que “la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial estimule la inversión y la generación de empleo”. Así lo planteó el Ministro Carrasquilla al momento de presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, anunciando que “la apuesta del gobierno es el mayor crecimiento económico”, claro está, siempre y cuando se cumpla la premisa anterior, que para el Ministro es algo axiomático. Pero, como afirma el ex ministro de Hacienda Guillermo Perry, “Reagan y Trump hicieron la apuesta y no les funcionó. No veo por qué ese milagro sí va a ocurrir en el trópico”. Y las cifras del DANE le están dando la razón.
Las cifras no mienten, si nos atenemos a las series originales, esto es, sin el ajuste estacional y de calendario, ni el sector agropecuario ni el industrial han despegado; lejos de ello, en este primer trimestre del año a duras penas crecieron levemente, el 1.4% y 2.9%, respectivamente, al tiempo que la construcción cayó -6%. Es más, según el DANE, en el lapso comprendido entre enero a abril de 2019, el sector industrial acumuló un exiguo crecimiento de sólo 1.9% con respecto al mismo período del año anterior. Y ello, después de haber crecido el 2.5% en el último trimestre del año anterior. El sector de la construcción, otrora locomotora del crecimiento ahora es un lastre para el mismo, al registrar una caída del -5.6%, especialmente el rubro de edificaciones, que tuvo una caída del -8.8%. Así de claro!
Riohacha, junio 23 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- “Llevarlo a la práctica, lo difícil del Marco Fiscal”.
Hizo bien el Ministerio de Hacienda dándole realce y publicidad al Marco Fiscal de Mediano Plazo- 2019 este año. Se trata al fin de cuentas del documento fiscal más importante que se presenta ante el país desde la expedición de la ley 819 del 2003. Y constituye una especie de enciclopedia sobre los más importantes asuntos fiscales de la agenda nacional.
Quien quiera entender la Hacienda Pública de Colombia a cabalidad debe necesariamente sumergirse en este enjundioso documento de más de 400 páginas que no solo analiza la coyuntura inmediata, sino que echa una mirada prospectiva sobre las finanzas públicas del país para la década siguiente.
Voy a referirme en este artículo (por razones de espacio) solamente a algunos aspectos generales del Marco Fiscal de Mediano plazo presentado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada.
Lo primero que hay que comentar -y con razonable cautela, aplaudir- es que la visión de las finanzas públicas que queda luego de leer este documento es de relativa tranquilidad. No necesariamente de optimismo. Pero sí queda la sensación de que las finanzas públicas del país no están cayendo por un precipicio sin fondo.
Ahora bien: entre la tranquilidad que trasciende de su lectura y la realidad, queda naturalmente la brecha de un sinnúmero de medidas que se han tomado y que es necesario seguir desarrollando; otras que no se han adoptado aún; y quedan flotando no pocas preguntas que requieren aún de respuestas convincentes, para que el optimismo que trasluce el documento se traduzca en sólidas realidades.
El documento considera que la economía colombiana por un efecto que denomina de “rebote” crecerá 3,6% este año; proyección que no difiere sensiblemente de las presentadas por otros organismos: Banco de la República 3,5%, Banco Mundial y FMI también 3,5% y OECD 3,4%.
El documento se muestra muy satisfecho (quizás excesivamente) por la disminución del costo de capital empresarial que introdujo la última ley de financiamiento, lo que debe hacer aumentar la inversión privada en los próximos años, y los flujos de la Inversión Extranjera Directa (IED) que en el último trimestre mostraron un interesante incremento.
El objetivo de crecimiento económico anual promedio que el MFMP se traza para los años de la próxima década es del 4%: optimista naturalmente, pero más aterrizado que el 4,5% de que habla el Plan de Desarrollo.
Como cosa interesante hay que anotar que no está previendo nuevas reformas tributarias en lo que queda del gobierno Duque. Compromiso que de no cumplirse se lo cobrarán crudamente al gobierno.
La mejora fiscal esperada para los próximos años, que es modesta, se apoya en reducciones del gasto público (1,5% del PIB en 10 años), una mejor focalización del gasto (es decir, reducción de algunos subsidios distorsionantes), reducción de la evasión con medidas como la factura electrónica y modernización de la Dian, sustitución de pasivos de alto costo como el pago a tiempo de sentencias contra el Estado con TES, y ahorro del 0,7% del PIB con una reestructuración del Estado.
El gobierno recientemente logró que se le autorizara una mayor holgura en la regla fiscal, alegando los nuevos gastos que genera la llegada de inmigrantes venezolanos. Sin embargo, el MFMP mantiene para el 2019 la meta de un déficit del 2,4%; es decir, no se utiliza la autorización obtenida para trabajar con una regla fiscal más amplia. La deuda como proporción del PIB la proyecta estable para los años venideros: 2019, 51,5% y para el 2020, 49,9%.
Como medidas legislativas próximas, el Ministerio de Hacienda anuncia la presentación de una ley para modernizar el mercado de capitales, un acto legislativo para darle flexibilidad al sistema nacional de regalías, una reforma pensional que ahora se llama ley de protección a la vejez, y reformas a la tributación de entidades territoriales. El Ministro ha anunciado también que se pondrá en venta el equivalente al 10% de las participaciones estatales en empresas públicas, siendo la principal de ellas por supuesto Ecopetrol. Dura batalla política la que le espera.
El MFMP también está lleno de supuestos que, de no darse, derrumbarían las proyecciones fiscales. El caso más protuberante es el del fracking. Si este mecanismo no se pone en práctica se dejaría de percibir 600.000 barriles diarios y la no despreciable suma de 14 billones en un solo año (lo mismo que originalmente buscaba recaudar la ley de financiamiento); o sea, el marco fiscal se apoya en supuesto que aún están lejos de ser realidades tangibles. Y esa es quizás su mayor debilidad.
En síntesis: el MFMP constituye una mezcla de buenos propósitos y de metas ambiciosas. Ahora viene lo más difícil: llevarlo a la práctica. Para lo cual el gobierno requerirá de una gran muñeca política pues buena parte de las medidas anunciadas dependen del Legislativo. ¿Existe esa muñeca política en el actual gobierno?
Junio 23, 2019 - 03:00 AM
*Abogado y Economista, exministro de Estado
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El futuro de carbón es más negro que el color del mineral que sale de la tierra. Me refiero al futuro económico, no porque se agoten las reservas y disminuya la producción sino porque va a disminuir el consumo y caerán los precios. Es una perspectiva que debe preocuparnos por la importancia que ha ganado este producto como fuente de divisas.
Hace 25 años exportábamos 15 millones de toneladas y recibíamos unos USD 550 millones. En un cuarto de siglo el volumen de exportaciones se multiplicó por seis llegando a 87 millones de toneladas, mientras que con el aumento de precio de los hidrocarburos los ingresos se multiplicaron por 13 hasta USD 7.500 millones.
Así, el carbón es hoy la segunda exportación colombiana, superando con mucho al café que en sus mejores años no ha pasado de USD 2.500 millones, y su participación en el total de exportaciones pasó del 8% al 17,8%. Un ingreso muy importante que no hay con qué reemplazarlo cuando disminuya.
En el caso del petróleo el riesgo principal es el agotamiento de las reservas, pues tenemos solo para 6.5 años de producción y si no se utilizan nuevas técnicas de exploración como el fracking va a ser difícil reemplazarlas. En el carbón, por el contrario hay abundancia de reservas probadas, unos 5.000 millones de toneladas que alcanzarían para 60 años de producción. El problema es que mucho antes de que se agoten no vamos a tener quien lo compre.
El carbón fue el combustible de la primera revolución industrial, y llevó a Inglaterra a ser la gran potencia industrial en los siglos XVIII y XIX, cuando el 80% del carbón mundial salía de las minas inglesas. El petróleo y el gas lo han desplazado como combustible para motores, pero por su menor costo su poder calorífico todavía se utiliza para generar el 38% de la energía consumida en el mundo.
Esta situación va a cambiar en pocos años por la creciente conciencia de los daños irreparables que produce el calentamiento global. La tendencia mundial es sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias, y el primer afectado va a ser el carbón por ser el hidrocarburo que produce el mayor impacto ambiental tanto en su proceso de producción como en la cantidad de gases de efecto invernadero que emite.
Inglaterra es el caso más claro de sustitución. A mediados del siglo pasado tenía cerca de 1.400 minas subterráneas que producían la casi totalidad de las 230 millones de toneladas que consumía; hoy todas esas minas están clausuradas, solo quedan unas pocas a cielo abierto, y el consumo anual de carbón ha caído a 18 millones de toneladas.
El menor consumo ya está afectando los precios que en este año han caído 30%, en claro contraste con la recuperación de los precios del petróleo, y no se espera que se recuperen en el corto plazo. Un negro futuro para el que no estamos preparados.
Cali, 23 de junio de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Jorge Enrique Robledo*.- Muy equivocadas fueron las palabras del ministro de Comercio e Industria, José Manuel Restrepo, durante el debate en la Cámara de Representantes sobre las políticas oficiales para el sector textil-confecciones, gran empleador industrial del país. Porque se despachó con la consabida lista de mercado sobre las supuestas bienaventuranzas que ofrece su jefe, mientras calló sobre el objeto de la citación, es decir, sobre el acuerdo entre el gobierno y los importadores para oponerse a los artículos del Plan de Desarrollo que protegen a los confeccionistas de los productores asiáticos y africanos, a los que les regalan nuestro mercado interno porque Colombia ni siquiera tiene con ellos acuerdos de TLC. Y esto lo hizo luego de intentar que los líderes del sector engañaran a sus agremiados, echándoles el cuento de que Iván Duque sí les cumpliría lo que les prometió como candidato.
Quedó en evidencia que el nombre de ese Ministerio constituye una ficción, porque no promueve la industria nacional –al igual que sucede con el de agricultura–, sino las importaciones de bienes extranjeros, con cuyos voceros –Andi, Analdex y Fenalco– se unió para que la Corte Constitucional tumbe los artículos del Plan de Desarrollo que favorecen a los confeccionistas. La ocasión es propicia para hablar más de estos asuntos con franqueza, aunque pueda generar molestias, empezando por decir que la industria nacional carece de una organización poderosa que en verdad la represente.
El cambio de nombre de la Andi, que pasó de significar “Asociación Nacional de Industriales” a “de Empresarios”, no fue cosmético. No. Allí la última palabra la dan hoy las trasnacionales y las empresas no industriales. Analdex se proclama también como representante de los importadores. Y la cúpula de Fenalco decidió ser la vocera de las grandes superficies –trasnacionales, casi todas–, enormes importadoras de confecciones y de todo, a pesar de que al comercio minorista le conviene más vender productos nacionales.
No es que los importadores y las trasnacionales no puedan tener organizaciones que les tramiten ante el gobierno y los medios de comunicación sus intereses, entre ellos producir donde les resulte más barato –¡se están yendo a África porque Asia les parece muy costosa!–, para desde ahí inundar con sus géneros a Colombia y a otros países. Pero no resiste análisis que encima se presenten como las representantes de todos los colombianos, y de los industriales y los productores agropecuarios, cuyo interés primordial reside en producir riqueza en el territorio nacional y apoyarse en el mercado interno para exportar.
Si algo falla en los análisis de las relaciones internacionales –relaciones que creo deben existir–, es que no se debate sobre ellas con seriedad. Porque la economía de mercado –sin eufemismos, el capitalismo– no es un modo económico montado sobre la solidaridad entre los países y las personas. Difícil algo más ventajista que el negocio cafetero a escala global, sobre lo que Duque guardó silencio en Europa. Entonces, de lo peor que les pasa a quienes producen en Colombia es no tener auténticos y fuertes voceros ante el gobierno, para que sus intereses –que incluyen generar más empleos– se escuchen y atiendan a plenitud en por lo menos dos aspectos. El daño que les hacen las importaciones legales e ilegales –que en el exterior en nada se diferencian entre sí– y el muy alto “costo país” con el que los gobiernos los obligan a competir con otros en los que el Estado sí respalda en serio a sus productores.
Entre las astucias de los mismos con las mismas que gobiernan a Colombia desde siempre –hoy encabezados por la jefatura duquista– está presentarse como los coherentes defensores de la economía empresarial, aunque las cifras del subdesarrollo de este sector los refutan: 1. Un producto por habitante de apenas 6.400 dólares y originado en la producción de materias primas, cuando los países desarrollados andan por encima de 30 mil y con sus economías fundamentadas en la industrialización urbana y rural. 2. Que entre el desempleo y el rebusque sumen el 70 por ciento demuestra la debilidad de la actividad empresarial, la principal generadora de empleo en los países modernos. 3. Que el Gini de utilidades de las empresas sea del 0.8 prueba su altísima concentración en manos de unas muy pocas y muy poderosas compañías y el desdén y maltrato oficial al resto de los empresarios.
Video: https://youtu.be/4AjubkHoHUU
Bogotá, 23 de junio de 2019.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- El presidente Duque anunció la reanudación de aspersión con glifosato y, sin demora, la presidente de la Corte Constitucional le “recordó” que las condiciones de 2017 continuaban vigentes; y ante el pedido de flexibilizarlas, respondió tajante que estaban escritas en la sentencia, como quien dice, que “lo escrito, escrito está”, para que el Gobierno no se haga ilusiones en la revisión de la sentencia de tutela que las impuso.
Yo le diría a la magistrada que no es necesario “recordarle” nada al presidente con tonito de advertencia, porque él, respetuoso de las instituciones, no ha olvidado tales condiciones, y si decide hacer el anuncio es porque, a pesar de su complejidad –la Corte abrió una puerta, pero con obstáculos, como para que nada entrara por ella–, ya tiene listos los seis protocolos, como anunció el ministro de Defensa, para entregarlos al Consejo Nacional de Estupefacientes, que decidió la suspensión en 2015 y debe resolver la solicitud de reanudación.
Como el tema volvió a la palestra, revisé la narrativa que se construyó del glifosato como enemigo de la salud pública y la naturaleza. Según ella, la aspersión se suspendió en el gobierno Santos por “los efectos adversos en la salud humana”. Primera mentira –o media verdad–, pues esos efectos “no están probados en humanos”, como precisa la clasificación de "probablemente carcinogénico” en la que incluyó al glifosato la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), con productos como los esteroides que usan algunos deportistas, los gases automotores que inhalamos todos, y actividades como ¡peluquería! y destilación petrolera.
La segunda, esa sí mentira, es que “la salud” haya sido la causa de la decisión de Santos. La aspersión aérea se suspendió en Putumayo en 2013 por exigencia de Correa, luego en Catatumbo por exigencia de Maduro y, al final, en todo el país por exigencia de las Farc en las negociaciones. Otra cosa es que el informe de la IARC de 2015 haya caído “como anillo al dedo” para justificar la suspensión definitiva.
La tercera –media verdad– es el efecto ambiental, que lo tiene, como todo lo que consumimos y como todos los seres vivos por el hecho de existir. Muy claro se lo dijo el presidente a “The Guardian”: Si los que se dicen ambientalistas fueran coherentes, entenderían que, frente al riesgo ambiental del glifosato, regulado y controlado, es mucho mayor el daño causado por la producción de cocaína, que destruye bosques y esparce químicos sin control en áreas protegidas y fuentes de agua.
¿Qué tenemos? De una parte, un lío enorme: Un país con 200 mil hectáreas de coca, otra vez la condición paria de primer productor mundial; una sociedad consumidora; violencia rural por la guerra por cultivos y rutas; inseguridad urbana por el microtráfico y la drogadicción; instituciones contaminadas por la corrupción; y una economía distorsionada y amenazada por la descertificación.
De otra parte, un falso dilema ético, difícil de enfrentar porque toca los temas de salud y naturaleza. Acojo la “Teoría de la ponderación”, que defendió el presidente en la Corte. Poner en la balanza los derechos en conflicto, los de todos los colombianos y, entre ellos, los de tantos policías y soldados asesinados o lisiados en la erradicación manual en medio del infierno. Ellos y sus familias no son ciudadanos de segunda y también tienen derechos.
Sí. Hay que poner en la balanza el riesgo bajo de usar glifosato con controles, frente a la amenaza de permitir la devastación incontrolada de la coca, con gravísimas consecuencias sociales económicas y políticas. La amenaza de un país fallido.
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- En Estados Unidos se abrió la feria de las promesas, los sustos, las advertencias, sermones y puyas. Trump se fue con todo a la Florida. Concretamente a Orlando, en donde congregó a 20 mil adeptos que frenéticamente lo aclamaron cada vez que hacía promesas para medir el entusiasmo de los asistentes.
Así empezó su nueva campaña por la presidencia de su nación. Es el hombre que hoy mantiene al mundo en vilo. El que embroma, debilita y pone a temblar al mundo con sus anuncios económicos. Aunque cada declaración y cada twitter se contradicen, los norteamericanos se convencen de que su líder cumplió a cabalidad. Especialmente los supremacistas blancos respaldan las actuaciones de Trump, como ocurre con muchos políticos que se creen los Mesías en sus naciones.
Esta vez, Tump anunció que deportará más de un millón de inmigrantes, muchos de los cuales han ingresado ilegalmente a su país. Esta revelación ocasionó la más grande ovación durante el evento. Dio para escuchar comentarios de analistas e hispanos en favor y en contra de semejante propósito. Unos señalaron que su pretensión le daría el voto hispano, porque “no hay peor enemigo de los inmigrantes que los inmigrantes”. Consideran que muchos llegan con sus “espaldas mojadas”, alcanzan la residencia o la nacionalidad y entran al exclusivo club de críticos de sus congéneres.
También dijo el candidato-presidente que de todas maneras durante su nuevo gobierno construirá el muro que separa a Estados Unidos de Méjico, pero que será un muro no tan costoso, es decir algo así como un muro económico, barato o pobre, pero con altísima tecnología. Venezuela pasó a un segundo plano.
La realidad es que, de un tiempo para acá, “la migra”, esa que descubre, detiene y deporta a los indocumentados, es ahora ambulante. Hay buses que recorren barrios, conglomerados, carreteras con funcionarios que detienen a los inmigrantes y de una los envían a sus países.
La gran estrategia de Tump es que cuanto dice, lo cumple, sea bueno a malo. Por ello, tiene grandes posibilidades de repetir presidencia. Además, presenta cifras económicas sorprendentes, desempleo hacia abajo, incentivos a las empresas que quieran regresar a los Estados Unidos y piensa en poner de nuevo los aranceles a trabajar, para castigar a aquellos gringos que están “maquilando” en Centro y Suramérica.
Claro que la cosa no es del todo favorable. Tiene las encuestas en su contra. Las “chuzadas” lo embroman, lo mismo que las mentirillas y otras explicaciones que no han calado en la opinión pública sobre actuaciones judiciales. Esto ha despertado molestias en muchos sectores que quieren recuperar la tradicional moral de los norteamericanos.
Esto le ha imprimido una credibilidad ascendente al exvicepresidente Joe Biden, quien se fortalece cada día. El juego entre demócratas y republicanos, entra en la palestra, porque ya hay muchos de los segundos que quieren lograr la recuperación de la moral. Ahí está el detalle.
BLANCO: Colombia tiene en el bolsillo la Copa América.
NEGRO: Congreso y gobierno nos ratificaron como país corrupto.
Bogotá, D. C, 21 de junio de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Por Lorena Rubiano.- "La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa": Abraham Lincoln
Un tema de nunca acabar, en nuestro país, es la extradición. Es la negativa de un país de juzgar a sus nacionales y entregárselos a una justicia extranjera para juzgarlos por posibles delitos cometidos en su territorio.
Lo más grave es que se está volviendo a extraditar con fines políticos, disfrazados con posibles delitos comunes, para poderlos juzgar en el exterior.
A raíz de la polémica desatada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia y otros miembros del CD sobre si existe o no tratado de extradición con EE.UU, en medio del proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, dijeron que “la extradición de Andrés Felipe Arias es ilegal y que Colombia no tiene tratado de extradición con Estados Unidos”.
Lo más sensato ante esta incertidumbre es volver a negociar un Tratado de Extradición con los Estados Unidos, en donde queden claras todas las reglas de juzgamiento, que se cumplan las garantías con las cuales se extraditan los nacionales, y que simples raspachines o ayudantes puedan en muchos casos ser juzgados en el país y que los miles de millones de dólares que pagan los extraditables a la justicia norteamericana se dividan entre los dos países, por el nuestro también es víctima de ese flagelo del narcotráfico.
Por ejemplo, a finales de 2015, los Estados Unidos exigieron a Honduras que entregara a la justicia americana al abogado y empresario de ochenta años, Jaime Rosenthal, quién fuera miembro del congreso nacional de Honduras y vicepresidente del país. En octubre de 2015 las cuentas en los bancos estadounidenses pertenecientes a Rosenthal y sus familiares fueron embargadas. El motivo formal es la acusación de la familia Rosenthal de que el blanqueo de dinero había beneficiado a la delincuencia del tráfico de drogas.
Al exdictador de Panamá, Manuel Noriega, después de que se negara en 1987 a proporcionar territorio panameño para actividades contra Nicaragua, el gobierno estadounidense lo acusó de tráfico de drogas y lavado y en aras del "restablecimiento de la democracia” invadieron y el jefe de un estado soberano, fue capturado en la capital de su propio país.
A nivel mundial está el caso del ciudadano ruso Víctor Bit que en el 2008, fue detenido por la policía de Tailandia acusado de ayudar a los "terroristas" colombianos de las Farc.
Otro caso de alto perfil está relacionado con la detención en Liberia del piloto ruso Konstantin Yaroshenko y su posterior extradición a los Estados Unidos, acusado del transporte de 4 toneladas de coca a Liberia y Ghana cuyos proveedores de la sustancia ilegal eran militantes de la organización de izquierda Farc, que operaban en Colombia.
Considero que debemos Juzgar aquí a nuestros nacionales que no hayan cometido delitos en el exterior. Tenemos jueces y tribunales capaces de hacer justicia. Son muchos los países que no extraditan a sus nacionales y no les pasa nada.
Bogotá, D. C, 20 de junio de 2019
Por José G. Hernández*.- La equivocada sentencia mediante la cual fueron declarados inexequibles dos apartes de los artículos 33 y 140 del Código Nacional de Policía, estimulando el consumo de estupefacientes -hoy prohibido por la Constitución-, o el de alcohol, en lugares públicos, mueven a reflexión acerca de los límites que, en el Estado Social de Derecho, han sido establecidos para todos los órganos y ramas del poder público, incluido el Tribunal Constitucional, al fin y al cabo un órgano constituido, sujeto a la Constitución.
Distingamos entre el control político sobre el Gobierno y la administración, que corresponde al Congreso como una de sus más importantes funciones, y el control jurídico en abstracto, a cargo de la Corte Constitucional. Mientras aquél recae sobre aspectos tales como conveniencia, oportunidad, idoneidad, utilidad, ventajas o desventajas sociales, económicas y políticas de normas o decisiones, el segundo se centra exclusivamente en la verificación fundamentada acerca de la conformidad o disconformidad entre las normas cuyo examen le corresponde y la Constitución.
A la Corte Constitucional no le compete el ejercicio del control político, ni tiene que ocuparse en ver si unas determinadas políticas gubernamentales, medidas o disposiciones cumplen con eficacia sus propósitos; si son o no convenientes; si son oportunas o inoportunas; prudentes o imprudentes; adecuadas o no desde el punto de vista estratégico; si pueden o no ser útiles para lograr una finalidad. Eso es propio de otras instituciones. La Corte debe ocuparse únicamente en lo suyo: asegurar el imperio de la Constitución y evitar que rijan normas contrarias a ella. Su función consiste en guardar la vigencia efectiva, el imperio, la integridad y supremacía de la Constitución, debe ser ejercida de modo estricto y exigente, con rigor jurídico, y en todos los casos que la Constitución contempla, bien por el ejercicio de la acción pública o en razón del control oficioso de constitucionalidad, retirando del ordenamiento las normas que coliden con los mandatos superiores.
Pero, para que así ocurra, es decir, para que una norma sea declarada inexequible por la Corte, es preciso que ese precepto y la Constitución no puedan coexistir por ser incompatibles. No le debe importar si le agrada o no la norma; si es popular o impopular; si es útil, o si es la más eficaz. Esa evaluación no es propia del control de constitucionalidad. No puede, so pretexto de guardar la Constitución, asumir las funciones de gobierno, ni las propias del Congreso; ni está llamada a fijar pautas o estrategias administrativas.
El Congreso, en cambio, ejerce control político, y decide si los proyectos que se le presentan deben ser o no aprobados, según su conveniencia u oportunidad. La Corte verá si, desde el punto de vista jurídico, por razones de fondo o de forma, las leyes que dicta el Congreso –o, de manera extraordinaria, el Presidente de la República- son o no constitucionales.
Declarar inexequible -total o parcialmente- una norma legal porque parece a los magistrados -según su opinión política o administrativa- que puede haber otra medida o fórmula más útil o conveniente, es algo que no le atañe a la Corte Constitucional.
Finalmente, la Corte no es órgano constituyente. No le corresponde reformar, ni sustituir la Constitución, sino respetarla y hacerla respetar.
Bogotá, D. C, 19 de junio de 2019
* Ex presidente de la Corte Constitucional.
Por Víctor G Ricardo*.- La Orinoquía o los Llanos Orientales de Colombia, son algo más que el paisaje y los atardeceres de los cuales hablamos todos. Son 285.437 KM2 , el 27% del territorio colombiano, olvidado por cientos de años por la cultura urbana del colombiano, que finalmente puso sus ojos en esta región ante el desarrollo de la industria del petróleo que ha producido más de $30 billones en regalías a la Nación.
Gracias a ello o a pesar, como aseguran ecologistas, se abrió un horizonte de cercanía a los centros de consumo, con la construcción de vías que permitieran el trasporte de hidrocarburos a los centros de refinamiento y así las grandes multinacionales y los grupos económicos pusieron su interés en esas tierras algo áridas, pero hidrográficamente inmensamente ricas. Gracias a la iniciativa privada, la llanura oriental paso de ser un terreno histórico y lejano, a un centro productivo que hoy abastece al centro del país, que lograron que un Estado indolente con sus áreas rurales, entendiera que las vías de comunicación son fundamentales para posibilitar el trasporte en términos agiles y económicos y servir como despensa a la capital de la República.
De allí sale la habilitación de algunas vías pequeñas antitécnicas y sin mayor mantenimiento, que permitieron durante más de tres décadas, un acceso limitado, a los terrenos de nuestra Orinoquía, acceso rodeado de los peligros de una Nación en conflicto, donde las fuerzas del orden se encontraban acorraladas por movimientos subversivos, que de la mano de los dineros del narcotráfico, desarrollaron un Estado delictivo dentro de nuestra país. Pero el empuje de una nación creciente, ávida de terrenos productivos, hizo patente la necesidad de un sistema vial integrador de esa gran porción del terreno colombiano.
Esto fue la causa del nacimiento de un gran esfuerzo nacional, comunicando a los Departamentos con medios de comunicación que le otorgaran un mercado a su producción agropecuaria.
Y parecía que ya estaba al alcance; la vía al Llano y su doble calzada de 110 kilómetros abría los horizontes y remplazaba las ilusiones llaneras, en realidades colombianas. Adjudicada esa vía a uno de los mayores núcleos de ingeniería del país se dio inicio a una gran trasformación, que se veía crecer merced a la vía y que comunicaba la llanura periférica, con el consumidor urbano del centro de la nación. Por esa vía ya se trasportaba el petróleo nacional del llano, 15 mil toneladas de alimentos, 1.800 cabezas de ganado, más de 1.300 cerdos, 4 millones de ejemplares avícolas, 600 mil litros de etanol, y la oferta de la hoy constituida como la mayor productora de arroz y maíz de la nación.
Todo lo que ha ocurrido ha causado uno de los mayores desastres para nuestra economía. Y el portal del colapso del mayor puente colgante de la vía en la vereda de Chirajara, dio aviso ignorado de como la naturaleza pasaría la cuenta de cobro, a la espalda de una hidrografía indomable.
Así se ha sepultado una vía al progreso y destrozado una ilusión de incorporar al llanero. El llano pide una explicación, un juicio a los culpables, una reparación ágil y pronta, que les confirme y amplíe el horizonte que ya creían formado y que hoy contempla devastado.
Bogotá 19 de junio de 2019
*Excomisionado de Paz
