Opinión
Por Jairo Gómez*.- Es tal la obsesión del Centro Democrático (CD) con el acuerdo de paz y su implementación, llámese Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, que busca cualquier pretexto para hacer implosionar la paz. Desintegrarla como se desintegra un edificio en desuso que hay que demoler.
Considera el CD que culpar a la JEP de poner en riesgo la figura de la extradición y sus consecuencias negativas en las relaciones con Estados Unidos es el camino más adecuado para desprestigiarla frente a la opinión pública y acude a los instrumentos más insospechados para hacerlo.
Por ello, sin pensarlo dos veces, raudos corrieron el senador Uribe y sus alfiles a la Casa de Nariño a proponerle al presidente Duque que decretara la conmoción interior tras la supuesta fatiga institucional que supuso la decisión de la JEP en el caso Santrich y la posterior renuncia del fiscal Martínez. La propuesta llevaba implícita la idea de cerrar la JEP, extraditar al exguerrillero y, por qué no, cerrar el Congreso y convocar una constituyente; no son elucubraciones mías, esas fueron las conjeturas que circularon en los pasillos del Congreso, cuando el expresidente, en su acostumbrado lenguaje hiperbólico, dijo que esta era la “crisis institucional del país más grave en 60 años”. ¡Por Favor! Como si hubiéramos nacido ayer.
Una contradicción que salta a la vista con el presidente Duque quien pregona a los cuatro vientos la legalidad como principio básico de su acción de gobierno, mientras que a su partido, el CD, le incomodan la Constitución y las leyes pues no les permiten sabotear el soporte legal en que se sustenta el acuerdo que garantiza la paz.
Sin embargo, no se dan por vencidos; ahora la senadora Paola Holguín del CD decidió denunciar, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, a los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP que aplicó la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich.
En una maniobra absurda que devela impotencia y falta de solvencia política, resuelve tomar el arbitrario camino de demandar una decisión judicial, es decir cuestionar la decisión de los jueces, tras argumentar que los magistrados “prevaricaron al haber desconocido que la conducta del narcoguerrillero alias Jesús Santrich, se cometió con posterioridad a la firma de los acuerdos entre el grupo terrorista Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos”; pero además intuye que “transgredieron los límites constitucionales y legales de sus competencia desconociendo caprichosamente el derecho aplicable y los que informaban fehacientemente los elementos probatorios de la Fiscalía…”
Para ese argumento un contrargumento constitucional: El acto legislativo 01 de 2017 dice en su artículo 14 sobre “(el) Régimen sancionatorio de los magistrados de la JEP. Los magistrados de la JEP estarán sometidos al mismo régimen especial penal previsto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al régimen disciplinario previsto por la ley para jueces y magistrados de las otras jurisdicciones. En todo caso no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidas en sus providencias judiciales, proferidas en espacio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos”.
La Constitución es clara y deja sin piso la desproporcionada denuncia, que en un acto de sindéresis, si es que lo tiene, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debe rechazar porque las decisiones de los jueces se respetan así no se esté de acuerdo con ellas, principio elemental en cualquier democracia.
No se puede coagular tanto odio contra el acuerdo de paz para no entender que los fallos de los jueces se acatan, salvo que las razones sean por otras y este no es el caso. Hacer populismo es clásico de los partidos débiles, ausentes de ideas nuevas y por ello recurren insistentemente a maniobras despreciables, instrumentos muy cotizados en las dictaduras.}
Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2019
*Periodista y Analista Política
@jairotevi
Por: Guillermo García Realpe*. – El pasado martes 21 de mayo se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado un interesante debate impulsado por nosotros y que tenía como objetivo visibilizar la gran tragedia ambiental que vive hoy Colombia por cuenta de la deforestación a gran escala que sigue en aumento en importantes regiones.
Este control político estuvo muy concurrido, entre otros, asistieron el Ministro de Ambiente, el Ministro (e) de Justicia, las Viceministras de Agricultura y Defensa, varios directores de Corporaciones Autónomas Regionales y por supuesto; el pleno de senadores de esta célula legislativa, lo que demuestra la importancia del tema.
Sigue siendo preocupante las altas tasas de deforestación que, cada año siguen y siguen en aumento en vastas regiones colombianas, especialmente en la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico colombiano. Preocupa también que Colombia siendo el segundo país del mundo con más biodiversidad siga acabando con nuestro medio ambiente, la riqueza hídrica, los ecosistemas, en fin, con su fauna y flora, éste problema merece toda la atención nacional y es deber de todos ayudarlo a contrarrestar.
Necesitamos posicionar el tema de la deforestación en Colombia como un tema principal y prioritario en la agenda nacional, en la medida que hoy está los cultivos ilícitos o el tema de orden público y seguridad, esto para que todo el sector público; nacional, regional y local, al igual que el sector privado y la sociedad colombiana entendamos que tenemos que enfrentar con una actitud estructural y de mucho compromiso.
Hay muchas normas constitucionales, legales, muchos decretos, resoluciones, muchos protocolos, muchos acuerdos, pero al final de la tarde muy pocos resultados. Estamos ya bordeando para este año las 300 mil hectáreas deforestadas, fundamentalmente en la Amazonía colombiana. Se trazará una ruta entonces de lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales.
Es preocupante que cuatro departamentos entre ellos Caquetá (33%), Guaviare (21%), Meta (20,5%) y Putumayo (7,2) concentren más del 80% de la deforestación con 179 mil hectáreas devastadas en esas zonas tan sólo durante el 2017. Para el 2018 la cifra ya alcanzó las 270 mil hectáreas, algo realmente desastroso y triste.
El debate también arrojo que siete municipios concentran el 50% de la deforestación, ubicando a San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano (Caquetá), La Macarena (Meta), Calamar, El Retorno y San José del Guaviare en ese penoso top.
El Gobierno Nacional a través del Ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano, destacó la importancia del artículo 10 dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo donde se establece la creación del Consejo de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, que propenderá por la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente.
De la misma manera las Viceministras de Agricultura y Defensa, reiteraron el compromiso de esas carteras para frenar este flagelo que está acabando con nuestros bosques.
Desde las entidades gubernamentales que tienen que ver con éste tema, ya se han logrado ocho intervenciones en el territorio, con 88 procesos sancionatorios, y se han firmado acuerdos de cero deforestación con sectores ganaderos, palmicultor y de lácteos. El Gobierno tiene estimado una meta para sembrar 180 millones de árboles y restablecer 900 mil hectáreas nuevas dentro del programa agroforestal del Ministerio de Agricultura, se espera también que a finales de éste año, ocho Parques Nacionales Naturales estén libres de cultivos ilícitos. Estaremos muy atentos a estas proyecciones y metas para hacerle seguimiento y exigir que efectivamente se hagan realidad.
Así mismo, desde el Ministerio de Justicia se tramita un proyecto de Ley que aumentaría las penas a los grandes responsables de la depredación ambiental en todas sus cadenas, aspecto que celebramos.
No podemos permitir que la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, las malas prácticas ganaderas y la ampliación de la frontera agrícola, sigan siendo las principales amenazas ambientales hoy en Colombia. ¡Es tarea de todos frenarla!
En ese orden de ideas una serie de posibles soluciones que planteamos en el debate, podrían contener el flagelo de la deforestación en Colombia, por ejemplo, el Estado tiene que elevar a nivel prioritario las acciones y medidas contra la deforestación, deben haber medidas penales, fortalecimiento administrativo y financiero de autoridades ambientales y de control, más educación y formación no sólo escolar sino de comportamientos ciudadanos y de los servidores públicos, articulación institucional de autoridades ambientales, administrativas, Fuerza Pública y judicial.
Adicional a esto debe haber una agricultura sostenible, con limitación de la frontera agrícola, y hacer un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas y normalizar la posesión de títulos de pequeños propietarios con proyectos agroforestales y poner en marcha en el menor tiempo posible el Consejo Nacional de Lucha Contra Crímenes Ambientales y Deforestación.
Esta sería una hoja de ruta clara para evitar más depredación ambiental, frenar la deforestación en Colombia y estar en #PazConLaNaturaleza.
Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2019
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-Colombia es reconocida como el país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo y cuenta, además, con todos los pisos térmicos, pero, paradójicamente, según las Naciones Unidas, se cuenta entre los veinte países con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.
Colombia, según el más reciente reporte cartográfico del Instituto Von Humboldt Colombia posee 37 complejos de páramos, 50% de los páramos del planeta, todos ellos, a excepción de los de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicados en la cadena montañosa de la cordillera de los Andes. El de Sumapaz es considerado como el más extenso del planeta. Solo hasta el año pasado se alcanzaron a delimitar, aunque la delimitación de Santurbán la tumbó la Corte Constitucional, al resolver un recurso de tutela y dejar sin efecto la Resolución 2090 de 2014 que lo había delimitado. Colombia dispone, además, de 59 parques naturales terrestres y marinos, los cuales abarcan el 11.2% del área continental y el 15% del área marina.
Existe una gran imbricación entre los bosques y el agua, de la cual se sirven para refrescarse a sí mismos y a su entorno, liberando humedad a la atmósfera, la que luego retorna con las lluvias. Un grupo de 50 expertos, liderados por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, después de revisar con todo el rigor científico más de mil publicaciones sobre la interrelación entre los bosques y el agua, llegó a la conclusión que entre la evaporación del agua y la transpiración de las plantas en la superficie terrestre contribuyen de media al 63% de las precipitaciones. Esto es lo que se conoce como el ciclo hidrológico.
Las plantas, además, tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2. Y de contera, la vegetación contribuye a la conservación, reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano.
Pero la deforestación galopante es la peor amenaza que se cierne sobre esa gran biodiversidad, especialmente en la zona amazónica. El caso más patético es el del Parque Nacional Natural Serranía Chiribiquete, el cual junto con la Sierra de Nuquén y la Serranía de la Macarena son los sistemas montañosos más importantes de la Amazonia. El mismo fue incluido por la UNESCO en 2018 en la Lista de sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, siendo catalogado como el único sitio mixto cultural y natural de Colombia, destacándose por sus características geológicas y por el asentamiento de comunidades aborígenes, así como especies endémicas. La mezcla del paisaje natural y el arte rupestre plasmado en las paredes de estas gigantes mesetas, en donde se han podido develar 70 mil pinturas indígenas, le han merecido el calificativo de la “Capilla Sixtina de la Amazonia”. Según estudios antropológicos se ha podido establecer que las mismas datan de más de 20 mil años. La película Magia salvaje le reveló al mundo la belleza y el embrujo de esta maravilla.
Pues bien, como la mayor deforestación se viene dando en la Amazonia, se está poniendo en entredicho no sólo su integridad sino la conectividad ecológica regional, así como la conexión natural entre este parque y las áreas protegidas que lo circundan. Al ecocidio provocado por la deforestación se viene a sumar la amenaza de un etnocidio, toda vez que está poniéndose en grave riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas asentadas allí en aislamiento voluntario. Se teme que se repita la tragedia que vivieron los Nukak Maku hace más de 30 años, que los llevó a su virtual extinción.
Y es justamente en la Amazonia en donde, de acuerdo con World Resources Institute, se capturan 140 toneladas de carbono por hectárea, la mayor densidad en el mundo de carbono almacenado como biomasa. Por ello es considerado el pulmón del mundo. Pues bien, según el IDEAM, allí se concentra el 75% de la deforestación en Colombia, siendo los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare los más afectados con 49 puntos porcentuales, 13.1 puntos porcentuales y 9.8 puntos porcentuales, respectivamente, con 43.000 hectáreas deforestadas. Con ello se está poniendo en riesgo la conexión y la conectividad entre la Amazonia y los Andes.
Ello es alarmante, tanto más si tenemos en cuenta que, en un editorial para la revista Science Advances titulado “el punto de no retorno de la Amazonia”, el científico Thomas Lovejoy, profesor de ciencia ambiental en la Universidad George Mason (EEUU) y el profesor Carlos Nobre, miembro de la Academia de ciencias de Brasil, conceptuaron que, según sus cálculos en los últimos 50 años la deforestación ha acabado con el 17% de la vegetación de la Amazonia y si llega al 20% la conexión hidrológica entre los Andes, esa región y el Atlántico se volvería insostenible”. Este ecocidio hay que atajarlo y cuanto antes mejor.
Bogotá, mayo 25 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Trump, a sabiendas de que es contrario al multilateralismo a cuyas organizaciones todavía pertenecen los Estados Unidos (OMC), impone sin embargo a las exportaciones de China una brusca subida de aranceles al 25%. China procede a responder con la misma moneda, como ya lo había hecho.
El efecto de esto, como lo han anticipado todos los observadores serios, será introducir un gran desorden al comercio internacional y sembrar las semillas de la depresión mundial. Así lo ha dicho recientemente el FMI con gran crudeza. Las bolsas con su derrumbe así lo han ratificado.
Se está pasando de mostrarse los dientes a los primeros disparos fuertes, en lo que puede convertirse en una guerra comercial profunda y mundial. De la que nadie saldrá vencedor. Todos perderemos incluida Colombia. Los productos chinos que se encarecen por virtud de estos nuevos aranceles de Trump van a buscar recalar en mercados alternativos como el nuestro a precios de quema. Tal como ya empieza a verse con el acero.
De las guerras en general, y de las comerciales en particular, nadie sale ganancioso. Recordar por ejemplo que la gran depresión de los años veinte del siglo pasado comenzó precisamente con restricciones al comercio internacional que rápidamente se acentuaron a nivel planetario cuando los Estados Unidos, actuando torpemente como ahora lo hace Trump, resolvió subir aranceles abruptamente a sus socios comerciales (aranceles Smoot- Hawley)
Guardadas todas las proporciones, se está actuando con la misma ceguera como cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se suben los aranceles a los textiles y a las confecciones.
La medida no solo es abiertamente inconstitucional, pues la Constitución es muy clara que todo lo atinente a los aranceles es del resorte del ejecutivo en desarrollo de las leyes marco de comercio exterior, y no del Congreso, sino que no va a servir para proteger la industria nacional. A lo que conducirá este embeleco será a disparar los contrabandos de textiles que ya son bien altos por cierto.
Pero las torpezas del Tío Sam no se circunscriben al ámbito del comercio internacional. También al doméstico. Nos hemos enterado con estupor los colombianos que los gringos están utilizando el mecanismo de las visas para presionar indebidamente a los magistrados de las altas cortes para que voten en tal o cual sentido, según los caprichos de la embajada norteamericana en Bogotá. Insólito.
La reacción de la rama jurisdiccional ha sido inmediata y de rechazo como correspondía. Pero el silencio del Presidente, del Ministro de Relaciones Exteriores (que ya hubiera debido llamar al impertinente embajador en Bogotá a rendir explicaciones y se limitó a una vaga declaración en la que le prendió una vela a Dios y otra al diablo) y del propio Fiscal, ha sido sepulcral y por tanto inaceptable. En este asunto va envuelta la dignidad nacional. Que es deber de estos funcionarios hacerla respetar.
¿Ustedes se imaginan qué le pasaría a Pachito Santos si en una más de sus desabridas salidas le diera por presionar a los magistrados de la Alta Corte Constitucional de los Estados Unidos?
Bogotá, D. C, 26 de mayo de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Mauricio Cabrera Galvis.- El sistema capitalista no está funcionando bien y esto puede llevar a una lucha de clases. Esta no es la conclusión de un congreso de alguno de los partidos comunistas que aún subsisten ni de algún manifiesto revolucionario de los años sesenta; por el contrario, son el tipo de afirmaciones que están haciendo multimillonarios que son capitalistas exitosos.
Quienes así opinan son, por supuesto, defensores del sistema capitalista y el libre mercado. Al fin y al cabo, con ese sistema han logrado amasar multimillonarias fortunas. Pero no son ciegos para no ver que el sistema no está funcionando para todos, que la desigualdad está llegando a niveles intolerables pues mucha gente apenas sobrevive mientras que los excesos de algunos son escandalosos.
Uno de los más radicales expositores de esta postura es Ray Dalio, fundador y director de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo –Bridgewater- que maneja cerca de 200.000 millones de dólares y que tiene una fortuna personal de 18.000 millones de dólares. No es propiamente un comunista infiltrado en Wall Street.
Dalio ha publicado un manifiesto sobre la necesidad de reformar el sistema capitalista (https://bit.ly/2U2Druv), en el que después de mostrar las profundas y crecientes desigualdades en Estados Unidos, y la fractura social que se está produciendo, concluye que ante esta crisis hay dos posibles salidas: “a) personas de diferentes inclinaciones ideológicas trabajan juntos para reorganizar inteligentemente el sistema de manera que la torta se divida bien entre todos y al mismo tiempo crezca b) tendremos un gran conflicto y alguna forma de revolución que perjudicará a todo el mundo y reducirá el tamaño de la torta¨.
Dalio ha puesto su billetera al lado de su discurso, y junto con Bill Gates y Warren Buffet ha promovido Giving Pledge. la iniciativa de donar en vida por lo menos la mitad de sus fortunas a programas sociales.
No son los únicos capitalistas preocupados por las consecuencias negativas del sistema. Otros norteamericanos con gran riqueza que se reconocen como traidores a su clase, han conformado el grupo de “Millonarios Patriotas” comprometidos en crear una nación más próspera, estable e inclusiva. Se trata de crear riqueza que sirva al bien común. Otro grupo de empresarios ha creado la ONG “Capitalismo Inclusivo”, para reformar el sistema desde dentro, disminuyendo las grandes desigualdades que genera el libre mercado sin regulaciones ni controles, para hacerlo más sostenible e inclusivo.
Las propuestas para salvar el sistema son variadas, pero todas incluyen temas como aumentar impuestos a los más ricos, exigir mayor responsabilidad social a las empresas y solidaridad a los multimillonarios. Lo que todos ellos buscan no es implantar un sistema comunista sino salvar el capitalismo, porque temen que si no se hacen las reformas que reduzcan la desigualdad, el estallido social puede tener consecuencias insospechadas.
Cali, 26 de mayo de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por: Guillermo García Realpe*.- El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez no debió haber renunciado, la renuncia fue una decisión desproporcionada porque esta controvirtiendo, por supuesto, como es normal entre los poderes jurisdiccionales con competencia cada uno. Es un tema que tiene su trámite, que tiene su procedimiento, incluso continuará para ser ejecutoriada completamente la decisión de no extradición de Santrich, es decir, falta mucho de procedimiento.
Pero también hay que decir que en Colombia esto no es raro, aquí en éste país no ha ocurrido nada extraordinario, aquí también ha ocurrido mucha confrontación entre el ejecutivo y el legislativo, el legislativo con el jurisdiccional y ha habido choque de trenes, en fin, esto no es raro en Colombia, esto es un país de temas contenciosos frecuentemente, de crisis frecuentes y tercero, estamos enfrascados los sectores institucionales en temas que no son del interés del país, que todo lo contrario, están desviando la atención del país sobre los problemas reales que tienen los colombianos del día a día, como por ejemplo; la crisis del tema de desempleo, la crisis pensional, la crisis del sector agropecuario y muchos sectores están esperando decisiones del Gobierno Nacional y del Congreso y no estamos generando acciones contundentes a estás necesidades por estar en estas peleas.
Ahora, frente a la renuncia sorpresiva también de la Ministra de Justicia, Gloria Borrero, dos consideraciones al respecto, sale una académica atropellada por la ideología y la doctrina del partido de Gobierno, porque su agenda no representa las mayorías nacionales representadas en el Congreso de la República.
Sale una académica y entra la representación de la caballería más recalcitrante del partido de Gobierno, con sus extremismos polarizantes, Dios tenga de la mano al Presidente Iván Duque porque con ello está prácticamente demostrando que no hay política de Estado, ni de Gobierno y solamente habrá política de partido en la agenda legislativa y en la agenda de trabajo del ejecutivo.
Sinceramente creo que los colombianos en general ya no aguantan un escándalo institucional más, todos los días salen las mismas noticias sobre actos de corrupción, actos de confrontaciones políticas y mientras tanto en la cotidianidad del pueblo colombiano la gente esperando resultados a los grandes problemas nacionales ya mencionados.
Incluso la última encuesta de Gallup, refleja que en el último trimestre aumentó el número de colombianos que creen que las cosas van por mal camino. Algo realmente triste en un país con tantas potencialidades en diversos campos, pero que quienes hoy lo lideran les interesa más hacer trizas la Paz, inmiscuirse en temas internacionales, cazar peleas políticas, que hacer una verdadera agenda nacional.
El presidente Iván Duque, en meses anteriores había logrado algún repunte en su favorabilidad, pero todos estos episodios recientes ha hecho que el Jefe de Estado baje en caída libre.
Hoy, la percepción que tienen los colombianos es que la situación en el país está empeorando, hoy uno de cada cinco colombianos ve con buenos ojos lo que está sucediendo en el país. Pero un gran margen afirma que el país va por mal camino.
Revertir esto depende del liderazgo que pueda surgir del Presidente de la República y de su gabinete en pleno, pero ojalá sin dejarse cooptar por su ideología y doctrina de partido, que tanto mal le hace al país.
El primer mandatario ha cumplido ya más del 20% de su período de Gobierno y sin embargo, no se ve una agenda nacional coherente, establecida y con resultados. Ha sido un inició de Gobierno “tibio”, ausente de grandes decisiones, los grandes proyectos no se han visto y la agenda legislativa se quedó sin temas del ejecutivo, salvo la Ley TIC´s que aún espera debate.
Ojalá que Colombia recobre el rumbo, y no se siga hundiendo en la desesperanza, en la decepción generalizada del colombiano del común y que las cosas mejoren, el país nos pertenece a todos y por ende deseamos que salga adelante, que al Presidente le vaya bien, al fin y al cabo tiene que velar por el bienestar de todos sin distingo alguno.
Así que menos renunciatones, más acción y cero confrontaciones.
Pasto, 20 de mayo de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por: Amylkar D. Acosta M*.- Ciertamente las reservas probadas de crudo que venían en caida libre desde el 2011, la misma tocó fondo en 2016 situándose en los 1.665 millones de barriles, justo cuando el desplome de los precios, desde junio de 2014, fué mayor. En el 2017 se incrementaron el 7% las reservas de crudo con respecto a 2016, ubicándose en 1.782 millones de barriles, pasando el coficiente de reservas/producción de 5.1 a 5.7. En el 2018, una vez más, las reservas de crudo se incrementaron el 9.9%, por cada barril extraido de las reservas se repusieron 1.56, alcanzando los 1.958 millones de barriles y un coeficiente de reservas/producción de 6.2. Y ello, no obstante que en el 2018 se incremento 1.3% la producción, pasando de 312 millones a 316 millones de barriles de crudo.
Huelga decir que si se incrementa la producción y esta se ha venido incrementado, al pasar de una producción promedio de 865.000 barriles/día en 2018 a la actual que ronda los 900.000 barriles, la declinación de las reservas es mayor y en consecuencia se reduce el número de años de autosuficiencia. Así como el año 2013, con 2.445 millones de barriles, fué el punto de inflexión a la baja, esta se revirtió a partir de 2017 y la tendencia al alza se mantuvo en el 2018.
Es de anotar que parte del incremento de los 492 millones en las reservas reportadas por la ANH para el 2018 responden al repunte de los precios internacionales, permitiendo la reactivación de campos que habían sido abandonados por la caida de los precios y 450 millones a la revaluación de reservas por recobro mejorado. Es decir, que los nuevos descubrimientos, los nuevos hallazgos han sido nulos a la hora de incorporar nuevas reservas, de allí la importancia de reactivar la actividad exploratoria.
En cuanto al gas natural, desde el 2012, cuando sus reservas probadas alcanzaron los 5.72 terapiés cúbicos, las mismas han venido declinando de manera sostenida hasta situarse en los 3.78 terapiés cúbicos en 2018, cuando cayeron el 2.9% con respecto al año anterior. El declive mayor de las reservas se viene dando en los campos de Chuchupa y Ballenas en La guajira, que por muchos años fueron la principal fuente de aprovisionamiento de gas en el país. Y no es para menos, ya que por cada pié cúbico extraido de las reservas en el curso de 2018 sólo se repuso 0.7. A consecuencia de esta caida en las reservas de gas natural el coeficiente de reservas/producción pasó del tranquilizador 29.6 en 2006 al preocupante 9.8 en 2018, por primera vez desde que se llevan registros por debajo de 10.
La Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, en la medida que caen las reservas de gas natural “dependemos de gas importado y si lo hacemos perderíamos la autosuficiencia por primera vez en 40 años. Y adicional a eso hay riesgo de que el gas se doble de precio”, lo cual vendría a afectar a más de 8 millones de hogares que usan el gas natural domiciliario, a más de 230 mil propietarios de vehículos utilitarios y a los de más de 1.000 vehículos de transporte masivo que usan el gas como combustible, amén de la industria y el comercio que están conectados a la red de distribución del mismo.
Y la única manera de espantar el fantasma de la pérdida de la autosuficiencia y la importación tanto de petróleo para cargar las dos refinerías con las que cuenta el país como en gas natural para abastecer el consumo doméstico, es incorporándole más barriles a las diezmadas reservas de petróleo y más piés cúbicos a las reservas de gas natural. Y ello sólo es posible si seguimos mejorando la tasa de recobro en los campos petroleros, como se viene haciendo con éxito, superando el 19% en promedio actual y/o mediante nuevos hallazgos.
Claro que todavía se puede hacer un esfuerzo adicional en la mejora del recobro, habida cuenta que el 88% de los campos en Colombia se encuentran produciendo en etapa primaria, 11% en secundaria y 1% en terciaria y, además, otros países han logrado elevar el recobro hasta el 35% (!). Y por cada punto adicional de recobro mejorado se le pueden añadir a nuestras precarias reservas de crudo 50 millones de barriles. Pero ello, si bien es necesario, no es suficiente para garantizar el autoabastecimiento.
Como es bien sabido los mayores prospectos de petróleo están en los yacimientos no convencionales y en gas natural están en off shore, los cuales requieren de la utilización de tecnologías apropiadas, en el primer caso la estimulación hidráulica, más conocida como fracking y en el segundo la exploración y explotación en aguas profundas y metaprofundas costa afuera. De hecho, en estas, según la Administración de Información de Energía de EEUU, hay un potencial de gas natural de 54.7 terapiés cúbicos, equivalente a más de 14 veces las reservas probadas remanentes.
A dicho potencial se viene a añadir el que ofrecen las áreas carboníferas, especialmente en el Caribe colombiano, en donde el gas asociado a los mantos de carbón (CBM), que se calcula en 7 terapiés cúbicos, el doble de las reservas probadas de gas natural. En cuanto al petróleo, se estima por parte de ECOPETROL que las reservas en yacimientos no convencionales oscilan entre los 2.400 y los 7.400 millones de barriles, que podrían alargar la autosuficiencia petrolera del país hasta los 10 o 15 años (!).
Bogotá, D. C, mayo 20 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras el país está distraído en el debate sobre una extradición que no sirve para nada en la lucha contra el narcotráfico, pero si para polarizar el proceso de paz y encubrir los problemas de la Fiscalía, pasan de agache noticias económicas que son preocupantes.
La primera es el lento ritmo de crecimiento de la economía. El Dane reportó que el primer trimestre de este año el PIB creció a una tasa del 2,8% anual. Es un resultado un poquito mejor que el del año pasado, pero quedó muy por debajo de las expectativas de las autoridades y algunos analistas que estaban esperando una expansión del 3,3% en el trimestre.
La situación es peor de lo que sugieren estas cifras. Como el comportamiento de la economía es variable a lo largo del año –por ejemplo hay mucha más actividad en el último trimestre por las ventas decembrinas- el Dane ha empezado a publicar datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, que permiten una comparación más realista de la evolución de la producción y las ventas. Según estos datos la economía se estancó, pues el crecimiento frente al trimestre anterior fue 0%, y en el año completo de solo 2,3%.
Así las cosas, parece casi imposible que para el 2019 se logre la meta oficial de un crecimiento del 3,5%. Algunos analistas han rebajado sus proyecciones de crecimiento del PIB, inclusive por debajo del 3% anual, que si resultan ciertas se afectará el recaudo de impuestos y aumentará el déficit fiscal, a la vez que afectará la creación de puestos de trabajo con el consiguiente incremento del desempleo, que ya se empezó a dar como comenté hace unas semanas.
Otro frente de preocupación es el sector externo, donde se ha aumentado el déficit comercial, con unas exportaciones estancadas a pesar de los mayores precios del petróleo y unas importaciones disparadas, tal vez anticipándose a una mayor devaluación del peso. En efecto, las importaciones de bienes de consumo crecieron 16%, y el total de compras en el exterior el 10,1%. En consecuencia la balanza comercial registró en solo tres meses un saldo negativo de casi 2.400 millones de dólares, el doble del año pasado.
Para completar el panorama de preocupaciones, factores como la parálisis de la actividad legislativa o la aprobación a pupitrazo y sin análisis del Plan de Desarrollo, como resultado de las confrontaciones políticas y la polarización, están disminuyendo la confianza de los empresarios y sobre todo los consumidores.
Así lo muestran indicadores como las encuestas de opinión de Fedesarrollo, que coincide con la última encuesta Gallup en la que la percepción de que la situación en el país está empeorando pasó en los últimos tres meses del 64% al 70%. Este clima de pesimismo incide en las decisiones de compra e inversión, es decir frena la demanda interna y, por lo tanto, el crecimiento económico. Estas preocupaciones deberían ser la prioridad de las autoridades.
Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor
Por: Juan Camilo Restrepo Salazar*.- La Cámara de Representantes aprobó recientemente en sexto debate el acto legislativo por medio del cual se otorga iniciativa parlamentaria a los congresistas, para que puedan disponer libremente sobre el 20% del presupuesto anual de inversiones. Es decir, sin que se requiera aval ministerial para ordenar dichos gastos.
Esta iniciativa suscita interesantes reflexiones, puesto que constituye un cambio de mucha profundidad en la legislación presupuestal de Colombia.
Aducen los defensores de esta iniciativa que con ello se evitará el que lo congresistas tenga que ir a mendigar partidas regionales ante el Ministro de Hacienda de turno. Y que así se le dará transparencia y publicidad a las llamadas inversiones regionales que hoy se otorgan en el claro oscuro de las negociaciones entre parlamentarios y ministros.
Sin embargo, las cosas no son tan simples como las postulan sus promotores, y puede dar lugar no solo a una mala asignación de los recursos de inversión, ya bien escasos por cierto, sino a una rapiña imposible sobre el famélico presupuesto de inversión.
Veamos en primer lugar las cifras. El acto legislativo autoriza que los parlamentarios dispongan libremente del 20% del presupuesto de inversión. Pongamos un ejemplo -no muy alejado de la realidad- en el que el total de las disponibilidades para inversión sea $40 billones. El acto legislativo permitiría que los parlamentarios asignen ellos directamente $10 billones a sus prioridades regionales, sin necesidad de pedirle permiso al Ministro de Hacienda de turno.
Resulta que por virtud de lo que en Colombia se conoce como la “inflexibilidad del gasto público” cerca del 90% de los recursos de inversión están atados de antemano a finalidades que previamente han señalado la misma Constitución y las leyes: pensiones, transferencias, subsidios de todo orden, etc.
De manera que en el ejemplo que estamos utilizando del hipotético presupuesto de inversión de $40 billones apenas quedarían para libre disposición $4 billones (10% de 40) y no $10 billones como afirman los promotores de la iniciativa.
Pero además: en este ejemplo cuyas cifras, repito, no están muy alejadas de la realidad, cabría preguntar ¿cómo se distribuirían entre más de 300 parlamentarios dichas partidas? No se necesita ser muy perspicaz para entender que caeríamos en un super fraccionamiento de mini obras con los pocos remanentes que anualmente quedan de libre disposición en el presupuesto anual de inversiones. Y por supuesto, nadie ni nada garantizaría que esas inversiones dispuestas por los parlamentarios a su libre albedrío sean las prioritarias para el desarrollo.
Es inconcebible que el Gobierno no haya alzado la voz desde la primera hora, como correspondía para oponerse a esta disparatada iniciativa. Lo vino a hacer tardíamente, cuando ya ha tomado fuerza en el Congreso. Claro, los cupos indicativos o las neo mermeladas deben proscribirse. Pero no es haciendo más confusas y antitécnicas las ya de por sí precarias maneras de invertir los pocos recursos que van quedando en el famélico presupuesto nacional como esto se va a lograr.
En materia de inversión pública nos seguimos adentrando con esta iniciativa por el camino del reino de la fantasía. Hacia el cual hemos comenzado a transitar ya con el Plan de Desarrollo, que ordenó un fantasioso programa de inversiones públicas para este cuatrienio de más de $ 1 billón, olvidando que en Colombia no se puede gastar un solo peso que no esté autorizado en el presupuesto anual de inversiones. El Ministerio de Hacienda ya ha informado que para la vigencia del año entrante el presupuesto de inversión en vez de aumentar, disminuirá.
¿Dónde va a reflejarse entonces el faraónico programa de inversiones previsto en el Plan de Desarrollo para que se puedan efectuar si, además, el 20% se asignará directamente en una festiva piñata parlamentaria que no necesariamente traducirá las prioridades del país?
Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2019
*Abogado, Economista y Exministro de Estado.
Por Gabriel Ortiz*.- La renuncia irrevocable presentada por el fiscal Néstor Humberto Martínez, sorprendió de inmediato al país, a los círculos políticos, a las Cortes y en general a amigos y enemigos de la paz. Se creyó que el país estaba frente a una crisis institucional, que se llegó a comparar con el inicio del desbarajuste venezolano.
Estas últimas semanas Colombia estaba asistiendo a un pugilato, en el cual se enfrentan los partidarios de las polarizaciones creadas por un líder que vio frustrado un tercer tiempo. El enfrentamiento estaba orientado a desprestigiar a toda la justicia con sus Cortes y demás dependencias. Es claro que tres magistrados dieron suficiente “papaya”, para que el uribismo saliera a tomar venganza por investigaciones contra parientes de gente muy poderosa.
Se suma a todo lo anterior el fallo de la JEP que no encontró pruebas claras y contundentes para autorizar la extradición de Santrich. Las pruebas de la Fiscalía, según ese tribunal, no tuvieron suficiente contundencia para un pronunciamiento en ese sentido. Eso no le gustó a Martínez, quien se apresuró a renunciar y hacer un llamamiento la ciudadanía “a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia”. ¿Constituyente, rebelión?
Martínez necesitaba una tabla de salvación. Era un Fiscal investigado, enredado con Odebrecht, sin credibilidad, repudiado por muchos, o pocos movimientos políticos por su poca fidelidad. Se ha pasado por todas partes.
¡La esperada tabla llegó! y Martínez renunció. Podía así salir como héroe, como el único defensor de la legalidad y pasar a la fila india que conduce a la Casa de Nariño, en lugar de acudir a una segunda instancia ante la JEP, para demostrar la fortaleza de sus pruebas para extraditar a Santrich.
El exfiscal, tiene todo listo para la candidatura que lo puede llevar a reemplazar a Duque. Sería el líder de la extrema derecha que puede poner en graves problemas al jefe del CD, que últimamente viene bajando en las encuestas. Sería un personaje, determinante durante las próximas elecciones. Seguramente impondría gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
Entre tanto, la campaña contra las Cortes y contra la justicia en general continuará como bandera del uribismo, porque hay que echar tierra a las “chuzadas” que Uribe propició durante su gobierno, porque como suele suceder: “mentir, mentir, que de la mentira algo queda”.
Por ahora, el senador Uribe, tendrá que empezar a buscar acuerdos políticos, para recuperar la fiscalía, porque la cosa se ha puesto difícil ante la fortaleza de la llamada oposición. Como dice el vallenato: “y tendrás que usar traje negro… aunque no gustes de él...”
En el CD veremos debates internos a raíz de la renuncia de Martínez, porque será un hueso duro para el partido de gobierno. Ya hay muchos partidarios de ese movimiento, que lo ven como una esperanza para mantenerse en el poder 4 años más. Martínez a la carga.
BLANCO: El Presidente anuncia respetar los fallos de la justicia. Esa es la democracia.
NEGRO: Las posibles de ventas de los bienes más productivos del Estado.
Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva
