Opinión

Por José G Hernández*.- Lo ocurrido con las objeciones presidenciales formuladas respecto a seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz es una muestra palpable de la crisis que afecta a nuestras instituciones.

No quiero que estos renglones sean tomados como favorables a ninguna de las tendencias políticas  en que está partido el país desde la celebración del Acuerdo de Paz, y más concretamente desde el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Miro las cosas desde una perspectiva más amplia, pues el desquiciamiento del sistema jurídico se ha venido produciendo de manera lenta y, en algunos aspectos,  imperceptible, pero existe. Proviene de una paulatina desfiguración de los conceptos y de una generalizada tendencia al uso de las normas –desde las constitucionales-, no para el orden que toda sociedad exige sino para el logro de objetivos personales o políticos de muy corto plazo.

Comencemos por recordar que la Constitución ha sido reformada en 47 ocasiones desde 1991, año de su entrada en vigor, bajo cambiantes y disímiles criterios y pretextos, generando una gran incoherencia en materias trascendentales que, como la vigencia efectiva del Estado Social de Derecho, la estructura de la administración de justicia, la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, el derecho a la salud, el sistema pensional y las participaciones de las entidades territoriales en las rentas nacionales, se han desnaturalizado en razón de improvisadas modificaciones del articulado constitucional.

Además, en nuestro medio, todos los problemas que descubren y divulgan los medios de comunicación -que, son los que en la práctica señalan la agenda de las máximas autoridades- se quieren solucionar mediante la expedición de nuevas normas, sin que exista una política legislativa seria e hilvanada en materias como la  criminal, la laboral, la disciplinaria o la administrativa. Para todo hay una nueva norma que a poco andar es derogada o modificada.

Agréguese a ello la progresiva pérdida de rigor y sindéresis en la interpretación de las muchas disposiciones que integran el orden jurídico, inclusive por parte de los altos tribunales, en especial la Corte Constitucional, que cambia con enorme facilidad su jurisprudencia y que, en los últimos años, además de debilitar el control que le compete -para la defensa de la Constitución- envía a las otras ramas del poder público y a los particulares mensajes con frecuencia cambiantes y confusos que, en vez de aclarar, oscurecen y dificultan la aplicación del Derecho.

Todo eso conduce a situaciones como la que se presenta en el caso de las aludidas objeciones, en que la última palabra, que la ha debido tener el Congreso -según la Constitución-, se tuvo que trasladar a la Corte Constitucional. Ella, en la Sentencia C-784 de 2014, especuló sin fortuna acerca de lo que significa la expresión "mayoría absoluta", usada en algunas normas de la Constitución para referirse a una de las formas de mayoría calificada. Ahora no va a poder especular, porque el artículo 167 de la Constitución, para que se entiendan rechazadas las objeciones presidenciales, alude directamente a "la mitad más uno de los miembros" de la corporación respectiva.

El caso en su conjunto -una verdadera telenovela- nos muestra la inestabilidad de nuestro Derecho por la vía de las interpretaciones.

Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Víctor G Ricardo*.- El pasado domingo asistí a Corferias en el marco de la realización de la Feria del Libro, mejor conocida como Filbo, al lanzamiento del libro que escribió el embajador español, Rafael Dezcallar, quien ha representado a su país en distintos destinos y ante diferentes gobiernos (entre otros Alemania, el Vaticano y la China) y quien también hace algunos años estuvo en Colombia como Cónsul General. Allí, tuve la oportunidad en compañía de Rafael Santos de hacer la presentación del libro ‘Cesó la horrible noche’, un libro bien escrito, agradable de leer, y basado en el estudio que el embajador Dezcallar realizó del conflicto colombiano y de la acción de los grupos de autodefensa y paramilitares que ahora llaman bacrim.

En estilo de novela, es un excelente libro que deberíamos leer todos los colombianos para entender que la vida que tenemos la mayoría, es muy distinta a la que viven otros compatriotas en territorios con la presencia de grupos armados al margen de la ley, la falta de acción del Estado y sintiendo la indiferencia de algunos gobernantes sobre los hechos que suceden en estas regiones, como el robo de tierras o la injerencia del narcotráfico y siempre pensando en cómo mantenerse con vida.

En su libro, el embajador Dezcallar realiza reflexiones que vale la pena que todos hagamos. Incluso nos invita a que continuemos conquistando el territorio de nuestro país. Me recordó lo que nuestro expresidente de la República, Belisario Betancur, decía durante su mandato y era que, para poder construir con equidad, armonía, desarrollo social y político nuestra Nación teníamos que trabajar por la otra Colombia. La Colombia profunda que han denominado otros mandatarios y que se caracteriza por la pobreza, la falta de presencia del Estado y la presencia de grupos ilegales donde sus habitantes no tienen sueños de su futuro y están cerca de la muerte y las dificultades todos los días. Toda esta situación que ha sido aprovechada por los grupos de narcotraficantes, tanto nacionales como extranjeros, y que el peor daño que nos han causado es la desintegración de los valores de la ética y la moral y el crecimiento de la corrupción que ha llegado a los distintos niveles de las instituciones y de nuestra sociedad son temas de análisis en este libro.

Las reflexiones del embajador Dezcallar, en medio de su novela, deben llevarnos a construir un Estado donde los valores se recuperen, la defensa de la vida se garantice y la justicia impere -derrotando la impunidad y las estrategias para demorar la justicia y dilatar las sentencias de quienes son responsables.

Invito a todos mis compatriotas a leer este magnífico libro que nos deja varias lecciones y en el cual un amigo de la madre patria nos muestra el país que tenemos y que muchas veces queremos ignorar o simplemente no conocemos. Lo más importante para un país no es esconder sus problemas y dificultades, sino ser conscientes que se requiere unidad y el liderazgo para lograr consensos que acerquen las soluciones en la construcción de un país más justo, con desarrollo en equidad y el respeto por nuestro ordenamiento jurídico.

Bogotá, 8 de mayo de 2019

*Excomisionado de Paz.

Por Jairo Gómez*. - Es curioso el apellido con que bautizó el presidente Duque su Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Aquí no hubo ni lo uno ni lo otro, es decir, no hubo pacto por Colombia ni hubo pacto por la equidad. La ley que aprobaron en la Cámara de Representantes, sin debate alguno, lejos de una discusión de fondo, fue un Plan nacional de negocios, así, literalmente. Más allá del contenido del PND que nadie conoce, salvo el ministro Carrasquilla, de Hacienda y algunos parlamentarios, esa Ley se delineó para favorecer netamente los privilegios de siempre: los terratenientes, a los fondos privados de pensiones, los banqueros y los poderosos grupos económicos que ejercen una influencia política directa sobre el presidente y sus ministros.

Salvo ellos, minhacienda e, insisto, algunos parlamentarios y los poderosos de siempre, los colombianos no conocimos las verdaderas intenciones de la propuesta de Duque. El trámite fue de una opacidad insultante. El gobierno convocó a partir del 5 de febrero pasado a sesiones extras a las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado para darle dizque un debate amplio y de cara al país, pero, salvo el día de su instalación, los congresistas ponentes no sesionaron en las comisiones constitucionales y se trasladaron a los cómodos salones del Ministerio de Hacienda en donde “trabajaron” a puerta cerrada, sin que los demás grupos de interés, llámense sindicatos, organizaciones sociales, campesinos, etnias o demás estructuras regionales, tuvieran acceso a la discusión y al diseño de un Plan que regula la vida económica, política y social del país para los próximos cuatro años.

La propuesta original del Gobierno, radicada por el propio presidente Duque en la Cámara, llegó al Congreso con 183 artículos y el día que fue sometida a votación en comisiones, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda incluyeron 128 artículos nuevos que, en palabras de varios congresistas, nadie supo de qué se trataban y sin mayor alteración fueron votados en las comisiones económicas.

Fue una feria de artículos nuevos; hubo de todo como en botica. La reforma pensional que metió el Gobierno por la puerta de atrás, la habían negado y al final la revivieron de las cenizas; nos pusieron a los colombianos a pagar de nuestros impuestos la quiebra de Electricaribe, producto del pillaje y el saqueo; se legalizó el despojo de tierras que deja sin piso la Ley de Restitución de tierras; se aseguró la práctica del fracking, al tiempo que las concesiones en la minería pasaron de 30 a 60 años, solo para mencionar algunas decisiones que ya hoy son ley de la república.

Si esto no es un plan de negocios, entonces ¿qué es? Los beneficiarios tienen nombre: el gran capital, las multinacionales, el empresariado colombiano y un exclusivo círculo que llevará a sus propios bolsillos el supuesto pacto por la equidad. Nuestros empresarios o fieles representantes corporativos son unos agnósticos en materia política, solo les interesa mantener bien informados (¿O engrasados?) a los políticos cuando tienen la responsabilidad de decidir sobre el desarrollo de un país.

Por ello es razonable pensar que la idea del Gobierno sobre el PND primero la conocieron en el corazón del poder económico. Lugar en el que se diseñan los modelos de leyes fiscales y planes de desarrollo para autoabastecerse legislativamente. Eso ocurrió con este supuesto “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Y para lograrlo hubo un gran director de orquesta: estuvo en el poder y trazó esquemas novedosos en las políticas de financiación para las regiones como los llamados bonos de agua, se fue al sector privado y años después el ministro Carrasquilla regresó a implementar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo conociendo de antemano cómo funciona el Gobierno central para favorecer, sin duda, a sus clientes del pasado y, seguramente, a sus clientes del futuro.

Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Dos noticias económicas recientes muestran una aparente paradoja en el desempeño de la economía colombiana: de una parte se reporta que se están creando muchas más empresas; de otra, el desempleo aumentó y volvió a dos dígitos. Lo primero se atribuye a los beneficios de la reforma tributaria y el despegue de la economía naranja, mientras que por el aumento del desempleo nadie responde.

En cuanto a las nuevas empresas, Confecámaras informa que el primer trimestre de 2019 se crearon 96.914 “unidades productivas”, de las cuales 77,8% corresponden a personas naturales y el 22,2% a sociedades, y señala que esta cifra representa un crecimiento de 9,7% con respecto al año anterior. En un período de 12 meses se crearon más de 350.000 empresas. Toda una clara demostración del repunte de la economía, de la confianza de los inversionistas y de las nuevas oportunidades de negocios, según análisis del presidente del gremio.

El panorama del empleo es mucho más sombrío. Según el DANE, en un año la tasa de desempleo pasó de 9,4% a 10,8%. Detrás de estos porcentajes hay una verdadera tragedia social: durante el año 435.000 personas entraron a la fuerza laboral, es decir salieron a buscar trabajo, pero solo 52.000 consiguieron empleo, es decir que el número de desempleados aumentó en 383.000. Es como si toda la población de una ciudad del tamaño de Manizales hubiera quedado desempleada.

El aumento de la informalidad y la destrucción de trabajo decente hacen que la situación sea todavía peor por: de los 22.1 millones de personas que están ocupadas en el país, 9.46 millones (el 43%) están Subempleadas, es decir que no tienen un empleo suficiente o digno, mientras que hace un año solo eran 8.54 millones. Esto significa que durante el año 920.000 personas tuvieron que aceptar empleos de menores ingresos o menor calidad, lo cual lógicamente deterioró sus condiciones de vida.

En las 13 principales ciudades del país el deterioro del mercado laboral es mayor: la tasa de desempleo llegó a 12%. y a pesar de que solo 112.000 personas salieron a buscar empleo la cantidad de ocupados disminuyó en 73.000 y los Subempleados aumentaron 576.000.

¿Cómo entender que en un año se creen 350.000 empresas nuevas pero al mismo tiempo aumente el desempleo y el subempleo y solo se generen 52.000 puestos de trabajo? Parece una paradoja pero hay dos explicaciones claras. La primera es que el informe de Confecámaras sobre el primer trimestre no menciona el número de empresas que desaparecieron, pero la misma entidad en otro estudio más detallado (https://bit.ly/2zSWIYj) muestra que por cada 10 empresas que se crean en Colombia, desaparecen unas 9.

La otra razón es que la mayoría de las “empresas” nuevas son sociedades que se crean con fines contables o tributarios y no generan empleo ni son innovadoras.

Registrar empresas de papel no es lo mismo que generar empleo.

Cali, 5 de mayo de 2019

*Folósofo, Economista y Consultor

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según Informe de IQAir Air Visual, entre “las principales fuentes de emisiones que contribuyen a la contaminación en todos los países” se cuenta “la quema de la biomasa para la calefacción y cocción doméstica y comercial”. Y es bien sabido que en Colombia más de 982 mil de hogares usan leña o carbón vegetal para la cocción de sus alimentos, con una eficiencia energética deplorable que va entre el 5% y el 15%, desperdiciando este recurso.

En este orden de ideas, preocupa que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno no contemple medidas contundentes tendientes a sustituir el consumo de leña y carbón vegetal por gas natural o gas licuado de petróleo (GLP), como una de las estrategias para reducir la deforestación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de paso, reducir también las enfermedades atribuibles a la contaminación del aire al interior de las viviendas, el que inhalan especialmente  las amas de casa y los párvulos, afectando gravemente su salud.

Pese a ello, como lo advierte el ex vicepresidente de ECOPETROL y experto en el tema Luis Augusto Yepes, “el Plan Nacional de Desarrollo plantea como meta para la sustitución de leña un total de 100.000 familias en el cuatrienio, lo que quiere decir que se necesitarán aproximadamente unos 40 años para dotar a estas familias de un energético digno para atender sus necesidades de cocción de alimentos”. Y concluye, con toda razón, diciendo que “si el tema central del Plan de Desarrollo es el Pacto por la Equidad, difícilmente se entiende que las familias más pobres que viven en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales, lejos de todos y de todo, no se les de un tratamiento especial en el Plan mediante el diseño de metas de cubrimiento más agresivas que permitan acelerar la transición de la leña a, por ejemplo, GLP, que es el combustible más apropiado para este tipo de sustitución”.

En el pasado gobierno se dio un paso importante en la dirección correcta, al demarcarse las 40.1 millones de hectáreas del territorio como frontera agrícola, de las 111.5 millones de hectáreas de la superficie continental, poniéndole limite “que separa las áreas para la actividad agropecuaria de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad”. Este paso se dio en cumplimiento del Acuerdo Final firmado con las FARC y en ello jugó un papel de la mayor importancia la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA). Está contemplado, también, en la Ley 1776 de 2016 de las Zonas de Interés de Desarrollo, Económico y Social (ZIDRES). Se creó también la Comisión Intersectorial para el Control de la deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales (CICOD). Ello era necesario pero no suficiente, resta darle operatividad y eficacia para que todo no se quede escrito en el papel, que lo soporta todo.

Al analizar el proyecto de PND presentado por el gobierno para su trámite en el Congreso de la República destacamos el hecho de que en el mismo se categoriza “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la Nación”, lo cual va en línea con el compromiso del país con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el 2030 y el Informe final de la Misión de Crecimiento verde, que lideró el ex director del DNP Hernando José Gómez. Por ello nos parece inconsecuente e incoherente plantear, como lo hizo la Viceministra de Ambiente María Claudia García, que la meta de este gobierno se limite a “detener el crecimiento de la deforestación en el 2022” y a asumir resignadamente que “la deforestación se empezará a estabilizar hasta el año 2030”. Mientras tanto, que nos coma el tigre.

Interrogada sobre si “la meta es mantener la cifra actual, mejor dicho, que cada año se siga deforestando máximo 220.000 hectáreas de bosque, como ocurre hoy en día”, su respuesta fue tajante: “sí, así es. Eso significa detener la deforestación…Esa cifra sí o sí va a seguir aumentando”. Eso significa que la ambición del gobierno, ratificada en la página 1.200 de las Bases del PND, se limita a “detener el crecimiento exponencial”. Qué resignación, por Dios, conformarse con que se siga deforestando hasta el 2030 un área de bosques equivalente al 65% del área del territorio del Departamento del Atlántico y un 120% de la del Departamento del Quindío (¡!). 

Bogotá, D. C, mayo 5 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por: Mons. Cesar Alcides Balbín Tamayo* - Sí, la sociedad en la que vivimos la podemos definir como una sociedad arrinconada. Podemos hablar de muchas clases de sociedad: la sociedad antigua o primitiva, la sociedad del medioevo, la sociedad moderna, la agraria, la urbana, la industrial, la sociedad de consumo, hasta «la sociedad de los poetas muertos», y la sociedad del miedo, en el sentido en el que lo dice el sociólogo alemán Heinz Bude, cuando afirma que esta sociedad está fuertemente marcada por la incertidumbre, la amargura, la rabia y la impotencia.  Esto se experimenta en muchos de los aspectos de la vida.

Todo esto lleva a vivir en la sensación de una constante derrota, en la imposibilidad o al menos en la gran dificultad para avanzar; a la soledad en medio de la turba, a unas ganas irrefrenables de no hacer nada, a sentir que no vale la pena, que esto no tiene sentido y que la fuerza de unos pocos arrodilla a muchos: a las personas, a las instituciones, al comercio, a la industria. 

Sí, así se siente cuando asistimos a lo que estamos asistiendo en nuestro medio: estamos arrodillados por un puñado de forajidos, sin Dios y sin ley. Pequeños grupos de delincuentes que a todos amenazan, que no le es suficiente que hayan invadido nuestras calles, nuestras escuelas y colegios de droga, llevando a niños y niñas, desde la más tierna edad, a perder lo más preciado como es su inocencia y su tranquilidad, y a depender de la malvada droga.

Todos acorralados: las autoridades, el Estado, que parece que funciona solo en la gran capital, y desde donde se hacen las leyes y se distribuyen las tareas, más no el presupuesto, gobiernos de escritorio que poco aparecen por nuestras veredas.  Acorralados en los campos o en los pueblos, donde mandan los que tienen un arma.  Todos confinados a las dos o tres calles del pueblo, y avanzando a pasos agigantados a sus casas, antes de que caiga la noche, a encerrarse por miedo a las bandas que han ocupado los espacios, incluso aquellos de las autoridades.

Llaman, juzgan, dictan sentencia, aplican la justicia, hacen las veces de jueces y con la facilidad de quien se toma un vaso de agua, aplican «la ley», la de ellos, y así disponen de los bienes e incluso de la vida de los demás.

Es una sociedad acorralada donde el respeto a la autoridad, (si es que la hay), ha desaparecido. Nuestros pueblos, nuestras calles y nuestras veredas están secuestrados nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros niños: todos secuestrados, todos acorralados, todos confinados, todos arrinconados. 

Ya los delincuentes no caben en las cárceles, tampoco en las calles. Vamos siempre a la defensiva, no sabemos con quien nos vamos a encontrar, cunde la desconfianza, y vamos en veloz carrera.  Tememos a las motos, tememos a los carros, tememos a los que van por las calles drogados, “greñudos y sucios”, tememos a los que avanzan de manera sospechosa. Tememos salir por las carreteras veredales, por las calles solitarias y por las calles congestionadas.  Tememos ir solos, tememos ir en el tumulto: ¡que contradicción!

Es esta la experiencia que se vive en este sur del Valle de Aburrá y en este Suroeste Cercano. La vida en nuestros pueblos se ha venido convirtiendo en una verdadera pesadilla.  Escuchar a los sacerdotes y a los laicos de la Diócesis, nos ha llevado a concluir que no hay rincón que se salve. Los pueblos grandes, los pequeños, los corregimientos, las veredas, todos viven la amarga experiencia de sentirse impotentes ante tanta inseguridad. Todos ubican con facilidad el origen de tanto mal. Ubican también los lugares, las bandas, los grupos, las personas. Saben de dónde procede la droga, quién la distribuye, de quién es este perverso mercado.  Y es cuando nos hacemos la pregunta: ¿será que las autoridades no lo saben o no lo quieren saber? ¿O sí lo saben, pero…? Hay que escuchar los lamentos y la impotencia de los alcaldes, ante los oídos sordos del gobierno departamental, por ejemplo, cuando ponen en su conocimiento toda esta tragedia. ¿Hasta cuándo?

La sociedad arrinconada es la sociedad del egoísmo: sálvese quien pueda. Es y seguirá siendo la sociedad del miedo, del silencio, muchas veces cómplice, y otras veces complaciente, máxime si seguimos en este silencio.

¿Tendremos que concluir, entonces, que en el Suroeste estamos perdiendo el norte?

Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2019

* Obispo de Caldas

Fuente Conferencia Episcopal.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-La hermosa alcancía metálica de “La Caja Agraria”, que fuera símbolo del ahorro en Colombia, hace parte de mis recuerdos de infancia. “La Caja”, una entidad querida por los colombianos, en buena hora perdió sus apellidos de “Industrial y Minera” para concentrarse en el sector agropecuario, pero en mala hora se ganó un lugar en la narrativa de la corrupción en Colombia, hasta su liquidación en 1999.

Nació entonces el “Banco Agrario”, moviéndose entre sus estratégicos objetivos misionales, pero sin desprenderse de su condición de fortín político, foco de corrupción y fuente de mermelada, como sucedió durante el gobierno Santos. Nunca entendí, por ejemplo, por qué el señor Iragorri, presidente de su Junta Directiva, le lanzó un salvavidas irregular de $120 mil millones a una empresa cuestionada y ajena al sector agropecuario, como Navelena, y no se le ocurrió hacerlo con Friogán, una empresa del sector, que hoy goza de buena salud, muy a su pesar, y que con una inyección de $40 mil millones se habría evitado el viacrucis que desembocó, entre otras cosas, en la liquidación del Fondo Nacional del Ganado.

Hoy soplan nuevos vientos y el Banco, bajo la gerencia de Francisco José Mejía, ha dado pasos enormes en el proceso de “limpiar la casa” y retomar su rumbo como una de las soluciones de fondo para el campo. Hace seis meses escribí sobre la crítica situación heredada y, por eso mismo, hoy considero pertinente y válido contrastar con ese “nuevo” Banco Agrario que hoy le ofrece alternativas al productor agropecuario.

De una caída, no en picada sino en barrena, de los saldos de cartera –la razón de ser de un banco– de 3,6 % al mes de agosto de 2018, no solo se logró revertir el proceso, sino generar un punto de inflexión y empezar a crecer a un ritmo que alcanzó el 3,2 % a marzo de 2019.

Mientras la cartera caía, los gastos, por el contrario, traían un ritmo de crecimiento desbordado, del 7 %, equivalente a más de $43 mil millones, una tendencia que también se logró detener y revertir, al punto de producir, entre agosto de 2018 y marzo de 2019, ahorros por más de $38 mil millones.

Hoy la Contraloría y la Procuraduría tienen los ojos puestos en contratos con tufillo –¿o hedor?– de corrupción como el del reforzamiento estructural del icónico edificio de la Avenida Jiménez, necesario, por su puesto, pero la cuenta ya va en $92 mil millones, con los que se habría podido adquirir una sede nueva.

Mucha basura escondida debajo del tapete está saliendo, al tiempo que empieza a entrar aire fresco por las ventanas de una institución asfixiada por la falta de transparencia y, además, rezagada frente a sus agresivos competidores del sector privado. La renovación tecnológica era inaplazable y avanza a buen ritmo; asimismo la internacionalización del Banco, que hoy ya tiene su primer corresponsal en Europa, el BNP Paribas, que selló su acuerdo con una línea de crédito de USD 60 millones, un voto de confianza en el Banco y en el gobierno del presidente Duque.

El reencuentro con los gremios, con los pequeños productores y con los sectores más desprotegidos del campo, como los beneficiarios de Familias en Acción, de los cuales se ha logrado bancarizar a 600 mil con la canalización de pagos a través del Banco, son algunas de las muchas facetas del nuevo Banco Agrario.

Parafraseando un viejo lema de campaña política, frente a las inmensas necesidades del campo colombiano, Al Banco Agrario le falta mucho por hacer…, pero lo está haciendo.

Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- El ocho se convirtió en un número karma para Colombia, al menos durante la primera década de este siglo. Había grandes esperanzas para esta nación en donde reinaban la violencia, el narco, el odio y el abuso.

El 2002 empezó con un viento fuerte de corta duración, para esta patria que soñaba con nuevos destinos que incluyeran paz e igualdad. Muchos pudieron regresar a sus lujosas fincas de recreo, y hasta gozaron de riquezas y comodidades mal, o bien habidas.

Pero el torbellino no llegó solo, porque más temprano que tarde, las cosas arrancaron con furia, odio y venganza. Ocho años de vicios, perfidia y felonía.

A estos se agregaron otros 8, durante los cuales, los viudos del poder se atravesaron para impedir que Colombia tomara el rumbo que sus habitantes esperaban, anhelaban y suspiraban. La paz fue el mejor regalo, presea y galardón; pero como en las malas competencias, los perdedores no toleran que los bajen del podio. Sin embargo ella se alcanzó y se disfruta, aunque sus enemigos quieran llevarla al cuarto de san alejo.

Grandes esperanzas hay sobre el nuevo gobierno de Iván Duque, a pesar de esos anillos que lo rodean y asedian, integrados por aventajados alumnos de quien malogró el primer ocho.

Por ello aterran los hechos que empiezan a aparecer en el panorama de esta nación: falsos positivos, chuzadas a la justicia, un millón de “cooperantes” que implantarán el terror en una población que no podrá volver a pensar, ni hablar; el paramilitarismo, la  persecución a la oposición, a la que le arrebatan sus curules; asesinatos de líderes sociales y su desplazamiento por la persecución; un fiscal parlanchín y muy dudoso, reaparición de las recompensas y otros atropellos que permanecen en la memoria de los compatriotas.

Están reviviendo el miedo y el pánico, esta vez con la extradición. Nadie se explica que sigamos siendo un país que tiene que amenazar a los narcos y a los maleantes con enviarlos a las cárceles de  Estados Unidos, para que allí, oculten sus secretos y salgan en muy pocos años a continuar sus andanzas. Colombia debe fortalecer su justicia para juzgarlos y castigarlos ejemplarmente aquí, para que Trump no nos acuse y nos “regañe” por estarle enviando nuestros delincuentes.

Urge aplicar tapabocas a ciertos funcionarios, especialmente al Ministro de Defensa y al Fiscal, que se desesperan ante cualquier micrófono o cámara de televisión. Solo así podrá gobernar Duque con tranquilidad. El Mindefensa debe entender que así lo haya impuesto Uribe para regresar a esos fatídicos 8, ahora hay un superior y un país a los que debe respetar, no decir mentiras y convencerse que es un simple ministro, así sea el de las armas y el glifosato.

BLANCO: Dos libros en la Feria: “Desde el fondo del Mar” de Colola Hoyos Turbay y “La Entretarde”de Hernán Estupiñán. El primero siembra el perdón y el segundo, enseña la importancia de una cita. 

NEGRO: En el Senado de Colombia, 34 son más que 47, según el bachiller Macías.

Bogotá, D. C, 3 de mayo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper La Noticia Viva.

Por José G Hernández*.- Conversando un día con los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Raimundo Emiliani Román sobre algunas de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, nos decía el Dr. Gómez  que, a su juicio, los derechos derivados del trabajo son los de mayor legitimidad, no solamente por provenir del esfuerzo personal honesto sino por cuanto de ellos se deriva el digno sostén de la familia, célula básica de la sociedad, como lo proclamó la Constitución Política.

Ese concepto, que en dicha reunión compartimos por completo el Dr. Emiliani  y el suscrito, se reflejó después en varias providencias de la Corte Constitucional en las que tuve participación como magistrado. Porque, en realidad, allí descansa uno de los postulados básicos de nuestro sistema jurídico.

En efecto, el preámbulo de la Constitución -que, como lo expresó la Corte desde 1992, tiene fuerza vinculante y sustenta de fondo toda la estructura normativa- señala el del trabajo como uno de los valores esenciales del ordenamiento, al lado de la justicia, la libertad, la igualdad, el conocimiento y la paz, con todos los cuales, además, el valor del trabajo se relaciona y complementa.

Por su parte, el artículo 1 de la Carta Política menciona el trabajo como uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, y la Corte Constitucional, desde la Sentencia T-02 de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), reconoció al trabajo como derecho fundamental, por tanto inalienable, en cabeza de toda persona.

El artículo 25 de la Constitución concibe al trabajo como un derecho y una obligación social y estipula que él goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, luego de ese mandato se deduce que cuando organismos o funcionarios públicos dejan desprotegido al trabajador y sin amparo sus derechos, en realidad vulneran la Constitución y faltan a una de sus principales obligaciones.

Declara también la norma que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, lo cual excluye toda forma de explotación o aprovechamiento indebido  por parte de quien –sea empresa pública o privada- hace uso de los servicios prestados por  el trabajador.

El artículo 53 de la Constitución ordena al legislador que profiera el Estatuto del Trabajo, normatividad que debe partir, al menos,  de los principios mínimos fundamentales que la propia norma superior se ocupa en señalar: igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Infortunadamente, desde 1991 hasta hoy, gobiernos y congresos han hecho caso omiso de la norma, la han incumplido, y no tenemos un estatuto del trabajo. Fue la anterior -no la actual-  jurisprudencia de la Corte Constitucional la que desarrolló los principios fundamentales en referencia.

Un saludo a todos los trabajadores colombianos en su día.

Bogotá, D. C, 1 de mauo de 2019

*Epresidente de la Corte Constitucional.

Por Víctor G Ricardo*.- La liberación en Venezuela del líder opositor Leopoldo López, apoyada y respaldada por parte de un grupo integrante de las fuerzas militares de dicho país, es una señal de que la aparente unidad de las fuerzas de seguridad venezolanas empieza a verse fracturada y ello abre paso a lo que podría ser el camino de solución a la situación del vecino país, porque detrás de Maduro y el sostenimiento de su gobierno se encuentra el respaldo del poder militar como uno de los principales bastiones, sin desconocer el papel que juega la numerosa presencia de cubanos y los intereses políticos y económicos de Rusia, China y Turquía.

Señalo que puede darse un camino de solución sin considerar que el mismo esté garantizado, pues una vez más las oportunidades de resolver el caos que se vive en Venezuela quedan en manos de los propios venezolanos, quienes son los únicos llamados a liderar este nuevo hito político-militar y usarlo estratégicamente para terminar la horrible tragedia que han venido sufriendo en manos de Maduro y establecer así un nuevo gobierno que pueda empezar a darle ordenamiento y soluciones a un futuro democrático, social y económico.
Esta tarea va a ser larga y difícil y los venezolanos deben entender que además de contar con el apoyo de la comunidad internacional, requieren de parte de ellos mismos un liderazgo colectivo superior que sea capaz de movilizar a todo un país y unir a este movimiento popular a las fuerzas armadas, quienes bajo la fórmula de adecuado liderazgo y respaldo popular deberán entender la necesaria solidaridad que de ellos se espera en estos críticos momentos.
Está claro que el señor Maduro -al ver que se le pueden estar acabando sus horas en el poder- no se va a quedar quieto y va a acudir a sus seguidores y a las milicias armadas que respaldan y apoyan su mandato, así como a los países aliados a sus intereses y puede presentarse un enfrentamiento donde se pierdan vidas y haya masacres incalculables.
Pero también lo que es claro es que si los venezolanos no aprovechan la división en las Fuerzas Armadas que se ha presentado hoy y no logran hacer la convocatoria popular que se requiere, Maduro se dará como triunfador, usará a la Fiscalía para castigar a los militares y a los dirigentes políticos  que intervinieron y  tratará de fortalecerse apoyado en el miedo de sus opositores y el respaldo internacional de los gobiernos que les interesa que Maduro permanezca para proteger sus intereses políticos y económicos.
Claramente hay una nueva oportunidad, pero ésta solo se materializará en la medida que los venezolanos demuestren su liderazgo. Un liderazgo colectivo, sin divisiones y sustentado en el clamor popular, ejercido desde Venezuela y por los propios venezolanos, con el claro y contundente respaldo de la comunidad internacional.

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2019.

*Excomisionado de Paz.