Opinión

Por Jairo Gómez*.- “Sicario… Sicario… Sicario…” le espetaba con ira e intenso dolor desde su curul, arropado con la soberbia de su bancada de 18 senadores, el expresidente Álvaro Uribe al líder de la oposición Gustavo Petro, tras una recia confrontación política en torno a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Me sorprendió la reacción del líder del Centro Democrático, un hombre hecho en la confrontación política y curtido en el debate ideológico. Desdice de su temple de exgobernante que apele a la descalificación para deslegitimar al contradictor con insultos, sin otro argumento que el de invocar de nuevo la guerra como fórmula para dirimir las diferencias: “prefiero 80 guerrilleros en armas a un difamador moral”.

No es estimulando los vientos de guerra como se construye el debate político; tampoco ignorando deliberadamente la institucionalidad para descuadernar el país más de lo que está; bienvenida la controversia, pero no el agravio para desprestigiar a quienes hoy ostentan sus curules en el Congreso producto de un acuerdo de paz; esos exguerrilleros y exguerrilleras le han cumplido al país y hoy desde ese compromiso hacen la política sin armas, respetando las reglas que les impone la democracia. 

Lo ocurrido para bien del país en el Senado no fue una gresca y tampoco un intercambio verbal como quisieron descalificar los medios de comunicación el debate Uribe-Petro para quitarle validez a una polémica seria y de fondo que desnudó dos visiones de país: la autoritaria, refractaria a los cambios; y la que convoca a superar el conflicto interno bajo la égida de cimentar los cambios de Colombia sobre la base de reconocer las causas del conflicto y encontrarles una solución que neutralice la repetición y la revictimización de las víctimas.

No es satanizando el debate como se construye un espacio para la controversia política que se fundamente en los problemas de la nación; controvertir el modelo de país que se nos quiere imponer a través del Gobierno Duque tampoco es polarizar, es abrir una discusión amplia y sin tapujos; el debate sobre las objeciones presidenciales fue un buen vehículo para descubrir el proyecto de país que nos propone una facción política –el Centro Democrático- que busca trascender estos cuatro años en el poder bajo una marca indeleble: mantener intacto el statu quo.

Es incuestionable que ellos –el Gobierno y el CD- están jugados con un “Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, evidentemente excluyente y con claros propósitos para favorecer privilegios. La otra orilla -la centro izquierda- aborda críticamente ese proyecto confrontándolo con los beneficios del acuerdo de paz, que no es la panacea, pero sí la línea de discusión más adecuada para que se puedan debatir los problemas más urgentes que requieren una solución que no da espera.

Esos son los dos modelos de país que están en juego para los próximos años: Duque y sus copartidarios del CD quieren perpetuar el actual estado de las cosas sin que se les toque una coma, y para ello están utilizando las artimañas más insospechadas para desacatar las cortes y sus fallos, desprestigiar y hostigar constantemente a la JEP para evitar a toda costa la verdad sobre quienes fueron los responsables de esta guerra que nos dejó más de 220.000 muertos. Quieren, pero no van a poder diseñar el viejo Frente Nacional que sirva de cómplice a semejante despropósito. Los colombianos no queremos que la guerra nos vuelva a pisar los talones.

A ese proyecto de país es que tienen que responder con inteligencia, pero con una buena dosis de pragmatismo las fuerzas alternativas si quieren romper un proyecto político que, repito, busca trascender los cuatro años en el poder. Esa es la disyuntiva, derrotar al viejo país o construir uno nuevo, donde quepamos todos. Los españoles lo hicieron el pasado domingo.

Bogotá, 30 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los tantos temas espinosos contemplados en el PND que se debate en el Congreso de la República es el que hace relación a los precios de los combustibles. Cuando nadie se lo esperaba, sorpresivamente, el Ministro de Hacienda sacó una carta de la manga, proponiendo para el segundo debate del PND bajar el IVA a los combustibles del 19% a sólo 5%, con lo cual supuestamente se reduciría el precio al consumidor final en $700 por galón, aproximadamente, creándole falsas expectativas al consumidor que esperaría con esta medida un alivio para sus bolsillos.

El Presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes Oscar Darío Pérez se apresuró a decir que “eso tendrá que reflejarse en un menor valor del galón.”. Pero, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla está pensando otra cosa distinta, según él “lo que se quiere con la propuesta es racionalizar la estructura de entregas de subsidios en materia de combustibles”. Dicho en romance paladino, de lo que se trata es de desmontar el subsidio a los combustibles, que el año pasado le costó al gobierno $4 billones y si a este monto le descontamos el menor recaudo por este IVA, que sería el costo fiscal de dicha medida, que se calcula en $2 billones, el saldo neto de la combinación de estas dos medidas, tomadas pari pasu, arrojaría un saldo de $2 billones a favor del fisco nacional (!).

Al liberarse los precios, dada la coyuntura actual de los precios internacionales del crudo y el comportamiento de la tasa de cambio, que también los afecta, que tiende hacia una mayor devaluación, la cual después de guardar una correlación inversa del 86% con respecto a los precios del petróleo ahora es de sólo el 15%, es de esperar que, a despecho de lo que espera el Representante Oscar Dario Pérez, la baja del IVA del 19% al 5%, no se va a poder reflejar “en un menor valor del galón” de combustible. Al contrario, lo que se le estaría es abriendo espacio a nuevas alzas de los precios de los combustibles. Esta es la verdad monda y lironda, sin ambages.

Los precios seguirán al alza, siendo mayor el impacto en las fronteras, que está sujetas a un régimen, en donde los combustibles están exentos del pago de IVA y del impuesto nacional, pues al tener que incrementar el ingreso al productor, en aproximadamente $600 por galón, se incrementaría el precio al consumidor final en la misma proporción. Huelga decir que este incremento en los precios de los combustibles en la frontera terminaría estimulando, aún más, el contrabando de combustibles en la frontera.

Según el Representante  a la Cámara Oscar Darío Pérez  se le puso una condición al gobierno para el trámite y aprobación de la propuesta del gobierno que las empresas refinadoras y en Colombia no hay sino una que es la estatal ECOPETROL, no puedan descontarse los IVA a favor más de ese 5%, “ya que ese sería un impuesto al revés”. Y ello tendría sus consecuencias.

En Efecto, como ECOPETROL incurre en la obligación de pagar IVA a lo largo de la cadena, al no poderlo descontar plenamente, como lo viene haciendo, la diferencia de los 14 puntos porcentuales se traducen en mayores costos, estos a su vez impactan sus utilidades y de contera a los dividendos que ECOPETROL le paga a la Nación, como su accionista mayoritario, con lo cual terminarían dándole un tiro en el pié. Se estima que los mayores costos para ECOPETROL por este concepto serían del orden de los US $500 millones anuales. Y ello porque, como solemos decir a menudo los economistas, no hay almuerzo gratis, será a ello que se refiere el Subdirector de Planeaciónm Nacional cuando advierte que dicha medida “no tiene un costo fiscal tan grande para la Nación, porque lo que reduce por recaudo lo compensa parcialmente por menores deducciones de IVA”?

A las consideraciones anteriores se viene a sumar una inquietud que me asalta, sobre la legalidad de esta propuesta extemporánea, que nunca se consideró en el primer debate del proyecto del PND. Hay dos principios fundamentales, complementarios ellos, que rigen el trámite y aprobación de las leyes, el uno la unidad de materia, prescrito por la Constitución Política en su artículo 158 y el otro el de la consecutividad en los sucesivos debates que debe surtir un proyecto, cuya trasgresión vicia su trámite. Según la sentencia C – 702 de 1999 de la Corte Constitucional, entre el primero y segundo debate de un proyecto este puede sufrir modificaciones y/o adiciones, pero siempre y cuando el texto en cuestión haya sido aprobado en primer debate. No será este el caso, por que se trata de un artículo nuevo que se estaría incorporando a la ponencia para segundo debate? Doctores tiene la Santa Madre iglesia! 

Bogotá, abril 27 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Una tormenta en un vaso de agua es la que se desatado frente a la propuesta de incluir en la ley del Plan de Desarrollo (PND) dos artículos que establecen aranceles a la importación de confecciones y prendas de vestir. Los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) se han rasgado las vestiduras (que deben ser importadas) rechazando los aranceles, mientras que los confeccionistas los defienden a capa y espada. Es un debate trasnochado, más político que económico, y que además solo incluye una parte del problema del sector textil.

La propuesta del PND es doble: un arancel compensatorio del 37,9% solo para las prendas que se declaren a un valor inferior a 20 dólares por kilo y, para las que estén por encima de ese umbral, un arancel mixto de 10% más 3 dólares por kilo. Se trata de evitar el lavado de dinero que se hace con la subfacturación de importaciones.

El debate es trasnochado porque ya con el decreto 456 de 2014 se había establecido un arancel mixto de 10% más 5 dólares por kilo para prendas con valor superior a 10 dólares. Este fue rechazado por la OMC porque podía superar el tope máximo de arancel de 40% permitido por ese organismo para las confecciones. La propuesta actual de 3 dólares por kilo y un umbral de 20 dólares nunca sobrepasará el 25%, es decir que no tendrá problemas con la OMC.

En cuanto al arancel compensatorio también existe desde el 2016 y el decreto 1786 de 2017 le dio vigencia hasta finales del presente año, con dos diferencias: una tarifa mas alta (40%) y un umbral también más alto (prendas facturadas por debajo de 20 dólares el kilo).

Por tratarse de aranceles ya existentes, pierde validez el argumento económico de los importadores de que la medida va a presionar la inflación, perjudicar a los consumidores y aumentar el contrabando. No lo ha hecho en los años pasados. no hay razón para que lo haga ahora y el contrabando no se combate bajando aranceles sino fortaleciendo los controles.

Además si fuera cierto que pueden subir un poco los precios, esa no es razón para perjudicar a los productores nacionales y favorecer a los de otros países. Es el mismo error que cometió el Banco de la República cuando quiso usar la tasa de cambio como ancla antiinflacionaria: la revaluación frenó la inflación pero casi acaba con la industria y la agricultura nacionales.

El debate es incompleto porque no incluye otros eslabones de la cadena textil: los productores de hilos y de telas que también enfrentan la competencia desleal. El efecto es perverso porque se incentiva a los confeccionistas nacionales a comprar telas importadas a precios artificialmente bajos por el dumping subsidiado por otros países.

Cali 28 de abril de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En los acuerdos de paz puede leerse lo siguiente: “con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural”.

Resulta entonces muy oportuno preguntarnos cómo va la implementación de este punto. En Colombia a veces se olvida que el mayor déficit habitacional, tomando en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de la vivienda, está ubicado en el campo. Y no en las ciudades. Por eso, aún antes de que se firmaran los acuerdos de paz, se le dio una señalada importancia a los programas de vivienda como una de las piezas claves del desarrollo rural.

Durante el primer gobierno del Presidente Santos se le puso especial empeño a este propósito, y se lograron entregar entre 35 y 45 mil viviendas de interés social por año entre las familias campesinas pobres. Y se logró además desterrar todo asomo de clientelismo en la adjudicación de estas viviendas, lo que había sido una de las lacras en los anteriores programas.

Sin embargo, durante el último mandato del presidente Santos el empuje inicial comenzó a decaer y la clientelización invadió de nuevo como un cáncer las instancias oficiales encargadas de administrar los programas de vivienda rural. Basta recordar, entre otros muchos nocivos indicios, que el manejo de la entidad encargada en el Banco Agrario de los programas de vivienda rural se le encomendó a un valido del entonces senador Musa Besaile. No es difícil para el lector entender lo que sucedió entonces.

En lo que va corrido del actual gobierno las cosas han ido de mal en peor. El inmenso tema de la vivienda rural lo maneja una oficina subalterna de tercera categoría en el Ministerio de Agricultura, el presupuesto está reducido a la mínima expresión, y puede decirse que el mecanismo todo está paralizado. Como sucede con tantos otros programas cruciales en la implementación de los acuerdos de paz brilla la desidia y el desinterés político para implementarlos.

De unos años brillantes como fueron el 2012 y 2013 cuando se entregaron en promedio cerca de 35 mil viviendas de interés social rural por año, hemos llegado a la melancólica situación actual cuando en lo que va corrido del 2019 prácticamente no se ha entregado ninguna.

Hay que recordar que la vivienda de interés rural resulta mucho más económica que la urbana, pues los inmensos costos de extensión de las redes que requiere ésta última no se hacen necesarios en la de carácter rural. Casi podríamos decir que con lo que cuesta ofrecer una solución de vivienda en las ciudades se pueden construir 5 o 6 en la ruralidad.

El asunto ha vuelto a aflorar en estos días con las demoras de varios años que tomó en el Fondo de Adaptación la reubicación de viviendas en la vereda afectada recientemente por los deslizamientos en el municipio de Rosas Nariño. Esto es cierto y reprochable. Pero más lamentable aún es constatar que todo el mecanismo de la vivienda rural está paralizado en este momento.

En esta semana que concluye participé en un interesante taller convocado por la representante Juanita Goebertus sobre el tema de la vivienda rural que, como con tantos otros temas atinentes a la implementación de los acuerdos de paz, ha encontrado en esta diligente representante una de sus mejores aliadas. La parálisis inexcusable en que han caído los programas de vivienda rural fue objeto de cuidadosos análisis en ese taller.

Si queremos que los acuerdos de paz y en especial los atinentes al desarrollo rural integral no se queden en el papel, hay que comenzar por reanimar los hoy moribundos programas de la vivienda rural.

Pero, claro, como con tantos otros temas de la paz, se requiere una gigantesca voluntad política del gobierno que hoy brilla por su ausencia.

Bogotá, D. C, 28 de abril de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Jorge Enrique Robledo*.- Durante el gobierno de Santos, la industria textil-confecciones perdió seiscientos mil empleos por las importaciones legales e ilegales, víctima de un sándwich diabólico: de un lado, las políticas de los gobiernos de los países asiáticos de tener salarios y demás costos de producción muy bajos y, del otro, las de los gobiernos colombianos de mantener altos dichos costos y muy bajos los aranceles de protección, imponiendo una competencia en extremo desleal y destructiva. Sacándole jugo político a semejante despropósito, el candidato Iván Duque les dijo a empresarios y trabajadores del sector que él iba “a aplicar el máximo arancel posible, para que no les quiten los puestos de trabajo a las operarias de las confecciones en Colombia”. Mas una vez montado en la Presidencia, Duque le ordenó a su ministro de Comercio que se burlara del compromiso adquirido.

Ante tanta desvergüenza, empresarios y trabajadores unidos con una mayoría de congresistas de todos los partidos estamos a punto de lograr que en el Plan de Desarrollo se apruebe el aumento de los aranceles a las confecciones, decisión clave para la recuperación de esta industria y para el progreso nacional. Pero a la medida la están atacando, colaborándole en su conejazo a Duque, las organizaciones que en Colombia representan los intereses de las trasnacionales fabricantes de confecciones en el extranjero e importadoras al territorio nacional, que se presentan como si representaran a todos los colombianos, incluidos los confeccionistas (!!!).

Entre las falacias lanzadas para seguir defendiendo intereses foráneos –y con el mismo discurso de fondo con el que pusieron a Colombia a importar 13,5 millones de toneladas de productos del agro y le eliminaron cultivos enteros–, asustan con la ilegalidad de las normas a punto de aprobarse. Pero el Congreso sí tiene esa potestad y la Organización Mundial del Comercio (OMC) la autoriza, como lo prueban los mayores aranceles que se aplican en Brasil, donde el Estado sí defiende a sus nacionales. Clave saber que Colombia no ha suscrito TLC con China ni con los demás países que arruinan a los confeccionistas, luego la posición de Santos y de Duque es un regalo, repito, ¡un regalo!, a las multinacionales.

Las organizaciones de importadores también afirman que si se elevan los aranceles se dispara el contrabando, cuando está disparado con los muy bajos aranceles de hoy. Bonita manera de silenciar que la causa fundamental del contrabando es un Estado corrupto que nunca ha hecho nada en serio para impedirlo, como tampoco persigue de verdad a los lavadores de dinero que financian a costos irrisorios a los contrabandistas. Y se firmó un TLC con Panamá que ratificó a ese país –que no produce confecciones ni nada– como la base desde la cual actúan contra Colombia importadores, matuteros y financistas corruptos. Las trasnacionales de la industria y el comercio que operan en Asia y Panamá además abastecen por igual a los importadores legales y a los ilegales, a los que tratan como iguales. Los gobiernos se han negado a tipificar el contrabando como delito autónomo, con lo cual lo facilitan, y Carrasquilla cambió la ley para que la Dian fije, y sin que pueda conocerse, la forma como calcula los precios de referencia de las importaciones, precios que por norma son bajísimos y mentirosos y sirven para que no se paguen los aranceles y los impuestos que deben pagarse.

Y también dicen que actúan así por el inmenso amor que les profesan a los colombianos, a quienes desean vestir con prendas muy baratas. Fábulas. Porque se importa a menores precios para quebrar a la industria, pero le venden caro a la gente y porque los pobres que carecen de empleo, que son legiones, no tienen con qué comprar ni lo de menor costo. En gracia de discusión, pregúntenles a los habitantes de Colombia qué prefieren: ¿si desempleo y cosas baratas –aun si lo fueren– o empleo y mercancías más costosas? No insistan en decir que porque algunos tienen asegurado ser consumidores durante el ciento por ciento de sus vidas, igual les ocurre a los demás colombianos.

Hasta cuándo van a seguir al mando en Colombia los mismos intermediarios y tecnócratas neoliberales que mandan desde 1990 – ¡28 destructivos y larguísimos años!–, a pesar del rotundo fracaso de sus políticas industriales y agropecuarias, tanto para producir para el mercado interno como para exportar. Son excelentes para favorecer a los productores extranjeros pero muy mediocres para reducir el alto “costo país” –tasas de interés, fletes, electricidad, insumos, impuestos, etc.– con el que a los colombianos les toca producir y competir, en tanto los gobiernos asiáticos sí reducen su “costo país” hasta el nivel necesario para vencer, a la par que reclutan en los países a derrotar a quiénes les reduzcan los aranceles por debajo de las tasas permitidas por la normas nacionales e internacionales.

Bogotá, 28 de abril de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo.

@JERobledo

Por Horacio Serpa.- Por fin se señaló el lunes venidero para que la plenaria del Senado de la República decida sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Ya lo hizo la Cámara de Representantes con una mayoría abrumadora a favor de rechazar las mencionadas objeciones. Se espera, como se ha anunciado, que lo mismo ocurra en el Senado. Pero……

Hay muchos rumores  de que el gobierno nacional está presionando de todas las formas a las bancadas para que las observaciones presidenciales sean aceptadas. Incluso se dice que el Centro Democrático bajo la orientación de su  recursivo jefe natural, se transaría porque al menos fueran aceptadas dos objeciones, incluso una en último caso. ¿Será posible? ¡Averígüelo Vargas!

Lo cierto es que el Centro Democrático, en los últimos días, está bastante conciliador. Por ejemplo, la distinguida senadora  Paloma Valencia ha dispensado inéditos elogios a los jefes del Partido Liberal y de Cambio Radical, doctores Cesar Gaviria y Germán Vargas Lleras. Esa es una señal que coincide con el llamado del doctor Uribe Vélez a lograr acuerdos en el Senado con las diferentes colectividades políticas para que se salve la legislatura. ¿Por qué será?

Los comentarios en los mentideros políticos han llegado hasta a decir que el gobierno está haciendo señales de luces a los Partidos en el sentido de su disposición a lograr entendimientos en la conformación de un nuevo gabinete ministerial, lo que se relaciona con la renuncia del doctor Jorge Mario Eastman a la secretaría general de la presidencia. Sería lo que en política se llama “un golpe de timón”. Simples especulaciones, hasta ahora.

Lo único cierto es que la seguridad de ayer sobre la votación en el Senado empezó a generar inquietudes. Sería deplorable que una manifiesta mayoría se modifique en un dos por tres, lo que dejaría sombras en el proceso y el convencimiento de que la mermelada, tan denostada por el Centro Democrático cuando no es para sus militantes, intervino sin pudor. Ojalá que el Senado no se vaya a rajar, en el sentido de la canción mejicana. ¿Qué pensaría el país de la seriedad de los Partido Políticos y de la política?

Los liberales nos sentiríamos muy avergonzados si nuestro Partido en el Senado llegare a cambiar de posición, después de la orden del Director único doctor Gaviria y del pronunciamiento de la Junta de Congresistas. Francamente no puedo creer que llegáramos a ese repudiable extremo.

No hay que estar en contra sistemáticamente con los acuerdos entre las bancadas partidistas en las Corporaciones Públicas, ni en que se alcancen convenios programáticos con los gobiernos, incluida la representación política de los Partidos en el gabinete y en cargos de responsabilidad gubernamental, lo que no es ilegal ni pecaminoso. Pero en el caso de marras sería deplorable para el gobierno, los partidos y la política. ¿Acuerdos? Por qué no, si son de beneficio para el país, pero definitivamente después de que los Partidos derroten las objeciones presidenciales, como en la Cámara de Representantes.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2019

*Exsenador de la República. Fue Director del Partido Liberal, Candidato presidencial, Representante a la Cámara, Gobernador de Santander, Embajador ante la OEA, Procurador General de la Nación y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por Gabriel Ortiz*.- Cuando se conoció la renuncia de Darío Arizmendi, muchos creyeron que se había retirado de su profesión, y en las redes, en las que no confía, aparecieron odiosos comentarios de amantes de ese periodismo del chisme, la mentira y la frivolidad. Darío renunció, no se retiró, porque los periodistas nunca pueden retirarse. Nacieron y se hicieron periodistas para servir a la sociedad que les dio el oficio de fiscales de la comunidad.

Este es uno de los nuestros que tiene aún, mucho por hacer. Recuerdo esas épocas a quien manejó con brillantez El Colombiano y El Mundo de Medellín, ese al que Javier Ayala y quien esto escribe, trasteaban por los seminarios de la Asociación Latinoamericana de Periodistas para el Desarrollo, Alacode, en los que se daba bases firmes a los colegas del continente para ejercer una profesión al servicio de la gente. Ese Darío que hace cuarenta y tantos años reclamaba nuevos rumbos a las nacientes escuelas de periodismo o de comunicación social, como ahora se les conoce.

La renuncia de Arizmendi a Caracol, es un triunfo del periodismo de farándula, escándalo y superficialidad. El gran filósofo del periodismo, Tarzie Vittachi, decía: “no he visto a nadie derramar lágrimas por el cierre o venta de un medio de comunicación…” Porque en estos prima ahora la superficialidad. Por ello la gente desconfía y difícilmente cree en la prensa. La utiliza para recrearse y darse un baño de morbo.

Arizmendi, en una de sus sesudas conferencias expresaba que la prensa no solo debe ser libre… debe tener una audaz proyección social y humana. “Que denuncie los abusos, las irregularidades, las injusticias, provinieren de donde provinieren. Que  descubra los nuevos valores y consolide los existentes. Que se “case” con la verdad, con la causa de los necesitados y los más pobres. Que se comprometa con el país, con el continente, con la humanidad. Que sea fiel y consecuente a su filosofía y a sus predicamentos. Que respete los derechos de los demás y garantice la libertad de información de los receptores. Que sirva de medio liberación del hombre, para que éste encuentre la solución a sus problemas y a sus inquietudes”.

Y así como renunció Darío, habrá otras dimisiones en aquellos medios que prefieren el “rating” al periodismo al servicio de la gente, de la comunidad de la verdad y de la libertad.

Quienes escogimos esta profesión, vemos con preocupación el deterioro de una actividad en la que primaba el servicio a la sociedad, a la gente, al país y a la patria. Hoy se utiliza, peligrosamente para mentir, para torcer voluntades, para escapar a la justicia, para elegir mal y para institucionalizar la corrupción.

Aún es tiempo de salvar a un país, a una sociedad, porque quedan colegas que pueden salvar el periodismo serio y armado contra las noticias falsas.

BLANCO: La procuraduría salva la carrera séptima.

NEGRO: La dramática situación de los cafeteros.

Bogotá, 26 de abril de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

Por Víctor G*.- La muerte del expresidente del Perú, el doctor Alan García, quien se suicidó como consecuencia de un proceso judicial que él consideraba era una persecución política de sus enemigos o contendores de su vida, es una pena grande para el país hermano no sólo porque ha dejado este mundo un hombre que fue Presidente de su país en dos periodos, sino también porque deja un proceso judicial que no podrá culminar y que ha afectado tanto a la comunidad peruana como a la comunidad internacional, quienes estaban esperando el resultado de esta investigación y el fallo judicial.

Incluso el expresidente fue velado y enterrado con los honores de exjefe de Estado ya que no había sentencia alguna contra él.

Ahora a Odebrecht no solo la tenemos que ver como una firma que entregaba aportes a campañas políticas y compraba conciencias detrás de conseguir contratos y mayores márgenes de ganancia, sino que ahora ya tiene a su cuenta una lista de muertes de personas que, por escándalos relacionados con dicha corrupción, se han quitado la vida. Entre ellos, además del expresidente del Perú, se encuentran colombianos como el doctor Pizano, quien agobiado por las investigaciones que estaban llevándose a cabo en Colombia murió en circunstancias muy extrañas, al igual que su propio hijo.

Mientras eso sucede, en distintos países ya son varias las personalidades que han caído de sus cargos por el escándalo de las coimas de Odebrecht. Aquí no hemos visto resultados mayores ni sentencias en muchas cosas definitivas. La justicia debe acelerar todas las investigaciones que se están dando por corrupción porque la corrupción es la verdadera enfermedad que estamos padeciendo en nuestro país y en el mundo en general. Todos los días amanece uno sorprendido por un escándalo más, que como se dice en el lenguaje popular, el último tapa los otros.

Ni siquiera ha sido posible que el Congreso apruebe robustas leyes anticorrupción. Una gran alianza contra la corrupción tiene que darse paso. No solamente es necesaria sino fundamental. La polarización política que estamos viviendo no puede ser tan ciega para que no actuemos a la mayor brevedad con medidas drásticas y adecuadas para castigar a los corruptos. Porque la corrupción y los corruptos en busca de tapar sus acciones, muchas veces buscan chivos expiatorios para que contra ellos se tomen acciones y los verdaderos responsables salgan avante.

Si no actuamos hoy, el futuro para nuestra Nación no será muy fácil. El narcotráfico seguirá creciendo ya que el mayor mal que ha hecho es acabar en ciertos sectores y muchas de nuestras gentes en Colombia con los valores de la ética y la moral. Los corruptos, en aras a conseguir dinero mal trabajado o mejor sucio, han  enfermado las mentes, la inteligencia, las dignidades y la formación ética y moral.

Bogotá, D. C, 25 de abril de 2019

Excomisionado de Paz

Por José G Hernández.- Los días de la Semana Santa, que deben servir para la reflexión y el análisis, nos han servido en efecto para considerar lo que viene ocurriendo con el funcionamiento –o estancamiento- de nuestras instituciones.

Varias veces nos hemos preguntado si, hablando con sinceridad, opera en Colombia un Estado de Derecho, y la realidad nos ha mostrado que no. La conclusión es todavía peor si el interrogante recae sobre el Estado Social de Derecho. Este último quedó maltrecho e indefinidamente aplazado cuando se expidió el Acto Legislativo 3 de 2011 –inexplicablemente declarado exequible por la Corte Constitucional-, a cuyo tenor los objetivos del Estado Social de Derecho, el pleno empleo de los recursos humanos, la finalidad –a aquél inherente- de que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos,  únicamente se pueden lograr “de manera progresiva”, supeditados al principio “orientador” de la sostenibilidad fiscal. Contrariando su propia jurisprudencia sentada en la Sentencia C-551 de 2003, la Corte pasó por alto esa inocultable sustitución de la Constitución.

En cuanto al Estado de Derecho, caracterizado por el efectivo imperio de la Constitución y de la ley por encima de apetitos e intereses, es evidente que no está funcionando. Las normas en vigor se acomodan por la administración y otros órganos del modo que mejor  convenga a propósitos de coyuntura, al paso que las disposiciones nuevas se introducen en las leyes  con miras a alcanzar objetivos políticos de corto plazo, sin mayor discusión y sin observancia de los requisitos constitucionales. A sabiendas de que nada ocurrirá en la Corte Constitucional, porque, si las normas que se aprueban son impugnadas por cualquier ciudadano  en ejercicio de la acción pública, es casi segura la inadmisión de la demanda porque así lo indicará el arbitrio del sustanciador, o se proferirá una sentencia inhibitoria por “ineptitud sustancial de la demanda”, y así los jueces constitucionales se habrán lavado las manos ante las violaciones de la Constitución, evitando la pesada carga de tener que leer a fondo las demandas, verificar la conformidad entre lo aprobado por el Congreso y la Carta Política, y redactar ponencias sobre temas controvertidos. No tienen tiempo. Todo lo cual conduce al absurdo según el cual, a juicio de los actuales magistrados, debe ser más fácil y expedito violar la Constitución que reivindicar ante ellos los valores, principios y reglas constitucionales para garantizar su imperio. Se sacrifica el objetivo de defensa de la Constitución por rendir culto a tecnicismos que han inventado los magistrados para disminuir tanto trabajo.

Hemos concluido, entonces, que buena parte del caótico estado que acusa el funcionamiento de nuestras instituciones se debe a la debilidad e incoherencia que se viene observando en  la actividad de la actual Corte Constitucional. Está mal. Hacemos votos por su pronta recuperación.

Bogotá, D. C,  25 de abril de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.- Muchos delincuentes en este país creyeron que la JEP era un paracaídas de oro que les permitiría en el inmediato futuro acceder a los beneficios de la Justicia Transicional para garantizar impunidad. Por supuesto, contando una supuesta verdad plagada de mentiras.

Y tacaron burro: La Jurisdicción Especial para la Paz no es ni será un símbolo de impunidad como pretenden hacerlo ver el fiscal y los enemigos de la verdad. Quien se acoja a la justicia transicional tendrá que contar verdad plena so pena de perder los beneficios.

La justicia transicional diseñada en el acuerdo final está blindada y no será el vehículo para que se evada la extradición. Se equivoca el fiscal general cuando pretende enlodar el acuerdo de paz. Ahora, como último cartucho, se inventa suspicacias sobre el artículo 153 de la ley estatutaria tras asegurar que “metieron un articulejo por la puerta de atrás para acabar con la extradición”.

Esgrime el jefe del ente acusador el peregrino argumento de que cualquier narcotraficante ofrecerá verdad para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, dado que  “Un tercero, que es un narco, va a evitar la extradición con el prurito de contar verdad”.

Eso que dice el fiscal es una falacia más grande que una catedral; queda fuera de foco si recordamos que la propia Corte Suprema de Justicia ha negado la extradición de exjefes paramilitares tras valorar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. “Esa fue la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de la ley estatutaria, luego de que con la extradición de los paras se extraditara la verdad”, atinó en aclarar, justamente en la revista SEMANA, la representante Juanita Goebertus.

Recuerdo, como si fuera ayer, que el mismo fiscal Martínez, en compañía de los parlamentarios de su partido Cambio Radical, se opuso a que los terceros civiles y los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública fueran llamados por la JEP a comparecer y pidió, con insistencia, que fueran sacados de la Justicia Transicional y lo dejaran como una opción. Qué incoherencia, por favor.

Traigo a cuento ese episodio del fiscal durante el debate sobre el proyecto de ley estatutaria en el Congreso en el año 2017, para destacar cómo se ha pretendido obstaculizar la justicia transicional cuyo único objetivo es esclarecer lo ocurrido en los sesenta años de conflicto armado y que la verdad prevalezca, no solo a través de los combatientes sino de quienes financiaron la guerra, la prohijaron y sacaron provecho de ella.

A manera de ejemplo, es pertinente recordar que recientemente en una sentencia de primera instancia, revela el portal Verdad Abierta, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las versiones sobre posibles aportes económicos voluntarios al Bloque Héroes de Granada por parte de las empresas del Grupo Nutresa: Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel; de Gaseosas Postobón de la Organización Ardila Lulle y de una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria.

Esos terceros deberían ir ante la JEP, pero el fiscal se opuso. Pregunto: ¿estará el fiscal investigando la decisión de ese alto tribunal de la justicia para que estas empresas aclaren estas graves acusaciones? Esa es la verdad que también los colombianos y las víctimas queremos conocer: saber qué grado de responsabilidad tienen los grandes empresarios en esta guerra que dejó más de 220.000 muertos.

Más allá de objeciones o no objeciones, la certidumbre sobre lo ocurrido en el conflicto interno armado debe prevalecer y hace mal el fiscal si insiste en vender la idea de que la extradición está por encima del derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Bogotá, D. C, 23 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi