Opinión

“La Constitución vigente consagra de manera afortunada y completa los principios que protegen por igual las libertades de expresión e información y los deberes que implican”.

Por José G. Hernández*. - No vemos la necesidad de modificar la Constitución de 1991 para evitar que la libertad de expresión y el derecho a la información impliquen o permitan violación de la privacidad e intimidad de las personas. Adelantar una reforma en tal sentido implica partir del supuesto de que la actual normatividad no contempla esas garantías, lo que es totalmente equivocado. Basta leer el artículo 15 de la Carta Política, en concordancia con el 20 y el 95, y consultar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para concluir que tal reforma no es indispensable.

Dice el artículo 15 que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y que el Estado “debe respetarlos y hacerlos respetar”. Dispone que, de igual modo, las personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Agrega que, en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Por supuesto, aunque no se mencionan las actuales redes sociales, se entiende que, con independencia del medio utilizado, nadie puede alegar la libertad de expresión ni el derecho a la información para vulnerar los derechos a la intimidad, la honra, el honor, el prestigio y el buen nombre de otras personas. En cuanto al derecho a la información, aunque está prohibida la censura, debe ser ejercido de manera veraz e imparcial (Art. 20).

Reiteremos que el Constituyente, en el artículo 95, estableció que todo derecho tiene cargas y deberes correlativos. Por eso establece que el ejercicio de ellos y de las libertades reconocidas implica responsabilidades, que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y que son deberes de la persona y del ciudadano, ante todo, “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

Lo que deben hacer las autoridades, en especial las judiciales y el Ministerio Público, es cumplir de manera plena y oportuna -no selectivamente- esas disposiciones cuando los indicados derechos fundamentales sean violados. Y de manera general, se debe desarrollar el artículo 41 de la Constitución -hasta ahora no aplicado- para la educación de los colombianos en materia constitucional. Esa norma dispone: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Hay que reconocerlo: la ignorancia sobre los derechos y los deberes constitucionales, y sobre las responsabilidades en la materia, es ostensible, como puede verse en las redes sociales, que son usadas a diario por muchos ciudadanos, medios de comunicación y hasta congresistas y funcionarios -y de manera impune-, para ofender, calumniar, vulnerar la intimidad, el honor, la honra y el buen nombre de las personas, sobre la errónea convicción según la cual la libertad de expresión es absoluta.

La Constitución vigente consagra de manera afortunada y completa los principios que protegen por igual las libertades de expresión e información y los deberes que implican.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“La valorización resulta un mecanismo válido para complementar la financiación de obras públicas, pero nunca para sustituir lo que se puede alcanzar con las APP”.

Por Juan Camilo Restrepo*. - Es interesante analizar lo que, a través los cambios frecuentes de anuncios por parte del gobierno, viene ocurriendo con los peajes y la valorización. Todos los días hay un bandazo y todos los días la confusión es mayor.

Comencemos por los peajes. Desde hace año y medio el gobierno viene dando tumbos con las políticas atinentes a peajes. Éstos, junto con las vigencias futuras, han resultado el camino apropiado para canalizar hacia la modernización de la infraestructura nacional cerca de $100 billones de capital privado que el presupuesto nacional habría sido incapaz de proveer; para construir miles de kilómetros de vías 4G; para modernizar nuestra atrasada infraestructura; y lo que es más importante: para vincular capital privado a la gran empresa de la inversión en infraestructura.

Desde el año pasado le dio al gobierno -de manera precipitada- por congelar los ajustes de los peajes convenidos contractualmente en los contratos de concesión. Esta determinación acarrea la obligación fiscal para el estado de compensar a los concesionarios que, de esta manera, se ven afectados al interrumpírseles un mecanismo legítimo pactado en los correspondientes contratos APP para remunerar su inversión.

El gobierno explicó esta abrupta política con el argumento que así se combatía la inflación. En realidad, no le ha hecho ni cosquillas a la evolución del índice de precios. Pero sí ha generado cuantiosos pasivos a cargo de la nación y profunda incertidumbre entre los inversionistas.

Los pasivos a cargo de la nación se han venido pagando por el presupuesto a trompicones, con retrasos, y con grave demerito para la confianza inversionista. Esta ha sido acaso la principal razón de la desconfianza hoy reinante entre inversionistas nacionales y extranjeros para comprometer capitales frescos hacia nuevas obras de infraestructura.

El último bandazo lo anunció el ministro de Hacienda la semana anterior. El ajuste debido a los concesionarios del 4,64% correspondiente al 2024 quedó remitido a las calendas inciertas del año entrante cuando, si se continúa con la política de mantener congelados los precios de los peajes, se acumulará el retraso correspondiente al 2024 con el que seguramente se registrará en 2025.

Según cálculos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura el valor de los retrasos que se adeudan a los concesionarios asciende a la fecha a cerca de un billón de pesos. Suma que seguirá incrementándose en la medida que se prolongue la congelación de los peajes y el retraso en los pagos compensatorios a los concesionarios.

Si a esto le sumamos las voces agresivas del gobierno contra las vigencias futuras que se han abierto junto con las demoras en los pagos compensatorios a los concesionarios por las congelaciones tarifarias, se entiende muy bien la desconfianza que tan erráticas posturas gubernamentales han generado entre quienes de otra manera estarían dispuestos a invertir su capital en la modernización de la infraestructura nacional. Toda vez que el presupuesto nacional es incapaz absolutamente para financiar directamente las inmensas necesidades que demanda la modernización de la infraestructura nacional.

A lo cual ha salido el gobierno Petro con el siguiente argumento: no hay problema, lo que no logremos con peajes y vigencias futuras lo alcanzaremos con la aplicación del mecanismo de las valorizaciones para financiar y recuperar el costo de las obras públicas.

La aplicación del mecanismo de la valorización es desde luego válido. Está previsto en la ley y es un legítimo instrumento para fortalecer la financiación de las obras públicas que generen beneficios a las zonas de influencia.

¿Es realista pensar que se pueden sustituir los peajes y las vigencias futuras con valorizaciones?  ¿Cuánto tiempo va a tomar implantar un complejísimo sistema como son las valorizaciones en todo el territorio nacional donde se hace necesario construir vías de nueva generación? ¿Se ha calibrado la magnitud de las dificultades políticas que un esquema de valorización a acarrear si se piensa aplicar a lo largo y ancho de todas las vías nacionales?

El espectáculo que hemos presenciado en las últimas semanas cuando los intentos para cobrar valorizaciones en un limitado trayecto como es el de Barranquilla a Cartagena se ha enfrentado a gigantescas dificultades de carácter político, jurídico y administrativo permite preguntar: ¿Qué va a suceder cuando se intente aplicar en toda la geografía nacional?

La lección que van dejando los bandazos en materia de peajes (además de su costo fiscal inmenso) es que la valorización resulta un mecanismo válido para complementar la financiación de obras públicas, pero nunca para sustituir lo que se puede alcanzar con las APP.

Bogotá, D. E, 1 de septiembre 2024

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

“Inexplicable e insólito que teniendo en sus manos a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Despertó gran expectativa el anuncio por parte del Presidente de la República Gustavo Petro, desde San Basilio del Palenque, el pasado 23 de los corrientes, de una alocución por los canales de televisión, grabada en un barrio estrato 2 de la ciudad de Cartagena, en la cual, según explicó, se referiría a “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero, cuál sería nuestra sorpresa cuando pudimos constatar que en su intervención no fue más allá de lo que ha venido manifestando, atribuyéndole las altas tarifas y las desproporcionadas alzas de las mismas al hecho de que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”. Sin mencionar la fuente, arremetió contra las empresas generadoras y afirmó que a los generadores de energía les cuesta el kilovatio $1.000 y lo “puede vender, digamos a $5.000, entonces se gana $4.000”. Con razón en días pasados, espetó en una declaración a los medios que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio”. Nos quedamos sin saber “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero lo que causó más asombro entre los entendidos fue su afirmación, en medio de su confusión entre los costos, los precios y las tarifas de la energía, en el sentido que “Colombia es el único país de Latinoamérica en donde el Estado no regula el costo de la energía”. Lo cierto es que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos lo pueden prestar “el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” y enfatiza en que “el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia”. Este precepto fue desarrollado por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, creando las comisiones de regulación para tal efecto.

De no existir la regulación en Colombia no se entendería la Resolución 701 063 que acaba de expedir la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), fechada el 29 de los corrientes, “por la cual se adoptan ajustes regulatorios para la reducción de las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del SIN”. Y la expidió “en ejercicio de las atribuciones legales” que le han sido conferidas por la Ley.

La Resolución tiene como objetivo fundamental regular el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria e incentivar la renegociación de los contratos bilaterales de energía con destino al mercado regulado. De esta manera se habilita el acceso de las empresas comercializadoras a recursos de crédito con tasa de interés compensada dispuesta por FINDETER. Se trata de que se ajuste la fórmula tarifaria de tal suerte que esta refleje tal beneficio y se ajusta también la tasa de interés para aplicable.

Pero, como la Nación debe honrar su compromiso de asumir la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que asciende a los $2.8 billones aproximadamente, se deberán dar los pasos conducentes al reintegro de dicho monto a las comercializadoras, para que estas dejen de cobrársela al usuario. Como lo ha anunciado el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el Gobierno presentará próximamente al Congreso para su aprobación el proyecto que lo faculte para que disponiendo del recurso apropiado se le pueda condonar la deuda con FINDETER que están contrayendo las comercializadoras.

Con respecto a la renegociación de los contratos bilaterales de energía, esta es de carácter voluntario ya que se “buscará” su modificación en procura de una rebaja del precio pactado y hasta ahora solo 3 generadores (EEPPP, ISAGEN y CELCIA) han mostrado su disposición a un descuento temporal del 10%, al cual deberá aplicársele  el 35% que representa el cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + D + C + PR + R), razón por la cual su impacto en la tarifa al usuario final será muy limitado. Esta medida reedita la que dio lugar en el 2022 al decepcionante Pacto por la Justicia tarifaria, el cual se tradujo en una pírrica baja del 2.8%, frente a un  alza promedio a nivel nacional del 24% y en la región Caribe por encima del 40%.

Otro aspecto que contempla esta Resolución es el atinente al indexador que se aplica en los contratos entre generadores y comercializadores, que en el pasado contribuyó y de qué manera a la espiral alcista de las tarifas, toda vez que el Índice de precios al Productor (IPP), que era el utilizado, se disparó pasando de 4.7% entre los años 2018 y 2019 al 33.25% en 2022. Se trata, entonces, de llegar a una fórmula intermedia para su redefinición, el cual, según reza la Resolución “podrá” ser usado en lo sucesivo.

En plata blanca con esta Resolución lo único seguro sería la rebaja atribuible a lo que paga el usuario por concepto de la deuda de la opción tarifaria, que oscila entre el 5% y el 20%. Ello, frente a un incremento del 32% de la tarifa entre junio de 2023 y junio de 2024. Lo demás está condicionado al “podrá” del indexador y el acuerdo entre las partes (distribuidoras y generadoras), que es voluntario. 

Finalmente, tenemos que decir que resulta inexplicable e insólito que teniendo en sus manos a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, a pesar de los requerimientos de la Procuraduría y la orden impartida por el Consejo de Estado y el Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, en donde cursa en este momento un incidente de desacato contra el Presidente de la República y el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.  

Bogotá, agosto 31 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

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“Organizarse para apoyar a las autoridades y comprometerse con la seguridad preventiva y pacífica es lo que asusta a la delincuencia”.

Por José Felix Lafaurie Rivera*. - El 27 de agosto se conoció un comunicado, supuestamente del ELN desde las montañas del occidente colombiano, desmentido de inmediato por la delegación de ese grupo ilegal en la mesa de negociaciones.

El falso comunicado, primero, califica a los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, creados por Fedegán con la coordinación del General (r) Fernando Murillo, a partir de un piloto en el Cesar, como la resurrección del paramilitarismo en la región.

Segundo: Declara a los frentes como objetivo militar. Tercero: Me cuestiona como miembro de la Mesa y promotor de los Frentes, que considera un ataque a la paz, la población y al ELN. Cuarto: Amenaza con confrontar cualquier “violencia paramilitar en nuestra región”.

Además del pronunciamiento de la delegación negando su autoría, las referencias a “nuestra región” -el Cesar- no parecen del Comando Central del ELN, ni un comunicado desde “las montañas del occidente colombiano”.

Aun así, como de la mentira algo queda, muchos incautos creerán tan graves acusaciones, lo cual es otra piedra en el camino de las negociaciones con el ELN, que se suma a las que ellos mismos le han puesto, y además afecta a Fedegán y a los 600.000 ganaderos colombianos, injustamente marcados por el estigma paramilitar.

Dando por descontado que el comunicado no es del ELN, ¿de quién es entonces?, ¿quién está detrás, interesado en desestabilizar los territorios?, ¿a quién le sirve deslegitimar la reacción pacífica y solidaria de los ganaderos, en el Cesar y en todo el país?

A la delincuencia, ¿a quién más? Porque organizarse para apoyar a las autoridades y comprometerse con la seguridad preventiva y pacífica es lo que asusta a la delincuencia y está detrás del falso comunicado, porque se atraviesa a sus pretensiones de control territorial para proteger sus rentas ilícitas. En el Cesar, donde abundan las alertas de la Defensoría, además del ELN, están las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y una red de bandas que tercerizan el asesinato, el secuestro y la extorsión.

Pero los ganaderos, como reza nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”; nos uniremos más alrededor de los Frentes Solidarios de Solidaridad y Paz, que han tenido gran receptividad entre los ganaderos y otros gremios, basados como están en cuatro principios:

1) La solidaridad basada en la unión gremial.

2) la articulación permanente y cercana con las autoridades, entendida como deber ciudadano, pero también como el derecho a participar en nuestra propia seguridad.

3) La comunicación y las nuevas tecnologías como instrumento preventivo, como las únicas armas que esgrimimos.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre 2024

Presidente de FEDEGAN

“Lo veraz es lo que se ciñe a la verdad, con independencia de la personal opinión de quien informa”.

Por José G. Hernández*. - El ordenamiento jurídico, en una genuina democracia, debe garantizar y hacer efectivo el derecho de toda persona a buscar, difundir y recibir información veraz e imparcial, como lo declara el artículo 20 de la Constitución colombiana.

En escritos anteriores nos hemos referido al derecho de quien informa -que no necesariamente es un periodista, porque hacerlo es un derecho de toda persona-, pero en esta ocasión queremos aludir al derecho, también fundamental, de quienes reciben la información. Se les debe garantizar no solamente su acceso a ella sino su veracidad y calidad, libre de distorsiones y manipulaciones. De allí que las normas constitucionales hablen de una responsabilidad social y consagren el derecho a la rectificación por parte de quien se considera afectado por una información falsa, engañosa o tendenciosa.

Como resulta de la normatividad vigente y de la jurisprudencia constitucional, la veracidad -parece elemental, pero, ante prácticas recientes, debe repetirse- radica en la identidad entre lo ocurrido y lo informado, de tal modo que ni se manipule, ni se oculte, ni se mienta o desfigure. Así, pues, entre los hechos materia de información y lo que se presenta, transmite o difunde en torno a ellos, debe existir una total y plena correspondencia, sin perjuicio del contexto. Lo veraz es lo que se ciñe a la verdad, con independencia de la personal opinión de quien informa.

La información que se suministra, en especial si recae sobre asuntos de interés general, debe ser real, es decir, los datos que entrega quien informa no pueden ser otros que los surgidos de una actividad de confrontación y verificación responsable, porque, así como se tiene el derecho a informar sin censura, quienes reciben la información y quienes pueden resultar afectados por ella tienen derecho, garantizado por la Constitución y la ley, a que se diga la verdad, cierta y confirmada, aparte de su deseo o criterio puramente subjetivo. A diferencia del novelista o del cuentista, quien informa no aporta algo proveniente de su imaginación o creatividad, sino que entrega datos corroborados y comprobables.

En cuanto a la información que se difunde en ejercicio del periodismo, debe subrayarse la imparcialidad, que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es “falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud”. Se trata, en el caso de la actividad periodística, de una conducta que separa por completo el contenido de la información del propio y particular interés del informador.

Ahora bien, la información no siempre proviene de los medios o del periodismo. A los comunicados de entidades públicas, de organizaciones o empresas privadas, también les son exigibles veracidad y objetividad. Quien los firma y divulga asume una responsabilidad, pues afectan el interés público.

Hace dos días, fuimos sorprendidos por la noticia sobre falta de combustible para el transporte aéreo. Después de cancelación y postergación de vuelos así como de gran alarma, todo resultó ser falso y proliferaron los comunicados contradictorios e inseguros, de diferentes entidades públicas y de empresas privadas. No hubo información veraz, sino confusión y caos.

Bogotá, D. C, 28 de agosto 2024

Expresidente de la Corte Constitucional

“No tiene justificación que los propietarios que se han beneficiado con el incremento del valor comercial de sus tierras no aporten en la construcción de obras que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura de sus propiedades y de su región”. 

Hay tres posibles respuestas a estas preguntas: La primera, que las debe pagar el Estado, y el mecanismo para hacerlo son las vigencias Futuras (VF); la segunda, que las deben pagar solo quienes transitan por ellas y entonces el mecanismo son los peajes; la tercera, que como aumenta el valor comercial de los predios aledaños a las carreteras, las deben pagar los dueños de esos predios, y el mecanismo es la contribución de valorización. 

La triste realidad colombiana es que la gran mayoría de la gente piensa que es el Estado el que debe pagar, y no solo por las carreteras sino por muchos bienes y servicios. Lo que se olvida es que la plata del Estado no nace en los árboles, sino que viene de los impuestos de todos, que acaban pagando por los subsidios o beneficios a grupos privilegiados de la población. 

Las tres opciones existen en la legislación colombiana, pero en las 19 concesiones de 4G solo se han usado las VF y un poco los peajes. La inversión es de $80 billones, de los cuales el 63% ($50.2 billones) se va a pagar con VF, y solo el 37% ($29.8 billones) se cubrirá con peajes; hay casos como la Autopista al Mar 1 en Antioquia donde las VF van a cubrir el 90% del costo de la inversión. 

La Ley 819 de 2016 define la Contribución Nacional de Valorización como “un gravamen al beneficio adquirido por las propiedades inmuebles, que se establece como un mecanismo de recuperación de los costos o participación de los beneficios generados por obras de interés público o por proyectos de infraestructura, la cual recae sobre los bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de estos.” 

Ahora se ha propuesto usar este cobro por valorización para la vía Cartagena-Barranquilla, y la protesta de las fuerzas vivas de la Costa ha sido enorme. En otras partes también ha habido rebelión de las comunidades cuando se han tratado de instalar nuevos peajes. La consigna es clara: ¡Que pague el Estado, es decir, los demás colombianos! 

No tiene justificación que los propietarios que se han beneficiado con el incremento del valor comercial de sus tierras no aporten en la construcción de obras que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura de sus propiedades y de su región. 

Lo único malo del cobro por valorización es que no se haya utilizado antes y, por supuesto, debe aplicarse en todo el país y no solo en la Costa Atlántica. 

COLETILLA: ¿A propósito de equidad regional, ¿Qué dirán en el Valle del Cauca, donde la concesión de la Nueva Malla Vial del Departamento se va a financiar 100% con peajes, y 0% de VF? 

Cali, 26 de agosto 2024

*Filósofo y economista. Consultor.

“El primer impacto de este veto a las exportaciones a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en US $500 millones”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - ¡Estas son las razones de la sinrazón de las que hablaba El Quijote!

El Presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas de Colombia con el Estado de Israel el pasado 2 de mayo. Lo que precipitó esta medida fue el desacato por parte del Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu de la Resolución del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas que pidió un cese del fuego. “Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, espetó el Presidente Petro el 8 de junio a través de su cuenta de X.

A renglón seguido expidió el proyecto de Decreto para comentarios “por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”, el cual cobró vigencia el pasado 14 de agosto con el número 1047. Entre las consideraciones del mismo se aducen como razones justificativas que “la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan un quebrantamiento a la paz y seguridad internacional".

Se advierte que esta medida se mantendrá en vigor “hasta que se cumplan a cabalidad las ordenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el proceso de aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la franja de Gaza”.

El Presidente Petro, expidió este Decreto, sin modificación alguna, pese a las observaciones que le hizo el Procurador delegado con funciones para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios Gustavo Adolfo Guerrero el 17 de junio al borrador del mismo, las cuales fueron desoídas y desestimadas. Advierte él “sobre la posible configuración de un riesgo de daño antijurídico, por adolecer el acto administrativo que se pretende expedir de posible ausencia o falsa motivación. Los argumentos expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria”, acotó. Por su parte el Contralor General arguyó que, según lo dispone el Código minero “el concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización”. Y enfatizó en que “el proyecto de Decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera”.

Obviamente, el primer impacto de este veto a las exportaciones a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en US $500 millones. Pero también se verán afectados los ingresos del Estado, pues se dejarán de recibir $650.000 millones/año, entre impuesto a la renta recaudado por la Nación y las regalías que reciben estos dos departamentos, que verán reducidos sus ingresos en $100.000 millones por concepto de regalías.

Y ello se da en momentos en los que las afugias fiscales del Gobierno son mayores, debiendo recortar el Presupuesto en $20 billones y se apresta a presentar un proyecto de ley de financiamiento por valor de $12 billones. Cabe aquí la expresión bíblica, cuando Cristo reprendió a Pedro: como estamos y tú cortando orejas.

Es preciso aclarar que el carbón colombiano que se exporta a Israel es solo térmico, el cual es usado para la generación de energía, no es metalúrgico, que es el que se utiliza en la industria militar. Por tanto está fuera de lugar afirmar desatentadamente, para justificar esta absurda medida, como lo hizo el Presidente Gustavo Petro, que con el carbón extraído de las entrañas del territorio colombiano “se hacen bombas para matar los niños de Palestina”. No es el caso del petróleo, que sirve de combustible para alimentar la agresión Israelí al pueblo palestino y por ello esta vez, como ocurrió en 1973, a raíz de la guerra del Yom Kipur, cuando la OPEP decretó un embargo petrolero, utilizando este como arma de guerra, con magros resultados, varios países que le proveen petróleo a Israel están contemplando apelar a ello para boicotearlo. 

De otra parte, es de anotar que tanto GLENCOR como DRUMOND son multinacionales que operan no solo en Colombia y son ellas las que le proveen el carbón a Israel, no Colombia como Estado, de manera que si se les impide suministrarlo desde Colombia lo harán desde los otros países en donde operan (Australia, India, Indonesia, incluso los EEUU), que son nuestros competidores, a través de sus comercializadoras. Israel no se va a ver afectada, no va a dejar de recibir el carbón que requieren, no se va a apagar por cuenta de la decisión del Presidente Petro. Esta medida, en suma, resulta inane frente a los intereses de Israel.

Esta decisión es abiertamente violatoria del TLC firmado entre Colombia e Israel, que entró en vigor el 2020, del TLC suscrito en 2006 con EEUU, domicilio principal de DRUMOND, así como del Acuerdo de protección a la inversión firmado en 2009 entre Colombia y Suiza, domicilio de GLENCOR. Con ello se ha sentado un pésimo precedente, pues los tratados y los acuerdos son para cumplirlos y su incumplimiento acarrea consecuencias, Colombia puede ser objeto de sanciones comerciales y retaliaciones por parte de los países afectados por su transgresión y de contera con ello se afecta la seguridad jurídica y la confianza inversionista, que sólo sirven de espantapájaros a la inversión y a los inversionistas, en momentos en los que el país más los requiere para el impulso y la reactivación de la economía colombiana. Huelga decir que la política exterior debe responder a una política de Estado y no a una política de gobierno.

Colombia, entonces, con este dislate, se está haciendo el harakiri, Colombia pierde por punta y punta, con cara y con sello, se queda con el pecado y sin la gracia con esta decisión desafortunada y contraproducente, que muy seguramente derivará en controversias jurídicas en el país y en instancias internacionales de las cuales el Estado puede salir mal librado. De hecho ya se han anunciado demandas de nulidad ante la Corte Constitucional por la presunta violación de la Constitución Política. Este Decreto se le puede convertir al Gobierno en un bumerang.

Bogotá, agosto 22 de 2024

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“El presidente actúa desde ya como jefe de debate del candidato que surja del proceso de unidad de la izquierda, y ha trazado un escenario que le conviene: el de la polarización, que no dejaría campo al centro político”

Por Hubert Ariza*. - El presidente Petro es un monstruo político que se reinventa en cada escenario electoral. Un monstruo insaciable de poder que no se conforma con haber llegado a la Presidencia de la República, en una larga travesía desde la militancia juvenil en la guerrilla del M-19, la posterior reinserción a la vida civil, el impulso de la Constituyente del 91, el servicio exterior, el paso por la Cámara de Representantes, la Alcaldía de Bogotá y el Senado de la República. Lo suyo es, en sus propias palabras, una lucha permanente por el poder democrático para el pueblo.

Petro tiene claro que la democracia en Colombia se reinventa todos los días y que ninguna campaña es igual a la anterior. La que está en marcha para el 2026, por ejemplo, no tendrá punto de comparación con la del 2022. A menos de dos años de las elecciones, aún no hay claridad en quién realmente será el anti Petro, pero tampoco de quién será el candidato de Petro, siempre y cuando el presidente cumpla su palabra de que no buscará la reelección a través de ninguna aventura constituyente.

“Yo me iré del Gobierno. Yo no soy Uribe, no soy Santos. No soy adicto al poder. Los adictos al poder matan”, dijo el jefe de Estado el pasado domingo en un intenso discurso de campaña, de más de una hora, durante la Segunda Asamblea de Colombia Humana, el partido mayoritario de la coalición que lo llevó a la Presidencia en 2022.

Tampoco asoma en el país un liderazgo deslumbrante del centro político que aglutine y rompa la dicotomía Uribe o Petro, que asfixia la democracia y cierra las posibilidades de una apertura política. Aún sigue sin conocerse cuál será el mecanismo para definir un candidato ganador, ni cuál sería la agenda de ese sector para desbloquear la política y frenar la desilusión en la democracia que se apodera del electorado y conduce a las naciones al populismo autoritario.

En la derecha, mientras tanto, las semanas pasan esperando que arranque el bus azul de la victoria de una candidatura que se sintonice con las nuevas realidades políticas, con un amplio sector de la ciudadanía hastiada del histérico discurso anti Petro, que convierte en comunistas a todos los que piensen diferente, y vislumbra la venezolanización de Colombia como el futuro inminente, como si este país no hubiera demostrado a lo largo de las últimas décadas estar vacunado contra el chavismo. No en vano, mientras América Latina sucumbió a las dictaduras, aquí había democracia; y cuando el continente era gobernado en su mayoría por el socialismo del Siglo XXI, en Colombia mandaban Álvaro Uribe y su seguridad democrática.

Cuando Chávez estaba en pleno apogeo y convirtió el petróleo en el arma política de seducción y conquista de lealtades en el continente, la democracia colombiana se aferraba a las instituciones y los sectores democráticos luchaban por contener no solo a las FARC, sino también el embrujo mediático de Uribe, frenar su fervor reeleccionista, defender los derechos humanos y detener la máquina de los falsos positivos que alcanzó a quitarle la vida a 6.402 jóvenes, que no estaban recogiendo café.

Hoy Colombia tiene en Petro el ímpetu de un líder que se vislumbra a si mismo como el gran reformista del siglo XXI, el sucesor de Alfonso López Pumarejo, el burgués liberal con alma socialista que hizo posible la Revolución en Marcha.

Petro es un reformista que firmó la paz con Virgilio Barco, en la década del noventa, que mantiene en alto la bandera del M-19 y se ejemplariza como eje de una narrativa de éxito político, y cuando habla, como el pasado domingo en la Segunda Asamblea de la Colombia Humana, revela la intensidad de un revolucionario sesentero con agenda futurista.

Dueño de un gran histrionismo, Petro suelta frases llenas de ira contenida por décadas contra la oligarquía, según él con manos manchadas de sangre, que se atraviesa a sus reformas y lo cuestiona permanente, y contra los medios de comunicación y los oportunistas de la propia izquierda, como si al pronunciarlas, fuera la reencarnación de Gaitán, y el pueblo entendiera el mensaje e inmediatamente se activara una multitud de militantes de una causa justa por la defensa de la democracia, la libertad y la vida. En realidad, las encuestas lo muestran con una favorabilidad de menos del 30%, lo que supone escaso margen para reelegir su ideario.

“Los proyectos políticos no son el objetivo, son un medio. Son solo un instrumento. El objetivo es el poder para el pueblo y el cambio de la historia y la transformación social. Se nos olvida y volvemos la organización el objetivo”, dijo Petro a la militancia de la Colombia Humana en un enérgico pronunciamiento exigiendo la unidad de la izquierda democrática, para, según él, no cometer la estupidez de echar a la caneca de la historia los avances alcanzados por el primer Gobierno de izquierda en los últimos cien años.

¿Cuáles avances?, se preguntarán la oposición y los incrédulos. Petro responde: “En este Gobierno nadie se ha matado, a nadie se ha mandado a la cárcel por sus ideas políticas. En este Gobierno se ha demostrado cómo vivir en democracia, cosa a la cual no estaban acostumbrados los colombianos, porque no vivían en democracia”. Lo dijo con tal convencimiento, como si para vivir en democracia no bastara con haber sido elegido libremente y con plenas garantías por más de 11 millones y medio de personas.

Petro actúa desde ya como jefe de debate del candidato que surja del proceso de unidad de la izquierda, y ha trazado un escenario que le conviene: el de la polarización, que no dejaría campo al centro político. “Hay dos proyectos políticos en competencia, en la lucha”, dijo. “El de volver atrás, de exclusión de las mayorías, de la desigualdad social... y el de salir de ahí, para construir una sociedad democrática y justa”.

Petro, el presidente y jefe de debate de la campaña presidencial de 2026, ha lanzado a la militancia de la izquierda democrática a buscar la unidad, pero sobre todo a luchar en las calles, en las veredas, en los pueblos, por la defensa de su Gobierno y la organización de los sectores sociales, para que salgan a defender las reformas que el Congreso ha bloqueado o se han caído en el control constitucional, y que Petro, en estado delirante de campaña, condena como un acto de debida obediencia de los magistrados de las altas cortes a sus jefes políticos, poniendo en duda la independencia de la justicia.

El objetivo de Petro, el reformista y revolucionario, es contundente para ganar las elecciones en 2026: “Acumulación de poder popular, no disolución, no desagregación, no sectarismo, no degradación personal cuando debemos en este momento histórico fundirnos con la población y desatar las multitudes, porque solo las multitudes son capaces de cambiar a Colombia”, finalizó su intervención el pasado domingo.

Lo que viene, entonces, es la búsqueda del poder constituyente, la organización de las multitudes, para presionar la aprobación de las reformas, la unidad de la izquierda, la reelección del proyecto petrista y la obtención del poder para el pueblo, la obsesión del jefe del Estado. Petro el inconforme juega duro. Quiere más.

Bogotá, D. E, 26 de agosto 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

“Sí el Congreso no se muestra inclinado a respetar las normas que rigen el procedimiento del debate democrático en las comisiones y en las plenarias, pues podríamos decir que en el templo mismo de producción de las leyes -que debemos tratar con gran respeto y admiración- se pasan por alto, una y otra vez, aspectos fundamentales de la vida democrática. Absurdo...”

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Los asuntos electorales son una cuestión de máxima importancia en una democracia. Se supone que las regulaciones existentes son el resultado de un cuidadoso consenso político entre las fuerzas políticas y la sociedad. Entrar a modificar los temas electorales es un riesgo enorme a no ser que ello esté precedido de un consenso entre las fuerzas políticas y, naturalmente, fundamentado en un apoyo de la sociedad.

Es que las instituciones electorales, su legitimidad, su transparencia, su integración, y su funcionamiento exigen los más altos estándares de comportamiento político. Con respecto a ellos no puede haber dudas, suspicacias ni rumores de ninguna naturaleza. Solamente debe haber una confianza universal que es la que, finalmente, da legitimidad al proceso electoral. Y en democracias que tienen un Estado de Derecho fuerte, como la colombiana, el Consejo de Estado es el que dirime finalmente los desacuerdos que existan con respecto a una elección, a un proceso electoral, o a la adjudicación de sillas a una determinada fuerza política. Así lo hemos visto en varias ocasiones.

Por segunda vez la Corte se ha visto obligada a declarar inconstitucional la reforma del Código Electoral. Así ocurrió en el 2022 y, de la misma manera, ahora en el 2024. Nada más complejo y difícil para una Corte como la Constitucional en Colombia, porque se supone que el código una vez aprobado, lleva el sello de todas las fuerzas políticas y refleja un consenso nacional.

En dos ocasiones ha tenido que declarar inconstitucional la correspondiente ley estatutaria no tanto por desacuerdos con el contenido sustantivo de la ley, sino por fallas fundamentales que tienen que ver con el cumplimiento del debido procedimiento legislativo. Y lo que más sorprende es que en ambas ocasiones este tipo de fallas parecen haberse repetido, como si a los miembros del Congreso o a las fuerzas políticas a las que ellos pertenecen no les importara el respeto por el procedimiento legislativo, que es una garantía esencial del debate democrático. Si no existe ese respeto a los trámites que se han establecido y han sido aceptados por el propio Congreso, es más planteados por el mismo, si el Congreso no se muestra inclinado a respetar las normas que rigen el procedimiento del debate democrático en las comisiones y en las plenarias, pues podríamos decir que en el templo mismo de producción de las leyes -que debemos tratar con gran respeto y admiración- se pasan por alto, una y otra vez, aspectos fundamentales de la vida democrática. Absurdo...

La lectura de los informes de prensa muestra que en 2022 como ahora, el Congreso incurrió en vicios de procedimiento notorios que hacían inevitable que la Corte se viera obligada a declarar la inconstitucionalidad de estas propuestas. En el caso más reciente, por unanimidad, la Corte declaró inconstitucional el proyecto de ley estatutaria 111 de 2022. ¿Cómo es posible que el Registrador, el Consejo Nacional Electoral y los congresistas incurran en errores obvios como, por ejemplo, la inexistencia de un estudio del impacto fiscal, que no hubo la consulta previa en relación algunas circunscripciones indígenas y que además el trámite fue tan rápido que no hubo una discusión real en el legislativo? Asombroso porque lo que se está diciendo es que había un consenso para aprobar esa ley estatutaria y ¿entonces por qué no cumplir con los mínimos requisitos para su correcta aprobación? Inexplicable. Como ya se dijo, la reforma aprobada a finales del 2020 había sido declarada inconstitucional por vicios de procedimiento en abril de 2022. Y se dice que en ésta como en la ocasión anterior hubo voces del Congreso que denunciaron las fallas de procedimiento sin que se tomaran en cuenta.

Bogotá, D. C, 19 de agosto 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

“Que el gas natural -que ya empieza a faltar y que escaseará dramáticamente a partir del 2025- cuando se proyecta que perderemos la auto suficiencia gasífera teniéndola que suplir con importaciones de gas natural explotado en otras latitudes que utilizan también el malhadado fracking: No importa”.

Por Juan Camilo Restrepo*. - A medida que pasan las semanas -ya transcurrieron dos años- se va llegando a una conclusión simple pero inquietante sobre el estilo de gobierno de Gustavo Petro: cree tener más facultades que las que la Constitución y la Ley le otorgan.

Lo que conduce a que al ejercer esas facultades chapuceramente termina haciéndole más mal al país de lo que se sospecha.

Un campo en el que se ha engolosinado en imponer arbitrariamente atribuciones que no tiene, es en Ecopetrol. Petro considera que, porque el Estado tiene un poco más del 80% de las acciones de la petrolera colombiana, le permite imponer su acalorado criterio en asuntos que son del resorte de la junta directiva de la petrolera. La cual debe responderle no solo al accionista mayoritario sino a los más de 200.000 accionistas privados que tiene la empresa.

Hace algunos meses escribí desde estas columnas lo siguiente, que es bueno refrescar en esta ocasión: “atención: el Gobierno, a pesar de tener el 88.5% de las acciones de Ecopetrol, no puede imponer a los accionistas minoritarios lo que le venga en gana”.

El estatuto jurídico que transformó a Ecopetrol en empresa de economía mixta en 2006 es muy claro al respecto cuando en su artículo sexto dispone: "Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarios para para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol, una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa".

Con esta norma se quiso revestir a Ecopetrol de un estatuto regido por las normas del derecho privado y evitar así simplemente por disponer de una mayoría accionaria, pudiera actuar de manera arbitraria imponiendo sus puntos de vista sin otro argumento que el de la fuerza de su participación en el capital de Ecopetrol.

Respetar lo dispuesto en el artículo sexto de la ley 1118 de 2006 debe ser regla de conducta no solo de obligatoria observancia sino de buen juicio, para que Ecopetrol goce de credibilidad en los mercados nacionales e internacionales”.

Las ideas anteriores las he recordado al saber que el presidente Petro, sin tener facultades, repito, para ello, vetó la participación de Ecopetrol en el proyecto Oslo que buscaba adelantar en compañía de OXI un atractivo programa de explotación de hidrocarburos en el Permian norteamericano. Proyecto que había sido estudiado y aprobado por la junta directiva de Ecopetrol y que le hubiera   representaba a la empresa amplios beneficios como los de aumentar su proyección de utilidades en un 15%, contrarrestar la caída inquietante de reservas que trae, y aumentar los índices de producción.

Solo tenía este proyecto un problema: se iba a realizar en territorio norteamericano, pero utilizando en sistema de fracturación hidráulica que no se lo pueden tragar ni Petro ni sus asesores ambientalistas.

Que el tracking se iba a hacer en Estados Unidos y no en Colombia: no importa

Que el fracking le ha permitido a los Estados Unidos convertirse en el primer productor y exportador de hidrocarburos del mundo, principalmente de gas, y que íbamos entonces a participar en esa estupenda aventura participando como socios de OXI en una promisoria asociación: no importa.

Que el gas natural -que ya empieza a faltar y que escaseará dramáticamente a partir del 2025- cuando se proyecta que perderemos la auto suficiencia gasífera teniéndola que suplir con importaciones de gas natural explotado en otras latitudes que utilizan también el malhadado fracking: No importa.

Al inquilino de la Casa de Nariño le importan un bledo todas estas razones, como también lo tiene sin cuidado que el proyecto hubiera sido estudiado y aprobado por una mayoría de 7 a 9 por la junta directiva de Ecopetrol.

El capricho de la presidencia -sin tener facultades para ello repito- era vetar el proyecto OSLO y así lo hizo. Hasta la misma junta directiva que hacía pocos días había aprobado con entusiasmo el proyecto se quedó muda como una ostra ante tan brusca orden presidencial.

Uno pensaría que su dogmatismo energético está acompañado de profundos conocimientos sobre la materia. Pues resulta que no es así. No es más que la expresión soberbia de un empecinamiento pando y equivocado de la situación energética, sobre la cual impone más caprichos que evidencias científicas.

Me llamó por ejemplo la atención que en el foro sobre la reactivación económica que tuvo lugar en Manizales, el presidente dijo enfática y doctoralmente (y sin que se le despeinara uno solo pelo de sus recientes implantes) que en los mercados internacionales los crudos ligeros (como el de Arabia Saudita) eran más baratos que los crudos pesados (como los de la franja venezolana del Orinoco) que se cotizaban más caros, dijo. Cuando es todo lo contrario.

Esta ligereza podría pasársele como una pasajera imprecisión de quien no pretenda imponerle una política energética a Colombia. Pero no a quien está todos los días dogmatizando sobre materias energéticas. Con más abuso de sus atribuciones que con conocimientos serios sobre la materia. Y con más prepotencia que razón.

Bogotá, D. C, 18 de agosto 2024

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.