Opinión
Por Guillermo García Realpe*.- La semana que concluyó, al igual que todos los años, es una temporada de reflexión, de recogimiento, de nuevos propósitos, de fijar nuevas tareas sobre todo en el campo espiritual, sin embargo, se presentaron actos despiadados en muchas regiones del país que van en contravía de nuestro Medio Ambiente y de los derechos de nuestros animales.
Por un lado, el ELN atento de manera grave, nuevamente contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, afectando uno de los paraísos naturales más lindos del oriente colombiano, Pozo Azul, en el Catatumbo, quedó convertido en un escenario completamente devastado por cuenta del derramamiento de petróleo generado por este acto vandálico.
Nadie se explica en el país, tampoco en el mundo, cómo una guerrilla que dice querer la Paz arremete contra lo más preciado: el agua, la naturaleza, el medio ambiente, la fauna, la flora y por supuesto con la vida de sus mismos connacionales.
Por otro lado, tenemos el grave avance de la deforestación en extensas regiones colombianas que están acabando con nuestros bosques y nuestro Medio Ambiente, 220 mil hectáreas devastadas en el último año y lo más lamentable en departamentos que hacen parte de nuestra Amazonia y Orinoquía.
Es un tema que debe ser del interés de todos, no solo de unos pocos ambientalistas que hacen ingentes esfuerzos de sensibilización y pro cuidado ambiental, sino de todos los colombianos.
Mientras miramos la tragedia sucedida con la incinerada catedral de Notre Dame en París, en un episodio triste que lamentamos por todo lo que representa para la humanidad y la historia, y nos conmovemos por este triste episodio, pero también tenemos que solidarizarnos con lo grave que sucede en materia ambiental en nuestro país. Tenemos que valorar lo que tenemos. Necesitamos también despertar la sensibilidad del mundo entero para preservar este recurso esencial de la humanidad, como lo es nuestra Amazonia.
Es por esto que en próximos días citaremos un debate en el Congreso de la República sobre la deforestación en Colombia, esperamos que a este control político acudan los ministros del ramo, Fiscalía, Procuraduría, directores de Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales y otros protagonistas que tienen incidencia directa con esta problemática y busquemos alternativas de fondo que permitan frenar este flagelo en nuestro país.
De otro lado, en la reciente Semana Santa, el país fue testigo de despiadados casos de maltrato animal, uno de los más conocidos, el protagonizado en la ciudad de Pasto, por un funcionario de la ONU en Colombia, de nombre Juan Vásquez, fue sorprendido al interior de un ascensor maltratanto de forma brutal a su mascota.
Esperamos que la Misión de la ONU en Colombia, en un mensaje claro de respeto por los animales retire de su cargo a éste funcionario que a todas luces traspaso los límites de tolerancia y de buen trato hacia estos seres indefensos.
No podemos permitir que en Colombia se repitan este tipo de hechos que afectan la sana convivencia, que vulnera los Derechos de los animales y que va en detrimento de la Paz con la Naturaleza.
Por eso, desde el Senado de la República seguiremos alzando la voz, defendiendo nuestro Medio Ambiente, los derechos de nuestros animales como seres sintientes que son, hablando por nuestros campesinos, defendiendo la Paz, y buscando que el país avance por la ruta de la reconciliación nacional.
Pasto, 22 de abril de 2019
Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Juan Carlos Bocanegra Chacón*.- “De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla.” Henry David Thoreau.
El cuidado de nuestra casa es una de las cosas que más empeño le colocamos. Sin importar si es propia o arrendada, grande o pequeña, procuramos tenerla aseada, sus pisos brillantes, sus paredes impecables y hacemos todo lo posible por adecuarla para sentirnos a gusto en ella.
No en vano las paredes y el techo donde vivimos le dedicamos un cuidado significativo, es el espacio donde existimos plenamente con nuestra familia, compartimos con nuestros seres queridos y es donde nos sentimos seguros y protegidos. Sin embargo, existe una casa aún más importante que hemos maltratado y, equivocados al pensar que es ajena, la hemos descuidado por completo: nuestro planeta tierra.
Hoy, 22 de abril, celebramos el día internacional de la tierra gracias a las manifestaciones en defensa del medio ambiente realizadas por el político estadounidense Gaylord Nelson en los años 70. Internacionalmente esta fecha es reconocida por rendirle homenaje al hogar de todos, tomar conciencia sobre el daño que le hemos hecho y los cuidados que debemos tener con el entorno que día a día interactuamos.
Entendiendo que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestras vidas, también hemos de reconocer que sus recursos son limitados si no sabemos darle un uso adecuado. No necesitamos ser científicos o expertos para que desde nuestro actuar diario podamos aportar al cuidado del medio ambiente.
Ahorrar agua en las actividades de aseo, usar medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, utilizar la energía eléctrica estrictamente para lo necesario, reciclar y no contaminar con basura nuestros ríos y bosques, son entre otras acciones, medidas de gran impacto que el planeta y su biodiversidad nos agradecerán.
En el plano local debemos cambiar nuestra cultura urgentemente. Según el último informe de Calidad Ambiental Urbana realizado por el Ministerio de Ambiente, Cúcuta tiene el índice de calidad ambiental más bajo del país. No es sorpresa lo anterior al ver como el rio Pamplonita es una víctima diaria de los atropellos contaminantes ocasionados por algunas personas. También, la explotación minera en la zona rural ha secado varios nacientes de agua y nuestra ciudad a pesar de ser reconocida como “la ciudad verde”, no supera el metro cuadrado de zona verde por habitante.
La solución para proteger el medio ambiente la pueden direccionar los gobernantes por medio de políticas públicas efectivas en esta materia. Pero sobre todo eso, el mejor remedio lo damos cada uno de nosotros, y cuando aceptemos que nuestra casa es aquel mundo que estamos tomando prestado de nuestros hijos, vamos a valorarla mejor. El suelo que pisamos, el aire que respiramos y todo lo que comemos y bebemos pertenece a esa herencia que le dejaremos a las futuras generaciones, así que está en nuestras manos cuidarla mejor.
Cúcuta, 22 de abril de 2019
* Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Cuando se negoció el acuerdo de paz con las Farc, para poner fin a la guerra, se reconoció como una de las causas principales del conflicto armado, la disputa por las tierras rurales en el país. El despojo violento, la usurpación, la informalidad en las transacciones sobre la tierra, el acaparamiento, la apropiación de baldíos, el desecamiento de ciénagas y humedales para correr las cercas y ganarle tierra al agua, la tala indiscriminada de bosques para ampliar la frontera agrícola, la adjudicación de tierras de manera ilegal a quienes no tenían derecho a recibirlas, son situaciones que históricamente han ocurrido en nuestro país. Durante un siglo el Estado colombiano ha intentado crear marcos legales, entidades y procesos que permitan prevenir y reversar estas situaciones.
Es indudable que la construcción de paz en Colombia pasa por el cumplimiento del punto agrario del acuerdo, que incluye un reparto de tres millones de hectáreas para población campesina, a partir de las tierras que alimentan el fondo de tierras. Las cuales en su mayoría corresponden a baldíos que el Estado debe recuperar a través de actuaciones administrativas de la entidad agraria, de procesos para identificar, deslindar y recuperar materialmente terrenos de la Nación, en cumplimiento de la ley 160 de 1994. Básicamente, la construcción de paz implica cumplir la finalidad del Estado Social de Derecho de avanzar en el cumplimiento de la reforma agraria.
Dándole la espalda a este compromiso histórico, el Plan Nacional de Desarrollo omite dar cumplimiento al elemento de reforma agraria del acuerdo de paz, y ahora, mediante injertos a dicho Plan de Desarrollo, se intenta reformar de manera subrepticia la legislación agraria, introduciendo “micos” para sanear la apropiación ilegal e ilegítima de baldíos por parte de particulares que aprovechándose del desorden del Estado en la administración de sus territorios se hicieron a tierras de mala manera. Estamos ante una contra reforma disfrazada.
Legalizar el despojo de baldíos de la Nación, vía prescripción judicial, burla la línea jurisprudencial de las altas cortes sobre imprescriptibilidad de baldíos, en especial de la Corte Constitucional que ha vuelto a desempolvar la discusión sobre la necesidad de que el Estado cense e identifique todas sus tierras para prevenir la apropiación ilegal por particulares y el consecuente detrimento patrimonial del Estado (recordar sentencia T-488 de 2014). Además, cambia la destinación de estos bienes públicos que pasan de ser la base para una reforma agraria, a una privatización de tierras en pocas manos.
La reforma agraria de último minuto que se está cocinando en el Congreso, busca derogar la prohibición de la concentración de tierras, avalándola para casos de utilidad pública e interés social, sin las salvaguardas y limitaciones que había fijado la Corte Constitucional a propósito de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- Zidres, tales como: dar prioridad a la dotación de tierras a la población campesina y étnica, respetar normas ambientales, hacer alianzas en condiciones de equidad y respeto entre grandes, pequeños y medianos.
La contra reforma es tal que además de permitir la prescripción y apropiación del patrimonio público, y avalar sin términos la concentración de tierras, también reconoce una nueva categoría de “expectativas de propiedad” que prácticamente pretende constituir un nuevo derecho real de privados sobre tierras públicas, esto último sin aplicación siquiera de los límites de la Unidad Agrícola Familiar.
Algunos miembros del partido Centro Democrático están, pues, interesados en borrar de un plumazo la política agraria progresista que se dio Colombia a partir de los acuerdos de paz. Y muy especialmente del punto número 1 dedicado a la transformación rural integral. Estamos, pues, frente a un intento de contra reforma que busca entrar de puntillas, sin dar la cara, aprovechándose de ese desorden monumental en que se ha convertido el Plan de Desarrollo.
Y mientras tanto, el gobierno -que dice respaldar los acuerdos de paz- callado.
Bogotá, D. C, 21 de abril de 2019
*Abogado, Economista y Exministro de Estado.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El título de esta columna no se refiere a las consecuencias del reciente bloqueo de la carretera Cali-Popayán, ni al desencuentro del presidente Duque con la minga indígena después de levantado el bloqueo. La gran vergüenza de la Vía Pana-mericana en el suroccidente del país es que, a pesar de su gran importancia estratégica para el país, es todavía una carreterita de muy bajas especificaciones. Lo peor de todo es que no hay ni siquiera planes para construir una verdadera autopista de doble calzada.
La Vía Panamericana es la única conexión terrestre de Colombia con el sur del continente, con un alto volumen de tránsito tanto de pasajeros como de carga pues es el paso obligado de buena parte de las mercancías que vendemos a países como Ecuador y Perú. Desde el norte y centro del país hasta Cali se cuenta ya, o están en proceso de construcción con buena parte de los tramos en doble calzada; pero desde allí hacia el sur es una vía con especificaciones del siglo pasado.
Para recorrer hoy los 490 km del trayecto Cali-Rumichaca (en la frontera con el Ecuador) un carro puede demorar más de 10 horas (si no encuentra derrumbes) y un vehículo de transporte de carga el doble o más. Solo los primeros 50 km hasta Santander de Quilichao son de doble calzada, mientras que el resto es una vía de calzada sencilla donde la velocidad promedio no llega a los 50 km/hora.
Dentro del programa de concesiones de carreteras 4G están incluidos solo dos tramos de esta vía: 76 km, de Santander de Quilichao a Popayán y 82 km de Pasto a Rumichaca. Para el trayecto más largo, los 250 km de Popayán a Pasto no hay ningún proyecto de concesión en marcha y continuará siendo el cuello de botella de la vía, con el descenso al cañón del río Patía. Para colmo de males, de los dos tramos concesionados desde hace casi 4 años, el primero no ha podido comenzar y el segundo tiene un avance de menos del 8% de las obras.
Es totalmente desproporcionada la poca participación que tiene este trayecto de la Panamericana dentro del programa de concesiones 4G. En efecto, este contempla la construcción de 8.500 Km de carreteras con una inversión cercana a los $45 billones, lo que significa que las nuevas vías en la ruta Cali-Rumichaca serán solo el 2% del total construido. Como referencia cabe recordar que en las Autopistas de la Prosperidad en Antioquia se están construyendo 1.200 km, es decir el 15% del total, y en la región Caribe 1.500 km, el 18% del total.
La vergüenza de los colombianos es pasar el puente internacional de Rumichaca y entrar al sistema de carreteras del Ecuador, frente a las cuales las vía Panamericana del antaño “coloso del norte” parece casi una trocha.
Cali, 21 de abril de 2019
*Folósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.-Es una realidad que el mundo entero transita por la senda de la transición energética, migrando desde las energías de orígen fósil hacia aquellas fuentes no convencionales de energías renovables y limpias, pero también es cierto que en aquellos países en donde históricamente se ha dependido de aquellas, tienen en los recursos que genera su explotación la fuente de financiación de dicha transición.
Así lo han entendido los Emiratos árabes, que cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo y otros países, como es el caso de Chile, que paulatinamente ha venido diversificando su economía y reduciendo su dependencia con respecto al cobre. Y no hay que olvidar, la transición energética es tecnológica y la manera de avanzar por esta vía es conectando la materia prima con la materia gris, mediante la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
Según la OCDE “la economía de Colombia continúa dependiendo de los recursos naturales y cada vez lo hace en mayor medida...Hace dos años, la producción primaria y la minería representaron un 80% de las exportaciones, diez puntos porcentuales más que en 1991”. De allí que, como lo acota la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, “la recomendación central de la OCDE es categórica, Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.
Como es apenas obvio, la transición energética es un proceso gradual, no es dable pensar que se pueda dar como si fuera un salto de garrocha. Conscientes de ello, el mundo y Colombia no es la excepción, han venido tendiendo puentes que sirven de rampa para llegar al objetivo propuesto. En este sentido, Colombia se hizo parte del Acuerdo de París, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017 y se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del cual fue además su promotor y propulsor, suscritos en 2015.
El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) deja claramente establecidos dos pactos con el sector energético, el primero “por la calidad y eficiencia de servicios públicos para promover la competitividad y el bienestar de todos” y el segundo “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. A ello habrá de contribuir el “fortalecimiento de la Comisión para el uso Racional y Eficiente de Energía (URE) y fuentes no convencionales y la inclusión de metas obligatorias de eficiencia energética en el Programa de uso racional y eficiente de energía” incluido en las Bases del Plan.
Al considerar el PND la “energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, la Red Nacional de Tecnoparques del SENA que trae el Plan incluye a los biocombustibles entre los sectores a apoyar, junto con las energías verdes, con “proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación”. La emergencia que afrontan en este momento, especialmente, Bogotá y Medellín, que obligó a sus alcaldes a extremar medidas para paliar la contaminación de estas urbes, hacen imperativo reducir las emisiones de GEI de su parque automotor. Y para lograrlo, como se dice en el proyecto del PND, hay que “utilizar eficientemente los recursos, incorporar teconologías vehiculares de cero o bajas emisiones” y, entre estas últimas está la mezcla de los biocombustibles como parte de la solución. Lástima que nada se dice en el proyecto sobre la necesidad de incrementar el porcentaje de las mezclas, toda vez que a mayor porcentaje de mezclas la reducción de las emisiones de GEI es mayor.
La “consolidación de la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética” que plantea las Bases del Plan va en la dirección correcta. Como se recordará en el año 2014 fué expedida la Ley 1715 mediante la cual “se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Recientemente se adjudicaron los primeros 1.160 MW de potencia, entre eólicos y solares, dándose así el primer paso en firme para integrar las fuentes no convencionales de generación a la matríz energética.
Es de destacar también la modificación que se propone del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, ya que a través de este proyecto se está extendiendo el incentivo de la deducción anual de su renta al ejecutor de los proyectos de generación a partir de FNCER el “50% del valor de la inversión realizada” de 5 años que contempla la Ley a 30 años, “como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, la gestión eficiente de la energía”. Este es un gran apoyo e impulso a las energías renovables y limpias en este país.
Finalmente, nos parece muy atinada la iniciativa que trae las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. Este es un paso primordial para la consolidación del proceso de transición energética, para que esta se asuma como política de Estado y no como política de gobierno.
El Peñol, abril 19 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía *.- Semana Santa es nuestra oportunidad de cruzar la mirada con Jesús, de vivir su PASO por nuestras vidas.
La Iglesia en Cali convoca a los fieles y a quienes buscan un nuevo acercamiento a la persona del Señor Jesús, revelación de Dios en nuestra propia naturaleza y realidad humana, a abrirle la agenda, la casa y el corazón a los días santos.
Las parroquias y centros de culto estarán también abiertos y dedicados a la liturgia, a las celebraciones y al sacramento de la reconciliación con Dios que el mismo Cristo nos confió.
CONFESAR LA VERDAD se ha convertido en el gran desafío de nuestras vidas. Es el acto de encontrarse con Cristo y dejar que él rescate la conciencia de cada persona, difusa en las cosas y afanes de la vida. Tomar conciencia de lo que estoy siendo y haciendo, junto a Jesús, nos abre a la gracia del CAMBIO DE ACTITUD ante la vida, las relaciones con los demás y la percepción de los acontecimientos.
Es la gracia de detenerse y agradecer, de escuchar una palabra iluminadora y reconocer mi parte en las cosas. Es la gracia de vivir la vida como proceso de conversión permanente.
El sacramento de la CONFESIÓN nos permite este ejercicio de cinco puntos: *examen de conciencia, *contrición de corazón, *propósito de enmienda, *confesión de boca y *satisfacción de obra.
Este ejercicio es también el que debemos aplicar a nuestra vida de parejas y esposos, de corrección fraterna en familias y comunidades de vida. Y, por supuesto, en la construcción de paz y reconciliación que las realidades nos reclaman a todos.
CONFESAR LA VERDAD que nos hace libres en Jesús y abre la puerta al perdón, la corrección y la reparación es también la opción para una sociedad herida, en la que algunos hacen víctimas a muchos, en la que todos necesitamos oportunidad de vida y de cambio, de reconciliación y paz.
Este es el GRAN DESAFÍO que Dios, en Jesús, nos hace ahora y aquí.
Respondámosle con decisión.
Cali, 20 de abril de 2019
* Arzobispo de Cali
Entrevistado por un medio, Collier concluye que: “Hay una Colombia moderna y otra que se queda atrás”, y uno de los síntomas es “la división entre las aglomeraciones urbanas prósperas y las regiones rurales (pobres)”. El camino para cerrar esa brecha no es menos acertado: “No necesitamos una sociedad al estilo Robin Hood en la que se cobran impuestos a los ricos y se les da dinero a los pobres para redistribuir el consumo (algo así como la Colombia Humana). Necesitamos una en la cual la acción intencional sea aumentar la productividad de ese país rezagado…”.
Qué bueno que un prestigioso experto internacional llegue a una conclusión que coincide con el reclamo histórico de los gremios agropecuarios, siempre desoído, quizás por esa incapacidad muy nuestra de no reconocernos en el espejo, de necesitar validadores externos, y lo más grave, de no obrar en consecuencia, de posponer las soluciones en pro de las urgencias, políticamente más convenientes, de las grandes urbes y de sectores económicos con mayor influencia ante el poder.
En una reflexión convertida en libro, a la que me atreví hace algunos años –Posconflicto y Desarrollo–, dediqué un capítulo al “Sesgo anti-rural” de los modelos de desarrollo y las políticas públicas. Hoy vuelvo sobre mis palabras:
“Hay acuerdo total en cuanto al valor estratégico del campo y de la producción agropecuaria, no sólo frente a los retos del desarrollo sino –más importante aún– frente a la urgencia de la paz como anhelo colectivo y condición para el crecimiento: la paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”.
No obstante, las acciones no han respondido a ese “consenso”. El campo se quedó sin amigos; fue abandonado “…cuando dejó de ser “la estrella” del quehacer económico y la generación de riqueza, desplazado primero por la industria, a la cual parió y alimentó a costa de su propia supervivencia, y luego por los llamados sectores modernos, más urbanos, más seguros y, sobre todo, más rentables; pero no porque necesariamente lo fueran, sino porque, asentados en los centros de poder, contaron desde su nacimiento con la protección y el apoyo del Estado, que le fueron arrebatados al sector rural”.
Definitivamente, el atraso, la pobreza y la violencia en el campo no obedecen, como parlotea la izquierda, a la presunta excesiva concentración de la tierra; obedecen a la ausencia total del Estado. El mapa de la presencia del narcotráfico, de los elenos, las disidencias y demás maleantes, se superpone al de la ausencia del Estado con bienes públicos (carreteras, acueductos, escuelas, hospitales) e instituciones (juzgados, notarías, entidades del sector agropecuario). Sin ese sustento, además, no es fácil apoyar la asociatividad de los pequeños productores para que, sumados, dejen de serlo; no es fácil conectarlos con los mercados ni convocar la inversión privada que genera empleo.
Frente a la urgencia de derrotar los cultivos ilícitos, consolidar una verdadera paz y sustituir la dependencia minero energética, la producción agropecuaria es una gran oportunidad, ante lo cual es válida la ruta de Collier, formulada desde siempre por los gremios agropecuarios: Una acción intencional de la política pública para aumentar la productividad de ese país rezagado, con inversión en bienes públicos, educación y presencia institucional del Estado. No hay otra.
Bogotá, D. C, 20 de abril de 2019
*Presidente de Fedegan
Por Gabriel Ortiz*-.Colombia avanza rápidamente hacia una deforestación que puede acabar de tajo con la extraordinaria riqueza con la que nos dotó la naturaleza y que nos ha convertido en un lugar súper apetecido por los buenos y por los malos.
El del Ministerio del Medio Ambiente, ha accionado de nuevo con la alarma que, desde hace varios años fue activada por los diferentes gobiernos y entidades nacionales, y por numerosas organizaciones locales y mundiales, que se encargan de cuidar los recursos de los que dependen las actuales y futuras generaciones de Colombianos y habitantes del mundo.
Las hojas caen y, tras ellas las ramas y los troncos de los árboles que nos mantienen aún el lugar sobresaliente en materia de biodiversidad. Aparecen a diario enfermedades que se convierten en epidemias, por la contaminación, producto de la deforestación y acelerada aparición de fuentes de polución y envenenamiento del medio ambiente.
Los dos fenómenos marchan al unísono y multiplican los peligros para una población, que goza y se lucra con el estado actual de las cosas que nos agobian y nos llevan al deterioro de la vida que merece el ser humano.
A nadie le duele, a muy pocos les preocupa que se tale un árbol, se incinere o se utilice sin necesidad. La industria los aprovecha, pero no los repone. Las selvas cada vez son más precarias. Las fotos satelitales y aéreas, muestran como le llega la calvicie a esa gran riqueza que podría calmar la sed a este globo.
Contrasta la acción de esos industriales con espíritu ecológico que invierten ingentes cantidades de dinero para producir guardando el saneamiento ambiental, con aquellos que solo quieren engrosar sus arcas, sin importarles el planeta. Vemos como la industria automotriz avanza en tecnología para minimizar los gases nocivos. Pero hay otra que aprovecha a los venales para vender y salir de las existencias de vehículos descontinuados, por ser altamente contaminadores, pero que gracias a ellos, pasean sus chimeneas a lo largo y ancho de las ciudades. Bogotá, una de ellas, muestra una alta contaminación que enferma a su población, especialmente a la infantil, con serias alteraciones pulmonares crónicas.
Y nada hay que hacer, porque a nadie le duele lo que está pasando, mientras esta tala incontrolada del bosque continúe.
Esta Semana Santa, podría revivir la costumbre que existía para motivar a los estudiantes para que siembren árboles y volvamos a repoblar selvas, campos y ciudades de vida sana, limpia y prometedora.
En Colombia no hay cultura para ello. Los narcos tumban selva para su coca, los ganaderos sin rubor incendian grandes extensiones para hacer potreros y así cada quien aprovecha la falta de cultura y la ausencia de gobierno. Y en Bogotá, si Peñalosa ve un árbol, se inventa un parque pavimentado.
Necesitamos con urgencia entrar por la ruta ecológica, antes de que sea tarde; antes de que hasta los tanques de oxígeno escaseen y solo queden unos pocos ataúdes de madera, para sepultar a los últimos que aún habiten en las ruinas que queden en este planeta.
BLANCO: Vale la pena pensar en controlar el oro. Otro contaminador en todos los órdenes.
NEGRO: El fallecimiento del expresidente Alan García. Y Odebrecht ahí.
Bogotá, D. C, 18 de abril de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva
Por Guillermo García Realpe*.- Durante 27 días, casi todo el mes de marzo, el sur colombiano se conmocionó por el bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán por parte de la minga indígena caucana que destaponó la vía por el anunciado y frustrado encuentro con el Presidente Iván Duque.
Nos alegramos mucho porque regreso la transitabilidad de carga, productos, pasajeros y usuarios de la vía, pero todos sabemos que la minga sigue y en estado de una movilización inconclusa.
Muchas lecciones tenemos, la primera es que el Gobierno Nacional no fue precavido y no adelantó un diálogo con las comunidades indígenas que pudo haber evitado, no la movilización, pero sí el bloqueo.
Nuestro reconocimiento a la labor misional, casi de apóstol de la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y de la Directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, quienes durante más de quince días estuvieron al frente de las conversaciones con los dirigentes indígenas, tanto en Santander de Quilichao, como en la vía a Buenaventura, con un incidente muy grave de por medio.
Pero, se les vio solas a estas preocupadas funcionarias, no las acompañaron más ministros de otros sectores importantes, y de interés para los reclamantes.
Dolorosa la muerte del policía Boris Benítez y del comunero Deiner Yunda, toda muerte es dolorosa, pero mucho más, las muertes que se pudieron haber evitado y se pudieron haber evitado con el diálogo previo que no se realizó.
Pero pudo haber sucedido cosas más graves, incidentes más dolorosos, al fin se impuso el buen criterio de la Fuerza Pública que con un manejo ponderado hizo caso omiso de voces extremistas de la derecha recalcitrante que pretendían la apertura de la vía a sangre y fuego.
El expresidente ÁLvaro Uribe, fue el más extremista, con sus trinos que hoy reemplazan los tambores de guerra y de muerte.
Formalmente el diálogo aunque inconcluso, se impuso, el buen sentido común se impuso, tenemos una vía funcional.
Pero quedan lecciones aún más y de fondo. El sur del país es un territorio diverso, de enormes potencialidades no desarrolladas, pero muy vulnerable, un solo corredor vial es una gran limitación, necesitamos las transversales Pasto-Mocoa, Popayán-Isnos-Pitalito, desarrollar de manera integral el Puerto de Tumaco, como Puerto pesquero, de carga, de combustibles y de turismo y por supuesto la vía de Popayán a Güapi.
No estamos preparados para estas contingencias, también no existen planes para el manejo de estas adversidades. Colapsan nuestras poblaciones, y ciudades, el combustible no nos dura dos días, la salud se afecta, y no tenemos cómo comercializar nuestros productos y bienes de consumo.
En unas cuantas horas, 500 mil litros diarios de leche de pequeños productores nariñenses se ponen en riesgo de ser desechados, se impone la necesidad de una planta pulverizadora de leche, los paperos pierden en estas circunstancias decenas de miles de toneladas, definitivamente es una tragedia que se repite y no aprendemos de esto.
La movilización social campesina e indígena es una variable permanente, sus reclamaciones siempre justas que ni el Estado colombiano, ni los gobiernos regionales pueden desconocer, este es un hecho de vida en nuestro territorio, la descalificación no es la ruta de solución, es entender que nacimos y vivimos con esta diversidad cultural, social y económica.
El Sur, el Pacífico y la Amazonia, la zona más rica en generación de agua, de vida y de naturaleza en Colombia tiene estos componentes y debemos aceptarnos y ser conscientes que aquí debemos caber todos, sin descalificarnos.
La vida nos puso aquí, convivamos constructivamente, vivamos propositivamente en paz y dignidad.
Bogotá, D. C, 17 de abril de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.- Hablando de combustibles, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ocupa de dos asuntos espinosos y sensibles. En las Bases del Plan “se asignará a la CREG la regulación económica de los combustibles líquidos. Así mismo, la CREG revisará la metodología de formación de precio de combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, que incluya tanto el producto nacional como importado”. Ímproba tarea la que le estarían delegando a la CREG, en momentos en los que la Corte Constitucional le dió 2 años al Congreso de la República para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina que certifica mensualmente el Ministerio de Minas y Energía<.
El Congreso debería aprovechar esta oportunidad para hacerlo, aunque el proyecto plantea que “el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía revisarán el esquema de sobretasa que aplican los municipios para considerar los nuevos energéticos que se incorporen a la matriz para movilidad”. Por su parte el Ministerio de Minas y Energía, según se dice en las Bases del Plan, “revisará los subsidios del transporte de combustibles líquidos, gas combustible y crudo, asi como los de transporte en zonas especiales, zonas de frontera y diesel marino”. Y ya sabemos que cuando se habla de “revisar”, es el eufemismo que se usa para no decir abiertamente que de lo que se trata es de eliminar el subsidio.
Nos parece interesante la propuesta planteada en el artículo 30 del proyecto para dar cabida a la posibilidad de utilizar “instrumentos y/o contratos de cobertura financiera sobre los precios del petróleo o de los combustibles líquidos en el mercado internacional o sobre la tasa de cambio”, como una forma de enfrentar su volatilidad.
Otro aspecto que tiene que ver con el precio de los combustibles es el atinente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), respecto al cual tambien se plantea que “se hará una revisión...a fin de establecer una metodología que posibilite una estructura con sostenibilidad fiscal a largo plazo”. Se establece en el artículo 31 del proyecto que las “obligaciones derivadas de las cuentas por cobrar constituidas por la Nación al FEPC creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, prorrogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, se entenderá extintas a partir de la expedición de la presente Ley”, lo cual querría decir en buen romance que quedaría saldado el déficit de $14 billones que acusa el FEPC.
A renglón seguido se dice que “para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, antes del 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Hacienda realizará las operaciones necesarias para la extinción de la deuda de la que trata el presente artículo y de sus respectivos intereses”. Es decir, borrón y cuenta nueva. Pero nos asalta la inquietud de saber cuáles van a ser “las operaciones necesarias” que realizará el Ministerio de Hacienda para hacer desaparecer esa enorme deuda, como si fuera el mago Lorgia. Acaso el FEPC está al día con sus deudas con ECOPETROL y con REFICAR? El Ministerio de Hacienda se dará la pela? Allí queda una incognita.
En el artículo 32 del proyecto se tiene previsto que “el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso del productor (IP) de los combustibles líquidos y los biocombustibles, así como las tarifas y los márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución” Y añade que “el Ministerio de Hacienda determinará el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al público de los combustibles regulados, que se hará a través del FEPC”.
Tremendo lío en que se va a meter el Ministerio de Minas y Energía, porque resulta políticamente incorrecto todo aquello que redunde en un alza del precios de los combustibles, en momentos en los que la racionalidad, de cara a los compromisos adquiridos con los ODS, impone la necesidad de dar señales tendientes a desincentivar el consumo de los derivados del petróleo y no a estimularlo.
Compadezco al Ministro que le toque esta ingrata pero impostergable tarea. Si los precios de referencia no reflejan fielmente los costos en que se incurre, que siempre dejan por fuera los costos ocultos de lo que le cuesta al Estado el tratamiento de las enfermedades asociadas a la polución ambiental y las muertes que se le atribuyen, a poco andar reaparecerá y se agigantará nuevamente el déficit del FEPC (!).
Medellín, abril 16 de 2019
Wwww.amylkaracosta.net
*Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía. Miembro de Número de la ACCE.