Opinión
Los poderes del Estado no son una suerte de pandilleros disputándose a trompadas las calles de la convivencia institucional. Por el contrario, actuando dentro de sus espacios constitucionales, en un sistema de pesos y contrapesos, son el respaldo de la democracia.
Irresponsable la posición de quienes hacen terrorismo mediático con un “choque de trenes” que no existe, entre la Corte Constitucional y el Gobierno, porque este último, coherente con sus postulados y dentro de sus competencias, consideró inconvenientes –no inconstitucionales– seis de 193 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP.
Irrespetuosa con la Corte Constitucional la sugerencia ladina de que se “vengará” del Gobierno en su sentencia sobre el glifosato, por el “atrevimiento” de haber presentado objeciones de inconveniencia a una Ley que, por su condición estatutaria, exige examen constitucional previo y no posterior a la sanción del presidente, lo cual no inhibe su competencia de objetarla.
Descomedida, por decir lo menos, con la Corte y con el Gobierno, la pretensión de unos parlamentarios de que el Congreso deba consultarle a la Corte si puede o no asumir su competencia de debatir las objeciones presentadas a su consideración por el Gobierno. Atrevida la de cercenarle al Gobierno esa competencia de objetar parcialmente una ley, porque considera inconvenientes para el país algunos de sus artículos.
No creo que las objeciones, de ser aprobadas, hagan trizas el Acuerdo y la JEP. Creo en la coherencia del presidente, que habría traicionado si no las presenta. Creo en el talante democrático de su anuncio de acatar la decisión final. Al margen de los resultados, habrá cumplido con sus principios y compromisos.
Tampoco creo en el choque de trenes. Puedo estar en desacuerdo con algunas de sus sentencias, pero no veo a una Corte vindicativa y mezquina, dispuesta a sacrificar su respetabilidad por el burdo afán de “desquitarse” del Gobierno.
El narcotráfico, con sus terribles secuelas de violencia y, sobre todo, de ataque miserable a nuestros niños y jóvenes, además de todo tipo de delitos, no es un asunto menor con el que se pueda jugar a buenos y malos.
Un problema de la dimensión del que el país heredó del gobierno Santos, que recibió 48 mil hectáreas sembradas y entregó 200 mil, es, valga la comparación, una enfermedad terminal que no se puede curar con Mejorales sino con un tratamiento integral.
Aprendámosle en positivo a la guerrilla, pues la derrota del narcotráfico exige combinar todas las formas de lucha: Primero, la presencia del Estado, que garantiza legalidad, permite emprendimiento y genera equidad. Y mientras avanza ese “copamiento” institucional, presencia militar donde la violencia ha hecho metástasis; aspersión localizada y erradicación manual forzosas donde la Fuerza Pública pueda garantizar seguridad; erradicación voluntaria donde mejoran los síntomas socioculturales. Y claro, aspersión aérea al cultivo mafioso de coca en extensiones apartadas donde el mayor daño ambiental ya ha sido hecho con la deforestación de la selva.
Hay que abandonar debates maniqueos. Conocemos el peligro del narcotráfico para nuestra subsistencia como sociedad y para el propósito de construir futuro. Todo el Estado, la Corte Constitucional incluida, debe asumir el reto de devolverle a Colombia la dignidad y la esperanza.
Bogotá, D. C, 16 de marzo de 2019
*Presidente de Fedegan
Por Gabriel Ortiz*.- Esta paz que persigue Colombia y que se ha convertido en un anhelo nacional, está en medio de un remolino, del que seguramente no se salvará, ni siquiera con el blindaje jurídico que le impartió la Corte Constitucional y del cual depende todo el sistema de “Verdad, Justicia y Reparación”, para garantizar los derechos de las víctimas.
La paz ha sido el “trompo de poner”, desde siempre en Colombia. Hay grandes poderes que la torpedean, porque quieren seguir disfrutando de los beneficios que les genera la guerra. Esos grandes poderes engañaron a los colombianos durante el plebiscito y las elecciones del 2018. Cuentan con todo y, de ese todo, hacen parte los “robotinos y robotinas”, con los que se viola la privacidad de la ciudadanía y se invade las redes sociales. Qué desigualdad y qué infamia contra una sociedad ingenua que, desprevenida y confiada, deja sus mentes al servicio del ejército de hackers que poseen los enemigos de la convivencia.
Colombia asistió a un debate entre amigos y enemigos de la paz en el que el “eterno” y su mesnada sin piedad la convivencia y la destrucción de los acuerdos que se lograron en La Habana. Las trizas, trizas y risas, o como quiera calificarse esa fobia a la paz, arreciaron. Prueba de ello, es el galimatías en que nos encontramos. Aunque se esperaban las objeciones que anunció el Presidente Duque, a nadie escapaba que esos “seis lunares” o puntos negros, fueron pregonados anticipadamente, con astucia, burla e ironía por el senador Uribe, quien logró así consagrar sus aspiraciones y dar el paso y grito triunfal sobre la justicia colombiana, a la que chuzó y desacreditó y aborreció tanto durante ocho años.
Ahora el país está en vilo, porque se pretende destruir la paz, los organismos que la mantienen y de paso herir de muerte la separación de poderes que garantizan la democracia. Caemos cada vez más abajo, podría decirse que pisamos el último escalón, porque el uribismo ha irrumpido con todo su poderío y deseo de venganza.
La batalla será campal por todas las aristas del derecho. La leguleyada arrecia y los picapleitos se enfrentan a los letrados, para buscar prebendas, canonjías y ventajas. Reaparecerá sin pudor alguno esa mermelada que está al acecho, para embadurnar a débiles legisladores fuera de nómina.
Entre tanto, paramilitares, disidentes, fabricantes de guerra y demás mafias de cizañeros, se frotan las manos, mientras las víctimas de este conflicto -que sí existió y sigue existiendo en Colombia- ven con perplejidad como la “verdad, reparación y no repetición”, se esfuman del panorama y entierran la paz estable y duradera que perseguíamos. La verdad está perdiendo un nuevo asalto porque sus enemigos siguen agazapados para escapar a la JEP y a la Justicia Ordinaria. Pese a los llamados de la Onu y tantos organismos de la sociedad universal, estamos abriendo las puertas a la impunidad.
BLANCO: La aparición del derecho de réplica.
NEGRO: Sin Gloria Zea la cultura queda huérfana.
Bogotá, D. C, 15 de marzo de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y Notisuper: La Noticia Viva.
Por: Mario Ramírez Arbeláez*.- Sin duda alguna, porque los hechos son tozudos, podemos afirmar que la diplomacia, las organizaciones mundiales y los representantes de los países, llamados Embajadores están en plena decadencia. Ya ni la OEA, ni la ONU, son atendidas en sus decisiones o peticiones, por los países signatarios de esos acuerdos. No tienen dientes, son entidades eunucas.
Desde el ascenso del Presidente Trump en los Estados Unidos, han dado marcha atrás en los grandes consensos mundiales. Por eso se amplía día a día, la lista de tratados internacionales que han abandonado tras dos años de mandato en la Casa Blanca.
Además se ha desvinculado, del multilateralismo y de los grandes consensos mundiales y le está apostando a lo que les gusta, el bilateralismo, que le permite imponer sus criterios y sus propios intereses, por encima de todo, política internacional que se enmarca en el cumplimiento de su gran lema “America First”.
Estados Unidos suspendió su participación en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) con Rusia, que firmaron Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov en 1987 y que prohibía los misiles nucleares de medio y corto alcance.
Además los Estados Unidos se han retirado: del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El TPP (por sus siglas en inglés) fue suscrito en febrero de 2016 por 12 países que, en su conjunto, representan el 40% de la economía mundial y casi un tercio de todo el flujo del comercio internacional.
Del Acuerdo de París contra el cambio climático , firmado en abril de 2016 por 195 países de todo el mundo y que establecía el compromiso de la reducción de gases de efecto invernadero y el mantenimiento del calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados , siendo el segundo país emisor de contaminantes.
También se retiró de la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, alegando un presunto sesgo antiisraelí. Se retiró del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados en diciembre de 2017, a quien siguieron Hungría, Austria, República Checa, Israel y Australia entre otros países.
Donald Trump rompió con el acuerdo nuclear con Irán en mayo de 2018 y firmó una orden ejecutiva con la que reimponía su primera tanda de sanciones contra Teherán. Las medidas tenían el objetivo de aplicar la “máxima presión económica” sobre la nación persa, buscando su aislamiento económico y forzando a compañías extranjeras a reducir o cerrar sus negocios en el país.
También se retiran del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares pactado con Irán en 1955 bajo el argumento de que éste ha sido utilizado por el gobierno iraní para distintas violaciones por parte del gobierno estadounidense en la relación bilateral.
En junio de 2018 anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Trump ha criticado duramente, por lo que considera un sesgo en lo relativo a Israel, utilizando así el mismo argumento que usó para retirarse de la Unesco.
También cortaron los fondos que concedía a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en agosto de 2018.
Estados Unidos firmó en noviembre de 2018 un nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá , esta vez llamado T-MEC en español o USMCA en inglés, que sustituyó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), conocido como NAFTA (por su siglas en inglés) y vigente desde 1994.
Posteriormente, suspendió sus obligaciones en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, un pacto clave que ayudó a poner fin a la Guerra Fría. Con la salida de este acuerdo, existe el peligro de una posible carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos. El anuncio da comienzo a un proceso de seis meses, tras los cuales el país se retirará definitivamente del Tratado.
Ya también anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Siria al considerar que el Estado Islámico había sido derrotado y empezó el repliegue de los 2.000 soldados que tenía desplegados en el territorio. En la misma línea decidió reducir el contingente estadounidense desplegado en Afganistán.
Por otro lado, el presidente estadounidense y el líder norcoreano Kim Jong firmaron en junio de 2018 un acuerdo para la desnuclearización de Corea del Norte. Hace pocos días, se produjo el encuentro entre los dos mandatarios, pero se rompió abruptamente porque Estados Unidos, no levantaba las sanciones a Corea del Norte.
Trump, además, también ha amenazado con salir de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si Estados Unidos no recibe un mejor trato por parte de la organización.
Los Estados Unidos se han retirado constantemente del sistema de tratados internacionales de desarme, socavando durante decenios el sistema de estabilidad estratégica y disuasión.
Recientemente, la política de la administración D. Trump se ha manifestado más claramente en la decisión de abandonar el tratado de eliminación de misiles de alcance medio y menor (Intermediate Nuclear Forces Treaty – INF, por sus siglas en inglés).
El Gobierno Norteamericano sostiene que este acuerdo INF restringe el desarrollo de las compañías militares americanas y por lo tanto se retiraron del acuerdo. El presidente de los Estados Unidos, a principios de enero del año en curso, declaró abiertamente que "Washington no reconocerá, de ahora en adelante, ninguna limitación para el desarrollo y el despliegue de sus sistemas de defensa contra misiles", que se entiende por cualquier sistema de armas. Por lo tanto, los Estados Unidos no ratifican el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, se niegan a debatir el Tratado sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre e ignoran la posibilidad de entablar un diálogo sobre otros acuerdos "prohibitivos".
Para salvar INF Rusia demostró a los agregados militares extranjeros invitados un misil de crucero basado en tierra 9M729 problemático para Washington. A su vez, los Estados Unidos se negaron tanto a presencia la demostración rusa como a realizar similares acciones abiertas en relación con sus sistemas de defensa antiaérea ubicados en Rumania y Polonia.
La retirada de los Estados Unidos de INF constituye ante todo una amenaza para los estados de la UE, que, además de la "obligación" de colocar en su territorio instalaciones militares de los Estados Unidos, serán los objetivos de los sistemas de armas rusas debido a la necesidad natural de la Federación de Rusia de defenderse de la amenaza.
Washington, bajo diferentes pretextos vistos desde su óptica interna, decide retirarse de los acuerdos bilaterales y multilaterales .Ante estos hechos, hay que preocuparse porque estamos ante un sistemas de relacionales internacionales impuestas bajo la amenaza y el poder, la presión comercial y la imposición de los intereses personales y políticos y de las naciones por encima del bienestar del mundo entero- Es la diplomacia de la zanahoria y el garrote.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2019
*Abogado y Periodista
Por: Lorena Rubiano Fajardo.- “Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico”. Joseph Pulitzer.
En los últimos tiempos las noticias falsas están invadiendo las redes sociales y los medios de comunicación en el mundo entero, utilizadas con fines políticos, económicos o personales, pero de todas maneras perversas.
Por ejemplo en los Estados Unidos, según un estudio de la agencia Gallup, la confianza de los ciudadanos norteamericanos en sus propios medios ha caído ahora al 40%, que es un mínimo histórico.
Los medios de comunicación están migrando cada vez más del periodismo que registra e informa sobre hechos, reales y comprobables hacia la noticia falsa, mediática y buscando resultados oscuros y adversos a la realidad. O sea, obedecen más a los intereses de la pauta publicitaria o política, que a los de la sociedad que tiene derecho a ser informada con veracidad e imparcialidad.
Los ejemplos de indignación con los medios de comunicación estadounidenses se pueden encontrar incluso en los propios Estados Unidos y cada vez existen más críticos de la prensa en ese país. Por ejemplo, un destacado columnista político y económico, Paul Craig Roberts, el investigador del Centro nacional de intereses de Washington Rachel Bauman o un famoso periodista estadounidense, presentador de programas políticos en Fox News, Tucker Carlson, ya han señalado la discrepancia entre las comunicaciones de los medios de comunicación y los hechos reales en más de una ocasión.
Y esa presión a la prensa se ha extendido a Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, donde un sinnúmero de periodistas influyentes son los defensores a ultranza de las políticas exteriores de los Estados Unidos, por encima de los interese de sus propios países.
Y frente a las noticias falsas, que son el pan de cada día en el mundo, hasta el presidente Donald Trump ha mencionado a los principales medios de comunicación del país como los creadores de "noticias falsas" como al periódico The New York Times, el canal de televisión CNN y los llamó como ganadores del premio "Fake News".
Y el “The Washington Post” también publicó una falsa noticia sobre los Emiratos Árabes Unidos sindicándolos de piratas informáticos contra los medios de comunicación de Qatar y esto ocasionó el rompimiento de relaciones. El daño estaba hecho y el objetivo se había logrado.
Y en nuestro país lo acabamos de vivir con la crisis colombo-.venezolana donde nos han querido montar una guerra que no es nuestra, noticias falsas, informaciones desfasadas con la realidad buscan presionar un cambio en el vecino país, utilizando la prensa como idiotas útiles para propiciar una invasión.
En general hoy la situación en los medios de comunicación es triste y preocupante, lo que antes fue creado para informar a la opinión publica veraz e imparcialmente ahora es un vehículo cargado de falsas noticias, que inclusive pueden llegar a provocar una guerra mundial.
El periodista Javier Moreno Barber, ex director del diario El País, de España, dijo que el mundo está viviendo un momento histórico en el que las noticias falsas son más fáciles y más baratas de distribuir y producir.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2019
Por Clara López Obregón* .- La inconveniencia de la paz que ahora defiende el Gobierno está en vía de convertir los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en simples hojas de papel, que el Gobierno se abstiene de tratar con la rigurosidad y acatamiento que todo acuerdo de Estado amerita.
Al objetar por inconvenientes seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz y proponer tres modificaciones al Acto Legislativo 01 de 2017 que incorporó a la Constitución los ejes estructurantes del acuerdo de paz suscrito por su antecesor Juan Manuel Santos, el presidente Duque está incumpliendo la palabra empeñada del Estado colombiano. Desde el derecho romano, el principio de pacta sunt servanda –los acuerdos son para cumplirlos– ha estado en la base de la legalidad y exigibilidad de las obligaciones contraídas por las partes de su libre voluntad. En la mayoría de los casos, cada parte ha cedido una porción de su aspiración en las negociaciones que anteceden a la suscripción del respectivo contrato, tratado o pacto.
Respecto del Acuerdo final para la terminación del conflicto, los actores reunidos alrededor del Centro Democrático han adelantado una campaña de propaganda dirigida a deslegitimar lo pactado. No es exagerado afirmar que han moldeado una parte importante de la opinión pública mediante consignas falsas diseñadas para manipular los contenidos y alcances de lo pactado con el fin de enemistar a los ciudadanos y ciudadanas con el acuerdo de paz. Vladdo lo ilustra de manera didáctica en la caricatura que titula “Cambio de doctrina,” en la que se muestra cómo el uribismo ha transformado el conflicto armado en una “amenaza terrorista;” la JEP en “Tribunal de Impunidad”; la bancada de oposición en “enemigos de la democracia” y la Cátedra de Paz en “Adoctrinamiento”. Todo ello, arropándose en la defensa de las víctimas y de los niños, sobre todo los más pobres, cuando existen serios indicios que apuntan más bien a evitar que se sepa toda la verdad. Con supuestas nobles motivaciones, trabajan por debilitar y hacer fracasar la justicia transicional y con ella, el proceso de paz.
De eso se tratan las objeciones. Como si el Estado colombiano empezara y terminara con cada cuatrienio, eximiéndose al nuevo gobierno del cumplimiento de las obligaciones contraídas por todos los anteriores. Bueno no todos, solo de los que adversan como es el caso de la paz de Santos que la Presidencia de la República sostiene ahora si será “una paz bien hecha” o “una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país,” como afirmara el presidente Duque en su alocución televisada, cuando estaba haciendo todo lo contrario.
Con el gancho de la unidad, el presidente Duque esconde su verdadero planteamiento que consiste en el incumplimiento directo y consciente de lo acordado: el acuerdo renegociado después del plebiscito que fuera suscrito por el jefe de Estado en uso de sus atribuciones constitucionales, refrendado por el Congreso, validado por la Corte Constitucional y depositado en Naciones Unidas como acto unilateral del Estado colombiano exigible conforme al derecho internacional y en Berna como acuerdo especial de los protocolos comunes de los Convenios de Ginebra.
Declarar inconvenientes o modificar por la vía de una contrarreforma constitucional normas determinantes de la voluntad de las partes en materia de justicia transicional y extradición, entre otras, para llevarlas a un Congreso con nuevas mayorías adversas a los acuerdos de paz, equivale a una modificación unilateral de lo pactado. Tal eventual modificación riñe con el principio de pacta sunt servanda y constituye perfidia, vocablo que califica al traidor o desleal, a aquel que abusa de la buena fe del otro, siéndole desleal.
La inconveniencia de la paz que ahora defiende el Gobierno está en vía de convertir los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en simples hojas de papel, que el Gobierno se abstiene de tratar con la rigurosidad y acatamiento que todo acuerdo de Estado amerita. Y no es la primera vez, pues ya está desconociendo los protocolos firmados con los garantes para el regreso de la delegación del ELN a territorio colombiano. El cumplimiento de la palabra empeñada formalmente por el Estado no es, no puede y no debe ser un problema de mayorías.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2019
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por Roberto Córdoba Triviño*.- Trataré de explicar sucintamente el tema: La JEP, es una entidad jurisdiccional amparada por la Constitución Nacional y todo lo que la compone a la luz del Bloque de Constitucionalidad; esto es, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Jurisprudencia de las Cortes Colombianas y de órganos jurisdiccionales internacionales sobre el particular, y tiene un marco legal específico que son los acuerdos de paz.
Entonces, ni el Congreso, y mucho menos el Presidente de la República, pueden echar para atrás lo que es supralegal. Es decir, lo que tiene soporte constitucional y con ello prelación normativa.
Sin embargo, como sociedad que tiene derecho a la paz, tenemos el deber ineludible de movilizarnos para exigir al gobierno actual que evite seguir torpedeando el normal funcionamiento de la JEP, y más bien cumpla con su función de implementar la totalidad de los acuerdos, so pena de incurrir en faltas al Derecho Internacional y a los DDHH, por lo que no dudaremos en denunciar a quien viole la normativa antes mencionada.
Como es natural, de los medios de comunicación tradicionales, no esperamos eso; por lo mismo, las redes y las calles serán nuestras vías, con respeto pleno a nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos de paz.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2019
*Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Bibliotecario.
Por: Guillermo García Realpe*. – Ante la polémica desatada en los últimos meses en Colombia sobre sí al país retornan las fumigaciones con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos, muchos desde el Congreso de la República creemos que esa no es la salida para combatir un flagelo tan aberrante como el narcotráfico.
Se preguntarán entonces ¿cuál es la salida?, se hace necesario explorar otras alternativas igual de eficientes, pero que no afecten la salud de las personas que habitan las regiones con presencia de cultivos ilícitos y por supuesto que no contamine las fuentes hídricas y mucho menos afecte el medio ambiente de esas comunidades.
La salida más expedita de acuerdo a múltiples estudios de organizaciones de gran credibilidad como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNDOC- revela en su último informe que la erradicación forzosa sea manual o fumigación tuvo resiembras superiores al 35% en los campos de cultivos ilícitos y la sustitución voluntaria con proyectos productivos acordados con las comunidades solamente tiene una resiembra inferior al 1%, la conclusión es absolutamente clara que la solución no está en la fumigación, ni en la erradicación forzosa, sino en la sustitución con proyectos productivos rentables para promover economías legales en las zonas de presencia de cultivos ilícitos, entonces tenemos la solución más viable a la mano, con resultados a la vista y hoy se quiere desechar para cambiarla por veneno, porque eso es lo que es el glifosato.
Según el índice de pobreza multidimensional, el 87% de los municipios con presencia de cultivos ilícitos son pobres, esto lo que traduce es que se requiere de una urgente estrategia integral territorial para consolidar el Estado Social en las regiones afectadas, donde se logren romper los eslabones de las cadenas del narcotráfico, donde la sustitución voluntaria, pero con inversión social se apropie de esos territorios.
Es ilógico ver departamentos como Nariño, donde no existe un Hospital de Segundo Nivel para los diez municipios que hacen parte de la Costa Pacífica Nariñense, donde en la mayoría de los casos, la única presencia estatal es la Fuerza Pública.
Nariño es actualmente el departamento con más presencia de cultivos ilícitos en Colombia, según cifras oficiales existen 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos sembradas por unas 50 mil familias, esa alternatividad se la dio la criminalidad y no el Estado.
Entonces lo que hoy y siempre se reclama, es que el Estado debe tenderle la mano amiga a todas las familias campesinas dedicadas a la economía ilegal con proyectos productivos, con créditos de fácil acceso y bajo interés con acompañamiento de asistencia técnica, con una serie de herramientas que los transformen en empresarios del campo para que sustituyan esa ilegalidad, donde efectivamente haya una verdadera inversión social que tanto se vocifera en los discursos, pero que en la práctica se queda corta.
Colombia no puede regresar a las aspersiones aéreas, eso trae graves implicaciones para la salud humana, para las fuentes hídricas, para la fauna y flora de vastas regiones con presencia de coca, es un herbicida clasificado en Categoría II por la IARC, Agencia de la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno.
Ante tal panorama lo más aconsejable sería que acatemos las sentencias T-300 de 2017, T-080 de 2017 y T-236 de 2017 donde la Corte Constitucional insiste sobre las graves repercusiones que trae el glifosato para las comunidades.
La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional, también el Consejo Nacional de Estupefacientes ya tuvo pronunciamientos claros al respecto, y este es un debate que lo van a perder quienes promueven la fumigación en Colombia.
No al glifosato, sí a la ¡Paz con la Naturaleza!
Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019
*Senador Liberal
Por José G Hernández*.- El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Además del saludo de felicitación a nuestras mujeres -madres, esposas, hijas, hermanas, novias, amigas, vice presidenta, ministras, jueces, profesionales, trabajadoras, estudiantes-, en “La Voz del Derecho” decidimos tomar la fecha como una oportunidad de reflexión acerca de la realidad del país en cuanto a los derechos de ellas, reivindicados de manera expresa en la Constitución, pero muy teóricos en la práctica.
Dice el artículo 43 de la Constitución:
“ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
En el programa radial “Debates constitucionales”, la conclusión, tras comparar el texto de la transcrita norma con lo que ocurre en la vida diaria, fue unánime: pura teoría. Incumplimiento del precepto constitucional por parte del Estado, de las instituciones públicas y privadas, de las familias, de la sociedad.
En la dura realidad, hay discriminación en contra de las mujeres respecto a las oportunidades laborales. Hay discriminación entre hombres y mujeres en materia salarial. Hay discriminación en los hogares, en las entidades públicas, en las empresas particulares. Durante el embarazo y después del parto, brillan por su ausencia la especial protección y el apoyo estatal. Por el contrario, es frecuente que las mujeres en estado de embarazo no sean contratadas, y, si se las contrata, hoy admite la Corte Constitucional que se las despida por no avisar sobre su estado al empleador.
El subsidio alimentario del que habla el precepto superior no existe. El Estado, lejos de apoyar especialmente a la mujer cabeza de familia, la deja sin trabajo cada vez que hay una reestructuración administrativa, o cuando le provoca al nominador. La protección reforzada, de la que habla la ley, es una ilusión. Y el Gobierno está buscando todos los caminos que señala el ingenio de los burócratas, con el fin de consagrar -para mujeres y para hombres- el aumento de la edad para alcanzar la pensión y ahora pretende quedarse con el dinero aportado por los trabajadores que no se alcanzan a pensionar.
Lo más grave: se han incrementado las modalidades de ofensa, maltrato, violencia y crímenes contra la mujer. Las conductas de muchos hombres en cualquiera de esas formas de ataque al sexo femenino no son denunciadas, y por tanto no son investigadas, ni sancionadas, como debería ocurrir.
La sociedad y el Estado están en deuda con nuestras mujeres. Estamos lejos de lograr una cultura de respeto, amor y consideración hacia ellas. Y no se ha logrado establecer condiciones reales de igualdad, en todos los campos.
Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Victor G. Ricardo*.- Son muchas las teorías que defienden el uso del glifosato para erradicar de cultivos ilícitos, por considerar que es el mejor elemento para fumigar y acabar los cultivos de coca en Colombia. Hay otras que consideran que el uso del glifosato es dañino y que éste es un veneno para la naturaleza y que nos hace un gran daño al medio ambiente.
Pero mientras esas discusiones se dan, tanto a nivel académico como a nivel político, la extensión de los cultivos ilícitos crece y ya es tan grande que se habla de doscientos cuarenta mil hectáreas. Esta situación tiene muy preocupadas a las autoridades de los países consumidores de drogas, en especial las americanas y más cuando las últimas publicaciones dicen que en Latinoamérica los cultivos ilícitos están en un setenta por ciento en nuestro país.
En Colombia también debe ser motivo de profunda preocupación, pues el consumo de droga ha aumentado en forma notoria y el número personas dedicadas a ello, así como los carteles dedicados al narcotráfico también han crecido de forma considerable.
Además, ya hay distintas zonas del país donde hoy se encuentran, ya no pequeños cultivos sino grandes extensiones que destruyen zonas ambientales o reservas forestales, lo cual hará mucho daño para el futuro ecológico colombiano además de que aumentará el nivel de crimen y la destrucción de valores que esta actividad y el narcotráfico en todas sus formas conlleva.
Por esta razón es muy importante tener en cuenta que el mejor sistema para erradicar los cultivos es la sustitución voluntaria con el apoyo del Estado, para lo cual el gobierno debe ser eficiente en presentar y promover alternativas que garanticen la asesoría adecuada al campesino. Por otra parte, se requiere que para que los nuevos productos lícitos cultivados lleguen a los mercados de consumo, el Ministerio de Agricultura o la institución pública adecuada garantice la compra, de manera que no vuelvan los campesinos a caer en plantaciones ilegales y así lograr estabilizar una economía legal y formal en estas regiones.
En medio de estos debates, la Corte Constitucional convocó a unas audiencias públicas con el propósito de escuchar al gobierno y a algunos expresidentes, y abrir espacio al debate sobre el tema del glifosato, con el propósito de tomar una sustentada e ilustrada decisión sobre el uso de este químico en Colombia. La verdad es que me hubiera gustado más que en representación del gobierno hubieran llevado la vocería los Ministros a los que les correspondía el tema como el del Interior, Defensa, Agricultura y el de Medio ambiente, que para eso están y no exponer la majestad presidencial.
Los colombianos esperamos muy atentos la decisión de la Corte Constitucional, pues de ella depende en gran parte la posibilidad de disminuir los cultivos ilícitos en nuestro país.
En el entorno de esta audiencia, la opinión pública se vio sorprendida con un almuerzo entre algunos magistrados y el expresidente Juan Manuel Santos, que tiene una teoría en este tema contraria a la del gobierno. Yo salgo en defensa de los Magistrados porque estoy seguro de que su conciencia jurídica y la justicia que buscan está por encima de los encuentros sociales. Pero, por decir lo menos, fue inoportuna y levantó suspicacias.
Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019
*Excomisionado de Paz
Por Jairo Gómez*.- Para que el país aterrice y salga del engaño propiciado por este régimen que interpreta la historia y administra justicia a su antojo, es necesaria la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Cuando Álvaro Gómez Hurtado comenzó a cuestionar severamente el régimen colombiano, propuso un acuerdo sobre lo fundamental para cambiarlo en su estructura perversa y maloliente; construyó un discurso que comenzó a tocar la fibra nacional enfocado en la necesidad de extirpar ese sistema corrupto y dañino para la democracia; pasaron los días y tras su desafiante y provocadora propuesta, ese mismo régimen lo mató, dicen sus seguidores.
Claro, el líder político conservador insistía en desnudar toda esa clase dirigente putrefacta que por décadas y décadas venía usurpando el sistema democrático colombiano para privilegio de unos pocos y, para hacerlo, implicaba auscultar la verdad entre otros objetivos. Pues bien, ese régimen que se estremeció con la propuesta de un hombre que venía de sus entrañas, hoy, horrorizado, quiere eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y evitar que se sepa todo lo que pasó en el conflicto armado colombiano.
Más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer a una joven y novedosa institución, todavía en proceso de formación, el temor que embarga a estas élites corruptas que tienen secuestrada y capturada las instituciones del país hace 200 años, es que por fin los colombianos conozcamos los verdaderos responsables de esta guerra que nos instalaron por más de 50 años para adueñarse de las tierras, despojar a los campesinos y propiciar cerca de 8 millones de víctimas; víctimas que hoy son el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Ese es el quid del asunto. Y para que el país aterrice y salga del engaño propiciado por este régimen que interpreta la historia y administra justicia a su antojo, es necesaria la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Buscan, el presidente Duque, el Fiscal Martínez y los parlamentarios del Centro Democrático, acabar o eliminar la JEP; no nos llamemos a engaños, ese es el propósito: las reformas constitucionales sabemos cómo empiezan, pero no como terminan y las propuestas por el Gobierno tienen ese objetivo, si se examina la perpleja decisión de la Casa de Nariño de ignorar el principio democrático del equilibrio de poderes pasándose por la faja la Corte Constitucional que obliga a los próximos tres gobiernos a respetar el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.
Esta reacción del régimen no es solitaria y la explica, por ejemplo, el hecho de que la JEP haya vinculado formalmente a los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui y 16 miembros de la Fuerza Pública con el asesinato de cientos de militantes de la Unión Patriótica (UP). Esa etapa oscura de nuestra historia reciente, para nadie es un secreto, obedeció a un plan premeditadamente diseñado para exterminar la UP. Ese establecimiento dio las órdenes y los militares las cumplieron a cabalidad. Saben los militares en retiro que la salida es la JEP y por ello están ahí; más de dos mil se acogieron voluntariamente y gozan de sus beneficios.
Decisiones como estas y las que están por venir explican la arremetida del Centro Democrático, partido que no disimula su estrategia de desprestigiar a la JEP, también como estrategia política y electoral ahora que se aproximan las elecciones regionales para tratar de galvanizar un electorado que hoy se les esfuma.
Bogotá, D.C, 12 de marzo de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
