Opinión

Por Horacio Serpa Uribe*.- Acabo de escuchar al Presidente Duque en su alocución sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia especial de paz, en la que anunció su decisión de objetar por inconveniencia seis artículos del texto aprobado por el Congreso Nacional y revisado por la Honorable Corte Constitucional. Escribo de inmediato unos comentarios, en espera de que se abra un debate público que permita escuchar la opinión de mucha gente versada en la materia.

Según la Constitución Nacional, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar al despacho presidencial para la respectiva sanción, que es la oportunidad que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre su contenido. Si el Presidente tiene observaciones, puede objetarla, en todo o en parte, por razones constitucionales o porque es, a su juicio, inconveniente para los intereses nacionales. Cuando la ley es estatutaria, porque se refiere a aspectos básicos del Estado y de la sociedad, como la paz, los derechos humanos o los derechos fundamentales de los colombianos, antes de llegar al conocimiento del Jefe del Estado el proyecto se envía para su revisión constitucional a la Corte respectiva. Si esta le da el visto bueno, el Mandatario no puede objetarla por razones de inconstitucionalidad, como es el caso comentado.

El Doctor Iván Duque señaló unas inconveniencias, respeto de las cuales se debe pronunciar el Congreso Nacional. Si el Congreso acepta las objeciones presidenciales esos textos serán eliminados del proyecto. Si el Congreso desatiende las observaciones presidenciales esas normas serán parte del ordenamiento legal.

Hay que estudiar a fondo las objeciones y darle la razón al gobierno si son fundadas, o rechazarlas con énfasis si solo son pretextos para comenzar a hacer trizas los Acuerdos de Paz. El Congreso debe obrar con ecuanimidad pero con carácter.  El Congreso Nacional debe tener en cuenta que la paz es un bien supremo y un mandato de la Constitución Nacional y no debe prestarse de ninguna manera para obstaculizar los Acuerdos que en nombre del País firmó el anterior gobierno con las Farc.

Desconocer esos Acuerdos o, como se dice, “meterles el palo en las ruedas”, sería grave, muy grave. Lo digo sin titubeos, sería un acto de traición al pueblo colombiano, al País, a la Patria.

Que nadie se siga llamando a engaño. Desconocer las bondades del Acuerdo no solo es torpe sino desconocer la palabra empeñada y echar por la borda el hecho más conveniente que en favor del pueblo ha ocurrido desde la Independencia. Aquí no puede caber la politiquería ni el pedestre argumento de que fue firmado por el anterior gobierno y no obliga al actual. Nos obliga a todos, pues además fue aprobado por el Congreso Nacional y legitimado por la Honorable Corte Constitucional.

Se espera del Congreso un pronunciamiento claro, comprometido con la paz y digno. El pueblo quiere la convivencia y que cese la violencia. El Congreso tiene la responsabilidad de defender la JEP y de rechazar tanta malquerencia, tanta cizaña, y tanto daño a la democracia.

Bogotá, D. C 11 de marzo de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Amylkar D. Acosta M*.- ¡Ni con el pétalo de una rosa!. A propósito del día de la mujer, escribió la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena que en dicha entidad se tiene “la convicción de que la desigualdad de género además de ser injusta, es profundamente ineficiente, es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible”. Como advierte ella misma esa es la realidad palpable en Latinoamérica y el Caribe y Colombia no escapa a ella.

Como lo sostiene la Directora Ejecutiva de la CEPAL, en esta región la pobreza tiene rostro de mujer, ya que por cada 100 hombres pobres se cuentan 118 mujeres en la misma condición. Y de contera, la mujer se ve afectada además por la brecha salarial adversa que bordea en promedio el 16.1% y en las zonas rurales de Colombia alcanza el 45% (¡!). Y en cuanto al desempleo, este afecta mucho más a la mujer, habida cuenta que, según el DANE, mientras el desempleo entre los hombres es del 9.8% entre las mujeres casi duplica dicha proporción con el 16.9%.

Y ello ocurre pese a que la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer hacen parte de los derechos fundamentales y de los valores que ampara y promueve las Naciones Unidas. De allí su lema para la conmemoración del día de la mujer este año: “Pensemos  en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.

Pero, en América Latina, peor que la discriminación que sigue sufriendo la mujer, a pesar de algunos avances en la reivindicación de sus derechos, es el flagelo del feminicidio, que atenta contra el sagrado derecho a la vida. Como lo afirma Alicia Bárcena, “el feminicidio es la expresión mas extrema de violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito, ni su visualización estadística han sido suficientes para erradicar este  flagelo que nos alarma y horroriza cada día”. Es el caso de Colombia en donde, no obstante que se expidieron la Ley 1257 de 2008, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia y la discriminación contra la mujer y la Ley 1761 de 2015, que reconoce como el feminicidio como delito autónomo, no se ha podido detener la comisión de este vitando delito.

Según la CEPAL, en 2016 fueron asesinadas 1.971 mujeres en solo 17 países de América Latina y en el 2017 en 19 países 2.795. En el caso específico de Colombia este fenómeno tan execrable ha venido in crescendo. Es así como en el transcurso del año 2015 se registraron 100 víctimas fatales, en el año 2016 122 y en el 2017 alcanzó la cifra de160, a los que se le vinieron a sumar 142 casos mas en el grado de tentativa.

De acuerdo con los registros de Medicina legal, hasta el 5 de diciembre del año anterior se habían presentado 103.481 casos de violencia contra la mujer. Se estima que una de cada tres mujeres han sufrido en carne propia alguna forma de violencia. Lo más triste y deplorable es que la principal fuente generadora de este cuadro dantesco es la violencia intrafamiliar y la mujer es la principal víctima de la misma.

Según Medicina legal en el 2018 se registraron 24.684 casos de los cuales en el 86% de ellos la afectada fue una mujer y de acuerdo con la Fiscalía General cada 12 minutos una mujer es agredida por su pareja. Según las Naciones Unidas el 34% de los feminicidios en todo el mundo fueron perpetrados por su propia pareja y un 24% por un miembro de su familia. Según el ex director de Medicina legal Carlos Valdés, el mayor peligro para las mujeres está en donde reside, el 62% de los casos de feminicidios en el 2018 ocurrieron en el seno del hogar. Según el experto en criminalística Germán Antía “las víctimas del maltrato familiar  no terminan ya en las salas de urgencias de los hospitales sino que están llegando a las morgues".

Esta horripilante modalidad delictual se ha venido dando a contrapelo de lo prescrito por las normas internacionales de derechos humanos, que le impone a los estados la obligación de condenar todas las formas de violencia contra la mujer. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer vela por su cumplimiento. Pero las escalofriantes estadísticas que dan cuenta del número de víctimas fatales del feminicidio indican que esta tragedia sigue cobrando mas y mas vidas entre las fémines, sin que la sociedad reaccione con la contundencia requerida, será acaso porque como afirmó Albert Camus que “hasta la tragedia se vuelve monótona”.  

Bogotá, marzo 10 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas Y Energía.

www.amylkaracosta.net

Los últimos días han estado marcados por las discusiones sobre la JEP, sobre si el Presidente va a objetar o no la ley estatutaria, y naturalmente por los tristes escándalos que el país ha presenciado y cuya autoría parecen recaer en un fiscal de la JEP y en un exsenador de la República. Ojalá estos asuntos se aclaren y sancionen pronto para poder dedicarnos a los temas de fondo. Que no son otros que responder a la pregunta fundamental: ¿cómo va la implementación de los acuerdos de paz?

Existen dos entidades que periódicamente evalúan con rigor cómo va la implementación de los acuerdos de paz. Y constituyen la referencia más seria de que disponemos para evaluar la marcha que trae el llamado postconflicto. El primero, es el Instituto Kroc adscrito a la universidad de Notre Dame y especializado en el seguimiento de procesos de paz en todo el mundo. Y el segundo, es el grupo conformado por Cerac, Cinep y el Programa por la paz. Se publicará próximamente el último informe del Instituto Kroc que cubrirá los primeros meses de la administración Duque; el informe del segundo grupo evaluador acaba de divulgarse y cubre el trimestre del 1 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019.

Como la implementación de la Reforma Rural Integral (que corresponde al primer punto de los acuerdos de La Habana) es el más importante cuantitativamente, toda vez que según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) demanda el 80% de los recursos exigidos para la implementación de la paz, quiero detenerme brevemente en registrar las conclusiones a las que llega el informe Cerac – Cinep y Programa por la Paz.

Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras. Y podríamos decir que durante los primeros meses de la administración Duque poco, poquísimo, se ha hecho para desarrollar el punto fundamental de los acuerdos de paz, a saber, el de la Reforma Rural Integral.

Uno no sabe realmente si estamos frente a un asunto de displicencia presupuestal (cosa que heredó la nueva administración de la anterior), o si estamos frente a algo todavía más grave: falta de voluntad política para implementar los acuerdos de paz.

Que la implementación de los acuerdos de paz, y muy especialmente el de la Reforma Rural Integral va mal, lo demuestran algunos párrafos del informe Cerac - Cinep y Programa por la paz, que a continuación cito textualmente:

“Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, la verificación realizada le permite concluir a esta Secretaria Técnica que, por segundo trimestre consecutivo, hubo pocos avances en materia de acceso y uso de la tierra (acuerdo final 1.1.1.). De la lectura de las bases del Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso de la República el 5 de febrero de 2019, se destacan la ausencia de metas en matera de acceso a la tierra, así como las bajas metas en materia de formalización de tierras. Las propias declaraciones de la directora de la Agencia Nacional de tierras, según las cuales la ANT planea entregar este año 7.000 títulos, confirma el lento avance en materia de formalización puesto que, de acuerdo a la funcionaria, con las metas previstas, se espera formalizar la tenencia de 8.400 hectáreas”.

Recuérdese que el punto No. 1 de los acuerdos de La Habana contempla la formalización de 7 millones de hectáreas, lo que permite visualizar el gran abismo que se está ahondando entre el ritmo que trae la implementación y los objetivos acordados.

No se ha avanzado tampoco prácticamente nada en la creación de la Jurisdicción Agraria, en el programa de riego y drenaje, en la creación del Fondo de tierras y en el del Catastro multipropósito cuya implementación está colgada de un crédito externo que apenas se está empezando a tramitar.

En síntesis: el panorama que traza en este informe evaluativo es desolador. Vamos a paso de tortuga cuando la importancia del asunto ameritaría algo de mucha más celeridad y envergadura. De continuarse este ritmo le habremos quedado bien a la paz (firmando los acuerdos del Teatro Colón) pero mal, muy mal, al postconflicto.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

Por Juan Manuel Galán*.- Vergüenza, tristeza e impotencia es la sensación que le queda a millones de colombianos después de la nefasta decisión de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de no continuar con la liga femenina de fútbol profesional. Lo preocupante y desconcertante es que esta disposición se tomó luego de que unas valientes jugadoras de la selección de mayores pusieron el “dedo en la llaga” denunciando en un video irregularidades, desigualdades y acoso por parte de las directivas.

Lo anterior, irónicamente sucedió en la semana del día internacional de la mujer, fecha en que luego de la muerte de 130 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, se declararon en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. En esta, reclamaban una reducción de la jornada laboral, un salario igual al de los hombres y solicitaban una mejora en sus condiciones de trabajo.

Hoy, 111 años después, la FCF tomó la misma decisión del dueño de la fábrica de Nueva York, quien cerró la fábrica para que las mujeres desistieran de su idea y así se fueran del lugar. Esto demuestra que la lucha por la igualdad de derechos, de justicia, de participación política que inició hace más de un siglo sigue vigente.

La FCF ignora que las redes sociales permiten que los ciudadanos estén más informados y puedan expresarse, esto no lo vamos a aguantar ni lo vamos a permitir. Lo que ellos no ven es que si acaban con la liga, terminan con el trabajo de mujeres que han dedicado su vida a representarnos a nivel mundial, dejando el nombre de Colombia en alto.

También desconoce que hay 2 equipos campeones de la liga –Independiente Santa Fe y Atlético Huila- este último campeón de la Copa Libertadores. Por voluntad de unos pocos se quiere borrar el éxito y reconocimiento que se han ganado, esto no tiene sentido ni ningún fundamento.

Por eso, exijo que se reverse la desaparición de la liga femenina. Claramente, la decisión no fue por falta de rentabilidad sino por una represalia que es una clara discriminación de género por reclamar derechos. Señores de la FCF, paren el maltrato ya, respeten a las jugadoras y a los colombianos, sus acciones revictimizan a quienes denunciaron las injusticias en su contra.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2019

*Exsenador de la República  

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid* - Es un drama humano, de tristeza y dolor el que vivimos actualmente en la frontera.  La Diócesis de Cúcuta tiene dos de los puentes que unen a Venezuela y a nuestra nación, Colombia: los puentes Simón Bolívar y el General Santander, tenemos también el nuevo puente de “Tienditas”.  Por ellos pasan diariamente entre 45 y 70 mil personas para aprovisionamiento de alimentos o para buscar atención médica y hospitalaria, como para hacer provisión de todo cuanto falta en la hermana nación, también para emigrar a Colombia o a otras naciones de América Latina.

Desde el inicio de esta crisis, en agosto de 2015, hemos querido poner a Cristo en el corazón y en la vida de estos hermanos que sufren, dando esperanza y aliento a sus urgencias y necesidades.  La caridad de Cristo nos ha inspirado y el Padre José David Caña y un grupo de más de 800 servidores, miembros de grupos apostólicos y Movimientos Eclesiales han asumido este servicio a los necesitados. 

Precisamente, este drama ha comenzado  desde el día 17 de agosto de 2015, cuando inició  la deportación de más de 22 mil colombianos desde Venezuela.  Es esta la historia que nos ha unido fuertemente, la frontera en esta zona es algo “vivo”, donde familias están emparentadas desde siglos pasados, se cruzaba con libertad y fraternidad en ambos lados del territorio.  Ciertamente esta situación de dolor del pueblo venezolano nos afecta a todos.  

Nuestra Diócesis y especialmente nuestra ciudad de San José de Cúcuta  han aumentado notoriamente el asentamiento de personas en las periferias pobres de la ciudad.  Muchas parroquias han recibido centenares de familias.  Solo una parroquia, la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza ha tenido el asentamiento de más de 1500 familias en el transcurso de un año.   Esta emergencia ha suscitado también la urgencia de otras necesidades que tienen que resolverse: son más de 6.000 niños venezolanos que vienen a las escuelas en nuestra ciudad.   El área metropolitana de Cúcuta tiene más del 20% de desempleo y una tasa de informalidad del 75%, personas que trabajan sin sus aportes a seguridad social, buscando de alguna manera completar sus necesidades.

En nuestros centros de atención, la Casa de Paso y los comedores de caridad,  entregamos unos 10.000 almuerzos diarios.  Solo la Casa de Paso la ‘Divina Providencia’ entrega unas 5.000 raciones calientes cada día, sin contar cuanto entregamos al final de estas, lo que llamamos con gracia, “el repele”, que es pasta , atún y alverjas, con un pan. Entregamos también otro tanto en ocho (8) parroquias de Cúcuta: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de los Dolores, Jesús Cautivo, La Sagrada Familia, San Antonio, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de Fátima,  Comedor La Misericordia, San Alberto Hurtado.

Esta situación ha sacado lo mejor de nuestra Diócesis, son 800 voluntarios que atienden esta emergencia de humanidad y de caridad.   Los agentes pastorales, los miembros de los movimientos apostólicos,  los sacerdotes, los diáconos y religiosas atienden a estos hermanos con necesidades.  Hemos repartido un millón de raciones en 18 meses, ordenadamente, a personas en grandes necesidades.  También hemos procurado atender en un dispensario médico a unas 800 personas diariamente, con cuatro médicos, solo para la entrega de medicinas en atención y direccionamiento hacia los hospitales.   Nuestro gran aliado es San José, que procura los alimentos y trae a los servidores que entregan su tiempo y su amor a estos hermanos en “la caridad de Cristo”.

La Iglesia Católica, está dando esta ayuda desde hace más de tres años, hemos entregado muchos alimentos a hermanos que sufren y tienen necesidad, muchas toneladas de amor y caridad.  En ocasión de la Navidad 2018, el Nuncio Apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, entregó más de tres toneladas de alimentos en nombre del Papa Francisco a familias venezolanas en Cúcuta, para hacerles vivir el nacimiento de Cristo con más alegría.

También, un grupo de médicos y enfermeras que trabajan por los enfermos y necesitados han prestado su ayuda para el cuidado de los enfermos y de los niños, entregando medicinas gratuitamente.   

Esa ayuda es urgente,  necesaria, esperada por muchas madres de familia, por ancianos.  Muchos venezolanos sienten cansancio, manifiestan la tristeza por ver a su nación en estas circunstancias, esperan con fe en Dios que puedan retornar a condiciones de vida digna, donde no les  falte el pan y la atención médica.  Tenemos delante de nosotros el drama de familias enteras que caminan por Colombia buscando el pan y un poco de abrigo. 

Es la hora de la oración y la petición a Dios por estos hermanos que tanto lo necesitan.  Sigamos todos apoyando la caridad y el cuidado a estos hermanos que en otros momentos nos ayudaron y acogieron. 

Cúcuta 10 de marzo de 2019

*Obispo de Cúcuta

Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana

Por Alfredo Benavides C*.- Colombia es un País con más del 50% de su población en informalidad  según el DANE. Esto significa que la mitad de los Colombianos viven del rebusque; profesional, técnico, comercial y otros. Muchas estrategias, programas, estudios se han aplicado, pero persiste el fenómeno con las graves consecuencias tributarias y de ilegalidad.

La propuesta puntual para derrotar la informalidad es clusterizar la economía de manera masiva. En otras palabras, agrupar por actividades productivas similares, complementarias o iguales que comparten cercanía geográfica, y que podrían contar con el apoyo de la academia y los gobiernos locales. No es cooperativismo, ni asociatividad, va más allá: generar competitividad y crowdsourcing, algo así como entre todos construir un aeropuerto para competir después por los pasajeros colaborativamente.

Para el desarrollo de esta iniciativa lo primero es hacer censos de productividad o económicos por localidades, barrios, veredas, pueblos, ciudades. Preguntar qué actividades productivas en servicios y/o fabricación de bienes se están haciendo y si se tiene el conocimiento o experiencia.

Utilizar las TICs o tecnologías de información y comunicaciones para georeferenciarlas agrupando actividades productivas, iguales, similares o complementarias. Vinculando a las universidades, institutos de investigación, cámaras de comercio, que estén cerca o que tengan influencia. También a los gobiernos departamental y municipal, creando clusteres masivamente, ejemplo: textiles, gastronómicos, informáticos, servicios de hogar, ventas ambulantes, en este caso, la venta de empanada dejaría de ser “ilegal”.

Es importante tener presente que se deben crear los clusteres bajo la dirección de clusters manager o expertos en clusteres que identifiquen los negocios productivos viables en especial para exportación.

El ciudadano (a) también podrá ser visto como empresa con el fin de registrarse como individuo productivo siendo parte de un cluster conjuntamente con micro empresas, empresas, industrias y otras que comparten su misma actividad productiva.

De esta manera estaríamos fomentando la innovación y creatividad propia e innata Colombiana, acabando la informalidad, aumentando una especial renta tributaria y por ende impulsando la economía nacional.

Barrancabermeja, 8 de marzo de 2019

*Ingeniero experto en Clusterización de la Economía.

Por Gabriel Ortiz.- Esta novela no ha terminado. Hay varios capítulos extraviados, perdidos o escondidos a propósito. Parece una obra de misterio, porque sus recónditos pasajes parecen ridículamente fabricados para llegar a un fin sospechoso e inaccesible a la razón. Pero en la medida en que se descorre el velo, se agigantan los objetivos que ciertos sectores políticos persiguen, guiados por los enemigos de una paz estable y duradera. Ese es el sainete del caso Santrich, que involucra Jep, Farc, fiscalía, Centro Democrático, paramilitares, ejecutivo, legislativo y judicial.

Frenéticamente se acude a falaces argumentos para demoler y volver trizas los acuerdos  que nos han permitido tranquilidad y convivencia. El jefe del Centro Democrático y sus áulicos, dicen que hay que acabar con la Jep, pero que por falta de votos, tendrán que pedir al legislativo 8 modificaciones.

Iniciaron sus ataques y desprestigio de la JEP desde que la debatieron en el Congreso. No resisten un país en paz y una población pensante, libre y tranquila. Con falsas noticias, denigraciones y miedos lograron ganar el plebiscito con unos pocos votos. Sus partidarios se han favorecido con la JEP, pero siguen mancillándola y censurándola. Nada los llena, su objetivo es: ¡destruirla! Por ello el autor de “La Inconclusa”, novela de puño y letra de NHMN, sale con el capítulo de Santich, en el cual sus protagonistas caen en toda suerte de contradicciones. Un fiscal de la JEP sin poder alguno, recibe fajos de dólares de la Fiscalía. Se ofrecen 12 millones de dólares para que Santrich no sea extraditado, sin que pueda existir funcionario alguno de la JEP para lograrlo. (Si Trump ofrece 1 millón de dólares por el hijo de Bin Laden, ¿Cómo explicar que Santrich, valga doce veces más?) Se critica al fiscal de la JEP, pero no a Moreno, fiscal anticorrupción, nombrado por Néstor Humberto Martínez, autor de esta novela inconclusa. Tampoco por ello ven sombras en la Fiscalía.

Quieren que sea el Presidente Duque, quien haga el gasto de enterrar la paz, objetando la Ley Estatutaria. Desprestigian por igual y sin rubor a magistrados y empleados de la JEP, con su presidenta Patricia Linares a la cabeza. No han ahorrado epítetos del más grueso calibre contra la honestidad de unos funcionarios que están aplicando justicia sin impunidad, ajustándose a leyes y normas legales existentes, así no se haya firmado la ley estatutaria de la JEP.

Si como lo afirma el senador Uribe, encuentra sombras en la JEP, también las hay en la Fiscalía y demás entidades de los tres poderes, desde su gobierno. Debe entonces buscar una reforma total, no parcial, engañosa o pérfida.

De todos los sectores de la población, piden que se mantenga la JEP y se firme la esperada Ley. El ecuánime Procurador pide claridad sobre esta maraña, engañosa y malintencionada, porque la novela sigue inconclusa.

NEGRO: Peñalosa, tuvo que eliminar el slogan: “Bogotá mejor para todos”, porque se volvió “peor para todos”.

NEGRO: Los apuros en que se encuentran los “Matador-crocs”, zapatos oficiales del uribismo.

Bogotá, D. C, 7 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Clara López Obregón*.- El Plan Nacional de Desarrollo contiene un amplio espectro de reformas normativas que rebasan las potestades constitucionales de dicho instrumento.

Entre las más cuestionadas, se encuentra la solicitud de facultades extraordinarias para crear, modificar y fusionar entidades del orden ejecutivo nacional, realizar las modificaciones presupuestales correspondientes y crear, fusionar o suprimir los empleos que demande el ejercicio de las facultades extraordinarias solicitadas.

Otro artículo que exige atención es el 187 que deroga 88 normas vigentes, entre ellas, la que impide el crecimiento de las nóminas estatales. Fue en otro plan de desarrollo, en artículo semejante, cuando se sustrajeron los recursos de la educación superior que ha venido reclamando el movimiento estudiantil. También se objetan con insistencia, el artículo que traslada al Ministerio de Hacienda el manejo del presupuesto de inversión y el que faculta al Ministerio de Minas y Energía para elaborar la metodología de la fijación de los precios de los combustibles.

Con este plan, el Gobierno pretende darle una interpretación extensiva al artículo 341 de la Constitución que dispone que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo “tendrá prelación sobre las demás leyes; (y que) en consecuencia sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de expedición de leyes posteriores.” A pesar de la amplitud aparente del texto, la Corte Constitucional ya ha confirmado que su extensión está limitada por el principio de la “unidad de materia” (Art. 158) que tiene claras reglas para su aplicación.

En concreto, mediante sentencia C-305 de 2004, que versó sobre demandas a la ley del plan de 2003, la corte cerró la tronera que ahora se busca abrir al declarar que, si bien “es posible afirmar que en el plan caben todas las normas jurídicas que, a pesar de su diversidad temática, sean necesarias para impulsar o ejecutar idóneamente los programas y proyectos de inversión”, la relación de conexidad entre dichas normas y los programas y proyectos a ejecutar debe ser “directa e inmediata.” En efecto, sigue la sentencia, “el criterio para examinar la unidad de materia de las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del plan es el relativo a su conexidad directa, no eventual o mediata, con las normas que establecen los programas y proyectos contemplados en la parte general del plan y con aquellas otras que especifican los recursos para su ejecución.”

Es claro que las amplísimas facultades extraordinarias solicitadas para crear, fusionar y suprimir un número indeterminado de entidades públicas tienen una conexidad apenas “mediata” o “eventual” con los objetivos y políticas públicas del plan. En palabras de la corte, la conexidad es mediata cuando que “la efectivización de la norma general programática o financiera no se deriva directamente de la ejecución de la norma instrumental particular, sino que adicionalmente requiere del cumplimiento o la presencia de otra condición o circunstancia.” Una reestructuración del sector público nacional requiere, sin duda, la presencia de múltiples circunstancias y condiciones para impactar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

Pero eso es lo de menos. Las pretendidas facultades para reestructurar todo el sector público nacional riñen con la separación de poderes y la deliberación pública informada en democracia que son de la esencia del Estado social y democrático de derecho.

El Congreso debe hacer valer sus fueros constitucionales y proceder a negar todas las normas que solo tienen una conexidad indirecta con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. No hacerlo equivaldría a cohonestar el vaciamiento de sus propias competencias. Con el procedimiento fast  track de aprobación de la ley del plan que cuenta con apenas tres meses para su discusión, todas las materias mencionadas carecerían de las garantías constitucionales para el examen exhaustivo y completo que solamente el procedimiento constitucional ordinario puede ofrecer.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por José G Hernández*.- Los más recientes acontecimientos relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, son de extrema gravedad -ello es inocultable- en cualquiera de las varias hipótesis que se han venido tejiendo sobre la realidad y los cerebros que han configurado o propiciado tan vergonzosos episodios.

Lo acontecido muestra que, tras la flagrancia que se aprecia en el video que distribuyó la Fiscalía General de la Nación, hay algo mucho más profundo y penoso. Y tenemos la sensación de que estamos apenas ante “la punta del iceberg”. Resulta ostensible que -venga de donde viniere- en todo esto hay un alto grado de corrupción respecto al cual deben actuar el Estado y sus autoridades, de modo que no se perpetúe la impunidad.

Igualmente es claro  que no estábamos descaminados quienes formulábamos observaciones acerca de la improvisación en que insistieron Gobierno y Congreso cuando se puso en vigencia el procedimiento legislativo abreviado “Fast track”; cuando se dictaron las normas que implementaron el proceso de paz; cuando fueron proferidos confusos fallos de la Corte Constitucional al respecto; cuando se dio posesión a los magistrados de la JEP sin normas procesales y  sin que hubiera sido expedida la ley estatutaria, indispensable para su organización; cuando se improvisó en la designación de los funcionarios de la JEP; cuando pasaron  inadvertidas las denuncias acerca de su excesiva burocracia; cuando se estableció que sería la JEP la encargada de resolver sobre la fecha de los hechos delictivos ante solicitudes de extradición de los ex guerrilleros; cuando la JEP ha demorado tanto su decisión en la materia en el caso de alias “Jesús Santrich”; cuando inexplicablemente se perdió la carta rogatoria enviada a los Estados Unidos acerca de ese caso.

Ahora resulta que, según la Fiscalía, se cometió el delito de cohecho con participación de un Fiscal de la JEP y de un ex senador, para evitar la extradición de quien fuera guerrillero y negociador del proceso de paz de La Habana.

Toda una serie de equivocaciones del Estado, complementadas ahora por la comisión de graves delitos, con extraños protagonistas, a lo cual se agrega que no se sabe si finalmente el proyecto de ley estatutaria para la JEP será objetado o sancionado. Confusión y caos, que era precisamente a lo que nos referíamos en nuestro libro “Las dos caras del proceso de paz”.

Hay muchas inquietudes sobre el tema. Las investigaciones deben ser adelantadas con prontitud. Se debe establecer -porque no se ha dicho- quién o quiénes pagaban los dineros al Fiscal de la JEP; de dónde provenían; si en realidad eso tenía relación con el caso Santrich -quien acaba de negar toda conexión con tan oscuro asunto-; quién nombró y quién recomendó al Fiscal delincuente; cuál era el grado de influjo de este Fiscal en la decisión sobre extradición; si hay otros funcionarios o magistrados de la JEP tras las ilícitas actuaciones de su Fiscal...O si se equivoca la Fiscalía General y el móvil del cohecho es otro. O si, como dicen algunos –sería inconcebible y no lo creemos-, se trata de una maniobra contra la JEP o de un falso positivo de la Fiscalía General.

En fin: confusión y caos. Necesitamos claridad. No investigaciones exhaustivas que jamás culminan.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Victor G Ricardo*.-La corrupción debería tener límites, pero como van las cosas parece que la crisis de valores y conductas es más profunda en nuestro país de la que cualquier persona se hubiera podido imaginar. Ahora que todos los colombianos estamos observando cómo se desenvuelve el tema de nuestro país limítrofe no nos acordamos de que ellos llegaron a este estado de descomposición y dificultades gracias a que la corrupción llegó a tal extremo en distintas administraciones, que los venezolanos resolvieron votar por un hombre nuevo en política como era el expresidente Chávez que a su muerte dejó como su sucesor a Maduro.
Para cualquier desprevenido observador del caso colombiano es muy difícil entender que después de vivir de cerca lo acontecido por nuestro país hermano, en Colombia estemos viviendo lo que todos los días acontece. Y es que la corrupción ha llegado sin límites a todas las instancias de la administración pública y aún privada.
Hace algunos años la deshonestidad estaba enmarcada en círculos de las aduanas y de los agentes del tránsito. Pero ahora está en todos los niveles, en la rama ejecutiva del poder público con casos como los de Reficar, el caso Odebrecht donde el país no conoce ni la mitad de lo que ha ocurrido, o lo sucedido en el antiguo Colpuertos, en las Gobernaciones, Alcaldías como el caso de la de Bogotá con el carrusel de los contratos de los Moreno o de tantos municipios o entidades territoriales en las cuales la gran mayoría de las regalías de petróleos han desaparecido; en el Congreso de la Republica como institución o en el caso de un gran número de sus miembros judicializados por distintos motivos; en la justicia con el no lejano caso en que Presidentes de la Corte vendían fallos; en la Fiscalía General de la Nación con el jefe anticorrupción y ahora lo que faltaba con un funcionario de la Justicia especial de paz.
Pareciera que ya no hay sector lejano a las prácticas de la corrupción.
Aunque se conocen del inicio de investigaciones, falta mucho que hacer para que haya castigo contra los responsables. ¿Qué podemos hacer? No nos damos cuenta que se nos está agotando el tiempo para en lugar de escuchar tantas voces y comentarios sancionatorios de estas malas acciones y prácticas y lo que requerimos son acciones. ¿Qué país estamos construyendo? Lo que estamos es destruyéndolo.
Mientras los corruptos o ladrones actúan, vemos agentes de policía poniendo multas a los peatones por comer empanadas en las calles que según el nuevo Código de Policía está prohibido. 
Veíamos en estos días citados al Parlamento a Ministros y funcionarios para dar explicaciones por esta actitud de la policía y no fueron capaces de decir a los integrantes del Congreso que parte de la responsabilidad era de ellos por haber aprobado un código de policía con esta clase de normas.
Lo grave es que la policía no entienda cuáles son las prioridades en el cumplimento de sus funciones. Mientras ellos ponen estas multas a los peatones, los atracadores y corruptos se llenan sus bolsillos.
El Presidente de la Republica informó sobre la expedición de un pliego tipo único para las licitaciones de infraestructura. ¡Bienvenido! Pero aún falta mucho por hacer.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz