Opinión
Por Jairo Gómez*.- No puede el presidente Duque invocar la legalidad como principio tutelar de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de su gobierno, cuando pretende violar la Constitución que obliga a los próximos cinco gobiernos (presidentes) a implementar el acuerdo de paz suscrito con las Farc, dándole prioridad a la financiación y garantizar sus recursos para consolidar la reconciliación entre los colombianos.
No puede el presidente Duque desconocer el artículo transitorio que impone, constitucional y legalmente, diseñar un Plan de Inversiones para la paz al señalar que “el Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.
Establece la Constitución, además, facultades al presidente para que los recursos sean “adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial” y se orienten a cerrar las brechas sociales económicas e institucionales en esas entidades territoriales que garanticen la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Nada de esto, en términos específicos, menciona el PND que Duque puso a consideración del Congreso y bautizó como el “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Lleno de generalidades, el PND descarta por completo identificar los recursos para la implementación del acuerdo de paz e insiste en que los dineros de la paz se pueden encontrar en la transversalidad del mismo Plan. Eso no es cierto.
Ese PND a duras penas menciona la Paz y tangencialmente evoca a las víctimas; pone en evidencia que estos no son un tema central para el Gobierno Duque y menos el eje de su propuesta de gobierno. Es relevante mencionar que el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz que el mismo Duque discutió y debatió como senador y que le dio vida a los Actos Legislativos que permitieron concluir a satisfacción el Acuerdo de Paz, no cuentan para este gobierno y para el Centro Democrático (CD).
Volver trizas la paz sigue siendo el objetivo del presidente Duque; aunque el mismo artículo transitorio no se la pone fácil, porque faculta a las autoridades departamentales, municipales y distritales para hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo y adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz a los seis meses siguientes a la adopción del Plan. ¡Ojo señores alcaldes y gobernadores!, este es un instrumento que pueden utilizar para presionar profundos cambios en sus regiones, sobre todo en esas zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y abandonadas a su suerte por culpa de la exclusión centralista.
E incluso será un tema de debate político y electoral para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones lo pongan en la agenda y se comprometan con sus comunidades, o eventuales votantes, a desarrollar programas de gobierno sustentados en una norma constitucional que el presidente Duque no puede burlar.
Señores gobernadores y alcaldes, ¡SACÚDANSE! Ustedes tienen el sartén por el mango y la Constitución les da la posibilidad de pensar en grande para superar la pobreza y el abandono estatal de esas apartadas regiones del país; pero además cuentan con otro poderoso instrumento: el artículo transitorio, establece perentoriamente que al inicio de cada legislatura el presidente, Procuraduría, Contraloría y Defensoría deben presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos de la paz y el cumplimiento de las metas del Plan Plurianual de Inversiones.
Duque habla constantemente de la legalidad como principio rector para combatir la corrupción, respetar la Constitución sería un buen comienzo.
Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2019
*Periodista y Analista Político
@jairotevi
Por Guillermo García Realpe*. – El Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años, denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, trae preocupantes decisiones, preocupantes regulaciones. Trae muchas reformas al tema de transporte, al tema de salud, al tema de servicios públicos, al tema de educación y por supuesto se abroga facultades al Gobierno Nacional para eliminar entidades, fusionarlas, crear otras y cambiar la funcionalidad y los objetivos misionales de las entidades en Colombia.
¡Esto es exagerado! y no hay unidad de materia. Por ahora, manifestamos nuestra preocupación muy grave que contiene en el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo, que elimina de un solo tajo los subsidios para el estrato 3 en materia de energía en Colombia y rebaja en diez puntos los mismos subsidios para el estrato 1 y 2, es decir, esto lo que refleja es un duro golpe para las familias más pobres del país.
Hoy el 83% de la población colombiana se beneficia de estos subsidios, eliminarlos generaría un incremento mensual equivalente al 18% en las tarifas de energía, que representaría un costo adicional de $12.500 para el bolsillo de las familias de estrato 3.
Como si esto fuera poco, en la página 601 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, establece la revisión de los subsidios de combustibles de frontera, combustibles líquidos como gasolina y ACPM para los siete u ocho departamentos limítrofes con Venezuela, Ecuador y otros países. Pero también, de manera grave revisa la compensación del transporte para estos departamentos fronterizos desde los terminales de los oleoductos, esto desde luego, va a encarecer los combustibles en las fronteras de nuestro país.
También de manera grave va a conculcar los subsidios del gas propano o GLP, para los departamentos del Macizo Colombiano, está medida va a afectar a los usuarios de estrato 1 y 2 al revisar y eliminar este subsidio al gas de los cilindros, que tiene por objeto paliar un poco la raquítica economía familiar de la gente más vulnerable y por supuesto para mejorar las condiciones económicas de más de 220 mil familias de nuestro sur del país de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, pero también tiene como objeto el componente ambiental que es el de eliminar la tala de bosques para sustituir la leña y el carbón por el gas propano, por un combustible amigable con la naturaleza, por lo tanto, nosotros estamos diciéndole al Gobierno que NO vamos a apoyar el Plan Nacional de Desarrollo por estás y otras razones que son muy importantes, muy fundadas para defender las causas sociales de los colombianos.
No puede ser que para las empresas o para los ricos en Colombia haya diez billones de pesos de exenciones o de beneficios tributarios en la pasada Ley de Financiamiento y empiecen a recortarle a los subsidios para recuperar esos dineros que por cuenta de las exenciones a los empresarios está ofreciendo el Gobierno Nacional.
Desde el Congreso de la República, no vamos a permitir que a los colombianos más vulnerables y a la ya estropeada clase media nacional se les sigan asfixiando con exabruptos de esta naturaleza.
Por eso, necesitamos adelantar una cruzada interpartidista y desde ya invito a las bancadas independientes, especialmente al Partido Liberal, a Cambio Radical, ciertas corrientes fuertes del Partido de la U y partidos de oposición como el POLO, la Alianza Verde, la Fuerza Alternativa del Común, MAIS, para cerrar filas en torno a estos anuncios que maltratan la economía de la gran mayoría de familias colombianas.
Particularmente creó que el trámite de éste proyecto va a ser complejo, el ambiente político es hostil y en estos artículos polémicos del documento auguró que no va a tener suerte, a no ser que el Gobierno Nacional aplique enamoramientos a través del presupuesto nacional a la gente que apoye este Plan Nacional de Desarrollo.
Lo más justo con las familias colombianas de estrato 1,2 y 3 es que desde el legislativo le digamos NO a esta nueva cascada de afectaciones y de cargas económicas que cada vez más empobrecen a las familias más vulnerables de nuestro país.
Sí el Gobierno Nacional quiere subsanar el hueco fiscal que no logró suplir en la reciente reforma tributaria, mal llamada Ley de Financiamiento, entonces que comience atacando la corrupción de todo nivel que hoy existe en muchas instituciones y que es el cáncer que cada día carcome a la institucionalidad nacional, pero que no ataque de esta manera a los colombianos más débiles.
Pasto, 18 de febrero de 2019
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.- Cómo es posible que ante la repulsa generalizada a la intención del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio a la tarifa de energía al estrato 3 y reducirlo a los estratos 1 y 2, haya salido a los medios el Subdirector del DNP Rafael Puyana a decir que faltamos a la verdad quienes hemos denunciado semejante desafuero, calificándonos de mentirosos, sin argumento distinto a sus falacias.
Como antecedente, digamos que en el artículo 179 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, que radicó el gobierno en el Congreso de la República está contenida la propuesta.
Ello no dejó de causar sorpresa toda vez que en momentos en los cuales se debatía el Presupuesto para la vigencia de 2019, ante los rumores de que se suprimirían los subsidios en la tarifa de energía la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez le salió al paso dándole un parte de tranquilidad a los usuarios. Les dijo a ellos que deberían estar “absolutamente tranquilos, hoy en día tienen subsidios eléctricos los estratos 3, 2 y 1 y esos subsidios se van a mantener” y enfatizó que “es un compromiso del gobierno del Presidente Iván Duque”. Acaso cambiaron de parecer?
Afirmó el Subdirector del DNP que “el estrato 3 no se toca en ese artículo, porque precisamente los subsidios que se dan en ese estrato son regulados por la CREG”, cuando la competencia de esta se reduce a ajustar “la regulación para incorporar lo dispuesto” en el artículo 116 de la Ley de Servicios públicos. Con tal declaración lo que se pretende es confundir a la opinión pública y embaucar al Congreso de la República, porque cómo se explica, entonces, que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo se dice, por si quedara alguna duda, que “se deberá revisar la eliminación de los subsidios al estrato tres de energía eléctrica”. Huelga decir, que este proyecto de ley fue radicado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el DNP.
Es claro como el agua la exclusión del estrato 3 del beneficio del subsidio al consumo de energía y su reducción para los estratos 1 y 2 del 60% al 50% y del 50% al 40%, respectivamente. Para establecerlo basta con cotejar el texto del artículo 179 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, sustentado además en la página 601 de las Bases del Plan de Desarrollo.
Como es apenas obvio, así diga el Subdirector de Planeación que “lo que se hace en el artículo 179 del Plan de Desarrollo específicamente se refiere a los estratos 1 y 2”, pero además de la reducción de los subsidios a estos, al omitirse en el mismo la alusión al estrato 3, que sí es sujeto de subsidio en el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994 vigente, tácitamente este estrato queda excluido de tal beneficio. Esa afirmación del Subdirector no pasa de ser un sofisma de distracción. Más claro no canta un gallo. Quién miente a quién?
Pero, como no se puede tapar el sol con las manos, el subdirector, a pocas horas de haber negado la eliminación del subsidio para el estrato 3 y su reducción a los estratos 1 y 2 dio la voltereta. Ahora, al desdecirse y retractarse, anuncia que esta medida iría acompasada con otras estrategias dizque encaminadas “a aliviar el consumo de energía por parte de los hogares colombianos”.
Y, para tender una cortina de humo y así tratar de ocultar el exabrupto sostiene: “tenemos que tener también programas, para ayudarle a los hogares colombianos a que reduzcan sus facturas y así consuman menos energía, ¿Cómo se hace eso? En el Plan de Desarrollo hay una estrategia de eficiencia, ya hay pilotos que evidencian que si se hace reconversión de electrodomésticos o de luces LED, se puede reducir hasta en un 30% la factura de los hogares”. Señor Subdirector, ese programa ya existe y viene del gobierno anterior, el cual se fundamenta en la Ley 1715 de 2014 que, además de promover las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) dota al Gobierno de una caja de herramientas para propiciar y auspiciar el uso racional y eficiente de la energía.
Bogotá, febrero, 12 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¡Cómo cambian las políticas y las leyes! Antes la Marihuana era prohibida y perseguida; ahora el Cannabis es un cultivo legal, uno de los más grandes en Norteamérica. Antes los cultivadores y comercializadores de la Marihuana eran criminales que debían ser extraditados; ahora los productores de Cannabis son respetados empresarios que cotizan sus acciones en la Bolsa de Nueva York.
Pero algunas cosas no cambian. Antes los colombianos poníamos los muertos en la guerra contra las drogas mientras que los gringos se la fumaban y se quedaban con la mayor parte de las ganancias del narcotráfico. Ahora nosotros seguimos poniendo los muertos y prohibiendo la dosis mínima, mientras que los gringos se la siguen fumando y monopolizando las utilidades del negocio legalizado.
La Marihuana cambió de estatus y el cultivo y la comercialización de Cannabis es uno de los negocios más florecientes. Revistas especializadas en ese mercado estiman que las ventas legales del cáñamo crecerán de 12.200 a 16.900 millones de dólares entre el 2018 y el presente año. Analistas de Wall Street (https://bit.ly/2GMedgV) proyectan que en una década las ventas llegaran a USD 75.000 millones
Para entender las dimensiones de este negocio cabe decir que hoy es un monto igual a nuestras exportaciones de petróleo y mayor que todas las exportaciones no tradicionales de Colombia, que solo fueron USD 14.788 millones el año pasado. El Cannabis es una alternativa mejor que el aguacate para sustituir al petróleo.
El multimillonario negocio no es producto de un descubrimiento científico o una nueva tecnología, ni de la innovación de unas emprendedores del Silicon Valley; tan solo de un simple cambio legislativo. La Marihuana está en la lista de sustancias prohibidas desde mediados del siglo pasado y fue uno de los primeros objetivos de la guerra contra las drogas declarada por Nixon después de la derrota en Vietnam.
Pero esta guerra también se perdió. Países como Canadá y Uruguay legalizaron el consumo de la marihuana tanto medicinal como recreativo; lo mismo han hecho 10 estados de EE.UU. y otros 20 permiten el consumo medicinal. En Junio pasado el gobierno norteamericano autorizó el uso de un derivado de la marihuana (el cannabidiol o CBD) como droga para tratar la epilepsia, y la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar que el CBD sea retirado de la lista de drogas peligrosas.
Los inversionistas están felices. Existen 25 grandes empresas canadienses dedicadas al cultivo y distribución de productos de marihuana como materia prima, cotizadas en la Bolsa de Nueva York. El incremento del precio de sus acciones ha sido enorme, algunas más del 600%, y su valor de mercado conjunto ya se acerca a los 40.000 millones de dólares. Hasta las grandes tabacaleras y los bancos están invirtiendo en ellas.
Lo lamentable para Colombia es que, por seguir empeñados en la prohibición, nos está dejando el tren del nuevo negocio. Hoy la mayoría del cannabis del mercado legal se produce en California y Canadá, y hasta en Alaska hay invernaderos para cultivar esta planta tropical. Aquí los bancos no reciben como clientes a las empresas productoras por temor a ser acusados de lavado de dinero, mientras que en EE.UU. ya hay más de 500 bancos que les ofrecen servicios financieros. ¿Será que pasará lo mismo con la cocaína cuando acá acabemos con los sembrados de coca y la puedan producir allá?
Cali, 17 de febrero de 2019
*Filosofo y Economista. Consultor.
Por Juan Manuel Galán Pachón*.- La semana pasada fue la primera visita oficial del Presidente Iván Duque a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. Había gran expectativa en el país sobre los temas de la agenda bilateral. Uno sin duda, sería la situación en Venezuela, con la esperanza de que se explicara el inconveniente episodio de las 5.000 tropas del block de notas de John Bolton, secretario de seguridad nacional.
Otra temática importante era la llamada “guerra contra las drogas” frente a la decisión del Gobierno Duque de reactivar la aspersión aérea con glifosato como método para disminuir la producción de clorhidrato de cocaína. Recordemos que está comprobado que no es una opción viable en esa lucha y que es onerosa para nuestro país. Un estudio de Pascual Restrepo del MIT y de Sandra Rozo de UCLA, demuestra que por cada hectárea asperjada los cultivos ilícitos se reducen en 0.035 hectáreas. Es decir, que para eliminar una hectárea sería necesario rociar 30, a un costo de U$ 72.000, de los cuales los Estados Unidos pone 1 dólar y el nuestro 2.2 dólares.
Según Miguel García del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en zonas donde se ha llevado a cabo esta política se genera desconfianza por parte de la población en las instituciones del Estado y en la policía.
Lamentablemente ninguno de estos temas se abordó y ahora la incertidumbre es mayor. Tenemos que ser conscientes de que, ante una posible intervención militar en Venezuela, nuestro país sería el más afectado en todos los escenarios. No es posible que cuando le preguntan al presidente Trump sobre el envío de tropas a nuestro país, responda “ya veremos”, y el Presidente Duque guarde silencio.
El Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, juró el pasado 7 de agosto cumplir con la Constitución y la Ley, se obligó a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y a velar por el respeto a la soberanía nacional. Lo que sucedió en Washington es un claro incumplimiento de la Carta.
Bogotá, 17 de febrero de 2019
*Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Exsenador del Partido Liberal.
Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez* - El 18-02-1918, nacía en Zapatoca (Sant.), el débil niño, como el mismo advierte en buen reportaje periodístico (11-02-19), el hoy Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez. Secretos son los proyectos de Dios, y, a pesar de esos visos iniciales, después de una vida colmada de valiosas realizaciones, acaba de cumplir cien años, y, bien vividos. En medio de tanta superficialidad de millares de personas, qué importante encontrar vidas colmadas de méritos, llenas de acciones que han “dado fruto, y fruto abundante” (Jn. 10,26).
Inició estudios en su acogedora población natal, bajo la guía de las Religiosas Bethemitas, fue monaguillo en su Parroquia y a los 12 años pasó a adelantar estudios en el Seminario de San Gil, en donde cursó Secundaria, Filosofía y Teología, que culminó en el Seminario de Bogotá con brillantes resultados. Ordenado Sacerdote (14-12-41), prestó diversos servicios de importancia en su Diócesis de origen hasta ser nominado Obispo (28-08-55). Ejerció como Auxiliar de Pasto por cuatro años, hasta su designación como residencial de Montería, jurisdicción que regentó por cuatro años, siendo trasladado a la Sede de Garzón en 1964. Honda huella ddejó en estas Diócesis, con avances notorios en distintos frentes, como impulso a organizaciones laicales y de labor social, creación de Parroquias, y debiendo afrontar la destrucción de templos en todo el Huila, causado por terremoto en 1967.
Siendo Obispo de Garzón fue elegido Presidente de la Conferencia Episcopal (07-72), que ocupó, muy eficientemente, por dos periodos. Colaboró ese año en la creación de la Diócesis de Neiva, y, en 1975, fue designado Arzobispo de Manizales, sede que regentó con sabiduría, firmeza y prudencia, hasta el 1996 Pasó, por dos años, a colaborar como sencillo Cooperador en Parroquia de la Diócesis de Apartadó. Vivió, luego, por varios años en Foyer de Charité, cerca de Bucaramanga, de donde salió dos años y medio a regentar, como Administrador Apostólico, la Diócesis de San Gil, y promovió la fundación de la Diócesis de Vélez (2003). Fue sorprendido, en el 2015, con su exaltación a Cardenal, sorpresa que menguó su salud, pero, restablecido ha asumido con gran responsabilidad su misión del gran servidor del Papa en la orientación de la Iglesia, con confortantes llamados al Episcopado a afrontar, con valor y claridad, su misión magisterial.
Bien ha hecho la prensa al destacar su vida y pensamiento, como el Nuevo Siglo con otros dos comentarios míos sobre él de años pasados, y de otros columnistas. De resaltar reciente entrevista, con el Tiempo (11-02-19), ya mencionada, en donde dio dicientes y magistrales respuestas. Clara y profunda a propósito de su longevidad: “larga o corta, la vida es un don de Dios, y, a cualquier edad, hay qué mirarla como un regalo del Señor”. En cuanto a ser dócil a la voz de Dios, manifestó: “Dios lo va llamando a uno, sin darse cuenta, a comprender que allí esta Él”. Qué verdad la dicha sobre el Vaticano II, y su aplicación: “Si se estuviera aplicando habría menos problemas en la Iglesia y en el mundo”. Sobre nuevo Concilio Ecuménico advirtió sobre la dificultad de otra convocatoria con más de 6.000 Obispos en el mundo, y, con gran propiedad, da valor a los Sínodos con representación mundial, creados por S. Paulo VI, así sean con carácter consultivo, que van supliendo la necesidad de un Concilio.
Ante graves debilidades de la Iglesia, que trae honda preocupación y voluntad firme de superarlas, dice que se debe tener en cuenta “que la Iglesia es divina por el Fundador, pero es humana por nosotros y tiene todas flaquezas nuestras”. Sinceras sus respuestas ante la realidad de la muerte y el natural temor humano ante ella, pero, puestos en manos de Dios, tiene “confianza en que no va hacer una cosa atormentadora, sino algo con luz”.
Garzón, Huila, Colombia, 17 de febrero de 2019
*Obispo emérito de Garzón
Email:
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- A Moisés Naím lo conocíamos como agudo comentarista de televisión y periodista especializado en temas económicos. Dos espías en Caracas es su primera incursión, excelente por lo demás, en la novelística. La novela de Naím es en realidad una obra histórica, donde probablemente el 90% de los episodios y circunstancias relatadas más que a la ficción obedecen a la realidad. Una realidad que como venezolano Naím conoce de primera mano.
Dos espías en Caracas describe el periplo de Hugo Chávez desde su nacimiento político con el primer golpe de Estado que dio hasta su muerte. Es, en realidad, la historia política de Hugo Chávez.
Lo que más impresiona en esta novela es cómo Cuba, y concretamente Fidel Castro, se fueron apoderando poco a poco primero del alma de Hugo Chávez y luego de todas las palancas del poder en Venezuela. La injerencia de Cuba y de su jefe, bien conocidas por lo demás, encuentran en esta novela una exposición ordenada y dramática al mismo tiempo.
El alejamiento de los patrones democráticos que hoy estamos presenciando con el régimen de Maduro, hunde sus raíces en la invasión cubana en todos los campos que comenzó desde el primer Gobierno de Hugo Chávez.
El uso de las armas para mantenerse en el poder fue el primer consejo que Chávez recibió de Castro, consejo que cayó en tierra fértil y que ha pelechado hasta los días de Maduro. Hay un diálogo en la novela que a mi entender lo resume todo, y que vale la pena transcribir:
“Cuidado, le dice Castro a Chávez en una de sus innumerables visitas a La Habana. No te lo creas. Desconfía del poder si no viene de las armas. Tienes demasiados enemigos y, si de verdad quieres ayudar a los pobres, necesitarás hacer cambios profundos que te crearán aún más enemigos. Enemigos muy peligrosos. A ésos no los vas a poder manejar en democracia. Necesitas neutralizarlos por completo y por todos los medios posibles. -Hegemonía total. El Presidente toma nota de ése y de otros tantos sabios consejos -. Mao dice que el poder nace de la boca de un fusil, ¡y tiene razón! La democracia es una farsa burguesa -sigue Fidel, amenazante: El poder se ejerce a fondo o se pierde por completo. Un líder verdadero no consulta, ordena……….
Que no te pase como a Allende -le dice en ominosa alusión al presidente socialista chileno que llegó al poder ganando una elección y fue derrocado por un golpe militar en 1973-. Mira que yo conozco bien esa historia. Yo me mudé para Santiago de Chile por un mes a ayudar a Allende y lo vi todo. Y vi con estos mismos ojos las trampas que le montaron. Por no hablar de las que me montaron a mí en todos estos años. Pero contra mí no pudieron. Yo te quiero dar toda la ayuda y los conocimientos que tenemos del tema para que no te pase lo mismo a ti. Porque, si te matan o te tumban, se acabó la revolución. Y eso tú no lo puedes permitir”.
Esta novela lo deja a uno pensativo. Si la influencia tan profunda como llegó a ser la de la Cuba de Castro en la Venezuela de Chávez se continúa actualmente con el régimen de Maduro, y no hay motivos para dudar que así no siga siendo, la pregunta obvia que le queda flotando en la cabeza al lector es: ¿Habrá alguna posibilidad de que se pueda caer Maduro? A mí al menos me quedaron sembradas serias dudas después de leer esta novela.
Maduro desde luego no tiene ni la inteligencia ni el liderazgo de Hugo Chávez, pero dice seguir su legado a pie juntillas. Y si su legado se lo siguen dictando, o mejor, imponiendo desde La Habana, allí lo vamos a ver por muchos años más, apoyado en las armas y con una economía destrozada que se irá semejando más y más al modelo cubano: cero democracia y aguantar 30 años si es necesario como lo hizo Cuba el bloqueo y el ostracismo internacional.
Poco optimista pronóstico; pero tal es el sinsabor que le deja al lector la novela de Moisés Naím.
Bogotá, D, C, 17 de febrero de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Jorge Enrique Robledo*.- Constituye una certeza el fracaso de la política agraria que Colombia inició en 1990. Las importaciones pasaron de medio millón de toneladas a cerca de trece millones, arruinando renglones enteros de la producción y agravando la pobreza y la desigualdad. Y como sigue el proceso de desprotección del agro, lo importado está creciendo a costa de los productores de arroz, leche y carnes y son grandes las asechanzas contra la caña y la palma. En contraste, se exportan los mismos productos de esos días: café, banano y flores, más pequeñas cantidades de frutas, cuyos despachos, pretendiendo engañar, el gobierno cacarea con exageración.
La globalización neoliberal no puede ser más leonina: Colombia acepta alimentarse con productos extranjeros subsidiados que las condiciones ambientales nos permiten producir, a cambio de que Estados Unidos y Europa nos importen los bienes tropicales que el clima les impide cosechar y cuyas compras y ventas les generan enormes ganancias. Al detallarlo, el gana-gana para ellos es todavía peor para nosotros. Porque la superproducción es la tendencia predominante en el mercado global de los frutos tropicales, lo que empuja los precios a la baja, reducción que además estimulan las trasnacionales que controlan el comercio, que para colmo se valen de poderosos testaferros en los países que esquilman.
El café sirve de ejemplo. Mientras que en Colombia campesinos, indígenas y jornaleros languidecen en la pobreza y la miseria y una clase media empresarial lucha para no quebrarse y para no perderlo todo, hasta sus tierras, las trasnacionales que controlan el comercio están pagando por el grano cerca de un dólar la libra, precio que es, en términos reales, ¡una tercera parte del de 1984! Es tan ínfimo ese pago, que pueden darse el lujo de castigar el café con altos impuestos en sus países y aun así hacer grandes utilidades financieras y comerciales. En Alemania, dice Café for Change, el café tostado paga 2,19 euros por kilo y el molido, 4,78, exacciones que le han generado al Estado cincuenta mil millones de euros desde 1950.
¿Qué hacer ante esta realidad, que treinta años de engaños y mentiras ya no logran ocultar? De un lado está lo que le gusta a Duque, cuyo ministro de Agricultura se ufana del éxito –falso, por lo demás– de la balanza comercial agraria que encontró, ensalzando así las políticas agrarias del gobierno de… ¡Santos! Y el plan de desarrollo en trámite ratifica las políticas antiagrarias que impone la OCDE y facilita el volteo de tierras, consistente en destruir buenas tierras agrícolas al urbanizarlas en negocios de especulación inmobiliaria de uno u otro tipo. ¡Un crimen irreversible en contra del país, que está pasando de agache!
La otra opción es la que se propone aquí. Primero. Que el gobierno nacional promueva un acuerdo con los gobiernos de los países productores para instar a los países consumidores y a las trasnacionales a acordar el aumento de los precios del café y de otros bienes tropicales. Segundo. Que sin dejar exportar, la política agraria vire hacia la sustitución de importaciones, para reemplazar por producción nacional los bienes agrarios que se están comprando en el exterior. Así se le daría un gran respaldo a la generación de riqueza en el campo y se aumentarían el empleo y los ingresos por salarios, estimulando el desarrollo industrial y toda la economía nacional. Es decir, se promovería el círculo virtuoso que opera en los países desarrollados, donde el Estado sí respalda en serio la producción agropecuaria e industrial.
Entre las medidas para sustituir importaciones es principal una inspirada en lo que ocurre en Estados Unidos: que parte de los subsidios a la pobreza –Familias en Acción, Colombia Mayor…– se pague con comida producida en Colombia y que también con esos productos se alimente a las Fuerzas Armadas y a los niños de los programas oficiales. La sustitución de importaciones también debe ser política industrial, en defensa, para empezar, de zapateros y confeccionistas, a quienes Duque les puso conejo, como ya se sabe. Asalariados, campesinos, indígenas, artesanos y empresarios deben unirse en el propósito de reemplazar producción extranjera por producción y trabajo nacionales.
Coletilla: auspicia una guerra que puede quemarnos, el colombiano que opine sobre Venezuela sin darle prioridad al interés de Colombia (http://bit.ly/2TQCYwm).
Bogotá, 15 de febrero de 2019.
*Senador del Polo Democrático Alternativo.
@JERobledo
Video: https://youtu.be/zweCK6IL38Y
Por: José Félix Lafaurie Rivera.- El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.
Con el artículo 146 declarado inexequible por la Corte Constitucional –había sido incluido por el Congreso–, a la JEP le corresponderá definir si un delito sexual fue “cometido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, y solo en caso contrario pasará a la justicia ordinaria. Yo me pregunto ¿a qué cínico malabar apelarán los magistrados para justificar que la violación de una niña de 11 años tenga relación con el conflicto?
No obstante, las reacciones a una posible objeción no se hicieron esperar. En tono de chantaje, un “confidencial” de Semana advirtió de “choque de trenes” y “venganza” de la Corte con el hundimiento de proyectos, incluida la Ley de Financiamiento; como si el desacuerdo entre poderes fuera una pelea de truhanes. La verdad, no comparto muchas de sus decisiones, pero tengo mejor opinión de la Corte.
Para Ariel Ávila es un “saboteo” del Gobierno y su partido a la JEP, dizque para proteger bandidos y ocultar verdades. Al senador Barreras le parece que el Gobierno quiere “lastimar a la JEP”; para Angélica Lozano sería una torpeza y Luis Felipe Henao llegó a calificar al gobierno de “bipolar”.
En una entrevista le preguntaron al magistrado Linares sobre las razones del fallo y la respuesta fue sorprendente; era un asunto “formal”: Si alguien se presentaba a la JEP no podía ser condenado sino con las penas de la JEP, que el Congreso no podía cambiar. La periodista pregunta de quién es la culpa entonces, y Linares responde: del gobierno Santos y las Farc, que así negociaron.
Lo sensato habría sido que los delitos sexuales –todos– fueran excluidos de la JEP, pero era inmenso el rabo de paja de los cabecillas, que abusaron de mujeres de todas las edades. Por eso los incluyeron como “no amnistiables”, para pagar por ellos sembrado hortalizas.
Indignado, leí muchos de los testimonios de las víctimas antes de escribir estas líneas. Indignado consulté cifras, de miles de casos, y reseño aquí las de la Fiscalía (2016), con 232 documentados de delitos sexuales de las Farc contra menores, incluidas 214 niñas víctimas de violación, aborto y otras infamias.
Más indignado leí las reacciones de las Farc: “La organización desarrolló una política de respeto e inclusión de la mujer”, y las de la señora Sandino afirmando que “las mujeres ingresaron a la insurgencia por voluntad propia” y que “Nosotras aprendimos en colectivo a tener una relación libre, que la mujer decidía sobre su cuerpo…”. ¡Para creerles!
El Gobierno tendría más razones para objetar la ley, pero la más sensible, sin duda, es que a los delitos sexuales contra menores se les apliquen las penas de mentiras de la JEP. El artículo 146 obedecía al clamor de un país horrorizado por la violencia contra los niños. La violación y asesinato de la niña Samboní, y la sentencia de 58 años a Uribe Noguera, están frescos en la memoria de los colombianos, pero la Corte no interpretó ese sentir nacional y, además, se apartó de la Convención de los Derechos del Niño, un compromiso internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad.
El presidente Duque ha mostrado aplomo y entereza en la defensa de sus convicciones. No se dejará chantajear por la revista Semana, porque él, como la mayoría de los colombianos, sabrá proteger los derechos de los niños sobre cualquier formalidad.
Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2019
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- Día a día Colombia abre los ojos en medio del mayor desconcierto frente a cada medida, propuesta, proyecto o decisión del actual gobierno. Duque llegó con una abundante votación, pero sus adversarios también colocaron un respetable número de sufragios. Esa gran votación para lado y lado, fue estimulada por votantes en contra. Contra Uribe, contra Petro.
Colombia necesita que a Duque le vaya bien, que despeje el pesimismo. Que no insista en un Plan Nacional de Desarrollo que elimina subsidios a los pobres, que aporte los dineros que necesita la paz. Una decisión gubernamental que elimine las armas que seguramente quedarán en manos del paramilitarismo.
El Presidente durante su campaña descartó cualquier resquebrajamiento de la paz, pero ahora pulla a la JEP. Su mininterior espera que su jefe objete la Ley Estatutaria que la rige, para dar el peligroso paso hacia las trizas que nos devolverá otra guerra de cincuenta años.
Prudente y a veces irreflexivo, había permanecido el senador Uribe. Impuso sus ministros clave, para el manejo del Estado y sin pudor acaba de dar el zarpazo, el batacazo, para revivir su seguridad democrática que tantos traumas ocasionó a una Colombia sedienta y ávida de paz. Es un reencauche fortalecido para acabar con lo que se ha logrado en convivencia y para regresar a los falsos positivos, el paramilitarismo y usurpación de tierras y bienes.
Revive las convivir y crea para ello un millón de cooperantes (sapos). Un enjambre de “ojos y orejas” muy utilizados por las dictaduras centroamericanas para apoderarse a sangre y fuego de gobiernos.
Con estos se conformarán ejércitos de soplones que sembrarán el terror entre la ciudanía. Impedirán cualquier crítica al gobierno, eliminarán la libertad de prensa y sistematizarán la amenaza y la extorsión. “Mi silencio tiene precio”, dirán a los ciudadanos. Acabarán con la privacidad y nos conducirán a una república de pánico, pavor y espanto.
El senador no le perdona a este país, a la justicia y a cierta clase política, haberle derrotado su afán de reelegirse por segunda vez.
Toda esa millonada que se destinará a los “cooperantes”, encausarse debería a educar a nuestra sociedad, desde los hogares y escuelas, para alcanzar el respeto por la ley, la justicia y la política bien entendida. Así se forma país, así se forma patria, así se forma estado, así se eliminan los odios y la polarización.
El Presidente Duque tiene en sus manos la única manera de devolver a esta Colombia una paz estable y duradera y el respeto a los entes de poder, siempre y cuando haya contrapesos, no como ahora que se quiere eliminar a Planeación Nacional y entregar el manejo “mermeládico” de todo el presupuesto nacional a un ministro de hacienda que aún no ha despejado muchas dudas sobre sus actuaciones anteriores. Hay tiempo, señor Presidente, para evitar la funesta regresión.
BLANCO: El freno a Peñalosa para vender la ETB.
NEGRO: El Plan Nacional de Desarrollo que deja a la vicepresidenta casi sin funciones.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
